Comisión Internacional de Juristas La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es una organización no-gubernamental dedicada a promover el conocimiento y respeto del estado de derecho y la protección legal de los derechos humanos en todo el mundo. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y cuenta con 37 secciones nacionales, 45 organizaciones afiliadas y 60 eminentes juristas de todas las regiones del mundo.

Presidente Prof. Pedro NIKKEN, Venezuela

Vicepresidente Justice John DOWD, Australia

Comité Ejecutivo Dr. Rajeev DHAVAN, India Prof. Vojin DIMITRIJEVIC, Serbia Justice Unity DOW, Botswana Prof. Robert GOLDMAN, Estados Unidos

Prof. Jenny E. GOLDSCHMIDT, Países Bajos Sra. Karinna MOSKALENKO, Rusia Justice Michèle RIVET, Canadá Sr. Raji SOURANI, Palestina

Otros Miembros de la Comisión

Comisión Internacional de Juristas ICJ – CIJ 33, rue des Bains Casilla Postal 91 1211 Ginebra 8 Suiza

Sr. Muhannad AL-HASANI, Siria Sr. Ghanim ALNAJJAR, Kuwait Sr. Raja AZIZ ADDRUSE, Malasia Prof. Abdullahi AN-NA’IM, Sudán Justice Solomy BALUNGI BOSSA, Uganda Sr. Abdelaziz BENZAKOUR, Marruecos Justice Ian BINNIE, Canadá Prof. Alexander BRÖSTL, Eslovaquia Justice Azhar CACHALIA, Sudáfrica Justice Moses CHINHENGO, Zimbabue Prof. Santiago CORCUERA, México Prof. Louise DOSWALD-BECK, Suiza Justice Hisham EL BASTAWISSI, Egipto Justice Elisabeth EVATT, Australia Prof. Jochen A. FROWEIN, Alemania Dr. Gustavo GALLÓN, Colombia Sr. Stellan GÄRDE, Suecia Sr. Roberto GARRETÓN, Chile Prof. Michelo HANSUNGULE, Zambia Sra. Sara HOSSAIN, Bangladesh Sra. Gulnora ISHANKHANOVA, Uzbekistán Sra. Asma JAHANGIR, Pakistán Sra. Imrana JALAL, Fiji

Justice Kalthoum KENNOU, Túnez Prof. David KRETZMER, Israel Prof. Kazimierz Maria LANKOSZ, Polonia Justice Ketil LUND, Noruega Justice José Antonio MARTÍN PALLÍN, España Justice Charles MKANDAWIRE, Malawi Sr. Kathurima M’INOTI, Kenia Justice Sanji MONAGENG, Botswana Prof. Iulia MOTOC, Rumania Prof. Vitit MUNTARBHORN, Tailandia Dr. Jorge Eduardo PAN CRUZ, Uruguay Prof. Mónica PINTO, Argentina Prof. Andrei RICHTER, Rusia Prof. Sir Nigel RODLEY, Reino Unido Prof. Claes SANDGREN, Suecia Sr. Belisário DOS SANTOS JUNIOR, Brasil Justice Philippe TEXIER, Francia Prof. U. Oji UMOZURIKE, Nigeria Justice Vilenas VADAPALAS, Lituania Prof. Yozo YOKOTA, Japón Justice E. Raúl ZAFFARONI, Argentina Prof. Leila ZERROUGUI, Argelia

Miembros Honorarios Prof. Georges ABI-SAAB, Egipto Justice P.N. BHAGWATI, India Dr. Boutros BOUTROS-GHALI, Egipto Sr. William J. BUTLER, Estados Unidos Prof. Antonio CASSESE, Italia Justice Arthur CHASKALSON, Sudáfrica Justice Marie-José CRESPIN, Senegal Dato’ Param CUMARASWAMY, Malasia Dr. Dalmo A. DE ABREU DALLARI, Brasil Prof. Alfredo ETCHEBERRY, Chile Lord William GOODHART, Reino Unido Justice Lennart GROLL, Suecia Justice Louis JOINET, Francia Prof. P.J.G. KAPTEYN, Países Bajos Justice Michael D. KIRBY, AC, CMG, Australia Prof. Kofi KUMADO, Ghana

Justice Claire L’HEUREUX-DUBÉ, Canadá Prof. Jean-Flavien LALIVE, Suiza Dr. Rudolf MACHACEK, Austria Prof. Daniel H. MARCHAND, Francia Sr. J.R.W.S. MAWALLA, Tanzania Sr. François-Xavier MBOUYOM, Camerún Sr. Fali S. NARIMAN, India Prof. Manfred NOWAK, Austria Prof. Bertrand RAMCHARAN, Guyana Sir Shridath S. RAMPHAL, Guyana Prof. Daniel THÜRER, Suiza Prof. Christian TOMUSCHAT, Alemania Sr. Michael A. TRIANTAFYLLIDES, Chipre Prof. Theo VAN BOVEN, Países Bajos Prof. Lucius WILDHABER, Suiza Dr. José ZALAQUETT, Chile

Criminalización de la protesta social

Comisión Internacional de Juristas La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es una organización no-gubernamental dedicada a promover el conocimiento y respeto del estado de derecho y la protección legal de los derechos humanos en todo el mundo. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y cuenta con 37 secciones nacionales, 45 organizaciones afiliadas y 60 eminentes juristas de todas las regiones del mundo. Comisión Internacional de Juristas ICJ-CIJ 33, rue des Bains Casilla Postal 91 1211 Ginebra 8 Suiza

El presente informe fue redactado por Jennifer Echeverría, consultora de la CIJ. La revisión y edición estuvo a cargo de Ramón Cadena con la asistencia de Jéssica Vásquez y la revisión y edición final a cargo de Wilder Tayler. Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea en el marco del proyecto EIDHR/2009/224-504. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Diseño e impresión:

Diagramación: Evelyn Ralda Revisión textos: Jaime Bran 3a. avenida 14-62, zona 1 PBX: (502) 2245-8888 E-mail: [email protected] Guatemala, Centroamérica

Criminalización de la protesta social

“La economía global valora cada vez más los recursos petroleros y mineros que se encuentran en las regiones indígenas. Son numerosas las denuncias y las quejas que ha recibido el Relator Especial de comunidades indígenas cuyos recursos han sido apropiados y son explotados por poderosos consorcios económicos, sin su previo consentimiento ni participación y sin que estas comunidades obtengan algún beneficio de dicha actividad. Esta problemática es actualmente una de las más controvertidas que involucra a los pueblos indígenas, al Estado y a las empresas privadas, y muchas veces también a los organismos financieros internacionales.” Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. 27 de febrero 2007.

TABL A DE CONTENIDOS Introducción

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I.

Criminalización de la protesta social

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1.

La protesta social

3

2.

Estigmatización y procesamiento penal de defensores de derechos humanos

5

II. Derecho a la libertad de opinión y expresión 1.

Contenido

7

2.

Limitaciones

9

III. Mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos

13

1.

Mecanismos nacionales

13

2.

Mecanismos internacionales

15

IV. Criminalización de la protesta social en casos concretos 1.

V.

7

19

Extracción minera de Montana Exploradora en el departamento de San Marcos

22

2.

Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez

29

3.

Otros casos importantes: Caso UNIÓN FENOSA en San Marcos y Caso Corredor Tecnológico en Camotán y Jocotán

34

Consideraciones finales

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1

Introducción La Comisión Internacional de Juristas trabaja por la difusión y aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, así como la materialización de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales alrededor del mundo. En ese sentido, promueve el respeto y garantía de estos derechos como pilar fundamental para la consolidación del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. La región latinoamericana se ha caracterizado por una serie de conflictos armados durante las últimas décadas del siglo XX y persisten las políticas discriminatorias que han generado descontento en la sociedad. Las demandas sociales no han encontrado los canales adecuados para materializarse y la protesta social cada vez encuentra más represión por parte de agentes estatales y no estatales. La criminalización de la protesta social en Guatemala es un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión. Con este fin se reprimen las libertades de pensamiento, expresión y reunión fuera de los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La presente publicación aborda la criminalización de la protesta social en Guatemala y de sus actores a través del análisis de diferentes conceptos que se relacionan con la temática y de varios casos vinculados a la defensa de los derechos humanos. En el primer capítulo se aborda la conceptualización de la protesta social y el rol que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos que deriva en la penalización de sus acciones. En el segundo capítulo se aborda el contenido de las libertades de pensamiento, expresión y reunión que pueden se objeto de determinadas limitaciones acordes a la normativa internacional de derechos humanos. En el tercer capítulo se establecen los mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como nacional. En el cuarto capítulo se analizan los patrones de criminalización de la protesta social en algunos casos paradigmáticos en Guatemala, vinculados a la defensa de los recursos naturales de pueblos indígenas.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

I. Criminalización de la protesta social 1. La protesta social Existe un importante incremento de la protesta social en la región latinoamericana1 debido, en parte, a la proliferación de nuevos movimientos sociales (entre ellos pueblos indígenas, los sin tierra, sin techo, damnificados por desastres naturales, mujeres, niños y jóvenes, víctimas de la violencia delincuencial o represiva del Estado) que han surgido de forma paralela a los movimientos sociales clásicos (sindicatos, campesinos, estudiantes, magisterio). El principal escenario de la protesta social en América Latina vincula a los pueblos indígenas en sus demandas al Estado y a la sociedad por el respeto pleno de sus derechos, autoridades, instituciones, normas y procedimientos para su autodeterminación y control de sus territorios y recursos. La criminalización de la protesta social2 se define como la puesta en marcha por parte del Estado, de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de ciertos derechos civiles que se manifiestan en acciones tales como la manifestación, movilización, organización, reclamación pacífica de derechos, documentación y presentación de informes y defensa jurídica de personas acusadas de delitos políticos, utilizando en muchos casos, la violencia contra personas y organizaciones. La criminalización de la protesta social se expresa en diversas formas que van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos, hasta el juicio a dirigentes sociales, allanamiento de oficinas, amenazas directas e indirectas y la descalificación sistemática de la labor de líderes sociales. Según el informe de casos de UDEFEGUA3, la criminalización de la protesta social no la realiza con exclusividad el Estado, sino que nuevos actores como las empresas nacionales y transnacionales, así como finqueros, políticos y autoridades locales actúan en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Aunque las autoridades estatales suelen ser las principales responsables por acciones contra

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2 3

Yagenova, Simona Violetta. La Protesta Social en Guatemala: Una aproximación a los actores, demandas, formas, despliegue territorial, límites y alcances. Octubre 2004-septiembre 2006. Área de Movimientos Sociales. FLACSO Guatemala. Guatemala. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Defensa y Protección de la Protesta Social. Colombia. 2010. Página 1. Unidad de Defensores de Guatemala. Situación de la Criminalización en Guatemala. Informe de Casos 2004-2009. Guatemala.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

