Los recortes llevan al límite a las personas enfermas de VIH/SIDA, drogodependientes, enfermos y enfermas de hepatitis víricas, tuberculosis, coinfectados y coinfectadas, personas con enfermedades mentales y personas privadas de libertad; más aún si se le suman problemas de exclusión económica o social, violando así los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. El copago farmacéutico, la supresión de servicios socio sanitarios o el abandono de las ONGs que trabajan con el VIH-SIDA, supone un retroceso de 30 años en el abordaje de la pandemia. FAUDAS DENUNCIA LOS ATAQUES A LOS SERVICIOS Y A LAS LIBERTADES La Declaración Universal proclama que toda persona tiene los mismos derechos humanos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La situación a la que las políticas de los gobiernos están abocando a gran parte de los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, convierte al Estado español en violador de esos derechos. Los resultados afectan más gravemente a las personas enfermas de VIH/SIDA en una situación socio económica precaria, a las personas usuarias de drogas con consumos problemáticos, coinfectadas por VIH y VHC, a las personas privadas de libertad, a las personas desempleadas, a las migrantes, a las mujeres discriminadas, a las familias expulsadas de sus casas y a otros colectivos ya atacados antes de la crisis y ahora llevados hasta el límite. FAUDAS es una federación de asociaciones de usuarios/as de todo el estado español formada por personas que han realizado usos, problemáticos o no, de drogas y/o con VIH/SIDA y/o que en contacto cotidiano con ellas. FAUDAS denuncia. El copago de medicamentos perjudica de una manera especial a las personas afectadas por el VIH/SIDA que viven situaciones económicas y sociales más extremas. Desde la década de los ochenta, 40 millones de personas han fallecido a causa del VIH y hoy día conviven con esta enfermedad más 36 millones de personas. El 40% de la población española que está infectada, no lo sabe. Muchas de las medicinas de copago las necesitan para tratarse de otras enfermedades menores, las llamadas “oportunistas”, asociadas al propio SIDA. Por falta de dinero, muchas personas abandonan los tratamientos, lo que provoca un deterioro de salud que acaba en ingresos hospitalarios, que sí suponen un elevado gasto evitable. Gasto que a su vez es la única excusa que pone nuestro Gobierno para justificar sus continuados recortes. Personas afectadas por enfermedades graves cercanas al SIDA, como cáncer, hepatitis o co infección, se enfrentan ahora a mayores dificultades para acceder a medicamentos específicos que antes recibían sin gasto en las farmacias de los hospitales. Las personas migrantes y la ciudadanía española sin documentación quedaron excluidas del sistema público de salud, al que únicamente pueden acudir por la puerta de urgencias, bajo la amenaza de tener que pagar una factura imposible de afrontar para sus bajas o inexistentes economías. Esta marginación provoca nuevos riesgos para la salud pública al dejar fuera de control sanitario a muchas personas que pueden enfermar debido a la marginación en la que las sitúan. Las ONG que trabajamos con VIH/SIDA seguimos sufriendo por parte de las Administraciones Públicas reducciones drásticas o la supresión en su totalidad de subvenciones para programas de prevención, atención y reducción de daños y riesgos. Esto podría suponer la desaparición de muchas de nuestras entidades y echar por tierra más de 30 años de trabajo coordinado entre las Administraciones y el movimiento asociativo de base comunitaria, siendo éste el único método que ofrece resultados positivos en el abordaje de los problemas asociados al VIH SIDA entre poblaciones marginalizadas o en riesgo. Datos estadísticos de los últimos meses evidencian que el número de nuevas infecciones por VIH vuelve a aumentar después de años de caída, aunque en los mass media y Administraciones públicas, nos aseguren lo contrario. Los recortes afectan especialmente a las personas con problemas de drogas y otras adicciones por la disminución de los recursos de Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos y Gobierno Central,

