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POLITICA

I

Martes 21 de abril de 2009

DERECHOS HUMANOS Y DECISION DE LA JUSTICIA DE ROSARIO

YPRIVACION ILEGAL

Larrabure, delito de lesa humanidad

Bignone, Patti y Riveros, a juicio oral

Continuación de la Pág. 1, Col. 1 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, en Córdoba. Pasó 372 días en una “cárcel del pueblo” y fue asesinado por el ERP. Su cadáver apareció en Rosario el 23 de agosto de 1975. La autoría del secuestro del militar fue confirmada por la propia agrupación guerrillera en diversas documentaciones y artículos periodísticos que fueron difundidos en aquellos años en la Argentina. Arturo Larrabure, el hijo del militar asesinado, hizo una minuciosa recopilación de toda la documentación sobre el macabro episodio que publicó en el libro Canto a la Patria, en el que dio cuenta de la vida de su padre y que fue el puntapié inicial del reclamo para esclarecer el episodio.

Representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, Arturo Larrabure se había presentado en febrero de 2007 ante la Justicia para reclamar que se investigara el secuestro y asesinato de su padre y que se caratulara el expediente como “crimen de lesa humanidad”, ya que consideraba que había sido cometido como parte de un “ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas” que operaron en la década del 70. Poco tiempo después, el fiscal general Claudio Palacín firmó el dictamen aceptando esa figura penal, pero el procurador general Esteban Righi planteó la nulidad de esa medida. Larrabure apeló a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que varios meses después confirmó lo dispuesto por el fiscal Palacín e instruyó al juez a investigar bajo

Arturo Larrabure

ARCHIVO

esa figura penal el asesinato del militar. El expediente, entonces, regresará al Juzgado Federal N° 4 de Rosario para poder comenzar la investigación y tratar de identificar y sentenciar a los responsables del secuestro y asesinato del militar. Pero deberá pasar un primer filtro: que el fiscal requiera que se investigue el secuestro. En su dictamen, favorable al reclamo de la familia Larrabure, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo una advertencia a la actitud de los fiscales. “Resultan preocupantes las sucesivas y constantes articulaciones de revocatoria o nulidad de los fiscales intervinientes, que no se compadecen plenamente con la defensa de la legalidad ni los derechos de partes y que, sin duda, han provocado desgaste jurisdiccional, que debe ser evitado no sólo en

beneficio de la labor de los jueces y fiscales, sino en aras de los intereses generales de la sociedad”. “Cuando secuestraron a mi papá, que estuvo 372 días en cautiverio hasta que lo mataron, yo pasé de ser un chico normal de 15 años a ser «el hombre de la casa». Mi mamá, que tenía 43 años, quedó muy mal, estuvo un año sin poder alimentarse sola. Mi hermana, de 18, no pudo seguir estudiando. Fue un año de agonía, y después nuestra vida cambió completamente”, relató Arturo Larrabure a LA NACION en marzo de 2006. “Es más importante dar vuelta la página de una buena vez y decir ni vencedores ni vencidos: perdimos todos. Y tratar de reconciliar sin generar más odios ni resentimientos, porque el dolor no se puede medir pero es el mismo para uno que para otro lado”, dijo.

ANALISIS

No hay asesinos buenos y malos: hay que juzgar a todos ADRIAN VENTURA LA NACION Desde 2003, la justicia argentina se volvió parcial y, por eso, no hizo justicia. Acomodados en un falso discurso único y pseudoprogresista, el Gobierno, los funcionarios, los organismos de derechos humanos y los jueces vienen enjuiciando a los militares de los 70 por imperdonables delitos de lesa humanidad, pero esquivaron juzgar a los guerrilleros. Ahora, la Cámara Federal de Rosario dio un paso en la otra dirección: si el fiscal requiere la instrucción de una causa penal, se podrá juzgar un gravísimo delito cometido por el Ejército Revolucionario del Pueblo contra el coronel Larrabure. Pero el proceso no será simple. Los derechos humanos no son de izquierda o de derecha: los derechos humanos son para todos. ¿Cuál es la alquimia que permite que el falso progresismo vernáculo critique correctamente la discriminación en todas las áreas pero, a su vez, le parezca válido discriminar cuando se trata de juzgar a militares y esquivar el juzgamiento de mon-

toneros y erpianos que cometieron delitos? En los años 70, muchos hombres y mujeres que ideológicamente simpatizaban con las ideas del ERP y de Montoneros fueron injustamente secuestrados y torturados. Son víctimas que tienen derecho a justicia. Pero ¿no hay justicia para las víctimas de guerrilleros que sí cometieron crímenes? Larrabure fue torturado por el ERP durante 372 días y fue asesinado. ¿Acaso las torturas le dolieron menos? * * * En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner tuvo la oportunidad de impulsar la justicia total de los crímenes de los 70, que sólo había logrado una satisfacción parcial cuando, en los 80, la Cámara Federal y la Corte Suprema condenaron a las juntas militares. Pero Kirchner torció la historia. Y la Corte, que en el caso Simón (2005) consideró que los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado son imprescriptibles, nunca admitió que el Tratado de Roma y las sentencias del Tribunal