4

los defensores de derechos humanos, agentes no estatales desde grupos armados hasta empresas, igualmente cometen dichos actos. La policía y fuerzas de seguridad son las autoras más visibles de detenciones arbitrarias, registros ilegales y violencia física. Sin embargo, suelen estar implicadas otras autoridades, como por ejemplo jueces, fiscales y abogados del Estado que pueden ser cómplices en estos ataques a los derechos de defensores. Los agentes no estatales comprenden grupos armados, empresas transnacionales e individuos. Así lo ha indicado la Representante Especial del Secretario General para los Defensores de los Derechos Humanos al observar que intereses económicos privados como por ejemplo empresas transnacionales o grandes terratenientes, tienen un impacto cada vez mayor en los derechos económicos y sociales de la población de la comunidad en que están ubicados. En algunos países, donde los defensores de los derechos humanos han realizado manifestaciones pacíficas para protestar contra el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos, las autoridades encargadas de la seguridad han empleado la fuerza para reprimir las protestas o no actúan en casos de ataques a defensores4. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos5 ha manifestado su preocupación debido a que con mayor frecuencia personas que actúan individualmente o en grupo, en connivencia o al margen del Estado, participan en ataques contra defensores. Asimismo grupos de guerrilla, milicias privadas, grupos de vigilancia y otros grupos armados han estado implicados en actos de violencia contra los defensores, incluyendo palizas, actos de intimidación y hasta asesinatos. El objetivo de la criminalización es evitar que las propuestas, denuncias y visiones defendidas por los integrantes de las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos sean conocidas por la sociedad, o por la comunidad internacional, estigmatizando y descalificando también la fuente de información y oposición a las políticas públicas6. Según el reciente informe7 emitido por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, los Estados recurren con mayor frecuencia a

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Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Folleto Informativo No. 29. Páginas 18 y 19. Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 13º Periodo de Sesiones. 30 de diciembre 2009. Párrafo 39.A/HRC/13/22. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Defensa y Protección de la Protesta Social. Colombia. 2010. Página 1. Informe de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 13º Periodo de Sesiones. 30 de diciembre 2009. Párrafo 31.A/HRC/13/22.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

medidas legales para vulnerar los derechos humanos de los defensores de derechos humanos que denuncian violaciones. En muchos casos se producen detenciones ilegales y llevan adelante juicios con base a acusaciones falsas, lo cual contribuye a la estigmatización de éstos. En similar sentido se ha pronunciado el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión8; en su informe de fecha 20 de abril 2010 hace notar que los Estados, a pesar de las disposiciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, limitan o restringen en forma arbitraria la libertad de expresión, incluso utilizando las leyes penales para este propósito, a fin de silenciar el disenso o la crítica. Considera que todo intento de criminalización de la libertad de expresión como medio para limitarla o censurarla, debe ser abolido.

2. Estigmatización y procesamiento penal de defensores de derechos humanos Uno de los mecanismos principales utilizado por los Estados para criminalizar a defensores de derechos humanos, es a través del uso de las leyes penales. Al respecto, el sexto informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos9, establece que las violaciones que sufren los defensores de derechos humanos se dividen en seis grandes grupos: arrestos, actos de violencia durante reuniones, amenazas contra defensores, restricciones de viaje a defensores que participan en reuniones para promover y proteger los derechos humanos, reuniones interrumpidas o cuya celebración se prohíbe y restricciones impuestas a través de legislación. En algunos países se emiten acusaciones contra los defensores, que desembocan en procesos penales y condenas. La participación en manifestaciones públicas pacíficas, la presentación de denuncias por malos tratos o amenazas ante las autoridades, la participación en reuniones de defensores de los derechos de los pueblos indígenas o el despliegue de pancartas conmemorativas de víctimas de violaciones de derechos humanos han llevado a acusaciones por soborno, perturbación del orden público y otros. Las sentencias han derivado en condenas largas de prisión, internamiento en instituciones psiquiátricas y reeducación mediante trabajo10.

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9 10

Informe del Señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Consejo de Derechos Humanos. 14º período de sesiones. 20 de abril 2010. Párrafos 75 y 83. A/HRC/14/23. Asamblea General. Sexagésimo Período de Sesiones. Los defensores de los derechos humanos. Nota del Secretario General. 5 de septiembre 2006.A/61/312. Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Folleto Informativo No. 29. Página 14. Organización de las Naciones Unidas.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Existen campañas de desprestigio de la labor de los defensores de derechos humanos a través de falsas acusaciones en medios de comunicación, cuestionando de esta forma su integridad y honradez, calificándoles muchas veces de terroristas, rebeldes o subversivos. La Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos11 señala que en ciertos casos se ha acusado judicialmente a defensores de los derechos humanos de pertenecer a grupos armados o terroristas después de que la policía hubiera colocado panfletos y armas en sus hogares. Esta forma de hostigamiento ha generado la huída a otros países por parte de los defensores. Al mismo tiempo existe una creciente tendencia por parte de los Estados a considerar las actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos como contrarias a los intereses nacionales y una amenaza a la seguridad nacional. El hostigamiento a los defensores también se da a través de acciones de políticos, terratenientes poderosos y grandes empresas que incoan procesos penales como represalia por sus actividades en defensa de los derechos sobre la tierra, protección del medio ambiente y derechos de los trabajadores o por denunciar casos de corrupción. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos12 ha señalado que en muchos países los sindicalistas, miembros de ONG y de movimientos sociales son reiteradamente detenidos y procesados por delitos de asociación ilícita, obstrucción de la vía pública, incitación al delito, desobediencia civil o amenaza a la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o moral públicas. Asimismo, los defensores, incluidos abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a víctimas de violaciones de derechos humanos, son objeto de amenazas, denegación del acceso a los tribunales y a sus clientes, detenciones y acusaciones en virtud de diversas disposiciones penales. Muchos arrestos y detenciones suelen ser arbitrarios13. En casi todos los casos el arresto a defensores se produce en un contexto de violencia contra éstos y un elevado número de personas arrestadas denuncian malos tratos, incluso tortura durante el arresto y detención. En otros casos los defensores no son sometidos a juicio y son liberados bajo fianza después de cierto período de detención, sin que su caso se presente ante un juez competente.

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13

Asamblea General. Quincuagésimo sexto Período de Sesiones. Los defensores de los derechos humanos. Nota del Secretario General. 10 de septiembre 2001. A/56/341. Informe de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 13º Periodo de Sesiones. 30 de diciembre 2009. Párrafo 32.A/HRC/13/22. Asamblea General. Sexagésimo primer Período de Sesiones. Los defensores de los derechos humanos. Nota del Secretario General. 5 de septiembre 2006. A/61/312.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

II. Derecho a la libertad de opinión y expresión 1. Contenido El derecho a la libertad de opinión y expresión son pilares fundamentales en las sociedades democráticas, ya que garantizan tanto el desarrollo individual como colectivo y contribuyen a la transparencia de la gestión de los gobiernos y la participación ciudadana. Estos derechos se encuentran consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1814, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV15. Aunque no en forma taxativa, este derecho está también protegido por la Carta Democrática Interamericana en su artículo 4.16 En su reciente informe, el Relator Especial para la promoción y protección del derecho a libertad de opinión y expresión17, destaca que la importancia del derecho a la libertad de expresión y opinión para el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas democráticos efectivos reside en su estrecho vínculo con los derechos a la libertad de asociación, de asamblea, de pensamiento, de conciencia y de religión, y al de la participación en los asuntos públicos. Indica que simboliza más que cualquier otro derecho, la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. En igual sentido se pronuncia el Consejo de Derechos Humanos a través de la resolución 12/1618, en la cual establece que el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de opinión y de expresión es un importante indicador del grado de protección de otros derechos humanos y libertades, teniendo presente que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre si.

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Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Artículo IV: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio.” Artículo 4: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.” Informe del Señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Consejo de Derechos Humanos. 14º período de sesiones. 20 de abril 2010. Párrafo 27. A/HRC/14/23. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 12/16. El derecho a la libertad de opinión y de expresión. 12 de octubre de 2009.A/HRC/RES/12/16.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

En un sentido más amplio, se pronuncia la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala en su informe anual 200919 que el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a la libertad de opinión y expresión, regulando que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” En el ámbito regional, este derecho está protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo regula en el artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” De ambos instrumentos se establece que el derecho a la libertad de opinión y expresión, conlleva tres elementos20: a)

el derecho a tener opiniones sin interferencia;

b)

el derecho de buscar y de recibir información, o sea el derecho al acceso a la información; y

c)

el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

19

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA/Ser. L/V/II. 30 de diciembre 2009. Página 237. Informe del Señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Consejo de Derechos Humanos. 14º período de sesiones. 20 de abril 2010. Párrafos 24 y 25. A/HRC/14/23.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Las obligaciones jurídicas que impone este derecho a los Estados son las siguientes: a)

respetar el derecho o abstenerse de interferir en el goce del derecho;

b)

proteger o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, investigar, sancionar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas; y

c)

dar cumplimiento al derecho, o permitir tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacer efectivo el derecho.

Dentro del sistema europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece en su artículo 10 la protección al derecho de libertad de opinión y expresión, señalando que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.” Asimismo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contempla la protección a los derechos de libertad de pensamiento y expresión en el artículo 9: “1. Todo individuo tendrá derecho a recibir información. 2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley”.

2. Limitaciones Respecto a las restricciones del derecho a la libertad de opinión, la Observación General No. 3421 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, el derecho de una persona a no ser molestada a causa de sus opiniones, es un derecho absoluto que no admite restricciones ni excepciones de acuerdo al Pacto. Es incompatible con el párrafo primero del artículo 19 de dicho Pacto calificar de delito la expresión de una opinión. El acoso o la estigmatización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión en razón de sus opiniones, constituyen una infracción. Sin embargo, el párrafo 3 del artículo 19, establece las restricciones al derecho de libertad de expresión, regulando: “El ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por este motivo, se prevén dos tipos de restricciones que pueden referirse al respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas.” 21

Observación General No. 34 Artículo 19 Libertad de Opinión. 2011.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

En ese sentido, la Observación General 34 hace énfasis que cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Además, resalta que no se permiten restricciones por motivos que no estén especificados en el párrafo 3, aunque esos motivos justificasen restricciones de otros derechos protegidos por el Pacto. Asimismo, las restricciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen. La primera de las razones legítimas para introducir una restricción que se enumeran en el párrafo 3 se refiere al respeto de los derechos o la reputación de los demás. El término “derechos” comprende los derechos humanos reconocidos en el Pacto y, más en general, en la normativa internacional de los derechos humanos. La segunda razón legítima es la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que las leyes sobre traición y las disposiciones similares que se refieren a la seguridad nacional, tanto si se califican de leyes sobre secretos de Estado o sobre sedición, o de otra manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del párrafo 3. No es compatible con el párrafo 3, por ejemplo, hacer valer esas leyes para suprimir información de interés público legítimo que no perjudica a la seguridad nacional, o impedir al público el acceso a esta información, o para procesar a periodistas, investigadores, ecologistas, defensores de los derechos humanos u otros por haber difundido esa información. El Comité de Derechos Humanos, dentro de la Observación general N º 2722, indica que “no basta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. El principio de proporcionalidad debe respetarse no sólo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar que todo procedimiento relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas restrictivas.” Cuando un Estado Parte invoca un motivo legítimo para la restricción de la libertad de expresión, debe demostrar en forma específica e individualizada la naturaleza de la amenaza y la necesidad de las medidas concretas adoptadas, en particular 22

Observación General No. 27. Libertad de Circulación. 2 de noviembre 1999.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

mediante el establecimiento de una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza.23 El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión24, ha manifestado respecto a las restricciones del derecho a la libertad de expresión que: “no obstante las previsiones del Pacto, los Estados frecuentemente limitan o restringen la libertad de expresión arbitrariamente, incluso recurriendo a leyes penales, a fin de silenciar el disenso o la crítica.” Por lo cual, insta a los Estados Partes a “abstenerse de criminalizar cualquier manifestación de la libertad de expresión, como medio de limitarla o censurarla, por lo que toda iniciativa de este tipo debe ser abolida, salvo las restricciones permisibles y legítimas establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos.” La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en el artículo 13 las limitaciones a la libertad de pensamiento y expresión en los incisos 2, 4 y 5, y establece como marco general el inciso 2, en virtud del cual el “ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o a la moral públicas”. El inciso 4 del mismo artículo, dispone que, “los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2”. El inciso 5 regula que, “estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado que las restricciones al derecho de libertad de expresión deben cumplir con tres condiciones: 1. la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material; 2. la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana y, 3. la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperio-

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Human Rights Committee. Hundredth session. Draft general comment No. 34 (Upon completion of the first reading by the Human Rights Committee) 25 November 2010. CCPR/C/GC/34/CPR.5 Párrafo 36. Informe del Señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Consejo de Derechos Humanos. 14º período de sesiones. 20 de abril 2010. Párrafos 75 y 120. A/HRC/14/23.