para programas, tratamientos e investigación. No podemos obviar que mueren anualmente en el mundo por drogas ilegales, 253.000 personas. FAUDAS reivindica una política de reducción de riesgos y de daños que asuma la realidad de todos los consumos, en especial los problemáticos, como primer paso para prevenirlos y paliarlos. Igualmente, demandamos que las patologías asociadas a los consumos se aborden progresivamente en centros normalizados, evitando la estigmatización de “esconderlas” en recursos específicos, evitando así los guetos. Las personas con problemas de drogodependencias, privadas de libertad con enfermedades mentales, las que ejercen la prostitución, las niñas y los niños, las personas mayores, y otros sectores de poblaciones especialmente desfavorecidas, son víctimas de la progresiva desaparición de servicios y recursos sociales intermedios, lo que hace retroceder su atención a situaciones propias de mediados del siglo pasado. El derecho al trabajo, vivienda digna, igualdad de oportunidades, educación, salud, etc. del que la crisis especulativa priva a millones de ciudadanos y ciudadanas, están cada vez más lejos de las personas que lo necesitan, siendo estos derechos un paso imprescindible para una incorporación social efectiva y real. La nueva ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal asestan tremendos hachazos al ejercicio de las libertades individuales y colectivas. Tipifican como delitos, fuertemente sancionados y penados, comportamientos como el mero consumo personal de drogas o el uso en la vía pública. Frente a ello, FAUDAS defiende la regularización del consumo, y un nuevo planteamiento alternativo a la “guerra contra las drogas” que cuesta más vidas de las que salva y no resuelve los problemas de los consumos dañinos. La población penitenciaria, de la cual el 80 por ciento cumple penas relacionadas con las drogas, verá drásticamente recortados sus derechos con el retorno de conceptos como el de “peligrosidad” que puede condenarles de por vida a la condición de “presuntos delincuentes” y endurece las condiciones de acceso a medidas alternativas, permisos o inserción social. FAUDAS denuncia también la brutalidad policial, detenciones inhumanas y torturas, que se están incrementando amparadas en la impunidad que les proporcionan las autoridades. Suicidios de detenidos y muertes por desatención son consecuencias que lamentablemente ya se están dando. Tratan de neutralizar cualquier forma de protesta o denuncia pública con limitaciones de derechos como el de reunión y manifestación que recuerdan los tiempos del franquismo. Pretenden silenciar a la sociedad civil que está reaccionando ante los abusos de un sistema que desprecia a las personas “innecesarias” para sus planes, y lo único que les interesa son los beneficios económicos y la productividad de éstas. Estas políticas de recorte son realmente producto de una ideología que desprecia lo público en favor de los intereses del gran capital y sus cómplices gubernamentales. Reducir lo público a los mínimos, privatizando la gestión de lo rentable en beneficio de corporaciones empresariales, y abocando al resto al retorno a tiempos de la beneficencia y la caridad. Con cifras de paro irrecuperables, con el ninguneo de los derechos laborales, el encarecimiento de la vida y la ruína de las familias, se está produciendo una regresión social de imposible retorno. Las personas más afectados por la pobreza, la enfermedad o la exclusión social son empujadas escaleras abajo. Antes de finalizar este comunicado, queremos informaros que los actos que hemos celebrado alrededor del día mundial de lucha contra el SIDA, se marcan en el trabajo conjunto que estamos realizando desde la Alianza de Plataformas de VIH/SIDA del Estado Español. Son ya dos años los que llevamos denunciando la inexistencia de una respuesta al VIH adecuada por parte de este Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, y del Plan Nacional sobre el SIDA. Dos años en los que hemos visto cómo la secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA se diluía en el organigrama del Ministerio, dos años de recortes de su presupuesto, de recortes de su personal, de desconocimiento del dinero destinado a las CC.AA. para que den una respuesta adecuada y específica al VIH, y dos años de subvenciones a ONGs tardías, escasas o nulas, reducidas en un 75% respecto a la anterior legislatura, lo que ha obligado a cerrar programas, a cerrar entidades y a acabar con líneas de trabajo desarrolladas desde la sociedad civil que consideramos imprescindibles. En este tiempo, el Gobierno ha vulnerado los Derechos Humanos con el Decretazo 16/2010, que excluye a las personas inmigrantes e indocumentadas de la sanidad, se ha acabado con la universalidad y la equidad de nuestro sistema sanitario y se han incumplido acuerdos internacionales en materia de VIH. Se ha acabado también el plan que dirigía la respuesta del

Gobierno al VIH, plan del que se ha hecho una evaluación precaria, que no aporta respuestas para planificar una respuesta mejorada al VIH. Y lamentablemente no se ha desarrollado un nuevo plan, una nueva estrategia, que intente dar respuesta al VIH en los próximos años. En este panorama desalentador, las ONGs prevemos una realidad cada vez más complicada para los sectores más vulnerables de la sociedad, como consecuencia de estas políticas que pretenden imponer ideologías con la excusa de la crisis. Es fundamental dar una respuesta organizada, comprometida, sostenida y solidaria al VIH, contando con todos los agentes implicados y con una inversión suficiente para conseguir el ansiado objetivo 0. La actual coyuntura económica no puede ni debe justificar recortes en derechos básicos, como es el de la salud. ESTE COMUNICADO CUENTA CON EL APOYO DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS Y PLATAFORMAS :

ENERGY CONTROL TRABAJANDO EN POSITIVO COMITÉ 1 D DICIEMBRE AVACOS CALSICOVA LIBERACION ENLACE ENCOD SALUD FELGTB