Política

Página 16/LA NACION

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Domingo 6 de enero de 2008

Derechos humanos: la impactante versión judicial sobre la muerte del represor Febres

Va a juicio la causa por apropiación de bienes

La traición al preso que tenía la llave de su celda Sus camaradas decidieron “callarlo”, argumentó la jueza Por Juan Pablo Morales De la Redacción de LA NACION Héctor Febres tenía la llave de su celda. Como si fuera el jefe del Destacamento Delta de la Prefectura, el preso descansaba en un camarote de dos ambientes, con baño en suite, hall de entrada y acceso directo a la terraza. Allí, en verano, instalaba una piscina para que jugaran sus nietos. Un chofer a sus órdenes trasladaba a su familia en un auto de la fuerza. A Angel Volpi, el principal hombre que lo custodiaba, muchos le decían “el edecán de Febres”. Ahora, para la Justicia, ese “edecán” es uno de los principales sospechosos del presunto plan para matarlo, junto con el ex jefe del destacamento, Rubén Iglesias. Ambos están acusados de montar “una zona liberada” para envenenar a Febres la madrugada del 10 de diciembre, cuatro días antes de que se conociera la sentencia del juicio que enfrentaba por crímenes en la ESMA durante la dictadura. Según la jueza federal Sandra Arroyo Delgado, Volpi e Iglesias participaron de un plan con un único propósito: que no se rompiera el pacto de silencio que mantiene el secreto sobre las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Por eso Febres, conocedor del destino de los bebes nacidos en la ESMA, siempre fue un preso con libertades. Era parte del plan. “Un medio de mantener satisfecho y adoctrinado” al prefecto, dice el expediente de la causa. Una estrategia que luego “facilitó la concreción” de un verdadero “plan delictual”. Creían que iba a hablar, según el fallo que ordenó el

procesamiento de Volpi y de Iglesias. En sus siete años de detención, Febres usó el Destacamento Delta como si fuera su casa. Según enumera la jueza, disfrutaba de un pequeño comedor de 3x4 (con una mesa y ocho sillas), un armario con juegos de vajilla, sillones, heladera, horno microondas, cafetera, televisor, videocasetera, DVD, radio, aire acondicionado, placard, dos teléfonos, un celular y una computadora con acceso a Internet. También tenía libre acceso a espacios comunes, como los salones del edificio y el casino de oficiales. Allí organizó una fiesta con 30 invitados para festejar el bautismo de su nieto. Su esposa, ahora procesada por encubrimiento, se quedaba a dormir con él los sábados. Cuando había visitas, Febres las recibía en su camarote y “ponía llave” desde el interior. Todas las mañanas recibía el diario. Abría y cerraba la puerta con su llave.

“Hombre de confianza” Otro beneficio era la posibilidad que tenía de ir al gimnasio y a las canchas de tenis. Su debilidad era el paddle. Jugaba casi siempre con Volpi. Un hombre, según los testigos, de su “estrecha confianza”. “Volpi era un solterón que lo acompañaba mucho [a Febres]”, declaró el prefecto general Rubén Astiasarán. “Jugaban a la paleta o al voley, cenaban, almorzaban…”, contó el chofer del represor, Carlos Bozzano. Febres también tenía relación con Iglesias. Compartieron charlas y cenas. Según la jueza, Volpi e Iglesias mantenían en secreto el objetivo de asegurar que el prefecto “no traicionara el pacto de silencio con los responsables de los delitos de la ESMA”. Según afirmaron

