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economía

| Domingo 10 De febrero De 2013

Nota de tapa

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Ley de defensa del consumidor

Hubo una reforma en 2008 (ley 26.361) que incluyó la posibilidad de dar de baja servicios por el mismo medio con el que se contrataron y la extensión de garantías de electrodomésticos.

progresos legales

Algunos pasos adelante y multas excepcionales

La portabilidad numérica en la telefonía móvil, el cobro de llamadas a partir de la respuesta del interlocutor o de su casilla, y la ley de medicina prepaga fueron avances de 2012. Más allá de eso, las faltas a la normativa y reglamentos de suministro

de servicios prevén sanciones. Por caso, algunas fallas de calidad en la provisión de electricidad se reparan con reintegros a los usuarios. Y hay multas excepcionales como los $ 158 millones impuestos a Edesur y Edenor por los cortes de noviembre.

La protección al consumidor hace agua Las firmas se amparan en su masividad

Viene de tapa

El resultado, con ciudadanos más instruidos, fue un estallido de quejas en una variedad de ventanillas habilitadas. “En el mundo entero, y también en la Argentina, los derechos de los consumidores han avanzado mucho y se han desarrollado mecanismos cada vez más fuertes para asistirlos”, describe Daniel Vítolo, abogado especialista en la materia. Los 0-800 de las empresas dejaron de ser las únicas vías de reclamo y proliferaron organismos nacionales, provinciales, municipales; tribunales administrativos y órganos de contralor de servicios; defensorías, asociaciones, y otros, que componen una telaraña de posibilidades para solucionar contrapuntos entre clientes y empresas o, a veces también, con el Estado mismo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación logró frenar por tres años el cobro de un cargo adicional en la tarifa del gas natural para cubrir las importaciones del suministro, e interpuso una medida cautelar para evitar cortes de energía a quienes no pagaran aumentos considerados “contrarios al principio de razonabilidad”. El amparo legal, dice Vítolo, trasciende el genérico usado por la Presidenta: “Nada tienen que ver las políticas de precios máximos, la restricción de importaciones o los acuerdos de precios con los derechos del consumidor, que aluden a temas de información, publicidad, garantía, calidad del producto, seguridad y otros aspectos”, explica, con la aclaración de que la Constitución obliga a las autoridades a proteger esos derechos. El progreso formal en favor de los consumidores, señalan algunos especialistas, puede toparse en la práctica con aplicaciones parciales o tardías, o enredarse en la compleja matriz de defensa del consumidor, donde, argumentan, falta coordinación. Con ese fin, asociaciones de consumidores impulsan una federación que las integre a nivel nacional. Por estos días, el panorama no es alentador. La politización en esa trama corrió el foco de los consumidores. En el ámbito nacional, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor depende de Guillermo Moreno, quien, también allí, puso su sello: el año pasado tachó del registro de las asociaciones de defensa del consumidor (condición para su operatividad) a Consumidores Libres, del ex diputado socialista Héctor Polino. Su falta fue relevar precios, una actividad que realizaba desde mucho antes de la intervención del Indec y de la preocupación del Gobierno por disimular los incrementos. Luego, la censura cayó sobre Adelco, que debió dejar de publicar su canasta tras 20 años, para no perder la personería. “Era información requerida, por ejemplo, para fijar cuotas de alimentos en algunos juicios”, cuenta Claudia Collado, titular de Adelco. Moreno profundizó el control sobre los defensores. Tras el caso de Polino, creó con ayuda de la subsecretaria María “Pimpi” Colombo –que se excusó durante dos semanas de responder la consulta de la nacion– un comité de ética destinado a evaluar el funcionamiento de las asociaciones. Mientras tanto, el registro oficial sumó nuevos miembros que asociaciones de larga trayectoria definen como

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“sellos de goma, siempre del lado del Gobierno” a la hora de juzgar a los colegas increpados por el funcionario. “Así como dividió a la CGT, la CTA y otros, ahora divide a los defensores del consumidor, intentando crear un movimiento de entidades adictas al Gobierno, y desnaturalizando su rol, independiente de las empresas y los gobiernos”, dice Polino. En junio de 2012, Moreno formalizó con la resolución 47 el manejo de las bajas del registro, a gusto y criterio propio. Según pudo saber la nacion, con la misma arbitrariedad son asignados los subsidios de la subsecretaría a las 45 asociaciones anotadas, que rondan un monto mínimo de $ 25.000 anuales. La subsecretaría no aportó precisiones. Por caso, Adecua, la asociación que quedó en el centro de un escándalo esta semana, no percibió subsidio alguno en todo 2012. La opción de financiamiento es la participación en entes reguladores u otros