Penal Internacional para la ex Yugoslavia (caso Martic, 2007) dicen que los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por organizaciones no estatales y que dañar a una víctima inocente en un conflicto armado interno es siempre un delito imprescriptible. * * * La causa Larrabure, hasta ahora, avanzó poco: fue prematuro y equivocado discutir si los delitos de lesa humanidad de guerrilleros pueden ser juzgados o prescribieron. Cuando en el futuro aparezca un eventual imputado, éste podrá reeditar ese debate en todas las instancias. Allí habrá otra dilación. Y, por otra parte, una cosa es castigar a los autores materiales del secuestro y otra distinta es pretender la condena penal de los responsables políticos, legisladores y funcionarios de la época que favorecieron esos crímenes. Para lograr lo último, deberá probarse que esos funcionarios no sólo cometieron desatinos, sino que organizaron la guerrilla como un plan sistemático y fueron autores mediatos de esos crímenes.

Angelelli: se suicidó un militar Es el capitán Alfredo Marcó, involucrado en la muerte del obispo Un capitán del Ejército (R) y un policía acusados por crímenes de la dictadura se suicidaron en San Luis y en La Rioja, cuando la Justicia avanzaba en investigaciones sobre su presunta participación en asesinatos y secuestros. El policía, Segundo Wenceslao Garro, señalado como un torturador del Departamento de Informaciones de la Policía de San Luis, se disparó un tiro en el corazón luego de ser llamado a declarar en una causa en la que hay cinco condenados a prisión, según informó la agencia DyN. Por otra parte, se disparó un balazo en la sien el capitán del Ejército

Alfredo Marcó, de 66 años, presunto torturador que estaba involucrado en el caso que investiga la muerte del obispo riojano Enrique Angelelli y que, según testimonios, había anunciado que el sacerdote iba a aparecer muerto. El militar se quitó la vida 48 horas antes de ser exhumados los restos del obispo Angelelli, cuya muerte, el 4 de agosto de 1976, habría sido adelantada por Marcó a detenidos poco antes de producirse, según consta en el informe Nunca más de la Conadep. Pese a ser denunciado ante ese organismo apenas finalizado el gobierno de facto, Marcó nunca fue sometido a juicio.

Personal de la comisaría 4a. llegó al domicilio alertado por la propia familia, que estaba en la casa en el momento del disparo. El ex militar fue hallado tirado sobre su cama con un revólver calibre 38 corto en la mano, según las fuentes. El obispo murió al volcar su automóvil cuando regresaba a la ciudad de La Rioja, procedente de Chamical, en un hecho que primero fue considerado un accidente de tránsito y luego la Justicia señaló como “provocado”. Entre las víctimas de Marcó se cuentan dirigentes peronistas, sindicales, representantes de la Iglesia Católica y de la Juventud Peronista.

Acusados por delitos durante la dictadura El ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex subcomisario Luis Abelardo Patti y el ex general Santiago Omar Riveros serán juzgados por secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar. El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj elevó a juicio la causa en la que Patti, Bignone y Riveros están procesados por privación ilegal de la libertad doblemente agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado por alevosía de ex dirigentes peronistas, entre ellos el ex diputado nacional Diego Muniz Barreto. También fue a juicio Eduardo Espósito, jefe del área 410 Cuerpo IV de Ejército, y Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar. El fiscal federal Jorge Sica había solicitado, a fines de marzo, la elevación a juicio del caso contra los acusados por el secuestro y desaparición de Muniz Barreto, Gastón Gonçalvez, Carlos Souto, Juan José Fernández y Guillermo D’Amico, ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en la zona del Cuerpo I de Ejército. El ex juez Alfredo Bisordi asumió la defensa de Patti en el caso, tras renunciar a la Cámara de Casación después que Néstor Kirchner lo acusó porque no había impulsado las causas contra represores.

Breves EX INTERVENTOR DEL PAMI

Más acusaciones contra Alderete El ex interventor menemista del PAMI Víctor Adrián Alderete enfrenta nuevas acusaciones: la Justicia amplió su procesamiento por supuesto fraude. Le imputa la contratación de ambulancias aéreas sin necesidad y por las que se habrían pagado sobreprecios. Así lo decidió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que amplió el embargo sobre los bienes de Alderete hasta la suma de 4.800.000 pesos. Esta causa se inició por la denuncia de ATE y de la Oficina Anticorrupción. Los investigadores advirtieron que una jubilada con fractura de fémur fue evacuada en un avión ambulancia y que se habría pagado el triple o el cuádruple de lo que costaba por cada vuelo sanitario. LUIS GENOUD

Nuevo presidente en la Corte bonaerense El juez Luis Genoud fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en reemplazo de su colega Juan Carlos Hitters, de acuerdo con el sistema de rotación anual de las autoridades del máximo tribunal provincial. Hilda Kogan fue nombrada en la vicepresidencia del cuerpo.