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POLITICA

I

Viernes 6 de noviembre de 2009

ESPIONAJE ILEGAL s DETECTAN MAS TELEFONOS PINCHADOS

VACANTES FEDERALES

Macri, complicado por un familiar

Avanza un concurso judicial cuestionado

Su cuñado también fue espiado por James y declaró que lo perseguían porque no aceptaban su matrimonio PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION Un descubrimiento inesperado complica al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas ilegales que investiga el juez Norberto Oyarbide, un expediente que ayer tomó un cariz novelesco. Se detectó que uno de los teléfonos intervenidos a instancias de Ciro James era el de Néstor Daniel Leonardo, un auxiliar de enfermería y parapsicólogo de 48 años casado con Sandra Macri, hermana de Mauricio, y enfrentado desde hace años con su familia política. “Creo sin posibilidad de error que el señor Franco Macri habló con Mauricio Macri para violar mi intimidad”, sostuvo ayer Leonardo ante Oyarbide. “Desde el inicio de nuestra relación, Franco Macri se opuso. En reiteradas oportunidades quiso comprar mi disolución matrimonial y varias veces me amenazó”, relató Leonardo, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. Su declaración duró tres horas. Dijo que le habían ofrecido dinero para que abandonara a su mujer, que los Macri habían perjudicado a Sandra en los negocios familiares porque ella se negaba a dejarlo y que el propio Franco lo había extorsionado. “Es un disparate”, dijo anoche Iván Pavlovsky, el vocero del jefe de gobierno. Los Macri no hicieron más declaraciones. El teléfono de Leonardo apareció en una lista de una veintena de números que intervino sin fundamento la justicia de Misiones. Entre ellos, el de Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado contra la AMIA enfrentado con Jorge “El Fino” Palacios, el primer jefe de la policía porteña. También el de los empresarios Carlos Avila y Alfredo Coto. En el caso de Leonardo, la intervención duró cerca de un mes, entre junio y julio de 2008. De acuerdo

con las pruebas del expediente, el promotor de todas estas escuchas fue el ex policía federal James, que había sido contratado por el Ministerio de Educación porteño y estaba haciendo los trámites para ingresar en la Policía Metropolitana recomendado por Palacios. Los investigadores creen que el nuevo descubrimiento compromete al jefe de gobierno. “¿A quién más le podía interesar escuchar a este hombre? Además, su teléfono está pinchado con la misma maniobra que el de Burstein y también era James quien retiraba los casetes de la SIDE”, dijo a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa. En el entorno del jefe de gobierno admitieron conflictos en la familia por el matrimonio de Sandra y relataron que Leonardo le hizo saber a Mauricio Macri que su intención no era perjudicarlo; que sólo había hablado de su padre. Afirmaron, además, que el jefe de gobierno no podía creer que su cuñado, con quien dijo llevarse bien, hubiera declarado semejantes cosas. Ante Oyarbide, Leonardo dijo no tener dudas del origen de las escuchas y relató que en 2003 (el año previo a su casamiento), en 2007 y en 2008 había recibido amenazas. “Me decían: «Tomátelas de al lado de Sandra porque

La oposición pide una interpelación Los legisladores opositores Diego Kravetz, Silvia La Ruffa, Juan Cabandié y Gabriela Cerruti pidieron la interpelación de Macri para que “explique lo que no pudieron aclarar sus ministros”, sobre el espionaje. “Creíamos que espiaban opositores y ahora nos enteramos de que también espiaban a sus familiares”, dijeron.

PLEITO JUDICIAL

vas a ser boleta»”, declaró. Afirmó también que su abogado, Luis Conde, había mantenido una reunión en el restaurante Edelweiss con Ricardo Ford, a quien Leonardo identificó como el jefe de seguridad de la familia Macri, que, según el testigo, le dijo a Conde que su cliente iba “a tener que atenerse a las consecuencias”. También informó que hace un año y medio se había encontrado con un abogado de la familia Macri, que le había ofrecido dinero para que dejara a Sandra. Siempre según su declaración, a raíz de eso su mujer se enojó y se peleó con su padre. A partir de ese momento –dijo Leonardo–, dejaron de pagarle los dividendos que le correspondían por su participación accionaria en el grupo Socma y también los intereses por un fideicomiso en el exterior. Ahora, según el testigo, le dan a su mujer dinero todos los meses a cambio de que firme que se trata de un préstamo. Leonardo se refirió además a una supuesta reunión con Franco Macri. Dijo que en 2008 Sandra estaba internada en el Hospital Italiano y que una madrugada su padre fue a visitarla. Entonces se encontró con Leonardo y lo citó para el día siguiente. Siempre según este testigo, el encuentro se produjo en la casa de su suegro, que le ofreció un café y le advirtió: “Alejate de mi hija, ¿cuánto querés?”. “Me dijo: «A la larga esto termina mal», golpeó la mesa y se fue”, relató Leonardo. Fuentes allegadas a Franco Macri alegaron que nada de esto tenía sentido: “El nunca vio a Ciro James ni contrató nada que tuviera que ver con esto”. Afirmaron, no obstante, que a él nada le llamaba la atención viniendo de Leonardo. “Ese tipo puede decir cualquier cosa”, dijeron.

