Ciencias Sociales R E V I S TA D E L A FA C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S / U B A nº 82 / nOVIEMBRE 2012

AUTORIDADES Decano Sergio CALETTI / Vicedecana Adriana CLEMENTE / Secretaria de Gestión Institucional Mercedes DEPINO Subsecretario de Coordinación Institucional Alberto RODRÍGUEZ / Subsecretario de Sistemas Javier APAT Secretaria Académica Stella MARTINI / Subsecretario de Gestión Académica Hugo LEWIN Subsecretaria de Planificación Académica Marcela BENEGAS / Secretario de Estudios Avanzados Mario MARGULIS Subsecretaria de Investigación Mónica PETRACCI / Subsecretaria de Doctorado Mercedes CALZADO Subsecretario de Maestría y Carreras de Especialización Sebastián MAURO / Secretario de Cultura y Extensión Alejandro ENRIQUE Subsecretaria de Extensión María Isabel BERTOLOTTO / Subsecretaria de Empleo Érica CLEMENTE Secretaria de Hacienda Cristina ABRAHAM / Subsecretaria de Hacienda Graciela MATTIA Subsecretario de Infraestructura y Hábitat Diego BRÁNCOLI / Secretaria de Proyección Institucional Shila VILKER Subsecretaria de Comunicación Institucional Ingrid SARCHMAN / Subsecretaria de Publicaciones Natalia ROMÉ DIRECTORES DE CARRERAS E INSTITUTOS Ciencia Política Luis TONELLI / Ciencias de la Comunicación Glenn POSTOLSKI / Relaciones del Trabajo Stella ESCOBAR Sociología Alcira DAROQUI / Trabajo Social Ana ARIAS / Instituto de Investigaciones Gino Germani Julián REBóN Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe Mabel THWAITES REy CONSEjO DIRECTIVO CLAUSTRO DE PROFESORES Titulares Federico SCHUSTER, Héctor ANGÉLICO, Adriana CLEMENTE, Damián LORETI, Nélida ARCHENTI, Waldo ANSALDI, Lucas RUBINICH, Carlos SAVRANSKy / Suplentes Alejandro KAUFMAN, Mónica LACARRIEU, Roberto POMPA, Luis CASTILLO MARÍN, Oscar MORENO, Mario TOER, Alberto BIALAKOWSKy, Silvia LAGO MARTÍNEZ CLAUSTRO DE GRADUADOS Titulares Javier BRÁNCOLI, Enzo CANADE, Esteban DE GORI, Lucas ROZENMACHER Suplentes Diego GERZOVICH, Damián PAIKIN, Sebastián ACKERMAN, Emiliano CENTANNI CLAUSTRO DE ESTUDIANTES Titulares Florencia AGUILERA, Ignacio FIAMBERTI, Cristian ARANA RALDES, Jazmín RODRÍGUEZ Suplentes Alejandro PIQUE, Karina ALBARRACIN, Martín CLAVELL, Matías CASSANI LAHAM Staff Editora responsable Shila Vilker / Director Ramiro Lehkuniec / Redacción y coordinación Marcela Aszkenazi, Luciana Strauss Diseño gráfico Mariana Felcman / Corrección Ricardo M. Rodríguez / Colaboración Diego Sztajn Editor de fotografía Martín Schiappacasse / Foto de tapa “Carla. Buenos Aires. 2008” de Marcos López Fotos de interior Luciana Capurro, Soledad Gryciuk, Juan Fernando Ospina, Martín Schiappacasse

-Edición realizada con el apoyo del Ministerio de EducaciónAgradecemos especialmente la gentileza de Marcos López y de Chechu Moziman. Fe de erratas: En el número anterior, en el artículo “Estado, familia y propiedad: los ricos en la Argentina reciente” de Ana Castellani y Mariana Heredia, se menciona que Paolo Rocca es tercera generación de ingenieros, cuando en realidad el ingeniero era su hermano mientras que él tiene estudios en Ciencia Política. Los artículos firmados expresan opiniones de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales. COntaCtO: [email protected] / ISSN 1666-7301 IMPRESA EN LA STAMPA IMPRESORES www.lastampaimpresores.com.ar

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82 Sumario DOSSIER RICARDO ARONSKIND

4 América Latina: Patria Grande 10 América Latina: Hacer más, hacer mejor

MARIO TOER

12 Repensar al Estado desde su especificidad periférica. Configuraciones y metamorfosis de la estatalidad 19 Desafíos en las disputas por la hegemonía

RUBÉN DRI

24 Enfrentamientos político-religiosos en Latinoamérica

MABEL THWAITES REY y HERNÁN OUVIÑA

FERNANDO PEDROSA ROCíO ANNUNZIATA AMíLCAR SALAS OROÑO HUGO CALELLO INÉS NERCESIAN y LORENA SOLER GERARDO HALPERN VERÓNICA GIORDANO GLORIA EDEL MENDICOA

ANDREA LÓPEZ ESTEBAN SERRANI

MARTA NOVICK GRACIELA LILIANA FERRÁS DAMIÁN PAIKIN PATRICIA FUNES GABRIELA POLIT DUEÑAS DIANA ROSSI, ARACELI GALANTE, GONZALO RALÓN y RAÚL ALEjANDRO CORDA LILIANA DEMIRDjIAN PABLO HERNÁNDEZ Y GLENN POSTOLSKI

28 Para aumentar la integración regional latinoamericana: los partidos políticos como actores trasnacionales 33 Resignificar la participación 38 Política y economía. Cambio de época y realineamiento partidario en Argentina y Brasil 42 De mitos y fantasmas. Entre la sinrazón populista y la utopía socialista 47 Reflexiones sobre la violencia política. Una mirada de larga duración 54 Algunos problemas en Paraguay y un poco más allá 61 Instantáneas del camino de los derechos políticos femeninos en la construcción del orden en América Latina 66 La integración regional en el Mercosur del siglo XXI. El sentido de una coordinación estratégica para nuevas gestiones internacionales e intergubernamentales 71 La reconstrucción del Estado. Una mirada a partir del caso argentino 76 Nacionalismo y transformaciones petroleras recientes. La expropiación de yPF en contexto 81 El debate sobre el trabajo en América Latina 86 Eurindia y la sabiduría de América 91 La función de la integración regional en el discurso político argentino 96 Acumulación originaria y afirmaciones latinoamericanas 101 Jugando con los estereotipos: La obra de Juan Fernando Ospina 108 Políticas de drogas. Tensiones, conflictos y contradicciones 112 Democracias latinoamericanas. La disputa por la hegemonía entre gobiernos progresistas y medios de comunicación 117 Populismo/gentismo. Las tensiones entre los gobiernos transformadores y los medios

AVANCES

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2° FORO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGíA EN BUENOS AIRES

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NUESTROS LIBROS 140 NOVEDADES EDITORIALES 144

al lector Resulta difícil negar que largas zonas de nuestro pensamiento regional operan con esquemas ajenos. Pero también puede notarse que es, justamente, confrontados con esas matrices que los pueblos reales se revelan indóciles a categorías poblacionales, que las experiencias políticas resultan desajustadas o inconvenientes y que las costumbres son menos que exóticas y más que folclóricas. Allí donde las medidas de la normalidad están para allanar singularidades, un pulso insiste, una desmesura nunca abandonada de producir formas de pensamiento propias o apropiadas; gramáticas políticas insolentes y sensibilidades ricas y contradictorias, de una originaria contaminación. Nuestros países, a veces llamados subdesarrollados, en vías de desarrollo, emergentes, interpelan sin embargo las leyes del tiempo histórico. Pero aunque la medida se escribe siempre en otro lugar, algo hay de verdadero en esa enunciación: América Latina viene siendo, viene viniendo, se mueve. La Revista Ciencias Sociales en su edición 82 se ofrece como espacio para recoger ese movimiento, para reflexionarlo en primera persona, en una temporalidad politizada y conmovida. Esta edición se inscribe en un esfuerzo más amplio de la Facultad dedicado a albergar institucionalmente el pensamiento crítico de nuestra región y que toma forma en una oferta académica que incluye una Maestría en Estudios latinoamericanos y un Instituto de investigación en este mismo campo. Una importante cantidad de investigadores participan en este número, recorriendo diversas problemáticas, nuevas o de larga data: formas de participación y organización políticas, movimientos religiosos, búsquedas estéticas y filosóficas, experiencias históricas, desafíos, peligros y posibilidades. Este número, con más páginas que lo habitual, cuenta con el rico aporte de la mirada del artista Marcos López, a quien agradecemos la imagen que se presenta en la tapa, y las valiosas colaboraciones de los fotógrafos Luciana Capurro, Soledad Gryciuk y Juan Fernando Ospina. Porque no se trata solamente de oír y leer, sino de ver lo que allí se agita. América Latina ayer y hoy, América Latina con y contra, siempre en situación de bisagra entre nosotros y otros, como espacio de tensiones y contradicciones, como campo abierto de preguntas. América Latina, Patria Grande. LOS EDITORES

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América Latina

PATRIA GRANDE

DOSSIER

A más de una década de comenzado el siglo XXI, América Latina asoma con grandeza. En pleno proceso de ampliación de espacios regionales y de construcción de nuevas formas políticas, nuestra Patria Grande nos interroga, nos interpela, nos cuestiona: ¿cómo opera la relación contradictoria entre la unidad y la diversidad, entre lo general y lo particular, así como entre lo ajeno y lo propio? ¿Cómo se articula y entremezcla la multiplicidad de formas de ser y el pensarnos latinoamericanos en un imaginario compartido? A partir de estas encrucijadas investigadores y docentes de la casa abren, desde agudos análisis y reflexiones profundas, un abánico de problemas que transitan variados lazos y recorridos geográficos, culturales, políticos y económicos. 5

DOSSIER

América Latina: hacer más, hacer mejor POR RICARDO ARONSKIND

Economista y magíster en Relaciones Internacionales. Investigador docente de la UNGS. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y en las maestrías de Políticas Económicas (FCE) y de Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Autor de Riesgo País. La jerga financiera como mecanismo de poder y Controversias y debates en el pensamiento económico argentino. Evaluador en CONICET y ANPCyT.

LA ÚLTIMA DÉCADA El período de amplia hegemonía neoliberal representó para la región un tiempo de profundización de la dependencia financiera, productiva y tecnológica, de agudización de las diferencias sociales y de debilitamiento de las capacidades estatales. Se redujo estructuralmente la autonomía de la región, que profundizó su tradicional lugar pasivo y subsidiario en la división internacional del trabajo. Sin duda, a partir de comienzos de la década precedente, la situación de América Latina mejoró considerablemente, tanto en términos políticos como económicos. Esto se debió a un cambio del contexto internacional, en el que se verificó una mejora de los precios de nuestros bienes exportables, tasas de interés muy bajas, y la aparición de algunos gobiernos regionales progresistas, con una visión más autónoma de las políticas económicas y de las relaciones internacionales que las que caracterizaron al predominio neoliberal. Sin embargo, los cambios positivos en materia de crecimiento económico, mejora de las finanzas estatales, incremento del gasto público y del gasto social no constituyeron un salto cualitativo hacia estadíos mas elevados del desarrollo económico y social. La superación de ese retroceso histórico no se logra simplemente retomando el crecimiento económico, lo que es muy valioso, sino realizando un conjunto de transformaciones cualitativas (en la forma de producir, de distri-

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buir, de conectarse con el mundo y de conducir el proceso económico propio) que sólo empezaron a realizarse parcialmente en algunos países de la región. En ese contexto de recuperación económica regional, la crisis que estalló en 2008 en Estados Unidos provocó un ralentamiento de esa dinámica positiva, expuso nuevamente las limitaciones de nuestras estructuras sociales y productivas, y nos obliga a una revisión del optimismo provocado por la etapa “fácil” de crecimiento reciente. De alguna forma, y a contramano de la dinámica fuertemente regresiva que está asumiendo el capitalismo a nivel global, se plantea nuevamente la necesidad de un programa de reformas más exigente que el seguido hasta ese momento. Esta necesidad no deriva simplemente de preferencias ideológicas, sino de los efectos que la evolución del escenario mundial tendrá sobre nuestra región en caso de continuar la débil concreción del proyecto de integración actual.

EL CONTEXTO GLOBAL La economía mundial viene mostrando cambios muy significativos en los últimos 25 años, que deberían ser comprendidos en todas sus implicancias para definir una estrategia propia que tenga un alto grado de realismo. Es imposible dar cuenta de todos en este espacio, pero repasaremos brevemente algunos de los más importantes.

LUCIANA CAPURRO

DOSSIER

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DOSSIER

LA EMERGENCIA DE ASIA En la zona oriental y sur de Asia se viene desenvolviendo un poderoso crecimiento de fuerzas productivas, que no se limitan a la producción de bienes de baja calidad, basados en mano de obra barata, sino en una amplia diversificación productiva con creciente incorporación y producción de tecnología local. A los enormes logros de Japón, se sumó Corea, y en los últimos 20 años, China e India. A pesar de las divisiones políticas, las sinergias productivas regionales están modificando el balance de poder global, compitiendo con las tradicionales potencias de la zona atlántica. Las dimensiones poblacionales de China, unidas al espectacular crecimiento ocurrido desde hace un cuarto de siglo, la han convertido en la gran fábrica de la Tierra, absorbiendo a sectores industriales de todo el planeta, inundando con sus productos los más diversos mercados y acumulando masas enormes de divisas internacionales. Las dimensiones de su aparato productivo han convertido a ese país en una economía sedienta de recursos energéticos, materias primas y alimentos para su población.

CRISIS EN EL ATLÁNTICO La migración de capital productivo desde las economías occidentales hacia Oriente se dio en un contexto de financiarización de la economía global, lo que implicó en las economías más afectadas, el desplazamiento de actividades industriales por las de servicios y especialmente las financieras. Producto de esta creciente hegemonía financiera, se llegó a la crisis de 2008. Esa crisis fue el producto de la amplia desregulación financiera, que llevó a la generación de una enorme burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que derivó en un gigantesco rescate de entidades en ese país y otros de Europa con similares características especulativas. La quiebra privada se transformó (salvatajes mediante) en un fuerte deterioro de las cuentas públicas, que ha subordinado a un conjunto de Estados al dictado de los capitales especulativos. La preeminencia de políticas neoliberales en esos países ha llevado a niveles casi nulos de crecimiento a los EE.UU. y la UE, que no muestran signos de modificación positiva en los próximos tiempos. A pesar del debilitamiento relativo de ambos protagonistas del orden global, no debe desdeñarse la capacidad (especialmente de los Estados Unidos) en la utilización de los numerosos atributos de poder que aún posee (tecnológicos, militares, financieros), para reubicarse exitosamente ante sus nuevos adversarios. La combinación de la emergencia asiática con la crisis en el Atlántico hace prever un escenario de disputas internacionales tanto políticas como económicas. Frente al cerrado consenso neoliberal en el centro del sistema mundial, aparece un panorama plagado de fisuras, contradicciones y disputas. La “desorganización” de un

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orden mundial que fue para Latinoamérica en las últimas décadas una fuente de dominación y opresión económica puede constituir un espacio de libertad para definir políticas autónomas que impliquen mejoras genuinas para nuestra población. Pero también, dadas las características del avance chino, puede ser otra vuelta de tuerca en la dependencia y la consolidación de las estructuras subdesarrolladas de América Latina.

LAS POTENCIALIDADES América Latina cuenta con una serie de recursos tales que adecuadamente articulados podrían constituir una fuente de enorme progreso regional y de mejora de las condiciones de vida de todos sus habitantes. La población de nuestra región, 590 millones de habitantes (la de América del Sur, aproximadamente 400 millones) constituye una masa significativa, tanto en su capacidad para generar riqueza, como por el tamaño del mercado que eventualmente podría representar. Si bien la región no ha estado a la cabeza de las innovaciones mundiales, ha conseguido construir un aparato industrial y contener capacidades científicas y tecnológicas que constituyen una base que, potenciada adecuadamente, podría lograr un salto cualitativo y aproximarse a la frontera internacional del conocimiento y de la producción. La existencia de abundantes y variados recursos naturales (agua, energía, minerales, alimentos, biodiversidad) plantea un notable desafío en cuanto a la capacidad para utilizarlos adecuadamente en función de las necesidades locales, y como una fuente de recursos económicos para intercambiar inteligentemente con otras regiones en función de prioridades estratégicas locales.

UNA MUESTRA DE LA DEBILIDAD POLÍTICA DE NUESTRA REGIóN, y DE LOS FUERTES INTERESES LOCALES A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, LA CONSTITUyEN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS QUE HAN FIRMADO CHILE, COLOMBIA y PERú.

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Desde hace más de una década, la emergencia de Asia y la financiarización de los mercados de bienes transables internacionalmente han provocado un alza significativa de las exportaciones de nuestra región. Las mejoras en las condiciones del comercio internacional están provocando el ingreso genuino de divisas que permiten disponer de recursos financieros tanto para desendeudarse, construyendo autonomía económica y política, como para encarar las numerosas tareas pendientes en materia de infraestructura económica y social. Un logro político destacado, si se lo compara con la historia diplomática de toda nuestra región en el siglo XX, es la creación del espacio político UNASUR, que ha obtenido en poco tiempo logros notables, sobre todo en materia de neutralizar intentos golpistas de las derechas locales, con el aliento de potencias extranjeras. El rechazo a formar parte de un espacio económico “libre” junto a Norteamérica ha sido otro logro a destacar, marcando una autonomía regional creciente en relación con las aspiraciones geopolíticas norteamericanas. Sin embargo, el “no” sudamericano corre el peligro de haber sido el producto de extraordinarias circunstancias transitorias, si no se lo sostiene con una práctica sistemática de construcción de soberanía.

LAS DEBILIDADES LOCALES A pesar del enorme potencial que tiene la región para satisfacer adecuadamente las necesidades de sus habitantes y garantizar un buen nivel y calidad de vida para todos, un conjunto de restricciones sociales y políticas deberán ser enfrentadas para cumplir esos objetivos. Mencionaremos algunas de las más importantes: • La distribución del ingreso: el subcontinente continúa mostrando la peor distribución del ingreso del planeta. El efecto económico de esta distribución es que en la base de la pirámide social se agrupan vastas masas poblacionales sin capacidad para satisfacer mínimamente sus necesidades, en tanto en la cúspide se concentra una masa de recursos tan significativa, que en parte es enviada al exterior, hacia los países centrales, bajo la forma de consumo suntuario, inversiones especulativas y otras formas de fuga de capitales. Es decir, la histórica distribución regresiva (profundizada por el neoliberalismo) “garantiza” que se despilfarre parte del excedente económico (que la región es capaz de producir) en vez de aplicarlo al proceso de acumulación y creación de riqueza local. • El comercio extrazona: la mayoría de los países latinoamericanos tiene sus principales mercados de exportación fuera de nuestra región. Eso significa que sus intereses y alianzas comerciales tienen un peso relevante a la hora de tomar decisiones políticas. A la inversa de Europa, o el este de Asia, donde el comercio intrarregional es

muy vigoroso y creciente, en América Latina es débil y no alcanza para fortalecer y dinamizar los lazos de cooperación recíproca. El raquitismo del mercado local, producto de la distribución del ingreso, refuerza entonces el vuelco “hacia fuera” de nuestras economías. • La ubicación en la división internacional del trabajo: a pesar de los históricos esfuerzos que han realizado un conjunto de países latinoamericanos en materia de industrialización, los vaivenes políticos internos, la financiarización de la economía mundial, la aplicación de las reformas neoliberales y los recientes cambios en los términos del intercambio han estimulado que la región continúe teniendo un fuerte eje económico en la venta de materias primas, con muy bajo grado de procesamiento. Los elogios del sistema económico global hacia los países más dispuestos a ofrecer sus productos sin elaborar al mundo (considerados como políticas económicas “modernas”) muestran cuál es la ubicación que buena parte de la economía mundial reserva a Latinoamérica, a menos que la propia región intente un viraje en ese sentido. A la inversa, los gobiernos sudamericanos que intentan con dificultades vías alternativas de distribución e inserción internacional, se ven sometidos al acoso golpista de las elites locales, respaldadas por la diplomacia occidental. • Ciencia y tecnología: si hay algún hecho económico que no está sujeto a fuerte controversia, es la importancia del conocimiento científico, tanto teórico como aplicado. Este dato central, que ha caracterizado a la economía mundial en el siglo XX, sigue sin ser comprendido en nuestra región. No sólo por las empresas locales, que no muestran vocación por el gasto en investigación y desarrollo, ni por las multinacionales, que obviamente investigan en sus países de origen, sino por los propios Estados nacionales, que destinan insuficientes o nulos recursos en esta materia. La brecha tecnológica se ha agigantado, no sólo con los países centrales, sino con los países periféricos asiáticos que comprendieron el valor estratégico de la cuestión. A pesar de tendencias positivas que han mostrado algunos gobiernos, el esfuerzo debe ser mayor en dos aspectos: la organización, coordinación y planificación de los esfuerzos a nivel regional, y la definición de una agenda propia, para que la investigación se desarrolle en direcciones específicas latinoamericanas, sintonizadas con nuestras prioridades locales, que no se limitan exclusivamente a cuestiones productivas, sino también sociales y ecológicas. • Una muestra de la debilidad política de nuestra región, y de los fuertes intereses locales a favor de la dependencia, la constituyen los tratados de libre comercio con los Estados Unidos que han firmado Chile, Colombia y Perú. México, unido a la gran economía estadounidense a través del NAFTA, ha seguido un proceso de involución

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económica y social que es ignorado por las derechas sudamericanas que continúan apoyando la “integración al mundo”. Las naciones centroamericanas y del Caribe tienen también una relación de extrema dependencia con los Estados Unidos, que no ha mejorado su situación. La Unión Europea le ha propuesto al Mercosur un tratado de libre comercio, basado en reglas de juego que sólo benefician a los europeos. La diversidad de situaciones políticas, económicas y comerciales hacen de América Latina una unidad geográfica, mucho más que un espacio con una dinámica económica o política propia. • La penetración del capital multinacional, que se profundizó en las últimas décadas acompañado por la ideología de la globalización, ha llevado a que importantes áreas de la economía regionales (en industria, finanzas, comercio internacional, actividades extractivas, servicios) se encuentren en manos de firmas multinacionales. Ese aspecto plantea una debilidad estructural de las dirigencias empresarias regionales para pensar una estrategia independiente de inserción en la economía mundial. Fracciones empresarias locales tienden a asociarse con el capital multinacional, o son compradas una vez que han alcanzado un determinado nivel productivo y de presencia en el mercado. La debilidad y limitación de los proyectos económicos surgidos de estos sectores son evidentes, aun comparados con los formulados hace varias décadas por éstos mismos actores. • Asimismo, la colonización de las elites y sectores medios por parte de ideologías emanadas de los centros (“la globalización”) es tan fuerte, que dificulta el surgimiento de sectores que con una lectura propia, desde la región, estén dispuestos a aprovechar la ventana de oportunidad dada por el contexto internacional económicamente favorable. La dimensión de la colonización no debe ser minimizada: abarca el campo intelectual, académico, comunicacional y del entretenimiento. Ocupa el imaginario colectivo y no surgen contratendencias fuertes para disputar este espacio tan relevante. Lamentablemente, en nuestra región ha pasado poco en cuanto a la discusión de los paradigmas culturales dominantes, que se consolidaron en épocas recientes de extrema dependencia. La globalización, entendida como una avance del capital multinacional sobre las economías periféricas, ha acentuado el predominio de la difusión de contenidos “globales”, o sea, provenientes de los países centrales. • La debilidad de los Estados es proverbial en América Latina, tanto en su capacidad de formular y ejecutar inteligentes políticas públicas, como en la capacidad de sustraerse al poder de los lobbies sectoriales. En la construcción del Mercosur, por ejemplo, se puede visualizar la permanente traba a su profundización, a partir de la constante ingerencia de lobbies particulares sobre las orientaciones del bloque. La debilidad de nues-

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tros Estados frente al capital multinacional, o al poderío de otras potencias, sólo podría ser contrarrestada con una fuerte construcción política regional, que si bien ha sido enunciada como meta, aún no encuentra caminos concretos de ejecución. • Las derechas regionales oscilan entre nacionalismos de pacotilla, orientados especialmente contra los países vecinos y los inmigrantes regionales, y la más absoluta sumisión a los intereses externos, tanto de potencias como de firmas multinacionales. A diferencia de las derechas en los países centrales, parecen no tener proyecto nacional alguno para ofrecer a sus ciudadanos. La peculiar característica de las derechas locales, que adoptan crecientemente posturas antinacionales y antirregionales, constituye una traba adicional al proceso de integración, al que debilitan políticamente y boicotean sistemáticamente. De hecho, funcionan como una agencia local de promoción de los intereses multinacionales adentro de nuestros países. La insistencia de la derecha latinoamericana en la “apertura de los mercados” y en el ingreso de capitales líquidos del exterior es una demostración de su funcionalidad al capital de los países centrales y de su locación estructural opuesta al bienestar popular. • Los diversos liderazgos políticos que sí coinciden en la integración, y que han creado una sinergia política positiva en la región, no logran transformar en acciones consistentes al conjunto de declaraciones a favor de la integración. Así, propuestas muy claras, como el Banco del Sur, o la adopción de una moneda de cuenta regional, o el lanzamiento de grandes proyectos de infraestructura, no muestran avances a pesar de su evidente utilidad tanto económica, como política. Si bien el Mercosur generó fuertes expectativas en cuanto a construir un espacio económico autónomo, que promoviera el desarrollo de las empresas regionales, e incluso fuera la semilla de una unión más trascendente para toda la región, las debilidades que presenta, han limitado la profundización del proyecto y lo mantienen relativamente estancado, avanzando a un ritmo que no guarda relación alguna con los desafíos globales que se le presentan a nuestra región. Los recientes hechos de Paraguay muestran la presencia de poderosas fuerzas, en cada uno de los países, contrarias a este moderado proyecto integrador. Las debilidades del Mercosur se expresan en los vaivenes que limitan la profundización del proceso, la falta de construcción de instituciones que permitan procesar ágilmente las controversias, la falta de coordinación en política comercial internacional (por ejemplo, en la pésima decisión de conceder a China el estatus de “economía de mercado”, que despojó a nuestra región de instrumentos de defensa ante las abusivas prácticas co-

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EL SUBDESARROLLO y LA CONCLUSIONES La velocidad con la que se están desarrollando los DEPENDENCIA NO SON SóLO acontecimientos en el mundo es enorme: nuevos espaCATEGORÍAS ECONóMICAS, SINO cios de poder económico, tecnológico y militar están TAMBIÉN SOCIOLóGICAS y CULTURALES, surgiendo. Nuevas alianzas, de gigantescas dimensiones, están ocurriendo. Son previsibles disputas que la PORQUE ENTRE OTRAS DIMENSIONES ideología de la globalización daba por muertas: conflicCONSTITUyEN UNA FORMA DE PERCIBIR tos comerciales, territoriales, diplomáticos y militares. AL MUNDO y DE RELACIONARSE CON ÉL, No cabe duda de que nuestra región se verá envuelta en estos procesos, más allá de su voluntad y de su disposiIMPREGNADA EN EL COMPORTAMIENTO ción a una convivencia pacífica. Seguramente no se verá DE BUENA PARTE DE LOS involucrada como un actor activo, sino como un “terriLATINOAMERICANOS. torio” en el que están disponibles numerosos insumos

merciales chinas), la falta de cuidado y consideración por los socios menores, el abandono de auténticas estrategias de complementación productiva, etcétera. Entre otros factores explicativos, debe mencionarse el pobre liderazgo de Brasil, como principal economía de la región. Brasil parece oscilar entre la comprensión de la necesidad de la integración, como única forma disponible de construir un espacio autónomo en el escenario internacional, y la ilusión de participar en un ficticio bloque de países poderosos (como se hizo en su momento con México, convirtiéndolo en socio de la OCDE), al cual no está en condiciones de pertenecer por numerosas razones económicas, tecnológicas y militares. De este incompleto listado de problemas, surge, por supuesto, una agenda positiva de acciones necesarias para que el potencial enorme de la integración latinoamericana, se convierta en un organismo económico y social vivo, y con una dinámica propia de decisión.

para ser valorizados en otras estructuras productivas más avanzadas, externas a la región. La pasividad frente a un escenario de estas características es una vía segura a tener un papel subordinado en la economía mundial en los próximos tiempos. El subdesarrollo y la dependencia no son sólo categorías económicas, sino también sociológicas y culturales, porque entre otras dimensiones constituyen una forma de percibir al mundo y de relacionarse con él, impregnada en el comportamiento de buena parte de los latinoamericanos. En muchos casos, los países subdesarrollados lo son no sólo por una estructura mundial que los condiciona desfavorablemente, sino también por una configuración interna de intereses económicos, comportamientos políticos y mentalidades que impiden desplegar las propias potencialidades. Estamos, entonces, nuevamente frente al peligro de reproducir el atraso, al confundir un clima de fraternidad (que hacía mucho no ocurría en estas regiones), y correctas intenciones de avanzar en la integración, con acciones reales que signifiquen una construcción concreta. Este aspecto muestra pocos avances, y por lo tanto compromete la posibilidad de estar en condiciones de tomar el comando de nuestro destino y encarar las tareas imprescindibles para ganar soberanía y libertad. Nada puede reemplazar el estudio de los problemas, la planificación a largo plazo, la ejecución eficiente de los planes, el aprendizaje y corrección de los errores que inevitablemente surgirán. Nada podrá reemplazar un diagnóstico ajustado de nuestras carencias y el establecimiento de metas socialmente consensuadas (al menos, por las mayorías nacionales de la región). Los países latinoamericanos que aún conserven el propósito de no ser capturados en las dinámicas de otras regiones, como ya nos ocurrió en el siglo XIX y parte del siglo XX, tendrán la obligación de acompañar las declaraciones de principios con la voluntad de hacer: hacer más, hacer mejor y hacer más rápido. •

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Repensar al Estado desde su especificidad periférica Configuraciones y metamorfosis de la estatalidad POR MABEL THWAITES REY y HERNÁN OUVIÑA

Mabel Thwaites Rey. Doctora en Derecho-Teoría del Estado por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular de Sociología Política y Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política (Fsoc/UBA). Directora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado en América Latina: continuidades y rupturas”.

MARTÍN SCHIAPPACASSE

Hernán Ouviña. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Docente de Sociología Política y Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política (Fsoc/UBA) Becario post-doctoral CONICET. Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

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ensar América Latina desde América Latina supone partir de las realidades, los problemas y las particularidades que nos constituyen como espacio territorial amplio e inserto en la arena global. Pensar lo estatal con sensibilidad latinoamericana, a su vez, implica hacerse cargo de las diferencias constitutivas de cada espacio nacional devenido Estado y de los rasgos comunes que nos permiten apostar a una comprensión general de historias y procesos y a la búsqueda consciente de una unidad emancipatoria. Desde su génesis misma, las formas de entrelazamiento de los Estados nacionales con el sistema internacional de Estados y el mercado mundial han estado doblemente condicionadas. Por una parte, por los ciclos históricos de acumulación a escala global, que determinan bienes y servicios de mayor o menor relevancia para el mercado mundial. Por la otra, por la composición de y la relación de fuerzas entre las clases fundamentales que operan en el espacio nacional y conforman las estructuras de producción y reproducción económica y social, también variables según el ciclo histórico. De modo que el despliegue estatal nacional depende tanto de la conformación productiva de cada Estado nación (sus actividades principales, su capacidad exportadora, su nivel de endeudamiento, por caso), como de los intereses específicos y de las percepciones que de la situación tienen las clases antagónicas (dominantes y subalternas) y cómo se posicionan frente a eso. Es decir, depende del poder relativo del capital vis a vis el polo del trabajo, entendido en sentido amplio −en los planos global, regional, nacional y local− , tanto como de la matriz de intereses e ideológico-política de las clases dominantes y de las formas que adopta la resistencia de las clases y grupos sociales subalternos. Porque los segmentos de las burguesías “externas” que operan en el plano local, entrelazados con las burguesías “internas o nativas”, conforman un entramado complejo, que deviene de las formas en que se engarzan en el mercado mundial (con la especificidad de intereses en juego que conllevan) y, al mismo tiempo, de las múltiples y variables redes de contestación que pueden desplegar con sus luchas el amplio conglomerado de clases subalternas. A partir de estas determinaciones se establecen las diversas “maneras de ser” capitalistas de los Estados nacionales, con sus formas diferenciadas de estructuración interna de la dominación. Aquí es donde se plantearon históricamente las diferencias constitutivas entre los Estados del capitalismo central y la periferia subordinada y donde, tanto antes como en la actualidad, cobran sen-

tido los análisis particulares de los espacios estatales nacionales y regionales. Porque es a partir de identificar los rasgos centrales, tanto genéricos como específicos, que connotan las realidades estatales territorialmente delimitadas, que se podrá abordar su comprensión y, eventualmente, su transformación. La clásica interrogación acerca de la especificidad de los Estados en América Latina se inscribe en esta perspectiva.

FORMA PRIMORDIAL Y DETERMINACIÓN DEPENDIENTE Teniendo como referencia esta pregunta, el intelectual boliviano René Zavaleta elaboró dos conceptos para entender tanto la especificad como lo común de cada sociedad, en particular en América Latina: el de “forma primordial” y el de “determinación dependiente”, como pares contrarios y combinables que remiten a la dialéctica entre la lógica del lugar (las peculiaridades de cada sociedad) y la unidad del mundo (lo comparable a escala planetaria). Si la noción de “forma primordial” permite dar cuenta de la ecuación existente entre Estado y sociedad al interior de un territorio y en el marco de una historia local, definiendo “el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento” (Zavaleta, 1990), la “determinación dependiente” refiere al conjunto de condicionamientos externos que ponen un límite (o margen de maniobra) a los procesos de configuración endógenos. Es que, de acuerdo a Zavaleta, toda sociedad, incluso la más débil y aislada, tiene siempre un margen de autodeterminación si conoce las condiciones o particularidades de su dependencia. Cada historia nacional, enseña el intelectual boliviano, “crea un patrón específico de autonomía pero también engendra una modalidad concreta de dependencia” (Zavaleta, 1990: 123). En sintonía con esta visión complementaria, Arturo Roig (2009) ha postulado que América Latina se nos presenta como una, pero también es diversa. y esa diversidad no refiere sólo a lo no-latinoamericano, sino a los rasgos que le son intrínsecos. En una misma clave, José Aricó (1999) supo definir a nuestro continente como una “unidad problemática”: unidad, en la medida en que hay un fondo común o sustrato compartido, más allá de las especificidades de cada nación, país y región; problemática, porque esas particularidades han obturado la posibilidad de constituir, definitivamente, un pueblo-continente que, si bien se nutra y fortalezca a partir de esa diversidad de historias, culturas y saberes múltiples que lo constituyen e identifican, no reniegue de la necesidad de construir un lenguaje común inteligible, para dejar atrás de una vez por todas el estigma de ser considerado una Babel sin destino común. La necesidad de comprender lo específico no se re-

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laciona con la búsqueda de jerarquización de la diferencia, la unicidad, la singularidad irrepetible que demanda abordajes exclusivos. Lo que persigue es la comprensión de aquello que rompe con alguna pauta de generalidad que es tenida en cuenta en el análisis. La noción misma de especificidad refiere a la existencia de lo general capitalista, que opera como unidad sistémica. La cuestión es identificar el grado de abstracción a partir del cual delimitar lo general y lo específico, cuya significación explicativa amerite tal recorte analítico. Si siguiéramos exclusivamente la lógica genérica, no avanzaríamos mucho más allá de la comprensión de las variables centrales que especifican las formas capitalistas de producción y dominación globalmente dominantes. Sí, en cambio, nos atuviéramos a la especificidad última de cada espacio estatal territorialmente definido, encontraríamos tantos rasgos no repetibles que se haría imposible una comprensión más amplia y situada. Se trata, en cambio, de entender la generalidad en la que se inscribe la especificidad, para poder establecer tanto los rasgos que enmarcan el accionar estatal nacional y le ponen límites precisos, como los puntos de fractura que permitan pensar estrategias alternativas al capitalismo, su potencialidad y viabilidad. La generalidad que incluye al conjunto de los Estados de América Latina arraiga en su origen común como espacios de acumulación dependientes del mercado mundial.1 La propia existencia de América Latina como unidad real y conceptual ha sido materia de reflexión y controversia. Anticipando el debate que se desplegaría en las décadas de los sesenta y setenta en torno al carácter feudal o capitalista de la conquista, ya a fines de los años cincuenta, el sociólogo Sergio Bagú planteaba que América Latina podía considerarse una unidad histórica, que trascendía la mera yuxtaposición aleatoria de las particularidades nacionales, en virtud de su común carácter originario de tipo capitalista. En dos obras clásicas de la historiografía y las ciencias sociales latinoamericanas, Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina (1949) y Estructura social de la colonia. Ensayo de historia comparada de América Latina (1952), Bagú afirma que desde la conquista española y portuguesa, el continente se inserta en el sistema capitalista mundial en expansión y asume el patrón de organización social capitalista, pero adoptando un estilo colonial, dependiente, que se limita a la producción de las materias primas y metales preciosos reclamados por Europa. Las colonias hispano-lusas de América −dirá Bagú− no surgieron para repetir el ciclo feudal, sino para integrarse en el nuevo ciclo capitalista que se inauguraba en el mundo. En igual sentido, Agustín Cueva (1981) ha expresado que lo que se vivió durante este período resultó ser un proceso de “desacumulación originaria”: la expropiación

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y privatización violenta de territorios y los enormes excedentes generados como consecuencia de las variadas modalidades de explotación desplegadas en América, eran transferidos por el gobierno virreinal y las elites europeas asentadas en las áreas coloniales, casi en su totalidad hacia las metrópolis transatlánticas, por lo que sólo una parte ínfima de ellos devenían inversión local o regional, bloqueando toda capacidad de desarrollo endógeno (o más bien, dando origen a lo que André Gunder Frank denominó irónicamente el desarrollo del subdesarrollo). Cueva llega a postular que la fuga precipitada de riquezas ocurrida en el momento de la emancipación −durante la coyuntura de 1810− es el punto culminante del largo proceso de desacumulación, al que describe como el acto último con el cual el colonizador concluye su “misión civilizatoria”. La “herencia colonial” quedó así reducida al pesado lastre de la matriz económico-social conformada a lo largo de tres siglos, a partir de la cual tuvieron que reorganizarse las nuevas naciones.

GENERALIDAD CAPITALISTA Y ESPECIFICIDAD DEPENDIENTE Al considerar la relación internacional de dependencia y la complejidad de las articulaciones económicas y sociales desplegadas en sus territorios es posible comprender los rasgos estructurales que connotan a América Latina desde los tiempos de la colonia, así como la conformación de las relaciones de poder y las formas políticas territorialmente situadas. La constitución, durante la primera mitad del siglo XIX, de Estados nacionales formalmente independientes de las metrópolis colonialistas, no redundó en una simétrica autonomía en la definición de los procesos productivos internos. Por el contrario, las articulaciones sociales consecuentes estuvieron marcadas por la continuidad en la inserción subordinada a los centros de poder de los países centrales. Por ello, un elemento a tener en cuenta al momento de caracterizar a los emergentes Estados latinoamericanos es el retraso socio-económico producto del rol “asignado” a nuestro continente, por parte de los países

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LA GENERALIDAD QUE INCLUyE AL CONJUNTO DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA ARRAIGA EN SU ORIGEN COMúN COMO ESPACIOS DE ACUMULACIóN DEPENDIENTES DEL MERCADO MUNDIAL.

industrializados, en la división internacional del trabajo. Esta debilidad estructural −anclada en el fuerte condicionamiento del mercado mundial constituido− ha implicado que fuera el Estado quien se hiciera cargo, en gran medida, del desarrollo capitalista y de la producción de una identidad colectiva. En este sentido, la conformación de clases sociales en términos nacionales no fue un proceso “acabado” como en Europa. De ahí que en el caso de nuestro continente no pueda considerarse al Estado una mera entidad “superestructural” tal como la define cierto marxismo esquemático, sino en tanto verdadera fuerza productiva, es decir, “como un elemento de atmósfera, de seguro y de compulsión al nivel de la base económica” (Zavaleta, 1988). En efecto, lejos de otorgarle un rol secundario y de simple “reflejo” del nivel de lo económico, Zavaleta le adjudica al Estado un papel central en la estructuración de nuestras sociedades, debido a que “las burguesías latinoamericanas no sólo no se encontraron con esas condiciones resueltas ex ante sino que no existían ellas mismas o existían como semillas. En gran medida, se puede decir que tuvieron que ser construidas desde el hecho estatal” (Zavaleta, 1988). Más que grandes centros manufactureros e industriales, lo que se consolidaron fueron, al menos en el transcurrir del siglo XIX, sociedades con un claro predominio agrario, salvo escasas (y parciales) excepciones. Es por ello que la dependencia con respecto al capital extranjero, de la cual deriva el “debilitamiento” de la estructura económica, es esencial como eje problemático a los efectos de entender la diferencia entre los Estados “centrales” y los “periféricos”. Tal como dirán, en la misma línea, Pierre Salama y Gilberto Mathias (1986), en los países subdesarrollados “la aparición y extensión del modo de producción capitalista no han sido en general resultado del desarrollo de contradicciones internas. Ese modo de producción no ha surgido de las entrañas de la sociedad, sino que, de alguna manera, ha sido lanzado en paracaídas desde el exterior”. Como consecuencia de este proceso, puede sostenerse que la intervención estatal ha suplido, al menos en sus inicios, a la frágil ini-

ciativa privada. Lo crucial de esta especificidad, sin embargo, no solo no vuelve irrelevante la necesidad de vincular la emergencia de los Estados en la región a la conformación integral del sistema inter-estatal, social y económico mundial, sino que la torna indispensable. Esos Estados recién constituidos en función de las dinámicas expansivas del capitalismo, tenían varias tareas por delante, a la vez que enfrentaban sus límites. Por empezar, debían asegurar el monopolio de la fuerza sobre la totalidad del territorio, para lo cual sometieron a sangre y fuego a las poblaciones originarias, y derrotaron a las fracciones que proponían alternativas productivas distintas a las hegemónicas. Pero también tenían que promover el llamado progreso, expandiendo la educación pública y la infraestructura (caminos, ferrocarriles, puertos), que crearan las bases materiales para la expansión capitalista. Estas tareas variaron según las características que en cada espacio estatal adoptaron las actividades principales integradas al mercado mundial, las poblaciones originarias e implantadas y el tipo de corrientes inmigratorias recibidas. Así aparecieron diferencias entre los Estados nacionales dedicados a actividades extractivas o agropecuarias; los habitados mayoritariamente por pueblos indígenas, los que tenían contingentes importantes de población de origen africano y los escasamente poblados que recibieron el grueso de la inmigración europea. Precisamente, la válvula de regulación demográfica que significó para Europa la emigración de campesinos desplazados, artesanos y también obreros, muchos con conciencia de clase y experiencia política y sindical, redundó en un magma complejo de las clases subalternas de la región, que cuenta especialmente a la hora de comprender la diversidad latinoamericana. Porque los Estados nacionales no se construyeron meramente en función de los intereses e iniciativas de las clases dominantes, sino que su peculiaridad devino de los enfrentamientos, disputas y conflictos con las clases subalternas. Fueron las luchas subalternas las que impusieron los límites y delinearon los contornos que fueron adoptando los espacios estatales de la región, desde su constitución hasta la actualidad. Sobre las bases organizativas heredadas de la colonia, se configuraron modelos político-estatales importados de las tradiciones de las revoluciones burguesas de Francia y, muy especialmente, de Estados Unidos, cuyo esquema constitucional fue adoptado en varios países de la región. En tanto, se profundizaban los lazos económicos y políticos con Gran Bretaña, la potencia hegemónica, y se delineaban el estilo de integración al mercado mundial, las formas de estructuración económica y la composición de clases, así como se marcaban los límites del hacer estatal. Como sostén ideológico y político de esta forma de inserción subordinada en la economía mundial, sus im-

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pulsores y beneficiarios sustentaban la teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional, según la cual cada país debía especializarse en un reducido núcleo de productos (agrícola-ganaderos o minerales), dedicarse a producirlos y exportarlos y, con las divisas obtenidas, importar la gran masa de bienes de capital y consumo provenientes de los países industrializados. La promoción del progreso y la modernización se basaba en la importación de los bienes −todo en las capitales de los nacientes Estados−, que empezaban a aparecer en Europa: automóviles, luz eléctrica, moda. Se desplegaban así las bases materiales para la hegemonía del consumismo, que impactaría también sobre las estrategias de lucha y los imaginarios de las clases subalternas a lo largo del siglo XX. La lógica colonial, en el sentido de subordinación material y cultural, seguiría desplegándose en la región, aunque adquiriría características específicas en cada territorio estatal nacional y según las diferentes etapas históricas (Thwaites Rey y Castillo, 2008). Recapitulando, podemos concluir que además de por todos estos rasgos enunciados, la “especificidad histórica del Estado” en América Latina estaría dada por su carácter subordinado y dependiente del mercado mundial, mientras que las múltiples especificidades nacionales devendrían de los procesos de conformación particular de sus clases fundamentales, sus intereses antagónicos, sus conflictos, sus luchas y sus articulaciones, en tensión permanente con su forma de inserción en los ciclos históricos de acumulación a escala global. Autores como el alemán Tilman Evers, en su libro El Estado en la periferia capitalista (1979) y Enzo Faletto, en su recordado artículo “La especificidad del Estado en América Latina” (1990), subrayaron que la condición periférica y la inserción dependiente en el mercado mundial de los países de la región, determinan el tipo de relaciones sociales y el consecuente papel de los Estados, así como sus limitaciones.