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sos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida, e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr 25. Señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos26 que las reglas sobre las condiciones que deben cumplir las restricciones a la libertad de expresión para ser legítimas, se aplican tanto a las leyes que las establecen como tales, como a las decisiones y los actos administrativos, judiciales, policiales o de cualquier otra índole que las materializan, es decir, a toda manifestación del poder estatal que incida sobre el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Los tipos de actos estatales constitutivos de limitaciones a la libertad de expresión sobre los que se ha pronunciado la jurisprudencia interamericana incluyen: decisiones de fiscales y jueces que forman parte de la justicia penal militar adoptadas en el curso de los procesos que adelantan órdenes impartidas por miembros de la fuerza pública a sus subordinados, órdenes impartidas por los directores de centros de reclusión sobre el comportamiento de los internos, decisiones de jueces penales, actos administrativos propios del Poder Ejecutivo, e incluso normas legales y constitucionales, entre otros.

25 26

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA/Ser. L/V/II. 30 de diciembre 2009. Página 258. Ibidem. Página 257.

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III. Mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos Las buenas prácticas deben formar parte en el diseño e implementación de sistemas de protección de defensores de derechos humanos. Estos programas deben ser flexibles y sostenibles, no solamente iniciativas de reacción inmediata a los ataques enfrentados por los defensores de derechos humanos. La Relatora Especial27 sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, ha destacado la labor que han realizado algunas instituciones del Estado en materia de protección de este sector. Sin embargo, estas iniciativas deben ser mejoradas a través de recursos suficientes que permitan brindar una adecuada respuesta a esta problemática.

1. Mecanismos nacionales Según la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en Guatemala se han establecido “varias iniciativas para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos. Se ha creado un departamento de coordinación de la protección de los defensores de los derechos humanos, administradores, funcionarios judiciales, periodistas y comunicadores sociales. También se estableció dentro de la policía una dependencia de derechos humanos, que incluye dependencias especializadas de investigación de los delitos cometidos contra funcionarios judiciales, activistas de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. Otra novedad alentadora fue la creación de una dependencia para analizar las agresiones contra defensores de los derechos humanos.” A través del Acuerdo Ministerial 103-2008 de fecha 10 de enero 2008, se creó la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, integrada por miembros del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Su función principal es analizar casos en donde existan violaciones a los derechos humanos de los defensores determinando los patrones de agresión contra defensores. Las acciones conjuntas realizadas dentro de la Instancia, están dirigidas a activistas y defensores de Derechos Humanos y a proteger campesinos, personas trabajando por los derechos vinculados a la diversidad sexual, indígenas, mujeres, activistas

27

Informe de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 13º Periodo de Sesiones. 30 de diciembre 2009. Párrafo 77.A/HRC/13/22.

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ambientalistas, de la niñez y juventud, periodistas, religiosos, sacerdotes mayas, sindicalistas, entre otros. Otra de las iniciativas realizadas por el Estado, es la creación de una política nacional de prevención y protección de defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables en el año 2007 por parte de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH–, la cual aún se encuentra pendiente de aprobación. Esta Política Pública, conjuntamente con la Política Nacional de Derechos Humanos y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, propone mecanismos dinámicos y eficaces a través de un marco referencial, con el objetivo fundamental de fortalecer los sistemas y programas nacionales de protección ya existentes, y de crear aquellos que sean necesarios, para que actúen acordes con el deber del Estado. Por otro lado, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos a través del acuerdo interno 86-2008 creó el Departamento de Análisis y Mediación de Conflictos con enfoque en Derechos Humanos, el cual tiene a su cargo la asesoría especializada en prevención de conflictos basados en la aplicación sistemática de procedimientos de captación, análisis y procesamiento de información sobre situaciones de potencial riesgo y violatorias de derechos humanos, con el fin de alertar al Organismo Ejecutivo. Además de ello, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos cuenta con el Departamento de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales; ésta lleva a cabo la gestión interinstitucional de brindar medidas de protección a aquellos defensores de derechos humanos cuya situación de vulnerabilidad ha generado una resolución dentro del Sistema Interamericano sobre medidas cautelares o provisionales. En los casos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hayan determinado el tipo de medida que debe brindarse al beneficiario, la función de COPREDEH es de un ente mediador para reunir al beneficiario de medidas y al Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, con la finalidad de determinar qué tipo de medidas idóneas y aceptadas por el defensor deben implementarse. Además de los mecanismos de protección estatales, algunas organizaciones de derechos humanos incluyen estas funciones dentro de sus líneas de trabajo. Destaca la labor efectuada por la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, la cual fue creada en el año 2003 con el objeto de vigilar y denunciar actos violatorios a los derechos humanos de defensores, así como coordinar medidas de protección para éstos. Los principales temas que trata son ambientales, libertad de expresión y derechos laborales.

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2. Mecanismos internacionales Los defensores de derechos humanos cuentan con mecanismos internacionales de protección de sus derechos en caso de violaciones. A continuación se listan los principales: a.

Sistema Universal

El Sistema de Naciones Unidas cuenta con un instrumento básico sobre la protección de defensores de derechos humanos, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos28, y establece en el artículo 1 que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. En el artículo 8 regula la protección a nivel internacional de los defensores de derechos humanos, señalando en el inciso 4 que “…toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos”. Derivado de la Declaración, a través de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/6129, se creó la figura del Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (luego Relator Especial) , quien tiene dentro de sus funciones recabar, recibir y examinar información así como responder a la misma, sobre la situación de los derechos de toda persona que, actuando individualmente o en asociación con otras, promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según el mandato de la Relatora Especial, sus funciones principales son: •

Presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General acerca de temas o situaciones de importancia, respecto a la promoción y protección de los derechos de los defensores de derechos humanos.

•

Realizar visitas a países.

•

Tratar casos individuales con los Gobiernos a través de la recepción de denuncias.

28

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución 53/144 de la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998. Comisión de Derechos Humanos. Resolución 2000/61. 26 de abril 2000. Artículo 3.

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La Relatora Especial ha hecho énfasis en que los Estados deben abstenerse de estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos, así como reconocer en declaraciones públicas la condición y el papel de los defensores de derechos humanos y la legitimidad de sus actividades, como un primer paso para prevenir o al menos reducir los riesgos y las amenazas en su contra. b.

Sistema Interamericano

El sistema regional de protección de derechos humanos, a pesar de no contar con un instrumento específico sobre protección de defensores de derechos humanos, cuenta con una serie amplia de resoluciones emitidas por la Asamblea General aplicables en dicha materia. Entre ellas destaca la resolución 167130 en la cual resuelve “reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los defensores de los derechos humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas”. Posteriormente, en seguimiento a la resolución 1818 de la Asamblea General, se crea la Unidad de Defensores de Derechos Humanos dentro de la Oficina del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos31, cuya principal función es recibir información sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el hemisferio, mantener contactos con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y coordinar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva relacionado con los defensores de derechos humanos en las Américas. El otro mecanismo utilizado dentro del Sistema Interamericano son las medidas cautelares y provisionales. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. El Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos regula en el artículo 27 el otorgamiento de medidas provisionales, indicando que en cualquier estado

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31

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. AG/RES. 1671 (XXIX-O/99) “Defensores de los Derechos Humanos en las Américas” Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la Sociedad Civil para la promoción y protección de los Derechos Humanos en las Américas. 7 de junio 1999. Sitio web: www.cidh.oas.org

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del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención. c.

Sistema Europeo

Dentro del Consejo Europeo, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de febrero de 2008 la Declaración sobre las medidas del Consejo de Europa para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y promover sus actividades32. En este instrumento se insta al Comisionado de los Derechos Humanos del Consejo de Europa a reforzar el compromiso de ofrecer una protección efectiva a los defensores de los derechos humanos y a su labor, especialmente en situaciones de peligro. Asimismo, hace un llamado a los organismos del Consejo de Europa y sus instituciones a prestar atención especial a aquellos temas relativos a los/as defensores/as de los derechos humanos y su labor. La Declaración también invita al Comisionado de Derechos Humanos a fortalecer su papel y la capacidad de su Oficina para brindar una protección efectiva a los defensores de los derechos humanos a través de funciones específicas como actuar de acuerdo con la información recibida de los defensores de los derechos humanos y de otras fuentes relevantes, entre ellas los ombudsman o instituciones nacionales de derechos humanos; llevar a cabo reuniones con defensores durante las visitas en países y publicar informes sobre la materia; intervenir junto con autoridades competentes en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan los defensores; trabajar en estrecha cooperación con otras organizaciones e instituciones intergubernamentales, particularmente con el punto de encuentro entre OSCE/ODIHR (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa/ Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos) respecto de defensores de los derechos humanos, la Unión Europea, la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de los derechos humanos y otros mecanismos existentes. Por otro lado, la Unión Europea cuenta con las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos, elaboradas por el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, en colaboración con el Grupo “Derechos Humanos” del Consejo (COHOM). Su objetivo central es aportar sugerencias prácticas para mejorar la acción de la Unión Europea en relación con la materia. Brinda apoyo a los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo al Representante Especial de los defensores de derechos humanos y los mecanismos regionales adecuados de protección de defensores.

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Declaration of the Committee of Ministers on Council of Europe action to improve the protection of human rights defenders and promote their activities. (Adopted by the Committee of Ministers on 6 February 2008 at the 1017th meeting of the Ministers’ Deputies).

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Además se extiende a brindar una asistencia a las misiones de la Unión Europea (embajadas y consulados de los Estados miembros de la UE y delegaciones de la Comisión Europea) en la política relativa a protección de defensores de derechos humanos. Estipula medidas prácticas adoptables por las misiones de la Unión Europea para proteger defensores en peligro como asistencia pronta, expedición de visados temporales y facilitación de refugio temporal en Estados Miembros. Estipula como funciones de los Jefes de Misión de la UE el control, información y evaluación de la situación de defensores de derechos humanos dentro de sus informes periódicos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra facultado para dictar medidas de protección. d.

