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POLITICA

Domingo 9 de agosto de 2009

DERECHOS HUMANOS s MIRADAS DIFERENTES

Fuerte polémica por las cifras de desaparecidos La postura de Fernández Meijide cosechó apoyos y duras críticas El 23 de octubre de 1976, fuerzas de seguridad entraron en la casa de la familia Fernández Meijide y se llevaron a Pablo, su hijo de 17 años. Su desaparición cambió para siempre la vida de esa familia y torció el rumbo que llevaba su mamá, que se deshizo de su instituto de idiomas para dedicarse obsesivamente a trabajar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así empieza el libro casi autobiográfico de Graciela Fernández Meijide La historia íntima de los derechos humanos, donde se entrelazan su tragedia y los orígenes de los organismos de derechos humanos. En el texto, Fernández Meijide habla de “casi 9000 desaparecidos”, el número final al que llegó la investigación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y de los 7030 que hoy figuran en los registros oficiales en Internet. Su omisión de los 30.000 casos que denuncian los organismos de derechos humanos y su propuesta posterior de rebajar las penas a los militares a cambio de información partieron literalmente en dos a la opinión pública y trajeron al país una polémica que florece ante la

lentitud de la Justicia y el silencio de los acusados. “La rebaja de penas a cambio de información se hizo con éxito en Sudáfrica. Está de acuerdo con el espíritu del Código Penal y no consagra la impunidad”, le dijo a LA NACION Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las juntas militares. Strassera también apoyó los reparos de Fernández Meijide frente al número de desaparecidos. “Ella no negó nada, sólo dice cuántos hay documentados”, consideró.

Número documentado Jorge Torlasco, integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas, tuvo una opinión similar. “La Cámara pidió todas las causas del país y reunió 9000 casos, es el único dato documentado que existe”, sostuvo Torlasco. Entre quienes integraron la Conadep, Santiago López, ex diputado radical y compañero de Fernández Meijide en ese organismo, buscó bajar la polémica. “El número de 30.000 desaparecidos es simbólico. No tengo duda de que hay más casos de los que tenemos registrados, pero no es un dato matemático. Es tan

grave que sean 10.000 como 30.000”, aseveró. Los organismos de derechos humanos, en cambio, fueron terminantes con su rechazo en ambos temas. “Es terrible lo que dice, es tomar con superficialidad lo que hemos padecido”, apuntó compungida Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Bonaparte dijo a LA NACION que tampoco aprobaba la propuesta de rebajar penas a cambio de información porque “sería ponerse al nivel de los asesinos”. Las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ya habían hecho públicas sus críticas. Para Bonafini, hablar de la cantidad de desaparecidos es “un oprobio, una ofensa”. “Es prácticamente decir que mentimos”, se le sumó Carlotto, que agregó que los 30.000 desaparecidos no son “un número caprichoso”, sino basado en distintas pruebas. “No negociamos de ninguna manera la impunidad por encontrar a nuestros nietos”, aclaró Carlotto, que todavía no halló al suyo.

OPINION

Una discusión infructuosa LEON CARLOS ARSLANIAN PARA LA NACION El célebre Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), tanto en su prólogo cuanto en el Capítulo II, se refiere al número de personas desaparecidas, víctimas de la represión ilegal: cerca de 9000, dice en el primero; 8961, precisa el segundo. En ambos casos se pone cuidado en alertar acerca del carácter provisional de dicha cifra, siempre abierta a comprobaciones ulteriores en la medida en que nuevas denuncias o nuevos hallazgos, fruto de las investigaciones en curso, permitan incrementar esas listas. Tal determinación, base de la sentencia de la Cámara Federal Penal de la Capital, no fue antojadiza sino el fruto de la documentación e información acopiada por aquel organismo y la Justicia, y consistió en la suma de todos los expedientes judiciales con motivo de las denuncias –incluso actuaciones oficiosas– y “habeas corpus” que por miríadas se presentaron en todo el país, sin pasar por alto las referencias recogidas por la Conadep. Sin embargo, tales estimaciones han sido puestas en entredicho en el prólogo introducido a una nueva edición, a 30 años del golpe, por la Secretaría de Derechos Humanos, para la que el número de desaparecidos ascendió a 30.000, en lo que coinciden, en términos generales, las organizaciones de derechos humanos. ¿Dónde está la verdad? Fernández Meijide defiende sus cifras con dos argumentos formalmente irrebatibles. Así, en el capítulo 8 de su libro La Historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina, remite a registros de carácter oficial. El primero, proveniente de la página web de la Secretaría de Derechos Humanos, de la que surge un listado de personas con filiación completa, lugar y fecha de desaparición, que asciende a 7030, y otro de 924 personas de las que sólo se consignan sus nombres. El segundo, que en los muros del Parque de la Memoria se exhiben los nombres de 8875 personas desaparecidas por razones políticas entre 1969 y 1983. Tanto esa información como la provista en el Informe de la Conadep constituyen información oficial, a la que cabe atenerse en la medida en que cada desaparición se encuentra respaldada por los datos de filiación de la víctima. Por las mismas razones dadas en el Informe –la provisoriedad de aquellos números e incluso de los más recientes–, toda otra apreciación es conjetural, aunque no necesariamente falaz. No veo conducente ni provechosa una discusión como la que se ha planteado. La menor cantidad no conmueve en un ápice la gravedad de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, ni la necesidad de su esclarecimiento. No hay número alguno que disculpe o atenúe porque lo que ha conmovido hasta la médula a nuestra Nación ha sido que el Estado, en vez de preservar la paz a través del respeto y la vigencia de los derechos de los ciudadanos, se haya dedicado a sembrar el terror, a perseguirlos, a eliminarlos, a privarlos de un proceso regular y a hacer tabla rasa con las más preciadas garantías.

El autor integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares