2

|

economía

| Domingo 29 De septiembre De 2013

Jubilaciones, un futuro imperfecto: el debate pendiente Viene de tapa

La sustentabilidad del régimen a largo plazo; la alta cantidad de juicios en contra de la Anses; la forma en que se financia el pago de haberes; la administración del fondo de garantía, integrado básicamente por los recursos que habían acumulado los afiliados a las AFJP; la informalidad laboral; una moratoria temporal y con inequidades, y la falta de respuestas para quienes habían hecho aportes voluntarios en el régimen de capitalización son algunos de los temas para un debate de fondo que sigue pendiente. El sistema de la Anses tiene 5,9 millones de jubilados y pensionados, a los que se suman 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Dentro del primer grupo, 45% de las prestaciones (casi 2,7 millones) fueron otorgadas por una moratoria que benefició a quienes habían hecho pocos o ningún aporte. El plan no tuvo cálculos previos del costo para las cuentas públicas y, si bien permitió elevar el porcentaje de personas mayores con ingresos, no discriminó por situación social ni previó una continuidad en el tiempo, por lo que la tasa de cobertura volverá a caer. Hoy, la moratoria provoca desigualdades , ya que la posibilidad de acceso y el costo implicado dependen de algo discrecional: la fecha de nacimiento de las personas. Esto se debe a la limitación del período por el que se puede declarar deuda y pagarla con cuotas baratas y por descuento de haberes. “La amplitud de la cobertura no debería depender de ocasionales y caprichosas moratorias, sino de una política que asegure una asignación universal para la tercera edad”, señala Luciana Díaz Frers, directora del programa de Políticas Fiscales del Cippec, que destaca, de todas formas, como hecho valioso que hoy 96% de la población mayor tenga ingresos. A ese índice se llega sumando los pasivos con prestaciones de la Anses y de otros sistemas en vigor, en el país. Como contraparte de los 7,3 millones de beneficiarios, hay 8,1 millones de personas que contribuyen al financiamiento, por ser trabajadores activos y en blanco. Esa relación de 1,3 aportantes por cada beneficiario enciende una luz de alerta, en un sistema que insume alrededor de un tercio del gasto público de la Nación. Según cálculos de la consultora Idesa, si se considera sólo a quienes se jubilaron con aportes completos, la relación se establece en 2,75. No es un dato menor que 1,3 millones de contribuyentes sean monotributistas, que tendrán derecho al haber mínimo, hoy de $ 2477, desde un esquema que muestra una inequidad: quienes están en ese régimen aportan al SIPA $ 157 mensuales, mientras que un empleado con el salario mínimo contribuye con más de cinco veces esa cifra (entre el aporte propio y el del empleador) para obtener finalmente el mismo beneficio. La relación entre aportantes y beneficiarios está ligada al nivel de informalidad, que en la Argentina afecta a prácticamente la mitad de los ocupados, sumados los asalariados y los cuentapropistas. “Que de 17 millones de trabajadores sólo aporte la mitad es una bomba de tiempo”, afirma el diputado Claudio Lozano, que desde la oposición votó a favor del fin de las AFJP y que cuestionó en los últimos años el uso de los recursos estatizados, denuncias judiciales mediante contra Boudou, quien ape-

nas traspasado el fondo a la Anses, lo manejó sin dar informes ni datos por más de un año y medio. Ahora se publica información con frecuencia trimestral y, según fuentes de la Anses, su director ejecutivo, Diego Bossio, fue 17 veces al Congreso, a la comisión bicameral que debe ejercer controles. Sin embargo, Lozano lamenta que los datos lleguen ex post y con retraso, cuando debería existir –sostiene– un consejo integrado por el Estado, los trabajadores y los empresarios, que se involucre en la gestión y control del fondo. Para Lozano, dado que el mercado laboral dificulta hoy sumar los 30 años de aportes, habría que pensar en un esquema de prestaciones de tres escalones: una prestación básica y universal; otra que se otorgue con la lógica de sistema de reparto y con pagos proporcionales según la cantidad de aportes hechos, y una tercera, que permita adicionar contribuciones voluntarias de quienes tengan

63,1%

Sustitución Es, según la Anses, lo que representa el haber promedio de los jubilados con aportes, respecto del salario medio de la economía

