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POLITICA

I

Martes 15 de septiembre de 2009

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOSs LA ESTRATEGIA JUDICIAL Y LA INTERVENCION DE LA CASA ROSADA

Interrogarán a Héctor Capaccioli Fue el recaudador de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007; lo anticipó ayer el juez Oyarbide en Salta HERNAN CAPPIELLO LA NACION Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña electoral 2007 que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, será citado a declarar por el juez Norberto Oyarbide en la causa que investiga la mafia de los medicamentos, según aseguró ayer el propio magistrado en Salta. Hasta allí fue, dijo, en busca de apoyo de la Virgen del Milagro para enfrentar un caso tan complejo. Oyarbide hizo estas afirmaciones el mismo día en que el Gobierno, a pedido suyo, intervino la Obra Social Bancaria (OSBA) y designó al frente del organismo al oncólogo platense Pedro Ferrara, hijo del ex ministro de Salud Floreal Ferrara. La declaración de Capaccioli sólo podrá concretarse si Oyarbide es confirmado en la causa, pues ayer el líder del gremio bancario, José Zanola, y su mujer, Paula Aballay, lo recusaron, al entender que prejuzgó y perdió imparcialidad cuando adelantó a los periodistas que iba a indagarlos. Oyarbide puede rechazar su recusación y será la Cámara Federal la que decida si sigue al frente de la causa. Además, Oyarbide adelantó su intención de continuar con la declaración de Capaccioli. “Va a ser citado”, contestó el juez a un periodista de El Tribuno, de Salta, cuando lo consultó en el aeropuerto. Capaccioli apareció nombrado en la investigación a partir de los aportes de campaña que obtuvo de empresarios relacionados con laboratorios. Algunos de ellos luego dijeron que no habían puesto dinero, sino que sólo prestaron su nombre para aparecer como aportantes. Capaccioli era superintendente de Salud, pero renunció a su cargo por las diferencias con la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña, denunciante en esta y otras causas por remedios adulterados. Lo hizo cuando se supo que Sebastián Forza, uno de los muertos en el triple crimen de General Rodríguez, había aportado a la campaña electoral kirchnerista. Oyarbide dijo: “Es evidente que el control [del Estado] no existió, porque se estaban vendiendo medicamentos oncológicos robados, adulterados o aquellos cuya venta estaba prohibida porque debían entregarse en forma gratuita por orden del Ministerio de Salud”. Por todo esto expresó que su tarea es “determinar hasta dónde llega la cadena de complicidad”. Afirmó: “Creo que la hay. Es una red de esta gente que debe de haber estado operando a modo de célula”. Oyarbide, devoto de la Virgen del Milagro, al igual que su madre, que es salteña, explicó ayer a los periodistas que pensaba recurrir al apoyo divino para encarar esta complicada pesquisa. Antes de que el juez viajara a Salta, el fiscal del caso, Luis Comparatore, pidió que tomara declaración a los pacientes de los hospitales porteños y bonaerenses que habían tomado remedios oncológicos y para el VIH –que se cree fueron adulterados–, y profundizar en el patrimonio de los empresarios sospechosos y sus operaciones financieras. También Oyarbide pidió que se citara de inmediato a prestar declaración a Néstor Lorenzo, socio del laboratorio San Javier y primer detenido en esta causa. Oyarbide excarceló al sospechoso, pero a pesar de haber ordenado su arresto nunca lo interrogó. Comparatore quiere un listado de los bienes de Lorenzo para evitar que se desprenda de ellos y provoque “una eventual insolvencia fraudulenta”, posibilidad que dejaría a las autoridades sin parte de la prueba e impediría embargos.

JUICIO EN LA HAYA

Acusó la Argentina a Botnia por contaminar Fue el eje de una presentación oficial

MARIANA ARAUJO

Carteles con el rostro del titular de la obra social bancaria, José Zanola, aparecieron ayer en las calles porteñas