Encuesta. ¿A quién considera responsable por el caso del espía? comunidad.lanacion.com.ar/encuestas

Sigue adelante pese a la sospecha de fraude

ARCHIVO

Mauricio Macri enfrenta un mal momento en el caso de las escuchas

Un parapsicólogo resistido por la familia Al declarar ante la ligas incluidas se realizó en el Hotel ➽ Profesión. Justicia, Néstor Daniel Leonardo Sheraton de Pilar. dijo tener 48 años y al mencionar su profesión relató que es auxiliar de enfermería y parapsicólogo. El 3 de julio de 2004, ➽ Casamiento. Leonardo se casó en la catedral de Morón con Sandra Macri, una de las herederas del imperio de Franco Macri y hermana de Mauricio. La fiesta con torta de cinco pisos y

Entre algunos sectores ➽ Resistencia. de la familia la relación no es bien vista. A Franco Macri su yerno no le cae simpático. El 1° de abril de 2004, ➽ Asalto. Leonardo fue víctima de un robo en la puerta de su casa de Villa Ariza, en el partido de Ituzaingó.

TRAS EL CASO SOSA

Estalla otro conflicto en la justicia de Santa Cruz Un fiscal se queja ante la Corte por la restitución de su antecesor en el cargo MARIELA ARIAS CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ ARCHIVO

Elisa Carrió, querellada por Duhalde, deberá demostrar sus dichos

Carrió y Duhalde se verán en Tribunales El despacho de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en los tribunales de Comodoro Py, será el martes próximo sede del renovado capítulo de una pelea con historia: la del el ex presidente Eduardo Duhalde contra la diputada electa y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. A las 11 de ese día, Carrió le explicará a Servini de Cubría por qué dijo, en 2005, que Duhalde era “el mayor responsable político de la droga en el país”. La frase, repetida por distintos medios de prensa y suavizada días más tarde hacia la presunta

“responsabilidad política” del ex presidente, sirvió de base para una querella presentada por Duhalde en 2007. La causa transcurrió hasta hoy sin que ninguno de los intentos de mediación prosperase. La del martes será la primera de las tres audiencias que, en teoría, se harán para dilucidar el entuerto. Carrió ya confirmó que los diputados provinciales Rubén Cinquerrui y Walter Martello, autores del informe “El paco, la punta del iceberg”, serán sus testigos en la audiencia que se realizará ante Servini de Cubría.

RIO GALLEGOS.– El actual fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Claudio Espinosa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de nulidad por considerar que un fallo de ese tribunal lo deja fuera del cargo y atenta contra su derecho a la inamovilidad y estabilidad como funcionario judicial. Espinosa cuestiona el fallo de la Corte por el cual se restituyó a la actividad judicial al ex procurador Eduardo Sosa, apartado del cargo hace 14 años por Néstor Kirchner. La ley anulaba el cargo y creaba el jefe de fiscales y el de defensores, sin embargo, a Sosa, pese a tener rango de juez y pliego aprobado por la Legislatura, no lo nombraron en ningún cargo y quedó fuera de la Justicia, sin respetar el principio de inamovilidad. Su restitución en el cargo de fiscal, según la interpretación de Espinosa, no respetaría ese mismo derecho y afectaría al actual fiscal. “Presenté el recurso de nulidad dado que el fallo me afecta directamente, de un plumazo me quita la inamovilidad y estabilidad que tengo como fiscal desde 1996, cuando

la Legislatura me aprobó el pliego”, relató a LA NACION Espinosa. El fallo indica que será el gobernador de Santa Cruz quien deba reponer a Sosa como fiscal en el plazo de 30 días, dado que por su cargo “ejerce la representación de la provincia” y es un agente natural del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. En el punto 17 del fallo de la Corte en el cual se ordenó al gobernador Daniel Peralta a nombrar en el cargo de fiscal a Sosa, se especifica que “a los fines del cumplimiento de esta sentencia no será oponible la estabilidad o inamovilidad que pudiera invocar quien se desempeñe actualmente como agente fiscal”. Para Espinosa, en el fallo “hay una flagrante violación del derecho a la defensa”. Y añadió: “No tuve un juicio con el cual me sacan del cargo, mi pliego también es válido según la Constitución provincial, y la Corte no tiene en cuenta que la Constitución aquí prevé la remoción del cargo por jury de enjuiciamiento y no directa”. Espinosa cuenta con el asesoramiento jurídico de un estudio de Buenos Aires que por ahora mantiene en reserva y asegura que no está en condiciones de jubilarse. En 1985 inició su carreraal