$ 190

Pagos por juicios En miles, es el monto promedio de las retroactividades en favor de los jubilados, que se derivan de las sentencias judiciales.

capacidad de hacerlas para mejorar su ingreso futuro. “Este sistema es inviable en el largo plazo”, sostiene el economista, que considera que la reforma quedó inconclusa y que deberían restituirse a su valor original las contribuciones patronales, rebajadas en los 90 y, para algunos casos, también por el actual Gobierno. Financiamiento mixto Hoy por hoy, 56 de cada 100 pesos usados en los pagos provienen de aportes personales y contribuciones patronales. Los otros 44 se detraen de los impuestos generales, en función de porcentajes ya establecidos y en un esquema no libre de conflictos. Con las reformas de la década del 90, las provincias cedieron 15% de los fondos coparticipables en favor de la Anses. En los últimos años, surgieron los pedidos de restitución de esos recursos. Además hay otra discusión porque varias provincias no gobernadas por el kirchnerismo, como Córdoba y Santa Fe, afirman que la Nación les debe una compensación por los déficits de las cajas previsionales provinciales que en los noventa no fueron transferidas a la Nación. Un cálculo realizado por el Ieral de Fundación Mediterránea proyecta para este año un superávit en las

Serio, pero no Solemne Juan Carlos de Pablo

Las restricciones a las importaciones son muy poco reales Para Fleming, asignar divisas a sectores con actos administrativos suena bien, pero no resulta

L

a principal preocupación de la mayoría de los empresarios con los cuales tuve contacto en las últimas semanas es que la Secretaría de Comercio Interior les apruebe las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI),

sin las cuales les resulta imposible conseguir insumos y materiales que necesitan para producir localmente. ¿Con qué criterio se aprueban o se rechazan; hasta cuándo seguirá funcionando el esquema?, se preguntan.

cuentas de la Anses equivalente a 1,12% del PBI. Datos aportados por el organismo indican que entre 2009 y 2012 se acumularon excedentes (netos de las rentas del fondo de garantía) por $ 22.417 millones. El resultado positivo muestra el saldo entre lo que ingresa y lo que se paga, sin considerar lo que significaría liquidar los haberes, en forma generalizada, según los criterios dispuestos por la Corte Suprema en sus fallos sobre reajustes. Hacer tal cosa, y según la Anses, significaría quedar por debajo de la línea de equilibrio. Entonces, el resultado actual está en gran medida explicado por la falta de ajuste por inflación que sufrieron muchos jubilados entre 2002 y 2006. La política de subas discriminatorias que hubo en esos años es, además, la explicación para los 283.100 juicios que se tramitan por reajustes, según la estadística de la Anses. Al margen de esas consideraciones y según el Ieral, si los pagos actuales dependieran sólo de los aportes de trabajadores y empresas, el déficit sería de 3,6% del PBI. Esos datos dan cuenta de que el financiamiento mixto del sistema (ingresos genuinos e impuestos) es un hecho inevitable. Y el contexto –peleas entre gobiernos– indica que toda eventual discusión por sumar recursos tendría su grado de conflictividad. Llegado el momento de tener que ajustar las tuercas del sistema, ¿qué camino se tomará? “Si se saca más plata de la coparticipación, va a haber más problemas –anticipa Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL–. Los sistemas en el mundo tienden a que la previsión social tenga algo de impuestos generales en sus fuentes de financiamiento, pero las últimas reformas van en el sentido de hacerlos más solventes a través de sus ingresos genuinos.” Para el economista, hoy la Argentina tiene un sistema “que usa la caja y no prevé cuestiones en el tiempo, por lo que deja problemas hacia adelante”. De acuerdo con datos publicados por la Anses en 2010, cuando rechazó el proyecto de ley para equiparar la jubilación básica a 82% del salario mínimo (norma aprobada y vetada), en la década pasada 10% de la población tenía más de 65 años. Esa proporción crece y llegaría a 19% entre 2045 y 2050, cuando los actuales aportantes estén en su etapa pasiva. Si bien no se conocen proyecciones de mediano y largo plazo sobre los resultados del sistema, fuentes del Gobierno afirman que, según un estudio hecho tras la última reforma, los problemas aparecerían en el período de 2025 a 2030. “Las cuentas deben revisarse año tras año e internacionalmente se plantean mecanismos para hacerlo”, explica un conocedor del tema, que estuvo en la función pública. La aparición de problemas en el esquema de financiamiento debería hacer entrar en acción al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al que fueron los ahorros acumulados en las AFJP (ver aparte). La ley prevé que los recursos sean usados para pagar jubilaciones ante un desequilibrio temporario. Así, mientras que la sustentabilidad depende de los requisitos para acceder a las prestaciones, de la fórmula de cálculo de haberes y de las fuentes de financiamiento, al fondo se le reserva el rol de ser auxilio pasajero. Si bien hoy eso no sería apremiante, sí lo es la necesidad de exponer a un debate integral cuestiones que involucran a la sociedad entera.ß

