Política
Lunes 12 de noviembre de 2007
Un caso de corrupción a juicio oral
Corte
La Pampa: más evidencias de un desvío de fondos Duras acusaciones contra ex funcionarios del gobernador Marín Por Sergio Romano Para LA NACION SANTA ROSA.– Despilfarro, absoluta falta de control y enriquecimiento ostentoso. Este escenario es el que parecería haber quedado en claro en las primeras jornadas de un juicio oral y público por el presunto desvío de 960.000 pesos del Estado provincial entre 1999 y 2003 en un organismo muy cuestionado en La Pampa: el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (Ipav). El desfile de testigos que comenzó la semana pasada por los tribunales continuará hoy con una ronda de 20 personas que fueron convocadas a declarar y que provienen del Tribunal de Cuentas provincial, del Ivap y proveedores del Estado. La semana última, una testigo complicó con su declaración en la Cámara en lo Criminal N° 1 de Santa Rosa a los acusados: dijo que desviaban dinero del pago de las cuotas de casas y que lo usaron para arreglar sus viviendas, saldar las deudas de los teléfonos celulares particulares y pagar fiestas de fin de año en hoteles y clubes. También aseguró que se entregaban presentes para Pascuas y el Día de la Madre. Todo, con dinero de los adjudicatarios de viviendas. Los acusados son siete. La investigación apunta a conocer si desviaron 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003. Los sospechosos son de la plana mayor del Ipav, que se desempeñaron durante la
gestión del ex gobernador Rubén Marín (PJ). Los más comprometidos son Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz, vicepresidente y gerente general, respectivamente, del organismo estatal. Estos ya declararon y negaron las acusaciones por tres delitos que se les imputan: asociación ilícita; peculado (sustracción de fondos públicos), presuntamente cometido a través de las operatorias con el Banco Hipotecario y gastos de inspección, y pago de coimas a un contador fiscal entre 1994 y 2003 para que no controlara las cuentas del Ipav. Agüero también suma otra acusación: peculado de servicios, porque con dineros del instituto habría abonado el arreglo de un calefactor de su departamento por 50 pesos y la limpieza de él por 100 Marín pesos mensuales. La arrepentida Flavia Peñalva, una empleada de 34 años que trabajó durante una década en negro en el Ipav, es la “arrepentida” del caso. Fue la llave que posibilitó conocer cómo eran los manejos de dinero. Las autoridades del Ipav, a días de dejar el poder con el desembarco en la gobernación del actual gobernador Carlos Verna (PJ), en 2003, la acusaron de haber desviado miles de pesos a cuentas bancarias suyas, de sus hermanas y de sus cuñados. Fue detenida y, al sentirse que había quedado sola,
habló y acusó a la plana mayor del organismo. En el Ipav pretendían que Peñalva se hiciera cargo del millonario desfalco, pero terminaron acusados. “¿Creen que una empleada en negro puede hacer todo esto sola?”, dijo en 2003, cuando fue detenida frente a la jueza Verónica Fantini. Pero igualmente la joven ha dicho que, pese a desviar ese dinero a sus cuentas bancarias, los billetes se utilizaban para pagar gastos del instituto y de los directivos. Peñalva –que en este juicio se presentó como testigo, ya que ella, sus hermanas y sus cuñados ahora esperan otro juicio, que aún no tiene fecha– volvió a emitir duras acusaciones. En su declaración testimonial dio detalles de cómo era el descontrol. Acusó a Agüero, a Araniz y a una ex jefa de Contabilidad, y liberó de culpas a los otros cuatro acusados. “Sólo cumplían órdenes”, dijo. El Tribunal de Cuentas de la provincia, que está cuestionado por la oposición política de no hacer los respectivos controles, otra vez quedó fuertemente complicado: en este juicio, el ex contador fiscal del tribunal, Rubén Angel Naval, está acusado de haber recibido 400 pesos mensuales de coimas de parte de las autoridades del Ipav para que hiciera la vista gorda.
LA NACION/Página 9
Por Nik
Breves EN CORDOBA
De la Sota habló y se ganó todas las críticas ■ Las críticas del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, contra el aumento en las retenciones al agro decidido por el Gobierno no hicieron más que generar quejas en el kirchnerismo. La diputada Patricia Vaca Narvaja afirmó que “De la Sota añora la política económica de los 90” y agregó que el gobernador “se guía por el oportunismo y por intereses mezquinos”. Las diferencias entre De la Sota y el kirchnerismo son cada vez mayores. EN MISIONES
Préstamos personales para pagar sueldos ■ Los más altos funcionarios del departamento de Eldorado, en Misiones, pidieron un préstamo personal de $ 30.000 cada uno para pagar los salarios a los empleados públicos. Esto sucedió porque el gobierno del kirchnerista Carlos Rovira retuvo la coparticipación provincial, informó la agencia DyN.