POTENCIALIDADES Y LíMITES ACTUALES El momento actual revitaliza la pregunta sobre la especificidad, en la medida en que el ciclo histórico del capital ha vuelto a poner en primer plano a las formas de existencia de los espacios estatales nacionales, sean tradicionalmente centrales o periféricos. Los debates sobre los espacios de poder transnacional, nacional y local, sus alcances y tensiones se están desarrollando al compás de la profunda crisis que está haciendo crujir las bases de la unidad europea y ha hecho que se profundizaran los análisis y debates sobre su sentido y futuro. La situación latinoamericana, en ese contexto, muestra nuevas aristas para pensar las potencialidades y límites que su especificidad histórica le impone y que, a la vez, le presenta como desafío. En efecto, en el contexto contemporáneo de domina-

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FUERON LAS LUCHAS SUBALTERNAS LAS QUE IMPUSIERON LOS LÍMITES y DELINEARON LOS CONTORNOS QUE FUERON ADOPTANDO LOS ESPACIOS ESTATALES DE LA REGIóN, DESDE SU CONSTITUCIóN HASTA LA ACTUALIDAD.

ción capitalista a escala global, el Estado “realmente existente” y las relaciones sociales en que se basa y que defiende, por su estructura, valores y funciones, no pueden sino ser capitalistas. Hay un límite sistémico impuesto al Estado por la constitución del sistema-mundo, que estructura globalmente las formas de producción y reproducción social. Cómo decíamos más arriba, los ciclos de acumulación global, que determinan el auge y la caída de los precios de los bienes y servicios que se transan en el mercado mundial, irradian sus pautas de organización a los distintos espacios territoriales estatales. El Estado dirigido por un gobierno revolucionario, en el mejor de los casos puede ser capitalista de Estado o, si se quiere, un “Estado burgués sin burguesía”, una maquinaria sin consenso social de ninguna de las clases fundamentales, pero que en última instancia continúa sirviendo al capital nacional e internacional. Pero, al mismo tiempo, como lo evidencian varios de los procesos en curso en nuestra región, ese espacio estatal se convierte en un terreno de lucha entre explotadores y explotados, que proponen políticas divergentes y disputan posiciones en el gobierno. Es decir, en el seno de las estructuras estatales se exacerban las

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pugnas al compás de las contradicciones sociales que lo atraviesan y condicionan sus políticas y acciones. Se pone en juego aquí la capacidad efectiva de las clases subalternas para organizar sus intereses de modo de romper la inercia de las instituciones estatales y su lógica de reproducción sistémica. Esto significa desmontar la dinámica burocrática de ineficiencia y corrupción, que desmoviliza a las instancias de participación popular, fagocita a los funcionarios y los convierte en nuevos burócratas aptos para consolidar sus propias posiciones, silenciar las críticas y aniquilar los proyectos de cambio. Este es, sin duda, un peligro cierto que le aparece a todo proceso transicional que suponga la ocupación del territorio institucional estatal por fuerzas gubernamentales, para ir desmontando la estructura establecida, mientras se la suplanta por otras formas de gestión de lo común. Es el dilema más acuciante y complejo para los gobiernos transicionales y para las fuerzas sociales y políticas que empujan los cambios. Dentro de los plazos marcados por el recambio institucional de los sistemas electorales de las democracias representativas, aunque se ganen elecciones resulta muy difícil lograr, frente a la brevedad de los mandatos, una captura de las instituciones estatales que permita producir una transformación profunda de sus lógicas de funcionamiento, en la medida en que su poder reposa en complejas tramas productoras y reproductoras de hegemonía arraigadas en la sociedad política y en la sociedad civil. Al mismo tiempo, existen en el seno mismo del Estado una serie de mecanismos de “selectividad estructural”, que demarcan prioridades y bloquean demandas e intereses, “generando un patrón más o menos sistemático de limitaciones y oportunidades”, en función de su compatibilidad con respecto a la dinámica general de acumulación capitalista (Jessop, 2008). Son estas las estructuras rígidas, complejas, intrincadas, “no gobernables”, en el sentido de que no es fácil torcerlas por el solo hecho de ser portador de un proyecto político alternativo. Su fuerza, construida en base a reglas y procedimientos, de saberes institucionales, de conocimientos técnicos específicos, opera como freno para los cambios, aun los más modestos. Hacerse cargo de un proceso de transición supone partir de una realidad estatal operante pero insatisfactoria en términos de las necesidades y demandas sociales. Exige, en tal sentido, transformar lo que está en otra cosa distinta o destruirlo por completo. En cualquier variable, esto genera resistencias, que obviamente provienen de quienes tienen intereses creados en la continuidad del statu quo. Entre estos, no sólo se encontrarán los directos beneficiarios del sistema, sino incluso sectores subalternos que trabajan en o viven de las estructuras estatales que se pretenden transformar, constituyendo un aspecto muy complejo de cualquier

transformación. Las resistencias, por caso, de sindicatos estatales, que pueden ser abiertas y conflictivas o soterradas pero persistentes, son un aspecto fundamental para entender la posibilidad o los límites de los cambios en el sector público. A esto se le suma la propia lógica de utilización del poder en beneficio propio, peligro corriente que acecha a los funcionarios que, portadores de voluntades originarias transformadoras, sucumben a las tendencias inherentes de conservación de privilegios. No obstante estas limitaciones evidentes, un punto neurálgico en el que es preciso profundizar es en la dimensión contradictoria del Estado, y mucho más aún si se trata de un proceso o etapa transicional en curso, como parece ocurrir en los casos emblemáticos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, más allá de sus matices y ambigüedades. Porque una demanda que logra plasmarse en el Estado difícilmente sea concretada en un ciento por ciento y deba someterse a la articulación con otras. Someter el reclamo propio al ajuste necesario de compatibilización con otros es un tema central, que supone conflictos, debates, negociaciones y acuerdos. Pero además puede suceder que la internalización por el Estado de una demanda sirva para desarticular, precisamente, la capacidad movilizadora que posibilita la consecución de conquistas. Claro que aquí la cuestión es más compleja, porque los ciclos de ascenso de las luchas que culminan en éxitos no se mantienen en el mismo nivel de tensión durante períodos muy prolongados, sino que tienen flujos, clímax y reflujos, por lo que el mayor desafío es lograr que las conquistas se expandan y abran la posibilidad de otras nuevas. El reto está en impedir que la necesaria consagración estatal (que implica la movilización de recursos comunes) de una demanda, devenga en anquilosamiento burocrático y anti-democrático. Por lo tanto, y más allá de las evidentes diferencias de estas experiencias en curso (e incluso, en un plano más general, de la distinción entre movimientos de raigambre indígena y comunitaria, y de aquellos que remiten a una construcción política que afinca su poder en los grandes centros urbanos), más que una opción dicotómica entre mantenerse totalmente al margen del Estado, o bien subsumirse a sus tiempos, mediaciones e iniciativas, de lo que se trata, ante todo, es de diferenciar claramente lo queconstituye −en palabras de Lelio Basso (1969)− una participación subalterna, que trae aparejada, sin duda, la integración creciente de los sectores populares al engranaje estatal-capitalista, mellando toda capacidad disruptiva real, de una participación autónoma y antagonista, de inspiración contra-hegemónica y prefigurativa. Álvaro García Linera (2010) resumió la tensión entre el poder monopólico del Estado y la riqueza democrática y participativa de los movimientos sociales. “Si Estado es por definición monopolio, y movimiento social es demo-

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cratización de la decisión, hablar de un gobierno de los movimientos sociales es una contradicción. Pero la única salida es aceptarla y vivir la contradicción. Porque si se prioriza el ámbito del Estado, la consecuencia es que pueda afirmarse una nueva elite, una nueva burocracia política. Pero si se prioriza solamente el ámbito de la deliberación en el terreno de los movimientos sociales, se corre el riesgo de dejar de lado el ámbito de la gestión y del poder del Estado. La solución está en vivir permanentemente en y alimentar esa contradicción dignificante de la lucha de clases, de la lucha social”. En función de esta relectura crítica, es preciso, por tanto, trascender la rudimentaria concepción del Estado que lo concibe como bloque monolítico e instrumento al servicio de las clases dominantes, y avanzar hacia una caracterización que parta de su carácter de clase, pero que implique una elaboración más compleja, tanto de lo estatal como de la praxis política misma. Desde esta perspectiva, contradicción y asimetría constituyen dos elementos constitutivos de las configuraciones estatales en América Latina, que evitan caer tanto en una definición del Estado en tanto que “fortaleza enemiga a asaltar”, como en una de matriz populista que lo asemeja a una instancia totalmente virgen y a colonizar. En este sentido, la estrategia de “guerra de posiciones” esbozada por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, aparece como una sugestiva metáfora para denominar a gran parte de las nuevas formas de intervención política que han germinado en los últimos años en la región, logrando distanciarse de los formatos propios del “vanguardismo” elitista y de la vieja estrategia de “asalto” abrupto al poder. A partir de ella, la revolución pasa a ser entendida como un prolongado proceso de constitución de sujetos políticos, que si bien parten de una disputa multifacética en el seno de la sociedad civil, no desestiman las posibilidades de incidencia y participación en ciertas áreas del Estado −más no sea desde una perspectiva antagonista que introduce “elementos de la nueva sociedad” en el ordenamiento jurídico e institucional− en pos de transformar sustancialmente sus estructuras simbólico-materiales, y avanzar así hacia una democratización integral y sustantiva no solamente del Estado, sino del conjunto de la vida social. A la hora de analizar la tensión entre reformismo complaciente y pulsión emancipadora, en su Estado, poder y socialismo Nicos Poulantzas (1980) alertaba sobre la necesidad de modificar las relaciones de fuerzas tanto fuera como en el terreno mismo del Estado. Para el teórico griego, la clave reside en la articulación entre democracia política que exprese los intereses generales, con la democracia de base encaminada a resolver las cuestiones específicas de cada sector. Una transformación del aparato estatal orientada hacia la extinción del Estado como instancia de dominación, para Poulantzas sólo puede apo-

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yarse en una intervención creciente de las masas populares en la estructura estatal, tanto a través de sus representaciones sindicales y políticas, como, muy especialmente, mediante el despliegue de sus iniciativas propias en el seno mismo del Estado. Este despliegue de nuevas formas de democracia directa y de focos y redes autogestionarios, se coloca así en la base de la transformación emancipatoria. •

Notas 1 Esta centralidad geopolítica descollante de nuestro continente fue explicitada por el propio Marx en las páginas de El Capital: “El descubrimiento de las comarcas de oro y plata en América, el exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras [esclavos], caracterizan los albores de la era de producción capitalista” (…) “Estos procesos idílicos – concluye lapidariamente– constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria” (Marx, 1986).

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Desafíos en las disputas por la hegemonía POR MARIO TOER, PABLO MARTíNEZ SAMECK, FEDERICO MONTERO, SANTIAGO BARASSI, NATALIA GARRIDO, ARIEL GOLDSTEIN Y SEBASTIÁN COMELLINI

Mario Toer es Profesor Consulto. Dicta la materia Política Latinoamericana en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Desde hace quince años dirige un grupo de estudio en el marco de proyectos UBACyT con investigadores que también vienen produciendo publicaciones de sumo interés sobre la región. Autor del libro De Moctezuma a Chávez y se encuentra en prensa un nuevo libro de todo el equipo: La emancipación de América Latina. Nuevas estrategias, que publica la editorial Continente. Presentan aquí una versión abreviada de su ponencia en las Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) en septiembre de 2012.

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na de las principales hipótesis que guían nuestros análisis es que las disputas en los escenarios nacionales de América Latina, especialmente los de la región sudamericana, se hallan progresivamente imbricados en una confrontación de alcance regional que, a su vez, influye cada vez más en forma decisiva sobre las alternativas locales. La suposición de que el triunfo de Sebastián Piñera en enero de 2010 en Chile y la arrolladora elección de Juan Manuel Santos en junio del mismo año en Colombia, podrían sustentar un viraje en la correlación de fuerzas regionales, resultó efímera en la medida en que el pretendido “eje del Pacífico” se demostró incapaz de ejercer un efectivo contrapeso a la construcción que se viene constituyendo en la búsqueda de alternativas al proyecto neoliberal. La rápida superación, con inmediato respaldo de la UNASUR, del amago golpista en Ecuador que puso en riesgo la propia vida del presidente Rafael Correa, en octubre de 2010, así como el triunfo de Ollanta Humala en el Perú en junio de 2011 (aun condicionado por los acuerdos que debiera realizar con variantes centristas para derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral) privaron al proyecto de la derecha de dos piezas clave para constituir el mentado eje político. Por otra parte, los claros triunfos electorales, que al-

gunos meses antes eran aún inciertos, de Dilma Rousseff en octubre de 2010 y de Cristina Fernández de Kirchner, un año más tarde, reafirmaron que existe una base consolidada para proseguir con los actuales procesos de búsqueda de caminos alternativos al modo dominante del desarrollo del capitalismo en su fase actual. En este escenario, que involucra más recientemente la incorporación plena de Venezuela al Mercosur, no resultan datos menores la superación, por parte del presidente Hugo Chávez, de los problemas de su afección que ponían en riesgo su participación en una nueva disputa por la presidencia en octubre de este año, ni los últimos pronósticos que indican que conseguiría imponerse en esa disputa electoral. Finalmente, el debilitamiento ostensible del gobierno de Piñera como consecuencia de la notable irrupción de la masiva protesta estudiantil, que alteró los parámetros de inmovilismo del escenario político chileno, sumado a la disposición del nuevo gobierno colombiano a buscar no sólo instancias no confrontativas en sus vínculos con la región, sino incluso acompañando propuestas que hacen a una creciente integración y al desaliento de iniciativas desestabilizadoras, a lo que debemos sumar su disposición a entablar negociaciones de paz con las FARC, colocan al escenario latinoamericano en condiciones de procesar iniciativas regionales con mayor fluidez y certidumbre.

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SOLEDAD GRyCIUK

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1. LOS NUEVOS RASGOS DE LA POLíTICA REGIONAL Puede seguirse, entonces, cómo las disputas en procura de una nueva hegemonía se traducen y proyectan en el escenario regional y finalmente revierten sobre los procesos y balances nacionales. Podemos hallar evidencia de este movimiento en el progresivo desdibujamiento de la OEA como ámbito de resolución de los conflictos regionales y en la correlativa mayor gravitación de las instancias netamente latinoamericanas y, especialmente, de las sudamericanas. Desde sus inicios, tanto los gobiernos del PT, asentados en la gravitación que tiene el Brasil por su propio peso, del kirchnerismo en la Argentina y del chavismo venezolano, han buscado todos, a su manera y con sus tiempos, encarar los asuntos regionales desde ámbitos progresivamente autónomos de la hegemonía norteamericana, tal como quedara explicitado en el cambio de intencionalidad del Mercosur a partir de la Declaración de Buenos Aires de 2003, en la constitución del ALBA y Petrocaribe a partir de 2004 y, finalmente, en el decisivo rechazo al proyecto del ALCA en noviembre de 2005 y la veloz consolidación de la UNASUR a partir de 2008. La posterior activación de la CELAC es una iniciativa, pretenciosa, aunque incipiente, de una instancia aún más amplia de concertación política regional que podría recoger lo que la OEA pierde de legitimidad y operatividad. La última convocatoria a la OEA para respaldar al gobierno ecuatoriano tras las amenazas de la cancillería británica, con motivo del asilo concedido a Julián Assange, mostraron también cómo los EE.UU. no pudieron excluirse de una resolución ajena a sus intenciones políticas, no quedándole más alternativa que limitarse a intentar limar los términos de la resolución. El generalizado rechazo en toda Latinoamérica al

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golpe de Estado para desplazar a Fernando Lugo de la presidencia fue la ocasión de reafirmar, una vez más, la vigencia de las iniciativas políticas regionales a partir de la pronta intervención del Mercosur y la UNASUR, que culminaron con la suspensión del Paraguay de ambas instancias, en función de la preservación de la democracia y de la legitimidad de los procesos políticos democráticos en curso, como ya se había observado durante las crisis en Bolivia (2008) y en Ecuador (2010). Como contrapartida al desplazamiento de Lugo, cuya fuerza propia en el escenario político paraguayo era limitada y escasa su representación parlamentaria, el Mercosur “contragolpeó” con la incorporación plena de Venezuela, bloqueada durante años por el Senado paraguayo dominado por el discurso de las derechas del continente, cuyo rasgo más sobresaliente, no casualmente, es su cerril antichavismo. Resulta evidente, por tanto, que la significación política del quiebre institucional en Paraguay excede lo estrictamente nacional y se implica inmediatamente con los balances de fuerzas políticas regionales. Así podemos ver que el inicial proceso de integración a un mercado económico común en el contexto de las políticas neoliberales, rasgo fundante del Mercosur, adquiere una nueva significación política iniciado el siglo XXI, más precisamente de índole ético política: ayer fue la primacía del mercado y la atomización (ALCA, TLC), hoy se trata de la primacía de la política de Estado y la integración.

2. LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA DERECHA La nueva situación que se viene observando en el plano regional ha llevado a que la derecha política, en los diversos países, por lo tanto, haya debido relegar el tradicional recurso a los golpes de Estado (cuyas pretensiones de éxito quedaron en entredicho luego del fallido golpe en Venezuela en 2002 y del retroceso que se

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le impuso en Bolivia durante el 2008), quedando limitado el recurso a situaciones particulares de debilidad política manifiesta de los proyectos alternativos, y en ambos casos operando con pretensiones de cobertura institucional (los así llamados “golpes blandos”, en Honduras 2009 y Paraguay 2012). Así, la derecha ha debido readaptarse al espacio de la lucha política, aceptando en principio sus leyes específicas aunque ya no las controlen a su antojo, con vistas a recuperar ascendencia electoral en escenarios políticos que ahora les resultan extraños. Una situación no sencilla, ya que han perdido sus votos cautivos de clientelismo clásico en varios ámbitos, debiendo entonces encontrar libretos que le permitan reposicionarse en las disputas electorales. De esta manera, las fuerzas que se oponen a los procesos posneoliberales a nivel regional han debido ir derivando su estrategia desde la total impugnación de los mismos hacia la búsqueda de iniciativas políticas más o menos innovadoras que les permitiesen recuperar su poder político, apelando incluso ahora a los sectores populares. Esto no significa que, de acuerdo con su retórica institucionalista, hayan adoptado una postura de oposición “leal”. Por el contrario, su prédica sigue siendo implacable, buscando siempre horadar la legitimidad gubernamental con tácticas que han sido llamadas, con propiedad, destituyentes (Carta Abierta, 2008). En este plano es donde resalta la división del trabajo entre fuerzas políticas y medios de divulgación. A la reiteración de los temas habituales (inseguridad, corrupción, institucionalismo), temas históricos que incluso justificaron golpes de Estado en el pasado, las nuevas estrategias de la derecha involucran otros recursos que incluyen insólitas promesas de “conservar lo bueno” de los procesos en curso. Asimismo, se intenta lograr la apropiación de temas de las agendas posneoliberales, los así denominados “nuevos problemas” (ecología, indigenismo), de modo que podremos encontrarnos con inesperadas convergencias políticas entre derechas tradicionales y variantes preocupadas por los temas de la ecología.1 Leblon aborda el tema del apoyo “verde” a candidaturas tales como las de Enrique Peña Nieto en México, Henrique Capriles Randonsky en Venezuela, Antonio Carlos Maghallanes en Brasil, entre otros, citando a un miembro del equipo de este último afirmando que “si no hiciéramos esto estaríamos muertos”. En otras ocasiones, el tema de la inflación, enfocado desde la perspectiva de su negativa repercusión sobre los salarios, puede ser agitado sin el menor pudor. En medio de la crisis global del capitalismo financiarizado, las derechas no pueden recurrir a los discursos economicistas clásicos que les fueran tan propicios en los años ’90. Sin embargo, no dejan de especular con

AYER FUE LA PRIMACÍA DEL MERCADO y LA ATOMIZACIóN (ALCA, TLC). HOy SE TRATA DE LA PRIMACÍA DE LA POLÍTICA DE ESTADO y LA INTEGRACIóN.

las consecuencias de la crisis contemporánea, apostando al debilitamiento de los gobiernos que deben hacerles frente. Los medios a su servicio no cesan de menear pronósticos catastrofistas al tiempo que sus personeros se pronuncian al respecto como si las políticas propugnadas por ellos nada hubieran tenido que ver con el punto de partida que originara la actual situación. Punto crítico de donde surgieron, precisamente, los movimientos que cuestionaron al neoliberalismo y dieron luego sustento a los gobiernos posneoliberales. Para esta nueva agenda la principal masa de maniobra sigue siendo el segmento privilegiado de la clase media, tradicionalmente liberal y cuya pauperización se detuvo o revirtió con el proceso de ensanchamiento de los mercados internos. Desde allí, se pretende constituir vasos comunicantes con el sector mejor ubicado de los trabajadores u otros sectores populares. Esto supondrá, incluso, confluencias en movilizaciones o el respaldo a liderazgos que les eran previamente refractarios, logrando algún grado de aproximación, según los países, con luchas y movimientos sociales de parte del movimiento obrero, con algunos movimientos indígenas o sectores del estudiantado, etcétera. Valiéndose de los instrumentos de difusión masiva, se exacerban intereses sectoriales o económico-corporativos, se promueven y magnifican agendas que con anterioridad eran notablemente ajenas a sus intereses. En esta búsqueda de adecuación a la nueva situación creada en la región, la derecha política no ha llegado, en la mayoría de los casos nacionales, a generar liderazgos notorios o espacios políticos aglutinantes, lo que refuerza el papel “ordenador” de los principales medios corporativos de información como instrumento organizador del discurso propio y de apelación a los sectores subalternos.

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3. “CONTRADICCIONES EN EL SENO DEL PUEBLO” Como hemos visto, el proceso de reformas que han llevado adelante los gobiernos posneoliberales ha significado, en primer lugar, un ensanchamiento del mercado interno, la disminución de las tasas de desocupación y el acceso al consumo de sectores tradicionalmente postergados. Esto ha implicado la emergencia de nuevos o renovados protagonismos en la escena social y política. Particularmente del movimiento obrero, que en momentos de mayor desocupación se debatía por la defensa de los puestos de trabajo y que han regresado al centro de la escena en casi todos los casos nacionales. También sectores del campesinado han vuelto a insistir en reclamos que habían sido postergados con anterioridad. Todo esto se articula con el proceso de incentivación de la politización popular promovido desde los gobiernos. Estos procesos de legitimación y apertura no sólo se expresan desde lo simbólico sino que, en diversa medida, expresan instancias de movilización y participación respecto de las medidas que se vienen produciendo. Así, han adquirido relieve las masivas movilizaciones en respaldo del liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela y la participación en nuevas formas de gestión como las Misiones, el claro protagonismo de amplios sectores indígenas respaldando lo que ha dado incluso en llamarse “gobierno de los movimientos sociales” en Bolivia, la “ciudadanía” que ha respondido a las convocatorias de Rafael Correa en diversas elecciones y plebiscitos, el acompañamiento de amplios sectores tradicionalmente empobrecidos así como de los trabajadores brasileños a las gestiones de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, la renovada incorporación de sectores populares uruguayos junto a los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica o el vasto respaldo popular y el involucramiento de amplios sectores de la juventud argentina en torno al proyecto impulsado por Néstor y Cristina Kirchner.

DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL LO DOMINANTE ES LA CONSTRUCCIóN POLÍTICA EN COMúN, QUE PROPICIA EL CONJUNTO POR ENCIMA DE LAS PARTICULARIDADES NACIONALES. 22

Ahora bien, estos procesos también han dado lugar a una explosión de demandas de diversos sectores, que muchas veces se corresponden con históricas reivindicaciones y que los gobiernos en cuestión deben atender acompañando sus proyectos y las urgencias de gestión. No han sido pocos, entonces, los reclamos que los gobiernos han debido resistir, particularmente relacionados con demandas salariales, acceso a la tierra o respecto de presuntos daños ambientales. Los dilemas así implicados son aludidos con notable elocuencia por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrevista que mantuviera en La Paz con Mario Toer y Federico Montero, publicada por Página/12. Transcribiremos el comentario in extenso porque consideramos que resume con notable propiedad las implicancias que nos interesan resaltar: “…nadie pone en duda que el Estado debe ser el principal generador y controlador del excedente económico del país. La discusión es cómo se lo usa. Unos dicen: “Hay que entrar rápidamente en la etapa industrializadora”. Otros dicen: “Sí, pero utilicemos buena parte del excedente para distribución salarial”. (...) También ha empezado a surgir otro tipo de tensiones internas. El proceso de economía plural tiene que satisfacer necesidades básicas de la gente, pero también tiene que preservar el porvenir de la vida y de la naturaleza. Nosotros, que somos defensores de la Madre Tierra, tenemos que cabalgar en esa contradicción, hoy visible, pero que hace cuatro años no lo era, sin caer en la creencia de que los que vivimos en la Amazonia tenemos que cuidar el bosque para el mundo entero. Esa es una trampa imperial que las ONG nos quieren meter, porque en el norte siguen depredando todos los bosques. Pero hay un fondo justo: tienes que satisfacer necesidades básicas y materiales sin destruir el núcleo de la naturaleza. Otra contradicción interna se da entre el interés general y el particular, con los movimientos sociales que han creado con su acción colectiva la base de este proyecto general de sociedad. Pero en ciertos momentos se repliegan y comienzan a concentrarse en sus intereses locales y particulares. Cuando la CIDOB reclamaba que las 17 millones de hectáreas expropiadas fueran sólo para los indígenas de tierras bajas, o cuando la COB nos pedía que las reservas internacionales, que son de todos, se utilizaran para los salarios de salud y educación, que son de pocos. Este repliegue a lo particular es temporal, luego la sociedad crea e impulsa nuevamente intereses comunes. Entonces éstas son tensiones creativas internas al propio bloque de poder, que no ponen en discusión el núcleo de plurinacionalidad, economía plural y autonomía...” (Toer y Montero, 2012).

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En términos similares se ha referido Rafael Correa a los reclamos de algunos sectores indígenas ante la expansión de la actividad minera. Incluso, con motivo de la última marcha de la CONAIE cuestionando emprendimientos mineros, no ha vacilado en caracterizarlos como “manipulados por la partidocracia, la prensa corrupta, los garroteros del Movimiento Popular Democrático y los golpistas del 30-S, entre otros interesados en desestabilizar”.2 Por cierto que estas manifestaciones no cierran el debate y en cada caso es imprescindible el justo y “creativo” abordaje y resolución de estos conflictos. Cuando esto no se consigue vemos que la derecha busca apropiarse de las demandas en cuestión, como en reiteradas ocasiones ha venido ocurriendo, para recuperar la iniciativa.

A MODO DE CONCLUSIÓN La consolidación y persistencia de los gobiernos posneoliberales y sus lógicas políticas implican no sólo una transformación del paradigma del rol del Estado, sino también un retorno a la centralidad en el espacio público de movimientos y sectores sociales de diversa índole que actúan a partir de reclamos y reivindicaciones de derechos específicos y que preceden, condicionan y exceden a la propia praxis gubernamental. Como lo señalara Marco Aurelio García (2008), y ya lo hemos destacado en trabajos previos, podemos identificar sub-áreas diversas en la región sudamericana, con escenarios distinguibles. En este sentido, mientras que en las experiencias de la región andina, tras la implosión de los escenarios políticos preexistentes, de carácter refundacional (Venezuela, Bolivia y Ecuador), el acento está puesto en cómo articular la centralización de la decisión estatal en función de los nuevos derechos y formas jurídicas reconocidas por sus nuevas constituciones (“cambio de época”), en las experiencias del Cono Sur se plantea la necesidad y el desafío de traducir las profundas innovaciones políticas en nuevos marcos jurídicos que aseguren su vigencia y continuidad (“época de cambios”). En esto y en otros muchos aspectos se manifiestan matices o diferencias considerables, pero desde una perspectiva regional lo dominante es la construcción política en común, que propicia el conjunto por encima de las particularidades nacionales. En lo económico, desde sus inicios los proyectos que componen el bloque posneoliberal fueron definiendo una búsqueda por lograr mayores grados de autonomía para los Estados, procurando recursos para la intervención estatal en la reactivación de los mercados internos mediante el impulso al consumo popular, con una clara matriz redistribucionista. Todo lo cual les ha permitido contar con resguardos más efectivos en el actual con-

texto de crisis con vértice en los países centrales. En el actual contexto internacional, después de la crisis terminal de los llamados “socialismos reales” en parte de la periferia y en los países más atrasados de Europa Oriental y, en nuestros días, con la crisis que presenta crecientes rasgos de cronicidad en el mundo capitalista, las perspectivas que han encarado los gobiernos posneoliberales no pueden presumir de poseer un rumbo definible a priori, por lo que deben aferrarse a su principal certeza orientadora: constituir una masa crítica a nivel regional que les permita gravitar políticamente en el escenario global sin tener que subordinarse a los dictados de las agencias que pretenden reglar la vida de las naciones de acuerdo a las normativas correspondientes con la fase de desarrollo que hoy transita el capitalismo: el neoliberalismo. En la medida en que se agudizan las tensiones sociales en Europa frente a los recortes del gasto social y al desmantelamiento del Estado de Bienestar y se asiste, a un lado y otro del Atlántico Norte, a un creciente cuestionamiento anti-elitista respecto del rol de la alta política y de las finanzas, es inevitable considerar el retorno de la centralidad de la cuestión del Estado democrático y de la efectiva calidad de la políticas democráticas e inclusivas como claves sobre las que la experiencia latinoamericana contemporánea tiene hoy en día bastante que decir. •

Notas 1 Leblon aborda el tema del apoyo “verde” a candidaturas tales como las de Enrique Peña Nieto en México, Henrique Capriles Randonsky en Venezuela, Antonio Carlos Maghallanesen Brasil, entre otros, citando a un miembro del equipo de este último afirmando que “si no hiciéramos esto estaríamos muertos”. 2 Véase “Rafael Correa tensa la protesta indígena en Quito al calificarla de ‘golpista’”, 22 de marzo de 2012. Disponible en: http://america.infobae.com/notas/46878-Rafael-Correa-calificode-golpistas-a-los-indigenas-que-marchan-en-Quito Bibliografía García, Marco Aurelio (2008). “Nuevos gobiernos en América del Sur: Del destino a la construcción de un futuro”. En Nueva Sociedad Nº 217. Buenos Aires. Toer, Mario y Montero, Federico (2012). “De las transnacionales al Estado y del Estado a la sociedad productiva. Entrevista a Álvaro García Linera, Página/12, 16 de enero. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-185549-2012-01-16.html

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Enfrentamientos político-religiosos en Latinoamérica POR RUBÉN DRI

Filósofo y teólogo. Es Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor-investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Se desempeña como profesor titular de Sociología de la Religión y en el Doctorado de la misma Facultad. Es autor de varios libros tanto en el área filosófica como en la socioteológica. Dirige Diaporías, Revista de Filosofía y Ciencias Sociales. Es miembro del Colectivo de Teología de la Liberación “Pichi Meisegeier” y coordinador académico de los Seminarios de Teología de la Liberación. “Abandoné el sacerdocio por las mismas razones por las cuales me comprometí en él. Descubrí el cristianismo como una vida centrada totalmente en el amor al prójimo […] Entiendo que mi sacerdocio se cumple en la realización de la revolución colombiana, en el amor al prójimo y en la lucha por el bienestar de las mayorías”. Camilo Torres “La política y la fe deben estar unidas. Siguiendo la inspiración de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Mártir de América y Juan Vives Suriá, defensor de los derechos humanos, creemos en la dimensión política de la fe. La espiritualidad liberadora ilumina la política, la enriquece y la cuestiona. No meterse en política es traicionar el proyecto de Jesús de Nazaret para este mundo”. Encuentro Internacional sobre espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación (Caracas, 19 de agosto de 2012)

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a existencia de corrientes internas contrapuestas, sobre todo en el seno de la Iglesia Católica, pero también en otras Iglesias cristianas, siempre existió, pero fueron las décadas del ‘60 y del ‘70 del siglo pasado las que las hicieron particularmente visibles. Ello no debería haber provocado tanto asombro por cuanto las fuentes de estas corrientes contrapuestas se encuentran en la Biblia, el texto-fundamento de todas las Iglesias cristianas.

1. PROYECTOS CONTRAPUESTOS EN LA BIBLIA Lo que la interpretación oficial, dogmática, de las Iglesias había ocultado sobre dicho texto ahora salía a la luz. Se descubría que en él había proyectos monárquicos y sacerdotales de los estamentos dominantes, por una parte, y proféticos, de los estamentos oprimidos, por otra. En dichos proyectos contrapuestos encontramos los gérmenes de teologías que legitiman la dominación, frente a otras que fundamentan las luchas de liberación. La participación de los cristianos en los procesos populares de liberación a lo largo y ancho del continente latinoamericano abría el espacio hermenéutico de la lectura de la Biblia. Surge de esas prácticas una relectura que pasará a llamarse Teología de Liberación. No nace ésta en

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las academias sino en los barrios, las villas, las calles, en una palabra, en los lugares en los que se desarrollaba la lucha de liberación. Jesús de Nazaret no fue una figura extraterrestre sino un miembro del pueblo judío en cuya historia se entrecruzaban los proyectos de los estamentos dominantes, reyes, aristocracia terrateniente, cortesana y sacerdotal, contra los estamentos dominados, formados fundamentalmente por campesinos cargados con pesadísimos tributos. Su opción por los estamentos dominados es absolutamente clara y contundente. Ello lo lleva al enfrentamiento con el poder sacerdotal judío y, sobre todo, con el imperio romano que finalmente lo asesina. Con su muerte, el movimiento profético que había liderado se desintegra, y sólo después de una o dos décadas comienza un proceso de reconstrucción del mismo en un contexto completamente diferente. Nos referimos al ámbito del Oriente Medio, con epicentro en el Asia Menor y Grecia, en el que se había formado la cultura helenista. Jesús había construido su movimiento de liberación en el ámbito de la historia del pueblo hebreo, ahora los cristianos debían reelaborar el proyecto en el seno de ciudades pertenecientes al inmenso imperio romano.

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2. DE LAS ASAMBLEAS A LA IGLESIA Retomando el proyecto antiimperial de Jesús, conforman asambleas (ekklesíai) que se transforman en centros de una cultura antiimperial. En todo momento contraponen la figura del emperador a la del campesino Jesús de Nazaret. Todos los atributos del emperador, mensajero del evangelio, filiación divina, salvación, señorío, pasan a ser atributos de Jesús y de sus seguidores, los cristianos. De esa manera, construyen una contrahegemonía, deslegitiman el poder imperial, por lo cual son sometidos a la represión, de la que dan cuenta diversos textos como evangelios y cartas, y en especial el Apocalipsis. Pero la represión no dio los resultados pretendidos. Los cristianos se multiplicaban, ganándole las bases al imperio. El poder imperial cambia entonces de política y decide negociar con los nuevos poderes que habían ido surgiendo en el ámbito de lo que habían sido asambleas, y ahora ya se habían transformado en la institución Iglesia. Estamos en el siglo IV. Es el emperador Constantino quien da el golpe de timón con un decreto mediante el cual la religión oficial del imperio, conocida como “religión pagana”, pasa a ser una religión más. El cristianismo es declarado “religión lícita”. Acontecía eso a principios del siglo IV. Al final del mismo siglo, otro emperador, Teodosio, declara al “cristianismo católico” como religión oficial del imperio. De esa manera se construía la dualidad de poder político y religioso que atravesará toda la historia de Occidente, con repercusiones que llegan hasta nuestros días. Benedicto XVI lo hizo presente citando a Gelasio I, papa del siglo V: “Hay […] dos poderes por los cuales este mundo es particularmente gobernado: la sagrada autoridad de los papas y el poder real. De ellos, el poder sacerdotal es tanto más importante cuanto que tiene que dar cuenta de los mismos reyes de los hombres ante el tribunal divino”. Poder religioso y poder político, sacerdocio e imperio, dialéctica de los dos poderes que se entrelazarán a lo largo de los siglos, luchando entre sí, armonizando, rivalizando, negociando. A veces triunfa el poder político y tenemos entonces el césaro-papismo que se impone; otras, lo hace el poder religioso, y es entonces la teocracia la que impera. Son los siglos medievales que, pasando por la crisis de los siglos XIV y XV, van dando paso a la modernidad capitalista que irrumpe en el siglo siguiente con el proceso de acumulación originaria del capital, que tiene sus bases tanto en la ruptura de los feudos medievales y la transformación de los campesinos en asalariados, como en la utilización de los indígenas americanos y de los negros africanos como mano de obra esclavizada. Son las “venas abiertas de América Latina”. La corona española ya se había lanzado sobre las tierras americanas y para su legitimación pidió-exigió al poder religioso la “bendición” sobre la empresa. Mediante cuatro “bulas” el supremo poder religioso, reconocido

como “vicario de Cristo”, dona “a perpetuidad” las tierras a los “reyes católicos”. La presencia de sacerdotes y religiosos en las expediciones de conquista hacen presente la legitimación religiosa de la “conquista”. Pero en el seno mismo de dicha legitimación surge el cuestionamiento. Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, Vasco de Quiroga, son nombres de religiosos que ponen al rojo vivo la contradicción que significaba recurrir al cristianismo para legitimar lo que era una expoliación y esclavización de las poblaciones americanas. Eran los fermentos de las corrientes proféticas, de Jesús de Nazaret, de las primeras asambleas cristianas, que volvían a hacerse presentes, como una espina que era imposible extraer.

3. EL CONCILIO VATICANO II El cuestionamiento interno a la legitimación religiosa logra algunas victorias, pero se muestra incapaz de frenar la dominación, legitimada por el poder religioso que se había conformado en los siglos IV y V. Serán las dos décadas que van desde 1959, con el advenimiento de Juan XXIII al solio pontificio, hasta 1979, muerte de Paulo VI, las que harán aparecer en primera línea las raíces liberadoras del cristianismo. Juan XXIII percibe las profundas transformaciones que se estaban produciendo en el mundo moderno, la cerrazón de la Iglesia, que no rompía las estructuras defensivas ante la Reforma Protestante y las libertades de la revolución moderna, a las que se agregaban las corrientes de renovación que bullían en su interior. Decide entonces abrir las compuertas de la fortaleza en que se había convertido la Iglesia y dejar entrar los aires renovadores. Convoca entonces el Concilio Vaticano II que es el único Concilio Ecuménico que no produce ninguna condenación por herejía, ni proclama ningún dogma. No es un concilio “revolucionario” pero sí profundamente “renovador”, acorde con los tiempos de las libertades abiertas por la revolución moderna. Abre las puertas a las corrientes de renovación que pugnaban por manifestarse. El Concilio fue obra de los teólogos y obispos renovadores, progresistas, de Europa, especialmente de Francia, Alemania, Holanda. La participación latinoamericana fue casi inexistente, pero la repercusión en el continente latinoamericano fue contundente. El mensaje de apertura caía en un suelo en el que germinaban semillas de liberación. El Concilio renovaba la eclesiología, recuperando el concepto de que la Iglesia no consistía en la jerarquía sino en el “pueblo de Dios”, con lo cual abría las puertas para un proceso de democratización que implica la sustitución de la “obediencia” por el “diálogo” como concepto clave para el comportamiento interno de la Iglesia y sus relaciones con el mundo externo. Paulo VI lo fundamenta en la encíclica Eclesiam suam.

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Poco después dio a conocer la encíclica Populorum progressio en la que proclamaba el camino hacia un “nuevo humanismo”: admitía la necesidad de la “expropiación” en casos de necesidad social, denunciaba el “imperialismo internacional del dinero” y reclamaba “reformas urgentes”. Los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín (1968) responden denunciando las “frustraciones crecientes”, las diversas “formas de opresión”, la intolerable “fuga de capitales”, la concentración de la riqueza en verdaderos “monopolios”, realidad a la que la “toma de conciencia de los sectores oprimidos” hace que dicha realidad exija ser cambiada antes de que sea demasiado tarde. La Iglesia Católica se siente íntimamente conmocionada y se habla entonces de “dos Iglesias”, la Iglesia jerárquica, Iglesia Institución, por una parte, e Iglesia popular, Iglesia del pueblo, Iglesia fermento, Iglesia profética, por otra. No se trata de dos instituciones, pues la Iglesia popular nunca intentó constituirse como una institución en lugar o al lado de la Iglesia jerárquica. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, en la Argentina; los Ochenta y luego Cristianos por el Socialismo, en Chile; grupo sacerdotal Onis, en Perú; grupo Golconda, en Colombia; grupos camillistas de Colombia y Venezuela; Sacerdotes por el Pueblo, en México; Comunidades Eclesiales de Base, en Brasil, son algunas de las denominaciones más importantes que jalonan el accionar de un cristianismo que se incorpora a las luchas populares en las décadas del ‘60 y del ‘70, con prolongaciones en la década del ‘80 en la zona centroamericana.

4. EL CRISTIANISMO EN LA AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XXI La década del ‘90 del siglo anterior se caracterizó por la implementación del neoliberalismo que, mediante las medidas de “ajuste”, concentró la riqueza en pocas manos, provocando desocupación, hambre, miseria y sometimiento de la inmensa mayoría del pueblo en los diversos países del continente latinoamericano. Ello no podía terminar de otra manera que no fuese con crisis terminales, a las que siguieron diversos procesos de recuperación. La represión sobre los sectores populares, sin la cual era imposible la implementación del neoliberalismo, recayó también, como era lógico, sobre esa Iglesia popular y sus movimientos. Los pontificados de Juan Pablo II en primer lugar, y luego de Benedicto XVI, se caracterizaron por la persecución y desarticulación de lo que se había construido en la línea del Concilio Vaticano II. El siglo XXI encuentra a América Latina entrando en una nueva era en la que, en la mayoría de los países, los sectores populares han logrado conformar movimientos políticos que llegan al gobierno y recuperan la política como instrumento de transformación a favor de dichos

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sectores. El proceso muestra nuevamente las dos caras del cristianismo, expresándose como dos Iglesias contrapuestas, la que se compromete con los procesos populares y la que los obstruye. En este proceso de recuperación, el continente latinoamericano dibuja aproximadamente el siguiente mapa: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina se ponen un paso adelante en las reformas, con características propias en cada país; Brasil y Uruguay avanzan con reformas más matizadas; en Paraguay, el proyecto transformador es cortado por un golpe de Estado de nuevo tipo, sin que ello signifique que el movimiento de liberación haya sido aniquilado. En Chile, Colombia y Perú, el movimiento liberador encuentra dificultades especiales. Venezuela se encuentra en la vanguardia de los procesos transformadores con el proyecto que su líder, Hugo Chávez, ha denominado “socialismo del siglo XXI”, con lo cual quiere significar que no se trata de ninguna repetición de alguno de los socialismos anteriores, sino de un nuevo socialismo, cuyas raíces se encuentran en el mismo suelo histórico venezolano y en “las corrientes más auténticas del cristianismo”. Chávez afirma que “el primer socialista de nuestra era fue Cristo”. La Iglesia Católica, cuya jerarquía forma parte de la oligarquía caraqueña, reaccionó violentamente en contra del proyecto chavista. El arzobispo de Caracas dio todo su apoyo al golpe de Estado que por un momento había logrado desplazar a Chávez del poder. Éste, que es creyente, y se siente cristiano, miembro de la Iglesia, expresó con claridad que “la Iglesia no son los obispos”. Por el contrario, la Iglesia la componemos “todos los que creemos de verdad en Cristo; es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia liberadora”, siendo “la teología de la liberación el camino del Cristo Liberador”. Del 17 al 19 de agosto del presente año se realizó en Caracas un “Encuentro Internacional sobre espiritualidad de la liberación a la luz de la Teología de la Liberación” con delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Venezuela. En el punto tercero de la Declaración Final se declara “que el sueño de Bolívar ilumina los procesos revolucionarios de algunos pueblos latinoamericanos y caribeños. Vemos en ellos las señales del Reino de Dios, proclamado por Jesús de Nazaret, y la fuerza de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes”. El proyecto ecuatoriano, con el liderazgo de Rafael Correa, tiene notables similitudes con el venezolano y el enfrentamiento con la jerarquía católica es semejante. La reforma de la constitución impulsada fue enfrentada por Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal porque “entraña los peligros del aborto terapéutico, la unión de hecho de las parejas homosexuales y el supuesto carácter estatizante”.

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Rafael Correa, formado en la línea de la Teología de la Liberación, reaccionó con fuerza, expresando que le “revuelve el estómago esa utilización política de la religión”. Avanza en el cuestionamiento afirmando que “esta gente, esta oligarquía y cierta cúpula ultraconservadora de la Iglesia, vinculada al Opus Dei y al Partido socialcristiano, están desesperados porque saben que van a perder, incluso en Guayaquil, y son capaces de cualquier cosa”. El intento de la oligarquía santacruceña boliviana de llevar a cabo un golpe de Estado en contra del proyecto de una nación pluriétnica, con amplia participación de los pueblos originarios, puso frente a frente a las dos Iglesias. Los Hermanitos del Evangelio del P. Foucauld se dirigen al cardenal Terrazas echándole en cara que los obispos han defendido a los terratenientes “que han organizado hasta lo inconfesable para confundir, engañar, lograr adeptos y bloquear un proceso iniciado por las mayorías pobres, en el marco de la legitimidad de un referéndum por la Constituyente, por el que piden una nueva Bolivia, madrepatria para todos y por el que desean y quieren justamente acceso a las tierras, a los bienes y recursos naturales de todos”. La carta continúa con acentos dramáticos: “Ustedes (los obispos) nos han hecho asistir al escándalo de una comunión episcopal que ha dejado a las ovejas al arbitrio de los lobos. Es fuerte, pero lo vemos así. y lo ven los pobres, los campesinos, los discapacitados, las mujeres, los viejitos, todos ellos defendidos en la nueva CPE”, y esto lo han hecho porque “ustedes se han espantado por el fantasma de la laicidad y por la pérdida de ciertos privilegios a una educación privada subvencionada, con el pretexto de una enseñanza religiosa en libertad y han dejado desamparados a los pobres de yhavé reales”. La reivindicación de la Iglesia popular, profética, fiel al proyecto de Jesús de Nazaret, se expresa claramente en los tramos finales de la carta: “Con Jesús lo que se impone es una solidaridad clara y audaz con los pobres, una opción por ellos; y, con ellos y desde ellos, enfrentar proféticamente a los poderosos. Si no se está igualmente con las víctimas y el verdugo, con los crucificados y los crucificadores”. La comunidad cristiana de Piñami chico, por su parte, da a conocer un comunicado en el que desmiente que se trate de “una guerra civil”, sino de “agresiones unilaterales, del más fuerte al más débil”. y refiriéndose a la actitud de los obispos, añade: “Al invitar a todos en general a un diálogo y al decir que depongan todos la violencia, meten a todos en el mismo saco. y ahí sí que nos quedamos escandalizados todos los pobres por nuestros pastores”. Revisando luego el comunicado continúa la comunidad afirmando que “si se invita al diálogo hay que ponerse del lado de los violentados, sin mediar, como si los violentos tuvieran igual razón”, y luego continúa “No

digan que hay violencia de lado y lado. No es cierto. Sólo la están ejerciendo esas minorías enardecidas y ciegas de la ‘Media Luna’. y hay que quitarles la razón con la denuncia y la no-violencia, para no entrar en su juego”. En Paraguay es la Iglesia popular liderada por el obispo Fernando Lugo el verdadero motor de la renovación. Son las comunidades, especialmente las agrupaciones campesinas, las que protagonizan el proceso de renovación, rompiendo la hegemonía de muchas décadas del partido colorado. Lugo finalmente fue proclamado presidente y en la asunción manifestó que en la teología de liberación expresada por Leonardo Boff y Gutiérrez percibió claramente “que era esa la Iglesia destinada a nutrir de esperanza activa a seres hermanos y humanos sumidos en el discurso opresor de tantas dictaduras que marcaron la historia de nuestra Patria Americana”. En la Argentina actual, caracterizada por el proceso de profundas transformaciones a favor de los sectores populares, de conquista de derechos para minorías históricamente postergadas y oprimidas, vuelve a manifestarse el enfrentamiento entre las dos Iglesias, en el proyecto del matrimonio igualitario. La Iglesia jerárquica lo vio como una lucha en contra del matrimonio y la Iglesia popular la vio, en cambio, como un paso más hacia una sociedad más justa e igualitaria que simbólicamente se expresa como “Reino de Dios”. Religión y política siguen cruzándose en nuestra historia como siempre lo han hecho. Teologías de la dominación y teologías de la liberación, en sus diversas variantes, no dejarán de enfrentarse, seguirán estando presentes. Aparecieron en la negra noche de la dictadura genocida cívico-militar, en los debates sobre el divorcio, sobre el matrimonio igualitario, sobre la reforma del Código Civil, sobre la educación sexual. Lo hicieron cuando el enfrentamiento con las corporaciones agrarias. Pero los enfrentamientos tienen actualmente características distintas a los de las décadas del ‘60 y ‘70. Por una parte la Iglesia institución, desde la asunción de Juan Pablo II al pontificado ha vuelto reconstruir su proyecto de poder, en consonancia con los grandes centros de poder económico, político y mediático, frente a la cual, la Iglesia popular, o mejor, las Iglesias populares, en América Latina, ya no se expresan en grupos sacerdotales, sino en asambleas que se articulan con diversas culturas religiosas. •

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Para aumentar la integración regional latinoamericana: los partidos políticos como actores trasnacionales POR FERNANDO PEDROSA

Magíster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es docente de la carrera de Ciencia Política e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Publicó recientemente el libro La otra izquierda. La socialdemocracia en América Latina.

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os debates acerca de la crisis de los partidos políticos son una constante de los últimos tiempos y no sólo en ramas especializadas de las ciencias sociales. La incapacidad de dar respuestas concretas y vehiculizar la representación social ante las crecientes y diversas demandas ha puesto a estas organizaciones en el centro de críticas, malhumores e impugnaciones varias. Este artículo apuntará, sin embargo, a reflexionar sobre nuevas responsabilidades que deben adoptar estas organizaciones (más allá de las que aún tienen pendientes) como una forma de recuperar protagonismo, confianza social y, al mismo tiempo, aportar a la gobernabilidad de sus Estados nacionales. Los Estados hacen frente a numerosos desafíos que se originan más allá del territorio que dominan (cambio climático, crisis financiera, proliferación de armas, convencionales y nucleares, narcotráfico y crimen organizado, terrorismo, etcétera) y, por ello, muchas veces carecen de herramientas eficientes para enfrentarlos en forma individual. En otras palabras, gran parte del éxito en la gobernabilidad se juega fronteras afuera del propio país, ámbito hasta hace poco tiempo sólo destinado a los diplomáticos y otros especialistas en las relaciones internacionales. Frente a un escenario de creciente globalización, especialmente del mercado, los partidos políticos, deberán transformase en actores trasnacionales si desean ser vistos como opciones posibles para acceder al gobierno. De este

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modo, además podrán aportar a la capacidad de regulación de los Estados nacionales frente a los nuevos desafíos pero, también, dar respuestas más satisfactorias a los reclamos sociales. Por otra parte, será una oportunidad para avanzar en democratizar el mundo de instituciones internacionales, que hoy se encuentra en crisis y revisión. Por último, ya es una realidad en muchos países de la región que numerosos electores residentes fuera de su país natal posean el derecho a votar en su país de acogida, lo que obliga a los partidos a mantener oficinas y militantes en otros países y también nuevos discursos para captar esos votantes. Si desde mediados del siglo XX, la internacionalización de la educación, la economía y la política es un elemento clave para comprender las sociedades contemporáneas, no parece lógico, entonces, dejar de considerar este espacio como una arena más donde los políticos y sus organizaciones partidarias busquen extender su influencia, obtener recursos para cumplir sus objetivos y evitar que otros los cumplan.

LA INTEGRACIÓN POLíTICA EN LATINOAMÉRICA. ¿Y DÓNDE ESTÁN LOS PARTIDOS POLíTICOS? En la última década, la interacción política y los contactos institucionales entre los distintos países de América Latina han aumentado en forma significativa, sobre todo, en la esfera de la política regional. La conformación de espacios como la UNASUR o la CELAC podría

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ser una muestra de ello. Esta acción conjunta tuvo picos importantes con las crisis abiertas en Honduras, Bolivia y Ecuador. El Mercosur no se quedó atrás e intervino en la reciente coyuntura paraguaya, sancionando al nuevo gobierno y separándolo temporariamente de su membresía. Además, se puede mencionar la creciente actividad latinoamericana en ámbitos globales como el G-20 o la ONU, donde los países de la región (liderados por Brasil) implementaron e integraron la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití (MINUSTAH, por su traducción francesa). La acción colectiva de los presidentes latinoamericanos no se agotó en instancias. El tipo de relación personal que entablaron los líderes latinoamericanos también tuvo su lugar en esta historia, estimulando la conformación de un circuito informal que funcionó complementariamente con los formales. Aquella reunión en Mar del Plata de 2005, donde se certificó la defunción del proyecto del ALCA, fue un momento clave en la apertura de esta nueva etapa de la política regional, pero también fue una muestra de la potencia de la conjunción de políticas formales y relaciones personales. Las estrategias y prácticas informales son importantes para afrontar problemas inmediatos y para sentar bases de funcionamientos conjuntos. También son un recurso sostenido en la cultura política de la región que ayuda a lograr mayor flexibilidad a la hora de enfrentar entornos hostiles.