El Gobierno intervino La Bancaria y promete hallar a los responsables Nombró interventor al oncólogo Pedro Ferrara; la medida no tiene plazo de finalización Luego de un fin de semana en que el escándalo por la mafia de los medicamentos falsificados no paró de crecer, el Gobierno dispuso ayer la intervención de la obra social de los bancarios, en respuesta a un pedido que había hecho la Justicia el sábado pasado. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que, tal como había informado ayer LA NACION, la presidenta Cristina Kirchner acababa de decretar el apartamiento de la conducción de la obra social de La Bancaria de Juan José Zanola, que seguirá de todos modos a la cabeza del gremio. En su lugar, el Gobierno nombró al oncólogo platense Pedro Ferrara, hijo de Floreal Ferrara, ex ministro de Salud bonaerense y gerente de Prestaciones en el Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) durante la gestión de Zanola en el sindicato (de lo que se informa por separado). “Cumplimos con la instrucción precisa de la intervención en el tiempo más rápido en que se pudo, se trabajó todo el día de ayer para poder cumplir en el día de hoy con este objetivo”, dijo Fernández, acompañado por el ministro de Salud, Luis Manzur. “La actitud del Gobierno va a ser ir hasta el hueso”, sostuvo. Los ministros hicieron el anuncio a la mañana luego de reunirse en la residencia de Olivos con la Presidenta y con Ferrara. “Este es un hecho criminal en el que la instrucción de la Presidenta es ir hasta el fondo, identificar a los responsables y que les caiga, obviamente, todo el peso de la ley”, agregó Manzur. El juez federal Norberto Oyarbide pidió la intervención de la obra social de los bancarios luego

de un allanamiento en la sede de la entidad. Allí, los investigadores encontraron una partida de medicamentos falsos y una oficina de la droguería San Javier, propiedad del principal imputado en la causa, Néstor Lorenzo. Los datos recolectados en el operativo también llevaron a Oyarbide a anticipar que citaría a declarar a Zanola. El dueño de San Javier, que fue detenido y luego excarcelado, había sido calificado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como “el

Yabrán de los medicamentos”. En un allanamiento que se hizo en su casa, el año pasado, la Justicia encontró recibos de aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner por casi un millón de pesos.

“Gravedad inusitada” En el oficio que le envió al jefe de Gabinete, Oyarbide le pidió que informara a la Presidenta sobre “estos acontecimientos, que son de una gravedad inusitada y que comprometen la salud pública”, en referencia a los

Ferrara: un oncólogo de muy bajo perfil LA PLATA.– Pedro Ferrara, el hombre que la Presidenta puso al frente de la intervención de la obra social bancaria, en reemplazo de Juan José Zanola, es un médico oncólogo de bajo perfil, que no responde a la línea del actual ministro provincial, Claudio Zin, y que durante su gestión de tres años al frente de un importante hospital de esta ciudad impulsó la participación de los profesionales en la administración. Es también hijo de Floreal Ferrara, ministro del área durante los gobiernos de Oscar Bidegain y Antonio Cafiero, asesor de obras sociales y ex gerente del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, hoy transferido a la obra social intervenida. Pero raramente Ferrara menciona el parentesco. Ferrara tiene 54 años; está casado

y tiene dos hijos. Asumió la dirección del hospital platense Rodolfo Rossi a fines de 2006, durante el mandato de Felipe Solá al frente del gobierno bonaerense. El entonces ministro de Salud, Claudio Mate, decidió reemplazar a Jorge Bussetto por este oncólogo que había implementado un sistema de medicina paliativa, consistente en la atención de pacientes con cáncer en sus propias casas, sin separarlos de sus familias, hasta el momento de la muerte. Mate consideró que Ferrara, quien venía recomendado por el subsecretario de Coordinación del Ministerio, Carlos Sanguinetti, era la “persona idónea” para dirigir el hospital. Casi tres años después, hasta los gremialistas que han concretado paros en los hospitales bonaerenses le reconocen una “apertura” en su gestión.