en la Justicia, hizo falta sólo una muestra de debilidad para iniciar la segunda parte plan. El crimen. Cuando se aceleró la causa en su contra, Febres comenzó a mostrarse preocupado por el proceso. Lo asustaba no saber de qué iba a vivir su mujer, y lo acuciaba el peligro de terminar en una cárcel común. Según los testigos, llegó a decir que la Prefectura “no lo había apoyado lo suficiente” y estaba enfurecido con la Armada. Confesó que, si le pasaba algo a su familia o ante la inminencia de una condena, era capaz de “contar situaciones” y “dar nombres” sobre la ESMA. Para la jueza allí está el móvil del crimen. En junio de 2007, el médico Víctor Giuliani visitó a Febres. Escuchó que alguien “apretaba” el prefecto. “Tenía aspecto de matón, parecía del FBI”, describió Giuliani y contó que el prefecto “había sido intimidado para que guardar silencio respecto a información sensible”. Febres le hizo una confesión al médico: “La única solución que me queda es no hablar”. Para Arroyo Delgado, existen elementos suficientes para probar la conspiración. Según ella, el 9 de diciembre Volpi e Iglesias “liberaron la zona” e “intervinieron dolosamente en el asesinato”. Volpi cenó con la víctima, a las 21. Febres murió entre las 0 y las 2 del 10 de diciembre. Hay un elemento considerado fundamental para probar la conspiración: la computadora de Febres. La máquina desapareció la misma noche del crimen. Volpi declaró en la causa que él la había sacado. Primero fue a una oficina contigua; después se la llevó un técnico. Volvió al destacamento cuatro días después, el 14 de diciembre. Ya no tenía un solo dato útil.

“No tengo agallas para hacerlo” Con esas palabras, Febres descartó el suicidio en dos cartas Para la Justicia hay cartas que son “reveladoras”. Mensajes que “descartan” que el prefecto Héctor Febres haya pensado en suicidarse para evitar la sentencia en el juicio que enfrentaba por crímenes en la ESMA. Cartas que son parte de las evidencias para sostener que el envenenamiento con cianuro fue un crimen. “No ha pasado por mi mente quitarme la vida, pero si esta carta es leída es que Dios hizo caso de mis ruegos y me hizo dejar de sufrir en este mundo.” Así empezaba una de las cartas que Febres les dejó a su mujer, a sus hijos y a su confesor, por si acaso moría, y que la Justicia secuestró en uno de los allanamientos. En todas niega la posibilidad de que pensara en el suicidio.

En la carta a su mujer, Stella Maris Guevara, Febres escribió: “Muchas son las horas que he pasado pensando y meditando todo lo que me ha pasado y todo lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la que no pongo fin por propia mano porque no tengo agallas para hacerlo, pero le pido a Dios que se apiade de mí y haga finalizar mi sufrimiento y el padecimiento de todos los que me quieren. De ninguna manera estas líneas reflejan un suicidio, pues no tengo la decisión ni la valentía de hacerlo, pero si esta carta es leída es que ya no estoy en el mundo”. Así se despedía Febres. La Justicia descarta “de plano” el suicidio por esas líneas, por las condiciones de su detención y por el testimonio de los testigos.

Podría haberse suicidado “por otros medios sin necesidad de recurrir a un tercero que le provea el cianuro”, dice el expediente, y enumera los medicamentos y los elementos “cortantes y punzantes” de su camarote que hubieran permitido una muerte menos traumática. “Además, tenía acceso a la terraza”, dice la causa. Sus amigos afirman que Febres deseaba morir, pero que “era un hombre de fe” y que no iba a suicidarse. “Rezaba para morirse mientras dormía”, declaró su amigo, el prefecto general Rubén Astiasarán. Para la Justicia, no hay dudas: “Febres verbalizó querer quitarse la vida, pero tales expresiones siempre fueron acompañadas de un ecuánime análisis que sopesaba los perjuicios”.

“El Tigre” Acosta, principal acusado

ARCHIVO

El represor Héctor Febres

CLAVES DE LA TRAMA El móvil ■ La jueza Arroyo Delgado cree que a Febres lo mataron para que no contara secretos sobre la represión en la ESMA. Entre las pruebas apareció un papel que decía “chicos-contar todo”. Varios testigos dicen que lo escucharon con intención de acusar a superiores de la Armada, pero que había recibido presiones.

La pista clave ■ El documento judicial otorga un valor decisivo a la computadora que Febres tenía en el camarote que hacía las veces de celda. No fue hallada en el lugar del crimen y sólo se reportó cuatro días después. Para la jueza, es una prueba de que los prefectos que cuidaban a Febres intentaron borrar pruebas. La máquina fue retirada de la escena del crimen por el prefecto Volpi y, un día después, se la entregó a un técnico. Estaba casi arruinada. No había ningún dato en la bandeja de entradas del correo electrónico. Alguien “limpió” los datos.