Ahora bien, este rápido (y positivo) paisaje de las relaciones entre los países de América Latina, y entre ellos y los demás, no puede ocultar una serie de problemas y deudas pendientes que aún aquejan a la política de la región. La actividad internacional de los mandatarios latinoamericanos en estos años ha sido más eficiente cuando se encontraron a la defensiva y lo fue menos construyendo algún tipo de institucionalidad formal que logre empoderarse más allá de la presencia presidencial y que pueda perdurarlos cuando ellos ya no estén en esos puestos. Incluso, espacios ya consolidados, como el Mercosur, se encuentran en una situación de parálisis. Los desencuentros comerciales constituyen el talón de Aquiles de la integración política de los países sudamericanos y el espacio donde los conflictos permanentes no han logrado una solución satisfactoria ni una estrategia común. Mientras que los Estados nacionales siguen siendo actores vinculados a sus territorios y limitados por fronteras, el mercado adoptó hace rato un claro carácter trasnacional, por lo cual, su regulación (para ser efectiva) necesita también estar a cargo de actores políticos globales. Sin embargo, el G20 y la ONU no pueden cumplir esa función. Ellos repiten los pasos de una matriz gubernamental y nacionalista que sólo termina consolidando el orden establecido y dejando al mercado vía libre para ser la medida de la organización mundial. La integración presidencialista pudo haber sido un buen comienzo para revertir procesos de desconfianza mutua, estimular acciones conjuntas y poner el tema en la agenda pública. Sin embargo, en la actualidad es necesario pasar a otra fase del proceso de integración política. y para esto, hace falta sumar nuevos actores que agreguen mayor densidad política, aunque eso signifique para los Estados nacionales convivir con una diversidad ideológica y una dispersión de actores y poderes que pueda discutir su predominio en el escenario regional y global. En este sentido, es que se vuelve preciso pensar a los partidos políticos como actores trasnacionales que puedan aportar dinamismo, agregar intereses, abrir nuevas agendas, y, sobre todo, democratizar a la política de los Estados en el ámbito internacional, incluso, más allá de América Latina. Los partidos políticos podrían así incorporar a sus agendas la posibilidad de realizar un accountability trasnacional, al sistema de organizaciones intergubernamentales, situación solamente reservada hoy a los gobiernos, con la limitada excepción del caso europeo. Los movimientos sociales trasnacionales mostraron mayor capacidad de movilización e influencia en la opinión pública que capacidad real de cambiar el rumbo de la política internacional. Ese lugar puede ser ocupado por las organizaciones partidarias.

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PARTIDOS POLíTICOS Y CRISIS. UN PASEO POR LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA RECIENTE Más allá de los discursos acaramelados de “unidad latinoamericana”, los partidos de la región han renunciado a activar fuera de las fronteras de sus propios países con pretensiones de protagonismo real. De hecho, por ejemplo, no han podido acordar mínimamente revitalizar el parlamento del Mercosur ni crear el previsto en la UNASUR, atorados en la falta de voluntad de los poderes ejecutivos para abrir un espacio que les competiría en sus potestades políticas. En la coyuntura actual, no resultaría aventurado afirmar que la posibilidad de lograr un cambio en las formas, y en los resultados, de la integración política regional y mundial que apunte a una mayor democratización debería venir de la mano de los partidos progresistas y de izquierda democrática. Sin embargo, estos continúan entrampados en una visión nacionalista y Estado-céntrica y, por ello, incapaces de concretar una actuación conjunta en el plano regional e internacional. Tampoco entre los partidos de América Latina y Europa se ha observado acuerdos sistemáticos ni acciones comunes en el sistema internacional. De hecho, con pocas excepciones, en los últimos años se ha profundizado la ruptura de puentes entre partidos europeos y latinoamericanos. La posición ambigua de los partidos europeos frente al neoliberalismo, la guerra de Irak y la actual crisis económica resultaron una barrera insuperable para los partidos de izquierda de América Latina que se fueron alejando de una política de carácter internacional, depositándola exclusivamente en las manos de los primeros mandatarios. Sin embargo, en el pasado no fue del mismo modo. Frente a una historiografía (la llamada Historia reciente) que pinta los años setenta como un momento en que la izquierda (y también la derecha) apelaron sólo a la radicalización y la violencia política, estudios históricos recientes muestran que existió una variedad de políticas transnacionales donde los actores eran partidos y dirigentes políticos de distintas ideas y nacionalidades y que privilegiaban la inserción en el escenario internacional para poder cumplir sus diversos objetivos. Estas redes se conformaban para actuar tanto en el plano nacional como en el internacional, haciendo de la actividad trasnacional un link entre uno y otro espacio. Los temas vinculados a los derechos humanos son un ejemplo clásico de esto. En tiempos de la Guerra Fría, en plena década de los setenta y ochenta, la situación de Europa no era mucho mejor que la actual. La crisis del petróleo y el aumento del precio de los commodities habían impactado fuertemente en los países desarrollados, poniendo en duda la continuidad del Estado de Bienestar en sus formas clási-

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LOS DESENCUENTROS COMERCIALES CONSTITUyEN EL TALóN DE AQUILES DE LA INTEGRACIóN POLÍTICA DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS y EL ESPACIO DONDE LOS CONFLICTOS PERMANENTES NO HAN LOGRADO UNA SOLUCIóN SATISFACTORIA NI UNA ESTRATEGIA COMúN.

cas. Como resultado de esta situación, varios partidos socialistas y socialdemócratas sufrieron serios retrocesos electorales: en 1976 el socialismo sueco perdió el gobierno por primera vez en casi cuarenta años. En 1977 fue el turno del laborismo holandés, en 1979 el laborismo inglés dejó el gobierno en manos de Margaret Thatcher. Una suerte similar corrió el socialismo alemán en 1982. Esto ocurría además, en un marco de crisis política y hegemonía que se produjo en los EE.UU. con la forzada salida de Vietnam y el inmanejable déficit comercial de los norteamericanos. Esto los llevó a un cambio en las relaciones con la URSS iniciando una etapa de distensión que se mantuvo durante gran parte del gobierno de James Carter (1977-1981). En América Latina, mientras tanto, comenzaba la contraola autoritaria y la caída del gobierno de Salvador Allende implicó un hito que superó las fronteras del país trasandino. En el cono sur los partidos políticos no encontraban condiciones para desarrollar con normalidad su vida organizativa. Lo mismo ocurría con los de República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, aunque entre estos últimos se abría un ciclo de impactantes movimientos revolucionarios. Paralelamente, la erosión de la hegemonía estadounidense y la consolidación de una mejora en los términos del intercambio, la década de 1970 fue un momento favorable para que los países del llamado Tercer Mundo

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aumentaran su participación en el comercio mundial. En esta etapa las tensiones Este-Oeste disminuyeron y se consolidaron las tendencias basadas en la oposición Norte-Sur, que encontró su máxima expresión en el movimiento por el Nuevo Orden Económico Internacional. Esta nueva perspectiva, incluso (junto al Movimiento de Países No Alineados) se tradujo en un bloque mayoritario en la agenda de la ONU. La llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los EE.UU. en el año 1981 cambió de plano la política de la distensión, aunque algunos de sus principios ya habían sido abandonados en los últimos años del mandato de Carter. La nueva estrategia hacia el bloque soviético implicó un aumento constante y creciente de la conflictividad en todo el mundo, pero particularmente en América Central. Con la moratoria decretada por México en 1982 comenzó el proceso conocido como “crisis de la deuda”, que revirtió drásticamente las condiciones económicas favorables del período anterior. Una de las principales consecuencias fue que los gobiernos del entonces llamado Tercer Mundo se vieron en serias dificultades para mantener sus finanzas al día y tuvieron que recurrir al apoyo de los organismos financieros internacionales. A partir de estas condiciones, la guerra de Malvinas fue el catalizador que cambió las relaciones entre los países desarrollados y los de América Latina y eso también impactó en los vínculos que mantenían sus organizaciones partidarias. Sin embargo, los partidos políticos latinoamericanos siguieron tejiendo sus redes de cooperación, más allá de las presiones del entorno y esto fue crucial para que la tercera ola de democracias se implantara exitosamente, aun cuando se concretaron bajo la llamada “segunda Guerra Fría”, caracterizada por ser la creciente polarización entre los EE.UU. y la URSS.

LA POSIBILIDAD DE LOGRAR UN CAMBIO EN LAS FORMAS, y EN LOS RESULTADOS, DE LA INTEGRACIóN POLÍTICA REGIONAL y MUNDIAL QUE APUNTE A UNA MAyOR DEMOCRATIZACIóN DEBERÍA VENIR DE LA MANO DE LOS PARTIDOS PROGRESISTAS y DE IZQUIERDA DEMOCRÁTICA.

Desde inicios de la década de 1970 los dirigentes partidarios más lúcidos ligados a diversas tradiciones ideológicas comprendieron que debían acentuar su accionar trasnacionalista si querían salir del atolladero de la crisis económica y, a la vez, evitar ser deglutidos por la “pinza” geopolítica. Los latinoamericanos apelaron primero a la diplomacia presidencial. La firma del Tratado del Canal de Panamá en 1977 fue un rotundo éxito que estimuló las relaciones entre varios de los más importantes líderes del momento. Además de Omar Torrijos, el rol de Carlos Andrés Pérez (Venezuela) y de Alfonso López Michelsen (Colombia) fue central en el resultado final del tratado. Sin embargo, la necesidad de aumentar la presencia política en el escenario internacional superó esta instancia ejecutiva. Esta visión renovada de la acción partidaria se comenzó a plasmar en la práctica cuando Willy Brandt (primer canciller socialista alemán luego de la Segunda Guerra Mundial) fue designado presidente de la Internacional Socialista (IS) junto con un prestigioso grupo de líderes mundiales como Bruno Kreisky (Austria), Olof Palme (Suecia), François Mitterrand (Francia), Felipe González (España), Mário Soares (Portugal), Julius Nyerere (Tanzania), Leopoldo Senghor (Senegal) e yitzhak Rabin (Israel), entre los más importantes. Esta red de partidos y dirigentes incluía también a importantes líderes latinoamericanos como José “Pepe” Figueres (Costa Rica), Michael Manley (Jamaica), José Peña Gómez (República Dominicana), Víctor Haya de la Torre (Perú), Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt (Venezuela), Maurice Bishop (Granada), Daniel Oduber y Oscar Arias (Costa Rica), Omar Torrijos (Panamá), los sandinistas Daniel Ortega y Sergio Ramírez, dirigentes cercanos al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como Guillermo Ungo y Leonel Brizola de Brasil, entre muchos otros. Por entonces, las redes de exiliados de los partidos políticos latinoamericanos jugaron un papel crucial, conformándose como una red donde también circulaban información y recursos. Esta alianza de líderes y organizaciones tan diversas (que Brandt denominara entonces “cooperación elástica”) tuvo como objetivo convertirse en un actor global. Los socialistas democráticos europeos lograron concretar una alianza con los latinoamericanos que luchaban contra las dictaduras y con los africanos y asiáticos que habían sido producto (y actores) de las luchas anticoloniales. En este campo global se constituyó un modelo de acción partidaria en procesos muy complejos como las revoluciones latinoamericanos, la lucha contra las dictaduras y el apartheid y el apoyo a las nacientes transiciones. La conformación de las llamadas Comisión Brandt, Comisión Palme y la Comisión Brundtland fue la puesta

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(COPEI) o al Partido Demócrata Cristiano de El Salvador, Guatemala y Chile. En general estos partidos jugaban en la órbita de las políticas estadounidenses en una alianza que se escenificó, fundamentalmente, en el gobierno de José Napoleón Duarte en El Salvador y en la oposición al sandinismo nicaragüense. Esta red también tuvo importantes referentes como el chileno Eduardo Frei, Vinicio Cerezo de Guatemala y Rafael Caldera y Arístides Calvani de Venezuela. Los mexicanos del PRI no se quedaron atrás. Buscando preservar su identidad se mantuvieron al margen de ambas redes y en 1979 crearon la suya propia: la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) destinada directamente a operar en la coyuntura centroamericana desde una organización que ellos lideraban y que pronto se integró por partidos de toda la región.

CONCLUSIONES. ADMINISTRAR LA DIVERSIDAD POLíTICA PARA GLOBALIZAR LA DEMOCRACIA

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en práctica del intento de una “gobernabilidad global” que fueron las bases para una nueva acción trasnacional que atravesaría el programa de partidos de todo el mundo. El intento de una nueva programática que uniera trasnacionalmente a actores diversos se basaba en una idea simple pero contundente: existía una relación directa de los polos Este-Oeste o Norte-Sur, por un lado, y la carrera armamentística y el hambre mundial o el desarrollo y la paz, por otro. Las armas nucleares amenazaban a los países europeos rehenes de la pelea bipolar, pero también nutrían a los gobiernos autoritarios latinoamericanos. Pero el hambre y la pobreza producto del gasto en esas armas también cruzaban el territorio latinoamericano. Esta era la síntesis que podía sentar en una misma mesa y del mismo lado a políticos alemanes y nicaragüenses, chilenos y fineses, salvadoreños, guatemaltecos, chilenos y mexicanos con suecos, holandeses y noruegos. Pero no sólo los partidos socialistas actuaban trasnacionalmente. Los partidos agrupados en la Internacional Demócrata Cristiana también lo hacían, aunque como una forma de influir en los conflictos de América Central en un sentido opuesto al de los grupos de izquierda. Entre ellos se pueden mencionar al venezolano Comité de Organización Política Electoral Independiente

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Posiblemente los mismos éxitos obtenidos por la política regional latinoamericana en los últimos años, predominantemente presidencial, haya sido también una de las causas de sus limitaciones. Las tradiciones populares latinoamericanistas se construyeron con un discurso identitario común (la patria grande) que, a priori, podría ser un estimulo para la integración regional, pero que también adoptó una forma de “nacionalismo supranacional”, que impidió avanzar en delegaciones de soberanía por parte de los Estados nacionales en la búsqueda de un mayor empoderamiento de instituciones colectivas. Esta idea de unidad latinoamericana puede ser vista además como sinónimo de homogeneidad y por lo tanto no requerir de mediaciones formales. Pensar la identidad latinoamericana como realmente diversa presenta el desafío de articularla con instituciones formales que garanticen la convivencia y al mismo tiempo potencien sus efectos. La acción partidaria trasnacional puede ser una variante que dinamice un proceso integrador que parece haber entrado, como mínimo, en una meseta. Al mismo tiempo puede constituirse en un elemento que opere sobre las instituciones internacionales forzando su democratización. Sin duda, un punto clave en cualquier programa progresista debe contemplar la creación de un parlamento regional con potestades reales y con votación directa de los ciudadanos. y en ese debate, los partidos políticos tienen mucho que aportar y, sobre todo, mucho que hacer. Revalorizar y volver sobre experiencias transnacionales, como las someramente revisadas, permitirá repensar la forma en que se desarrollaron los procesos de democratización reciente en la región pero, también, ayudará a reevaluar el papel que puede corresponderles a los partidos en lo que resta del siglo XXI. •

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Resignificar la participación POR ROCíO ANNUNZIATA

MARTÍN SCHIAPPACASSE

Doctora en Estudios Políticos de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y en Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeña desde 2004 como docente de Teoría Política Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales y es miembro del equipo “Las nuevas formas políticas”, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Sus trabajos más recientes se consagran al estudio de las transformaciones de la legitimidad democrática en la Argentina y sus cristalizaciones institucionales en los “dispositivos participativos”. Su investigación posdoctoral actual aborda el impacto de las nuevas formas de legitimidad en la representación política y los liderazgos.

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urante los últimos años, el fenómeno de la participación ciudadana institucionalizada más allá del acto electoral se ha expandido a escala planetaria. En los cinco continentes se ponen continuamente en marcha variados “dispositivos participativos” que invitan a los ciudadanos a expresar sus preocupaciones y propuestas, sobre todo a nivel local. La región latinoamericana ha aparecido a la vanguardia de esta tendencia, a partir de la experiencia del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, que se transformó en un modelo a emular para gobiernos locales de distintos lugares del mundo, y que devino casi una “receta” tanto de las organizaciones asociadas al movimiento altermundista como

de los organismos internacionales de crédito. Tal es así, que algunos investigadores europeos han llegado a hablar de un “retorno de las carabelas” (Sintomer, Herzberg y Röcke, 2008) para dar cuenta de cómo la innovación institucional en materia de participación ciudadana provendría hoy en día de nuestra región. El Presupuesto Participativo es, dentro de estos dispositivos, el más emblemático de la región. En 2006 los estudios regionales contaban alrededor de 2.500 experiencias en América Latina (Goldfrank, 2006) y en 2011 afirmaban que el fenómeno se había extendido a todos los países de la región (Gattoni, 2011). En la Argentina, existen en el presente más de cuarenta municipalidades

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que desarrollan cierta forma de Presupuesto Participativo. Los casos de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Morón son pioneros en nuestro país, pero a partir de 2008 muchas otras ciudades argentinas se han lanzado a la puesta en marcha de esta herramienta. Aunque el Presupuesto Participativo sea el dispositivo más difundido en la Argentina y en la región y el que más ha llamado la atención de investigadores y dirigentes políticos, el diseño de nuevas herramientas de participación no se limita a dicho dispositivo; de modo que la amplitud del fenómeno de emergencia de este tipo de instancias se observa, no sólo en términos de extensión geográfica planetaria, sino también en la diversidad de mecanismos inventados y desarrollados durante las últimas dos décadas. Los consejos de barrio consultivos o concejos vecinales son los dispositivos más frecuentes y genéricos. Se trata de espacios abiertos por los gobiernos municipales en los que los vecinos son invitados a presentar sus inquietudes o proyectos a nivel barrial. Dentro de este tipo contamos, por ejemplo, a los Encuentros Ciudadanos o Cabildos Abiertos de Bogotá y Caracas, o las Asambleas Vecinales y Foros Ciudadanos de Montevideo (Schneider y Welp, 2011). Algunos dispositivos convocan a una participación más corporativa, en la que la sociedad civil es representada por organizaciones e instituciones, como la Planificación Estratégica (Nardacchione, 2011), pero la mayoría invita a participar a los ciudadanos no organizados. Algunos se proponen el tratamiento de un tema específico y acuciante, como la seguridad: es el caso de los Foros de Seguridad enArgentina, así como de los Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana en Chile o los Consejos de Seguridad en Brasil (Dammert, 2003). Otros se orientan más a la vigilancia y el control de la gestión, como las Veedurías Ciudadanas de Bogotá. Si la mayor parte es implementada por los poderes ejecutivos locales, también encontramos algunas experiencias originales de dispositivos participativos ligados a los poderes legislativos, como la denominada Banca Abierta de Morón en Argentina (y la similar Silla Vacía de Ecuador), o el Consejo en los Barrios de Morón y de Rosario (Annunziata, 2012). No obstante, por regla general, la participación en este tipo de instancias no supera el 8% de la población. Los Consejos Comunales venezolanos constituyen la excepción en este sentido. Se trata de experiencias de microgobierno a nivel comunitario que se han expandido notoriamente desde 2005, y que pueden recibir financiamiento directo del gobierno nacional. Pero también se encuentran entre las experiencias más controvertidas, puesto que pueden ser vistos como el caso más fuerte de democracia participativa en la región o como el caso más claro de clientelismo y manipulación (Goldfrank, 2011).

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INSTITUCIONES DE LA PROXIMIDAD ¿Cómo interpretar este fenómeno tan vertiginoso de creación de dispositivos participativos en la región? Los trabajos académicos sobre el tema tienden a realizar estudios que recortan el objeto, circunscribiendo la investigación a la lógica interna de los mecanismos, y aislando estas experiencias respecto de las transformaciones más generales de nuestras democracias. Creemos, por el contrario, que la proliferación de herramientas participativas es una cristalización de una nueva forma de legitimidad democrática, que denominamos “legitimidad de proximidad” (Annunziata, 2012). Ésta supone que un gobernante, un candidato o una política son más legítimos cuanto más “cerca” pueden mostrarse de la realidad cotidiana, de la experiencia concreta y singular de los ciudadanos. Esta forma de legitimidad exige que los dirigentes políticos se presenten como “hombres comunes”, capaces de compartir las experiencias de los representados, y dejarse guiar por la escucha y la empatía.

SI PODEMOS AFIRMAR QUE LA REGIóN LATINOAMERICANA HA VISTO EN LOS úLTIMOS AñOS UN IMPRESIONANTE DESPLIEGUE DE DISPOSITIVOS PARTICIPATIVOS LIGADOS A LA GESTIóN DEL ENTORNO INMEDIATO, OTRO TIPO DE MECANISMOS SON MUCHO MENOS FRECUENTES: NOS REFERIMOS A AQUELLOS CENTRADOS EN LA DELIBERACIóN.

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Los dispositivos participativos funcionan, entonces, como instancias de escucha de la ciudadanía. En primer lugar, las prácticas contemporáneas de participación institucionalizada tienden a apoyarse en procesos previos de descentralización municipal o, al menos, a desarrollarse en el nivel micro-local. Este tipo de participación está signada por las inquietudes singulares de los participantes que buscan en estas instancias resolver problemas concretos y cotidianos de su entorno inmediato. Así, la fragmentación territorial y de proyectos prevalece sobre los criterios redistributivos1 o igualitarios. Esto se debe, en segundo lugar, al valor atribuido a lo que podría llamarse el “saber de la experiencia” de los ciudadanos, que es siempre un saber singular asociado a las vivencias cotidianas del territorio. La idea de que “nadie conoce mejor los problemas de un barrio que los vecinos que viven en él” se encuentra en la base de la justificación de la puesta en marcha de los dispositivos. Pero su propia legitimidad dificulta la deliberación y la mirada de conjunto, puesto que el modo de comunicación que fomenta es el del testimonio y la negociación, y no el de la persuasión. Finalmente, la figura del “vecino genuino”, aquél que no participa como miembro de ninguna organización política y que no “politiza” su participación, que aparece como careciendo de intereses “ocultos” puesto que sólo intenta resolver un problema que lo aqueja a diario, deviene la figura ideal o idealizada con frecuencia en estas instancias. Decimos que los dispositivos participativos constituyen en el presente las “instituciones de la proximidad”, porque sus rasgos cristalizan una transformación en la legitimidad democrática que los excede. Si los dirigentes políticos deben cada vez más presentarse como atentos a las situaciones singulares de los ciudadanos, y éstos aparecen como los portadores de experiencias irreductibles a la generalización que los dotan de un “saber” (cuyo ejemplo extremo es el “saber de víctima”), los dispositivos institucionalizan esta tendencia. Crean un espacio exclusivo para la toma en consideración de estas experiencias singulares. El lugar dado a las víctimas en el discurso de los medios y en la opinión pública, la proliferación de las campañas electorales basadas en la mostración de tal o cual persona común, de su historia y su testimonio, así como el relato de las vidas y la puesta en visibilidad de lo íntimo de “los políticos” son elementos que aparecen institucionalizados (organizando la participación desde el punto de vista del diseño o de las reglas de las herramientas así como desde el punto de vista de las prácticas) en la mayor parte de los dispositivos participativos. Aunque sean abordados como espacios de “profundización de la democracia” y de “construcción de ciudadanía” por los actores y, con mucha frecuencia, por los trabajos científicos, estas instancias acogen sin embargo una participación habitualmente identificada con

LOS DESAFíOS ACTUALES PARA LAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIóN CIUDADANA EN LA REGIóN SURGEN DE LOS LÍMITES DE LOS DISPOSITIVOS DE PARTICIPACIóN-GESTIóN.

los trámites administrativos y la gestión de reclamos, y aparecen a los ojos de los participantes como vías más rápidas de obtención de respuestas por parte del gobierno municipal. Además de reclamar soluciones a sus problemas, los vecinos “ayudan a la gestión”, movilizando su “saber de la experiencia”, que contribuye a la realización de diagnósticos sobre las realidades cotidianas del territorio. De este modo, el sentido fundamental de participar en estas instancias es “ser escuchado”. El hecho de que la actividad ciudadana en estos dispositivos sea del orden de la participación-gestión, explica otros de sus rasgos más generales. Primero, que se trata de dispositivos creados y regulados por las autoridades, en los que la participación es “convocada” más que “conquistada”, y que obedecen a un dinámica top-down. Los dispositivos no son puestos en marcha en razón de una amplia movilización social que los demanda, de manera que la magra autonomía de los actores no estatales (o de la “sociedad civil”) no puede constituir una sorpresa. Segundo, que su puesta en marcha trasciende a las ideologías o las identidades partidarias. Aunque suela considerarse que las herramientas participativas tienen una afinidad con las fuerzas políticas de izquierda o progresistas, los casos se han multiplicado en distintos países del mundo, bajo gobiernos de muy variado signo político.

DELIBERACIÓN PÚBLICA AMPLIADA Si podemos afirmar que la región latinoamericana ha visto en los últimos años un impresionante despliegue de dispositivos participativos ligados a la gestión del entorno inmediato, otro tipo de mecanismos son

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mucho menos frecuentes: nos referimos a aquellos centrados en la deliberación. Este tipo de dispositivos se ha desarrollado más en Europa y en América del Norte (cabe mencionar los denominados Jurys Ciudadanos de Alemania y de España, los Sondeos Deliberativos de Estados Unidos, o las Conferencias de Ciudadanos de Francia). Constituyen reuniones de ciudadanos comunes previamente seleccionados, y sometidos a una formación por medio de documentos y encuentros con expertos, que son puestos a debatir en pequeños grupos sobre una cuestión que requiere una decisión política. El objetivo principal es aquí el de mejorar la calidad de la decisión, por medio de la deliberación informada. La experiencia francesa del Debate Público (Blondiaux, 2008) nos muestra que es posible concebir dispositivos participativos que traten problemas a escala nacional y que estén a cargo de una autoridad administrativa independiente. La experiencia de la Asamblea Ciudadana de Colombia Británica en Canadá (Warren, 2008) nos enseña que es posible involucrar a la ciudadanía en la argumentación sobre decisiones que trascienden la gestión de problemas inmediatos, como la reforma de la normativa electoral. Estas herramientas son susceptibles, sin embargo, de recibir dos críticas: algunas de ellas pueden tener un carácter artificial (dada la selección de los participantes establecida con los criterios de aleatoriedad y de representatividad de las muestras en los sondeos) y, sobre todo, la deliberación de calidad queda de esta manera circunscripta a lo que se ha denominado como “mini-

públicos”. No obstante, se han ideado también formas de difusión de los debates, en particular a través de la televisación de las reuniones, capaces de involucrar al gran público.2 En América Latina, contamos con la experiencia de las Conferencias Nacionales de Brasil (Avritzer, 2012) que se han fortalecido mucho en los últimos años. Se trata de reuniones deliberativas sobre un área de políticas públicas, como la salud o la educación, que se estructuran en foros desde el nivel local hasta el nivel nacional. En el caso de las conferencias nacionales, la participación no es “artificial” pero sí puede tender a tener un carácter “corporativo”. No obstante, el caso debe recibir especial atención y su ejemplo puede ser inspirador para el diseño de otras herramientas de implicación de la ciudadanía que permitan ir más allá del entorno inmediato. Dada la fragmentación de demandas particulares a las que dan lugar y la dificultad de inscripción de las experiencias singulares en un relato o una visión común, los dispositivos de participación-gestión tienen una dimensión impolítica. Los dispositivos deliberativos ofrecen elementos que podrían contribuir a reorientar la participación ciudadana hacia la discusión de las realidades de los otros y no sólo de las propias. La regulación por medio de autoridades independientes, la televisación y el tratamiento de cuestiones a nivel nacional servirían para corregir algunos de los puntos débiles de los dispositivos participativos actuales. Generando una escena de argu-

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mentación pública por la que la mayoría de los ciudadanos se verían interpelados, se compensaría también la tendencia a las decisiones políticas unilaterales en una región signada por fuertes liderazgos presidenciales.

FRUSTRACIONES Y DESAFíOS El actual “despliegue participativo” está lejos de satisfacer los ideales de las teorías, hoy en día “clásicas,” de la “democracia participativa”, críticas de las concepciones elitistas de la democracia (Pateman, 1970; Barber, 1984). Si la “democracia participativa” vendría a repolitizar la sociedad comprometiendo a los ciudadanos en los asuntos comunes, a ampliar la democracia más allá de los procedimientos y de las instituciones, y a hacer realidad la premisa de que la democracia es el poder de todos y no de unos pocos, la práctica de los dispositivos participativos contemporáneos nos muestra, por el contrario: que la “politización” es rechazada por regla general, que aquellos que participan son igualmente unos pocos, y que lo hacen en el seno de procedimientos y de instituciones reguladas por los gobiernos. Los desafíos actuales para las prácticas de participación ciudadana en la región surgen de los límites de los dispositivos de participación-gestión. El primero de ellos es llevar la participación al ámbito de definición de políticas públicas de mayor alcance que el vecinal y hacerla de este modo operante en el equilibro de los liderazgos instituyentes. El segundo es fomentar el carácter redistributivo-igualitario de las herramientas, lo cual supone que los diseños institucionales permitan una mirada de conjunto de la sociedad. El tercero es lograr que las instancias de participación impulsen el juicio y la reflexión sobre las experiencias de los otros y no sólo sobre las propias, que motiven la capacidad de los ciudadanos de apartarse de su propia perspectiva. Pero hoy en día este triple desafío ha devenido también teórico y conceptual: porque de lo que se trata es de salir del muy extendido “consenso participacionista”. En efecto, los enfoques que predominan actualmente en el análisis de este fenómeno (tanto el del “empoderamiento” o del “capital social” como el de la “gobernanza”) tienen en común el borramiento de la especificidad de lo político. La participación es concebida de forma terapéutica, individual, psicológica, desligada de su dimensión propiamente política, o bien es la contracara de la des-responsabilización de las autoridades. Estos enfoques constituyen lo que podría llamarse “participacionismo” (Annunziata, 2012) y su superación exige una verdadera resignificación de la participación. Resignificar la participación es, principalmente, tener presente que toda participación ciudadana es participación política y que en su horizonte se encuentra la definición del rumbo de la comunidad. •

Notas 1 La región latinoamericana es idealizada con frecuencia por los investigadores de otros lugares del mundo, en lo que respecta a esta variable. Se suele afirmar que los dispositivos participativos en América Latina son herramientas de los sectores populares para la transformación real de sus condiciones sociales, a diferencia lo que ocurriría en Europa (Sintomer, 2005). Pero ni aún en los casos más célebres como las experiencias brasileñas de Presupuesto Participativo se constatan dichos efectos redistributivos y transformadores (Daniel Filho y Cuenca Botey, 2011). 2 Tal como James Fishkin (1997) concibió una etapa de los “sondeos deliberativos”. Bibliografía Annunziata, Rocío (2012). “La légitimité de proximité et ses institutions. Les dispositifs participatifs dans les municipalités de Morón, Rosario et Ciudad de Buenos Aires”. Tesis para el doctorado en Estudios Políticos, EHESS, marzo de 2012. Avritzer, Leonardo (2012). “Conferências nacionais: ampliando e redefinindo os padrões de participação social no Brasil”, Texto para Discussão 1739, IPEA, mayo de 2012. Barber, Benjamin (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. University of California Press. Blondiaux, Loïc (2008). Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative. Paris, Seuil. Dammert, Lucía (2003). “Participación comunitaria en la prevención del delito en América Latina. ¿De qué participación hablamos?”. En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Nº 18/19. Buenos Aires. Daniel Filho, Bruno y Cuenca Botey, Luis (2009). “Brésil réel : les limites du Budget Participatif local entre légalité, informel et illégalité”. En Cuenca Botey, L. Daniel Filho, B. (org.): Cahiers du Brésil Contemporain, Nº 73/74, 2009. Paris, MSH-EHESS. Fishkin, James. 1997. The voice of the people. Public opinion & democracy. Londres, New Haven, yale University Press. Gattoni, María Soledad (2011). “Rendición de cuentas transversal y presupuestos participativos en América Latina. Un análisis explicativo y comparado (1990-2010)”. Tesis para el Máster en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, julio de 2011. Golfrank, Benjamin (2006). “Los procesos de ‘presupuesto participativo’ en América Latina: éxito, fracaso y cambio”. En Revista de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Vol. 26, Nº 2, 2006. Golfrank, Benjamin (2011). “Los Consejos Comunales: ¿avance o retroceso para la democracia venezolana?”. En Íconos N° 40, mayo de 2011. Quito, Ecuador. Nardacchione, Gabriel (2011). “La Planificación estratégica de los años noventa: ¿una nueva ágora institucional?”. En Nardacchione, Gabriel (comp.): Todos juntos. Dispositivos de participación de los gobiernos locales en la Argentina reciente. Buenos Aires, Prometeo-UNGS. Pateman, Carole (1970). Participation and democratic theory. Cambridge, Cambridge University Press. Schneider, Cecilia y Welp, yanina (2011). “¿Transformación democrática o control político? Análisis comparado de la participación ciudadana institucional en América del Sur”. En Íconos N° 40, mayo de 2011. Quito, Ecuador. Sintomer, yves (2005). Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos”. En Reforma y Democracia, Revista del CLAD, febrero de 2005. Sintomer, yves, Herzberg, Carsten y Röcke, Anja (2008). Les budgets participatifs en Europe. Des services publics au service du public. Paris, La Découverte. Warren, Mark (2008). “Citizen representatives”. En Warren, M. y Pearse, H. (ed.): Designing Deliberative Democracy: ‘The British Columbia Citizens’ Assembly. Cambridge University Press.

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Política y economía Cambio de época y realineamiento partidario en Argentina y Brasil POR AMíLCAR SALAS OROÑO

Licenciado en Ciencia Política (UBA), magíster en Ciencia Política (USP-Brasil) y doctor en Ciencias Sociales (UBA). Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y actualmente es becario posdoctoral del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Sus trabajos de investigación se han orientado hacia cuestiones vinculadas con América Latina, en lo que respecta a partidos políticos e ideas políticas. Acaba de publicar Ideología y Democracia: intelectuales, partidos políticos y representación partidaria en Argentina y Brasil desde 1980 al 2003 (Pueblo Heredero, 2012).

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ranscurrida casi una década desde que se fue afirmando un “nuevo giro político” (Ramírez Gallegos, 2006) en América Latina, algunos aspectos vinculados con la estructuración de las disputas político-partidarias obligan a revisar los registros habituales con los que se han interpretado las singularidades de estos procesos democráticos. Si bien hay un mapa medianamente nítido de los cambios y las transformaciones, la naturaleza de los impactos será siempre diferente según la morfología y las tensiones sobre las cuales se asientan. Un aspecto no del todo destacado es la forma concreta en que se dan los realineamientos partidarios, esto es, las (nuevas) “fronteras políticas” (y su mecánica derivada) entre quienes, a fin de cuentas, resultan ser actores claves del proceso: las coaliciones y los partidos políticos. Se trata de una cuestión tanto analítica como políticamente importante, sobre todo para poder observar y entender cómo los sistemas políticos absorben, rechazan o internalizan los diversos problemas que van apareciendo. Por las características de sus matrices socio-históricas, un detalle de mediano plazo y comparativo entre los sistemas político-partidarios de la Argentina y Brasil quizás permita registrar algunas singularidades prototípicas de este cambio de época, diagnósticos parciales que nos brinden una actualización más precisa sobre los elementos comunes que presenta la región.

SISTEMAS POLíTICOS EN SENTIDOS INVERSOS De forma general, y tomando como referencias los períodos que van desde las “transiciones democráticas” a las elecciones que consagran a Kirchner y a Lula, puede afirmarse que los sistemas políticos de la Argentina y Brasil se desarrollaron, en ese segmento temporal, siguiendo

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tendencias paradigmáticas (en relación a los restantes países latinoamericanos) y en direcciones contrarias: en la Argentina, en los momentos inmediatos a 1983, la capacidad de la política para articular los lenguajes circulantes (y las “agendas de debate”) y la representatividad de la representación, hizo extensiva la percepción de que, en términos generales, los partidos políticos estaban en el centro de la escena en tanto de organizadores prioritarios de la competencia política; dos décadas después, la situación era la opuesta: no sólo por lo que puede desprenderse de la secuencia que va desde la elección legislativa de octubre de 2001 al “que se vayan todos” de finales de ese año, sino también por el grado de fragmentación partidaria (histórico para los parámetros nacionales) de la elección presidencial de 2003. El ciclo presenta una trayectoria inequívoca: de “organizadores legítimos” a una valoración social marcadamente negativa. En Brasil, por el contrario, la trayectoria de la representación partidaria es inversa: tal como lo señala la bibliografía especializada, el caracterizado “multipartidismo caótico” y “el subdesarrollo partidario” de los años ´80 fue dando lugar, no sin cambios institucionales y a partir de la influencia ejercida por el Partido dos Trabalhadores sobre el sistema (Salas Oroño, 2012), a una “estabilización de las opciones electorales” y a una “simplificación de la representación” hacia el 2002 alrededor de dos espacios político-ideológicos. En este sentido, es importante advertir que tanto el kirchnerismo como el lulismo (como referencia política que abarca también al gobierno de Dilma Rousseff) van a desplegarse sobre terrenos bien diferentes, sobre herencias particulares en términos de estructura de las competencias político-partidarias. Aquellas matrices

MARTÍN SCHIAPPACASSE

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continuaron actuando sobre los procesos políticos subsiguientes, sobre los realineamientos partidarios que vinieron con posterioridad, influenciando el comportamiento de los actores y, asimismo, pautando las dimensiones de los problemas que, eventualmente, fueron apareciendo.

KIRCHNERISMO Y LULISMO Las elecciones legislativas de 2005 permitieron al kirchnerismo forzar para sí la ubicación del principal partido del sistema político argentino: el Partido Justicialista. Aquella coyuntura no debe ser minimizada; a partir de ese momento, esta definición será un factor clave tanto en la articulación política gubernamental como en la “frontera política” trazada por el propio kirchnerismo. Si bien es cierto que una amplia “Concertación” en las presidenciales de 2007, con sectores no peronistas, tenía la intención de extender el límite de la política de alianzas con el objetivo de ampliar aún más la base de sustentación, ya la dinámica política argentina mostraba un signo característico, y ciertamente imprevisto, si nos retrotraemos a las atmósferas ciudadanas del bienio 2001-2002: la densidad (performativa) del liderazgo presidencial (Cheresky, 2009). Serán Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner quienes pasan a recuperar no sólo para la investidura sus mancillados parámetros de autoridad, sino que, además, se convierten en representantes cuya legitimidad y valoración se distancian expresivamente de los otros niveles de la representación (municipales, provinciales o parlamentarias), situación que será cada vez más evidente. En el transcurso, quizás el momento clave del kirchnerismo como proceso histórico: el “conflicto con el campo”. En esa coyuntura, al margen de la derrota legislativa, se termina por confeccionar la “estructura narrativa” del kirchnerismo (“gobierno o

campo”/“pueblo o corporaciones”/“ellos o nosotros”), cuestión que sobreimprime e intensifica el contenido del realineamiento partidario que se venía estableciendo. El “conflicto con el campo” confirma, además, la instalación de una temporalidad política vertiginosa, instituyente, consolidando, por un lado, la consistencia del “bloque social” que acompaña al kirchnerismo y, por el otro, dejando al resto del espectro político atomizado, sin capacidades de influenciar los términos de las disputas. Los resultados de las elecciones presidenciales de 2011 corroboran esta trayectoria: la ventaja obtenida por el Frente para la Victoria y, sobre todo, la distancia que logra establecer Fernández de Kirchner respecto de sus competidores termina por clarificar la nueva organización de la competencia político-partidaria: ya no se trata de un sistema político fragmentado y deslegitimado, como el que se compone hacia el 2003, sino que hay una “frontera política” clara, propiciada por el kirchnerismo, que simplifica las opciones de la representación partidaria en dos polos: un sector socialmente extenso y políticamente sólido, con mayorías parlamentarias y de gobernadores, y otro, disperso en varias fuerzas, cuyo casi único principio de unidad es el respaldo mediático de los tradicionales vehículos de comunicación. Sin embargo, esta circunstancia del sistema deja en suspenso la internalización de algunos elementos de la dialéctica social que, como se verá, pueden impactar sobre la estabilidad del cuadro general. Aquella tendencia de “consolidación de la competencia” entre los actores partidarios brasileños hacia el 2002 también debe ser observada en función de una particularidad de su juego político: el “presidencialismo de coalición” (Limongi y Figueiredo, 1998). La necesidad de articular alianzas parlamentarias, en Brasil,

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fuerza a que la composición de la coalición presidencial tenga que contemplar un reaseguro de gobernabilidad, siendo que las elecciones a Presidente y legisladores nacionales coinciden; por como terminó la experiencia de Fernando Collor de Mello, de allí en adelante, los partidos nucleares de los dos polos competitivos (PSDB y PT) entendieron la lección. Este fue el camino seguido, también, por el Partido dos Trabalhadores una vez que accede al gobierno (un poco a contramano de su propia historia política, varias veces reactiva frente al “realismo” del sistema, como su negativa a firmar la Constitución del ´88 o a integrar el gobierno provisional de Itamar Franco): de una coalición presidencial, en 2002, compuesta por cinco partidos (PT/PL/PCdB/PMN/PCB) pasa a liderar un amplio frente electoral de diez partidos en 2010, con la incorporación de fuerzas políticas gravitantes en las esferas estaduales y municipales, como el PMDB, PDT, PSB y PRB. Pero es precisamente esta ampliación (de su coalición política) la que le permitió (y permite) al PT tener los reaseguros necesarios para no quedar a merced de las eventuales presiones destituyentes de los sectores siempre dispuestos a hacerlas (inducidas, sobre todo, mediáticamente, como ocurrió en 2005 a propósito de esquema del “mensalão”). A su vez, hay que tener en cuenta que esta construcción fue posible por un fenómeno identitario más abarcativo, enraizado en la cultura política brasileña. El crecimiento económico general y la incorporación de diferentes regiones al circuito de valorización y de inclusión social se desarrolló en composición con un cambio sustantivo tanto en las identificaciones sociales como en las políticas. El lulismo (Singer, 2012), esto es, el vínculo entre segmentos populares que se constituyen por

EL LULISMO HA SIDO EXITOSO COMO CONSTRUCTOR DE AMPLIAS MAyORÍAS. COMO FENóMENO DE IDENTIFICACIóN HA LOGRADO ESTABLECER UN TIPO DE COMUNICACIóN VERTICAL CON LA SOCIEDAD CIVIL. 40

primera vez en partícipes de las dinámicas económicas y Lula (como autoridad presidencial, por lo tanto, también proyectable a Dilma Rousseff) modificó el contenido y los formatos de lo que se entiende por “agenda pública”. La construcción de este canal de representación permitió instalar otro ritmo de ejecución a las transformaciones, no circunscribiéndolas a la inercia tradicional de las instituciones habituales. Le otorga al proceso histórico su sentido orgánico, en un país marcado por la extensión de sus diferencias y la variedad de los factores intervinientes en su regulación. El lulismo, por lo tanto, como una pieza necesaria; la retaguardia social del cambio, ese factor que vino a complementar los beneficios de la “estabilidad partidaria” heredada del ciclo previo (un requisito de forma, no una garantía automática de un mejor contenido para los asuntos públicos).

CAMBIO DE ÉPOCA Y REALINEAMIENTOS PARTIDARIOS Tal como lo fueron para el período anterior al “nuevo giro político”, los sistemas políticos de la Argentina y Brasil vuelven hoy a mostrarse prototípicos en relación con los otros países latinoamericanos. Respecto de cómo procesar un elemento distintivo de esta etapa, una circunstancia indirectamente inducida por los cambios socio-económicos producidos: la aparición ex-post de una amorfa “ideología del mercado”. El cambio de época que viven nuestros países latinoamericanos debe comprenderse, prioritariamente, como consecuencia de la centralidad que volvió a ocupar el Estado en la regulación de la vida social. Su inducción posibilitó enormes avances de diversa índole (normativos, de clase, culturales, identitarios, etcétera) y un efecto más general: permitió revertir los imaginarios sociales del neoliberalismo, recuperar las autoestimas nacionales, la figura del ciudadano, reabrir las expectativas y percepciones del progreso. Pero tan importante como esto resulta el hecho de que estas transformaciones se dieron en paralelo con otra forma de integración: mediante la extensión del mercado como socializador, a través del consumo. Más Estado y más mercado, combinados entre sí. El problema son las derivaciones que esta socialización a través del consumo trae para el ámbito de la política. Aquello que se puede verificar, sobre todo, en algunos centros urbanos medianos y grandes: la aparición de un (nuevo) clivaje cultural, una proposición ideológica contrapuesta a la que se desprende de la “frontera política” promovida por los gobiernos, esa que reintroduce al conflicto como posibilidad de disputa de los intereses. Esta otra ideología, que no es exactamente conservadora sino contemporánea a su tiempo, en tanto es elaborada al interior de esta misma etapa, propugna una “armonía” y un “equilibrio” societal, descansa sobre la importancia del privatismo para las relaciones sociales, poniendo como eje discursivo la subsunción de la figura del ciudadano en la del consumidor. Si bien aún no

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tiene una extensión orgánica en ningún país (aunque en cada uno de ellos haya fuerzas políticas de este tipo), la cuestión es ver cómo los realineamientos partidarios del “nuevo giro político” pueden procesar este fenómeno, por así decirlo, no deseado. Si en Argentina (para el kirchnerismo) los desafíos sobre este aspecto mayormente se plantean desde un punto de vista vertical, en Brasil, el lulismo tiene el mismo problema pero desde un punto de vista horizontal (mientras que en el resto de los países se darían diagnósticos más oblicuos, mezcla de ambos planos). El realineamiento partidario producido por el kirchnerismo ha sido efectivo; de hecho, como fuerza político-social ocupa la mayoría de la escena, logra articular la “agenda pública”, la temporalidad democrática. No tiene, en ese sentido, una polémica horizontal con otras fórmulas representativas. Si bien es cierto que, en algunos distritos, se han instalado expresiones electorales de esa “ideología del mercado” (como el PRO), por el momento ese clivaje no ha constituido un sujeto partidario (o varios) que pueda reestructurar el diseño de la competencia a escala nacional. Su gravitación está, más bien, latente, y se expresa, cuando lo hace, bajo otras actuaciones y ropajes, con la gramática que le brindan los medios de comunicación hegemónicos: convocatorias a espacios públicos o “cacerolazos” (de diferente naturaleza, si se acepta el argumento expuesto, a los del 2001), acciones que, según la intensidad de las operatorias, pueden llegar a afectar la estabilidad del sistema político, o generarle un impasse. De allí que, para el caso, el kirchnerismo tendrá que desplegarse hacia un tipo de diálogo vertical con la sociedad civil para poder desactivar o, mejor dicho, reinterpretar, pero desde su punto de vista político, lo que la socialización a través del consumo plantea como principio de subjetivación de la realidad, y antes de que se convierta en un potencial articulador partidario. El lulismo ha sido exitoso como constructor de amplias mayorías. Como fenómeno de identificación ha logrado establecer un tipo de comunicación vertical con la sociedad civil que, tras el significante Estado (sea Lula o Dilma Rousseff), y en base a un contundente reacomodamiento (ascendente) de la estructura de clase, ha modificado de manera intensa las percepciones colectivas de lo que puede significar la movilidad social, algo que no ocurría desde los tiempos de Vargas. Los dilemas pasan a focalizarse en una dimensión horizontal del realineamiento partidario: no por la fuerza política que pueda desplegar el polo opositor (dirigido intelectual-

mente por el PSDB), que ve progresivamente reducida su capacidad de intervención, sino por la actuación de aliados de la propia coalición. Partidos políticos como el PMDB o el PRB que, sin salirse de los efectos beneficiosos de mantenerse al interior del lulismo, captan electoralmente para sí el desarrollo e implantación de la “ideología del mercado”, reforzándola, como queda claro a partir de las disputas municipales de 2012. No es una situación secundaria o menor, más que nada porque distorsiona la correlación de fuerzas internas de la coalición gobernante y desdibuja parcialmente los contenidos programáticos de la “frontera política” impuesta desde el 2002. Se trata de un problema (político) horizontal, para el PT, y comparativamente un paso más avanzado (del mismo problema) respecto del caso argentino, precisamente porque al inicio de ambos ciclos los puntos de partida no eran simétricos.

DILEMAS DEMOCRÁTICOS LATINOAMERICANOS Los sistemas políticos son cambiantes, al compás del movimiento de sus sociedades. Tienen, al mismo tiempo, “sedimentaciones históricas” que hacen que una vez revertidas o continuadas ciertas tendencias, o como derivación de las mismas, otras problemáticas aparecen sobre la escena. En ese sentido, los realineamientos partidarios producidos desde hace casi una década en la Argentina y Brasil están también sujetos a transformaciones y mutaciones. Un dilema compartido por los gobiernos del “nuevo giro político” es el de procesar conceptual y discursivamente los efectos no deseados del “cambio de época” y poder, eventualmente, resignificarlos, reinterpretarlos, darles otro sentido antes de que se vertebren culturalmente de manera más extendida. La articulación siempre dinámica entre política y economía, y viceversa. Una tarea pendiente que tiene en los casos argentino y brasileño dos planos diferentes (y paradigmáticos) de desarrollo. Quizás de sus análisis particulares pueda extraerse una inferencia más universal (para la región); en todo caso, se trata de un aspecto central, contemporáneo, en relación a la consolidación de las democracias latinoamericanas. • Bibliografía Cheresky, Isidoro. 2009. Poder presidencial, opinión pública y exclusión social. Buenos Aires, CLACSO. Limongi, Fernando y Figueiredo, Argelina. 1998. “Bases institucionais do presidencialismo de coalizão”. Lua Nova, Nº 44, São Paulo. Ramírez Gallegos, Franklin. 2006. “Mucho más que dos izquierdas”. Nueva Sociedad, Nº 205, Caracas. Safatle, Vladimir. 2012. “O filho bastardo”, en Folha de São Paulo. 04-09-12. Salas Oroño, Amílcar. 2011. “Estado, mercado y kirchnerismo” Página/12. 18-08-11. Salas Oroño, Amílcar. 2012. Ideología y Democracia: intelectuales, partidos políticos y representación partidaria en Argentina y Brasil desde 1980 al 2003. Buenos Aires, Pueblo Heredero/Secretaría de Cultura de la Nación. Singer, André. 2012. Os sentidos do lulismo. São Paulo, Companhia das Letras.