como secretario y luego fiscal en Río Turbio; más tarde fue fiscal, defensor y juez en Puerto San Julián, hasta que en 1996 es nombrado agente fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Mientras Espinosa inició su propia batalla ante la Corte, Peralta afirma que su intención es reponer a Sosa, pero argumenta que no quiere violar derechos adquiridos. Por eso, el gobierno santacruceño presentó un pedido de aclaratoria ante la Corte en el cual le solicita instrucciones sobre cómo llevar adelante el fallo y solicita que se corrijan o aclaren algunas de las afirmaciones contenidas en la sentencia. Peralta no quiere quedar expuesto a cometer un delito de acción pública por sacar a Espinosa del cargo de manera directa. En la aclaratoria, el gobierno asegura que de cumplir la orden dejaría un precedente sobre la inamovilidad de los funcionarios judiciales. Pone como ejemplo que en el supuesto de que prosperara la presentación de los ex jueces de la Corte Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ésta fallare en favor de los destituidos, la estabilidad de la actual Corte se vería en riesgo.

A propuesta del diputado kirchnerista Carlos Kunkel, el Consejo de la Magistratura resolvió ayer seguir adelante con el concurso para cubrir las cuatro vacantes en el fuero federal porteño, un proceso bajo sospecha de fraude. Además, puso un plazo de dos semanas más a la auditoría del Consejo que investiga el caso. Si en ese tiempo el sumario no arroja ningún resultado, se cierra. Tal como reveló LA NACION, en este concurso hay sospechas de que al menos dos candidatos habrían tenido de antemano el caso que les iban a tomar. Uno, Luis Rodríguez, que habría pedido días antes de la prueba copia de un fallo similar al que luego le tomaron; otro, Carlos Ferrari, que incluyó en su examen una abrumadora cantidad de citas de memoria. Los dos habían quedado bien ubicados en el orden de mérito provisional hecho con el resultado de las pruebas y ambos vieron fortalecida su posición luego de la reunión de ayer. “Si la auditoría no halló elementos en 45 días es porque no los hay. Yo no me como más hacer el juego a demoras que tienen una intencionalidad política manifiesta”, dijo Kunkel. “Las sospechas son graves –respondió el radical Oscar Aguad–. Vamos a tomarnos más tiempo. Son los jueces que juzgan al poder.”

“El poder real” La postura del radical no fue apoyada por el resto de los consejeros. El debate duró casi una hora y el kirchnerismo atribuyó a LA NACION, que dio a conocer el caso, una maniobra para desprestigiar el concurso. “No puede conducir a ninguna investigación seria en este cuerpo una nota periodística –dijo la diputada Diana Conti–. Los periódicos, que son el poder real desde hace años, han puesto y sacado jueces en este país.” El senador oficialista Marcelo Fuentes señaló: “La agenda de una nación no la deben imponer medios concentrados”. La auditoría, que hoy tiene los días contados, se había iniciado por orden del presidente del Consejo, Luis Bunge Campos, a raíz de una presentación del juez federal Daniel Rafecas. El informó que días antes del examen habían llamado a su tribunal de parte del juez Rodríguez para pedirle copia del fallo Baldo. Si bien los casos no eran idénticos, tanto la causa de Rafecas como la del examen eran de un robo de monedas antiguas en el Banco Nación. Ayer, los consejeros decidieron seguir adelante con el concurso. Los dos sospechosos, Ferrari y Rodríguez, continúan segundo y quinto, respectivamente. Ahora, serán los exámenes psicotécnicos y las entrevistas personales a los candidatos. Seis integrarán la lista de postulantes que recibirá el Poder Ejecutivo. Ayer, el Consejo resolvió que entrevistará a los 16 primeros de acuerdo con el ranking propuesto por Kunkel. Encabezan la lista Marcelo Martínez de Giorgi, que hoy ocupa dos de los juzgados vacantes; Ferrari; Juan Pablo Salas, subrogante en Morón; el juez de Quilmes Marcelo Goldberg; Rodríguez; el abogado Domingo Montanaro; el juez platense Diego Tatarsky; y el secretario del juzgado de Rafecas Diego Ramos.

La Fundación Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires celebra hoy su 250 aniversario

LORENZO EDIBERTO JOSE KINGSLAND. Al cumplirse seis años de tu partida, te recordamos con el amor de siempre. Tu esposa Berta, tus hijas Marta y Norma y familia