hechos investigados en la causa por los medicamentos falsos. Aníbal Fernández informó que no se había fijado un plazo de duración de la intervención. “Lo estaremos resolviendo en el transcurso del día y después seguramente el interventor se hará cargo del manejo de la obra social y se pondrá en contacto con Oyarbide”, indicó. Ferrara deberá “auditar las cuentas de la obra social y hacer un trabajo de control”, habían anticipado a LA NACION fuentes de la Casa Rosada antes del anuncio. “Vamos a hacer una fuerte tarea de vigilancia”, habían agregado. Mientras terminan de definirse las funciones que tendrá el interventor, el anuncio del Gobierno causó ayer una serie de incidentes en la sede de la policlínica La Bancaria, en el barrio de Caballito. Empleados y afiliados a la obra social celebraron la medida y protestaron contra las autoridades. La vicedirectora de la entidad, Susana Fiona, debió retirarse con custodia policial, mientras era agredida por los manifestantes. Pese a que en la investigación judicial aún no se descubrieron casos como el de La Bancaria, en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) analizaban medidas generales para controlar al resto de las obras sociales sindicales. Según dijeron a LA NACION fuentes del organismo, su titular, Ricardo Bellagio, tiene previsto verificar si alguna otra obra social tuvo contrataciones con las empresas San Javier y Multipharma, también vinculada con Lorenzo. En la misma línea, el jefe de Gabinete señaló: “Si es que hubiera habido otro caso de las características que estamos mencionando, se puede actuar en consecuencia”.

“Botnia causará un daño irreparable al ecosistema del río Uruguay.” Con esas denuncias, la Argentina inauguró ayer la primera de las más de diez audiencias previstas por la Corte Internacional de La Haya en el último tramo del juicio por el conflicto abierto en torno al funcionamiento en Uruguay de la pastera Botnia, frente a las costas de Gualeguaychú. Altas fuentes involucradas en el proceso dijeron a LA NACION que la diplomacia argentina, a cargo de Susana Ruiz Cerutti, explicó ante los magistrados con asiento en Holanda que el supuesto daño de Botnia lo demuestran “los informes científicos y los numerosos y recurrentes episodios e incidentes de contaminación que se manifestaron, entre otros fenómenos, en la emanación de olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la planta; la aparición de manchas en el río; la reiteración de episodios de floraciones algales en una escala que no registra precedente, y en explosiones derivadas de accidentes en la operación de la planta”. En tanto, en Washington, donde se encuentra de gira, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez desconoció el alcance de las denuncias argentinas. Vázquez aseguró que Botnia “no contamina” y dio por seguro que espera “con absoluto optimismo” el fallo del tribunal internacional. “Tanto los hechos en sí mismos como los estudios han llegado a una conclusión inequívoca: Botnia no contamina”, dijo Vázquez, para quien no hay “ninguna posibilidad” de que el reclamo

Claves ➔ Reporte uruguayo. En agosto,

Montevideo dio a conocer un reporte del Ministerio de Medio Ambiente que afirmaba que el resultado de los últimos exámenes medioambientales de Botnia era “excelente”. El informe correspondía a cinco inspecciones y dos auditorías realizados en el semestre de noviembre de 2008 a mayo de 2009.

➔ Informe del BM. EcoMetrix

Incorporated, la consultora ambiental del Banco Mundial, dio a conocer en marzo último un informe que abarca todo 2008, que concluyó que el agua del río Uruguay era “de alta calidad” .

➔ Los datos de una ONG. En mar-

zo último, un informe de la ONG internacional Green Cross indicó que el agua del río Uruguay no sufrió el impacto de contaminantes por la producción de celulosa de Botnia.

argentino “tenga asidero”.“ No sólo no contamina sino que los niveles para la dilución de determinados productos en el agua están muy por debajo del mínimo tolerado”, agregó. En los tribunales, la parte argentina agumentó que en particular, desde el último verano se han producido episodios que pusieron en peligro el medio ambiente con mayor frecuencia, y que el último se registró el 11 de julio. “Nosotros sabemos que la planta Botnia contamina, que no cuenta con la mejor tecnología y que hubiese sido prohibida en Europa”, dijo Ruiz Cerruti al término de la audiencia.

Preocupación “Estamos preocupados por la salud de los habitantes ribereños, quienes se han manifestado contra la planta ante los olores nauseabundos. Cada día, la fábrica desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire”, añadió la funcionaria. Durante su exposición en la Corte, Ruiz Cerutti sostuvo que el Estado argentino no sólo acude al Tribunal Internacional para denunciar a Uruguay por lo que considera una violación del Estatuto del río compartido, sino también para salvar este instrumento jurídico. El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, destacó “las pruebas de tipo pericial y científico que respaldan la demanda”, y explicó que hay elementos “nuevos y significativos que tienen que ver con los olores, la contaminación por la proliferación de algas, y elementos que utiliza la industria más allá del proceso, como los utilizados en la limpieza industrial”.