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De mitos y fantasmas Entre la sinrazón populista y la utopía socialista POR HUGO CALELLO

Doctor en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela y licenciado en Sociología de la UBA. Es profesor titular de Teoría social, teoría crítica y subjetividad, y del seminario “Gramsci y la reconstrucción de la sociedad civil en América Latina”. También se desempeña como profesor en la Universidad Central de Venezuela. Coordina el proyecto “Cátedra Libertadores para América Latina”, institucionalizado entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente ha publicado Gramsci: Filosofía de la praxis, teoría y método para la construcción del socialismo (Ed. Monte Ávila, Caracas, 2011).

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n este breve ensayo trataremos de condensar algunas de las hipótesis centrales que cohabitan, a veces conflictivamente, en nuestros últimos trabajos, desde la publicación del libro El fantasma socialista y los mitos hegemónicos (Herramienta, 2010), Mito y Contramito (Revista Imagen Venezuela, 2011), La sociedad política conduce el ferrocarril y La nacionalización de la vaca muerta, estas dos, publicaciones electrónicas entre abril y junio de 2012. Creemos que tanto el titulado como el subtitulado merecen algunas referencias aclaratorias. Lo mítico y lo fantasmal son cuestiones que para nosotros tienen un papel fundamental, muy poco indagado en nuestro presente y en la historia de nuestras sociedades latinoamericanas. El mito, tal como lo ha definido la antropología estructuralista, es un referente constitutivo en las culturas originarias. y desde la evocación al pasado superlativo de la “edad dorada”, expresada en la simbiosis dioshombre, origina los rituales evocativos que mantienen cada una de estas sociedades vivas y activas en su presente. Otra cuestión es la dimensión del mito “soreliano” como referente y conductor de los múltiples estallidos del “sindicalismo revolucionario” que conducirá la clase obrera al poder. Con respecto al fantasma, o la “fantasmagoría”, como lo ha definido Walter Benjamin, ésta se entrelaza con los mitos para constituir los núcleos hegemónicos, fluctuantes y transmutantes, que garantizan la vigencia del pensamiento y la cultura de la “sociedad política” en el poder. Son las “imágenes mágicas” del siglo, son los

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rituales multitudinarios presenciales o mediáticos que perduran en el pensamiento hegemónico y sostienen el “orden social”, son los grandes actos de las masas sometidas a los héroes conductores, las celebraciones del avance de la tecnología que la industria cultural convierte en victorias de libertad, para un inexistente “hombre universal”. Operan, en las palabras, como paliativos ocultadores de las profundas heridas que producen en la materialidad y la subjetividad de los oprimidos, la violencia explotadora y excluyente del capitalismo. Benjamin afirma que la humanidad está condenada a un miedo mítico, mientras sobre ella sobrevuela la fantasmagoría, pero que de todas maneras también está habitada por la aspiración redentora de una “flaca fuerza mesiánica” (una especie de contramito) que, secretamente, se trasmite de generación en generación. Ese núcleo “contramítico” y, por consiguiente, “contrahegemónico”, es el potencial de la revolución de los oprimidos, o sea, la única vía para la transformación del capitalismo en una sociedad humana,

LA “FANTASMAGORíA DEL PODER DE MASAS” Ernesto Laclau es algo así como el “filósofo oficial” del populismo desde hace mucho tiempo, y hoy “del modelo K”, celebrado como tal por el propio Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández de Kirchner. Su definición de lo que es el populismo, y en este caso el peronismo, se expresa en el lenguaje típico de la posmodernidad que Adorno define crítica e irónicamente como “jerga”. Citamos a Ernesto Laclau:

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“un modo nuevo de construir una identidad colectiva, en el cual la retórica dejó de ser una ideología, sería la anatomía del mundo ideológico, donde los lazos emocionales que unen al grupo son pulsiones de amor que han desviado su objetivo original, la investidura en el objeto de amor significa que la libido narcisista se transfiere al objeto. Esto puede adoptar diversas formas o mostrar varios grados, y su común denominador sería la ideologización del objeto que se vuelve inmune a la crítica…” (Laclau, 2005). “la emergencia del pueblo depende de tres variables (…) relaciones equivalenciales representadas hegemónicamente a través de significantes vacíos, desplazamientos de las fronteras internas a través de significantes flotantes y una heterogeneidad constitutiva que hace imposible las recuperaciones dialécticas y otorga su verdadera centralidad a la articulación política” (Laclau, 2005).

Desde esta (muy discutible) interpretación del pensamiento de Freud, es evidente que la ideologización del objeto que se vuelve inmune a la crítica define el carácter masivo del sometimiento autoritario de esta “emergencia” del pueblo (a propósito... ¿de dónde emergerá el pueblo?) a través de las tres variables de las cuales depende dicha “emergencia”. ¿Se refiere a que es emergente en tanto se expresa en el poder? Podríamos darle la razón a Laclau. Esta definición de pueblo-populista no es recuperable dialécticamente, porque es en su enunciado (en tanto ideologiza un objeto inmune a la crítica) una condena a convertirse en un ente pasivo, sometido a la dominación de un poder absoluto. Mucho más claro es el Laclau que, en 1978 en Política e ideología en la teoría marxista, afirmaba: “nuestra tesis es que el populismo consiste en la presentación de las interpelaciones popular democráticas, como conjunto sintético antagónico a la ideología dominante y que las tradiciones populares constituyen el conjunto de interpelaciones que expresan la contradicción, pueblo- bloque de poder, como distinta a una contradicción de clase … representan la cristalización ideológica de la resistencia a la opresión en general, y tendrán una duración mayor que las ideologías de clase, y constituirá un marco de referencia más estable que estas últimas” (Laclau, 1978).

Para este Laclau, es evidente que el populismo promueve un nuevo tipo de “revolución”, una revolución “democrático-popular” basada en la convocatoria a “todo el pueblo”, que va mucho más allá de ser una “revolución de clases”. Para el Laclau más actual (2005) el populismo aparece más diluido en su heterogeneidad constitutiva: en las “equivalencias” hegemónicamente expresadas en

“significantes vacíos”, en desbordes de fronteras de “significantes flotantes”. ya no interpela a la dominación, sino que “es dominación”. De todo lo analizado se desprende que para el populismo no es necesaria la “construcción de otro mundo”, su sustancialidad está en la naturaleza del bloque histórico capitalista. Su fantamasgoría se sostiene en la sumisión de la masa alienada en el horizonte conformista del “empate capital-trabajo”. Nacido bajo el apelativo de “democracia de masas” expresa una irreversible contradicción, porque precisamente la “condición de masa” es el “estado” necesario de la sociedad civil para la perduración del capitalismo, dado que mantiene a la sociedad desde el borramiento de la memoria de la explotación, la violencia y la profundización de la explotación clasista en la ensoñación sin límites del consumismo, bajo la hegemonía de la industria cultural. Llama la atención el significativo vacío que existe en el pensamiento crítico argentino y latinoamericano no sólo sobre el peronismo, sino sobre los últimos 70 años de la historia política argentina. Sin embargo debemos mencionar dos notables excepciones: el texto de Rozitchner que más adelante citamos, y sobre todo una reciente compilación de los escritos de Milcíades Peña, por Horacio Tarcus y Fernando de Leonardis, Historia del Pueblo Argentino (Emecé. 2012), cuya lectura es indispensable. Podríamos decir en favor de Laclau que, a su manera, intenta llenar ese vacío. El texto publicado en 1978 al que hacemos referencia es una verdadera avanzada del pensamiento posmoderno, cubierto aún con el amplio manto de la teoría althusseriana. Casi treinta años después, en su exégesis del “populperonismo”, sobresale una continuidad que lo coloca como “actor de un papel”. Una especie de “intelectual pseudorgánico”, necesario para la persistencia de un mito que debe renovarse para mantener su hegemonía sobre toda la “sociedad política argentina”. Es indispensable, para que ésta pueda gobernar y al mismo tiempo mantener la oscuridad del consenso rutinario de una sociedad civil, que no perciba una indefensión de tal magnitud, que la convierte en potencial víctima multitudinaria de la catástrofe. Pero el manto althusseriano es desechado. Hoy cobijado bajo el semblante más laxo de la “jerga posmoderna”, el autor recurre a la “estrategia de las distorsiones”, legitimada por la condición del “post” (la distorsión de Gramsci desde el posmarxismo, la asunción literal de Lacan como el más importante distorsionador de Freud, desde el posfreudismo). Mantener el seudoenigma del lenguaje preserva el poder de los “iniciados”, los aleja del cuestionamiento, de las exigencias de la razón crítica. y además permite liberar el camino para la construcción de la “historia fabulada” y las fantasmagorías necesarias para la perduración del “poder de los vencedores”.

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Pero como ya adelantáramos, este vacío del pensamiento crítico tiene sin embargo excepciones que son de tal densidad que no nos sorprende que hayan sido cuidadosamente “olvidadas”, expulsadas de la memoria de nuestro imaginario cultural. Una de ellas, para nosotros, quizá las más luminosa es la del filósofo León Rozitchner en su texto publicado por CEAL en 1982: Perón, entre la sangre y el tiempo. El libro comienza con una afirmación. “Este libro se justifica desde el intento de comprender lo que nos pasó. Intento que sólo la convergencia con muchos otros podrá situar dentro de una empresa común que vuelva a incluir la crítica y el análisis como momentos necesarios, imprescindibles, para abrir un nuevo cauce de acción política y por lo tanto a nuestras vidas” (Rozitchner, 1982).

Rozitchner se coloca abiertamente en el campo de la reflexión filosófica crítica, definiendo quiénes son sus modelos en esta tarea de compromiso científico: Maquiavelo, Freud, Spinoza, Clausewitz. Resumimos sus argumentos centrales: Freud ha desarrollado genialmente, en su teoría psicoanalítica, cómo el “amor” por la madre genera el odio a la presunta violencia castradora del padre, e impulsa la violencia contra el padre como una alternativa de libertad. Así, su muerte (fantaseada, simbólica) será la carga que predispone a la violencia por el otro y contra el otro. El ejercicio cultural y social de esta violencia originaria se expresa en la guerra y la política. De ahí la referencia de Rozitchner a Carl von Clausewitz, el “general intelectual” promotor del ejército de masas (no contra o sobre las masas), sólido argumentador de que “la guerra es la continuación de la política, sólo que por otros medios”. Este entronque entre la política y la guerra es clave para definir a Perón como “un general de un ejército vencido frente al poder imperial”. Un ejército sin guerra no justifica su existencia. Esta guerra tiene que celebrarse para que los militares sean no sólo opción de poder, sino detentadores del poder. Esta hipótesis será retomada por Rozitchner en un texto posterior: Las Malvinas, de la guerra “sucia” a la guerra “limpia” (CEAL, 1987). Dice Rozitchner que la estrategia de interiorizar el terror y la violencia, la realiza Perón desde su condición de operador social y supremo conductor del movimiento de masas que elogia de manera pública, pero que desprecia profundamente. Citamos: “la figura del líder actúa a modo de operador social. (…) configuró con su persona una modalidad de actividad política, que excluía por definición, la activación de un poder fundamental en el seno de la clase más dependiente: el de la propia subjetividad de cada peronista sometido en su liberación” (Rozitchner, 1987).

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LOS PAíSES LATINOAMERICANOS, EN TANTO SE MANTENGAN SOMETIDOS AL DOMINIO COLONIAL-IMPERIAL, NUNCA PODRÁN ALCANZAR UN DESARROLLO “MODERNO”, EN EL CUAL LA FASE “ESTATAL AVANZADA” PERMITA DESARROLLAR LA HEGEMONÍA CIVIL, y LA LUCHA EN EL EXTENSO FRENTE DEL CONFLICTO DE CLASES PUEDA PASAR DE LA “GUERRA DE MOVIMIENTO” A LA “GUERRA DE POSICIóN”.

El peronismo es un movimiento que amenaza con una movilización de masas que siempre se frena en el imaginario y nunca llega a definir los objetos y los sujetos de la dominación real. Perón construye desde su movimiento “un poder imaginario para la clase obrera”, articulado a través del partido, los sindicatos y los organismos del Estado benefactor, para después operar en favor del poder constituido. El peronismo, a través del otorgamiento de este falso poder, entregó “el cuerpo de la clase obrera a él entregada”. La izquierda peronista intentó convertirse en el “brazo armado” de un “cuerpo inerme”. El mismo peronismo cortó este brazo con sus fuerzas naturales, las nacidas de su autoritarismo represivo: las fuerzas armadas, la policía y las organizaciones paramilitares de la burocracia sindical. La Iglesia bendijo este proceso y la clase obrera fue, en su inmensa mayoría, indiferente. Por si esto fuera poco, es Rozitchner un lúcido detector de la índole de la “heroicidad montonera”. Define a los que se denominaron “brazo armado de la clase obrera” como los inventores de un “brazo armado de un cuerpo inerme”, que a través de un “vínculo psicótico con un mundo imaginario de una realidad delirante, desataron su soberbia clasista antimilitarista”. Esa convocatoria a comprender “lo que nos pasó”, desde un pensamiento realmente crítico, fue aniquilada, tanto desde la historia oficial (la que Benjamin denomina el “pensamiento de los vencedores”), como desde los intelectuales y desde las organizaciones militantes autodenominadas revolucionarias o de izquierda. Tanto los intelectuales como la oposición de izquierda radical, o como quiera llamársela, nunca des-

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arrollaron una reflexión profunda sobre la naturaleza de sus derrotas. Sobre todo desde 1945. Nuestra hipótesis podrá ser altamente controversial, pero entendemos que los intelectuales, partidos y grupos de izquierda armados o desarmados, inventaron su propia fábula: la fábula del rápido acceso al poder, para sentirse siempre vencedores, nunca vencidos y oprimidos como lo está la totalidad de la clase subalterna. Pero el círculo de influencia de esta fábula es muy limitado, se circunscribe a los militantes formados a través de una textualidad doctrinaria pragmatista, que deja de lado la crítica interdisciplinaria y la reflexión desde una filosofía de la praxis, para refugiarse en un activismo fragmentario, que si bien opera en los conflictos entre el capital y el trabajo es, en general, sólo un acompañante solidario. Pero no es ésta la “fábula” capaz de confrontar las que constituyen los núcleos ideológicos del pensamiento hegemónico.

EL SOCIALISMO O LA REVOLUCIÓN COMO FANTASMA “Después de 1870, con la expansión colonial (...) las relaciones organizativas internas e internacionales del Estado se convierten en más complejas y robustas (…), Se da en el arte de la política lo que se da en el arte militar: la “guerra de movimiento” se convierte más en “guerra de posición” y se puede decir que el Estado vence una guerra, cuando la preparara cuidadosa y técnicamente, en el tiempo de paz. La estructura robusta de las democracias modernas, sea como organización estatal o como el complejo de organizaciones civiles, constituyen para el “arte de la política”, trincheras y fortificaciones permanentes del frente de la “guerra de posición”, que tornan sólo parcial el “movimiento” que, antes, era toda la guerra. Esta cuestión se da en los Estados modernos, en aquellos países atrasados o en las colonias donde perduran formas ya superadas, que son anacrónicas” (Gramsci, 1975). Los conceptos de atraso y modernidad tienen que ver en Gramsci no con la concepción burguesa del progreso que tanto ha criticado Benjamin, sino tanto con la “madurez” que alcanza el Estado capitalista, como con la fortaleza de las instituciones que en la “sociedad civil” defienden los derechos relativos del ciudadano. Ahí reside la diferencia entre el concepto jacobino de revolución “permanente” y el de “hegemonía civil” que nuestro autor asocia, no casualmente, con el cambio cualitativo del Estado capitalista, a partir de la expansión de su dominio colonial. Entendemos que la inferencia surge de inmediato. Los países latinoamericanos, en tanto se mantengan sometidos al dominio colonialimperial, nunca podrán alcanzar un desarrollo “moderno”, en el cual la fase “estatal avanzada” permita desarrollar la hegemonía civil, y la lucha en el extenso

CUBA ES LA BRECHA QUE PERMANECE A PESAR DE TODO. SIN EMBARGO, SU FUTURO y LA RECUPERACIóN DE SU HISTORICIDAD SOCIALISTA DEPENDEN MÁS QUE NUNCA DE AMÉRICA LATINA.

frente del conflicto de clases pueda pasar de la “guerra de movimiento” a la “guerra de posición”. Esto nos lleva a cuestionar los “mitos” que sostienen dos estrategias que, aun reiterada e históricamente fracasadas, permanecen en el empobrecido imaginario de la izquierda latinoamericana. La primera se refiere a la “revolución nacional-democrática burguesa” como paso previo al socialismo; la segunda, en cambio, plantea la tesis de la “toma del poder por asalto”, sea por la vía de las armas o por la movilización multitudinaria, seguidora del líder “mezcla de guerrillero y pastor de almas” que, como sostiene Antonio Negri, derribe la autoridad del “Imperio”. Ambas concepciones son en apariencia estrategias que expresan una oposición absoluta. Creemos que, por el contrario, son complementarias y se combinan para producir como diría Adorno “prácticas delirantes” que, en última instancia, favorecen la perdurabilidad de la hegemonía capitalista. Discutamos esto. Se podría argumentar que la relación entre Estado y sociedad civil tiene en América Latina características que lo ubican en la fase prehegemónica y que por lo tanto la lucha tiene que apuntar a lograr la madurez de la fase estatal, o sea, el desarrollo nacional autónomo. Sin embargo, tal como el mismo Gramsci lo afirma, la expansión colonial imperial, convierte a los países que están fuera del eje de poder de la globalización, en “clase subalterna”. Esta subalternidad es indispensable hoy, sobre todo por la expansión de las múltiples grietas que conmocionan el bloque imperialista, y su admisión no plantea otra alternativa que la de destruir la desigualdad estructural de la globalización y con ella el capitalismo. La negación a afrontar la complejidad de este problema nos lleva a dos alternativas igualmente complementarias del poder capitalista. La primera es la de limitarse a la estrategia del “asalto” (guerra de movimiento), por algunas de las vías que ya hemos mencionado. Esto conduce a reproducir una violencia fragmentaria, la cual favorece el ejercicio de la represión, que en general es, cada vez más, protagonizada por “bandas armadas” que actúan desde una semilegalidad o ilegalidad, apoyadas en fuerzas policiales regio-

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nales, muchas veces combinadas con mercenarios al servicio de caudillos políticos y sindicales. La segunda es más peligrosa, porque es más sutil y construye un “sentido común”, aparentemente transgresor. Disfrazar de “nueva libertad” lo aparentemente caótico, la nueva violencia fragmentaria, el ruido mediático pleno de mensajes contradictorios, destinados a confundir y vaciar la subjetividad. El populismo, desde el poder, recrea su fabulada heroicidad en defensa del ilimitado “campo popular” y proclama un falso discurso antimperialista. Entendemos que se trata de dibujar una nueva hegemonía, a través de la ficción de una fase estatal avanzada, cuando el Estado sólo es instrumento de una “sociedad política” conformada por una pirámide de caudillos regionales que se someten a aquel que es portador del “mito coyuntural dominante”, continuador exitoso del mito originario fundacional, que mantiene setenta años de hegemonía. El camino intentado por Venezuela es otro. Entendemos que en los últimos doce años los avances y retrocesos del poder bolivariano pueden confundir a un observador superficial y mucho más al escucha mediático. Sin embargo, la multiplicación de los frentes orgánicos de lucha de clases que se dan en la República Bolivariana, para transformar la sociedad civil y devolverle el poder político, define la estrategia de “una guerra de posición”, que como sostiene Gramsci, no sólo juega su poder en las armas, sino fundamentalmente en la transformación progresiva de una sociedad civil oprimida y negada, fortaleciendo, en su subjetividad, la dignidad y la conciencia crítica como base indispensable para el proyecto socialista. El PSUV, los centros comunales, las comunas socialistas y otras formas de organización de colectivos territoriales son todavía incipientes espacios de construcción de una nueva hegemonía en tanto logren aniquilar los poderosos resabios letales de la IV República, la falsa representatividad, la burocracia, la corrupción y la perduración indefinida del “mito de los liderazgos masificantes”. Estos son, como también lo sostiene Gramsci, resortes fundamentales de la hegemonía en el capitalismo. Pero el proyecto que se sintetiza en la afirmación de un “nuevo mundo es posible” no puede comenzar a construirse sólo en uno, dos o tres países. La estrategia de la “guerra de posición” debe plantearse a nivel latinoamericano. Las fracasadas experiencias de la Tricontinental de La Habana en 1966 y de la OLAS en 1967 deben ser objeto de reflexión para entender su fugacidad y su extinción. El mismo Che Guevara, cuando vuelve derrotado de Angola y se dirige a su muerte en Bolivia, parece comprender que “la chispa puede encender la pradera”, sólo si la pradera ha sido roturada para que se expanda el incendio. En otras palabras, la guerra por asalto, la vía por las armas, muere en sí

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misma, por grande que sea la brecha que ha producido en el Imperio. Cuba es la brecha que permanece a pesar de todo. Sin embargo, su futuro y la recuperación de su historicidad socialista dependen más que nunca de América Latina. Hoy, la vanguardia del capitalismo, tratando de suturar el derrumbe financiero de sus eslabones entrañables más débiles, profundizará, en toda la sociedad global, su violencia depredadora. En el último lustro su formidable poder militar ha redoblado el cerco sobre América Latina, quizá el único territorio donde el fantasma de la rebeldía, amenaza al Imperio. Sus bases militares se multiplican hacia el sur y su flota recorre con impunidad el Caribe.

UN INCIPIENTE CUERPO PARA EL FANTASMA SOCIALISTA La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) es el proyecto que desde 2004 intenta desplegar un gran frente para la guerra de posición. El ALBA plantea mucho más que una alianza económica: es claramente un llamado a la integración para desarrollar un frente de lucha política contra el Imperio. Un plan de lucha que implica nuevas formas de vida, de relaciones humanas, que construyan una identidad latinoamericana, basada en la integración y la politización de las sociedades civiles que generan Estados fuertes, dispuestos a luchar por su autonomía. La expansión integradora del ALBA sólo puede lograrse si en cada país latinoamericano la relación entre el Estado y la sociedad se transforma, se fortalece la fase estatal a partir de que la sociedad civil tome conciencia de que debe generar una nueva “sociedad ético-política” para luchar por la construcción un proyecto emancipador latinoamericano. Antigua y Barbuda, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, que suman un total de 73.453.238 de habitantes y ocupan un territorio de 2.625.829 km2, son un reciente, pequeño cuerpo. Sólo su expansión puede convertirlo en el gran cuerpo para transformar en realidad, la actualidad, hoy fantasmal, de un “bloque histórico revolucionario latinoamericano”. •

Bibliografía Calello, Hugo (2010). El fantasma socialista y los mitos hegemónicos. Caracas, Herramienta. Calello, Hugo (2011). “Mito y Contramito”. En Revista Imagen, Caracas. Gramsci, Antonio (1975). Quaderni del carcere. Torino, Einaudi. Laclau, Ernesto (1978). Política e ideología en la teoría marxista. Madrid, Ed. Siglo veintiuno. Laclau, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires, FCE. Rozitchner, León (1982). Perón, entre la sangre y el tiempo. Buenos Aires, CEAL. Rozitchner, León (1987). Las Malvinas, de la guerra “sucia” a la guerra “limpia”. Buenos Aires, CEAL.

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Reflexiones sobre la violencia política Una mirada de larga duración1 POR INÉS NERCESIAN y LORENA SOLER

Inés Nercesian. Licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, todas las instancias por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad. Es Investigadora Asistente del CONICET con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Desde 2001 participa como investigadora en los proyectos colectivos dirigidos por Waldo Ansaldi dentro de las Programaciones Científicas de la UBA y actualmente es parte del proyecto Condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina 1954-1989, que cuenta con subsidio de CONICET. Lorena Soler. Licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, todas las instancias por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Becaria posdoctoral por CONICET con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Participa desde 1998 como investigadora en los proyectos colectivos dirigidos por Waldo Ansaldi dentro de sucesivas Programaciones de Científica y Técnica de la Universidad de Buenos aires y actualmente del proyecto las Condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina 1954-1989 (CONICET Proyectos de Investigación Plurianuales 2010-2012).

“La violencia es el instrumento con el cual el movimiento social se impone y rompe formas políticas enrigidecidas y muertas”. (Engels, 1878)

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l concepto de violencia política comenzó a ser reutilizado de manera más recurrente a partir de los años ‘80, para referenciar al accionar de las organizaciones armadas surgidas en los años sesenta y setenta. En esa coyuntura de revalorización del régimen democrático, que legaban las transiciones a la democracia, se hicieron frecuentes las miradas que partían de juicios condenatorios a la violencia. Allí y como parte del clima de época, aparecieron una importante cantidad de estudios que correlacionaron el fenómeno de la violencia armada con el quiebre de las democracias en los años ‘70 y centraron su atención en la dimensión po-

lítica dejando a un lado la dimensiones económica, social y fundamentalmente histórica. Dicha tendencia se reforzó por otra vocación epocal, la cada vez más instalada tendencia por el abandono de miradas estructuralistas, que presentaron a la violencia política escindida del conflicto social –es decir, del enfrentamiento de grupos o clases– otro fenómeno que, en definitiva, le es constitutivo. Aquí interesa detenerse en la violencia política, entendiendo por ésta a aquella que se utiliza para tratar de afectar la estructura o distribución del poder en una sociedad dada (Giner, 1998). En principio podríamos decir que hay un acuerdo más o menos generalizado en

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cuanto a que existe una relación entre la política y la violencia. ya sea entre quienes se inscriben en la tradición weberiana (a partir de la cual se asume que todo ámbito político incluye la utilización de la violencia, aunque ésta fuera como última ratio del arte de gobernar) así como también entre aquellos que asumen una perspectiva marxista, que supone aceptar el papel estructuralmente constitutivo de lo político que juega la violencia (Grüner, 1997). Mirada en su larga duración, la violencia ha tenido un lugar importante en nuestra historia. Reconocer este hecho no significa asumir que la violencia fue una constante invariable durante los dos extensos siglos de la América Latina independiente, sino todo lo contrario. En esa larga temporalidad, las condiciones sociohistóricas que dieron lugar a diversas manifestaciones de la violencia se fueron transformando y dando lugar a cambios en los patrones de acumulación, los Estados, los actores sociales y sus clases, los órdenes políticos y la relación de los países con las potencias del mercado capitalista mundial. En definitiva, la historia del orden en América Latina es también la historia del conflicto social y la violencia. Finalmente, una mirada desde la sociología histórica de larga duración permite eludir juicios apriorísticos y, en consecuencia, avanzar en la comprensión acerca del por qué, en ciertos momentos de la historia, la violencia política se convirtió en un recurso para los distintos actores sociales. Contrariamente a los sentidos más comunes, que suelen asociar la violencia política con

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aquella ejercida por los sectores subalternos, la historia de América Latina ha demostrado que, la mayoría de las veces, fueron las clases dominantes quienes la ejercieron. Está claro, entonces, que la violencia puede ser ejercida “desde arriba”, con el objetivo de conservar o restituir un orden y “desde abajo”, cuyo propósito es el de subvertir el orden vigente.

LA FORMACIÓN DE LOS ÓRDENES POLíTICOS INDEPENDIENTES La violencia (podríamos decir) ha sido la partera de la historia de América. La invasión, conquista y colonización de los pueblos fueron los capítulos que condujeron a la dominación colonial. Como sostienen Ansaldi y Giordano (2012) esta dominación, a la vez que unió al continente lo vinculó con el mundo que simultáneamente se comenzaba a hacer capitalista y planetario. Con la crisis del colonialismo español América comenzó a ser descubierta por los propios americanos. Fueron los años de las revoluciones anticoloniales independentistas, que se iniciaron con la más radical de ellas, la de Haití en 1804, liderada por los esclavos negros que se independizaban de los franceses. Los procesos revolucionarios continuaron en 1810 y se extendieron hasta 1825 (a excepción de las independencias mucho más tardías de Cuba y Puerto Rico). Salvo los casos de Brasil (1822) y en algún sentido Paraguay (1811), el resto de las independencias ocurrió mediante revoluciones, las cuales fueron cruciales en la

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historia política de todos los países. Ellas no sólo legaron una sociedad profundamente politizada y una política militarizada, sino que fueron el principio legitimador y “el núcleo duro de la formación de los Estados”. Las guerras civiles de la segunda mitad del siglo, también marcaron el devenir de los órdenes políticos en construcción. Asimismo, las Guerras de la Triple Alianza (1865-1870) y del Pacífico (1879-1883) moldearon, cada una a su modo, los nuevos ordenamientos políticos. En consecuencia, el largo proceso de formación y consolidación estatal fue tributario de la militarización de la vida política, puesto que también la convocatoria a las armas significó interpelar a los sectores subalternos, cuya participación estaba absolutamente clausurada en el orden colonial anterior. Así, al solaparse las guerras civiles con las de la independencia, la violencia devino un rasgo permanente de los nuevos sistemas políticos. En efecto, el conflicto y la politización de la sociedad, fueron dos rasgos destacados de la época. Más tarde, con el fin de las guerras por la independencia, la coyuntura de auge del liberalismo económico obligó a definir distintas cuestiones, entre las cuales la primera y más urgente fue la del orden y la centralización de la voluntad política. En ese contexto, cuestiones como la nación, la democracia y la igualdad, que habían constituido las proclamas del momento emancipatorio, comenzaban a ser revisadas al calor de las nuevas urgencias de mediados de siglo: cómo construir los Estados nacionales. “En las sociedades modernas y contemporáneas, el orden se organiza como Estado: el orden y su institucio-

nalidad son los vencedores. Su capacidad de dejar abierto un espacio para canalizar los reclamos de los vencidos depende de condiciones históricas variadas y cambiantes, de la combinación de coerción y consenso, dominación y hegemonía” (Ansaldi y Giordano, 2012: 29). Hacia fines del siglo XIX, la mayoría de los países lograba consolidar un nuevo orden político el cual asumió, con excepción de Uruguay, Costa Rica, Cuba y Paraguay, la forma de la dominación oligárquica (circa 1880-1930). El carácter cerrado, verticalista y excluyente de este nuevo orden, con prácticas paternalistas y de apelación a la violencia estructural (mediante la exclusión social y política) combinada con la violencia represiva, fueron las características de un régimen que, paradójicamente, levantaba las banderas de la democracia liberal. La dominación oligárquica tuvo una duración variable según cada país siendo los ejemplos más tardíos los de Bolivia, Ecuador y Perú. En 1910 ocurrió la Revolución Mexicana. El caso de México fue clave, pues se trató de la primera experiencia revolucionaria del siglo XX y, a la vez, de la primera manifestación del fin del orden oligárquico en la región. Desde entonces, más tarde o más temprano, este régimen político excluyente fue entrando en su fase final en los distintos países ya sea por las vías reformista, en sus versiones más diversas, o revolucionaria, como ocurrió en los casos de Brasil, mediante la revolución política de 1930 y Bolivia, mediante la revolución social de 1952. Suele sostenerse que la crisis de 1930, marcó un antes y un después para muchas sociedades latinoamericanas. Con todo, 1930 se lució en un contexto crítico que se venía observando desde las primeras décadas del siglo XX, cundo ocurrieron hechos como la ya mencionada Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, en un contexto en la cual se manifestaron los primeros signos de agotamiento del modelo primario exportador. Finalmente, la crisis desatada en Wall Street (1929) pondría en entredicho muchas de las certezas políticas y teóricas en el mundo y en América Latina, renovando las certidumbres en las que se pensaba la matriz histórica e ideológica del pensamiento liberal. Asimismo, la propia dinámica de la estructura social y del capitalismo que se había desplegado hasta entonces, impulsó la llegada de nuevos sujetos al escenario político: campesinos, obreros, mujeres y militares. En ese marco, el andamiaje sobre el cual se había levantado el orden oligárquico se fue debilitando y se produjo el desarrollo de las más variadas experiencias políticas las cuales comenzaron a cobrar forma, muy especialmente, desde 1920. En efecto, la década fue un verdadero laboratorio de distintas experiencias y acontecimientos políticos, tanto como de intentos de transformación de distinto tenor. Buena expresión de ese clima fue la in-

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auguración de la primera experiencia populista clásica latinoamericana con la llegada de Lázaro Cárdenas al gobierno en México y la brevísima República Socialista de Chile de 1932. Con todo, la nota distintiva de la época fue que en la mayoría de esos acontecimientos políticos estuvo presente la apelación al uso de la violencia, ya sea para cambiar el orden establecido, para mantenerlo o bien frenar un proceso de transformación. Así pudieron observarse insurrecciones populares desde 1932 como la llevada a cabo por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Trujillo, Perú, y la campesina, con apoyo del Partido Comunista Salvadoreño, en El Salvador; la insurrección que destituyó a la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933) en Cuba y la comunista, con apoyo de la Tercera Internacional, en Brasil (1935). La violencia estuvo presente en un país como Uruguay, considerado con una larga estabilidad democrática, con la dictadura de Gabriel Terra (19331938) y el levantamiento armado contra la dictadura (Revolución de Enero, 1935). A su vez, deben consignarse el golpe de 1930 que destituyó al gobierno de Hipólito yrigoyen (1928-1930) en Argentina, la destitución de José María Velasco Ibarra, también mediante un golpe de Estado (1934-1935) en Ecuador y la instauración de las dictaduras autocráticas de Jorge Ubico (Guatemala), Tiburcio Carías Andino (Honduras), Anastasio Somoza (Nicaragua), Maximiliano Hernández Martínez (El Salvador) y Rafael Trujillo (República Dominicana), tanto como la efímera experiencia militar de Rafael Franco en Paraguay (1936). Además, cuatro países en América Latina fueron a la guerra: Perú y Colombia (1932-1933) y Paraguay y Bolivia (1932-1935). Esta última tuvo consecuencias paradojales y determinantes en lo que resta del siglo, a ambos lados de la frontera: fue el antecedente mediato e insoslayable a la revolución boliviana y de la instauración de la larguísima dictadura del stronismo en Paraguay. La crisis económica de 1930 profundizó transformaciones que venían desde algunos años atrás, entre ellas, la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Más tarde o más temprano, buena parte de los países de América Latina, a excepción de Paraguay, comenzaron un proceso de cambio orientado por la ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) y por la ASI (Agricultura por Sustitución de Importaciones). Este cambio pudo implementarse no sólo por la beneficiosa coyuntura internacional, que se potenció luego de la segunda posguerra, sino también por la existencia de ciertas condiciones internas favorables: las posibilidades de un mercado interno y la organización de un sistema productivo industrial en base a relaciones capitalistas (condiciones existentes en México, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil).

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En definitiva, la coyuntura abierta tras la disolución de los regímenes oligárquicos u órdenes excluyentes de otro tenor, se caracterizó por ser una crisis tal que ninguna clase lograba asegurar su hegemonía sobre las otras. En términos políticos, esto obligó a la constitución de pactos o alianzas de clases en sintonía con el nuevo ritmo del desarrollo capitalista de la segunda posguerra.

NUEVO ORDENAMIENTO MUNDIAL. LA VIOLENCIA Y SU EXPRESIÓN POLíTICA MÁS EXPLíCITA El Bogotazo en Colombia (1948) es la expresión más nítida del proceso de violencia y cambio que atravesó la región a partir de la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de un nuevo ciclo de estancamiento del capitalismo mundial y sus coletazos en los países dependientes. En buena medida, el modelo sustitutivo, basado en la formación de un mercado protegido y regulado, se había agotado y la nueva demanda internacional requería de América Latina la internacionalización de su mercado, en contraposición al período sustitutivo anterior. Esta crisis en el patrón de acumulación, acompañada de un importante proceso de cambio social, hizo necesaria la reestructuración del bloque de poder dominante. A esa altura, resultaba imposible mantener el sistema de alianzas que había viabilizado el orden en los años anteriores en sus más variadas formas: desde los populismos clásicos y las diversas expresiones de reformismo militar, hasta aquellos casos que sin ser expre-

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EL LARGO PROCESO DE FORMACIóN y CONSOLIDACIóN ESTATAL FUE TRIBUTARIO DE LA MILITARIZACIóN DE LA VIDA POLÍTICA.

EN LA DÉCADA DE 1960, LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA FUE UN SIGNO DE ÉPOCA EN AMÉRICA LATINA.

sión de populismo compartieron elementos con ellos (ampliación de bases sociales y del rol del Estado y desarrollo del modelo ISI). En este marco de agotamiento de un modelo de acumulación económica, los sectores subalternos, que durante el período anterior habían sido invocados como parte de la alianza estratégica que promovió el proyecto industrializador, continuaron teniendo voz en este período y ejercieron su presión sobre una economía ahora estrangulada. En el plano regional la Guerra Fría se solapó con distintos acontecimientos de gran agitación política: además del nombrado Bogotazo, el impacto de las reformas que en Guatemala estaba llevando a cabo el gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz desde su elección en 1951, el estallido de la Revolución en Bolivia en 1952 y la Revolución Cubana en 1959. En el campo de la izquierda los años ‘50 fueron convulsionados. En 1956 se produjo el XX Congreso y se conoció el informe de Nikita Jrushchov donde se reveló, tras la muerte de Joseph Stalin (1953), la masacre de los Gulags. En la década de 1960, la violencia revolucionaria fue un signo de época en América Latina. Tres textos fueron fundamentales para el desarrollo de la violencia revolucionaria: Guerra de guerrillas (1960) de Ernesto Che Guevara, Les damnés de la terre (1961) de Frantz Fanon y ¿Revolución en la Revolución? (1966) de Régis Debray. En los tres hubo un alegato acerca de la pertinencia, incluso de la necesidad, de la apelación a la violencia en la lucha revolucionaria. También influyeron las tesis del maoísmo en las organizaciones armadas y no fueron pocas las organizaciones que recurrieron (o pretendieron hacerlo) a la guerra popular prolongada como método y a la tensión imperialismo-nación como argumento de la guerra revolucionaria, tal como planteaba Mao Tse-tung. El fenómeno de la violencia rural, a partir de la Revolución Cubana y su derrame de sentidos por toda la región, quedó imbuido de ese signo de época y la apelación a la violencia fue también el recurso de los sectores subalternos para cambiar el orden existente. El desarrollo de uno de los momentos más intensos en términos de innovación política, cambios y proyectos colectivos, comenzó a ser abortado por la instalación sistemática de regímenes militares y autoritarios en casi todos los países de la región. El ciclo comenzó en Paraguay (1954), meses antes del bombardeo a la Plaza de Mayo en Argentina y el derrocamiento de Juan Domingo Perón (1955), y prosiguió con la clausura de la experiencia democratizadora del varguismo en Brasil (19641985), que inauguró una nueva forma de dominación política extendida luego por todo el Cono Sur: la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. En efecto, ante la evidencia del fracaso de la estrategia reformista que habían intentado los EE.UU. con la

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Alianza para el Progreso, comenzó a delinearse la opción de las intervenciones militares, basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional como fundamento ideológico. Los militares latinoamericanos se hicieron eco de estas teorías y esgrimieron la defensa de la “seguridad interna” ante la amenaza de la “subversión”, como justificativo para la instauración de las dictaduras institucionales en cada país. A la recién mencionada experiencia brasileña se sumaron los casos de Bolivia (1971-1978), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983). Pero no sólo las dictaduras adscribieron a un nuevo paradigma ideológico, de guerra total, que justificaba la persecución políticas para salvaguardar un orden en franco agotamiento. Un signo de la época fue que muchos otros órdenes “democráticos” como Colombia, Venezuela y México adscribieron a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Es que, a diferencia de las décadas de 1910 y 1920 en donde el conflicto fue expresión de impugnación a un orden excluyente y oligárquico, en los sesenta el conflicto social expresaba el agotamiento de un modelo integrador (propio de la segunda posguerra) cuyos actores políticos eran el resultado de un proceso de cambio social que los había organizado y politizado. Con las transiciones a la democracia política tras las dictaduras y la caída del muro en 1989, comenzaron a trazarse los actores que constituirían el nuevo bloque de poder. Éste estuvo hegemonizado por el capital financiero aliado a los grandes grupos exportadores, a los bancos, a los medios de comunicación y a las grandes corporaciones industriales y comerciales. Los actores colectivos devinieron en ciudadanos y se desplazaron al ámbito privado. Sin embargo, la región es inquieta y no se da fácilmente por vencida. Una vez que se pusieron en crisis los paradigmas neoliberales, comenzaron a cuestionarse, con diferentes brújulas y resultados dispares, los órdenes políticos culturales y económicos que habían sido hegemónicos en la región y en el mundo occidental. De modos muy diversos, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador están pudiendo recrear órdenes políticos donde el neoliberalismo dejó de ser la razón principal del sentido de sus políticas. Claro está, que la etapa recién empieza y los sectores reaccionarios muestran una y otra vez, bajo nuevos ropajes, “figuras legales” y argumentos “democráticos” (que en la región no son una novedad histórica) formas de violar la voluntad popular. Honduras (2009) y Paraguay (2012) lo ejemplifican sobradamente. Sin embargo, a diferencia del pasado, ninguna de estas experiencias golpistas contó con el apoyo mayoritario de los sectores subalternos. En ambos casos, el dato distintivo fue la violencia ejercida sin armas militares, desplegada desde

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la cúpula del poder del Estado, para frenar procesos democratizadores. En definitiva, estos ejemplos nos obligan a nuevos retos intelectuales, acerca de dónde descansa el poder y cómo se ejerce la violencia en los órdenes políticos posneoliberales. Pensar América Latina en la larga duración, permite visualizar cómo el conflicto social y la violencia cobraron gravitación en momentos de ruptura, crisis o agotamiento del orden social y político vigente, pero también cuando se amenaza, por mínimo que ello sea, el statu quo. El conflicto social, en tanto empodera a los sectores subalternos puede constituir una instancia democrática. Sin embargo, el modo que este conflicto se resolvió en la larga historia de América Latina, no siempre resultó en favor de estos sectores. •

Nota 1 En este texto exponemos algunas discusiones e interpretaciones derivadas del proyecto colectivo de trabajo dirigido por Waldo Ansaldi, titulado “Condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina 1954-1989”. Programación de Investigación Plurianuales CONICET (20102012), Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Bibliografía Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012). América Latina. La construcción del orden. Tomo I. De la dominación colonial a la disolución de la dominación oligárquica. Tomo II. De las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración. Buenos Aires, Paidós. Giner, Salvador; Lamo de Espinosa, Emiliano y Torres, Cristóbal (eds.) (1998). Diccionario de Sociología. Madrid, Alianza Editorial. Grüner, Eduardo (1997). Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia. Buenos Aires, Ediciones Colihue.

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La sociología haciendo historia en Colombia: Orlando Fals Borda y Camilo Torres POR ANALíA GOLDENTUL

Estudiante de la Carrera de Sociología (UBA). Miembro del proyecto UBACyT “La Imaginación Histórica de la Sociología Latinoamericana” (2011-2014), dirigido por Walso Ansaldi y codirigido por Verónica Giordano. Auxiliar de investigación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

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n mito se cierne sobre Colombia: el mito del “caos generalizado”, de la violencia por siempre inabarcable. Refranes sobran, “es el país donde votan los muertos, los perros, los gatos y los que no han nacido todavía”. y aunque las cifras son impresionantes (cerca de 20.000 muertes por año) éstas suelen ofrecer un producto “acabado” y una sentencia concluyente que limita la capacidad interpretativa de los procesos sociales. Deconstruir prenociones tan arraigadas en el campo académico no es una tarea sencilla, muchas de ellas fueron sagazmente construidas. Aquí proponemos intentar desentrañar esta trama a partir de una revisión crítica de la empresa asumida por Orlando Fals Borda y Camilo Torres a fines de los años cincuenta. Colombia había vivido un período prolongado de guerra civil, conocido en la historiografía oficial como “La Violencia” (1948-1957) que se tradujo en doscientos mil muertos, migraciones del campo a la ciudad y fuerte desarraigo cultural. Se trató de un proceso traumático, un continuo de huellas imborrables en la historia de un país entero. En 1959 Fals Borda y Camilo Torres fundaban la primera Facultad de Sociología de América Latina, justo en vísperas de una década que veía resurgir la violencia, esta vez con otros contenidos políticos e ideológicos. Hoy constituyen referencias ineludibles y merecen el rótulo de “autores clásicos” pues lograron teorizar problemas de largo arraigo histórico allí donde nadie podía/quería convertir la violencia en objeto. Combinando la imaginación sociológica con la evidencia histórica, Fals le otorgaba un primer sentido a la aparente multiplicidad “caótica” de hechos violentos a través de su participación en la obra La Violencia en Colombia (1962), mediante la cual proponía tratar problemas acuciantes, aun a costa de rasgar velos, tocar aéreas prohibidas y desafiar la ira de intereses privados. La enorme repercusión de la publicación fue inesperada, al punto de tener que publicar un segundo tomo un año más tarde. No era un escrito inocente, su mirada crítica de varios sectores dominantes –tanto del Partido Conservador como del Liberal– y de sus respectivas funciones en la reproducción de la violencia lo convirtió en un libro histórico y provocador. El mismo autor nos cuenta cómo sus hojas llegaron a ser leídas incluso dentro de las filas del ejército colombiano. ¿Cuántas veces un texto académico tiene una recepción se-

mejante fuera de la universidad? Con esta obra Fals introducía un quiebre en la investigación académica, conectando conflicto con cambio social y afirmando que la violencia podía tener funcionalidad y positividad para el desarrollo de Colombia favoreciendo la actualización y revitalización de las normas, creencias y costumbres. Rompiendo esquemas, sostuvo que la violencia no fue caótica sino en breves momentos, pues el elemento humano en conflicto había demostrado una tendencia básica a organizarse aun en situaciones extremas. Esta obra sería el punto de partida y fuente de inspiración para Camilo Torres, que en 1963 publicaba su célebre ensayo “La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas”. y aunque no tenía la ambición ni magnitud de La Violencia en Colombia, allí donde Fals era difuso, Camilo era breve y conciso: la violencia de mediados de siglo había implicado la reorganización de las prácticas y relaciones sociales, llegando incluso a ser el factor de cambio sociocultural más importante en Colombia desde la conquista de los españoles. Si abordamos la producción de estos autores desde una perspectiva sociológica-histórica, se observa que durante estos años de intensa producción intelectual aparecieron en la arena política las principales guerrillas de orientación revolucionaria: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 1964), el Ejército de Liberación Nacional (ELN, 1965), y el Movimiento Revolucionario 19 de abril (MR-19, 1974). Sin embargo, en el caso de Colombia, estas referencias no son sólo contextuales, pues Fals Borda y Camilo Torres, en gran medida, ayudaron a crear esas condiciones sociales de producción. Se dio lugar a una verdadera “afinidad electiva”, una mutua elección, atracción recíproca o confluencia activa entre los modos de producción científica y el surgimiento de movimientos guerrilleros y campesinos, que puede observarse justamente en las trayectorias personales y profesionales de ambos sociólogos. Existieron figuras semejantes en América Latina durante los años ‘60 y ‘70, es cierto, pero aquí merece ser subrayado el carácter de ¡“padres fundadores” de la sociología en Colombia! Frei Betto decía que “la cabeza piensa donde los pies pisan” y estos sociólogos pensaron Colombia porque la vivieron, respiraron y recorrieron; no hablaron sólo desde el “pensamiento crítico” sino que optaron tam-

bién por la “praxis” política. Para ellos, la violencia había que entenderla como una alternativa que se construye colectivamente y que, lejos de ser suficiente para transformar el orden social, debía dotarse de “armas científicas”. Esa misma idea condujo a Fals a vincularse con el M-19 mediante la revista Alternativa, mientras Camilo habría de sumarse a las filas del ELN en las postrimerías de 1965, muriendo en combate dos meses más tarde. A partir de la década de 1980 el panorama cambiaría. Surgieron nuevos actores en un contexto de enconadas políticas neoliberales. El Plan Colombia en 1999, por el que se comenzó a recibir más ayuda militar de parte de EE.UU. que el resto de América Latina y el Caribe juntos1 abría un nuevo capítulo en la historia nacional. La violencia política, sobre la cual estos intelectuales comprometidos pensaron y crearon sociología, hoy representa menos del 6% del total de los enfrentamientos que tienen como protagonistas principales a grupos paramilitares, milicias urbanas, redes de narcotráfico, arreglos de cuentas, y acciones de “delincuencia” común2, conformando un escenario que algunos autores entienden como una “lucha de clases” desorganizada. Quedaron atrás Fals Borda y Camilo Torres y esto no sorprende, la historia avanza y la sociología se va renovando con ella, a veces a destiempo de los problemas que las sociedades plantean. Hay, sin embargo, olvidos respecto de estos autores que conviene revisar. Lo sugerente de sus obras fue la ambición compartida de querer describir y analizar la totalidad del desarrollo social, de alcanzar una explicación global, una síntesis y genealogía de la violencia en Colombia, lo cual desentona con las actuales condiciones de producción científica. Habrá que examinar, en una suerte de ejercicio de sociología sistemática, qué contribuciones siguen vigentes y cuáles han quedado obsoletas para pensar y repensar un país que en los últimos treinta años se ha convertido en una fibra sensible de América Latina. •

Notas 1 Chomsky, Noam (2004). “On Colombia: introduction to Doug Stokes America’s Other War: Terrorizing Colombia”. Zed, diciembre, 2004. 2 Pécaut, Daniel (2000). “Pasado, Presente, Futuro de la Violencia”. En Revista Electrónica Theorethicos, Año III, N° 003, septiembre, 2000. 53

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Algunos problemas en Paraguay y un poco más allá POR GERARDO HALPERN

Doctor de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FCS-UBA). Es investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Entre otros, ha escrito Etnicidad, inmigración y política. Representaciones y cultura política de exiliados paraguayos en Argentina (Buenos Aires, Prometeo, 2009) y compilado Migrantes. Perspectivas (críticas) en torno a los procesos migratorios del Paraguay (Asunción, Ápe, 2012). Ha publicado numerosos artículos sobre la temática migratoria en revistas nacionales e internacionales, así como una importante cantidad de capítulos en libros académicos. Dirige e integra equipos de investigación en la UBA y en el CONICET. Además, es docente de grado y de posgrado en diversas universidades nacionales.

