LEY DE PESCA: Recursos de todos los chilenos “El proyecto de ley aprobado por el Senado consagra un oligopolio perpetuo en materia de pesca industrial en Chile, y con ello la enajenación del patrimonio pesquero que pertenece a todos los chilenos en manos de unas pocas empresas.” _________________ El proyecto de ley que modifica la ley de pesca sin duda resulta fundamental para el futuro de los recursos pesqueros nacionales; pero, también, contiene elementos que trascienden al sector pesquero y tienen que ver con nuestras más profundas concepciones sobre el sistema jurídico y económico de nuestro país. Desde el comienzo de su discusión, hemos creído que la nueva ley de pesca debía ser una oportunidad para dar pasos concretos como país, por avanzar hacia un modelo de aprovechamiento de los recursos naturales que cumpla con los principios de sustentabilidad, eficiencia y equidad, de tal manera de asegurar calidad del desarrollo y progreso para todos. El proyecto de ley aprobado por el Senado, lamentablemente, apunta en sentido exactamente contrario, al consagrar un oligopolio perpetuo en materia de pesca industrial en Chile, y con ello la enajenación del patrimonio pesquero que pertenece a todos los chilenos en manos de unas pocas empresas. Durante el primer trámite constitucional sostuvimos que el Estado, como representante de todos los chilenos, era el dueño de los recursos pesqueros y, en consecuencia, rechazamos la existencia de licencias industriales de pesca indefinidas. Sostuvimos hace algunos meses, y hoy lo reiteramos, que ninguna empresa o persona puede alegar “derechos de propiedad” sobre los recursos pesqueros: éstos son y serán de todos los chilenos y, por ende, su explotación debe beneficiar al conjunto de la sociedad y no a unos pocos. Consecuencia de lo anterior es que la Cámara de Diputados no aprobó en definitiva el artículo del

proyecto que consagraba esta flagrante expropiación a todos los chilenos. La Democracia Cristiana no es, ni ha sido nunca, un partido instrumental. Es un partido anclado a una doctrina social cristiana, con profundas convicciones de justicia social y libertad. En esta ley había dos posturas, una que pedía que en ella se expresara, claramente y sin dobles interpretaciones, que los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos y, por ende, somos nosotros los que, soberanamente, permitimos a las empresas explotarlos de manera temporal, debiendo pagarnos un justo precio por acceder a ellos. La otra postura, la del Gobierno, exigía que los recursos pesqueros fueran tratados como acciones, simples papeles transables, con derechos de propiedad perpetuos para sus poseedores, y con una asignación gratuita y a dedo, a 4 empresas que hoy concentran el 93% de los recursos pesqueros del país.

Mantenemos nuestro rechazo a la posición del Gobierno y sostenemos la convicción política, jurídica y económica que los recursos pesqueros deben quedar en manos de los chilenos, de manera explícita en la ley, sin espacio para que ningún privado pueda alegar alguna vez, derechos de propiedad sobre los recursos. Creemos que su explotación debe ir en beneficio de una amplia mayoría y no de unos pocos privilegiados, y nos oponemos firmemente a que se consolide esta expropiación a todos nuestros compatriotas que lleva adelante el Gobierno Por ello, los diputados que suscribimos esta declaración, anunciamos públicamente nuestro rechazo a los artículos 26 A y 26 B que propone el Senado para la nueva ley de pesca, por cuanto consagran la expropiación de los recursos pesqueros desde el patrimonio nacional a las manos de unas pocas empresas y para siempre Asimismo, en materia de licitaciones, quienes suscribimos esta declaración estuvimos por abrir al máximo la competencia en el sector, consecuentes con el principio de que somos todos los chilenos los dueños de nuestras riquezas pesqueras, apoyando un sistema progresivo de licitaciones en el sector industrial. Por ello, si

bien creemos que constituye un tibio avance para combatir la concentración económica, y dar una efectiva protección a los principios de libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad económica y no discriminación arbitraria, apoyaremos la norma aprobada por el Senado para asegurar licitaciones de un 15% de la cuota industrial, a partir del quinto año de entrada en vigencia de la ley, consagrado en el artículo tercero transitorio que se somete a conocimiento de la Cámara de Diputados Finalmente, creemos que en esta discusión no ha sido respetado el convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar de manera previa a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas, respecto de todo cambio normativo que pueda afectarlos. En distintas instancias esta situación ha sido planteada, sin que el Gobierno haya acogido este planteamiento, por lo que creemos esta ley adolece de un vicio de constitucionalidad, por no haberse realizado la señalada consulta y no garantizar un acceso real y equitativo de nuestros pueblos originarios, a un recurso pesquero que de manera ancestral ha sido aprovechado sustentablemente por éstos Ricardo Rincón Fuad Chahín Aldo Cornejo Eduardo Cerda Carolina Goic Juan Carlos Latorre Pablo Lorenzini Roberto León Sergio Ojeda René Saffirio Gabriel Silber Víctor Torres Mario Venegas