Al respecto, entrevisté al escocés John Marcus Fleming (1911–1976), quien se desempeñó como funcionario internacional (en la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional). Como Ruggero Leoncavallo (autor de I pagliacci), escribió varias obras, pero es recordado por una monografía titulada “La mejor manera de restringir las importaciones”, que publicó en 1951. –Usted se ocupó de una cuestión que hoy preocupa a muchos empresarios argentinos. ¿Qué consejos daría? –Muy pocas recomendaciones son atemporales en economía. Además, escribí un trabajo esencialmente taxonómico. A mediados del siglo pasado, existía el control de cambio, importantes brechas cambiarias, acuerdos comerciales bilaterales (en el caso de la Argentina, principalmente con España), y la perspectiva de que la nueva moneda internacional, el dólar, fuera escasa, por el superávit comercial de Estados Unidos. Hoy las economías son

Recursos y obligaciones heredados

Números complicados CONTRIBUYENTES Y JUBILADOS Aportantes

Beneficiarios

8.136.327

7.318.036

Dependientes 6.174.658

Jubilados y pensionados con contribuciones 3.218.978 Jubilados por moratoria 2.684.611

Monotributistas 1.583.229

Pensiones no contributivas 1.414.447

Autónomos 378.440

CANTIDAD DE APORTANTES POR JUBILADO Sin moratoria ni pensión no contributiva Total de beneficios

2,75

2,70

2,33 1,91

1,66

1,34

1,47

1,33

1,33

2000

2002

1,69

1,69

2004

2006

1,44

1,35

2008

2010

0

2012

SUPERÁVIT PRIMARIO DE LA ANSES Aportes y contribuciones más recursos impositivos

En porcentaje del PBI

Sólo aportes y contribuciones

0

0,68

0,18

-2,9

-3,5 2003

2005

1,23

1,26

-2,5

-2,3

2007

2009

1,12

1,23

-3,0 -3,6 2013

2011

JUICIOS EN EL FUERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Total del sorteo de primera instancia 100.003 90.360

47.648

51.349

52.606

45.762 27.004

0 2002

2004

2006

2008

2010

2013*

2012

(*) hasta agosto

EN QUÉ ESTÁ INVERTIDO EL FONDO DE GARANTÍA Miles de millones de pesos Títulos públicos

Proyectos productivos

Acciones

183

38

Plazo fijo Otros (ON, disponibilidades) 23 14 27,5 292

AGO 2013

Total

DIC 2013

313

(*) estimación

195

48

24

14

31

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN Censo 2010

Censo 1991

Millones de habitantes:

5

Hombres 4

3

2

1

Mujeres 0

1

2

3

4

5

Edad: más de 85 años 80 - 84 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 Fuente: AFIP, Anses, Idesa, Ieral, Cámara de la Seguridad Social, Indec / LA NACION

mucho más abiertas, el control de cambios existe en muy pocos países y el financiamiento internacional abunda. –¿Qué protege a la producción local frente a la extranjera? –Los costos de transporte, el tipo de cambio, los aranceles y el resto de las trabas a las importaciones. El primer factor genera protección natural y explica que, desde hace siglos, el mercado de las especias está globalizado, mientras que el de arena todavía no comenzó. Ordené el resto de las herramientas en el sentido preferido por los economistas. A propósito: la reforma arancelaria introducida por el entonces presidente Arturo Frondizi a comienzos de 1959, buscó transformar las restricciones cuantitativas en aranceles, para que la Argentina pudiera ingresar en el GATT, que luego se transformó en la Organización Mundial del Comercio. –¿Cuál es el problema de restringir las importaciones con las DJAI? –Suena muy bonito decir que, vía