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as líneas que siguen son algunos elementos que, a mi entender, se han evidenciado en el marco del golpe parlamentario con el que diputados y senadores colorados, liberales y oviedistas derrocaron al presidente paraguayo Fernando Lugo. Éste debía cumplir su mandato entre agosto de 2008 y agosto de 2013. Sin embargo, nueve meses antes de finalizar su gestión, una sucesión de hechos no investigados y menos aclarados por el Poder Judicial generaron el marco propicio para una de las vergüenzas institucionales más evidentes del neogolpismo regional. Sin pruebas, sin tiempos ni definiciones procesales, sin pretensiones de imparcialidad ni de búsqueda de justicia o “verdad” y, sobre todo, sin condiciones para una legítima defensa, el presidente fue destituido por el Poder Legislativo. El Parlamento exhibió de manera espectacular (en todas sus acepciones) mecanismos que, en otros países de la región, similares fuerzas conservadoras tratan de realizar aunque, al menos, con cierto disimulo. Una mezcla de especificidades locales y generalidades globales habilitaron un proceso similar a un golpe de Estado pero sin armas y sin militares. Escenificaron nuevas formas destituyentes que advierten acerca de los riesgos que viven las endebles democracias contemporáneas (de las cuales Paraguay es, indudablemente, una de las más vulnerables). Ahora bien, las condiciones de producción de este golpe no se produjeron en los días que transcurrieron entre los fusilamientos de once campesinos y seis policías en Curuguaty y el 22 de junio, fecha del juicio y sentencia contra Lugo. Más bien, se fueron construyendo a lo largo de décadas de persecución política e ideológica, de creciente apropiación desigual de la riqueza, de expulsión poblacional por causas económicas y políticas, de homogeneización (des)informativa, de despolitización general y de chauvinismo. Tras más de cien años, el proceso sociopolítico que encabezó Fernando Lugo era la primera experiencia democrática de cuestionamiento de esa amalgama estructurante del Paraguay. Aun con sus debilidades, su gestión fue un primer intento de conformación de un Estado en el cual el acceso a derechos no dependiera de coloraciones ni del vínculo con estructuras partidarias. Fue el intento de construcción de una incipiente concepción de ciudadanía e igualdad; de producción de procesos integradores hacia dentro y hacia fuera del país. Pero cada uno de sus intentos era una amenaza a los dueños internos y externos del Paraguay: para los herederos y beneficiarios de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), para los hijos de la prebenda, para los dueños del Estado y para los favorecidos por la dictadura más prolongada del siglo XX en la región.

A riesgo de olvidar muchas dimensiones posibles, expondré las que me resultan ineludibles para interpretar lo que ha sucedido en junio de 2012 y que sirven para pensar ciertos escenarios que deben ser atendidos en cada espacio social que confronte con sus tradicionales formas de producción de desigualdad. Esas confrontaciones cuestionan el presente y el pasado, es decir, pelean contra el sentido común, contra una hegemonía que ha naturalizado el poder de unos pocos sobre el hambre de unos muchos.

AGENDAS Desde hace varias semanas todo parecería haber vuelto a su normalidad. Al menos la agenda periodística local (salvo honrosas excepciones) ha dejado de mencionar el golpe de Estado en Paraguay. Ha dejado de plantear el derrocamiento de Fernando Lugo a manos del vicepresidente, su “compañero” de fórmula, el (muy) conservador (y poco) liberal Federico Franco, popularmente denominado “Frauderico”. Ha dejado de hablarse del “juicio político” en el cual (en menos de veinticuatro horas entre el inicio y el veredicto de los legisladores, junto con un fundamento acusatorio tan cercano al espanto jurídico como a la forma, poco sutil, de neogolpismo) se marcó, del mismo modo que en Honduras hace tan sólo tres años, el retroceso sociopolítico más elocuente de esta década en lo que hace a democratización y estabilización política e institucional en esta parte del mundo. También, ha desaparecido de la agenda mediática argentina la preocupación por causas, riesgos y alcances regionales. Desapareció la de por sí escasa crónica sobre la represión, persecución y encarcelamiento de campesinos y dirigentes sociales. Desaparecieron las notas sobre censura, desigualdad y violación a los derechos humanos. Desaparecieron los despidos en el Estado, ocultados por el silencio y la naturalización. ya está. Paraguay ya no es cintillo. ya no es título. ya no es crónica. Lo que remite a Paraguay ha regresado a la habitual página policial y deportiva. Paraguay ha regresado a su primera normalidad. En lo que hace a la tematización institucional, a eso que podríamos denominar “agenda política” también ha ocurrido algo destacable. Así como varios actores políticos se han expedido sobre el golpe, se han involucrado y manifestado públicamente (desde la izquierda hasta el progresismo nacional y popular), para otros sectores del arco político “argentino” en Paraguay no ha ocurrido nada o no han dicho nada de lo que ha ocurrido. Esto plantea una paradoja: suprimir de la agenda algo que no ingresó allí. Es decir, a muchos dirigentes, el golpe en Paraguay no los ha obligado a emitir palabra al-

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guna. No fue tema ni problema. y no lo es. Su ajenidad, antes que nada, exhibe la complicidad del silencio ante un golpe de Estado. Constituye un indicador de la trivial significación que muchos dirigentes le atribuyen a la política, a las instituciones (que dicen defender) y a los procesos sociales democráticos. Así como la derecha uruguaya dejó en claro su apoyo al golpe institucional (las intervenciones del expresidente Luis Alberto Lacalle fueron elocuentes), cabe preguntarse qué pasó con ese mismo arco ideológico en la Argentina. Si en Paraguay el golpismo caminó detrás de un relato que pretendía negar que el golpe fuera un golpe, ese mismo recorrido fue realizado por la derecha uruguaya… pero, más allá del fracaso relativo de esa estrategia, cabe preguntarse qué dijo la derecha local sobre el proceso paraguayo1. y ésta no es una duda insidiosa. Es una pregunta institucionalmente necesaria. Más allá de simpatías o antipatías por Fernando Lugo, la democracia paraguaya, aun con sus muchas debilidades y contradicciones ha implicado la pelea de generaciones de luchadores, militantes, exiliados, escondidos, perseguidos que no pueden ni deben ser ignorados por el oportunismo de alianzas estratégicas con vocación de negocios a corto, mediano y, por qué no, a largo plazo. Sentar posición sobre un golpe de Estado es tan importante como grave su silencio. Ese silencio es el que estructura una segunda normalidad. Es normal aquello que no se tematiza, aquello que no se habla. Paraguay ya no es tema. ya no es discurso. ya no es política. Lo que remite a Paraguay vuelve a asilarse en su frontera. AISLAMIENTOS Con el golpe, Paraguay ha regresado a su histórico y funcional aislacionismo. Ha vuelto a ser la isla rodeada de tierra, como la describió Roa Bastos, de donde había empezado a emerger y a donde las fuerzas retrógradas y sus expresiones partidarias tradicionales quieren sepultarlo eternamente. Esa isla, de todos modos, no es homogénea. Paraguay tiene sus dueños y, mayoritariamente, sus desterrados, sus desnarrados de las crónicas, las políticas y las historias. Entre éstos están los campesinos sin tierra. Muchos de los que luchan por el

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acceso a la misma son llamados carperos, por las precarias carpas con las que se asientan en las tierras que, a pesar de ser públicas o estar en litigio, han sido repartidas, a modo de obsequio, entre los grandes terratenientes paraguayos durante el treintenio stronista. Tierras mal-habidas que son definidas por el discurso hegemónico como “propiedad privada”, como territorios invadidos por los comunistas “castrochavistas” que pretenden (desde Caracas, La Habana o Buenos Aires) instalar el socialismo y “comerse a los chicos”. La sospechosamente ya olvidada masacre de Curuguaty del 15 de junio de 2012 (como otras matanzas anteriores) ha recaído sobre los campesinos movilizados, quienes desde hace años intentan evitar su descampesinización, frenar el monocultivo y limitar la producción agrotóxica. En definitiva, recae sobre quienes intentan vivir en condiciones de dignidad que el capitalismo paraguayo les niega. Recae sobre sectores rurales que son empujados del campo a la ciudad o al extranjero para ser ejército de reserva de los dueños de las tierras, para ser trabajo desciudadanizado o carne de sobreexplotación. Acusados de ser el “rojo invasor”, de estar cooptados por una indemostrada y llamativa guerrilla (rara guerrilla que no postula reivindicaciones ni acciones sociales de organización y formación política y que, tras la destitución de Lugo, ha dejado de ser invocada por la prensa y los partidos tradicionales) y de ser conducidos por el luguismo vendepatria, los movilizados campesinos son relatados desde la criminalizante doctrina de la seguridad nacional. Es que Paraguay es uno de esos países donde la Guerra Fría parece no haber terminado. Al igual que hacía la dictadura de Stroessner (1954-1989), el diario ABC Color, un híbrido entre el poder de Clarín y las ideas de La Nación, se erige en un estratega que se empeña en reponer, ante cada coyuntura, ante cada demanda, el Muro de Berlín. Un tercer problema radica allí, en la construcción simbólica del proceso político del Paraguay. VOCES Tal como ha mostrado el grupo de producción e intervención político-comunicacional de migrantes paraguayos “Ápe Paraguay”, el 97% de la propiedad de los medios está en manos privadas. El 2% son comunitarios (en situación infracomunicacional y sin margen normativo ni presupuestario para crecer) y el 1% son públicos. El cerrojo informativo, la homogeneidad narrativa, la perspectiva única, son elementos claves de la construcción comunicacional, su cuarta normalidad. De hecho, en este país aún es legítimo hablar de manipulación informativa. Si la sociología norteamericana en comunicación ha mostrado que la lógica comunicacional del capitalismo moderno aspira más a lograr la sutil influencia antes que la evidente manipulación (re-

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servada a regímenes totalitarios), en Paraguay, el mercado mediático se obstina en sostener las formas tradicionales de su poder. En materia info-comunicacional comercial, no hay opciones ni siquiera maniqueas. y ello se condice con la vigencia de la Guerra Fría a través de otros medios. Ser progresista en Paraguay es un acto de valentía, de alternatividad y de navegación contracorriente. Herencia del stronismo, es recurrente la estigmatización y la condena de aquellos que plantean transformaciones estructurales o demandan, cuanto menos, modernización institucional, transparencia procedimental y una mínima confianza en el Poder Judicial. Por ejemplo, aspirar a concursos públicos y transparentes es una quimera que se demanda casi revolucionariamente, tanto como se la rechaza reactivamente como si se tratara del inicio del fin, como si fuera una bomba de tiempo para la prebenda estructural y estructurante del Estado y sus dos partidos tradicionales. En ese marco, el progresismo se ve condicionado no sólo por sus propias limitaciones políticas, históricas y simbólicas, por sus carencias estratégico-disruptivas, por sus debilidades ideológicas, por sus limitaciones dirigenciales y mediáticas y por su fragmentaria construcción (todos elementos que deberá revisar el Frente Guasu si aspira a representar a una parte de la sociedad paraguaya), sino también por una historia fuertemente represiva y refractaria a las construcciones de izquierda. La discursividad antisocialista (entiéndase lo que sea por “socialista”) es una marca en el imaginario sociopolítico y mediático del país que se mantiene junto con la hegemonía nacionalista de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado. Aun así, y de manera relevante, en el marco del golpe han emergido acciones y formas simbólicas (políticas, culturales y organizativas) inéditas. Iniciativas que empezaron a cuestionar la monocorde escritura de la historia del país; que parecieran no aceptar la victimización de que todo lo que sucede en Paraguay es por la

HA DESAPARECIDO DE LA AGENDA MEDIÁTICA ARGENTINA LA PREOCUPACIóN POR CAUSAS, RIESGOS y ALCANCES REGIONALES. DESAPARECIó LA DE POR SÍ ESCASA CRóNICA SOBRE LA REPRESIóN, PERSECUCIóN y ENCARCELAMIENTO DE CAMPESINOS y DIRIGENTES SOCIALES.

determinación histórica y la maldad exterior. No es casual que esa novedad (quizás una de las pocas en todo este proceso) haya sido tan enfrentada y repudiada por los medios y por los sectores dominantes. Estos se han ensañado con los emergentes que discuten y politizan allí donde siempre ha habido encarcelamientos, silenciamientos, exilios y represión. Los sectores tradicionales del Paraguay presionan por evitar el movimiento de la historia, neutralizar los espacios de habla. Su eficacia deberá ser objeto de estudio de las ciencias sociales2. Mientras en la región se debaten mecanismos de pluralización de las voces y se reivindica la información como derecho humano, en Paraguay no sólo se refuerzan los mecanismos de concentración informativa y comunicacional, sino que, Parlamento mediante, se desfinancian las escasas instancias públicas. El Congreso se ratifica como brazo jurídico de los intereses materiales e ideológicos de las corporaciones empresariales (mediáticas y extramediáticas) del país. Ello muestra una homogeneidad simbólico mediática análoga a la homogeneidad parlamentaria. En ambos campos queda anulada la mera idea del debate público, de la opinión pública, de la esfera pública. La neutralización de la diferencia configura otra normalidad3. De allí que, ante las resistencias contradiscursivas, medios, “intelectuales orgánicos” y parlamentarios repongan la demoníaca criminalidad y la estigmatización de los “malos paraguayos”. Como durante los 35 años de dictadura, la divergencia es condenada.

DESIGUALDADES La descampesinización, que lleva décadas expulsando a parte de la población a vivir en ciudades que no garantizan siquiera el derecho a trabajar, profundiza las desigualdades del monocultivo sojero. Los índices de desigualdad y de concentración de la propiedad aumentan de manera increíble. Más del 75% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, lo cual lo configura como uno de los países más desiguales del mundo. Quinta normalidad. Aun cuando crece la economía (en 2010 llegó a más del 14%), no se revierten los índices de pobreza e indigencia. A la vez, la brecha entre ricos y pobres se amplía ilustrando cuánto están ganando los sectores dominantes. Pobres cada vez más pobres, ricos cada vez más ricos y una economía en crecimiento. En síntesis, a medida que se crece, mayor desigualdad. A medida que menos se crece, mayor desigualdad. A medida que se decrece, mayor desigualdad. En la clase dominante de Paraguay no hay metáfora ni mediación. Su voracidad le posibilita fusilar a más de una decena de campesinos antes que perder veinte hectáreas usurpadas por esa misma clase. Veinte hectáreas sobre miles. Sus “propietarios” son los grandes empresarios que, a su vez, son legisladores y miembros de los partidos

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asociados con los dueños de los medios de comunicación. La confluencia de intereses es lógica, puesto que se trata de las mismas personas. Es decir, no hay “expresión” ni “representación” de: se trata de la yuxtaposición de actores. Además, el peso que ha adquirido el narcotráfico, su dimensión y ramificación empresarial y deportiva atraviesan al campo político, lo que engendra intereses cada vez más complejos de ser desestructurados. No pocos refieren a la destitución de Lugo como “narcogolpe” o como golpe “narco colorado”. Esta remisión “narco” remite, sobre todo, al precandidato presidencial, el empresario Horacio Cartes, sospechado por sus propios correligionarios colorados por ilícitos de sus empresas tabacaleras, el tráfico ilegal en Argentina y por haberse encontrado en sus haciendas “20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos de marihuana prensada”, tal como sintetiza la muy recomendable agencia alternativa de informaciones E’a. Cartes es hoy un firme candidato a la presidencia del Paraguay, habiendo doblegado a sus oponentes internos, uno de los cuales ha sido acusado por los cartistas de ser el dueño del negocio de la economía “ilegal” de Ciudad del Este y de haber malversado los fondos públicos de dicha ciudad en favor propio. En contraste con estas delicias de clase, desocupados y mendigos en ciudades sin industria, desigualados en el acceso a derechos básicos (la salud y la educación pública son más entelequias que realidades), buscan alguna posibilidad de subsistencia o alguna reparación por parte de instituciones que han sido fantasmagóricas promesas de algún partido tradicional. Desde la hendija de las polarizadas ventanillas de autos “mau” (ilegales), los ricos, como en la película de Fernando Birri, Tire die, les arrojan alguna moneda. ¿Cómo conviven sectores antagónicos tan marcados? ¿Cómo se sostiene una cotidianeidad tan marcadamente contradictoria? No hay una sola respuesta, lógicamente. Sin embargo, ninguna de ellas podría eludir a la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado. Ésta es una estructura similar o mayor a la del Estado. Aun tras la caída de Stroessner (período en el que la ANR formaba la tríada “partido, Estado, fuerzas armadas”), el Partido Colorado continuó en el poder, redefiniendo algu-

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nas formas institucionales, aunque no sus fundamentos ni sus alcances. Ahora la tríada era “partido, fuerzas represivas, estructura jurídico/administrativa”. Es decir, tras 1989, Paraguay asistió a una ficticia transición a la democracia. Su aggiornamento institucional no implicó la desestructuración de las formas históricas de administración social. En todo caso, reacomodó la convivencia de formas emergentes y arcaicas en función de su tradicional producción de desigualdad. En ese marco, el acceso a derechos siguió mediado por la pertenencia partidaria, lo que garantiza una lealtad política amenazante so pena de quedarse sin ellos y fundante, a la vez, de un tipo de membresía social sui géneris. El andamiaje institucional está atravesado por esta lógica: justicia, educación, salud, trabajo, son adjetivadas por los colores partidarios, condición de posibilidad para su usufructo. Bajo esas condiciones, ciudadanía y acceso a derechos universales se convierten en reivindicaciones antagónicas, conflictivas, respecto de la prebenda y la configuración de ese para-Estado dentro del Estado4. La inmensidad de la ANR-PC (no muy diferente a la del PLRA) administra un statu quo en el que la universalidad del derecho brilla por su ausencia. Esa ausencia es una de las principales causas para que parte de la población pueda ser reprimida y/o demonizada monológica y monotópicamente en la (seudo)esfera pública paraguaya. Otra parte de la población, o la misma, es expulsada de su lugar de nacimiento y continúa su vida fuera de las fronteras nacionales. Entre un 10% y un 12% de los paraguayos viven fuera de las fronteras nacionales, triplicando o cuadruplicando el promedio mundial de migración. Esa expulsión tiene varias caras y varias expresiones. y tiene varias historias que el nacionalismo despolitiza mediante su folclorismo telúrico, su explotación naturalizada y, finalmente, mediante la acusación por traición a la patria a quien lo cuestione. Ese nacionalismo, en definitiva, admite de modo estético y disciplinario la desigualdad. Ésta es estetizada por un costumbrismo eficaz que canta a la tierra la riqueza producida por el trabajo campesino que comen unos pocos. La normalidad de la desigualdad, la concepción sui géneris de la ciudadanía y la represión a la disrupción constituyen sustentos centrales de la estructura de poder del Paraguay.

AISLAMIENTO SELECTIVO La demonización a los sectores progresistas se complementa con la capacidad represiva dominante que limita los márgenes de acción de quienes pretenden transformar esta historia. Dicha demonización se potencia con la autovictimización que la clase dominante produce desde la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). La explicación monocausal sobre la desigualdad social como el efecto de aquella contienda oblitera ciento cua-

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LA NORMALIDAD DE LA DESIGUALDAD, LA CONCEPCIóN SUI GÉNERIS DE LA CIUDADANÍA y LA REPRESIóN A LA DISRUPCIóN CONSTITUyEN SUSTENTOS CENTRALES DE LA ESTRUCTURA DE PODER DEL PARAGUAy.

renta años de dominio de una clase que, además de haber sido beneficiaria de esa guerra, ha logrado establecer un relato nacionalista sumamente efectivo: todo lo malo que ocurre en Paraguay es el producto de los intereses invasivos de Brasil y Argentina (hoy, también de Venezuela). Así, pues, se logra ocultar sesenta y un años de hegemonía colorada; treinta y cinco años de dictadura colorado-stronista (de la cual un importante sector del Partido Liberal fue cómplice como parte de la parodia “legislativa” del régimen); concentración de la riqueza; desigualdad y prebenda. Desigualdad, folclore y chauvinismo conviven en un patrioterismo militarista, machista y represivo que se impone sobre cada grupo que exprese algún desvío respecto del camino trazado por los héroes del relato dominante. Este relato se corresponde con los intereses de la burguesía y la oligarquía agro-exportadora (nacional y foránea), enlazadas con poderosos grupos transnacionales, vinculados a la comercialización y producción de y con agrotóxicos y a la depredación de los recursos naturales de los que Paraguay es un gran productor5. Esta alianza al interior de la clase dominante, bajo el manto de un recurrente nacionalismo expresado en las diversas instituciones de producción simbólica (escuela, medios, justicia) ha consolidado una de las estructuras de desigualdad más grandes de la región y del mundo no sin conflictos ni represiones. La de Curuguaty fue una de ellas. Desde el mismo momento del golpe, los destituyentes alentaron la victimización del Paraguay a manos de

Argentina, Brasil y Uruguay. Recurrieron al uso del concepto de soberanía y, junto con él, al repudio a las cláusulas democráticas del Mercosur y de UNASUR. La formulación ideológica de las clases dominantes transita linealidades tan simplonas como efectivas: los mismos países que fueron alentados por Inglaterra en 1865, hoy son conducidos por el chavismo venezolano para aislar al Paraguay, verdadero objetivo del imperialismo porteño y brasileño inmodificado desde el siglo XIX. Ahora bien, esta elaboración es muy anterior al golpe y a la gestión de Lugo. Desde 2008, mientras se pretendía avanzar progresiva y progresistamente hacia cambios regionales (políticos, económicos y simbólicos), los grupos de poder describieron al Mercosur como una amenaza imperial para empobrecer a las masas paraguayas. Venezuela fue presentada como una reconversión regional de la KGB y Evo Morales como un siniestro perseguidor de los humildes dueños de Bolivia. Simultáneamente, el vínculo con Estados Unidos (único recurso que le fue habilitado al presidente) fue alentado desde la casta política, lo que quedó demostrado por el vicepresidente Franco quien, pocos meses después de que Lugo asumiera la presidencia, ya afirmaba estar en condiciones de tomar la jefatura del Estado y se reunía con la embajadora norteamericana y algunos militares y políticos para denostar al gobierno de Lugo6. Como se ve, un aislacionismo selectivo y estratégico.

CODA Desde la asunción de Franco, Paraguay ha avanzado en varios ítems: autorización para la producción incontrolada con agrotóxicos, acuerdos de inversiones extractivas con indeterminables consecuencias medioambientales, despidos por motivos estrictamente ideológicos, etcétera. La llegada de Lugo a la presidencia, más que una amenaza expresó una incipiente limitación a históricos privilegios que (tarde o temprano) las clases dominantes intentarían recuperar. Por ello la amenaza de juicio político se mantuvo latente durante los cuatro años de gestión. Lugo nunca pudo quebrar la resistencia de los dueños del Paraguay ni pudo conseguir una alianza estratégica con los “no dueños” del país. No supo construir una fuerza organizada capaz de resistir la presión de los históricos propietarios del Paraguay. y esos dueños, además de la propiedad material son los propietarios de la producción simbólica. Demasiado de un solo lado como para sostener una gestión renovadora o que pretendía (re)fundar la política en el país. Así, mientras la gestión de Lugo se esforzaba por construir un nuevo contrato social dentro del país y nuevos lazos fuera del Paraguay, es decir romper el aislamiento selectivo, era acusado de someterse al imperialismo regional e invasor. Mientras intentaba rom-

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per cierta inercia de la concentración de tierras y de los agro-negocios, era acusado de favorecer a la delincuencia rural invasora de la propiedad privada y responder a la voluntad del comunismo internacional7. Mediática y legislativamente, Lugo estuvo cercado desde su misma llegada al Palacio de López. Ese cerco fue alimentado por el frecuente nacionalismo que hoy se destaca en la portada de la prensa paraguaya, adscripta y beneficiaria del golpe. Por ello, según ABC Color, Paraguay hoy está siendo atacado por fuerzas imperiales, lo que obliga a su legítima defensa. Tras la destitución del Presidente, apenas dos meses después, la ministra de Defensa (proveniente de la UNACE, el partido golpista del golpista Lino César Oviedo) no descartaba la hipótesis bélica en la región. Visto desde afuera del país la afirmación tienta a la risa. Vivido desde adentro, interpela al nacionalismo victimizante y lo moviliza contra la invasión que se estaría pergeñando en Caracas o en La Paz. Que varios “intelectuales” hayan llenado páginas con los recursos que ABC Color brinda para sus categorizaciones sobre la realidad, permite ver un tejido nacionalista que recupera, de la tradición oficial, la figura del legionario. Esta figura, que remite a la “Legión Paraguaya” (columna de paraguayos que participó en la guerra de la Triple Alianza del lado de los “aliados”) repone la acusación de traición a la patria. Hoy, al igual que durante el stronismo, los progresistas son tildados de “legionarios”. Algunos por expresarse desde afuera del país. Otros por reclamar vínculos regionales tácticos, más sólidos e igualitarios entre los países del Cono Sur. Otros, por reivindicar que los países vecinos no hayan sido pasivos ante el golpe. Según el relato dominante, según los medios y según el silencio de muchos dirigentes, el golpe de Estado no solamente no ocurrió sino que Paraguay está siendo víctima de un intento invasivo por parte de sus históricos enemigos y sus traidores aliados. Entonces, el 22 de junio se puso en juego una defensa contra la nueva invasión. La defensa se inicia con la destitución de Lugo, agente del marxismo internacional, alejado de los valores (cuántos hijos tiene y la vergüenza que ello provoca fue parte del planteo de los destituyentes) y aliado de la delincuencia apátrida. Sobre este conjunto de elementos dispersos se estructura hoy el relato que se narra dentro del país. Su disputa sigue siendo una tarea central de la resistencia que se ha producido y que busca nuevos canales de expresión y construcción. Pero sería erróneo creer que lo específico de Paraguay no tenga formas particulares en otros lugares de la región. Los silencios cómplices deben ser interpretados a la luz de estas nuevas estructuraciones golpistas. •

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Notas 1 No refiero sólo a las formas veladas de relativizar el golpe (diarios que hablaron, una vez más, de “crisis”), sino a la escasez de referencias a los mecanismos y las formas institucionales puestos en juego. El recurso a que los “vacíos jurídicos” validaban el juicio político y la posterior sentencia han estado presentes desde el mismo día del golpe. Quizás la expresión más emblemática de ello haya sido no la velocidad del mismo, sino las palabras del legislador Oscar Tuma (ANR-PC) quien, como parte del libelo acusatorio, afirmó que las causas de destitución eran “hechos públicos que no necesitan ser probados” y que “Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”. Dicha notoriedad remite a las construcciones discursivas (mediáticas y no mediáticas) cotidianas, que se producen en un círculo vicioso en el que el Parlamento argumenta con los medios lo que los medios sostienen con los parlamentarios. Esta circularidad constituye una de las demostraciones acerca de los riesgos implicados en la inespecífica referencia a “la gente”, la “opinión pública”, etcétera, que atraviesan muchas elaboraciones del campo político y del campo mediático (en Paraguay y afuera de Paraguay) y que suele ser esgrimido para definir o impugnar políticas públicas. Es importante desnaturalizar este mecanismo de construcción social de sentido, puesto que en su operación se puede, incluso, avalar un golpe de Estado. 2 Ello no quita la importancia que han adquirido diversas prácticas disruptivas en diferentes ámbitos, aun acotados. La necesidad de ampliar esos espacios y sus alcances es crucial para que estos emergentes no queden en estéticas de un momento, de una primavera que fue enviada a cuarteles de invierno por la aplanadora de la tradición y la hegemonía paraguaya. 3 Por ello la ruptura, la voz divergente, aparece en otros campos, en otros escenarios. 4 Por ello, las políticas universales, la producción de programas generales y los concursos públicos para cargos en el Estado llevados a cabo durante la gestión de Lugo fueron histórica, coyuntural y políticamente transformadores. Cualquier iniciativa medianamente transparente, equilibrada y carente de favoritismo fue sospechada de subversión. 5 Además de energía hidroeléctrica, este país era para 2010 (según la FAO) el sexto productor mundial de soja, posiblemente el primero en la relación producción/población. Gran exportador de carnes y de diversos granos, la pobreza en Paraguay es el efecto de la distribución y no de la historia ni de la mediterraneidad. 6 El entonces ministro de Defensa Bareiro Spaini fue destituido, precisamente, por la amenaza del Congreso de hacerle un juicio político por haber denunciado ese tipo de reuniones palaciegas y la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del Paraguay. El mismo Parlamento que le impidió al ex obispo, durante casi toda su gestión, la designación de embajadores, precisamente, en los países del Mercosur. 7 La homogeneización hegemónica entre los intereses de ciertas empresas privadas y “la nación” emerge como un mecanismo de legitimación de los golpes de Estado contemporáneos. Si los intereses privados (mal-habidos o en litigio) son “intocables”, su cuestionamiento se convierte en una amenaza a la nación. Operación tan burda (puesta en juego en Curuguaty) como regional.

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Instantáneas del camino de los derechos políticos femeninos en la construcción del orden en América Latina POR VERÓNICA GIORDANO

Investigadora del CONICET y docente de Historia Social Latinoamericana y del Taller de Investigaciones en Sociología Histórica de América Latina en la Carrera de Sociología. Ha publicado Ciudadanas Incapaces. Los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX (2012). y en coautoría con Waldo Ansaldi, América Latina. La construcción del orden (2012).

El libro América Latina. La construcción del orden (2012) propone un recorrido de los doscientos años de vida poscolonial en nuestra región sobre un eje vector muy propio de la sociología (el orden). Esta categoría, sin embargo, debe ser precisada para no incurrir en explicaciones dicotómicas o en visiones conservadoras de la realidad social. En el mencionado libro, los autores se inspiran en otro, hoy un clásico, del sociólogo Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, en particular en la afirmación que sostiene que “la estructu-

ración del orden es siempre también una desestructuración” (Lechner, 1984: 73). Así, el orden es visto fundamentalmente como un proceso en el cual se entrama la lucha por establecer relaciones de poder consideradas legítimas. En esa lucha entonces varios proyectos de orden están en juego, pero sólo uno se impone con legitimidad. En este marco de referencia, resulta evidente que la contratara del orden constituido no es el caos sino otras alternativas de órdenes “deseados”. En todo caso, el desorden, como alternativa (aunque nunca necesaria) del orden, es una categoría que nos remite a la dimensión “conflictiva” inherente a todo proceso social. MARTÍN SCHIAPPACASSE

ORDEN Y DERECHOS: UNIVERSALIDAD EXCLUYENTE

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América Latina. La Construcción del Orden aborda la complejidad del proceso en cuestión en sucesivas coyunturas históricas en las cuales se señala cierta correspondencia entre los patrones de acumulación y los sistemas de dominación. Así, el libro aborda el orden oligárquico, el orden de masas, el orden de violencia y el orden actual (en proceso de reestructuración). En este artículo, me interesa señalar el lugar de las mujeres como sujetos que participan, por inclusión o por exclusión, de dicho macroproceso. Propongo ir un paso (todavía pequeño) más allá de aquellos relatos que colocan a las mujeres en un capítulo separado (no sólo separado de la historia protagonizada por los varones sino separado también de las Historias Nacionales).

EL SUFRAGIO RESTRICTIVO EN EL ORDEN OLIGÁRqUICO Situémonos en uno de los países que ha sido encumbrado como exponente de la democracia de partidos en América Latina: Chile. Allí, la confrontación entre liberales y conservadores se resolvió tempranamente en el año 1830 a favor de los segundos. La Constitución de 1833, de corte fuertemente presidencialista y autoritario, estableció el sufragio para “los chilenos” mayores de edad, alfabetos, que tuvieran renta (art. 8). Estos postulados se inspiraban en ideas provenientes de las Constituciones de la Francia napoleónica (1792 y 1795) y de la Restauración (1814), que consignaban criterios similares de restricción de la ciudadanía política. Esta solución, alcanzada con el predominio de las fuerzas conservadoras, muestra un camino muy particular de los derechos políticos de las mujeres, en general asociados a las luchas de varones y mujeres liberales por la ampliación de las bases de la pretendida universalidad jurídica. Es que en Chile la ampliación del sufragio propuesta en 1874 fue una iniciativa conservadora, llevada al Congreso en boca del diputado Zorobabel Rodríguez. La iniciativa debe leerse como parte de la estrategia conservadora para debilitar la fuerza electoral y la representación en el Congreso de los liberales, aliados con el Partido Radical para las elecciones siguientes. Hacia 1874, la Fusión Liberal-Conservadora, alianza que había llevado a la presidencia al liberal Federico Errázuriz, se había quebrado en buena medida por los recurrentes conflictos entre el presidente y los conservadores. En noviembre de 1875, según lo estipulaba la Ley Electoral, debía realizarse la inscripción en el registro para los comicios del año siguiente. En la ocasión, algunas mujeres de la ciudad de San Felipe y del departamento de La Serena y Valparaíso acudieron a las Juntas Calificadoras de Elecciones y lograron inscribirse. Se trataba de mujeres vinculadas al conservadurismo. Finalmente, a pesar de haberse aprobado su inscrip-

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UNA CUESTIÓN QUE TODAVÍA DEBE SER MEJOR EXPLORADA ES LA UTILIZACIóN DEL SUFRAGIO COMO MECANISMO DE LEGITIMACIóN DE LOS REGÍMENES DICTATORIALES, QUE COMO SABEMOS EN AMÉRICA LATINA HAN SIDO RECURRENTES.

ción en los registros, las elecciones se celebraron sin el voto de las mujeres (Errázuriz Tagle, 2005). Las condiciones no estaban dadas para la reforma del estatuto de ciudadanía. Estos episodios, no obstante, sirvieron como advertencia a los sectores liberales, quienes en 1884, ya en el poder, sancionaron una nueva Ley Electoral que excluía expresamente el voto femenino. Si antes el término “ciudadano” era un término genérico, ahora se estipulaba su acepción en masculino y singular. En 1891 Chile atravesó una guerra civil. El pacto de dominación, fuertemente presidencialista, se reformuló como República Parlamentaria. Aún en medio de la crisis, Chile sostuvo la vigencia de la Constitución y las instituciones democráticas, entre ellas el Congreso, que ahora pasaba asumir la crucial función de árbitro en la negociación de la renta de los enclaves de salitre situados en los territorios ganados en la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra Perú y Bolivia. En este contexto de continuidad de la dominación oligárquica, la Constitución de 1830 estuvo vigente prácticamente un siglo. El texto recién fue reemplazado en 1925, pero en su artículo 7 establecía: “Son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido veintiún años de edad, que sepan leer y escribir, y estén inscritos en los registros electorales”. Es decir, respecto de las mujeres, la nueva Carta repetía la fórmula de la anterior. En el ínterin, las reformas de la Ley Electoral de 1888 y 1890 habían levantado las cláusulas censitarias restrictivas del voto masculino, habían dado garantías al voto secreto y habían ratificado expresamente la exclusión de las mujeres establecida en el ley de 1884.

LAS LEYES DE SUFRAGIO FEMENINO Y EL ORDEN DE MASAS Hacia 1920, el sufragio universal y con él los derechos políticos femeninos estaban en la agenda de temas en debate. Sin embargo, salvo algunas iniciativas en el nivel municipal, este sería legislado en el nivel nacional recién en las siguientes décadas, siendo pioneramente legislado en Brasil y Uruguay en 1932.

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El criterio de universalidad fue asumido como inclusivo de varones y mujeres tanto por las fuerzas liberales como por otras dos fuerzas que habían hecho su ingreso en la arena pública: el socialismo y el primer feminismo. Así, en los años veinte hubo algunas ampliaciones, aunque efímeras. Por ejemplo, en la Argentina, las Constituciones provinciales de Santa Fe (1921) y San Juan (1928) legislaron sobre sufragio femenino en el nivel subnacional, pero estas Cartas enseguida perdieron vigencia, en el primer caso hasta que en 1936 el presidente Agustín P. Justo intervino la provincia y en el segundo hasta que fue suspendida por el golpe de 1930. En Brasil, se legisló sobre sufragio femenino en el nivel estadual en Río Grande do Norte en 1927, pero los votos fueron anulados por la Comisión de Poderes del Senado. En Chile el voto femenino en el nivel subnacional tuvo mejor suerte. En 1934 se dictó una ley de sufragio que afectaba solamente el nivel municipal. En rigor, el primer texto legal que habilitaba el sufragio femenino en el nivel municipal data de 1931, pero nunca fue aplicado. Este texto consagraba el voto para las mujeres alfabetas, mayores de 25 años, propietarias o profesionales. La ley dictada en 1934, en cambio, extendió el voto a todas las mujeres alfabetas (Valenzuela, 1998). Sin duda, los años de la segunda posguerra fueron un momento democratizador1. En un intento de captar las múltiples modernidades, Göran Therborn (1992) sostiene que Europa tuvo un “largo siglo de democratización” entre 1789 y 1918, y a partir de allí hubo tres “olas” de democratización: en los años de la segunda posguerra, en los años setenta del siglo XX y entre 1989-1991 de manera contemporánea a la crisis y finalización de los denominados socialismos reales. Mientras que en Europa, el sufragio femenino fue sancionado en 1944 en Francia y en 1946 en Italia, en América Latina, leyes similares se proclamaron en la

AUNqUE HOY SON TRECE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE APLICAN LEyES DE CUOTAS O DE PARIDAD, LOS AVANCES HAN SIDO DESPAREJOS y NO SIEMPRE CON RESULTADOS EFECTIVOS EN EL SENTIDO DE CONSOLIDAR LA CIUDADANÍA FEMENINA TANTO EN SU DIMENSIóN DE SUFRAGIO COMO DE REPRESENTACIóN.

Argentina en 1947 y en Chile en 1949. y en otros países, considerados pioneros, las leyes tuvieron impacto real también en esa coyuntura. Así, en Uruguay, donde las primeras elecciones nacionales de las que participaron las mujeres fueron en 1938, después de recuperada la democracia tras el golpe civil de Gabriel Terra, el voto femenino tuvo incidencia en las representaciones parlamentarias recién en las elecciones de 1942. Ese año, adoptado el sistema de representación proporcional integral en ambas Cámaras, asumieron como diputadas la colorada Magdalena Antonelli Moreno (por el ala reformista batllista) y la comunista Julia Arévalo; y como senadoras las coloradas Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli (por el ala conservadora) e Isabel Pinto de Vidal (por el ala reformista batllista). En Brasil, la dictadura del Estado Novo instaurada en 1937 interrumpió la práctica de elecciones hasta 1946, cuando las mujeres votaron por primera vez. y aun entonces el acceso de las mujeres a los cargos de representación en el Congreso fue muy limitado. En los años cuarenta la consigna de sufragio femenino no era nueva pero había adquirido un nuevo tono a partir de un contexto internacional favorable, que recomendaba su aprobación (una posición no ajena a la idea de afirmar la democracia frente al totalitarismo), como se desprende de las consideraciones de la Comisión Interamericana de Mujeres reunida en Chapultepec en 1945, que recomendaba hacer efectiva la aprobación de los derechos civiles y políticos de las mujeres acordada en la Conferencia de Lima en 1938. En el nivel nacional, la coyuntura no estuvo exenta de cálculo político (un factor que parece haber tenido mucho más peso que las consignas de derechos específicos, que eran las promovidas por el denominado primer feminismo desde hacía ya algunas décadas). En la Argentina, en 1945, en su función de Secretario de la cartera de Trabajo y Previsión, Perón creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer. Este había traído consigo la idea de estructurar un espacio dedicado a la protección de la familia y la mujer similar al que había conocido en Italia (Barry, 2011: 115). Desde esa Dirección, Perón impulsó enseguida la creación de la Comisión Pro Sufragio Femenino. Cuando en 1946, con el triunfo electoral del Partido Laborista, asumió el Ejecutivo, la iniciativa adquirió renovado cariz. El Primer Plan Quinquenal, ingresado al Congreso en octubre de ese año, incluía los derechos políticos de las mujeres y de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. La sanción de los derechos políticos femeninos tomó rumbo firme a partir de 1947, con la enérgica acción de Eva Perón al frente de la campaña y de la movilización de las mujeres en el peronismo. El 23 de septiembre de 1947, por ley 13.010, se consagró el voto femenino. La ley fue apoyada en la votación

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en particular sólo por el bloque peronista, en una sesión por demás agitada y con evidente urgencia por conseguir la aprobación más allá de las formas propias del comportamiento parlamentario. El sufragio fue obligatorio y las mujeres fueron, en principio, igualadas a los hombres respecto de este derecho/deber (Valobra, 2010). Tal como propone Carolina Barry (2011: 131), la sanción del voto femenino se explica en el conjunto “de las tácticas de incorporación y ampliación de las bases de sustentación que llevaba a cabo el peronismo al introducir en la política a sectores sociales que antes no estaban incluidos”.

LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICOS Y EL ORDEN DE VIOLENCIA Una cuestión que todavía debe ser mejor explorada es la utilización del sufragio como mecanismo de legitimación de los regímenes dictatoriales, que como sabemos en América Latina han sido recurrentes. Desde dictaduras emblemáticas como la de Alfredo Stroessner hasta la dictadura “con formato representativo” de Brasil, las elecciones periódicas y la vigencia del Congreso fueron elementos promovidos por los gobiernos autoritarios para legitimar su accionar represivo y excluyente. Desde una perspectiva sociológico-histórica, este punto ha sido señalado por el sociólogo sueco Therborn, quien sostiene que Louis Bonaparte “reinstaló el sufragio universal masculino y lo usó para legitmar su coup. Desde entonces, el sufragio probó ser usado como un instrumento de poder y gobierno, y no sólo como una fuente de poder igualitaria y popular” (Therborn, 1992: 69; el subrayado es del autor). El mismo autor identifica una segunda “ola” democratizadora en los años setenta (la primera es la situada en la coyuntura de los años cuarenta), ilustrada con los casos de Grecia, Portugal y España una vez iniciados sus procesos de transición desde sistemas autoritarios. y, añadimos aquí, con el caso de Suiza, cuando en 1971 las mujeres accedieron al voto en el nivel nacional. En América Latina, en los años de la segunda “ola” democratizadora, se eliminó la cláusula de restricción del voto por analfabetismo, que limitaba los derechos conquistados por las mujeres en las décadas previas (también afectaba, como es obvio, a los varones). En Chile, la cláusula de restricción por analfabetismo fue levantada en 1972, bajo el gobierno de Salvador Allende. En rigor una reforma constitucional del gobierno demócrata cristiano anterior había introducido la reforma, pero por ley 17.626 el gobierno socialista reguló la nueva normativa. En Perú, donde los analfabetos también sufrían la exclusión del voto, las leyes que modificaron el estatuto de ciudadanía datan de 1979, con la Constitución surgida del proceso de transición

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iniciado por el militar Francisco Morales Bermúdez. En Ecuador, donde también hubo un proceso de transición en el curso del cual se dictó una nueva Constitución, los analfabetos fueron incluidos al estatuto de ciudadanía recién entonces. Un caso que ofrece elementos muy singulares es el de Brasil. En 1961, con la sorpresiva renuncia del presidente Jânio Quadros, el populista João Goulart, segundo en la cadena de sucesión, asumió el Poder Ejecutivo. Enseguida puso en marcha un programa de reformas que incluían, entre otras tantas cuestiones polémicas para la coalición antipopulista que le había dado el voto a Quadros, la extensión del sufragio a los analfabetos y a los grados inferiores de las Fuerzas Armadas. El golpe de 1964 que dio inicio a la dictadura que duraría 21 años se explica, en parte, por la reacción a este programa reformista continuista de la política populista. El derecho de sufragio fue habilitado a los analfabetos con la promulgación de una Enmienda Constitucional en 1985. Luego, la normativa fue reglamentada por ley y actualmente está incorporada a la Constitución de 1988. El voto para los analfabetos es facultativo y éstos no son elegibles.2 La cuestión de la obligatoriedad del voto es una dimensión que debe ser analizada con mayor detenimiento en los análisis del sufragio femenino, que tienden a pasar por alto las implicancias diferenciales de extensión del voto en un régimen con voto obligatorio o facultativo.

LAS LEYES DE CUOTAS Y EL ORDEN ACTUAL (EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN) A fines de los años ochenta, en correspondencia con la tercera de “ola” de democratización, se sancionaron las denominadas leyes de cuotas en la Argentina (Ley Nº 24.012) en 1991 y en Brasil (Ley Nº 9.504) en 1997.3 Recordemos que Therborn identifica la tercera “ola” de democratización con la caída de los regímenes de partido único de los países comunistas de Europa del Este en 1989-1991. Según el sociólogo sueco, esto marcó el agotamiento del comunismo como vehículo de la modernidad socio-económica (una de las “vías” señaladas en 1966 por Barrington Moore). Al respecto, cabe notar por ejemplo que las leyes de cuotas se proclamaron antes en América Latina que en Francia, donde la ley, en este caso de paridad, se estableció en 1999. Preocupada por la “minúscula” cantidad de mujeres representantes en la Asamblea Nacional francesa, la historiadora norteamericana Joan Scott (1996: 169 y 170) sostiene que el voto femenino en 1944 no acabó con el estatus de “segundo sexo” y que las mujeres siguieron siendo consideradas como “miembros de familias” sin “libertad económica”, subordinadas al varón.

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Esta cuestión, por ejemplo, aparece claramente al revisar los discursos de las sesiones parlamentarias que llevaron a la sanción de la denominada ley de Cupo en la Argentina. En la sesión de los días 6 y 7 de noviembre de 1991, la diputada Ruth Monjardín de Masci (Partido Federal) sostuvo: “Uno de los motivos por los que quiero que haya más mujeres en este recinto es por la rectitud que ellas tienen, que la han adquirido en la experiencia de la lucha cotidiana que libran en el hogar o en el trabajo y que sólo ellas son capaces de sobrellevar” (tomado de Marx, Borner y Caminotti, 2007). En esta alocución, las capacidades diferenciales de las mujeres para ejercer la ciudadanía se derivan de su naturaleza y son tributarias de la tradicional noción de mujer como moderadora de la política. Este el único giro que tuvieron los discursos en defensa de la ley de cupo, pero es ilustrativa de la larga persistencia de viejas fórmulas. Aunque hoy son trece los países latinoamericanos que aplican leyes de cuotas o de paridad, los avances han sido desparejos y no siempre con resultados efectivos en el sentido de consolidar la ciudadanía femenina tanto en su dimensión de sufragio como de representación (Archenti, 2011). No obstante, es evidente que no sólo ha aumentado el número de mujeres electas en los congresos nacionales, en buena medida por la institución de la cuota o la paridad de género, sino que también ha aumentado el número de mujeres en el Poder Ejecutivo. y si bien es cierto que algunas de ellas accedieron al cargo por motivos coyunturales, otras lo han logrado a partir de una militancia construida en partidos políticos o movimientos sociales y una carrera política que les permitió acceder a cargos de gestión en los años previos a su elección. Así, desde los años noventa han ocupado la presidencia (por orden cronológico): Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Rosalía Arteaga en Ecuador (1997), Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), Michelle Bachelet en Chile (20062010), Cristina Fernández en Argentina (2007-2011 y reelecta para un nuevo período), Laura Chinchilla en Costa Rica (desde 2010, en funciones) y Dilma Roussef en Brasil (desde 2011, en funciones).

A MODO DE CIERRE A partir de poner el foco en las mujeres se evidencia un argumento que es válido también cuando se toma cualquier otra categoría de exclusión (en América Latina, los indígenas, bien claramente). El argumento es el siguiente: la modernidad se asienta sobre la base de un desfase entre principios y prácticas. La ciudadanía se pretende universal pero se practica a través de unos derechos que son exclusivos de ciertas categorías sociales. Ahora bien, esta fractura es tan propia de América Latina como de la Europa occidental.