El papel de la familia ■ La esposa y los dos hijos del represor fallecido fueron procesados por encubrimiento. No se les adjudica responsabilidad en el plan para matarlo, pero sí una

decisión de no contar datos clave. Por ejemplo, no avisaron a los investigadores de la desaparición de la computadora. Además, se probó que habían entrado en la escena del crimen cuando ya estaba precintada. Creen que actuaron con “agradecimiento” a la Fuerza por los beneficios que le habían prestado al detenido.

La fecha de la muerte ■ “La muerte debía acontecer el 10 de diciembre”, dice el fallo. Sugiere que eso podría ser por varios motivos. Unos días después Febres debía enfrentar la sentencia y la opción de hablar. O era un mensaje político: ese día asumía la nueva presidenta.

Los acusados ■ El prefecto Volpi estaba a cargo del cuidado de Febres. Eran compinches. En una escucha telefónica, un suboficial sugiere a su interlocutor: “Por ahí, el gordo [Volpi] le puso el veneno”. Para la jueza, al menos fue uno de los que prepararon la “zona liberada” para el asesinato. Rubén Iglesias era el jefe del destacamento de Tigre donde ocurrió el crimen. No podía desconocer el plan y, además, participó activamente del borrado de pruebas, según el auto de procesamiento.

Impacto en Santiago por la detención del ex caudillo Juárez bernador constitucional de los 70 en ser investigado judicialmente por la desaparición de personas. Su abogado, Francisco Cavallotti, calificó la medida de “increíble e inaceptable” por considerar que el ex cinco veces mandatario provincial fue uno de los “más comprometidos con los derechos humanos”. De hecho, Juárez fue el primer mandatario justicialista en apoyar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner en 2003. “Uno cree que ya lo vio y oyó todo, pero después aparecen estas resoluciones totalmente infundadas que nos indican que alguien con tal de posicionarse y dar guiños al poder central es capaz de imputarle a una figura bisagra en la historia de la provincia los delitos de tortura y homicidio”, se quejó Cavallotti. Y recordó que había sido “justamente él el creador de una comisión especial allá por el 84 para investigar estos hechos”. El legislador provincial justicialista Eusebio Iturre, hijo del desaparecido ex gobernador y rival de Juárez, el ingeniero Cesar Eusebio Iturre,

Biblioteca en la ESMA Los ex marinos también se apoderaron de un Chevrolet Special de Tarnopolsky y de una biblioteca que pertenecía a Carazo y que Acosta instaló en la oficina que tenía en la ESMA. Se estima que muchas de las operaciones de apoderamiento de bienes de detenidos ilegales fueron puestas a nombre de Berta Rádice, hermana del ex marino. Torres también había investigado otras acciones ilícitas de los represores vinculadas con los desaparecidos como el secuestro y despojo de bienes del abogado Conrado Gómez y de los empresarios Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma, que formaban la sociedad anónima Cerro Largo con sedes en la Capital Federal y en Mendoza. En la década del 70, el patrimonio de Cerro Largo S.A. estaba integrado por terrenos en Chacras de Coria y Luján de Cuyo, Mendoza. Esas tierras fueron puestas a nombre de una sociedad fantasma y luego loteadas para la construcción de un exclusivo barrio privado. Por esa misma investigación está procesada la ex jueza en lo contencioso administrativo Emilia García, que supuestamente tuvo a su cargo la certificación en carácter de escribana de la transferencia irregular de los bienes de los detenidos a sus carceleros.

Entre la jardinería y la lectura

Lo acusan de desaparición antes del golpe SANTIAGO DEL ESTERO.– El gobernador de Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora, se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia en la investigación por la cual fue detenido en las últimas horas el ex mandatario Carlos Juárez, acusado de delitos de lesa humanidad ocurridos durante su gestión en el período constitucional comprendido entre 1973 y 1976. Así trascendió de colaboradores del gobernador santiagueño poco después de conocer la decisión tomada por el juez federal local Guillermo Molina, quien procesó y ordenó la prisión preventiva domiciliaria de Juárez, acusado de “privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura y homicidio calificado”. De hecho, días atrás fue el propio Zamora el que entregó a la Justicia documentación hallada en el servicio penitenciario provincial que daba cuenta de traslados de detenidos sin autorización judicial durante la dictadura y que comprometía al ex jefe de inteligencia del juarismo Musa Azar. Juárez, de 90 años, es el primer go-