Serio, pero no Solemne Juan Carlos de Pablo

¿Deben pagar los asalariados impuesto a los ingresos? El esquema debería ajustarse por inflación y no tener excepciones, opina Francisco Suárez

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a reciente modificación del mínimo no imponible, para calcular el impuesto a los ingresos que deben abonar los asalariados, manteniendo invariable la escala de los alcanzados por el tri-

buto, volvió a poner sobre el tapete la cuestión de qué ingresos deben estar gravados y cuáles exentos. Al respecto entrevisté al español Francisco Suárez (1548-1617), quien según Marcelo Ramón Lascano de-

organismos que sustentan proyectos específicos. Adecua podría convertirse pronto en la segunda baja del registro. Así lo cree Sandra González, titular de la asociación, quien había sido expulsada de una reunión por Moreno, por preguntarle cuál era su concepto de ética para aplicar en el comité. Días atrás, Adecua fue acusada por una supuesta estafa a 1,7 millones de consumidores en connivencia con la Justicia por acuerdos con seis bancos, que habrían ahorrado $ 367 millones al dejar de pagar indemnizaciones por cobros indebidos. La investigación de Colombo llegó hasta el discurso presidencial y terminó con la renuncia de tres abogados a sus cargos públicos. La Presidenta propuso dar un paso más en el control de las asociaciones, a través de un “protocolo” para regir su actividad. El abogado de Adecua, Osvaldo Riopedre, habla de persecución: “La subsecretaría estaba al tanto de los

acuerdos –el de Santander y Galicia, también sellados por las asociaciones Proconsumer y Damnificados Financieros, y el de la financiera GMAC, por Cruzada Cívica–, ya que habían sido informados a través de las presentaciones anuales a las que estamos obligados”. En Adecua creen que hay una intencionalidad de desgastar a las asociaciones que hablen de precios. “El rol del Estado como defensor de los consumidores es indelegable, pero deberíamos trabajar en conjunto”, lamenta González. La verticalización impuesta por Moreno, opina Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, anuló los espacios de debate: “Antes, nos reuníamos en el consejo consultivo a discutir los problemas de los consumidores. Ahora no existen esas instancias”. Los acuerdos son comunes en el ámbito judicial. Por caso, en una acción colectiva presentada en 2009 en

el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 por una asociación cercana a la visión oficial, parte de la compensación a los clientes de una tarjeta por cargos de “exceso de límite de compra” fue otorgada en puntos que permitían acceder a premios. Sin alusiones particulares, Vítolo aconseja “cuidarse de asociaciones poco profesionales que puedan hacer sus propios negocios y celebrar acuerdos espurios con proveedores, frustrando sus derechos”. Fuera de las acciones colectivas, la judicialización en defensa del consumidor es baja. Gran cantidad de reclamos alcanza soluciones por la vía administrativa. “Las empresas están predispuestas a acordar; por eso hay altos porcentajes de éxito en las mediaciones”, explica Alicia Pierini, defensora del pueblo porteña. “Si no te defendés vos no te defiende nadie”, dijo la Presidenta. Los consumidores tendrán que estar atentos a todos los frentes.ß

as quejas de los usuarios tienen un blanco favorito: la telefonía móvil encabeza la mayoría de los rankings de distintos organismos y entidades de consumidores. Si bien el Gobierno puede frenar alzas que considera abusivas, “los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados”, indica un informe de la Auditoría General de la Nación sobre telefonía móvil. Al destacar su “interés público”, el organismo se alinea con la idea de declarar a la telefonía celular un servicio público, escuchada en ámbitos legislativos. Los operadores, que ampliaron su atención telefónica a la Web y redes sociales, atribuyen los reclamos al tamaño de su mercado. “Somos la industria de mayor cantidad de clientes en el país”, indicaron en Personal, que cuenta 19 millones de clientes y acumula en su call center más de 54 millones de llamadas al año. Allí, como en Telefónica y Movistar (fija y móvil), contrastan la proporción de quejas con sus masivas clientelas. Según datos de la firma de origen español, la cantidad de clientes que hace presentaciones en entidades de consumidores es inferior al 0,1% (2,3 millones) en un total de 23,6 millones de clientes. El argumento es similar en Claro, donde dicen haber reducido un 20% el número de denuncias en entidades de consumidores en 2012. En Telefónica y Movistar, donde destacan los problemas de facturación entre los principales reclamos, dicen alcanzar un 80% de los acuerdos en el primer encuentro con asociaciones. Las distribuidoras eléctricas también acumularon críticas este verano. Estos “monopolios naturales” tienen un mecanismo de compensación a damnificados previsto en un reglamento. Por ejemplo, explicaron en Edenor, “la empresa está habilitada a cortar un total de diez horas o seis veces el suministro a un cliente en un semestre”. Si lo excede, cuando el ENRE lo registra en el control de calidad, lo multa y el usuario recibe una compensación en su factura; pero eso puede demorar más de un año. Distinto es si un fenómeno meteorológico excepcional afecta las redes. Otro reclamo posible, añadieron en Edesur, es si una falla en el suministro “quema” un electrodoméstico. Tras una inspección, el usuario puede recibir la suma del costo del arreglo. En general, nadie niega el alto porcentaje de acuerdos. Pero ¿qué grado de satisfacción logran los usuarios? La pregunta es una de las variables del “barómetro del consumidor”, un informe elaborado por el Juzgado de Faltas N°2 de Defensa del Consumidor de La Plata, que aspira a convertirse en una herramienta a nivel nacional. En el trabajo que sirve de muestra, elaborado sobre expedientes archivados allí entre2008 y 2012, el índice de satisfacción alcanzó un 72,5 por ciento.ß