Entre las grandes exclusiones de esa universalidad fundante está la exclusión de las mujeres. y uno de los instrumentos predilectos para ponerla en acto ha sido la definición del sufragio universal como sufragio universal masculino, en muchos casos restringido a los varones (y a su turno, mujeres) alfabetos. En sociedades estructuralmente agrarias y racialistas como las latinoamericanas, la condición de analfabeto está íntimamente anudada a clivajes de clase (“peligrosas”) pero también de etnia (indígenas, afroamericanos o inmigrantes) y de género. Con lo cual, aun cuando con el tiempo las mujeres nominalmente accedieron al voto, las mujeres analfabetas siguieron excluidas de ese derecho. El camino de los derechos políticos femeninos ha sido lento y muy largo. Pese a los logros obtenidos, todavía queda camino por andar. •

Notas 1 En un intento de captar las múltiples modernidades, Göran Therborn (1992) sostiene que Europa tuvo un “largo siglo de democratización” entre 1789 y 1918, y a partir de allí hubo tres “olas” de democratización: en los años de la segunda posguerra, en los años setenta del siglo XX y entre 1989-1991 de manera contemporánea a la crisis y finalización de los denominados socialismos reales. 2 La cuestión de la obligatoriedad del voto es una dimensión que debe ser analizada con mayor detenimiento en los análisis del sufragio femenino, que tienden a pasar por alto las implicancias diferenciales de extensión del voto en un régimen con voto obligatorio o facultativo. 3 Recordemos que Therborn identifica la tercera “ola” de democratización con la caída de los regímenes de partido único de los países comunistas de Europa del Este en 1989-1991. Según el sociólogo sueco, esto marcó el agotamiento del comunismo como vehículo de la modernidad socio-económica (una de las “vías” señaladas en 1966 por Barrington Moore). Bibliografía Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. 2012. América Latina. La construcción del orden, Buenos Aires, Ariel, tomo I. Archenti, Nélida. 2011. “La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región”, en: Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, N° 108. Barry, Carolina. 2011. “¿Una cruzada de Evita? El peronismo y la Ley de Sufragio Femenino”, en: Barry, Carolina (comp.), Sufragio Femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y América, Buenos Aires, Eduntref, p. 113-144. Marx, Jutta; Borner, Jutta y Caminotti, Mariana. 2007. Las legisladoras: Cupos de género y política en Argentina y Brasil, Buenos Aires, Siglo XXI Editores. Scott, Joan. 1996. Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man, Cambridge Massachusset, Harvard University Press. Therborn, Göran. 1992. “The Right to Vote and the Four World Routes to/through Modernity”, en: Torstendahl, Rolf (ed.), State Theory and State History, London, Sage, p. 62-92. Valenzuela, J. Samuel. 1998. “La ley electoral de 1890 y la democratización del régimen político chileno”, en: Estudios Públicos, Nº 71, invierno, p. 265-296. Valobra, Adriana. 2010. Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía política femenina. Argentina, 1946-1955, Rosario, Prohistoria Ediciones.

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La integración regional en el Mercosur del siglo XXI El sentido de una coordinación estratégica para nuevas gestiones internacionales e intergubernamentales POR GLORIA EDEL MENDICOA

Doctora en Ciencias Sociales con Especialización en Sociología (Universidad Católica de La Plata). Es Profesora titular en la asignatura Estado y Políticas Públicas de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Posee un amplio desenvolvimiento en diversos posgrados tanto de universidades argentinas como del exterior. Es investigadora categoría I del Programa de Incentivos para Docentes Investigadores y de UBACyT. Dirige el Grupo de Estudio Institucionalidad Social y Mercosur en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la nueva investigación La Mercociudades, redes de cooperación e intermunicipalidad. ¿Son la globalización y la distribución del poder factores limitantes de su consolidación? Es Secretaria de Investigación en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza y se encuentra a cargo del Proyecto Observatorio Social Región Oeste dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la citada casa de estudio. Autora de diversos libros, artículos y ensayos sobre el Mercosur.

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e sabe que el Mercosur, en tanto territorio geopolítico intergubernamental, está cruzado por dualidades y que, medidas en valores económicos y políticos, da pie a asimetrías estructurales y sociopolíticas. La conformación de un modelo en relaciones comerciales fue insuficiente y una de sus evidencias es la escasa o nula apertura a las economías subregionales con un consecuente deterioro de las perspectivas económicas, sociales y políticas de la región con repercusión en el colectivo social. Ello significa una débil catalización de las latentes innovaciones y transformaciones que un proceso de integración profundo debe producir. Desde ese lugar, las hipótesis de partida nos remiten a prácticas mediante instancias subnacionales, en tanto procesos inductivos que enriquecen y envuelven un conjunto de niveles con concepciones, conocimientos y prácticas relacionadas. El debate instala la necesidad de atender actores corresponsables que influyen en la construcción social de la realidad regional y de un futuro común. Es decir, diseñar una estrategia que le otorgue institucionalidad a las redes y/o asociaciones municipales1 para captar el desarrollo social y comunitario, siendo ellas el ámbito apropiado para reconocer valores subjetivos e intersubjetivos cuyos flujos

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vigorizan la identidad y reducen las asimetrías. Esta afirmación deriva en el análisis de una territorialidad organizada en diversos canales de producción, como asimismo en ejercicios políticos que van tomando mayor envergadura: los que tienen como centro el espacio local y como eje ordenador el municipio en el contexto subnacional. Así se encuadra este ensayo que, en los apartados sucesivos, hilvanará consideraciones de principios epistémicos que han influido en el bloque. A la hora de pensarse con sentido latinoamericano sólo caben aquéllas que den seguridad a formas persistentes y con multiplicidad de voces. Un sistema social es gobernable cuando está estructurado socio-políticamente y se interactúa para decidir y resolver sus conflictos conforme procedimientos formales e informales propios de las instituciones. Que insta a proteger la pertenencia y ser originales. Hacia allí vamos.

1. EL ALCANCE DE UNA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA Con la convicción de que una coordinación estratégica es central en las relaciones inter e intrainstitucionales, debe aceptarse la trascendencia de la misma cuando se trata de vínculos con el área mayor de gobierno y de ésta con sus pares regionales. Gran parte de su trabajo de-

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pende de la participación voluntaria de las organizaciones en elaborar líneas comunes de acción: ajustar e integrarse sin subordinarse a una autoridad externa. Suele haber reglas generales y supuestos de trabajo insertos en la cultura administrativa y, a veces, se negocian convenios a largo plazo que establecen hábitos y prácticas de colaboración entre organizaciones que se vuelven una segunda naturaleza para los interesados. Este es un desafío porque, como ha sido probado, las voluntades de una integración (basada en una escala2 de abajo hacia arriba) llegan sólo a la primera instancia, que es la toma de decisiones a nivel independiente. y, eventualmente, determinadas áreas gubernamentales avanzan hasta los acuerdos interministeriales. Acceder a niveles más intensos en dicha escala, como establecer políticas conjuntas, es lo esperable y probablemente sea mucho más hacedero entre niveles municipales. Por lo tanto, ¿qué rol les cabe a los gobiernos parte para asegurar mayor eficiencia en el marco de una institucionalidad internacional? ¿Cómo puede superarse la postura de Malamud (2007) cuando afirma que “cada Estado defiende al bloque por distintos motivos y no hay un proyecto colectivo sino cuatro nacionales”? Sin pretender tener respuestas definitivas, habría que posibilitar negociaciones pertinentes, oportunas y el lugar apropiado para consensuar la agenda, los problemas y las opciones. Nada de ello se dará sin desarrollar aptitudes que definan intereses y objetivos para lograrlos. La historia del proceso incluye, entre sus vicisitudes, algunos hitos que no pueden prescindirse. Así, el afianzamiento de relaciones con los países de América Latina, en los Acuerdos de Libre Comercio con Bolivia (1996), Chile (1996), Perú (2003), Colombia (2004), Ecuador (2004) y Venezuela (2004), países que revisten el carácter de Estados asociados, con excepción de este último que recientemente alcanzó el carácter de miembro pleno. Puede observarse un afianzamiento institucional a partir de 2005, año en el que se dieron las bases para establecer el Parlamento del Mercosur. Una creación importante por las atribuciones otorgadas: garantizar la participación de ciudadanos (y de partidos políticos y organizaciones sociales), tender a la sustentabilidad del desarrollo, asegurar la justicia, ser vigías de la democracia y reconocer la indiscutida relevancia de la diversidad cultural. Por su lado el FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) asegura contribuciones y financiamiento de obras de infraestructura, programas sociales y empresas regionales. Han recibido financiamiento 39 proyectos para el mejoramiento competitivo y la productividad ($1.100 millones de dólares, de los cuales el 74% pertenece al Fondo). También el Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa a fin de que sea zona libre de este flagelo y, en consonancia, el Fondo de Garantías para las PyMES en apoyo al crédito e incremento para corredores

productivos. Hay otras iniciativas mediante acuerdos con terceros socios comerciales (OMC), o su inserción en los Foros de Competitividad del Mercosur, Consultivo de Municipios, estados federados, provincias y departamentos del Mercosur, y especialmente el Mercosur Educativo con el Protocolo de Integración Educativa y reválidas de diplomas, certificados, títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio técnico. A la vez, la suspensión de Paraguay por el confrontativo golpe institucional muestra una singular solidez porque, sin más, el Protocolo de Ushuaia I y el Protocolo de Olivos fueron cumplidos, a pesar, incluso, de cuánto afectó a la hermandad mercosureña. Así y todo, el proceso parece no salir del cuestionamiento recurrente: hay posiciones extremas que dicen que no puede esperarse mucho más. Ello abre un interrogante: ¿el problema que subyace es el modelo, su forma de concretarlo o fortalecerlo en su integralidad y para determinadas misiones? Más allá de las intencionalidades, los objetivos declarados fueron económicos y favorecedores de un mercado común que tampoco ha sido exitoso, tal el caso de la Unión Aduanera la cual no fue concluida. Debe recordarse que en el mismo período de apertura del Mercosur, las políticas sociales atravesaban el salto de la universalidad, al abrupto giro de los programas focalizados o los safety nets (las redes de seguridad) para quienes no pudieran satisfacer necesidades básicas. Esta modalidad estuvo fuertemente influenciada por las coyunturas políticas y surgió teniendo como idea un spillover técnico hacia otras áreas. En un proyecto integrador hablar de senderos paralelos es una deficiencia intelectual y política que impone atención. La experiencia indica que los períodos recesivos y de ajustes en la región, junto con la persistencia de compensaciones sociales focalizadas, tuvieron como resultado el mayor empobrecimiento de América Latina y una innegable reducción de la calidad social. Remarcar que el Mercosur tuvo un propósito económico comercial es reiterativo, pero no lo es señalar que a su amparo se aseguraban otros valores: la justicia, la democracia, la paz social. Es probable que en la primera etapa y en pleno apogeo de la liberalización de las economías, existiera la idea de un derrame imaginario, que alcanzaría una sintonía de acuerdos más incluyentes. Contrariamente, su resultado fue una integración sectorial resquebrajada y procíclica, de incertidumbre jurídica y desbalance tanto en la participación política como productiva. En suma, se estuvo lejos de una cooperación dirigida a la coordinación y a la acción.

2. REPASO HISTÓRICO DEL MERCOSUR Y LA NECESARIA INCLUSIÓN DE OTRAS VARIABLES Y OTROS REFERENTES EMPíRICOS “La presencia de actores y fuerzas sociales dentro de la territorialidad Mercosur y su expansión hacia Sudamé-

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rica exige una estrategia relacional enraizada en la cotidianeidad de las personas, instituciones y demás grupos sociales, por lo que es imprescindible la reconstrucción del tejido y la historia social teniendo como objeto una nueva concepción del sentido de pertenencia y cooperación, en tanto alertas a estrategias descentralizadas y desconcentradas”. (Mendicoa, 2007).

Con la afirmación a priori, una breve síntesis de la integración es ineludible. Si bien fue adelantado, la aparición del Mercosur después de la Guerra Fría y la conclusión del proyecto del Mercado único Europeo en 1993 viene a dar valor a una respuesta integrativa que procedía de Europa y que se encarnaba en la Iniciativa de las Américas. Aunque la estructura institucional intergubernamental es una ventaja para realizar una zona de libre comercio, se nota una geometría contradictoria que, según Susanne Gratius (2005) caracterizó al bloque en la relación sur-sur y países semejantes, con un perfil diferente respecto del modelo. El Tratado de Cooperación Argentina-Brasil (1988) preveía una integración paso a paso, sector por sector. El paradigma basado en la economía neoliberal incorporaba a Latinoamérica al mundo, por lo cual el Tratado de Asunción (1991) y sus metas, asentar un Mercado Común y la Unión Aduanera (1995), son las mismas que decaerían posterior y ostensiblemente por la crisis argentina de 2001-2002. El segundo ciclo, apoyado en la sustitución de importaciones con miras a la recuperación del espíritu integracionista, posibilitó un conjunto de instrumentos. La Comisión de Representantes Permanentes y la Secretaría Técnica y el FOCEM conformaron una secuencia decisional oscilante que fue desde el pleno apogeo integrativo favorecido por el aumento comercial intrarregional y, conjuntamente, un desarrollo asincrónico y disputas por diferencias monetarias. y, pudo ser punto de inflexión aprovechable para dar pie al Revisionismo y profundización del Mercosur con reformas institucionales a través de la incorporación de objetivos regionales a las normas nacionales y pautas en torno a la migración, coordinación macroeconómica y políticas sociales. ya que las evidencias hasta ahora muestran la fragilidad del proceso, ello deriva en las dificultades para enfrentar la sustentabilidad del mismo. ¿Cuáles serán las condiciones para la estabilidad de la integración regional? Dentro de la brevedad del ensayo puede arriesgarse: evitar los vacíos legales, para la obtención de una sólida credibilidad en los compromisos; hacer coincidir lógicas integracionistas y cooperativas; la condición dinámica de la estabilidad mediante la profundización de las políticas (ir más allá de la armonización)3 y ampliar los miembros del grupo. Ello habilita caminos a espacios subnacionales y resignificadas relaciones internaciona-

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les para dar sustento a la paradiplomacia4 como instrumento de políticas públicas locales-regionales. Este punto debería aparecer en la agenda y hay que mirarlo desde una estrategia sustentable, sumando actores con visiones y criterios propios que, hasta ahora, estaban puestos en el Estado/nación.

3. EL MERCOSUR, LA INTERDEPENDENCIA ASIMÉTRICA O LA RELACIÓN SUR-SUR Y PAíSES CULTURALMENTE SEMEjANTES Este es el resultado de la manera de conducir la integración, respecto de la institucionalización de la cooperación. Su rasgo principal fue (o es) la realización de negociaciones permanentes entre gobiernos y funcionarios públicos, legislación secundaria y prácticas adoptadas para solucionar los problemas. Planteado en diferentes trabajos, discutidos y revisados, cabe reseñar los escenarios para aproximarse a los esquemas que persisten:

a) El intergubernamentalismo Los gobiernos determinan las decisiones y la creación de instituciones o de órganos coordinadores; formas de integración intergubernamental basadas en la cooperación y con énfasis en negociaciones intergubernamentales junto al papel de los Estados en ellas y las aspiraciones de poder en el bloque. En este sentido la tesis de intergubernamentalismo de Moravcsik (1997) afirma que: “son los gobiernos los principales actores, y no las instituciones, y las instituciones supranacionales son sólo instrumentos a disposición de los gobiernos para que éstos realicen mejor sus objetivos y sus aspiraciones de poder. Por lo tanto las instituciones no son supranacionales sino subordinadas a los intereses de los gobiernos”. y como sugiriera, Metcalfe (2000): “la integración no es cuestión de transferir la soberanía y la autoridad a una organización separada que luego actúa independientemente de los participantes del proceso de integración (…) Incluye el diseño y desarrollo de una relación asociativa entre un gran número de organizaciones que participan en campos de políticas específicas, de modo que puedan trabajar en conjunto y en forma efectiva para enfrentar las preocupaciones comunes y aunar intereses (…) para gestionar las redes de organizaciones”. b) Las asimetrías de poder según el realismo y el neorrealismo La integración brinda la mejora de los términos de intercambio, el aprovechamiento de las economías de escala, ganancias asociadas a la especialización regional y mayor credibilidad de las autoridades económicas nacionales. Sin embargo, el desarrollo no es homogéneo, los beneficios no se distribuyen de manera equitativa.

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LA SUSPENSIÓN DE PARAGUAy sur, Argentina y Brasil que son, al mismo tiempo, los más POR EL CONFRONTATIVO GOLPE poderosos. Consiguientemente cuando convergen los dos países principales, avanza la integración; contrariaINSTITUCIONAL MUESTRA UNA mente, si se producen controversias, retrocede. EntonSINGULAR SOLIDEZ PORQUE, ces, se estima que viendo el reducido número de países SIN MÁS, EL PROTOCOLO DE USHUAIA I participantes y las desigualdades entre ellos, el bilateralismo es fundamental por cuanto de ello depende el y EL PROTOCOLO DE OLIVOS FUERON sostenimiento de la integración. CUMPLIDOS, A PESAR, INCLUSO, DE CUÁNTO AFECTó A LA 4. LA MERCOCIUDADES Y SU CAPACIDAD PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD HERMANDAD MERCOSUREñA. El asunto es entender a la Mercociudades como es-

Por esa vía, se entiende que el sistema internacional no tiene una autoridad superior a los Estados capaz de regular efectivamente las relaciones entre ellos. Si se compara con el NAFTA, existen divergencias: por un lado, de desarrollo que limita las interdependencias al disminuir los mercados internos y, por otro, las asimetrías de poder que reducen participación de los socios con menor peso en la región. También aparecen desniveles políticos, como el “poder benigno” de Brasil en Sudamérica, respecto del liderazgo económico de los EE.UU., como es también la hegemonía (de los EE.UU.) para el NAFTA o Brasil en el Mercosur, lo cual se debe a la distribución de los poderes del sistema de cooperación internacional (pooling sovereignty). Se refleja así la tesis del realismo-neorrealismo, y los países son referentes por su tenacidad en focalizarse en los beneficios cuando el proceso está concluido y no durante su transcurso. Para la integración se requiere de aptitudes y experiencia para abordar problemas de gran escala y un liderazgo que no sólo dirija sino que diseñe y desarrolle nuevas redes de relaciones.

c) Otros factores de la integración Cuando se avanza hacia una interdependencia al margen de lo planteado se lo conoce como el constructivismo centrado en la percepción subjetiva y la construcción individual de la realidad. Según este concepto, serían ante todo las visiones e ideas, como las connotaciones culturales comunes, las que facilitan la integración entre países. El constructivismo asigna “a las ideas un valor más alto que a los intereses más tradicionales” (Grattius, 2004). Así, se refiere a la integración como una utopía a construir y por ende una identidad y nociones culturales influenciando en una mayor interdependencia. Un elemento es el eje bilateral entre dos países que se da como motor y freno de la integración. En la UE, Alemania y Francia constituyen ese eje y en el Merco-

pacio para una nueva gobernanza. La principal y más importante red de municipios creada en 1995, es referente de la integración regional. Posee 230 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú, donde viven más de 80 millones de personas. Es el motor de una institucionalidad que libra dobles embates: la localización de sus políticas, en relación con la mejor distribución del poder y, en el marco de los escenarios multinivel, una controvertida dicotomía centralización-descentralización junto con las fuerzas centrípetas de la globalización que se entrecruzan. Estas escalas subnacionales deben adueñarse de un horizonte abierto y prepararse geoestratégicamente para un contexto que debe estar descentrado de las visiones tradicionales. El municipio se convierte en epicentro de gestión y obliga al replanteo de los modelos de formación de política como punto nodal para el desarrollo, desde una estrategia de welfare local, a partir de las capacidades endógenas y de la voluntad política de defenderlas. La dicotomía Estado-nación se subsume en una génesis institucional que prioriza la comunidad como la mejor construcción colectiva. Es en esta última donde aparece un vasto campo de aprendizajes para el aprovechamiento de fortalezas sociales en su articulación con procesos productivos y en promover inversión y empleo local. Asimismo, una agenda jurídica, política y financiera coherente con sus acciones a fin de contrarrestar los efectos negativos de la globalización mediante el ejercicio político-administrativo de una gobernanza en la cual democracia y sociedad civil fijan una covarianza que abreva en sus propias sinergias. Una renovada organización caracterizada como pluridimensional tendiente a la formación de una entidad por fusión progresiva, junto con los cambios en la esfera internacional, impulsará los países a otro cariz estratégico. Primero, a mirar hacia adentro y desde el territorio, y luego, atender a las fuerzas de la mundialización económica, política y cultural advirtiendo que las lógicas reorganizacionales que se ven en “ciertos” lugares estratégicos (lo local), combinadas con lógicas que rea-

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comodan lo nacional en dos direcciones: en los bloques regionales para tener mayor peso en el contexto internacional y en una refuncionalización del Estado nacional para amortiguar los efectos perversos de la globalización (Sassen, 2010). Se dimensiona la morfología de las redes o asociaciones municipales, fuente de instituciones vinculantes con la gobernabilidad y una coordinación basada en la descentralización. La región discurre en esa dirección y comienzan a ocupar espacios los diversos formatos de asociaciones, en busca de prácticas intermunicipales. No es simple: requiere instituciones con capacidad de decisiones y recursos para afrontarlas y está ligado al sinceramiento tributario y a la coparticipación articulada entre los tres niveles de gobierno para lograr un equilibrio en los servicios brindados y los recursos con los que se cuentan. Cada país tiene lo suyo. En la Argentina, el artículo 123 de la Constitución Nacional dice: “cada provincia dicta su propia constitución. Conforme lo dispuesto por el Artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Aunque en Buenos Aires, por caso, la Carta Orgánica de las Municipalidades no ha sido modificada. Brasil se basa en el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR). En Uruguay, la Ley de Descentralización política y participación ciudadana habilita 120 nuevas alcaldías. Advirtiendo su actual situación, Paraguay, discute su Ley de Descentralización, siendo la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal su principal impulsora y Venezuela, con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del poder público, con diferentes niveles sectoriales. Este es el escenario, en el que los gobiernos municipales desplegarán sus competencias intra e interregionales. La Red Mercociudades es centro de estas dinámicas y su consagración recreará la acción positiva de los gobernantes locales.

EL DEBATE SIGUE ABIERTO Lo expuesto da pie a la trilogía local-regionalglobal, explicando de ese modo un proceso de gobernabilidad multinivel, representado por actores y jurisdicciones con sentido de la desconcentralización y descentralización territorial, articulación pública y privada, mejor imbricación con la sociedad civil, y coordinación institucional. Se sitúan a los procesos de integración bajo presiones transformadoras: el desplazamiento hacia políticas transversales capaces de integrar la complejidad, hacia políticas participativas que pongan pie en aquellos y hacia políticas de inclusión que impulsen cohesión y redistribución.

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Así, el Mercosur tendrá que repensarse a la luz de los nuevos ensamblajes territoriales-gubernamentales, admitiendo que el siglo depara procesos diversos que se materializan, se localizan y dan lugar a diferentes geografías estratégicas del poder y un mejor entendimiento para la construcción de otras estrategias en nuevos formatos: reemplazar los cuatro nacionales por la intercambiabilidad equitativa y sustentable. En sentido contrario y adversamente, parafraseando a Misrha (1997), la integración puede constituirse en un constante arte de salir del paso. ¿Es eso lo que se espera? •

Notas 1 Asociaciones municipales: se conoce la amplia tipología de las mismas. En este apartado se las considera como las diferentes formas con las que los gobiernos (municipales) pueden establecer acuerdos y las responsabilidades, misión y funciones que conllevan. 2 Escala de coordinación: Se trae el ejemplo de Metcalfe incluso aplicado en investigaciones del mismo tema. El objetivo es distinguir formas de coordinación, poniéndolas en una jerarquía que va desde las decisiones ministeriales independientes hasta establecer prioridades o aplicar estrategias globales conjuntas y atravesando las de arbitraje. 3 Paradiplomacia: la incorporación a las actividades internacionales de las instituciones, grupos subnacionales (municipios, estados o regiones). Iniciado luego de la Guerra Fría, adquiere en la última década una expansión significativa acompañada por la descentralización política y económica y la creciente reafirmación del Estado local a estrategias de internacionalización. 4 Armonización/profundización: dos conceptos que se asumen como sinónimos. Sin embargo en la práctica la armonización tiene un grado menor de intensidad y la profundización se basa especialmente en la cooperación; aquella que no requiere coordinador. Bibliografía Gratius, Susanne. 2004. Mercosur y NAFTA. Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración asimétricos. Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIK-GIGA) Hamburgo, Fundación Thyssen. Malamud, Andrés. 2007. “La agenda interna del Mercosur: interdependencia, liderazgo, institucionalización”, en Jaramillo, Grace (comp.), Los nuevos enfoques de la integración: más allá del regionalismo. Quito, FLACSO, Ministerio de Cultura de Ecuador. Mendicoa, Gloria Edel. 2007. Fronteras Abiertas para el Mercosur. Una gobernanza con sentido estratégico y equidad social. Buenos Aires, Espacio Editorial. Metcalfe, Les. 2000. Gestión de los procesos de integración: capacidades de liderazgo, gerencia y coordinación. Instituto Europeo de Administración Pública, Maastricht. Misrha, Ramesh. 1997. El Estado de Bienestar en crisis. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España. Moravcsik, Andrew. 1997. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory International Politic; International Organization Vol. 51, N° 4. Sassen, Saskia. 2010. Territorio, autoridad y derechos, De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales. Buenos Aires, Editorial Katz.

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La reconstrucción del Estado Una mirada a partir del caso argentino POR ANDREA LÓPEZ

Profesora de Historia (UBA), magíster Scientiarum en Administración Pública (UBA), doctoranda de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Su último libro publicado es Crisis y metamorfosis del Estado Argentino: El paradigma neoliberal en los noventa (compiladora junto a Miguel Ángel Rossi).

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n América Latina, con la emergencia de nuevos liderazgos asistimos a un proceso de recuperación de la centralidad de los Estados nacionales como actores político-económicos, a partir del impulso de un conjunto de políticas públicas orientadas, entre otras, hacia el crecimiento económico, la recuperación de la administración de los recursos nacionales, el fortalecimiento del mercado interno, la inclusión social y el proceso de desendeudamiento. Éstas se fortalecieron, además, por el restablecimiento de los acuerdos estratégicos entre los países latinoamericanos a través de la UNASUR. El tema no es menor, si se toma en cuenta que, desde mediados de la década del ‘70, la cuestión de los Estados nacionales fue objeto de un intenso debate ideológico, cristalizado, en el caso de la ortodoxia liberal, en los famosos postulados del “Consenso de Washington”. Dicho “Consenso” (nacido en el año 1989 tras el artículo elaborado por John Williamson para el Institute for International Economics) sostenía que las causas de las crisis latinoamericana derivaban del excesivo crecimiento del Estado, dado el proteccionismo requerido por el modelo de sustitución de importaciones, las empresas estatales numerosas e ineficientes, así como por el “populismo” económico, definido por la incapacidad para controlar el déficit público y

para mantener bajo control las demandas salariales tanto en el sector privado como en el sector público. A partir de estos considerandos, cobraron vida las reformas “estructurales” diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el conjunto de los representantes del establishment financiero internacional, sustentadas en las políticas de desregulación, de privatización de empresas públicas, así como de liberalización comercial y financiera de los mercados que, en sus diversas variantes, se convirtieron en la propuesta central de la agenda en la mayoría de los Estados latinoamericanos. Dichas medidas abonaron al proceso de “construcción política de la debilidad estatal” donde “(…) el cometido de la política económica consistiría (…) en administrar de la mejor manera posible el único tipo de organización socioeconómica y la única modalidad posible de articulación externa: la realmente existente” (Vilas, 2001: 17). En este derrotero, la opción tecnocrática se fue convirtiendo en la opción política de los gobiernos de las últimas décadas, y en ese sentido, el caso argentino ha sido paradigmático, sobre todo si se lo compara con el resto de América Latina. A modo de ejemplo, basta con recordar el modelo privatizador de la Argentina de los ‘90, cuyo alcance

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cuantitativo y cualitativo superó radicalmente las iniciativas llevadas a cabo en México y Brasil, donde el sector petrolero fue privatizado parcialmente, o en Colombia y Chile donde los gobiernos conservadores mantuvieron respectivamente los yacimientos petroleros y la explotación del cobre bajo el control del Estado. En rigor, el aludido proceso de debilitamiento estatal no podría comprenderse en la Argentina sin desentrañar los criterios rectores que imperaron en el Estado tras la política económica instaurada con la dictadura militar de 1976. Si hasta ese momento el Estado tenía un alto poder de decisión, ya que fijaba la tasa de interés y el tipo de cambio, aplicaba retenciones y aranceles, establecía los precios internos, intervenía en la fijación de salarios, y, a través de las empresas públicas, tenía un enorme papel en la inversión productiva, el nuevo esquema de apertura, especulación financiera, endeudamiento externo y disciplinamiento social que se impone a partir del golpe del ‘76 refunda estructuralmente las relaciones Estado-sociedad, consolidando un nuevo proyecto dominante. Desde aquí impera entonces la idea (aportada por Foucault) de un “Estado mínimo y una gubernamentalidad máxima (…) en la cual el Estado está bajo la vigilancia del mercado” (Rossi y Blengino, 2011: 21). Durante la década del ‘90, en pleno auge del neoliberalismo, tuvo lugar la profundización de las transformaciones implantadas bajo el terrorismo de Estado, a partir de la formulación de dos acuerdos troncales: el acuerdo externo, definido por las políticas de los Estados Unidos hacia América Latina con relación a la deuda externa, que se cristaliza en el Plan Brady, y el acuerdo interno, signado por la privatización generalizada de las empresas públicas, que cumplió el doble rol de proveer recursos para el pago de la deuda y, simultáneamente, conformó mercados rentables para el empresariado más concentrado de carácter local y transnacional. En este marco, más que apreciarse un Estado “ausente” pudo observarse el alto grado de adaptación e involucramiento de las instituciones y funciones estatales al servicio de las nuevas condiciones de acumulación del capital. En la actualidad, como sostiene García Linera (2010), la reposición de la soberanía de los Estados latinoamericanos sobre los recursos estratégicos y sobre el uso del excedente económico los ha dotado de una mayor capacidad para conducir los procesos contemporáneos de distribución de la riqueza, de potenciamiento económico y de mejora del bienestar de las poblaciones, siendo el manejo del presupuesto público una dimensión de análisis central para evaluar en qué medida se ha propiciado una mutación del “Estado como correlación de fuerzas” (García Linera, 2010). En este sentido, y en lo que concierne al caso argentino, el nuevo rumbo de la política económica y social iniciado en el año 2003 tiene

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BAjO LA HEGEMONÍA DEL NEOLIBERALISMO EN LA ARGENTINA, LOS SUCESIVOS GOBIERNOS TERMINARON INCREMENTANDO EL GASTO PúBLICO y REEDITANDO EL DESEQUILIBRIO FISCAL, POR NECESIDADES DE NATURALEZA MUy DIFERENTE A LAS QUE SEñALA LA VISIóN LIBERAL.

su expresión en el presupuesto nacional, en tanto reflejo de las decisiones públicas prioritarias asumidas por los gobiernos de la época y de sus impactos concretos sobre la sociedad civil.

EL GASTO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA POLíTICA: SUS TRANSFORMACIONES EN LA ARGENTINA A PARTIR DE 2003 Bajo la hegemonía del neoliberalismo en la Argentina, los sucesivos gobiernos terminaron incrementando el gasto público y reeditando el desequilibrio fiscal, por necesidades de naturaleza muy diferente a las que señala la visión liberal. En efecto, no fueron el aparato del Estado de Bienestar, ni la cantidad ni el salario de los agentes públicos los “responsables” del “abultado” gasto estatal. Como se analizara en López y Zeller (2012), las dos finalidades con mayor incidencia en el gasto público nacional durante la década de los ‘90 fueron los servicios sociales y el servicio de la deuda pública. A propósito del primero, no puede dejar de considerarse cómo afectó al vaciamiento de las prestaciones de la seguridad social la rebaja de los aportes patronales y la re-

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EL PROBLEMA DE LA DEUDA PúBLICA SIGUE IMPACTANDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL ESTADO DE MANERA CONSIDERABLE.

forma previsional del año 1994, además de las transferencias de las Cajas Provinciales, llevando al Estado nacional a cubrir el déficit con aumentos de impuestos, reducciones en los salarios y en las jubilaciones y con mayor deuda, a tasas crecientes. En cuanto al segundo, para el año 2001 la deuda pública llegó a representar un 22% del gasto por finalidad, mientras que el pago de sus intereses creció (como porcentaje del PBI, entre 1992 y 2000) un 70%. A diferencia, los gastos vinculados con la administración gubernamental, la educación, la ciencia y la tecnología representaban menos del 15% del total de las erogaciones, en tanto que el gasto en inversión pública era casi nulo (desde 1993 ocupaba el último lugar), como resultado del aumento de los subsidios al capital concentrado y por efecto de las privatizaciones. En este contexto, la política de expansión del gasto estuvo destinada, principalmente, a cubrir la pérdida de ingresos del sistema previsional y a pagar los intereses de la deuda, con el consiguiente deterioro de las funciones del Estado orientadas a la promoción del desarrollo económico, educativo, tecnológico y social. Frente al escenario de crisis abierto en el año 2001

tras el colapso de la convertibilidad, y luego de una primera etapa destinada a contener con medidas de emergencia las gravísimas consecuencias económicas y sociales, las transformaciones operadas a partir de la asunción del presidente Néstor Kirchner, en mayo de 2003, y que tendrán continuidad con la sucesión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, expresan un cambio significativo en las prioridades de asignación del gasto público, en lo que refiere a educación, ciencia y tecnología, desarrollo de infraestructura económica e inclusión social, en un contexto de solvencia fiscal que refuta la supuesta ineficiencia estatal congénita, declamada en la década de los ‘90. Bajo un marco de crecimiento económico sostenido (con una tasa anual acumulativa entre 2002 y 2010 del 7,6%), el superávit primario promedió (entre los años 2003 y 2010) casi tres puntos del PBI, siendo determinante el incremento de los recursos (vía retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque, mayores ingresos por reactivación económica y por expansión del empleo registrado, entre otros) como la mayor eficiencia de las entidades recaudadoras (Cifra-CTA, 2011). Estas metas fiscales apuntalaron el proceso de inclusión social, como lo demuestra el predominio del gasto en servicios sociales, que absorbe más del 60% del gasto total. Junto al viraje estratégico que implicara la reestatización de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFJP) en el año 2008, aquí cobra preponderancia la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de jubilaciones y pensiones, que al año 2010 alcanzaba a más de 2 millones de personas y el paulatino aumento de los haberes jubilatorios, en los términos fijados por la ley de Movilidad Jubilatoria, además de la implementación de la Asignación Universal por Hijo a partir del año 2009, que involucra a más de 3.500.000 niños y adolescentes. Por su parte, la evolución constante del gasto en educación y en ciencia y tecnología ha sido otra de las prioridades de las políticas gubernamentales del período, implicando (para el año 2010) el 6,47% del PBI. En materia de educación, las partidas presupuestarias sustentan en su mayor parte los objetivos planteados en las leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional y de Educación Técnica, junto con los recursos destinados a las universidades públicas nacionales (nueve de ellas de reciente creación). En ciencia y técnica cobra relevancia la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la política activa de fomento al desarrollo científicotécnico, puesto en evidencia en organismos como el CONICET que, para el año 2009, contaba con 5.800 investigadores y 7.200 becarios, alcanzando un récord histórico en lo que refiere a la incorporación de científicos. Los gastos de capital conforman otro de los rubros decisivos para las políticas públicas encaradas desde el

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2003, particularmente en el campo de la inversión real directa (obras viales, corredores ferroviarios, obras de agua potable y saneamiento, inversiones de las empresas públicas, entre otras), sumado a las transferencias de capitales a provincias y municipios para el financiamiento de la inversión real. Su participación en el gasto público total pasó de representar un 5,32% en el año 2003 a un 14% para el 2010, con marcados incrementos hacia fines de los años 2008 y 2009, en tanto respuesta contracíclica para paliar los efectos de la crisis mundial sobre la Argentina. Asociado a estos propósitos, la reestatización de varias empresas de servicios públicos, (AySA, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, etcétera), y la puesta en marcha de nuevas empresas públicas (ENARSA, ARSAT, etcétera) permitieron llevar la participación de inversión pública total en el año 2010 al 5% del PBI, mientras que en el año 2003 sólo representaba el 1,3% (López y Zeller, 2012). Asimismo, el proceso de renegociación de la deuda externa implicó una reducción significativa en materia de gasto público. Mientras que en el año 2002 el endeudamiento del sector público nacional representaba casi el 150% del PBI, en el año 2010 el porcentaje retrocede al 44,6%. Sin embargo, pese a la disminución de su peso presupuestario (del 22,62% del gasto total por finalidad en 2003 al 9,8% en 2010) y a que no se ha contado con nuevos aportes provenientes de los organismos multilaterales de crédito, el problema de la Deuda Pública sigue impactando en los desembolsos del Estado de manera considerable. Los actuales contribuyentes deben destinar alrededor de un 10% de sus erogaciones para pagar deudas originadas por gobiernos anteriores, limitándose (así también) una mejora en la distribución del gasto hacia otras finalidades. Estos indicadores afianzaron la expansión del sector productivo nacional y del mercado interno, acompañado por la creación, en el período 2003-2008, de 2,76 millones de empleos, sin contemplar los planes de empleo del gobierno nacional (Ministerio de Economía, 2010). Si bien la crisis financiera internacional del año 2009 afectó al proceso de crecimiento que fuera liderado por la Argentina entre los países de la región, la decisión de aumentar el gasto público (aunque generó un resultado fiscal levemente deficitario) permitió minimizar los efectos negativos sobre el empleo, el consumo y el nivel de actividad. De igual modo, la respuesta a la perduración del escenario de crisis mundial trajo aparejadas, entre otras, dos decisiones políticas nodales en términos de recuperación de la soberanía económica, como son la reestatización de yPF y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otorgándole al Estado un papel central en el diseño de una estrategia nacional de desarrollo, y no limitado, como antaño, a administrar los intereses de los sectores más poderosos.

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SI BIEN LA ARGENTINA LOGRó REDUCIR SU TASA DE DESEMPLEO A UN DÍGITO y BAJAR LOS NIVELES DE POBREZA E INDIGENCIA, LOS TRABAJADORES APROPIAN EN LA ACTUALIDAD UNA PORCIóN INFERIOR DEL INGRESO QUE A COMIENZOS DE LA DÉCADA DEL ‘90.

REFLEXIONES FINALES En el caso argentino, las políticas que han sido dominantes en la orientación del gasto expresan una nueva articulación de fuerzas en la esfera pública y sus resultados son una manifestación del reintegro y de la ampliación de derechos sociales logrados a partir de un proceso (todavía inconcluso) de descolonización del Estado, a través de la expropiación de recursos materiales y simbólicos a los factores tradicionales de poder. La construcción de un proyecto político (y no de un “modelo”, como bien resalta Alfredo Zaiat) al margen del ajuste fiscal, el endeudamiento externo y los dictámenes de los organismos financieros internacionales entra en colisión con aquellos sectores anclados históricamente, o bien en la opción devaluatoria, o bien en la opción especulativa para reforzar su posición dominante. De igual modo, el mantenimiento del superávit comercial, el crecimiento del volumen de reservas del BCRA, el control sobre el dólar, sobre las importaciones y sobre la remisión de utilidades para superar la restricción externa vulnera el poder de veto indiscutido que durante décadas ha poseído la gran burguesía local sobre el manejo de las políticas públicas, y que minaba la legitimidad que los gobiernos obtenían en las urnas. Como efecto de los cambios descriptos, a lo largo del período 2003-2010 el gasto público nacional registró un aumento, en términos del PBI, del 15,6% al 24,1%. Dicha cifra, si bien es considerable, debería incrementarse aún más, dado que, a contramano de lo que sostiene la or-

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todoxia neoliberal, la mayor intervención del Estado en la economía es condición necesaria (aunque no suficiente) para garantizar una mayor equidad en la distribución del ingreso (Kestelboim, 2011). En este propósito, si bien la Argentina logró reducir su tasa de desempleo a un dígito y bajar los niveles de pobreza e indigencia, los trabajadores apropian en la actualidad una porción inferior del ingreso que a comienzos de la década del ‘90 (CIFRA/CTA, 2011). Por tal motivo, los desafíos pendientes atraviesan distintas problemáticas, como son la reforma tributaria, la reforma financiera, la regulación de la tasa de ganancia de los grandes conglomerados, el combate del empleo informal (que aún comprende a un tercio de los trabajadores), el déficit de vivienda y de acceso a los servicios esenciales, el aumento de inversión en el sistema de transporte público (y, en el caso del ferroviario, su inmediata reestatización) y la reducción de los niveles estructurales de pobreza, entre las más urgentes y significativas. Claramente, la respuesta a estas demandas excede el plano de la economía y será en el terreno de la política y del Estado que ella construye (Bresser Pereira, 2010) donde se definirá la consolidación del nuevo curso histórico de alcance popular, democrático y latinoamericano. •

Bibliografía Bresser Pereira, Luiz Carlos (2010). Nação e sociedade civil na construção política do Estado. Trabajo presentado en el 7º Encuentro de la Asociación Nacional de Ciencia Política, Recife, 47 de agosto. Disponible en http://www.bresserpereira.org.br/ CIFRA/CTA (2011). “El nuevo patrón de crecimiento: Argentina 2002-2010”. Informe de Coyuntura Nº 7, Mayo. Buenos Aires. García Linera, Álvaro (2010). “La construcción del Estado”. Conferencia dictada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9/4/2010. Disponible en http://cidac.filo.uba.ar Kestelboim, Mariano (2011). “Los obstáculos del antidesarrollismo”. En Robba, Alejandro y Fraschina, Juan (comp.). Los dos modelos económicos en disputa. Buenos Aires, Prometeo. López, Andrea y Zeller, Norberto (2012). “Estado y Administración Pública: La composición del gasto público durante el período 2003-2010”. Documento de Trabajo. N° 10, INAP, Dirección de Investigaciones. Buenos. Aires, INAP. Rossi, Miguel A. y Blengino, Félix (2011). “La lógica del neoliberalismo a partir de la interlocución de Immanuel Kant y la impronta de Michel Foucault”. En Rossi, Miguel y López, Andrea (comp.). Crisis y metamorfosis del Estado Argentino: El paradigma neoliberal en los noventa. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. Vilas, Carlos (2001). “La Piedra en el Zapato: Estado, Instituciones Públicas y Mercado”. Buenos Aires, Mimeo. Zaiat, Alfredo (2012). “Proyecto Político”. En Página/12. Buenos Aires, 2 de septiembre.

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Nacionalismo y transformaciones petroleras recientes La expropiación de yPF en contexto POR ESTEBAN SERRANI

Sociólogo (UBA), magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA) y candidato a doctor en Ciencias Sociales (UBA). Becario doctoral del CONICET. Profesor en las Carreras de Sociología de la UBA y de la UNSAM. Ganador del Concurso de Tesis inéditas de Maestría 2011 organizado por la Fundación TAEDA, para estimular la producción académica sobre los recursos naturales como valor estratégico en la República Argentina. Participó del proyecto de investigación La industria petrolera mexicana: hacia un mejor gobierno de PEMEX, radicado en el Centro de Estudios Internacionales del COLMEX.Autor del libro Educación, financiamiento y desarrollo (OEI, 2009) en coautoría con Diego Filmus y de Historia de una privatización. Cómo y porqué se perdió yPF, junto a Mariano Barrera e Ignacio Sabbatella (Capital Intelectual, 2012). Publicó diversos trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre cuestiones vinculadas a la sociología del desarrollo, del Estado y de la industria petrolera.

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as transformaciones en curso en el ámbito petrolero nacional reflejan la revitalización del fundamental rol estatal para la planificación y el desarrollo económico. Luego de veinte años de reformas estructurales en la industria petrolera, que incluyó la venta de la empresa estatal más importante de nuestra historia, yPF, las recientes leyes y decretos sancionados son un intento de revertir la tendencia neoliberal en el ámbito de los hidrocarburos, que consiste en la completa desregulación del sector. En octubre de 2011, con la sanción del decreto 1722/11 se inició el camino para finalizar los privilegios institucionalizados en el proceso de acumulación de capital de las empresas petroleras. Allí se las obligó a liquidar en el mercado cambiario local la totalidad de las divisas que generaran en sus exportaciones. La razón que motorizó la política no era menor, ya que las proyecciones de fuga de capitales para ese año estimaban alcanzar el record histórico de 2008, cercano a los 23.165 millones de dólares (casi la mitad de las reservas del Banco Central). Sin embargo, no sería hasta los primeros meses del siguiente año cuando, luego de que el partido de gobierno, el Frente para la Victoria, lograra una amplia mayoría electo-

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ral en las elecciones presidenciales, con más del 54 por ciento de los votos válidos, se sancionarían las leyes trascendentes para revertir la organización promercado de esta industria. En mayo de 2012, y con amplia mayoría de ambas cámaras de legisladores, se aprobó la ley 26741 de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina. Allí se declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de yPF S.A. y Repsol yPF Gas S.A., al tiempo que se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos. Asimismo, en junio de 2012 se sancionó el decreto 1277/12 que reglamenta la ley anterior y, entre otras cuestiones, dispone la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta comisión, entre sus tareas más importantes, busca asegurar y promover las inversiones necesarias para garantizar el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, como también establecer medidas de referencias para controlar los precios internos (que hasta hoy son fijados por la lógica del funcionamiento oligopolizado de las firmas privadas). En esta dirección, ¿qué relación tiene este nuevo andamiaje legal en el sector petrolero argentino con la di-

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námica de esta industria en el resto de los países petroleros latinoamericanos? Las medidas de recuperación del rol activo del Estado en la administración de los resortes de la acumulación de esta industria, ¿son la regla o la excepción en nuestra región? El trabajo intenta poner en el contexto continental las últimas tendencias de la industria petrolera, para comprender los procesos de toma de decisiones estatales. Además, pretende analizar las perspectivas a futuro en el desarrollo de una industria estratégica (como lo es la hidrocarburífera en particular y la energética en general) para lograr el tan ansiado desarrollo económico nacional.

REFORMAS DE MERCADO Y METAMORFOSIS PETROLERA. AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO DE LAS NUEVAS IDEAS A diferencia de los ‘80, a la década de los ‘90 no la precedió un escenario de precipitada suba de precios, una fuerte incorporación de nuevos capitales a la industria petrolera, como tampoco un proceso de sustantivos cambios tecnológicos, ni un aumento de la extracción. Por el contrario, parte central del escenario durante los ‘80 estuvo marcado por una caída programada de la inversión, por la desaparición de aquellos pozos menos productivos, así como por un cambio en las relaciones de poder entre las empresas privadas (el cartel de las ex 7 Hermanas1) y la emergencia de las petroleras estatales, mayoritariamente nucleadas en la OPEP. En efecto, durante los ‘90 se mantuvo una tendencia cíclica declinante en los precios internacionales del crudo, no obstante la fase de recuperación que mostró en algunos meses de los dos primeros años de aquella década, a partir del conflicto bélico entre Irak y Kuwait. Esta tendencia cíclica a la baja en los precios internacionales del crudo, asociado a la creciente financiarización de la economía global, trajo aparejados profundos desequilibrios económicos, presupuestarios y financieros para los países exportadores (con especial acento en los latinoamericanos, como México y Venezuela). Esta situación global terminaría en el abrupto descenso de precios de 1998-1999, situación que llevó a los principales países exportadores de la OPEP a firmar acuerdos para reducir la extracción de crudo, y con ello, intentar frenar la caída. En este sentido, el año 2000 ha traído una nueva forma de relación entre el mundo de las finanzas y el conjunto mayoritario de las materias primas de exportación. Durante esta década se ha dado un shock de demanda impulsado por una nueva categoría de participantes del mundo financiero, que son los “inversores institucionales” (Masters, 2008). Éstos están compuestos mayoritariamente por fondos corporativos de pensiones, sovereign wealth funds, fundaciones universitarias u otros tipos de fondos inversores, y a los que Michael Masters2 denomina

“especuladores de índices” (index speculators3), han corrido una parte de su cartera sobre los contratos a futuro de los principales commodities, impactando decididamente sobre la inestabilidad y fragilidad de sus precios. Ahora bien, la septuplicación del precio del petróleo durante el año 2000 respecto a la década anterior, que llegó a su peak en julio de 2008 cuando la cotización del barril de crudo alcanzó los 145 dólares, intentó ser explicada por la creciente demanda de las potencias industriales emergentes, especialmente China. Lejos están estas interpretaciones respecto del real motivo de la escalada del precio del crudo en la década. Fue a partir de las crisis de las llamadas “acciones tecnológicas”, producto del crash de las empresas “puntocom” y de una tendencia a la baja en las tasas de interés real en los Estados Unidos entre 2001 y 2006, que el rendimiento de los bonos clásicos de las colocaciones bursátiles dejó de resultar atractivo. Es por ello que los mayores inversores institucionales se volvieron “especuladores de índices”, volcando una buena porción de sus activos a los mercados a futuro de commodities. Más que por un desequilibrio entre oferta y demanda, el arribo de este tipo de inversiones, sumado a la incertidumbre y los “rumores” respecto a estos mercados, fueron los que terminaron afectando los precios del crudo en el mercado internacional. En este contexto internacional se produjeron las grandes transformaciones nacionalistas en los principales países petroleros de la región. Así, el progresismo latinoamericano de los 2000 significó un cambio sustantivo en las formas típicas de relación entre Estado y capital, propias del neoliberalismo. Sobre todo, acentuada en la recuperación de la activa participación estatal en la economía, que le permite ampliar la captación de la renta originada en las actividades derivadas de la explotación e industrialización de los recursos naturales. Sin lugar a dudas, particularmente en América del Sur, existe una correlación entre gobiernos progresistas y resurgimiento de pasados nacionalismos petroleros, propios de la etapa de fortalecimiento de la industrialización acelerada continental, que permitió el nacimiento y la consolidación de las grandes petroleras estatales. En este sentido, para situar en perspectiva la dinámica de la industria petrolera argentina, vale realizar un breve repaso por las últimas experiencias más significativas.