Sistema Africano

La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos emitió el 4 de junio de 2004 la “Resolución de protección a defensores de Derechos Humanos en África”33, nombrando al Relator Especial de los Defensores de Derechos Humanos en África. El mandato incluye buscar, recibir, examinar y procesar la información sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en África. El Relator Especial presenta informes a la Comisión Africana en cada período ordinario de sesiones y formula y recomienda estrategias efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos. Asimismo, el Reglamento Interno de la Comisión Africana establece en su artículo 11134 el mecanismo de adopción de medidas de protección, de la siguiente forma: “Antes de dar a conocer su opinión definitiva a la Asamblea sobre la comunicación, la Comisión podrá informar al Estado parte interesado de su opinión sobre la conveniencia de adoptar medidas provisionales para evitar que se cause un daño irreparable a la víctima de la presunta violación…”

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Sitio web: http://www.ikuska.com/Africa/derechos.htm Rules Of Procedures Of The African Commission On Human And Peoeples’ Rights. Adopted on the 6th of October 1995.

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IV. Criminalización de la protesta social en casos concretos Como se ha indicado anteriormente, los Estados se encuentran obligados tanto en el plano internacional como en el nacional a proteger los derechos de libertad de opinión y de expresión. Estos derechos constituyen herramientas básicas para el desarrollo de las funciones de los defensores de derechos humanos. En ese sentido, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, establece en el artículo 5 que “a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) a reunirse o manifestarse pacíficamente; b) a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; y c) a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.” Resalta dicho instrumento, en el artículo 9 que “… toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas a: a) denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida; b) asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; c) ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales…” Las obligaciones de los Estados se encuentran reguladas en los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 del citado instrumento. El principio básico de la protección de defensores de derechos humanos como obligación de los Estados está estipulado en el artículo 12, el cual establece que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”. Los Estados también deben adaptar su ordenamiento jurídico a las disposiciones y estándares internacionales aplicables en la materia.

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En un informe, la Relatora Especial35 manifiesta su profunda preocupación por la estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos, así como las amenazas y riesgos por la falta de reconocimiento oficial de sus actividades. Como parte de esta estigmatización de los defensores de derechos humanos, la criminalización de la protesta social ha cobrado auge en la región latinoamericana. En un reciente informe de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos36 de Colombia, determina que los métodos utilizados por los gobiernos de la región para llevar a cabo la criminalización de la protesta social y generar un proceso de estigmatización y persecución de movimientos sociales, muestran patrones similares que indican que los gobiernos de la región aplican políticas dictadas desde otras latitudes y visiones o poderes centralizados. Señala dicho informe que algunos gobiernos han desarrollado múltiples mecanismos de represión y hostigamiento contra líderes sociales y defensores de derechos humanos con el fin de hostigar y criminalizar la protesta social y acciones de la sociedad civil. Determina que, estas acciones están encaminadas a limitar las fuerzas sociales con el fin de facilitar a estos gobiernos la imposición de algunas políticas. Durante el año 2010, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala37 reporta un total de 305 ataques contra defensores en el área de desarrollo comunitario y un total de 31 casos de criminalización de defensores. Estas conductas que forman parte de la criminalización de la protesta social, han sido señaladas desde hace tiempo en los informes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas38, quien en su informe del año 2004 destacó que una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos de los últimos años es la tendencia a la utilización de las leyes y de la administración de justicia para castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de las organizaciones y movimientos de indígenas en defensa de sus derechos. Según algunos informes, esas tendencias adoptan dos formas: la aplicación de leyes de emergencia, como las leyes contra el terrorismo, y el procesamiento de manifestantes como autores de delitos comunes (por ejemplo, intrusión en propiedad ajena) para reprimir las protestas sociales”. 35

36 37 38

Informe de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 13º Periodo de Sesiones. 30 de diciembre 2009. Párrafo 114.A/HRC/13/22. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Defensa y Protección de la Protesta Social. Colombia. 2010. Páginas 14 y 19, Estadísticas proporcionadas por la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala en el mes de enero 2011. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Las Cuestiones Indígenas: Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. E/CN.4/2004/80. 26 de enero 2004.

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Una de las tendencias más inquietantes, según el Relator, es que los abusos de los derechos humanos se producen no sólo durante estados de excepción o en regímenes autoritarios y no democráticos, sino también en el marco del estado de derecho en sociedades abiertas y transparentes en las que las instituciones jurídicas tienen como fin proteger a los individuos de la injusticia y proporcionan a toda víctima de supuestas violaciones de derechos humanos mecanismos para acceder a la justicia y garantías procesales. Asimismo, los atentados contra los derechos de los indígenas suelen producirse en el contexto de actuaciones colectivas iniciadas en apoyo de reivindicaciones sociales legítimas de las comunidades indígenas víctimas de la marginación, la exclusión social y la discriminación. Hay intereses privados y autoridades del poder local que se sienten asediadas que suelen servirse de la ley para desarticular esos movimientos castigando a los dirigentes más destacados ya sea mediante la aplicación de reglamentos y leyes penales comunes o invocando leyes antiterroristas políticamente motivadas. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, establece en su informe del año 200739 que la criminalización de la protesta social y su represión por la fuerza pública siguen siendo hechos denunciados con frecuencia por organizaciones indígenas y civiles. Dentro de estas denuncias se señalan delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos, los cuales se dan en el marco de la defensa que hacen las comunidades y organizaciones indígenas de sus tierras, recursos naturales y territorios ancestrales. En ese sentido, señala la preocupación creciente por la progresiva disminución de recursos naturales de los pueblos indígenas, principalmente en la posesión de sus tierras. El Relator ha observado que a la larga, las comunidades indígenas tienden a perder sus tierras y territorios tradicionales a favor de diversos intereses económicos privados ya sea de empresas o de invasores y colonos individuales que han logrado asentarse en sus áreas tradicionales indígenas. En una visita a Guatemala, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya40, señaló su preocupación por los distintos procesos judiciales abiertos en contra de miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas. Destaca la celeridad con que estos procesos son gestionados ante la aparente falta de respuesta ante las demandas presentadas por

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40

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de los Derechos Humanos”. A/HRC/4/32. 27 de febrero 2007. Párrafos 49 y 53. Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre su visita a Guatemala (13 a 18 de junio de 2010).

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las comunidades en relación con actos atentatorios de sus derechos, en lo que puede interpretarse como una pauta de discriminación en el acceso a la justicia. A continuación se presentan resúmenes de algunos casos paradigmáticos en donde se han evidenciado estos patrones violatorios a derechos humanos por parte del Estado de Guatemala. Estos están relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales en detrimento de los derechos humanos, así como derechos de los pueblos indígenas de varias comunidades en el país.

1. Extracción minera de Montana Exploradora en el departamento de San Marcos •

Antecedentes

La estrategia económica de los gobiernos de Guatemala a partir de la firma de la paz, se han basado en la atracción de inversión extranjera, incluyendo megaproyectos (minería, petróleo y represas hidroeléctricas). La visión está enfocada en la explotación de yacimientos de oro, zinc, plomo y níquel, y los yacimientos extensos de jade encontrados en la zona central de Guatemala. Esta estrategia continúa siendo promovida por el Estado a pesar del hecho de que los megaproyectos han ido intensificando la tensión social41. La mina Marlin consiste en un yacimiento de oro y plata que utiliza tecnología mixta de tajo abierto y mina subterránea, la cual entró en funciones en octubre de 2005. Es así como a partir de 2006 la mina abarcó 6.5 km2, ubicándose en el altiplano occidental en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán; sin embargo, algunas de sus instalaciones industriales ocupan parte del vecino municipio de Sipacapa. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la aldea San José Nueva Esperanza, también ocupan terrenos ubicados dentro de los límites de Agel y San José Ixcaniche en San Miguel, y de Tzalem en Sipacapa. La licencia de explotación se otorgó por 25 años, aunque la vida útil original de la mina preveía 10 años de operación, hasta el año 2015. La mina Marlin pertenece a Montana Exploradora de Guatemala, S.A., una subsidiaria 100% de propiedad de Goldcorp; se encuentra constituida como una sociedad anónima desde 1998 por Montana Gold Corporation de Canadá. Obtuvo su licencia de exploración para la zona de Marlin en 1999 y realizó otros trabajos de exploración.

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Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin de Goldcorp. Comisionada por el Comité de Gestión para la Evaluacion de Impactos en los Derechos Humanos de la Mina Marlin, en representación de Goldcorp. Preparado por: On Common Ground Consultants Inc. Guatemala, 2010. Página 30.

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•

Hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos del pueblo maya de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa

El derecho a la consulta, establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT regula cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales: •

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

•

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

•

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

Por otro lado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, regula en el artículo 19 el derecho a la consulta de los pueblos indígenas respecto a la adopción y aplicación de medidas legislativas o administrativas que les afecten. En su observación general del año 200842 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones estableció que “la forma y contenido de las consultas deben permitir la plena expresión –con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas– de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”. Posteriormente, en su reciente observación general 2011 sobre la obligación de consulta, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones43 señala que “las consultas con los pueblos indígenas y tribales deben tener lugar concretamente en relación con las siguientes cuestiones: …la autorización o ejecución

42 43

OIT-CEACR. Observación General 2011 sobre la obligación de consulta. Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 (número 169). OIT-CEACR. Observación General 2011 sobre la obligación de consulta. Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 (número 169). Publicada en el Informe 2011 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Referencia ILC.100/III/1ª. 16 de febrero 2011.

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de todos los programas de exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo existentes en sus tierras (artículo 15,2)…” Respecto a la naturaleza de las consultas, establece la observación general, los requisitos esenciales para llevarlas a cabo: 1. las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe (26); debe producirse un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo; 2. tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de una forma adaptada a las circunstancias; 3. tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas y administrativas; 4. deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. De acuerdo con el marco normativo indicado, la consulta constituye un requisito fundamental para que los gobiernos conjuntamente con las comunidades indígenas potencialmente afectadas, asuman conjuntamente una decisión en aquellos asuntos que puedan afectarles. En el presente caso, el acceso a la tierra y recursos naturales. Señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, en su reciente visita a Guatemala44, que el Estado de Guatemala tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas, en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente, y en particular en relación con todo proyecto de inversión de infraestructuras, o de exploración o explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas. Recordó además que la obligación de consultar se reconoce en varios instrumentos internacionales, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996; de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007 con el voto de Guatemala, así como por otros tratados internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. a)

La consulta de buena fe realizada en el pueblo maya de Sipacapa

En reunión comunitaria el 19 de enero del año 200545, se acordó llevar a cabo una consulta de buena fe a través del Concejo municipal de Sipacapa. El 24 de enero el concejo municipal emitió el acuerdo municipal 4-2005 a través del cual acordó rea44

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Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre su visita a Guatemala (13 a 18 de junio de 2010). Datos tomados de la petición presentada por el pueblo maya sipakapense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala en contra del carácter vinculante de la consulta de buena fe en Sipacapa.