Los ex marinos Jorge “El Tigre” Acosta, Jorge Carlos Rádice, alias “Ruger” o “Gabriel”, y Carlos José “León” Pazo serán sometidos a juicio oral y público acusados de apoderarse ilegalmente de un departamento, de un automóvil y de una biblioteca que pertenecían a Juan Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazzo, que desaparecieron después de pasar por el centro clandestino que funcionó en la ESMA. En Tribunales pudo saberse en las últimas horas que el juez federal Sergio Torres cerró la etapa de instrucción de esa causa para proceder a su elevación a juicio oral. El magistrado procesó a los ex marinos a quienes encontró responsable de la apropiación de los bienes de los tres detenidos durante la dictadura. Todos se encuentran detenidos a la espera del juicio. Según pudo reconstruir el juez en la etapa de instrucción, Muneta fue extorsionado por Acosta, Rádice y Pazo para que firmara una escritura falsa de la venta del departamento que tenía en la avenida Belgrano 1651/57 poco antes de hacerlo desaparecer junto con su madre.

ARCHIVO

Carlos Juárez fue el hombre fuerte de Santiago del Estero durante medio siglo

calificó la medida de “importante”. “La Justicia, aunque ya habiendo pasado mucho tiempo, empieza a poner claro sobre oscuro sobre lo que paso en esta provincia”, razonó Iturre.

Caso emblemático De los 14 casos que integran la causa judicial contra Juárez, uno se destaca por haber desaparecido en la propia Casa de Gobierno el 3 de diciembre de 1975. Se trata de Emilio Alberto Abdala, alias el “Chongo”, reconocido mi-

JUAN DURANDO Tiene 79 añosy se perdió en septiembre del 2007 en Lanús.

litante del justicialismo provincial. Casi todos los otros desaparecidos eran militantes justicialistas de Tendencia o Izquierda Peronista, la línea opositora a Juárez. También desaparecieron los hermanos Arévalo, conocidos dirigentes de la izquierda peronista, opositores a Juárez y adherentes a la figura del Che Guevara y la revolución cubana. En diálogo con LA NACION, el dirigente de derechos humanos Antenor Ferreira afirmó que “la importancia de esta resolución judicial es recono-

cer, por primera vez en el país, que un gobernador constitucional ha cometido delitos de lesa humanidad y se lo procesa, ordenando su detención como autor mediato de los graves delitos de desaparición forzada de persona, tortura y homicidio calificado”. Además, opinó: “Santiago del Estero acepta castigar no sólo al que participa directamente de los crímenes, sino también a los responsables políticos”.

JUANA ACEVEDO Se perdió en el 2004 en Berazategui. Tiene 72 años.

Leonel Rodríguez

SANTIAGO DEL ESTERO.– La casa del ex matrimonio gobernante se convirtió en los últimos años en su prisión, aunque con lapsos de libertad por la absolución en algunas causas, en los que ambos –Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés– podían salir a algún bar del centro santiagueño. La Rosadita, como se conoce aquí la imponente residencia de altos muros de los Juárez, tiene permanente custodia de la Policía Federal en la vereda. La primera detención de los Juárez se dio en abril de 2004, el mismo día en el que Pablo Lanusse desembarcaba como interventor provincial, designado por el presidente Néstor Kirchner. En aquella ocasión, a Juárez se lo acusaba de encubrimiento en causas de derechos humanos. Su esposa estaba denunciada por cobrar sueldo y jubilación. Ambos estaban acusados por saqueo, robo en banda y en poblado del domicilio de su opositor José Figueroa. Ella realiza trabajos de jardinería y se jacta de tener uno los jardines “más lindos y más coloridos de Santiago”. El usa bastón y su vista está muy reducida, pero se da tiempo para “ver televisión y leer mucho”, según cuentan sus allegados.

OSCAR VAZQUEZ Tiene 73 años y se perdió en Octubre de 2006 en Lanús.