BRASIL Los sucesos políticos-petroleros ocurridos en Brasil, especialmente los vividos por el Partido de los Trabajadores (PT) en la última década, constituyen un caso de singular relevancia para comprender la relación entre progresismo político y transformaciones petroleras con un evidente sesgo nacionalista.

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A pesar de la liberalización del sector, iniciada en 1995 con la aprobación de la Enmienda Constitucional Nº 9 y la ley del Petróleo de 1997, el Estado nacional siguió teniendo control sobre la industria y mayoría accionaria sobre su petrolera estatal. A comienzos de la década, más precisamente durante 2002, fuertes discusiones sobre la forma de apropiación de la renta petrolera se dieron entre los dos grandes partidos que aspiraban a gobernar Brasil a partir de 2003: el PT y el Partido de la Social Democracia Brasileña (Sauer et al., 2010). La propuesta de la Social Democracia fue la que logró imponerse. La misma planteaba la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de concesiones y contratos de exploración-explotación en asociación con Petrobras, pero con un estricto control estatal para apropiarse de gran parte de la renta originada (Sauer et al., 2010). Esta discusión se dio durante la campaña para las elecciones de 2003 y en medio de las Rodadas de Licitações de Blocos promovidas pela ANP, abiertas en 1999, apenas año y medio después de la desregulación del sector. En las rodadas participaron un conjunto de empresas privadas (nacionales y trasnacionales) junto a Petrobras, en un régimen de libre competencia. Sin embargo, más allá de la liberalización, en esas rondas el Estado nacional protegió sus intereses soberanos, cuando la ANP autorizó a Petrobras a quedarse con una gran parte de las áreas descubiertas por la inversión estatal y que incluían las mayores reservas probadas, que se llamó “Ronda Cero”4. Más allá de la apertura de las concesiones, los operadores privados evitaron concesionar en soledad los grandes yacimientos licitados (Serrani, 2012). Evidentemente, la apertura no habría logrado parte de su cometido: mayor competitividad que abundaría en un incremento del rendimiento del sector petrolero, ya que la mayoría del riesgo empresario lo siguió (y sigue) asumiendo el Estado a través de Petrobras. Resultado de esta estrategia de riesgo de larga data fueron los descubrimientos de petróleo hechos en el pre-sal, uno de los más grandes hallazgos tecnológicos realizados en el sector global de los últimos años. Un consorcio conformado por Petrobras (65% del consorcio), BP Group de Inglaterra (25%) y Petrogal de Portugal (10%) descubrió en 2007 en el campo Tupi el primer gran hallazgo de pre-sal a 18.000 pies por debajo de la superficie del océano, bajo una gruesa capa de sal. Luego del primer descubrimiento en Tupi, llegaron buenas nuevas en los campos de Iracema, Santos, Campos y Espíritu Santo. Las estimaciones al respecto son muy variadas, pero según la EIA, el total de reservas de hidrocarburos rondaría los 50 mil millones de barriles de petróleo.

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En efecto, los descubrimientos del pre-sal son la sedimentación de un largo proceso de inversión pública en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de riesgo en exploración petrolera, que han transformado a Brasil en un actor regional de sumo peso, y con fundadas perspectivas de inserción global. Pero por sobre todas las cosas, refleja los resultados de una larga y sistemática inversión estatal en la búsqueda de nuevas innovaciones de frontera, como la decisión de Lula y el PT de brindarle a su empresa de bandera la soberanía en el desarrollo de sus recursos naturales estratégicos.

VENEZUELA Si bien Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en diciembre de 1998, no fue hasta dos años después que declararía a su gobierno como un “socialismo del siglo XXI”. Esto ocurrió luego de visitar protocolarmente la República de Cuba. Sin embargo, recién con el segundo mandato de seis años (logrado en la reelección de 2006) se profundizó la presencia estatal en el conjunto de la economía, con la nacionalización de un conjunto de empresas de variados sectores, fundamentalmente electricidad, telecomunicaciones y siderúrgicas. Con respecto a los hidrocarburos, Chávez sí tuvo una inmediata intervención estatal orientada a profundizar el control público sobre PDVSA, la industria y la renta. En este sentido, inició una profunda restructuración del mercado a partir de un cambio en los marcos regulatorios petroleros, que se extendieron por un lapso de dos años, al inicio de su primer mandato constitucional. En 1999 reformó la ley y el régimen fiscal del gas; mientras que en el año 2000 avanzó sobre su reglamentación, la Constitución Nacional, la ley del Petróleo y el régimen fiscal petrolero (Mora Contreras, 2006). La reforma constitucional incorporó en su artículo 12 el derecho de propiedad estatal sobre los yacimientos, ya que si bien así eran entendidos en los contratos de concesión concretados a lo largo de los años, no había sido incorporado a la carta orgánica nacional; también añadió la reserva estatal sobre la actividad petrolera y otras industrias referidas-articuladas, como un recurso que redunda en un beneficio para su nación (artículo 302). En esta dirección, en 2001 se sancionó el Decreto con Fuerza de ley Orgánica de Hidrocarburos (Nº 1510)5 que en virtud del texto constitucional cercioró la propiedad estatal en el conjunto mayoritario de las actividades del mercado primario (explotación, extracción y transporte) como en las del mercado secundario: el proceso propio de industrialización, es decir, refinación y gran parte de la comercialización final de combustibles líquidos (Mora Con-

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MÉXICO

treras, 2006). Asimismo, el Estado nacional se aseguró una participación de más del 50% en las empresas mixtas dedicadas a las actividades del mercado primario, mientras que en el mercado secundario no existen límites a la participación privada. Además, el Estado profundizó su intervención sobre la renta petrolera, al aumentar hasta un 30% las regalías sobre la extracción de cualquier yacimiento nacional (artículo 44)6. A partir del decreto Nº 1554-2001, fijó una tasa a la renta de 50% sobre las empresas que estén en los segmentos tanto de explotación como de refinación y transporte, eliminando la tasa de 67,7% que regía a los ingresos netos de las firmas privadas del sector (Campodónico, 2004). En 2006, se modificó parcialmente el decreto 1510 para convertir en empresas mixtas a 32 convenios operativos constituidos entre 1990-1997, y que habían sido declarados ilegales en 2005 (Fontaine, 2010). Un año más tarde, el Estado recuperó la mayoría accionaria sobre todos los convenios de asociación de la Faja del Orinoco y en los demás convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas. Sin lugar a dudas, las transformaciones sobre el marco regulatorio y sobre los convenios de asociación con empresas privadas puso fin al monopolio estatal ejercido a través de PDVSA, abriendo formalmente la industria a la iniciativa privada, con especial incentivo en el mercado secundario. Sin embargo, a pesar de cierta apertura y de la conformación de un sistema mixto de explotación de los recursos naturales petroleros venezolanos, el Estado siguió teniendo el control estratégico sobre la dinámica de la industria y una participación sobre la renta, que sobrepasa el 50% y que está en línea con los históricos acuerdos fifty-fifty de repartición de la renta.

Quizás la experiencia a contramarcha más significativa de la región sea la desarrollada por México. Luego de 71 años corridos de gobierno del Partido Revolucionario Institucionalizado (PRI), y de adoptar (con posterioridad a la crisis de la deuda de 1982) un giro cada vez más marcado hacia la derecha neoliberal, llegaría al poder el Partido Acción Nacional (PAN), que desde los años ‘40 se había constituido en una alternativa política de derecha al PRI. Años después de la reforma petrolera impulsada por el PRI en 1992, ésta sería duramente cuestionada por la presidencia del panista Vicente Fox (2000-2006), aunque en su sexenio no pudo (o no supo) impulsar una nueva reforma para el monopolio del Estado sobre el petróleo, ni para la gestión económica de Pemex sobre la industria. Sin embargo, profundizando las políticas del Consenso de Washington, en 2008 el PAN impulsó, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), una amplia reforma del régimen petrolero. En definitiva, más allá de las disputas entre los tres fuerzas mayoritarias (el PAN, el PRI y el Partido Revolucionario Democrático), los resultados de las reformas significaron un sustantivo esfuerzo de los principales partidos políticos por llegar a un entramado jurídico legal consensuado, lo cual lo transformó en un triunfo en sí mismo ante la atenta mirada de la opinión pública. Por un lado, se amplió la participación de la Auditoria Superior de la Federación, se eliminaron los “Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto” (Pidiregas)7 y se le dio mayor autonomía de gestión a Pemex respecto al Ministerio de Hacienda Nacional, tal como reclamaba el PRD, principal opositor a las reformas. En la ley resultante, se eliminaron los artículos referidos a la apertura comercial y el accionar del capital privado en las áreas de transporte, distribución y almacenamiento de crudo. También se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos para controlar la administración del sector energético en general, como reclamaba el PAN. Por último, se incorporaron los cambios en la administración federal de los contratos de obras públicas de PEMEX en relación con el mandato constitucional, a propuesta del PRI (Rousseau, 2010: 279-293). Si bien se lograron avanzar en aspectos sustantivos referidos a la gestión y transparencia de la gestión de la industria, el legado constitucional de 1938 respecto a la soberanía nacional sobre los recursos y al monopolio estatal en la industria no fue alterado y sigue dominando la organización del sector.

LA EXPROPIACIÓN DE YPF EN CONTEXTO El repaso por las recientes experiencias latinoamericanas sobre la organización de la industria petrolera

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muestra la reaparición de una renovada actualización de los imaginarios nacionalistas, originados durante el modelo de industrialización tardía sustitutiva. Al mismo tiempo, refuerzan el conocimiento sobre la trascendente importancia de contar con una fuerte intervención estatal para mejorar los mecanismos que permiten ampliar la captación pública sobre la renta económica originada en las actividades propias de la explotación de los recursos naturales. Finalmente, ilustra sobre el provecho de disponer de instrumentos jurídicos, políticos y económicos suficientes para controlar los resortes de la acumulación de esta industria, como para disciplinar al capital en términos de hacer cumplir los niveles comprometidos de extracción, inversión y precios. y en todos estos casos, esos instrumentos más idóneos fueron la disposición de una petrolera estatal

Notas 1 Por 7 Hermanas, se entiende a la agrupación informal de las siete petroleras privadas más grandes del mundo, Exxon, Mobil, Chevron, Gulf Oil, Texaco, Shell y British Petroleum, que organizaron oligopólicamente la dinámica del mercado petrolero internacional desde la década del ´20 hasta por lo menos los ´70 (cuando a partir de las crisis de 1973-74 y de 1979-1981 vieron mermar su exclusiva hegemonía en el ámbito internacional). 2 Michael Masters es Managing Member y Portfolio Manager de Masters Capital Management, LLC. El 20 de mayo de 2008 testificó frente al Committee on Homeland Security and Governmental Affairs del Senado de los Estados Unidos, denunciando que los altos precios de las materias primas (especialmente el petróleo) eran, al menos en parte, resultado de la especulación de los grandes fondos financieros. 3 Con “índices” hace referencia a la evolución de los precios de referencias de las principales commodities o materias primas, organizados por las grandes financieras internacionales, como ser Goldman Sach, Standard and Pool, Dow Jones, AIG, etcétera. 4 Fue en la llamada “Ronda Cero” que el Estado brasileño definió y reaseguró el rol protagónico de la petrolera estatal. Una vez que estuvo consolidada la ley del Petróleo de 1997, la ronda cero de agosto de 1998 ratificó los derechos de Petrobras sobre una gran porción de los yacimientos petroleros públicos en la forma de contratos de concesión. Fueron un total de 115 bloques de exploración y áreas de desarrollo en los que la empresa ya había invertido, referentes a 282 campos de producción en desarrollo de la empresa y que cubrían un área superior a los 450.000 km2 de superficie. Información suministrada por la ANP. Disponible en: http://www.anp.gov.br/?pg=49511&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps =&cachebust=1312222976734 último acceso: 3 de julio de 2011. 5 Que entró en vigencia el 1° de enero de 2002. 6 Siempre y cuando no se demuestre que los yacimientos no sean económicamente explotables, por ser maduros y de petróleo extra pesado. En este caso, la regalía bajaría a un 20 por ciento (Campodónico, 2004). 7 En diciembre de 1995, el Congreso reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la Ley General de Deuda Pública, permitiendo un nuevo mecanismo de endeudamiento para Pemex y la CFE, llamado Piridegas. Este esquema, creado durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, tiene por finalidad ser un medio para realizar inversiones en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

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integrada en todos los segmentos de la industria, tanto con capacidad para ejercer presión sobre las firmas privadas como para dinamizar los procesos necesarios para gestionar las dificultades propias del sector. En este sentido, los últimos pasos tomados en la Argentina en materia petrolera, como la sanción del decreto 1722/11, la expropiación del 51% del capital de yPF, la ley de Soberanía Hidrocarburífera y el decreto 1277/12, lejos de ir a contramarcha de la historia regional, se ponen a tono con las recientes experiencias latinoamericanas. En la actualidad, este nuevo andamiaje institucional es un intento de revertir la lógica promercado que primó en la organización de una industria estratégica para el desarrollo económico nacional desde su completa desregulación, en 1991. Sin lugar a dudas, la expropiación de yPF no es un fin en sí mismo, sino tan sólo un primer paso para desandar el largo camino neoliberal. La lista de los múltiples desafíos a resolver es casi inagotable; los riesgos, encumbrados y encaramados. Pero la historia no se transforma sin coraje político ni sin alterar privilegios económicos. Debemos estar a la altura de la historia. •

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El debate sobre el trabajo en América Latina POR MARTA NOVICK

Profesora titular de Sociología del trabajo de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Se desempeña como investigadora del CONICET y es actualmente Subsecretaria de Programación técnica y estudios laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

ecientemente, en un seminario latinoamericano, Fernando Calderón (sociólogo, docente de FLACSO y ex secretario ejecutivo de CLACSO) hizo algunas referencias sobre América Latina que me hicieron reflexionar y que me parecen interesantes de incorporar en este artículo antes de entrar en el objetivo específico que es hablar del trabajo en América Latina, región que está atravesando, “un nuevo clima de época” tanto en materia de políticas públicas, de inserción internacional, como de empleo y trabajo. Calderón marca que estaríamos en presencia de un nuevo ciclo histórico y quizás de desarrollo que descansa, por un lado, en el fracaso (por los resultados) de las políticas neoliberales y conservadoras que se dieron en la región y por la emergencia de un conjunto de líderes “carismáticos” que encarnan una nueva etapa que, aunque naturalmente heterogénea, sin embargo, presenta rasgos comunes y desafíos que también lo son. Los rasgos centrales comunes estarían sentados en la recuperación del Estado en tanto articulador con la sociedad, con la economía y, en particular, con el manejo de sus recursos naturales, pero también como factor de integración nacional (la Fiesta del Bicentenario en la Argentina es un ejemplo claro de ello) y de integración social a partir de la educación (en la mayoría de los países en el aumento de su cobertura o, como en el caso argentino, la extensión en los años de escolaridad obligatoria). Pero también, y muy importante, una nueva recuperación del valor de la democracia, que había quedado muy deslegitimada a partir del aumento de la inequidad, de la pobreza, desempleo y precariedad de la década de los ’90, a la que podemos caracterizar como la década del aumento de la segmentación y la desigualdad en la región. 1 Este nuevo proceso, rico, aunque plagado de contradicciones y desafíos, es acompañado en los últimos años, más precisamente desde el año 2008, por la mayor crisis

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política, económica y social que atraviesa el sistema capitalista desde los años ‘30, en una etapa de fuerte globalización financiera en la que el Estado de Bienestar comienza a ser debilitado y deconstruido (¿o destruido?). Mientras en Europa las denominadas “políticas de austeridad” vuelven a poner en primer plano el equilibrio fiscal o las políticas monetarias, en desmedro de las políticas sociales o laborales, gran parte de los países de América Latina se enfrentan a este proceso de reconstrucción del Estado, diferente a aquel que se construyó en algunos países en la etapa de sustitución de importaciones, ya que los desafíos son otros en tanto se trata de economías abiertas, con fuertes deudas sociales y la emergencia de nuevos conflictos y demandas sociales. Pero para hablar de trabajo y empleo en América Latina no podemos circunscribirnos a lo que tradicionalmente se denomina la situación o la dinámica del mercado de trabajo analizado a partir de los datos de empleo, desempleo o de las tasas de informalidad y su correspondiente pérdida de protección social. La problemática sobre empleo y trabajo debe considerar lo que este concepto significa en el marco de una sociedad aún más compleja que la descripta, en tanto asistimos, por un lado a la emergencia y desarrollo de la sociedad de la “información”, del “conocimiento”, en la que la innovación, el aprendizaje y las competencias endógenas constituyen las bases de competitividad y, donde simultáneamente por otro, los fenómenos de precariedad, de desocupación y de bajos salarios se extienden a importantes contingentes de la población trabajadora. ¿Se puede hablar de una las dimensiones sin hacer referencia a la otra? ¿Son complementarias? Esta nota pretende ser un aporte al debate sobre el trabajo en esta sociedad latinoamericana, en la que coexisten estrategias y modelos de producción muy heterogéneos, superpuestos y lejos de cualquier uniformidad,

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“modelo ideal” o unicidad, al tiempo que sigue pendiente el desafío de sentar las bases para un desarrollo económico y social sustentable tanto en lo productivo, en lo social como ambientalmente. La heterogeneidad estructural de América Latina coloca a este debate no sólo en una complejidad mayor, sino que lo emparenta velozmente con las dificultades que presenta en materia de “ciudadanía”, de “distribución del ingreso” y de inequidad el modelo actual de desarrollo. Si bien las políticas sociales y de protección social juegan un papel central en la forma en que el crecimiento económico es distribuido en la sociedad, la retribución del trabajo sigue constituyendo la principal fuente de ingresos de las personas y, por lo tanto, el nivel y las desigualdades que allí se generen serán centrales en la evolución de la distribución total de la renta y en la búsqueda de la igualdad. Para comprender el significado del trabajo en estos escenarios, enfrentamos la imperiosa necesidad de analizarlo en un marco más amplio y multidimensional en el que se despliegan, también de manera heterogénea, políticas macroeconómicas, de comercio internacional, de producción y tecnológicas. La articulación y la coherencia (o incoherencia) de las políticas públicas, si son economías que operan en base a la economía real o a la especulación financiera, si predomina el Estado o el mercado, son factores centrales para ubicar y comprender lo que sucede en el espacio del trabajo y de lo social. Empleo e ingresos no constituyen dimensiones dependientes de lo que pasa en el nivel de la macroeconomía (como lo plantea el paradigma ortodoxo) sino que forman parte de esa misma macroeconomía conjuntamente con las políticas monetarias y fiscales. De la articulación de todos estos elementos resulta la conformación de modelos económico-sociales divergentes, pero también de estrategias productivas de una sociedad particular y en un momento determinado de su historia. En esta nueva etapa emergente, en la mayoría de los países de la región se ha logrado aprovechar la etapa de crecimiento para recuperar el empleo, mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza, aunque estamos muy lejos no sólo de aquello que cualquier modelo de “ciudadanía” exige en términos de derechos, sino de muchos de los parámetros que América Latina logró en algunos momentos del período de sustitución de importaciones. En efecto, puede señalarse como indicador que en los inicios de los ‘70 el incremento del producto regional era del 6% anual. A fines de esa década retrocedió a 1,5% y en los ‘80 las economías latinoamericanas no crecieron. En el primer lustro de los ‘90 el producto regional estuvo en 3% y llegó al 5,3% en 1997 pero volvió a caer en 1998 y 1999. El crecimiento promedio anual durante los ‘90 fue de 3,2%. La tasa anual media del crecimiento del ingreso per cápita fue de 3,1% entre 1945 y 1980, de 1,9% en los siete

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años que siguieron a la década perdida y de 0,5% entre 1998 y 2004 (Cimoli et al., 2006). En las líneas que siguen revisaremos los sentidos que el trabajo ha tenido en distintos períodos históricos y los modos en que fue interpretado; analizaremos también la incidencia que tienen los modelos productivos. Finalmente, vincularemos estos aspectos con el tema del desarrollo económico y social, atendiendo principalmente al actual escenario macroeconómico que, a diferencia de otras épocas, se presenta como favorable para buena parte de los países de la región. La demanda de materias primas impactó positivamente en América del Sur, mientras que constituyó un efecto negativo y muy problemático para los países del Caribe y muchos de los países de América Central. El significado que cada sociedad le otorga al trabajo admite más de un foco de análisis, ya sea que nos preocupen los cambios en términos de la generación de valor, de su impacto sobre la construcción de las subjetividades y las identidades, o su repercusión como mecanismo de integración y cohesión social. Sin embargo, cuando uno observa los valores y dimensiones privilegiadas por la población y las principales expresiones de conflicto social (Calderón, 2012), el trabajo y los ingresos siguen constituyendo más de la mitad de los conflictos sociales. El trabajo, tal cual lo conocemos, no siempre ha determinado el orden social. Al plantear el interrogante sobre los significados del trabajo, no podemos pasar por alto que ello supone enfrentarnos, como señala Méda (1996, 2007), a una categoría histórica, resultado de una construcción social. A la luz de las observaciones precedentes, es importante que recuperemos el debate sobre el trabajo en su visión más amplia y que desterremos definitivamente la idea del fin del trabajo ya que, como dice Robert Castel, no sólo hay que “evitar la tentación del profetismo y la del catastrofismo” sino que, además, no debe soslayarse que el trabajo asalariado sigue siendo el fundamento principal de la ciudadanía como “vehículo concreto sobre cuya base se erigen los derechos y deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo tiempo que las sujeciones y coacciones” (Castel, 1997).2 Partimos de la idea de que el principal mecanismo de transmisión del crecimiento económico al bienestar de los hogares es el mercado de trabajo, ya que constituye la fuente principal de generación de ingresos para la mayoría de los individuos. En este sentido juega un rol central a la hora de pensar las estrategias de desarrollo socialmente sustentables. Como señalamos en un documento anterior (Kostzer y Novick, 2005), la forma en que este mecanismo actúa cobra una “significación e importancia diferente según el patrón de crecimiento que adopta la economía, de cómo se genera valor agregado, cómo incide y regula el Estado las re-

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laciones de producción y económicas en el ejercicio de sus distintos roles, cómo se recaudan los impuestos, quien los paga, y cómo gasta, tanto en rubros corrientes como en la inversión en infraestructura o social del país. En definitiva, los incentivos para la distribución y la producción son cruciales de interpretar”. Si bien es evidente la emergencia de modelos productivos donde efectivamente el conocimiento tiene una importancia quizás mayor (y sólo quizás) que en otras épocas, probablemente lo que más caracterice a nuestro tiempo sea el tipo y la velocidad del cambio técnico en la que se debate también el concepto de trabajo, caracterizado por una importante heterogeneidad. Lo que queremos destacar es que el trabajo en la actualidad, lejos de reducirse a ocupaciones basadas en el conocimiento, o que requieren una gran capacidad de abstracción, mantiene una fuerte heterogeneidad, en la que conviven trabajos, empleos y ocupaciones de muy diferente naturaleza. El desafío es identificar y caracterizar aquel tipo de trabajo que pueda asociarse con mejores condiciones de empleo, de calidad, con un modelo que integre una estrategia de desarrollo inclusivo con trabajo decente.

¿CÓMO SE LLEGA A UN MERCADO DE TRABAjO DÉBIL Y PRECARIO EN AMÉRICA LATINA? Después de la finalización desarticulada del modelo sustitutivo de importaciones, y de la “crisis de la deuda” el enfoque del mainstream que orientó reformas económicas en América Latina concebía el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo como derivado fundamentalmente de las rigideces del mercado laboral que imposibilitaban una reducción de los salarios así como de costos no salariales. Una vez eliminados dichos obstáculos a través de la flexibilización laboral y la eliminación de las instituciones de protección del trabajo creadas en el paradigma anterior de sustitución de importaciones, también sería posible llegar a un equilibrio en este mercado con un menor costo de la mano de obra. En este sentido, el salario dejó de ser concebido como un elemento central de configuración de la demanda interna y motor del desarrollo, y pasó a ser considerado meramente como un costo de producción que era necesario reducir para lograr ganancias de competitividad. Sin embargo, el argumento de que los altos niveles de desempleo se debían centralmente al “mal funcionamiento del mercado de trabajo” no se verificó en la Argentina ni en otros países de la región como señalan, entre otros, Freeman, Frenkel y Ros (2006). En contra de quienes señalan que la inflexibilidad del mercado laboral y la débil política fiscal fueron los principales responsables de la crisis económica y social de 2001, Freeman sostiene que la causa central se encontraría en los riesgos de

operar en los mercados de capitales globales unido, en la Argentina, a la estrategia de convertibilidad. En base a esto afirma que los “problemas del mercado de trabajo no se resuelven en el mercado de trabajo” y que el buen funcionamiento del mismo depende fuertemente de cómo funcionen los otros mercados, en especial el de capitales. Frenkel y Ros sostienen, en la misma línea, que el pobre desempeño del mercado laboral de la Argentina en los ‘90 se encuentra fuertemente explicado por el comportamiento del sector de bienes transables, en especial en la industria manufacturera. La apreciación real de la moneda, junto a la apertura y liberalización de los mercados tuvieron efectos devastadores sobre la competitividad y el empleo industrial y, por ende, del mercado laboral en general. Los autores señalan que atribuir el diferencial de ajuste del mercado laboral a diferencias en la flexibilidad de los mismos es “simplemente erróneo”, y no hay casos donde las pérdidas de competitividad, asociadas a ingresos masivos de capitales y apreciación de la moneda, se hayan revertido por reducciones de los salarios reales. Pero aun si esto fuera posible, el costo en términos sociales sería devastador, tal como se observó en la Argentina, donde las tasas de desempleo en el año 2002 superaron al 20% de la población activa, la precariedad se extendió a casi el 50% de la población que trabajaba y la pobreza abarcaba a más del 40% de la población. Por lo tanto, la cuestión laboral tuvo en el modelo neoliberal un papel subsidiario de las políticas macroeconómicas, a pesar del aumento del desempleo y del trabajo no registrado en un contexto de flexibilización laboral, y de la notoria pérdida de empleos de calidad (Tomada, 2005). En consecuencia con ello, se verificó en la década de los ‘90 una erosión importante de las instituciones laborales.

DEL AjUSTE ESTRUCTURAL A LA CRISIS Los modelos económicos y sociales implementados a lo largo de los ‘90 en gran parte de los países de América Latina (aunque con diferencias importantes entre ellos) afectaron significativamente las formas de organización (productivas, sociales y económicas) existentes previamente. A nivel agregado, las diversas políticas contaron con un eje común centrado en la necesidad de mejorar aceleradamente la competitividad y la productividad bajo la estrategia de una apertura a los mercados internacionales de bienes, servicios, tecnología y capitales. El interés se desplazó desde el objetivo previo de lograr el pleno empleo hacia una subordinación del mercado laboral a los requerimientos emergentes de las modificaciones en la estructura de la economía (signadas por la idea del libre mercado). Como resultado de ello, los indicadores de desempleo treparon hasta niveles inéditos mientras que las actividades más relevantes ingresaron a un severo proceso de (des o re) estructuración en lo re-

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ferido a sus encadenamientos productivos (debilitamiento o desaparición de la red de proveedores, mayor importación de insumos, etcétera). Durante esos años, en el plano internacional se fueron creando las condiciones para que la economía mundial dejara de ser un agregado de economías nacionales vinculadas por flujos de comercio, inversión y financiamiento para convertirse progresivamente en un conjunto de redes globales de mercados y producción que cruzan las fronteras nacionales. Sin embargo, estos procesos de indudable y creciente empuje no estuvieron acompañados de un desarrollo equivalente de la institucionalidad global, cuya agenda es incompleta y asimétrica (Ocampo et al., 2005). La globalización no produjo una homogeneización de la economía mundial, y no se constituyó en una dinámica integradora única y uniforme. Por el contrario, se tradujo en un proceso desigual y multidimensional. Para la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización que convocó la OIT, a consecuencia de esta globalización desigual se produjeron brechas en el empleo, en la protección social y en el diálogo social.

HACIA UN “CAMBIO DE ÉPOCA” Desde principios del año 2000, una nueva etapa política llega a los países de la región, básicamente como resultado de las crecientes demandas de la sociedad, y se comienzan a rever no sólo los modelos y las políticas de la pasada década, sino que hay un replanteo sobre la noción misma del Estado y su rol en materia económica y en materia de política social, como lo señaláramos al comienzo del artículo. El empleo, variable considerada como un elemento de ajuste “automático”, que debía acompañar las transformaciones macrosociales, retoma (en parte y en algunos países) un rol central. El “empleo en el centro de las políticas”, o como fuera el nombre de la Cumbre Hemisférica de Mar del Plata en noviembre de 2005 (“Crear trabajo decente para erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática”), se transforma en una nueva meta en el cambio de escenario político y económico, reivindicando el concepto de “trabajo decente” que la OIT vuelve a resignificar a fines de los ‘90. Muchos de los países de América Latina comenzaron después de los primeros años del siglo XXI, junto con gobiernos de corte popular (el populismo del que nos habla Laclau), un proceso de cambio (aunque con una heterogeneidad considerable) y, como en el caso de la Argentina, se planteó recuperar capacidad tanto para la formulación de políticas específicas como para la articulación y coordinación de políticas, y fundamentalmente (re)ubicar al empleo en el centro de las políticas económicas y sociales. La heterogeneidad estructural de la región y sus muy diferentes perfiles productivos condicionaron que las

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estrategias de inclusión social avancen por senderos diferentes según su historia, su tradición, modelos económicos diferentes, mayor o menor ortodoxia o heterodoxia en los planteos macroeconómicos y monetarios, y niveles de desarrollo muy heterogéneos, pero la mayoría avanzó en un factor fundamental para el bienestar, y la mejora de la distribución del ingreso que es el empleo, fuente de ingresos, pero también de ciudadanía, y básicamente, fuente de derechos. El empleo asalariado registrado con protección social fue el eje de los procesos de inclusión en la Argentina, Brasil y Uruguay fundamentalmente, recuperando una historia de relaciones laborales fértiles, con un fuerte peso de las instituciones laborales (negociación colectiva, salario mínimo, central para la mejora de la distribución del ingreso que fue prioritario tanto en la Argentina como en Brasil y reaparición de la fuerza de los sindicatos obreros). En otros países, la reivindicación y reconocimiento de la diversidad cultural y la integración de esos grupos en la política y en el gobierno generó otros mecanismos de inclusión social e incluso de distribución del ingreso a partir de la recuperación de la utilización de los recursos naturales desde el Estado (Bolivia y Ecuador podrían ser paradigmáticos en este sentido). El caso de Venezuela presenta particularidades ya que combina una fuerte dosis de liderazgo carismático con una reestructuración del campo del trabajo hacia mecanismos cooperativos y nuevas formas de organización popular. y el resto de los países presentan modelos más ortodoxos, aunque con procesos de inclusión y/o de mejora en la distribución del ingreso y de los bienes sociales. Los importantes programas en materia de transferencia de ingresos (con mayor o menor universalidad, según los países) se han constituido en un aliado clave en las políticas de distribución del ingreso. La Asignación Universal por hijo (AUH) en la Argentina, el Bolsa Familia en Brasil, el Oportunidades/Progresa en México y ejemplos en la extensión de la seguridad social en la Argentina han generado puntos de inflexión en la distribución del ingreso. En el caso de la Argentina, una descomposición del Índice de Gini permite demostrar que más del 60% de la mejora se explica por cambios en el mercado de trabajo, y un 20% aproximadamente, por la mejora en la cobertura como en los aumentos de la seguridad social (Villafañe, Trujillo, 2011). Sin embargo, la velocidad del cambio tecnológico en un marco de competencia global genera procesos que, en un doble mecanismo, son utilizados tanto para reducir la incertidumbre como para adelantarse e intentar innovar (uno de los resultados de la circulación del aprendizaje que introduce nuevos conocimientos en la actividad económica). Por un lado, se verifica la emergencia de una nueva revolución tecnológica basada en los cambios en las Tecnologías de información y comunicación (TIC) (Castells,

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1997; Denning y Metcalfe, 1997). Esta dinámica tal como se expresa en los mercados de trabajo segmentados, genera no sólo economías de diferente velocidad, sino fuertes consecuencias sobre los procesos de inclusión y sobre la distribución del ingreso (Cimoli y Primi, 2008). Es claro que para incorporarnos a las transformaciones y a los procesos innovativos, debemos ser más competitivos y volver a recuperar el sendero del “desarrollo”, que debe incluir la tecnología, pero para poder aprovecharla integralmente, debemos generar y aumentar competencias endógenas de las firmas, adaptar las competencias de la fuerza de trabajo y hacer esfuerzos desde el Estado para que esto sea posible. Como diría Ocampo: “Las políticas sociales deben estar en el corazón de las políticas económicas “, es imprescindible “mejorar la integración de las políticas laborales y sociales con las estrategias de la política macroeconómica internacional y nacional”. Uno de los ejes centrales de los desafíos que presentan los modelos socioeconómicos en construcción en nuestros países es la necesidad de avanzar simultáneamente en sectores que permitan crear empleo, al mismo tiempo que avanzar hacia estrategias vinculadas con un cambio en la innovación y en la incorporación de tecnología. Ambas dimensiones son centrales para generar cambios tanto en la estructura productiva como en el empleo. La necesidad de generar transformaciones en las estructuras productivas de nuestros países, en el despliegue de políticas industriales y de formación que generen empleo, mayor competitividad y que permitan una mejor integración internacional. Sólo de esa forma podremos avanzar en romper una globalización que genera intercambios comerciales asimétricos. Ello también requiere cambios en calidad y forma en materia educativa que faciliten la inclusión social y una profundización de políticas activas en materia laboral que sigan atacando las diversas formas de informalidad que se expresan en nuestro continente. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación son piezas centrales en esta construcción. Pero no se trata ni de cualquier innovación ni de una aplicación acrítica de tecnologías. La generación de capacidades y el necesario proceso de ir produciendo mejoras integrales y procesos de innovación sistémica y abarcadora deben generar procesos de creación de empleos en cantidad y calidad. Estos aprendizajes son altamente específicos, y por ende no transferibles internacionalmente, es necesario que a nivel de cada sociedad, de cada sector y de cada empresa se realicen procesos genuinos de generación y transmisión de conocimientos. Se trata de generar e incentivar procesos que avancen hacia una estrategia de desarrollo inclusivo, competitiva y preservadora del medio ambiente. Sólo Estados fuertes, cohesión o densidad social (Prebisch) podrán conducirnos hacia el objetivo de mayor equidad. •

Notas 1 América Latina fue, claramente, la región del planeta que aplicó, desde fines de los años ‘80 hasta la actualidad, más profundamente políticas de ajuste estructural a partir de liberalización económica, privatización de empresas públicas, apertura comercial acelerada y retiro del Estado. Simultáneamente, de 1980 a 2000 el número de pobres creció en toda América Latina en 75 millones de personas, llegando a superar la cifra de 200 millones. Del total de los nuevos pobres de la región, casi el 95% son pobres urbanos. Los programas de liberalización económica, inspirados en gran medida en el llamado Consenso de Washington, generaron no sólo pobres e indigentes, sino que acentuaron dramáticamente los índices de inequidad económica y social, dispararon las tasas de desempleo a cifras superiores al 15% y promovieron (con la salida del Estado del rol rector mantenido en las décadas anteriores) el incremento de los niveles de analfabetismo y abandono escolar producto de la falta de recursos para la educación pública, así como un deterioro nunca visto de los sistemas de salud pública. 2 No se ahondará aquí sobre el debate en torno del fin del trabajo, pero existe una vasta literatura abocada a éste que permite distinguir posiciones que van desde aquellas que bendicen esa situación por las oportunidades que propicia para la desalienación del hombre, pasando por las que tienen una impronta pesimista y sugieren políticas para mitigar las consecuencias de la crisis de las sociedad salarial, hasta aquellas que rechazan esa tesis, sin desconocer por ello la magnitud de los cambios ocurridos en los procesos productivos. Véase al respecto los trabajos de Gorz, Offe, Habermas, Beck, Rifkin, Forester, Castel, Harribey, Husson. Para una breve revisión sobre este debate, véase De la Garza.

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Eurindia y la sabiduría de América POR GRACIELA LILIANA FERRÁS

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía por la Universidad de París 8. Se especializa en el estudio de la construcción de la identidad nacional en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, desde el enfoque de la teoría política centrando su análisis en la variación y el uso de conceptos como: “nación”, “democracia”, “ciudadanía”, “liberalismo”, “nacionalismo”. Actualmente es investigadora del Instituto Gino Germani y profesora de Teoría Política y Social I de la Carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales. Dicta cursos de grado y posgrado en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Dirigió varios proyectos de investigación UBACyT, siendo el último “Civilización y Barbarie: la construcción de la identidad nacional y la configuración de la otredad en el pensar americano” radicado en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Posee numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y como parte de capítulos de libros. En breve editará la compilación Civilización y Barbarie. Pensamiento e identidad en el horizonte latinoamericano por la Universidad Nacional de Córdoba y el libro correspondiente a su tesis doctoral Ricardo Rojas: Hacer la Nación por EUDEBA.

EL GENIUS LOCI AMERICANO Eurindia fue la palabra con que en 1922 Ricardo Rojas llamó a su ensayo de estética sobre las culturas americanas. Designa una idea concebida de camino entre Europa y las Indias, un mito creado por ambos continentes. El nombre, escribe el poeta, de un “nuevo misterio etnogónico” (Rojas, 1924: 9). Este nombre venía a revelar la agonía de la etnia, el drama de las formaciones de las razas en América del cual había hecho referencia en la leyenda de Blasón de Plata en 1910. Cuando, en ocasión del Centenario, comenzó el sinuoso camino de definir la “argentinidad” con el término de “indianismo”, reterritorializando en el continente una nacionalidad que tenía conciencia de sí misma como “de raza blanca y cultura europea”. Autoridades en el tema han advertido que el indianismo de Rojas dista mucho de ser considerado un premonitorio indigenismo, precisamente porque Rojas acepta (como más tarde lo hará Rodolfo Kush) la transculturación ya operada en la cultura popular americana. Por ello, otro será nuestro nivel de análisis y permítasenos tomar Eurindia como un concepto filosófico que posibilita el ejercicio intelectual de reflexionar sobre el encuentro entre lo europeo y lo indígena, originando una “cosa nueva”. La filosofía eurindiana no ha perdido, para nosotros, actualidad porque busca la armonía de elementos que culturalmente han sido semantizados como contrarios. Domingo F. Sar-

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miento sintetiza exitosamente la oposición entre el topos americano y el logos occidental en su fórmula “Civilización y Barbarie”. A pesar de que esta antinomia aparece en la escritura sarmientina como una imagen polisémica, queda inscripta en la historia como una suerte de dispositivo simbólico fundacional de la naturaleza de lo social en las sociedades latinoamericanas. Una fundación basada en una lucha entre “la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia” (Sarmiento, 1962: 60). Esta antinomia intenta ocluir las tensiones inherentes a la identidad americana, cuya complejidad y polisemia, de todos modos, no logra ocultar: tanto la heterogeneidad del “nosotros” como su posición con respecto a la metrópolis, es decir, ser lo “otro” de Europa (Todorov, 2003). Si pudiéramos aventurarnos a concebir un pensamiento propio de América Latina, éste necesariamente debería forjarse del diálogo de los contrarios (del “nosotros” y los “otros”), derribando las barreras del binomio antiético que funda las identidades de Occidente. En este sentido, es imposible reflexionar desde el horizonte del “pensar americano” desde la “pureza conceptual” de “civilización” y de “barbarie”. Ricardo Rojas se ubica en el grupo de los primeros intelectuales americanos que pensaron las construcciones de la cultura popular como hacedoras de formas propias de un lenguaje civilizatorio. En el prólogo de Blasón de Plata Rojas comienza con

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la pregunta por la identidad hecha por Sarmiento en Conflicto y armonías de las razas en América: “¿Argentinos? Desde cuándo y hasta dónde; bueno es darse cuenta de ello”. Con cierta comodidad cosmopolita en la lectura podría asociarse esta inquietud con el drama occidental y moderno shakesperiano de “ser o no ser”, pero que, en estas latitudes, traduciría el tono trágico del sino nacional: la disyuntiva entre civilización o barbarie. Aquí Sarmiento intuye el sentido filosófico de lo que importa la geografía en el proceso histórico. Condena a las masas del campo y a las urbanas y a sus líderes, Borges captó de forma nítida este mensaje: esta disyuntiva es sub especie aeternitatis, dijo. Ante esta agonía la historia puede ser vivida como una pesadilla. Los gauchos, prosigue Borges, “no eran un tipo étnico: por sus venas podía o no correr sangre india. Los definía su destino, no su ascendencia, que les importaba muy poco y que, por lo general, ignoraban” (Borges, 2007: 149-150). Este destino fue sintetizado de manera exitosa con la palabra “barbarie”: “no ser” o ausencia de civilización. Bárbaro, desde la etimología de la Grecia antigua señalaba una lengua incomprensible, la imposibilidad de comunicación. El signo del encuentro obedecía a la fuerza. Para la civilización griega el régimen político del bárbaro encarnaba la hybris despótica. Lo igual, escribió Solón, no puede engendrar guerra. A la luz de la disyuntiva civilización o barbarie, la ciudad li-

beral, la moderna república y la conciencia cívica quedaban desterradas de una posible teleología de la naturaleza y las costumbres americanas. Poco importa si después de Facundo los argumentos de la tierra y la raza se fundieron para darle cuerpo a este destino. La barbarie fue la idea que dio forma a lo retardatario del destino nacional. No porque el destino no pueda modificarse, sino porque alberga en sí mismo la determinación de la disyuntiva. El destino es la disyuntiva. Para Borges la literatura gauchesca ha exagerado “la importancia del gaucho. Contrariamente a los devaneos de la sociología, la nuestra es una historia de individuos y no de masas” (Borges, 2007: 151). Escribe Rojas que Sarmiento vio el conflicto entre las ciudades y las campañas con ojos europeos, pues si lo hubiera visto “con simpatía americana y con serenidad de filósofo, penetrando en la esencia metafísica de aquel fenómeno, hubiera hablado de otro modo”. Sarmiento no advirtió que estaba “creando un complejo de inferioridad en su propia gente” (Rojas, 1924: 16). Para el poeta de La victoria del hombre (1903) no hay razas superiores, sino naciones retardadas “y esto es una simple cuestión de tiempo y de política, no de espiritualidad” (Rojas, 1908:50). Aquí es cuando realiza la operación del divorcio conceptual entre civilización y progreso, descrita por Svampa. Por un lado, Rojas reconoce que hay desigualdades entre unas sociedades y otras (desigualdad medida ontológicamente en la disyuntiva civilización o barbarie), pero esta desigualdad obedece a un retraso temporal y político, al orden cronológico, a la historia externa o política, que tiene una relación directa con el progreso técnico. La civilización es cuestión de espiritualidad, la cultura no obedece plena o únicamente a un registro material que se desarrolla en el ser- en- eltiempo sino que cruza la línea temporal de la historia en la infinitud del espacio. Rojas opondrá como salida superadora a la dicotomía civilización y barbarie (que transpira desdén por lo latinoamericano) una formula más feliz y más acertada para dar cuenta de la “totalidad” de la evolución de la historia argentina: su dialéctica de “indianismo” y “exotismo” a partir de vislumbrar una ontología del territorio deudora del concepto unamuniano de “intrahistoria”. Así como Sarmiento proyectó el logos [europeo] en el topos americano, Rojas irá del topos al logos y en ése movimiento forjará la imagen de una Argentina unida a América del Sur: “Hay, en el proceso de raza y lengua coloniales, otro aspecto que conviene resumir, y es el de sus relaciones con el territorio. Suele el geólogo descornar a la tierra de su manto aluviónico (piel de ese cuerpo) para estudiar los suelos genésicos (tegumento y hueso de esa anatomía prodigiosa). Pues así quisiera yo despojar en el mapa a esta parte de América del manto actual que la divide

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en naciones y provincias a fin de penetrar en esa constitución espiritual más profunda, que es el subsuelo de su historia. Por ello he borrado en mi mapa los límites de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, porque la línea convencional que nos separa políticamente no penetra más allá de la superficie cartográfica. En lo hondo del tiempo y de la tierra, hay íntimas comunidades que nos crean, no como partes ‘unidas’ por la geología, la etnografía o la historia, sino como una real y verdadera ‘unidad’. Por la misma razón, dentro de nuestro mapa administrativo, he debido borrar también los límites interprovinciales” (Rojas, 1915: 16).

En la leyenda que pretende restaurar el imaginario de la unidad territorial pérdida de América del Sur, Blasón de Plata, Rojas evoca una América precolombina que aparece coronada por la gloria de las civilizaciones antiguas. “Las cosmogonías andinas, los templos acolhuas, los libros mayas, la organización civil de los quichuas” y hasta el nombre de Fou-Song con el cual los japoneses denominaban nuestro continente, vienen a reafirmar el abolengo legendario de América como “tierra de inmigraciones” (Rojas, 1946: 61). Inversamente proporcional a la imagen de “vacío” que albergaba el nombre de “desierto”, Rojas apela a la unidad primigenia de Oriente y Occidente para transmutar ese fenómeno de desprendimiento y desarraigo de las diversas culturas en un genius loci americano que con su magnetismo seduce lo exótico y lo resignifica dotándolo de identidad nueva. La tierra argentina, ahora heredera de las culturas precolombinas y las grandes civilizaciones antiguas es, escribe Rojas, “tálamo y crisol de la raza” (Rojas, 1946: 145), reforzando la idea de que la tierra es el único fundamento de la colectividad en cuanto tal. El indianismo corresponde al espíritu representado por el genius loci de la tierra americana en pugna y/o cópula fecunda con el exotismo. Deudor del concepto unamuniano de intrahistoria (la historia profunda, interna) el indianismo bulle como río fecundo entre las capas geoculturales de la tierra y la historia. y, a partir de la guerra o el amor, se fusionan con las fuerzas exógenas de la historia externa, la historia política propiamente dicha. De esta manera, puede esbozarse el principio de que el indianismo consiste en la deconstrucción de un origen étnico que no sólo resulta de la mezcla “garantizada” del indígena y el español, sino que revela una multiplicidad de “naciones” o “pueblos” habitando nuestro suelo, componiendo nuestro abolengo. El término “indianismo” de Rojas viene a decir que múltiples estirpes configuran nuestro “desconocido” abolengo, hecho de migraciones, trasplantes y desnaturalizaciones. Recuerda Rojas que el siglo XIX padeció un doble extravío: “por lo que tenia de americano, creyó necesario el anti-

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SI PUDIÉRAMOS AVENTURARNOS A CONCEBIR UN PENSAMIENTO PROPIO DE AMÉRICA LATINA, ÉSTE NECESARIAMENTE DEBERÍA FORJARSE DEL DIÁLOGO DE LOS CONTRARIOS (DEL “NOSOTROS” y LOS “OTROS”), DERRIBANDO LAS BARRERAS DEL BINOMIO ANTIÉTICO QUE FUNDA LAS IDENTIDADES DE OCCIDENTE.

hispanismo y, por lo que tenía de español, juzgó menester el antiindianismo”. Rojas promulga una tercera posición “el equilibrio de todas las fuerzas progenitoras, dentro de la emoción territorial” (Rojas, 1946: 96).

LA DIALÉCTICA DE “INDIANISMO Y EXOTISMO” Según Rojas “civilización y barbarie” designa los acuerdos y las luchas entre las poblaciones urbanas y las muchedumbres rurales, sólo es aplicable a un período de nuestra historia, pues no explica la totalidad. Entre sus inconclusas e inéditas memorias encontramos un escrito en el cual Rojas sostiene que la naturaleza tiene una historia y, a la vez, la historia se proyecta en una naturaleza, pero el hombre no pertenece a ninguna de ellas, sino que se encuentra en una tangencial entre el espacio y el tiempo. “Indianismo y exotismo […] explican la lucha del indio con el conquistador por la tierra, del criollo con el realista por la libertad, del federal con el unitario por la constitución, y hasta del nacionalismo con el cosmopolitismo por la autonomía espiritual. Indianismo y exotismo cifran la totalidad de nuestra historia, incluso la que no se ha realizado todavía” (Rojas, 1946: 107). Esta fórmula alternativa pone el acento (antes que en el antagonismo y la lucha) en el encuentro, acuerdo o pugna, entre lo importado y lo raizal, el elemento exótico y el elemento esotérico. Esta dialéctica debe leerse como una tangente entre dos planos (el espacial y el temporal y como un intersticio entre dos mundos): Europa y América. Eurindia es la expresión de la estética americana, existe en el entre de dos mundos, dos continentes; síntesis de una eterna secuencia de movimientos migratorios, de arraigos y desarraigos.