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lizar una consulta de buena fe conforme a los usos y costumbres del pueblo maya sipakapense, con el objeto de pronunciarse respecto a la actividad de exploración y explotación minera en sus territorios. El reglamento de la consulta fue aprobado posteriormente por la corporación municipal para realizar la misma en 13 aldeas, programada para realizarse el 18 de junio de 2005. Sin embargo, tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad el 7 de junio 2005 en contra del procedimiento de consulta establecido en el reglamento estipulado por el Concejo municipal a través del Acuerdo 09-200546 así como acciones judiciales en respuesta, planteadas por la Procuraduría de Derechos Humanos y el Alcalde municipal de Sipacapa, la consulta se realizó y contó con la participación de 13 aldeas y un total de 2,564 personas obteniendo como resultado 2,448 votos en contra de la actividad minera. El 28 de junio fueron entregados los resultados de la consulta de buena fe tanto a la Presidencia de la República como al Congreso Nacional. Sin embargo, la opinión vertida por el pueblo maya sipakapense a través de los resultados de la consulta al amparo de un acuerdo municipal, no fueron avalados por la Corte de Constitucionalidad, órgano que a través de la sentencia de fecha 8 de mayo 200747 declara con lugar la inconstitucionalidad del artículo 27 del Reglamento de la Consulta de Buena Fe, contenido en el acta cero nueve-dos mil cinco (09-2005), del veintiocho de febrero de dos mil cinco, autorizada por el Concejo municipal de Sipacapa, departamento de San Marcos, en su libro uno de actas. El tribunal constitucional basó su fallo en la no obligatoriedad de los resultados de la consulta debido a que “los procedimientos consultivos deben contar con los marcos jurídicos adecuados que establezcan con precisión las autoridades encargadas de convocar y desarrollar las consultas, el momento en que deban efectuarse y los efectos de las mismas, entendiéndose que los resultados que se obtengan reflejarán el parecer de la comunidad consultada sobre un tema determinado, pero que a estos no se les puede dar carácter regulatorio o decisorio sobre materias que no sean de competencia de las autoridades convocantes o de dichas comunidades”. Además agregó, respecto al marco normativo internacional que “los derechos reconocidos a los pueblos que forman parte de una Nación, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, deben tener posibilidad de realizarse, complementados, como se ha estimado, por medidas legislativas y administrativas que los reglamenten y desarrollen”. De esta forma, al ser declarado inconstitucional el procedimiento a través del cual se efectuó la consulta, quedaban anulados los resultados obtenidos. Respecto a esta 46 47

Acción de Inconstitucionalidad General Total promovida por Rosa María Montenegro Garoz contra los acuerdos municipales 04-2005, 06-2005 y 09-2005. Expediente 1179-2005 Corte de Constitucionalidad, Integrada por los Magistrados Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan Francisco Flores Juárez, Alejandro Maldonado Aguirre y José Rolando Quesada Fernández. Sentencia del 8 de mayo 2007.

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cuestión, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas48 se pronunció de la siguiente forma: “La Corte Constitucional ha interpretado que estas consultas no son estrictamente vinculantes debido a que los municipios no tienen competencia en materia de minería. En todo caso, considero que la trascendencia de las consultas comunitarias no se agota con la cuestión de que si son o no vinculantes desde la perspectiva del derecho interno. Estas iniciativas son válidas y tienen relevancia en la medida que constituyen un reflejo de las aspiraciones legítimas de las comunidades indígenas a ser escuchadas en relación con todo proyecto que tenga un impacto potencial sobre sus territorios tradicionales.” Posteriormente, miembros de las poblaciones afectadas presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos de garantías judiciales, libertad de pensamiento y de expresión, derecho a la propiedad privada, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial, obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno acordes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; derechos violentados por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a los peticionarios. Adicionalmente, el 20 de mayo 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos49 emitió medidas cautelares a favor de miembros de 18 comunidades del departamento de San Marcos afectadas por la explotación minera de la Mina Marlin violando los derechos a la vida, integridad, medio ambiente y bienes del pueblo indígena afectado. Por ello, dicho órgano ordena al Estado de Guatemala la suspensión de las actividades de Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A. así como brindar atención inmediata a los problemas medioambientales y de salud generados por estas actividades en las comunidades amparadas por las medidas cautelares. Sin embargo, esta resolución emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue acatada en su totalidad por el Estado de Guatemala. El Estado adujo en su respuesta a dicho órgano, que no estaba comprobado a través de evaluaciones efectuadas por el Ministerio de Energía y Minas, así como el Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que exista contaminación alguna en las aguas comunales, así como enfermedades derivadas de la explotación minera.50

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Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre su visita a Guatemala (13 a 18 de junio de 2010). MC 260/07- Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, Guatemala. Informe del Estado de Guatemala a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado con la Medida Cautelar (MC 260-07) a favor de las comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ambos del departamento de San Marcos. 7 de julio 2010. Referencia P-1103-2010/RDVC/HEMJ/ad

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b)

Criminalización de actos de protesta

Derivado de la inconformidad de las poblaciones con las actividades de explotación minera llevadas a cabo en la Mina Marlin, se realizaron actos de protesta social. Entre ellas destaca el caso de 8 mujeres indígenas de la comunidad Agel de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos (Gregoria Crisanta Pérez Bámaca, Crisanta Hernández Pérez, Patrocinia Mateo Mejía, Catalina Pérez Hernández, Olga Bámaca González, María Díaz, Crisanta Yoc y Marta Pérez51) contra quienes fue girada una orden de aprehensión el 20 de junio 2008 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, sindicándoles de la comisión del delito de usurpación agravada en contra de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. Debido a la conflictividad social generada en las comunidades por las actividades de explotación minera, se conformó el grupo organizado de ciudadanos Frente de Defensa Sanmiguelense en San Miguel Ixtahuacán, opositores a la actividad extractiva en terrenos aledaños al pozo del nacimiento de agua comunitario en Coral Saqmuj. Montana Exploradora de Guatemala, S.A. adquirió terrenos dentro de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, algunos de ellos para constituir servidumbres de paso de líneas eléctricas. La forma en que fueron efectuados dichos contratos52, sin intérpretes y por lo tanto sin la debida comprensión del texto y de las obligaciones creadas en dicho contrato, causó posteriormente malestar por parte de los propietarios para cumplir las especificaciones contractuales y por lo tanto, recurrieron a los tribunales del ramo civil correspondientes. Esto dio lugar a que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de San Marcos resolviera el 2 de noviembre 2007 la autorización judicial para efectuar el mantenimiento de las líneas de trasmisión eléctrica dentro del inmueble de Crisanta Pérez Bámaca cuya propiedad tiene constituida una servidumbre de paso a favor de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. Para efectuar esta diligencia, se ofició a la Policía Nacional Civil y a Jueces de Paz comunitarios de la localidad; sin embargo esta no se realizó por la oposición de las vecinas conjuntamente con sus hijos menores de edad. Por esta acción, al día siguiente se apersonaron nuevamente los Jueces en compañía de 100 funcionarios policiales, utilizando en este caso violencia desproporcionada contra Crisanta Pérez Bámaca y tres menores de edad, a quienes agredieron físicamente.

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Información obtenida de la comunicación de fecha 28 de agosto 2009 dentro del proceso MC260-07 13 comunidades del pueblo Maya sipakapense y Comunidad de Ágel del pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán. Según informe presentado por los peticionarios dentro del proceso MC 260-07, el 29 de septiembre 2008, los residentes de la comunidad San Miguel Ixtahuacán habían firmado contratos de servidumbre de paso de líneas eléctricas con representantes de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. sin intérpretes del idioma Mam, por lo cual existía un vicio de nulidad en dichos contratos.

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Nuevamente el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de San Marcos emitió la resolución de intervención en el terreno de Crisanta Pérez Bámaca, el 12 de junio 2008, indicando esta vez que en caso de oposición se certificara el delito de desobediencia en su contra. Ante la resistencia de las personas indicadas, fue dictada una orden de aprehensión inmediata el 20 de junio 2008 por el delito de usurpación agravada. El conflicto de carácter civil debió ventilarse por esta vía; sin embargo, a petición de Montana Exploradora de Guatemala S.A., se utilizó la vía penal por una figura delictiva distinta a la de desobediencia, que en todo caso, podría haber sido la aplicable. A pesar que la defensa de Crisanta Pérez Bámaca interpuso varios recursos para anular la orden de aprehensión en su contra, ninguno tuvo efecto positivo. Ante estos hechos, se presentó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue gestionada dentro del proceso identificado MC 260-07. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala información sobre los actos de intimidación realizados por las autoridades a instancia de la empresa, hacia personas opositoras a las actividades de minería; así como las órdenes de captura giradas contra dirigentes y voceros de las comunidades afectadas en virtud de su oposición al proyecto.53 En la respuesta emitida por el Estado de Guatemala el 7 de julio 2010, no se indica la existencia de estas órdenes de aprehensión; al contrario, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que individualice hechos y personas contra quienes supuestamente el Estado ha cometido actos arbitrarios54. Sin embargo, en su informe de fecha 12 de noviembre 201055 el Estado individualiza las personas contra quienes fueron emitidas las órdenes de aprehensión a instancia de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. por el delito de usurpación agravada, señalando que hasta esa fecha se encontraban pendientes de ser ejecutadas. Sobre este punto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en su informe presentado el 4 de marzo 201156 resalta que la práctica sistemática llevada a cabo por el equipo legal de la empresa en 53

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Informe del Estado de Guatemala a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado con la Medida Cautelar (MC 260-07) a favor de las comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ambos del departamento de San Marcos. 7 de julio 2010. Referencia P-1103-2010/RDVC/HEMJ/ad Ibidem. Respuesta del Estado de Guatemala a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Petición 1566-07 Comunidades o aldeas de los Pueblos Mayas Mam y Sipakapense de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. 12 de noviembre 2010. Ref. P-1850-2010/RDVC/HEMJ/cq. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de

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contra de líderes y miembros de las comunidades supuestamente responsables de actos lesivos en contra de la empresa, ha contribuido a empeorar el resentimiento y la desconfianza de las comunidades frente al proyecto. Resalta además, que esta situación conflictiva generada entre las comunidades afectadas y la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. ha generado un número mayor a 40 denuncias ante el Ministerio Público en contra de miembros de las comunidades y dos personas que cumplen penas de prisión por un largo período. La situación de conflicto social se ha mantenido hasta la presente fecha.

2. Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez57 •

Antecedentes

En el mes de diciembre de 2006, nueve comunidades indígenas ubicadas en el área poniente del municipio de San Juan Sacatepéquez, presentaron una denuncia pública ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. En dicha denuncia se afirmaba que personas extrañas realizaron trabajos de medición, retirando cercos limitantes, así como destrucción de cultivos en las comunidades Loma Alta, donde se ubica el Caserío Los Pajoquez y Cruz de Ayapan, Cruz Blanca, que posee los caseríos San Antonio Las Trojes 1 y 2 con fincas importantes que son: San José Ocaña, Concepción y los Quequexques, Santa Fe Ocaña, Aldea Lo de Ramos, Aldea El Pilar 1 y 2. Indicaron los denunciantes que estas personas profirieron amenazas en contra de algunos pobladores orientadas a la venta de terrenos, ya que por ese sector se iniciaba el proceso de crear un acceso a la finca San José Ocaña. Las comunidades fueron informadas de que empresas mineras realizarían proyectos en el área, lo cual provocó que las comunidades se unieran por estar en riesgo el medio ambiente, la salud, la seguridad, las fuentes de agua, entre otras amenazas; esto se dio a conocer al Procurador de Derechos Humanos con el objeto de que se realizara la investigación correspondiente. La Procuraduría de Derechos Humanos inició el expediente identificado como ord.sj.sgua-051-2006 desc, a cargo del Auxiliar Móvil de San Juan Sacatepéquez, quienes constataron que los pobladores no contaban con ninguna información sobre el proyecto que iniciaba.