sarrolló de manera pionera los fundamentos científicos del universo fiscal. Según Suárez, los impuestos deben cumplir las siguientes condiciones: potestad legítima de quien los crea (anticipó el famoso principio “no deben cobrarse impuestos si no existe representación”), justa causa y proporción debida. Cuando uno pregunta por hombres de Iglesia que se dedicaron a la economía, automáticamente se piensa en Thomas Robert Malthus. Pero no fue el único; porque también integran la lista el jesuita Suárez, el francés Nicole Oresme (defensa del poder adquisitivo de la moneda), el inglés Thomas Bayes (teoría de las probabilidades) y el mexicano Tomás de Mercado (teoría cuantitativa del dinero, según Oreste Popescu). –¿Por qué sobre el gasto público y los impuestos hay opiniones tan dispares? –Porque desde la perspectiva individual, tenemos una generosidad extrema cuando nos referimos a los gastos públicos, pero cada uno

de nosotros piensa que los impuestos los tienen que abonar los otros. Pregunte usted que habría que hacer con las jubilaciones, el salario de los maestros o los subsidios a los necesitados, y a coro todo el mundo responderá: “aumentarlos”. Inmediatamente después pregunte quién tendría que pagar los impuestos con los cuales se financiará el aumento de los gastos públicos que se acaba de proponer, y los jóvenes dirán que los viejos, los porteños que los salteños, los industriales que los agricultores, etcétera. Posturas convenientemente presentadas desde el punto de vista político y social: nadie se niega de plano, pero todo el mundo explica por qué es diferente, y por consiguiente no tiene que participar del esfuerzo. –¿Cómo se soluciona el problema? –Debemos apelar a criterios generales, sabiendo que seremos atacados por quienes, según esos criterios, tienen que pagar más. En su libro de texto clásico, La teoría de las fi-

nanzas públicas, publicado en 1959, Richard Abel Musgrave, explicó que los criterios generales básicos son el beneficio del gasto público y la capacidad de pagar los impuestos (criterios que no siempre van de la mano). La técnica impositiva recomienda la aplicación de impuestos “universales”, por ejemplo, los que gravan los ingresos, los patrimonios, las transacciones, etcétera. –En el caso del impuesto a los ingresos, ¿debe haber excepciones? –Contadas y muy bien fundadas. –Por ejemplo, el ingreso de los asalariados… –No me parece justo que esté totalmente exento, y el resto de los ingresos tribute. Por ejemplo: no me parece justo que el salario de los gerentes esté exento del impuesto a los ingresos, mientras que el ingreso del verdulero de la esquina tenga que pagar. Es más: el impuesto a los ingresos no ajusta los ingresos según el riesgo en que incurrió quien los generó, sino que le cobra al que

corrió el riesgo y ganó, y no le paga a quien corrió el riesgo y perdió. –Pero entonces… –El mínimo no imponible posibilita que dos personas que tuvieron distintos ingresos paguen igual si uno obtuvo ingresos como asalariado y otro, por ejemplo, como dueño de una casa que alquila. Ahora bien, una vez definido el tamaño del mínimo no imponible, su ajuste en función de la tasa de inflación bien medida debería ser automático (utilizando algún mecanismo de indexación) o casi automático (modificación en períodos regulares, aproximadamente sobre la base del aumento de los precios). –No es lo que ocurre en la Argentina. –Por consideraciones económicas y políticas. Entre los economistas y los políticos existe un conflicto, porque mientras los primeros están a favor de las reglas, los segundos prefieren la discrecionalidad y el paternalismo. –Don Francisco, muchas gracias.ß