Impactos de ISDS sobre justicia fiscal El tema de demandas en el ISDS sobre temas tributarios es transversal a todos los sectores de la economía. Hasta el 2016 habían registrados: • 40 casos en todo mundo de demandas en el ISDS sobre temas tributarios; • 25 países de todas las regiones del mundo se han defendido contra compañías de diversos sectores • Los países más demandados fueron Uganda, Moldavia, Ecuador (4), Venezuela, Perú, Romania, Argelia, Uzbequistán, Corea, Ucrania y México (4) • La mayoría de los inversionistas vienen de los EEUU, UK, Francia y Canadá; pero en eses casos es importante señalar que muchas de las empresas que demandaron estados son filiales de otras empresas que se localizan en paraísos (guaridas) fiscales. • La mayoría de los casos viene del sector energético y extractivista; pero hay muchos otros sectores como alimenticio, financiero y telecomunicaciones. Las demandas relacionadas con los casos de tributación se han intensificado especialmente en los últimos cinco años: • Entre 1995-2004: solo 10 casos; entre 2005-2015: 30 casos. No hay dados actualizados desde 2016. Los gobiernos se han visto expuestos a demandas multi-millonarias. Pero cuando se trata de tributos el peor no es ni la cuantidad demandada en los juicios, si no, el potencial de ampliación en la recaudación tributaria de los Estados que se pierde. EL PRINCIPAL PROBLEMA ESTA EN PORQUE DEMANDAN • • • • • • •

Medidas para combatir el fraude fiscal en la industria minera (Quiborax vs Boliviai), Medidas para tributar las ganancias del sector extractivista (Sergei Paushok vs Mongolia)ii y otros diversos casos. Medidas para aumentar el IVA Medidas de revisión de incentivos fiscales (Micula x Romania); (Canadá x empresa maderera EEUU) Medidas para aumentar las regalías de las commodities (diversos casos) Medidas para combatir la elusión fiscal (Vodafone x India) Medidas para aumentar tributos sobre bebidas con alto teor de azúcar (Cargill x México)

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Quiborax vs Bolivia is a clear example of how investment protection agreements can undermine governments’ decision to tackle fraud and tax evasion. During an audit, the state found tax irregularities and also evidence that the company had fraudulently amended board minutes to appear to be Chilean so it could take advantage of the protection of the Chile–Bolivia BIT. These gave grounds for the annulment of the mining concessions. The Tribunal found that “illegal conduct during the operation of an investment does not bar an investor from relying on guarantees under a BIT” and ruled in favour of the company, ordering Bolivia to pay USD 50 million. ii The case of Sergei Paushok vs Mongolia shows how investors can use investment arbitration to try to undermine the legitimate prerogative of governments to determine their tax system. In 2006, after five years during which the price of gold continued to rise to unprecedented levels, the Mongolian parliament introduced a 68% tax on gold sales of over USD 500 an ounce. With this measure, the government aimed to increase its revenue from the extractive industry. Even when the Tribunal finally dismissed the claim, arguing the tax was not tantamount to expropriation, the government of Mongolia still had to pay the lawyers’ and arbitrators’ bills.