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Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales. A/HRC/167xx. 4 de marzo 2011. Párrafos 56 y 59. Información obtenida a través del Departamento de Mecanismos de Protección para Defensores DDHH, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos: Informe circunstanciado de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos acerca del decreto 3-2008 en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Derechos Humanos en el caso de San Juan Sacatepéquez. RDVC/HM/jg. 23 de julio 2008.

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Asimismo, los comunitarios presentaron una denuncia ante la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez en diciembre 2006. Se llevaron a cabo 40 reuniones para solicitar información sobre las empresas y proyectos con presencia en las comunidades. Los vecinos solicitaron además, que se llevara a cabo una consulta en las comunidades, con el objeto que se pronunciaran en relación al proyecto de conformidad con las leyes del país. La Municipalidad accedió y nombró una comisión municipal encargada de recabar información sobre los proyectos mineros, para luego trasladar la información a las comunidades. La Municipalidad preparó a los comunitarios para realizar la consulta; sin embargo, la suspendió estableciendo nueva fecha para la realización de la misma. Posteriormente el Concejo municipal revocó esta decisión, por lo cual los vecinos presentaron un amparo ante el Juzgado 8º. de Primera Instancia Penal, por la revocación de la resolución que habilitaba la consulta. Fue declarado sin lugar el amparo el 25 de octubre 2007; comparecieron como terceros interesados Cementos Progreso, S.A. y Minerales de Centro América, S.A. Ante estos hechos, los vecinos procedieron a efectuar la consulta en asamblea comunitaria con el apoyo de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, el 13 de mayo 2007. En la consulta participaron miembros de 12 comunidades con un total de 8,240 ciudadanos documentados, de los cuales únicamente cuatro votaron a favor de las actividades de minería. Los resultados fueron remitidos a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Congreso de la República. El 6 de junio de 2007, las comunidades enviaron a la municipalidad los resultados de la consulta y se le pidió que previo a cualquier autorización relacionada a proyectos mineros, sobre todo cualquier petición de licencia de construcción, se consultara a los vecinos. El Concejo municipal en sesión de fecha 4 de julio 2007, conforme al acta 27-2007 acordó que en cualquier resolución que emitiese referente a los planteamientos presentados por los vecinos, se observaría el contenido de las normas establecidas en los artículos 66 de la Constitución Política de Guatemala y 6 del Convenio 169 de la OIT, concediéndole participación a todos los sectores sociales del municipio, especialmente a las comunidades que pudieran ser afectadas en sus derechos fundamentales. El 14 de septiembre de 2007, se presentó una nueva petición al Concejo municipal y Alcalde en donde se requería información a la Municipalidad sobre la autorización de una licencia de construcción de una carretera, licencia de construcción de plantas mineras o cementeras, así como el estado de la consulta presentada. La Municipalidad informó que al 18 de septiembre 2007 no se había emitido licencia alguna. El 3 de octubre de 2007 las comunidades indígenas, acreditando su representación, comparecieron a la municipalidad solicitando su intervención dentro del proceso de otorgamiento de licencia de construcción a Cementos Progreso, S.A., con el objeto de ejercer la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; tras presentar en varias oportunidades esta petición, se otorgó la licencia a dicha empresa, sin que se tuviera como parte a los vecinos interesados.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Asimismo, se plantearon peticiones de información ante el Ministerio de Energía y Minas el 14 de septiembre 2007, sin resultado alguno. La licencia de exploración número 0138 fue otorgada el 11 de junio 2004 y la licencia de explotación con vigencia de 25 años fue otorgada el 17 de abril de 2007. •

Criminalización de actos de protesta social

El 14 de noviembre 2007, los comunitarios se presentaron ante el Concejo municipal solicitando información de los expedientes de solicitud de licencia de construcción. Comparecieron 500 personas, por lo cual se presentó la Policía Nacional Civil y denunció a varios líderes comunitarios por el delito de manifestaciones y asociaciones ilícitas. Se ordenó la captura de seis líderes comunitarios y posteriormente la Fiscalía amenazó con emitir 20 órdenes de captura. Se capturó a un líder comunitario, indagado por el juzgado correspondiente y posteriormente liberado bajo una fianza de Q.10,000, quedando pendientes cinco capturas más. El 14 de diciembre 2007 se produjo la detención de un líder comunitario de la Aldea Santa Fe Ocaña acusado de terrorismo, provocando la reacción de la población. Las primeras acciones de la comunidad desembocaron en el bloqueo del paso de vehículos, exigiendo la libertad de dicho dirigente. Posteriormente, hubo enfrentamientos entre los pobladores y la Policía Nacional Civil. La conflictividad social generada a partir de la falta de información y consulta de los pobladores de las comunidades indicadas, se incrementó en el transcurso de los años 2007 a 2008. En este caso se destaca el uso masivo de fuerzas de seguridad pública en la represión de manifestaciones públicas de desacuerdo por parte de las comunidades implicadas. Un hecho que resalta es el ocurrido el 28 de marzo 2008. A partir de las seis horas fueron desplegados unos dos mil efectivos de las fuerzas combinadas y contaron con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca para realizar un operativo a cargo del Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional Civil, para realizar diligencias de allanamiento, inspección y registro, programados para 12 inmuebles e igual número de aprehensiones en el municipio de San Juan Sacatepéquez. El operativo y diligencias judiciales estaban dirigidos contra líderes comunitarios ubicados en Santa Fe Ocaña, San Antonio Las Trojes, El Pilar I y II, Lo de Ramos, Loma Alta, Cruz Ayapán y Caserío Ruiz, opuestos a la instalación de la cementera. Otro hecho que destaca es el ocurrido el 22 de junio 2008 cuando las fuerzas de seguridad realizaron un operativo en San Juan Sacatepéquez y fue decretado Estado de Prevención a través del Acuerdo Gubernativo 03-2008 bajo el argumento de los altos niveles de conflictividad que se mantenían en el municipio. Por los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, resistencia con agravación específica y desorden público fueron detenidos 43 vecinos de San Juan Sacatepéquez. Estas personas fueron convocadas por las fuerzas de seguridad bajo el argumento de informarles

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acerca del Estado de Prevención y, cuando se reunieron, fueron tomados sus datos en un listado que consignaba su nombre y edad; posteriormente fueron detenidos sin ser informados del motivo de detención. Cabe acotar que el decreto gubernativo 03-2008 del 22 de junio 2008, no había sido publicado en el Diario Oficial, cuando se realizaron las capturas de los líderes comunitarios, lo cual es una evidencia de que las detenciones se llevaron a cabo ilegalmente y sin el respeto de las garantías constitucionales sobre la materia. El 24 de junio 2008, el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco decretó la prisión preventiva y auto de procesamiento de los sindicados, denegando la petición de una medida sustitutiva solicitada por los abogados defensores. El 17 de julio 2008 se señaló reforma del auto de procesamiento y revisión de medida de coerción; el 4 de agosto 2008 se resolvió con lugar la revisión de la medida de coerción otorgándosele a los sindicados las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país, obligación de presentarse cada 30 días a firmar el libro de asistencia del Juzgado y caución económica de Q2,500.00, ordenándose la libertad de los sindicados. El 26 de noviembre 2008 presentó la acusación y requerimiento de apertura a juicio el Ministerio Público, señalándose para el 18 de diciembre la audiencia, la cual fue suspendida y reprogramada el 13 de enero 2009, en la cual se resolvió el sobreseimiento del proceso a favor de los sindicados. El Ministerio Público apeló esta resolución, resolviendo la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 20 de febrero 2009 declarando sin lugar la apelación y confirmando el fallo impugnado. El 16 y 19 de mayo fue devuelta la caución económica a los sindicados. Los representantes de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas recibieron amenazas debido a sus labores de asesoría legal a las comunidades afectadas. Esta situación motivó la presentación de una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de junio 2008 a favor de 33 personas (incluyendo a los dos abogados de la AANM) por violación al derecho a la información, derecho de petición, derecho de consulta, derecho de participación, derecho a un ambiente sano y derecho a la libertad y seguridad. La situación de conflicto social se mantiene hasta la presente fecha. Hay que hacer notar que en todas las denuncias (aproximadamente 100) que se han presentado ante el Sistema de Justicia y en las que los dirigentes son las víctimas, sólo a un caso se le ha dado el trámite correspondiente.58 Sin embargo, en las denun-

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Se logró sentencia condenatoria pero mediante un recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia (Cámara de Amparos) casó parcialmente la sentencia y reenvió el expediente a la sala respectiva, para que revise nuevamente el fallo.

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cias presentadas en contra de dichos dirigentes comunitarios, a todas se les ha dado trámite y se han ordenado capturas y hay sentencias condenatorias.59, 60 De esta forma, es importante mencionar que más de 75 comunitarios han sido detenidos y procesados; de éstos, se ha demostrado la inocencia de un 85%, teniendo a la fecha a un comunitario condenado a 150 años de prisión, cuyo caso aún se discute mediante un recurso presentado ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, de todas las agresiones que han sido víctimas, no se ha hecho justicia en un solo caso, salvo el mencionado que llegó a sentencia condenatoria. Sin embargo, ante una impugnación de la sentencia el caso podría ser revisado. El resto de casos están archivados sin ninguna investigación, evidenciándose un trato desigual por parte del Sistema de Justicia. Por otro lado, la Criminalización de la Protesta Social es acompañada de acciones de control y uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional Civil. Según información proporcionada por las propias comunidades, en varias oportunidades las 12 comunidades fueron tomadas por más de 3,000 efectivos del Ejército de Guatemala, 2,000 agentes policiales los días 5 y 14 de diciembre de 2007, 28 de marzo y 22 de junio de 2008 y diciembre de 2011; se utilizaron gases lacrimógenos en contra de la población, con intenciones de capturar a líderes comunitarios. En dicha ocasión hubo amenazas y acoso hacia las poblaciones. Además, las comunidades alegan que ha habido una especie de guerra psicológica por medio de la vigilancia en helicópteros, pues en diferentes horarios sobrevuelan las residencias de los líderes comunitarios, tal como se denunció el 26 de marzo de 2008 a la Policía Nacional Civil. Los allanamientos ilegales realizados a las propiedades comunitarias son constantes, los cuales iniciaron desde que la Empresa Cementos Progreso llegó a dichos territorios y allanó más de 20 propiedades indígenas; el 28 de marzo de 2012 allanaron alrededor de 14 residencias de comunitarios que han manifestado estar en contra de la compañía cementera. Durante el proceso de reclamos pacíficos, ocho alcaldes indígenas han sido puestos en prisión; las autoridades han irrespetado la autoridad comunitaria, ya que les han quitado sus varas (que es el símbolo de autoridad), procediendo a quebrarlas y quemarlas. Además, las y los dirigentes comunitarios son calificados de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones en algunos medios de comunicación.