restricciones administrativas, se pueden asignar las divisas a los usos más necesarios, sin aumentar los costos de las importaciones. Pero tanto desde el punto de vista técnico como político, esto tiene poco que ver con la realidad. –Explíquese... –Al comienzo del sistema, las autoridades recibían alrededor de 3000 solicitudes de DJAI por día. ¿Alguien puede creer que los funcionarios pueden tener tanta información, y tanto cerebro, como para analizar tamaño número de pedidos? Nadie sabe, a ciencia cierta, con qué criterio se aprueban o rechazan las DJAI, pero la interacción “rechazoentonces insisto” llevó a que hoy se haya duplicado la cantidad original de solicitudes. –Los resultados… –Son congruentes con la naturaleza discrecional de la herramienta. ¿Por qué se importa tal y tal producto, y no tal y tal?, se escucha a diario. Y no solamente referida a las DJAI, sino también al resto de los gastos que obligan al Banco Central a vender

L

os activos financieros en los que está invertido el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del sistema previsional tienen un valor, al 30 de agosto pasado, de $ 292.172 millones. El monto supera en más de 200% el valor que tenían los recursos al ser transferidos desde las AFJP, en diciembre de 2008. Más allá del tono triunfalista con que el Gobierno se refiere a esa evolución, lo cierto es que en buena medida esa suba respondió a la recuperación de precios de los activos, que en el momento del traspaso estaban deprimidos por la crisis financiera mundial. El alza nominal del valor del fondo se transforma en un 41% en términos reales, si se considera la inflación del período, según puntualiza Marcelo Capello, presidente del Ieral. El economista agrega que el valor real actual del fondo es inferior al que tenía en 2010, ya que el rendimiento posterior estuvo por debajo de la inflación calculada por consultoras privadas. Esto llevó a otro efecto: una caída de la relación entre el valor del FGS y el gasto en seguridad social; ese ratio da hoy un 91% contra el pico de 136% de septiembre de 2009, según el Ieral. Dado que la ley dispone que el fondo puede ser usado para pagar prestaciones en caso de déficit, el economista Eduardo Levy Yeyati propone que, como el Estado es el garante del cumplimiento de las obligaciones del sistema, se netee del saldo la parte de deuda pública, que representa el 63% del total, con $ 183.500 millones. Desde la estatización, a los títulos públicos que tenían las administradoras se sumaron $ 23.184 millones de financiamiento neto al Tesoro. En la visión del economista, eso no serviría para el rol asignado al fondo. “Lo más lógico sería netear esta autodeuda pública e invertir el resto en un fondo fiscal anticíclico”, afirma. En un sistema de reparto, los recursos acumulados tienen una función muy diferente a la del régimen de capitalización, que contemplaba algunos aspectos hoy no previstos. Por ejemplo, la posibilidad de que los trabajadores hicieran aportes voluntarios para mejorar la jubilación futura. El sistema actual no sólo no los permite, sino que el Gobierno nunca terminó de reglamentar el mecanismo para que los ahorros que se habían acumulado por esa modalidad de aportes, sean devueltos a sus dueños. El tema está en la Justicia, donde varios fallos ordenaron una restitución inmediata. La reforma no contempló, además, la igualdad de derechos para quienes ya estaban cobrando prestaciones del sistema eliminado. Así, quienes optaron por cobrar su prestación con una renta vitalicia contratada en una aseguradora y sin participación del Estado, no tienen hoy la garantía de percibir, como base, el haber mínimo.ß

divisas a precio oficial. –¿Qué quiso decir con el plano político? –Potencialmente por lo menos, toda política discrecional genera “quioscos”. No quiere decir que existan. La política petrolera implementada por Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábato fue negociada de manera altamente sospechosa (la anulación de los contratos petroleros, durante la presidencia del radical Arturo Illia, se basó en razones de forma, no de contenido), pero nadie acusa hoy a alguno de estos funcionarios de corrupto. –¿Es factible esperar la eliminación de las DJAI y su reemplazo por otro tipo de trabas a las importaciones? –Difícil. En las últimas etapas, los gobiernos enfrentan fuertes problemas de falta de credibilidad. En las actuales circunstancias, ¿cómo se puede plantear de manera creíble el cambio en las reglas de juego que se implementó durante los últimos años? –Don Juan, muchas gracias.ß