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Abelardo Curup fue condenado a 150 años de prisión por asesinato. Se presentó recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y está pendiente de resolverse después de 10 meses. Los delitos que se imputan a las y los comunitarios han sido detención ilegal; portación ilegal de armas de fuego ofensivas; sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, bacteriológicas; material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones; explosivos o armas de fuego; o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento.

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Por otro lado, en junio de 2008 el Gobierno estableció un Estado de Prevención por medio del Acuerdo Gubernativo 3-2008, como mecanismo para restringir la realización de asambleas, reuniones o marchas; para capturar a personas (43 fueron detenidas) y para facilitar a la empresa Cementos Progreso iniciar operaciones para ejecutar la primera fase de la licencia de explotación, otorgada con anterioridad. Las medidas de criminalización también van acompañadas de la militarización del territorio de las doce comunidades que se oponen a la cementera. En una primera etapa (junio de 2008 a noviembre de 2009), el Estado de Guatemala colocó un destacamento militar en San Antonio Las Trojes para cuidar los terrenos propiedad de la compañía cementera; este fue retirado después de que las comunidades denunciaron amenazas, hostigamiento y persecuciones por parte de los miembros de dicho destacamento. El actual gobierno retomó esta medida mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo 63-2012, por medio del cual se instala una Brigada Militar en San Juan Sacatepéquez. A pesar de las solicitudes de las comunidades, el pasado 30 de junio quedó instalada la Base Militar. Según las comunidades, esta militarización tiene como fin mantener el control de los miembros de las comunidades, para que no continúen con el reclamo de sus derechos.

3. Otros casos importantes: UNIÓN FENOSA en San Marcos •

Antecedentes61

En 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se aprueba la Ley General de Electricidad. La ley planteó que las únicas dos empresas del sector eléctrico hasta entonces, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA), separaran sus funciones de generación, comercialización, distribución y transmisión. Dentro de la reorganización del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), se decidió la desincorporación de las actividades de distribución, para lo cual el Estado de Guatemala llamó a concurso internacional a ofertar por la compra de las distribuidoras de occidente y de oriente (DEORSA-DEOCSA). La empresa transnacional española UNIÓN FENOSA resultó ganadora y fue así como el 4 de mayo de 1999 se nombra oficialmente a UNIÓN FENOSA DEOCSA-DEORSA para distribuir energía eléctrica. UNIÓN FENOSA DEOCSA-DEORSA inicia operaciones en Guatemala desde mayo de 1999 en 20 de los 22 departamentos. En 10 años DEOCSA-DEORSA ha superado los

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Información obtenida a través del Departamento de Mecanismos de Protección para Defensores DDHH, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.

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dos mil millones de quetzales en inversiones (aproximadamente 250 millones de US$) y duplicado el número de suministros en 288 municipios; además, ha alcanzado 1.3 millones de contadores colocados a lo largo y ancho del país. En Malacatán está ubicada la subestación que distribuye energía eléctrica a varios municipios de la zona costera de San Marcos. Los reclamos de las poblaciones se inician en el año 2002 en dicho departamento, cantón San Pablo, municipio de Tacaná. Se constituye el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), a consecuencia, según miembros de las comunidades, de cobros excesivamente altos, irregularidades en el servicio y en el sistema de distribución. El 15 de diciembre 2009, personas no identificadas cortaron cables de alta tensión a inmediaciones del río Cabuz. Los pobladores intentaron comunicarse con una dependencia del Ministerio de Energía y Minas para reportar los daños, pero no hubo respuesta del Estado. Desde el año 2002, los pobladores presentaron múltiples reclamos por cobros indebidos, reconexiones por altas sumas de dinero (entre Q. 2,000.oo y Q. 5,000.oo); errores en las lecturas de contadores, cobros por servicios no activados, allanamiento de morada y cambio de medidores sin autorización del usuario. Esta serie de anomalías llevó a los usuarios en San Marcos a integrar asambleas apoyados por alcaldes auxiliares, comités de base y respaldados por alcaldes municipales de turno. Los usuarios nombraron una comisión que presentó una denuncia ante el gobernador departamental y los representantes de la Comisión Nacional de Electricidad del INDE, el 11 de noviembre del 2002. Tras exponer las demandas de la población, se suscribió en el acta 43-2002 el compromiso de la empresa abastecedora de energía eléctrica, de prestar un adecuado servicio y cobro de acuerdo al consumo real. En esta acta se plasmó el compromiso de instalar una oficina de atención al público en Tacaná (ya que no había oficina de atención al consumidor), condonar los cobros indebidos y fiscalizar la resolución de las anomalías planteadas. Se estableció que en caso de no cumplir con los compromisos, se suspendería el pago de las cuotas del servicio; este documento fue suscrito por las partes. Ante las protestas surgidas de los pobladores de San Marcos por el descontento por el alto costo de la energía eléctrica, el 25 de marzo 2009 se efectuó en Casa Presidencial una mesa de diálogo. Dicha reunión fue encabezada por el Vicepresidente de la República; nuevamente se acordó que se debía actuar en apego a la ley y se trataría de evitar el cobro ilegal de energía eléctrica o conexiones directas para evitar el pago del servicio.

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Asesinatos de dirigentes comunitarios62

Una serie de sucesos conflictivos entre los usuarios y la empresa distribuidora de energía eléctrica, provocaron hechos fatales entre la población. El hecho más destacado ocurrió en el mes de diciembre 2008, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) inició el hostigamiento a dirigentes y pobladores de la zona. Las comunidades alegaron el involucramiento en estos hechos de la empresa UNIÓN FENOSA. El 24 y 25 de diciembre la situación se complicó considerablemente, a tal punto que había personas que tenían órdenes de captura y existían órdenes de allanamiento previamente emitidas. El 11 y 12 de diciembre 2009, personas no identificadas cortaron el fluido de energía eléctrica, dejando sin luz las comunidades de Tecún Umán, La Blanca y Ocós, comunidades en las que la misma sociedad civil realizó las gestiones para su instalación y conexión, comprando los materiales y conectando ellos mismos la energía eléctrica. El 25 de febrero de 2010 en un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su repudio por la serie de asesinatos en contra de dirigentes de FRENA, entre otros. Este hecho motivó que COPREDEH solicitara medidas de seguridad al Ministerio de Gobernación a favor de varios dirigentes. Según información proporcionada por representantes de las comunidades afectadas, en el mes de marzo de 2010 en el municipio de San Pablo, San Marcos, dirigentes de FRENA establecieron acuerdos para reinstalar los transformadores que había quitado la empresa DEOCSA-UNIÓN FENOSA. En dicha reunión estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional Civil (aproximadamente 300), del Ejército de Guatemala (aproximadamente 30) y representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). En el momento de la firma del convenio, un miembro de la PNC disparó al aire y ello provocó el pánico de la población; en ese momento, otros policías dispararon gases lacrimógenos causando daños a la salud de la población. En este hecho, fueron capturadas ocho personas por agentes policiales: Santiago Agustín López, Welsin Joel López Chilel, Germán Hernández Ramírez, Santos Inés López Chilel, Hidalgo Estuar-

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Información obtenida a través del Departamento de Mecanismos de Protección para Defensores DDHH, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. Además, según información proporcionada por las mismas comunidades a partir del año 2008 les han asesinado a los siguientes dirigentes: Robín Erick Fuentes Rodas (15 de diciembre de 2008); Edwin René Fuentes Rodas (22 de octubre 2009); Víctor Gálvez (24 de octubre 2009); Carlos Manfredo Jiménez Surec (15 de diciembre de 2009); Evelinda Ramírez (13 de enero de 2010) Presidenta del Colectivo FRENA en el departamento de Retalhuleu; Pedro Antonio García (29 de enero de 2010); Luis Roberto Morales (5 de febrero de 2010); Octavio Roblero (17 de febrero de 2010). También fueron asesinados sin conocerse la fecha Mario Roberto Figueroa Munguía, Oscar Chen y Santiago Gamboa.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

do López Velásquez, Emilio Onofre López Chilel, Daniel Mazariegos Alonso y Leandro Agapito López Gómez. Posteriormente, fueron liberados por medio de una medida sustitutiva. Según información proporcionada por las comunidades, el señor Santiago Gamboa fue asesinado cuando se refugió en una casa para protegerse de los hechos. Varias personas vieron cómo un policía y un soldado lo perseguían, cuando trataba de protegerse. La Comisión Nacional de Diálogo efectuó diversas sesiones de diálogo entre representantes de FRENA y UNIÓN FENOSA, con el acompañamiento de COPREDEH y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Los temas tratados se centraron en la regulación de la prestación del servicio de energía eléctrica en San Marcos y en la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad para levantar el estado de prevención que fuera decretado después de los hechos de violencia en contra de dirigentes de FRENA. El 18 de febrero 2010 los señores Fructuoso Heriberto Gálvez, Timoteo Filiberto Chum y Jorge Romeo Navarro Cancinos, líderes comunitarios, solicitaron medidas de protección dentro del sistema nacional para 32 personas del movimiento FRENA. Se amplía la protección el 19 de febrero a tres personas más. Esta situación de conflicto social continúa hasta la fecha y los asesinatos se mantienen en la impunidad.63

Caso Corredor Tecnológico en Camotán y Jocotán64 •

Antecedentes

Desde el año 2008 en 44 municipios de Chiquimula se iniciaron las gestiones para el proyecto denominado Corredor Tecnológico, que forma parte del Plan Puebla-Panamá. La Iglesia Católica ha apoyado a las comunidades en pro de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y derechos económicos, sociales y culturales, enfocándose en promover el derecho a la consulta y participación. El primer proyecto en el que se pronunció la Iglesia, es el de la construcción de la Hidroeléctrica Cabijá, proyecto que fue detenido por no haberse efectuado un estudio de impacto ambiental. Posterior-

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Los últimos hechos que se presentan cuando se retiene a personal de la empresa ENERGUATE en la comunidad de San José La Paz en Tajumulco (noviembre de 2012), son resultado de la desesperación de las poblaciones que no obtienen una respuesta a sus reclamos por parte del Estado y de la empresa (mal servicio, sobrefacturación, pago de alumbrado público en donde no lo hay, pago de la tasa municipal que nunca retornan a los respectivos municipios, entre otros), así como detenciones ilegales y asesinatos de dirigentes que quedan en la impunidad y amenazas de detenciones, persecución por las fuerzas de seguridad bajo la dirección del Ministerio Público y cortes de energía eléctrica que deja a la población sin el servicio. Información obtenida a través de entrevistas con personal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (DEFEGUA).

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mente la iglesia se pronunció contra la construcción de la Hidroeléctrica El Orégano en Jocotán, proyecto que carece igualmente de estudios de impacto ambiental. En el mes de mayo del año 2009, el Párroco Jean Marie Boxus fue invitado por la Asociación Poder para Todos, a una presentación sobre el proyecto Corredor Tecnológico en Camotán. En esta reunión comparecieron líderes comunitarios cuestionando el estudio de impacto ambiental y el derecho a la consulta en la construcción de dicho proyecto. Entre estos líderes, Omar Jerónimo, representante de Plataforma Agraria. Debido a las anomalías detectadas en la gestión del proceso, se presentaron tres estudios de impacto ambiental que no fueron avalados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tras recibir tres cartas de oposición por parte de las comunidades interesadas. •

Hechos

La primera semana del mes de octubre 2010 corre el rumor de que el Promotor Municipal del Proyecto Corredor Tecnológico de la Municipalidad de Jocotán, había afirmado que el Padre Jean Marie Boxus había dado su aval al proyecto y que las comunidades debían apoyarlo. El 4 de octubre, el Padre Jean Marie emite un comunicado en Radio Chortí en donde desmiente que cuente con la información suficiente sobre el proyecto para dar un aval y reitera el derecho de las comunidades a ser consultadas y participar en la gestión de su desarrollo. El 7 de octubre comparecen a la Casa Parroquial buscando al Padre Jean Marie, el Coordinador Nacional del Proyecto Corredor Tecnológico, el Promotor local del Proyecto, el Concejal Quinto de la Municipalidad de Jocotán y el Encargado de Asuntos Internos del Corredor Tecnológico. Debido a la ausencia del Padre Jean Marie, estas personas conversaron con otro sacerdote, programando una reunión para el 12 de octubre. El 11 de octubre estaba programado que representantes del Proyecto realizarían mediciones de terrenos que abarcaría dicho Proyecto, sin embargo las comunidades no permitieron que se llevara a cabo dicha diligencia, levantaron un acta sobre los hechos para entregarla al día siguiente en la Municipalidad de Jocotán. El 12 de octubre vecinos de las aldeas Matasano, Candelero y Guaraquiche se congregaron en la Municipalidad de Jocotán exigiendo hablar con el Alcalde municipal, quien estaba fuera del país. No fueron atendidas sus solicitudes, por lo cual se suscitaron disturbios entre los manifestantes, vecinos locales de Jocotán y Policía Nacional Civil, los cuales concluyeron con un incendio provocado a las instalaciones de la Municipalidad de Jocotán, la muerte de Ludyn Magdiel Recinos Corado y las heridas causadas a Elder Ovidio Avila Alveño y Edgar Benjamín Ruano Trigueros, los tres funcionarios policiales. Asimismo, fueron capturados los manifestantes Martín García López, Miguel Carranza Interiano, Domingo Ramos Aldana y Juan Suchité Ramírez. Tres de los capturados guardan prisión hasta la fecha en Los Jocotes, Zacapa, con indicios de haber sufrido tortura y los procesos judiciales no avanzan.

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El conflicto intentó ser mediado por representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos del Organismo Ejecutivo (COPREDEH) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), ya que no hubo presencia de la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Posteriormente el señor Oswaldo Rodríguez, síndico primero de la Municipalidad de Camotán, en un comunicado de prensa adjudicó la responsabilidad de los hechos a la Iglesia Católica, específicamente al Padre Jean Marie Boxus y representantes de Plataforma Agraria (entre ellos Omar Jerónimo). •

Órdenes de captura en contra de defensores de derechos humanos

El Padre Jean Marie Boxus recibe el 18 de octubre una notificación del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula para prestar la primera declaración en calidad de sindicado por los delitos de Desorden Público, Instigación a Delinquir, Homicidio en Riña Tumultuaria, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas y Agrupaciones Ilegales. La audiencia se efectuó el 29 de octubre 2010 en la cual se decretó la falta de mérito. Sin embargo, se mantiene la presión de la justicia penal en su contra, lo cual constituye un clásico caso de criminalización, ya que debido a que el padre Boxus apoya y defiende a las comunidades que no están de acuerdo con el Plan Puebla-Panamá, el sistema de justicia lo persigue y criminaliza. Por esta razón ha recibido amenazas en las que se le exige que no apoye más a las comunidades. Además de este caso, en la actualidad se mantiene una persecución a otros dirigentes comunitarios que luchan por la defensa del territorio en dicho municipio. Es necesario investigar de dónde provienen estas amenazas.

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V. Consideraciones finales 1.

La criminalización de la protesta social se expresa en diversas formas que van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos, hasta el juicio a dirigentes sociales, allanamiento de sus oficinas, amenazas directas e indirectas y la descalificación sistemática de la labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos;

2.

Los métodos utilizados por los diferentes gobiernos en Guatemala para criminalizar la protesta social y generar un proceso de estigmatización y persecución de movimientos sociales y defensores de derechos humanos muestran patrones similares: imposición de estados de excepción; remilitarización de diferentes territorios; amenazas; allanamientos de oficinas; y violencia física en su contra son algunos de estos patrones; además, se utiliza el derecho penal en contra de dirigentes que defienden los recursos naturales y sus territorios frente a megaproyectos, acusándolos de cometer delitos tales como reuniones y manifestaciones ilícitas, resistencia con agravación específica y desorden público, detención ilegal; portación ilegal de armas de fuego ofensivas; sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, bacteriológicas; material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones; explosivos o armas de fuego; o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento y terrorismo. Además, las y los dirigentes comunitarios son calificados en forma tendenciosa de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones en algunos medios de comunicación;

3.

Existe negligencia y/o mala fe por parte de operadores de justicia que integran la administración de justicia, ya que el Derecho Penal es utilizado para castigar y criminalizar las actividades pacíficas de protesta social y las reivindicaciones legítimas de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones y movimientos indígenas en defensa de sus derechos. Esto ha dado lugar a procesar y en algunos casos a condenar, a defensores de derechos humanos como autores de delitos comunes;

4.

Los Juzgados del Ramo Civil y los oficiales y jueces que los integran desconocen gran parte del contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en muchos casos, por negligencia o por mala fe, resuelven en contra de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, aplicando criterios tradicionales y clásicos de derecho civil basados en principios del siglo XIX y no con un enfoque de derechos humanos;

5.

El Estado de Guatemala debe cumplir con su obligación de garantizar la protección por las autoridades competentes de toda persona, frente a hechos de violencia, amenaza, represalias, discriminación de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo y pacífico de sus derechos;

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6.

Existe un cuadro persistente de denegación de justicia para las y los defensores de derechos humanos, en el que destaca la celeridad con que los procesos penales en contra de dichas personas son gestionados por un lado; y por el otro, la falta de respuesta ante las demandas presentadas por comunidades, pueblos indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y en relación con actos atentatorios de sus derechos; esto también puede interpretarse como una pauta de discriminación en el acceso a la justicia.

SERVIPRENSA Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos de Serviprensa, S. A. en el mes de diciembre de 2012. La edición consta de 200 ejemplares en papel bond blanco 90 gramos.

Comisión Internacional de Juristas La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es una organización no-gubernamental dedicada a promover el conocimiento y respeto del estado de derecho y la protección legal de los derechos humanos en todo el mundo. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y cuenta con 37 secciones nacionales, 45 organizaciones afiliadas y 60 eminentes juristas de todas las regiones del mundo.

Presidente Prof. Pedro NIKKEN, Venezuela

Vicepresidente Justice John DOWD, Australia

Comité Ejecutivo Dr. Rajeev DHAVAN, India Prof. Vojin DIMITRIJEVIC, Serbia Justice Unity DOW, Botswana Prof. Robert GOLDMAN, Estados Unidos

Prof. Jenny E. GOLDSCHMIDT, Países Bajos Sra. Karinna MOSKALENKO, Rusia Justice Michèle RIVET, Canadá Sr. Raji SOURANI, Palestina

Otros Miembros de la Comisión

Comisión Internacional de Juristas ICJ – CIJ 33, rue des Bains Casilla Postal 91 1211 Ginebra 8 Suiza

Sr. Muhannad AL-HASANI, Siria Sr. Ghanim ALNAJJAR, Kuwait Sr. Raja AZIZ ADDRUSE, Malasia Prof. Abdullahi AN-NA’IM, Sudán Justice Solomy BALUNGI BOSSA, Uganda Sr. Abdelaziz BENZAKOUR, Marruecos Justice Ian BINNIE, Canadá Prof. Alexander BRÖSTL, Eslovaquia Justice Azhar CACHALIA, Sudáfrica Justice Moses CHINHENGO, Zimbabue Prof. Santiago CORCUERA, México Prof. Louise DOSWALD-BECK, Suiza Justice Hisham EL BASTAWISSI, Egipto Justice Elisabeth EVATT, Australia Prof. Jochen A. FROWEIN, Alemania Dr. Gustavo GALLÓN, Colombia Sr. Stellan GÄRDE, Suecia Sr. Roberto GARRETÓN, Chile Prof. Michelo HANSUNGULE, Zambia Sra. Sara HOSSAIN, Bangladesh Sra. Gulnora ISHANKHANOVA, Uzbekistán Sra. Asma JAHANGIR, Pakistán Sra. Imrana JALAL, Fiji

Justice Kalthoum KENNOU, Túnez Prof. David KRETZMER, Israel Prof. Kazimierz Maria LANKOSZ, Polonia Justice Ketil LUND, Noruega Justice José Antonio MARTÍN PALLÍN, España Justice Charles MKANDAWIRE, Malawi Sr. Kathurima M’INOTI, Kenia Justice Sanji MONAGENG, Botswana Prof. Iulia MOTOC, Rumania Prof. Vitit MUNTARBHORN, Tailandia Dr. Jorge Eduardo PAN CRUZ, Uruguay Prof. Mónica PINTO, Argentina Prof. Andrei RICHTER, Rusia Prof. Sir Nigel RODLEY, Reino Unido Prof. Claes SANDGREN, Suecia Sr. Belisário DOS SANTOS JUNIOR, Brasil Justice Philippe TEXIER, Francia Prof. U. Oji UMOZURIKE, Nigeria Justice Vilenas VADAPALAS, Lituania Prof. Yozo YOKOTA, Japón Justice E. Raúl ZAFFARONI, Argentina Prof. Leila ZERROUGUI, Argelia

Miembros Honorarios Prof. Georges ABI-SAAB, Egipto Justice P.N. BHAGWATI, India Dr. Boutros BOUTROS-GHALI, Egipto Sr. William J. BUTLER, Estados Unidos Prof. Antonio CASSESE, Italia Justice Arthur CHASKALSON, Sudáfrica Justice Marie-José CRESPIN, Senegal Dato’ Param CUMARASWAMY, Malasia Dr. Dalmo A. DE ABREU DALLARI, Brasil Prof. Alfredo ETCHEBERRY, Chile Lord William GOODHART, Reino Unido Justice Lennart GROLL, Suecia Justice Louis JOINET, Francia Prof. P.J.G. KAPTEYN, Países Bajos Justice Michael D. KIRBY, AC, CMG, Australia Prof. Kofi KUMADO, Ghana

Justice Claire L’HEUREUX-DUBÉ, Canadá Prof. Jean-Flavien LALIVE, Suiza Dr. Rudolf MACHACEK, Austria Prof. Daniel H. MARCHAND, Francia Sr. J.R.W.S. MAWALLA, Tanzania Sr. François-Xavier MBOUYOM, Camerún Sr. Fali S. NARIMAN, India Prof. Manfred NOWAK, Austria Prof. Bertrand RAMCHARAN, Guyana Sir Shridath S. RAMPHAL, Guyana Prof. Daniel THÜRER, Suiza Prof. Christian TOMUSCHAT, Alemania Sr. Michael A. TRIANTAFYLLIDES, Chipre Prof. Theo VAN BOVEN, Países Bajos Prof. Lucius WILDHABER, Suiza Dr. José ZALAQUETT, Chile