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Los continentes, escribe Rojas, son organismos geográficos destinados a servir de asiento a un tipo de cultura” para aclarar que la anomalía de nuestra cultura consiste en que “el genio americano perece en una atmosfera que no es la suya, porque históricamente es de Europa y el genio europeo también perece en ella, porque geográficamente esa atmósfera es de América” (1924: 14-15). Aquí la crítica al modelo de la sociedad de trasplante proyectado por algunos miembros de la generación del ‘37 y acuñado por sus sucesores del ‘80 es contundente. Sarmiento no vio, continúa el poeta de El país de la selva, que “las ciudades eran episodios extraeuropeos de la cultura europea; nuestras campañas y sus instintivas fuerzas humanas eran naturaleza nueva que pugnaba por hacerse historia, creando formas estéticas y morales” (1924: 16). La filosofía de Eurindia sostiene que tanto el genio americano como el genio europeo están fatalmente destinados a desaparecer. El primero, porque se le ha yuxtapuesto una atmósfera europea que no es la propia; y el segundo, porque la geografía no le es propia. Por lo tanto, a la naturaleza se le revela el progreso, y al progreso, la naturaleza. Lo trágico es, justamente, que una no puede imponerse sobre la otra. Lo que garantizaría la supervivencia de una de ellas en la lógica de la lucha por la vida. Lo que fue roto bruscamente es la teleología del continente (territorio) como asiento de un tipo de cultura. Esta dimensión simbólica de la tierra o misticismo de la naturaleza complejiza la concepción de temporalidad que maneja Ricardo Rojas y que adquiere su máxima exposición en la imagen de las formaciones geológicas: “Si la evolución europea se realiza por ritmos cronológicos dentro de su propia tradición continental, en América el proceso de ‘antes’ y ‘después’ se entrecruza con las mareas sociales de ‘aquí’ y de ‘allá’, o sea, de afuera hacia adentro y de adentro hacia fuera, en una especie de ritmo intercontinental. Eso es lo que he llamado ‘indianismo’ y ‘exotismo’. El exotismo es necesario en nuestro crecimiento político; el indianismo lo es en nuestra cultura estética. No queremos ni la barbarie gaucha ni la barbarie cosmopolita. Queremos una cultura nacional como fuente de una civilización nacional; un arte que sea la expresión de ambos fenómenos. Eurindia es el nombre de esta ambición” (Rojas, 1924: 19, 20).

En América la historia externa, la lectura diacrónica del “antes” y “después” se entrecruza con las “mareas sociales”, es decir, con la dinámica de las poblaciones, las migraciones, de “aquí” y de “allá”. La dinámica de las poblaciones (etnias, razas) que constituyen la sociedad argentina, sociedad de heterogeneidad extrema, no sólo contempla el paso del

ASí COMO SARMIENTO PROyECTó EL LOGOS [EUROPEO] EN EL TOPOS AMERICANO, ROJAS IRÁ DEL TOPOS AL LOGOS y EN ESE MOVIMIENTO FORJARÁ LA IMAGEN DE UNA ARGENTINA UNIDA A AMÉRICA DEL SUR.

tiempo, sino también el cambio espacial: es una población básicamente de “migrantes” intracontinentales y extracontinentales. Por eso, habla de “una especie de ritmo intercontinental”. El ritmo cronológico es continental y/o extracontinental, ya que el ritmo del continente americano fue interrumpido o corrompido por el ritmo extracontinental en el proceso de colonización europea. Al tiempo que el ritmo del continente americano, debido a este mismo suceso, es “intercontinental”, lo cual implica que posee un tiempo espacial: el “aquí” y “allá”. Esta interacción entre las fuerzas endógenas y exógenas lo lleva a concebir la patria/cultura como un proceso aún no cerrado: “entró la América en un nuevo proceso cultural, en cuyos comienzos nos encontramos aún” (Rojas, 1924: 15). Al esbozar la “ley de continuidad de la tradición”, Rojas señala que: “Si nos atenemos a la historia externa, podría decirse que el descubrimiento de América por los europeos y la conquista de nuestro país por los españoles interrumpieron la tradición precolombina. Atahualpa fue muerto, y el indio fue cristianizado en la misión o esclavizado en la encomienda. Pero aquella brusca interrupción es sólo una apariencia de teatro, la ilusión de un instante. El río de la tradición autóctona ha caído en un abismo hacia el siglo XVI, pero seguirá su curso subterráneo, para reaparecer más tarde. Es un misterio de la intrahistoria popular, la que persiste, más esencial que la historia externa. Atahualpa ha muerto, pero resucitará en Tupac Amaru a fines del siglo XVIII” (Rojas, 1924: 177).

Una cierta idea de nación subrepticia, en la cual se avizora la sedimentación de los elementos indianos y exóticos como partículas veladas pero no inacabadas, que vuelven a salir a la luz en un tiempo no-cronológico,

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el tiempo del kairós. La simbología de “tierra de migraciones” funciona en Blasón de Plata y más expresamente en Eurindia como un catalizador de la reterritorialización de los diversos grupos étnicos y raciales llegados del extranjero (Chanady, 1999). Fuerza de la comunidad heterogénea, producto de los movimientos fluctuantes migratorios que para Rojas, por este mismo impulso, puede hacer de la tierra substrato “genésico” y telúrico, fundamento de la fusión emancipadora. La independencia o deseo de autonomía y la fuerza de la revolución democrática, también provienen de este “numen indiano” que despierta en los momentos clave de la historia argentina (Rojas, 1916). Así, habría una desterritorialización de la historia de esos pueblos y una reterritorialización de los mismos en el territorio americano, la nueva patria. Es en esta segunda fase, en la cual Rojas piensa la fusión, la idea de crisol, de restauración o refundación, a partir del asentamiento de los diversos pueblos.

LOGOS AMERICANO La doctrina eurindiana viene a reclamar una historia del continente cuya fundación ya no radica en dos absolutos que se niegan entre sí (Ser o No Ser) como “civilización” y “barbarie”, sino en dos (o más) particulares que en la integración o, mejor dicho, en el ‘común’ encuentro, provocan la unidad de “la Cosa”. En este caso, la identidad nacional y americana. Zum Felde nos recuerda que con la propuesta de “Indianismo y Exotismo”, Rojas hace de la cultura europea (occidental) que llega a América, uno de los factores necesarios del proceso dialéctico de formación y evolución de la cultura americana, y no el factor antagónico de esta última, como en Sarmiento. No obstante, el crítico cuestiona el concepto de Exotismo y considera que “Universal sería el término más lógico y más exacto frente a nacional, como concepto dialéctico” (Zum Felde, 1954: 452). Pero es preciso recordar que el “Universal”, para Rojas, será la síntesis Eurindia. Mientras que “indianismo” y “exotismo”, interpretamos, son particulares de cada continente y mundo. Si así no fuera, y, por el contrario, “Exotismo” representará a las ideas universales (razón) e “Indianismo” a lo particular (naturaleza), difícil sería apreciar tanto las diferencias con “Civilización y Barbarie” como encontrar “cultura y civilidad” en la naturaleza. Por otro lado, Rojas propone ir del nacionalismo (un momento histórico del indianismo), que se entiende en su contacto con el cosmopolitismo (un momento histórico del exotismo), al americanismo, una síntesis del encuentro del indianismo con el exotismo, y de allí a la universalidad. Lo universal no es algo dado por el Exotismo porque no es un externo o extracontinental que informa lo Indiano (como pretende Zum Felde), sino que

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el encuentro de dos modelos civilizatorios, singulares o particulares proyectados como universal, despliegan la realización (quizás, siempre inconclusa) de la síntesis de los continentes habidos y por venir, que es como decir de la Tierra. Eurindia resulta bastante original, pues con esta estética Rojas no pretendió la predominancia de la cultura española, si bien recuperó sus raíces; tampoco pretendió un indigenismo obsoleto que desconociera las inmigraciones europeas haciendo un culto al pasado, bastante heterogéneo por cierto, de las culturas precolombinas. Ni tampoco planteó una identidad nacional fundada en el gaucho, ya fuera hijo de español o mestizo, a pesar de las lecturas de algunos de sus críticos. A diferencia de muchos de sus coetáneos nacionalistas, no reivindicó la genealogía de la élite criolla ni se indignó por la certeza del mestizaje. Esto último causa de malestares sociales, según lo profesaban tanto las reflexiones nacionalistas, como las positivistas. A pesar de su tendencia a proyectar una homogeneidad cultural y armar un discurso coherente a tal fin, Rojas percibe la fragilidad de cristalizar en una unidad ese mapa heterogéneo que la historia del territorio destinaba como un horizonte de expectativa. Consideramos que la dialéctica de Eurindia, en tanto que sistema de inclusión permanente (más allá de la dialéctica, si se me permite emplear estas palabras, de hegemonía y resistencia), no sólo comprende las migraciones pasadas, sino también las futuras, no pudiendo ser otra cosa, esto de la homogeneidad cultural, que un proyecto a construir siempre inconcluso. Frente al peligro que representa “civilización y barbarie”, como todo esquema binario, de colocar la disputa por fuera del terreno democrático, la doctrina eurindiana alberga la esperanza de una salida a los antagonismos irreductibles y las luchas fraticidas que caracterizaron la historia del continente americano y muy especialmente los escenarios políticos argentinos desde el siglo XIX hasta la actualidad. •

Bibliografía Borges, Jorge Luis. 2007. Obras completas, Tomo IV, Buenos Aires, Emecé. Chanady, Amaryll. 1999. Entre Inclution et exclution, Paris, Honoré Champion. Rojas, Ricardo. 1908. Cosmópolis, París, Garnier. Rojas, Ricardo. 1915. Prólogo a Doctrina democrática de Mariano Moreno, Buenos Aires, La Facultad, Biblioteca Argentina. Rojas, Ricardo. 1916. La argentinidad, Buenos Aires, La Facultad. Rojas, Ricardo. 1924. Eurindia, Buenos Aires, La Facultad. Rojas, Ricardo. 1946. Blasón de Plata, Buenos Aires, Losada. Sarmiento, Domingo Faustino. 1962. Facundo, Buenos Aires. Losada. Todorov, Tzevetan. 2003. Nosotros y los otros, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores. Zum Felde, Alberto (1954) “El ensayo y la crítica” en Índice crítico de la literatura hispanoamericana, México, Guarania.

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La función de la integración regional en el discurso político argentino POR DAMIÁN PAIKIN

Doctor en Ciencias Sociales, magíster en Integración Regional y licenciado en Ciencia Política (UBA). Es profesor adjunto de la materia Pensamiento Latinoamericano para la Integración de la Carrera de Ciencia Política y coordinador del Programa de Proyectos de Investigación Conjunta del Mercosur, entre el Doctorado de Ciencias Sociales (UBA) y el Programa de Posgraduación en Relaciones Internacionales San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP).

SOLEDAD GRyCIUK

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esde el comienzo de sus tiempos como nación, aun antes de adoptar su denominación actual, el espacio regional ha tenido para la política y la sociedad argentinas un rol mucho más importante que el de ser un mero espacio de política exterior. Latinoamérica, Hispanoamérica o América a secas, como se la definía en tiempos de la emancipación, a cumplido en el marco de la política argentina un rol de parteaguas. Para unos, como Bernardo de Monteagudo la región era el lugar de su interacción natural, la clave de su desarrollo y la posibilidad de su supervivencia como nación independiente. Su gente, la raza cósmica mestiza, planteada por Vasconcelos y retomada por Ugarte, su potencia y su tierra, su destino. Para otros, como Bernardino Rivadavia, la América hispana era su lastre, la herencia a olvidar. Su gente, la barbarie, y su tierra, el espacio a domesticar y transformar. En este marco, el presente artículo busca indagar en los sentidos que se le ha ido asignando a la región a lo largo de la historia, con la intención de poder explicar su preminencia en la configuración del pensamiento político de la última década donde aunque la matriz kirchnerista aparece como hegemónica, se ve incluso rebalsada por la mirada positiva de la sociedad argentina hacía la integración. De hecho, según una encuesta publicada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del año 2010, el 92% de los encuestados consideró positiva la integración regional1. Para este fin, siguiendo a Briceño Ruiz (2012), se tomarán dos ejes principales para analizar la participación latinoamericana en la construcción de la identidad nacional. Por un lado, el concepto de autonomía, en tanto capacidad de hacer en forma diferente a la marcada por las grandes potencias. Por el otro, la idea de desarrollo, como búsqueda de mejorar las condiciones materiales de vida del conjunto de la población. Finalmente, se verá en qué medida la crisis internacional actual, comenzada en el año 2008 pone en cuestión la vinculación de estas premisas.

LA REGIÓN COMO REAFIRMACIÓN DE LA AUTONOMíA POLíTICA Desde su independencia, la historia argentina puede ser pensada en relación a sus vínculos con las potencias imperiales, asociando en estas relaciones, modelos de acumulación económica, organizaciones territoriales y pautas sociales. Así, mientras un sector, encabezado por figuras como Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo e incluso el propio San Martín, propugnaban la incorporación de las recientemente independizadas Provincias Unidas del Río de la Plata, a la lógica de unidad continental americana, otro espacio, propugnaba por la construcción de una referencia localista, abandonando el esfuerzo bélico en re-

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lación con otros territorios (como la campaña de San Martín al Perú), para consolidar las fronteras nacionales y sobre todo, el recientemente establecido vinculo comercial con Gran Bretaña (Ramos, 2006). Es decir, que la identidad argentina comenzó, a partir de este primer quiebre o tensión, a estar moldeada por dos imágenes. Por un lado, la idea de “granero del mundo”, como muestra de su inserción internacional como proveedor de materias primas, aspiracionalmente parte del mundo europeo, con el cual de todas formas reconocía una vinculación desigual. Por el otro, la de la “Argentina mestiza”2, que reconocía como valiosa la tradición hispanoamericana, planteándose como heredera de esa historia y fundada en su unión cultural con los pueblos de América. Siguiendo a Déves Valdés (1997) podemos definir esta alternancia bajo la dinámica modernización-identidad dentro de la cual discurre la historia del pensamiento político argentino y latinoamericano. Puntualmente, el autor describe al modelo de modernización como aquel que “se define a partir de: 1) su afán por seguir a los países desarrollados; 2) acentuación de lo tecnológico, de lo mecánico; 3) énfasis en la apertura al mundo a partir del convencimiento de que los países desarrollados y sus habitantes son aquellos que mejor pueden promover la modernización en nuestros países”3, mientras que el modelo identitario refuerza las ideas de que: “1) existe una manera propia de ser latinoamericana, distinta de la europea; 2) refuerzo de lo social y lo humanista y 3) rechazo

LA EXISTENCIA DE UN COMPONENTE DESINDUSTRIALIZADOR EN EL COMERCIO REGIONAL, QUE ADEMÁS IMPACTA DIRECTAMENTE SOBRE EL NIVEL DE EMPLEO NACIONAL, CUESTIONA LA PROPIA PREMISA DE LA NECESIDAD DE VINCULARSE ECONóMICAMENTE CON LA REGIóN, PONIENDO EN CRISIS LA ESTRUCTURA DE SENTIDO QUE FUNDAMENTA DICHA POLÍTICA.

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del intervencionismo de los países más desarrollados en América Latina” (Déves Valdés, 1997). Será entonces, como vemos, en su disputa con los poderes hegemónicos, cuando el vínculo con América Latina actuará como un refuerzo de la autonomía en al menos dos ámbitos. En el terreno externo, por un lado, a partir de la posibilidad de contar con mayores apoyos ante una determinada política (deuda externa, Malvinas, etcétera). y en el terreno doméstico, por el otro, al ubicar la acción, al menos en el marco discursivo, en abierta oposición con el hegemon.

EL ZOLLVEREIN LATINOAMERICANO Ahora bien, si en el plano político la región tiene un rol en términos identitarios y en la posibilidad de ampliar los marcos de autonomía en el terreno internacional, su presencia también cobra relevancia desde la mirada económica. En este sentido, a diferencia del proceso anterior, la aparición de la región como un todo recién se hace presente con fuerza en los años ’60 de la mano del planteo de desarrollo endógeno propuesto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde se planteaba la posibilidad de generar un desarrollo industrial propio a partir de la construcción de un mercado regional unificado y de una estructura asociativa en términos de cadenas de valor (Prebisch, 1963).

Dicho enfoque reconoce como antecedente fundamental la obra del argentino Alejandro Bunge, quien inspirado en el modelo de desarrollo del Zollverein alemán, inserta en el debate económico argentino la cuestión latinoamericana, nuevamente, en directa oposición con el modelo agro-exportador. Dice Bunge, en su texto Nueva orientación de la política económica argentina, de 1921: “Los que sostienen doctrinas internacionalistas en nuestro país suelen simpatizar con la producción uniforme y simple y con el libre cambio y resultan colaboradores con la política de los Estados astros. El bienestar consiste para ellos en que las poblaciones respectivas se dediquen a producir muy barato algunos artículos y los cambien con los de las demás zonas. ¿Qué naciones practican esa doctrina? Solamente las más atrasadas”. Frente a esto, la propuesta de Bunge fue la consolidación de una Unión Aduanera del Sur, con la intención de favorecer el desarrollo de la industria local, que incluiría a Chile, Uruguay, Paraguay y el propio Brasil. Este planteo, que no encuentra su lugar en los convulsionados años ’20, es retomado por Prebisch y finalmente llevado a la práctica en cierta medida en el marco del Mercosur, a pesar de sus primeros años dentro de la hegemonía neoliberal, dando lugar a los resultados esperados por Bunge (Gráfico 1).

Gráfico 1 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (en %)

1995 2000 2005 2010

EXPORTACIONES AL MUNDO

EXPORTACIONES AL MERCOSUR

PP 23 20,3 20,1 22

PP 21,1 16,5 13,8 10,3

MOA 35,6 29,9 32,5 33,5

MOI 31 32,2 29,7 35,1

RESTO 10,4 18,6 17,7 9,4

MOA 18,2 13,5 11,6 11,7

MOI 46,8 48 58,4 68,6

RESTO 14 22 16,1 9,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CEI/Cancillería

Como se observa en el cuadro, el porcentaje del total de las exportaciones al Mercosur definido dentro de la categoría de Manufacturas de origen industrial (MOI), es superior al promedio que esta categoría adquiere en las exportaciones globales tanto en la década del ’90, como en las primeras del siglo XXI. Aun así, para algunos sectores de la industria argentina, la apertura del mercado impulsada a partir del inicio del Mercosur generó fuertes complicaciones en sus lógicas de competitividad, ante el ingreso de productos brasileños, como

puede ser el caso del sector de la línea blanca, o la industria del calzado. La razón de este fenómeno se encuentra en el tipo de integración que se realizó, vinculada a la apertura lineal y automática de las economías, lo cuál, por las lógicas propias del mercado, fue llevando a una profundización de las tendencias ya existentes en ambos países. Pero aun con estos conflictos sectoriales, el devenir de conjunto de la economía fue confirmando la percepción de la ecuación de igualación propuesta por Bunge entre región e indus-

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trialización, siendo de hecho el marco de la integración lo que posibilitó el sostenimiento de algunos segmentos industriales en el oscuro contexto de la década neoliberal. Con la llegada del kirchnerismo y el nuevo impulso industrialista, la situación pareció volver a encontrar un punto de equilibrio al recomponerse el tejido fabril nacional, aunque en gran medida, el aumento de la oferta fue sostenido por bienes de capital e intermedios de procedencia regional, generando un novedoso déficit comercial intrarregional impensado hasta ese momento (Gráfico 2).

En este marco, la presencia de desbalanceos en determinadas áreas industriales comenzó a ser vista con mayor preocupación que antaño, generando una serie de conflictos de distinta intensidad que llevaron en numerosas circunstancias al cierre o demora del ingreso de las mercaderías brasileñas al país. Ahora bien, la virulencia del accionar argentino durante estos años sorprendió a sus pares brasileños, ya que el déficit mencionado no afectaba en forma global la posición superavitaria del comercio argentino a nivel

Gráfico 2 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA-MERCOSUR 25000

Millones de U$S

20000

15000

10000

5000 Exportaciones Importaciones

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CEI / Cancillería

mundial. Pero es aquí donde nuevamente debe ponerse en consideración el rol que el pensamiento argentino, sostenido en las consideraciones de Prebisch, y permeado al conjunto de la sociedad y a gran parte de la dirigencia política, tanto oficialista como opositora, le asignan a la región en términos de desarrollo. Tal como sostiene Porta (2011): “Que esta circunstancia (el déficit comercial) despierte preocupación en Argentina no debe confundirse con una mera visión “mercantilista”; la inquietud está más bien relacionada con consideraciones acerca del problema de las asimetrías en el bloque y, en consecuencia, con la perspectiva de la distribución de los beneficios esperados de la integración regional”. En este sentido, dado que la región está asociada a un pensamiento industrialista por excelencia, la aparición de ejemplos, sectores, que pongan en contradicción esta situación, constituye una luz de alarma muy clara para los defensores del proyecto integracionista. Nuevamente, así como la región es vista como reducto de

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autonomía en términos políticos, y cualquier contradicción a este principio pone en cuestión el propio vínculo, la existencia de un componente desindustrializador en el comercio regional, que además impacta directamente sobre el nivel de empleo nacional, cuestiona la propia premisa de la necesidad de vincularse económicamente con la región, poniendo en crisis la estructura de sentido que fundamenta dicha política.

CRISIS MUNDIAL E IMPACTO REGIONAL Con la llegada de la crisis global de 2008 y sus repercusiones actuales, asistimos a la modificación de algunos de los parámetros hasta aquí mencionados. En el terreno comercial, por caso, la Argentina ve peligrar su superávit comercial a nivel global, al tiempo que continúa profundizándose el déficit bilateral en el comercio con el Brasil. En este contexto, parecen consolidarse de parte del gobierno argentino dos tendencias. Por un lado, un aumento del discurso de la confrontación frente al orden mundial establecido y, por el otro, un proceso de fuerte aumento del

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LOS CONCEPTOS DE AUTONOMÍA y DESARROLLO QUE UNEN A LA ARGENTINA CON LA REGIóN, y CON EL BRASIL PARTICULARMENTE, PODRÁN SEGUIR SIENDO ESGRIMIDOS A LA HORA DE PENSAR UN PROyECTO VIABLE DE PAÍS y UN MODELO IDENTITARIO QUE CONFRONTE CON AQUELLOS QUE ENCUENTRAN EN OTROS CONTINENTES, SU ESPEJO.

proteccionismo económico con énfasis en la defensa del mercado interno y el trabajo nacional. Particularmente, este segundo punto se ha expresado bajo una forma que, si bien no en su formulación general (restricción de las importaciones globales para sostener el trabajo nacional) ha impactado de lleno en la relación con el bloque. Este hecho, no menor, ha generado el cuestionamiento acerca de si el modelo de desarrollo elegido por parte del gobierno argentino pondrá en cuestión al Mercosur en forma estructural, o se trata de conflictos similares y transitorios como los vividos en años anteriores como el 2006, por ejemplo. El primer hecho a puntualizar, como se ha venido viendo, es que efectivamente no se trata de un momento similar al de años anteriores. La crisis ha tomado una dinámica que pareciera generar una dificultad en el sostenimiento de la industrialización nacional tanto en término de competitividad global, como de competitividad regional. Este hecho ha puesto en tensión la igualación propuesta entre unión aduanera y desarrollo industrial, obligando a un replanteo del propio modelo de integración de forma tal de volver a construir el escenario planteado, al menos en términos discursivos. Así, frente a la continuidad del déficit comercial, la propuesta política ha sido el refuerzo del concepto de integración productiva, como alternativa a la mirada comercialista, expresando la posibilidad, en un contexto de crisis y déficit, de sostener el modelo de industrialización asignado a la región. En el desarrollo de esta área se juega la posibilidad de que la crisis no supere los fundamentos coyunturales que actualmente tiene. La integración productiva permite a las capas políticas argentinas conciliar nuevamente la región con el modelo desarrollista. Así, el

movimiento comercial pierde sustento, si se logra plantear la existencia de un ámbito potente de trabajo conjunto que permita desarrollar las potencialidades industriales argentinas. Es, como plantea Porta (2011), en un contexto de gobiernos neodesarrollistas, la puerta que permite repensar políticas en clave regional, superando la trampa de la lógica comercial. En este sentido, a mayores problemas comerciales, la respuesta regional debería tender a la presentación de mayores lógicas de asociatividad, las cuales servirán como argumento para licuar las trabas comerciales que se pudieran presentar bajo el paraguas de un horizonte de desarrollo común. De esta forma, los conceptos de autonomía y desarrollo que unen a la Argentina con la región, y con el Brasil particularmente, podrán seguir siendo esgrimidos a la hora de pensar un proyecto viable de país y un modelo identitario que confronte con aquellos que encuentran en otros continentes, su espejo. •

Notas 1 La encuesta fue realizada sobre 1.600 casos, con muestreo probabilístico en ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país. El informe se encuentra disponible en www.cari.org.ar 2 Resalta en esta tradición el pensamiento de Manuel Ugarte, quien en Mi campaña hispanoamericana afirma: “Somos indios, somos españoles, somos latinos, somos negros, si queréis, pero somos lo que somos y no queremos ser otra cosa (116-117). 3 Basta como ejemplo las palabras del ingeniero mexicano Francisco Bulnes en su texto “El porvenir de las naciones latinoamericanas” donde indica “No son Europa y los Estados Unidos los enemigos de los pueblos latinos de América. No hay más enemigos terribles de nuestro bienestar que nuestras tradiciones”. Bibliografía Briceño Ruiz, José (2012). “Autonomía y desarrollo en el pensamiento latinoamericano”, en Integración latinoamericana y caribeña. Política y Economía. Madrid, Fondo de Cultura. Bunge, Alejandro (1921). “Nueva orientación de la política económica argentina”, en Revista de Economía Argentina, N° 36, tomo 6, año 3. Buenos Aires. Déves Valdés, Eduardo (1997). El pensamiento latinoamericano a comienzos del siglo XX. La reivindicación de la identidad, Anuario de la Filosofía Argentina y Americana, N° 14. Mendoza, Universidad de Cuyo. Porta, Fernando (2011). “Algunas consideraciones sobre la dinámica de la, integración productiva en el Mercosur”. En La integración productiva en la nueva agenda del Mercosur. Montevideo, AECID. Prebisch, Raúl (1963). Hacía una nueva dinámica del desarrollo latinoamericano. México DF, FCE. Ramos, Jorge Abelardo (2006). Historia de la Nación Latinoamericana. Buenos Aires, Honorable Senado de la Nación Ugarte, Manuel (1953). Mi campaña hispanoamericana. Buenos Aires, Ed. Coyoacán.

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Acumulación originaria y afirmaciones latinoamericanas POR PATRICIA FUNES

Historiadora. Profesora de la materia Historia Social Latinoamericana en la Carrera de Sociología y de la materia Historia Latinoamericana en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña además como investigadora del CONICET.

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eneralmente presentamos artículos sobre los libros que hemos escrito o estamos escribiendo, pocas veces acerca de esos libros que nos gustarían escribir, aunque sean improbables. Todos tenemos o hemos tenido algún libro imaginario. Ese que no emprendemos por tantas razones: las demandas académicas, las presiones institucionales del sistema científico, las propias limitaciones o sencillamente la pereza. ¿Por qué no escribir sobre un libro imaginario? Transitamos épocas de afirmaciones latinoamericanas, de “epistemologías-otras”, descolonizadoras, alternativas, poscoloniales. Por ejemplo: el Buen Vivir, o Sumak Kawsay como afirma Alberto Acosta (vicepresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, la única constitución que reconoce derechos de la Naturaleza), supone un planteo holístico en el que se ponen de relevancia otros valores en las concepciones de “crecimiento” o “desarrollo”: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza. Época de cambios o cambio de época (lo dirá el tiempo) pisamos territorios posneoliberales. Deberíamos hacer un esfuerzo intelectual para reemplazar tanto prefijo. Finalmente esta parte del mundo ha sido privilegiada en análisis evolucionistas de “deberes ser” o “cómo deberíamos ser” espejados en los itinerarios de una modernidad modélica. Ese libro, me parece, contribuiría a pensarnos quizá sin prefijos. Imaginemos por un momento unas “italianísimas” pastas sin salsa de tomate, una Kartoffelsalat sin kartoffel o knishes sin papa. Puro oxímoron. Más lujurioso o glotón: la vida sin chocolate. Más profesional: la industria automotriz como la conocemos sin el “sangrante” Hevea Brasiliensis (más conocido como caucho). También están las drogas, claro: el tabaco y la cocaína. ¿También la Coca Cola? Para evitar malintencionadas interpretaciones aclaremos que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,

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David Choquehuanca, afirmó que no es cierto que se vaya a prohibir la Coca Cola en Bolivia el 21 de diciembre de este año. Pero no nos desviemos. Europa no conocía la “risueña” papa, el maíz creador, el chile picante, el globoso tomatl, la religiosa coca, la distinguida vainilla, el “sangrante” caucho. Tampoco los frijoles, el zapallo, la palta, entre muchos otros. Simplificando bastante el argumento el “descubrimiento” de América tuvo su origen en la búsqueda de la pimienta, no de metales preciosos. O mejor, de las exquisitas especias como el azafrán, la canela, la nuez moscada, imprescindibles para conservar o maquillar los sabores más bien intensos de aquellos alimentos servidos en las mesas nobles. Cuando los turcos cerraron las puertas del Mediterráneo a las flotas de Génova, Pisa, Venecia en su camino a la India o Ceilán, se impuso buscar otros caminos. Era un muy rentable negocio para la burguesía en ciernes. Como alguna vez escribió Germán Arciniegas: la pimienta se contaba por granos, la canela valía más que el oro. Además estaba el inquietante asunto de la redondez de la Tierra. No habría que minimizarlo. Muchos fueron quemados en la hoguera por refutar el “cielo de las fijas”. E pur si muove es uno de los orígenes de la ciencia moderna. Cristóbal Colón confirmó con excelencia en las artes de navegar la redondez de la Tierra. Pensó (con menos conocimiento) que había encontrado pimienta en lo que él consideraba la India. Se llevó a España las semillas de unos chiles que fueron plantados no sin esperanza y ceremonia. Los jardineros reales advirtieron que no se trataba de lo mismo. No fue el equívoco más grande de Colón. La existencia descomunal de oro y plata eclipsó ese origen “especial”. Los cronistas hablan con cierta decepción ante productos indianos tan ordinarios. Extraordinarios en verdad, pero rudimentarios para esos gustos colonialistas: la papa, el tomate, el maíz. Incluso

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esa bebida de cacao y agua, al parecer afrodisíaca, que tomaba Moctezuma y ofreció como tesoro muy preciado al falso Quetzacóatl encarnado en Hernán Cortés, quien no supo apreciar el gesto. Mucho después Hegel sancionó que el Nuevo Mundo no tenía historia. y la naturaleza tampoco estaba a la altura. Era “mero eco de cuanto acontece en Europa”: los ríos no habían formado su lecho, sus leones, tigres y cocodrilos eran más pequeños, más débiles y más impotentes, sus animales comestibles, menos nutritivos. Esta parte del mundo era “un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo de la vieja Europa”. Por refracción eso sería afirmativo. No por entonces ni por varios metros lineales del archivo categorial de Occidente. Desde los comienzos de la modernidad, entonces, las representaciones de esta parte del mundo marcaron la “desviación” de América Latina bajo el imperio de los “sub” o los “pre” (subdesarrollo, precapitalismo, por ejemplo). Hacia mediados del siglo XVIII los viajeros científicos tales como Buffon, De Paw, el abate Raynal y Robertson señalaban la minusvalía física y geográfica de América. Thomas Jefferson recopiló listas de especies americanas, que midió con precisión para refutar a Buffon. Más concreto, Benjamin Franklin, en París cenando con Raynal, demostró de manera más empírica

que todos los americanos presentes eran más altos que sus interlocutores franceses. En Nuestra América, la contestación de los viajeros científicos contribuyó a afianzar el sentimiento antimetrópoli de los criollos, que crecía al compás de la presión tributaria borbónica. Un aporte importante fue el del jesuita novohispano Francisco Javier Clavijero quien se rebeló contra las “calumnias” de Buffon y de De Paw. Como contraparte propuso una reivindicación de la igualdad de los indios y, en un estilo muy idealista, construyó una versión épica de la civilización mexica estableciendo comparaciones con pueblos de semejante grado de evolución cultural. Sin embargo Clavijero concluye su relato en el momento mismo de la caída de Tenochtitlán, desvinculando su análisis del espinoso e inoportuno proceso de conquista. Pero, para los fines de la construcción de una tradición y de un relato alternativo a España, la Historia Antigua de México (1780), como afirmó David Brading, puede asociarse al impacto de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso. Otro tanto ocurrió con Fray Servando Teresa de Mier que en su Historia de la Revolución de la Nueva España (1813) elaboró la teoría de que América habría sido convertida al cristianismo por Santo Tomás antes de la conquista, restando a España uno de los pilares legitimadores de la

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conquista: la evangelización. Después del sermón de Tepeyac debió exiliarse, era demasiado audaz. De allí se desprenden muchas conclusiones sobre las formas de pensar e interpretarnos, pero no nos vamos a desviar nuevamente. Lo sabemos: el proceso de acumulación originaria de la economía capitalista no puede entenderse sin el oro arrancado de las “Indias Occidentales”. Agregaría también sin el tráfico de esclavos, ese sangriento “comercio triangular” entre Europa, África y América. Esclavitud y capitalismo solía ser un clásico de las ciencias sociales. Nada se entiende sin ese despojo acumulado por un mercado voraz. Ni la economía, ni la sociedad, ni la cultura de Occidente. Un ejemplo marginal para un libro imaginario: ¿Hubiera sido posible La Sagrada Familia (me refiero a la basílica de Gaudí en Barcelona) sin el mecenazgo de Güell, gran plantador esclavista de azúcar en Cuba? No voy a sumergirme en esas dimensiones porque los senderos vuelven a bifurcarse. Los libros imaginarios son así, diletantes y escurridizos. Hay un tercer ingrediente de esa acumulación originaria sin el cual tampoco el capitalismo hubiera sido así o no hubiera sido. Contrafáctico está prohibido para los historiadores, pero la libertad de un libro ilusorio permite esas licencias. Me refiero a la introducción en Europa de la Solanum tuberosum. Es decir: la papa. Para los pobres de Europa el descubrimiento fue la papa no el oro. En ese libro imaginario la papa sería muy protagónica. La papa mirada socialmente con ojos americanos invirtiendo el mapa, como la hoy muy transitada pintura de Torres García. Para los campesinos de Irlanda, de los Países Bajos, de Europa Central, de Rusia, la papa (hoy considerada científicamente como “el desarrollo biológico más impresion-

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ante de este milenio”), significaba la vida o la muerte. Es decir, esa “turma” evitó una de las dos causas de muertes masivas en la Europa premoderna: la hambruna. La otra era la peste. Allí la papa no pudo y en algún caso la complicó. Irlanda a mediados del siglo XIX extendió su cultivo y su consumo de manera exponencial. Su población era de alrededor de 8 millones de habitantes mayoritariamente campesinos (hoy tiene cerca de cuatro millones y medio) que consumían casi exclusivamente papa que llamaban “la risueña”. Tratándose de irlandeses también se las ingeniaron para extraer de la papa un whisky muy popular por entonces. En 1846 una plaga parásita asoló los campos de cultivo y se estima que murieron alrededor de medio millón de personas y otro tanto emigró hacia Estados Unidos. Pero no fue culpa de la papa. Los orígenes de la papa y su domesticación han ocupado a botánicos y arqueólogos generando complicados debates. Acuerdan que es oriunda de los Andes Centrales y/o del archipiélago de Chiloé. Las primeras especies silvestres están datadas hace 13.000 años. Pero a quien le interese mucho este tema recomiendo leer los trabajos clásicos de Vavilov, Hawkes o Salomon. En el momento de la conquista, la papa (en sus diferentes variedades) se extendía desde la actual Venezuela hasta el norte argentino. Su llegada al norte de la región, al parecer, fue posterior a la llegada de los españoles. Una de las primeras crónicas de la conquista que se refieren a la papa fue la de Francisco López de Gomara en la Historia General de las Indias (1552). En la descripción de las regiones altas al sur del Perú (el Collao, Cusco), narra que allí la gente vivía “unos cien años o más; carecen de maíz y comen unas raíces que son a manera de turmas de tierra que ellos llaman papas”. Esa idea de trufa o de testículo (“turma” se traducía por entonces como “testículos”) no podía ser menos auspiciosa. Entre otros también el Inca Garcilaso de la Vega habló en sus Comentarios Reales de la papa y de la sobrevivencia del Tawantinsuyu cuando se la pudo almacenar convertida en “chuño”: “… es redonda y muy húmeda, y por su mucha humedad dispuesta a corromperse presto. Para preservarla de corrupción la echan en el suelo sobre paja, que la hay en aquellos campos muy buena; déjanla muchas noches al hielo [...] y después que el hielo la tiene pasada como si la cocieran, la cubren con paja y la pisan con tiento y blandura para que despiche la acuosidad que de suyo tiene la papa [....] y después de haberla bien exprimido la ponen al sol y la guardan del sereno hasta que está del todo enjunta. De esta manera preparada se conserva la papa mucho tiempo, y trueca su nombre y se llama Chuñu; así pasaban toda la que se cogía en las tierras del sol y del Inca y la guardaban en los depósitos con las demás legumbres y semillas”.

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DESDE LOS COMIENZOS DE LA MODERNIDAD, ENTONCES, LAS REPRESENTACIONES DE ESTA PARTE DEL MUNDO MARCARON LA “DESVIACIóN” DE AMÉRICA LATINA BAJO EL IMPERIO DE LOS “SUB” O LOS “PRE” (SUBDESARROLLO, PRECAPITALISMO, POR EJEMPLO).

Huamán Poma de Ayala en La Nueva Crónica y Buen Gobierno (1615) describe las actividades agrícolas referentes a la papa con esas ilustraciones sobre las que Silvia Rivera Cusicanqui escribió ese sabio libro abigarrado (Chi’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores). La papa fue por entonces y desde su domesticación alimento, trabajo y religión. En el espacio del Tawantinsuyu, el inframundo, lo que está debajo de la tierra, tiene más significación que el cielo cristiano. Según el antropólogo Luis Millones, en los Andes el Dios Huatiacuri es la personificación de la papa. Su poder yace escondido tras una apariencia miserable, pues aparece cubierto de tierra y filamentos que pueden ser vistos como andrajos. “Pero bajo esa superficie, es capaz de sorprender. Asimismo, es preciso aclarar que si la papa pertenece al mundo interior, de ninguna manera es de rango inferior. Se trata más bien de la doble condición de los dioses: tan hacedores del bien como del mal; brillantes y a la vez oscuros, pero sobre todo poderosos”. John Murra escribió que en el mundo andino la papa fue tan importante que estaba ligada al tiempo y al espacio. Medía unidades de tiempo “la duración de una cocción de una olla de papas”. También de espacio: la “papacancha” era la extensión de tierra que tenía un ayllu para plantar papas.

EL PROCESO DE ACUMULACIóN ORIGINARIA DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA NO PUEDE ENTENDERSE SIN EL ORO ARRANCADO DE LAS “INDIAS OCCIDENTALES”. AGREGARÍA, TAMBIÉN, SIN EL TRÁFICO DE ESCLAVOS, ESE SANGRIENTO “COMERCIO TRIANGULAR” ENTRE EUROPA, ÁFRICA y AMÉRICA.

No se sabe a ciencia cierta quién la introdujo en Europa. Francisco Pizarro fue bastante desdeñoso con la papa que probablemente haya sido plantada por primera vez en España en la huerta de un hospital de Sevilla para paliar una hambruna cerca del año 1571. En el resto de Europa para algunos fue obra de piratas y corsarios. Walter Raleigh, por caso, que si no fue el introductor de la papa en Inglaterra lo fue del tabaco (fundó Virginia y expandió su cultivo incitando su consumo en Inglaterra). Hostigó las costas de Venezuela en busca de El Dorado, pero eso es papa de otro costal. Otros dicen que la paternidad de la papa en Europa la tiene Francis Drake también pirata o corsario, según se mire. Hasta hay una estatua en algún lugar de la actual Alemania que no recuerdo de un escultor que quiso hacer mérito al pirata por su contribución a los pobres de Europa. Sin embargo no fue fácil convencer a la gente para que la consumiera. Convengamos que su aspecto no es muy delicado. Sobre la papa se tejieron muchas mitologías. Robert Rhoades, quien ha estudiado el itinerario de la papa en el mundo, afirma, por ejemplo, que para el clero escocés ningún tubérculo no nombrado en la Biblia merecía tenerse en cuenta. A la papa se la culpó de la guerra, la lepra, la sífilis, la escrófula, la lujuria. Incluso de la brujería: las mujeres elaboraban ungüentos con papa que contenía atropina. Las versiones populares decían que las hacía volar, lo que para racionalistas pareceres equivalía a hechicería. Es decir, al principio la papa fue muy resistida. No pocas ingenierías de poder fueron necesarias para lograr su aceptación. Por ejemplo, Federico II de Prusia (17401786) envió un cargamento de papas a los campesinos en medio de una hambruna. La rechazaron de plano. Según Salaman protestaron porque no tenía ni olor ni sabor y ni siquiera los perros se dignaban a comerla. El déspota ilustrado se valió de un ardid para convencerlos: organizó un banquete al aire libre en el que se servían papas para demostrar no sólo que eran comestibles sino que hasta los nobles podían comerlas sin riesgo. Pero sin dudas fue el farmacéutico y militar francés Antonio Parmetier quien por la misma época persuadió a Francia y a su rey de las bondades de la pomme de terre (la elegancia francesa asoció la papa con la manzana). Parmetier descubrió las cualidades de la papa durante la Guerra de los Siete Años en Westfalia. y desde ese momento se convirtió en su más fervoroso publicista. En 1772 la Academia de Besançon llamó a un concurso sobre el estudio de los alimentos que podían paliar las hambrunas. Parmetier se presentó defendiendo las virtudes de la papa y lo ganó. A partir de ese trabajo, en 1778 publicó la obra Examen chimique de la pomme de terre. Turgot, Buffon, Condorcet y otros destacados enciclopedistas abrazaron la causa de la papa con entusi-

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asmo. Según cuentan, Luis XVI personalmente tomó cartas en el asunto para popularizar su consumo (las cosas estaban feas y los campesinos, con razón, muy enojados). Lucía entonces una flor de papa en el ojal mientras que María Antonieta lo hacía en su peluca. Pero no fue suficiente. Parmetier propuso una ingeniosa estratagema publicitaria: convenció al rey de cultivar papas en París en un campo fuertemente custodiado por las tropas reales. Los habitantes de los alrededores una noche entraron a robar lo que consideraban un precioso cultivo. La guardia real, que estaba advertida del asunto, los dejó pasar. Más allá de las anécdotas, no deja de ser curiosa la definición del sustantivo “papa” en la primera edición de L´Encyclopédie (tomo XIII, el de la “P”, 1751). Comienza muy formal: “PAPA, alcachofa de Jerusalén, batata, trufa blanca, trufa roja (Diete). Esta planta fue traída a nosotros desde Virginia, se cultiva en muchas partes de Europa, y en especial en varias provincias del reino, como Lorraine en Alsacia, en el Lyonnais, Vivarais, Dauphiné, etcétera”. Sigue describiendo que la consumen mayoritariamente los campesinos, cómo la cocinan y la comen. Admite que su sabor no es tan agradable, sin embargo “provee comida abundante y beneficiosa.” Pero lo más interesante es la aseveración y la pregunta del final de tan ilustrado conocimiento: “Se le critica con razón provocar ventosidades”. y concluye: “¿qué son las ventosidades para los organismos vigorosos de campesinos y trabajadores?”. Más allá de ventosidades y apariencias la papa se extendió rápidamente por Europa. Hacia finales del siglo XIX campesinos, pobres y papas eran significados recíprocos. Vincent van Gogh lo sabía cuando pintó la famosa tela Los comedores de papa (1885). Escribió sobre el cuadro: “He querido poner conscientemente de relieve la idea de que esa gente que, a la luz de la lámpara come patatas sirviéndose del plato con los dedos, trabajó asimismo la tierra en la cual las patatas han crecido; este cuadro, por tanto, evoca el trabajo manual y sugiere que esos campesinos merecen comer lo que honestamente se han ganado. He querido que haga pensar en un modo de vivir muy diferente al nuestro. Así pues, no deseo en lo más mínimo que nadie lo encuentre ni siquiera bonito ni bueno”.

Iluminista o productora de gases, sigue viajando por el mundo. Vestida de simple puré o de sofisticadas guarniciones “gourmet”. Me resuena esa Oda a la papa de Neruda (a los libros imaginarios les gustan los poemas):

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Universal delicia, no esperabas mi canto, porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite o cantas en las freiduras de los puertos, cerca de las guitarras, silenciosa, harina de la noche subterránea, tesoro interminable de los pueblos. Sigo mascullando unos itinerarios del tomate (¡qué culpa tiene!), el cacao, el tabaco o la coca. Pero las imaginaciones y los caracteres se me esfuman. ¿Cómo pensarnos afirmativamente desde el Sur? Quién sabe, quizá escribiendo libros imaginarios. •

Bibliografía Acosta, Alberto. 2008. “El Buen Vivir, una oportunidad por construir”, en: Ecuador Debate, Nº 75, p. 33-48. Arciniegas, Germán. 1992. “La Europa americana”, en: América es otra cosa, Bogotá, Intermedio Editores. Brading, David. 1991. Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla. (1492-1867), México, FCE. Claure, Lauro. 1996. “Historia de la Papa”, en: Revista Papa, órgano Informativo de la Federación Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, N° 16. Graves, Christine (ed.). 2004. La papa tesoro de los Andes: de la agricultura a la cultura, Centro Internacional de la Papa, Lima. Disponible en: http://cipotato.org/publications/books/papa_tesoro_andes_online Hawkes, John. 1990. The Potato: Evolution Biodiversity and Genetic Resources, London, Belhaven Press. Mamani, Mauricio. 1982. “Agricultura a los 4.000 metros”, en: Albó, Xavier (ed.), Raíces de América: el mundo aymara, Alianza, Madrid. Murra, John. 1975. “Maíz, tubérculos y ritos agrícolas”, en: Formaciones económicas y políticas del mundo andino, IEP, Lima. Ochoa, Carlos. 1990. The potatoes of South America: Bolivia, Cambridge, Cambridge University Press. Salaman, Redcliffe. 1985. The History and Social Influence of the Potato, Cambridge, Cambridge University Press. Vavilov, Nicolai. 1997. Five Continents, International Plant Genetic Resources Institute, Roma.

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jugando con los estereotipos: la obra de Juan Fernando Ospina1 POR GABRIELA POLIT DUEÑAS

Profesora de Literatura Latinoamericana en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Ha publicado The Meanings of Violence in Contemporary Latin America, editado con María Helena Rueda (Palgrave MacMillan, 2011), Cosas de hombres. Escritores y caudillos en la narrativa latinoamericana del siglo XX (Beatriz Viterbo Editora, 2008), Crítica literaria ecuatoriana. Hacia un nuevo siglo (Flacso, Quito, 2001). Su libro Narrating Narcos. Stories from Culiacán y Medellín está en prensa en Pittsburgh University Press. Actualmente investiga sobre la no ficción y las narrativas del margen en América Latina.

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a investigación sobre la representación de la violencia demanda un aprendizaje sobre lo que implica para escritores y artistas plásticos sortear la tensión entre la necesaria referencia a idiosincrasias locales, el uso de los estereotipos y la superación de estos modelos. El tema es evitar el cliché de una simple victimización o la llana estigmatización del perpetrador. Los sentidos que tiene la violencia se presentan con muchos matices y afectan de innumerables maneras las vidas de la gente que la ejerce y la padece. Cuando se representa un fenómeno de violencia a través de imágenes, los retos de no reproducir estereotipos suele ser todavía mayor ya que éstas tienen referentes específicos a los sentidos y a las formas (culturalmente codificadas) en las que percibimos. En este trabajo analizo la obra de Juan Fernando Ospina, un fotógrafo antioqueño en cuya obra el uso del estereotipo tiene un lugar central. El argumento de este trabajo es que Ospina muestra la relatividad de los estereotipos porque juega con el tiempo en la composición de sus imágenes; aunque el primer referente de Ospina, y el que nutre su mirada, es el de las calles de Medellín. Ospina es el fotógrafo de la imagen que promocionó la película de Barbet Schroeder, La Virgen de los Sicarios, basada en la novela (y el guión) de Fernando Vallejo. La de Alexis (Anderson Ballesteros) en musculosa blanca con un relicario de la Virgen Auxiliadora colgando del pecho, las manos sosteniendo una pistola, fue la imagen que dio la vuelta al mundo promocionando el filme. Ospina, como muchos escritores y artistas de Medellín en los ‘90, se inmortalizó con la imagen de un

joven morador de las comunas, (Alonso Salazar con No nacimos pa’semilla; Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios; Víctor Gaviria con Rodrigo D. No futuro y La vendedora de rosas, entre otros). Ospina es autodidacta y se describe a sí mismo como seguidor de Benjamín de la Calle (1869-1934) y Melitón Rodríguez (1875-1942), dos fotógrafos antioqueños que vivieron en el Medellín del cambio de siglo y la convirtieron en el objeto de su trabajo. De la Calle es famoso como retratista y la mayor parte de sus fotos las tomó en su estudio. Rodríguez es conocido como paisajista, un flâneur y conocedor de la ciudad a la que dejó registrada con su cámara. Ellos fueron los pioneros del arte de la fotografía en Medellín y sus imágenes son vestigios de momentos importantes de la historia moderna de la capital antioqueña. Como De la Calle y Rodríguez, Ospina contribuye con el archivo de imágenes de su ciudad. Su trabajo empieza en sus recorridos por las calles de Medellín cuyos personajes y escenas cotidianas, especialmente en el centro de la ciudad, son el objeto de su curiosidad artística. El centro de Medellín, como el de muchas otras ciudades latinoamericanas, es lo que queda de un pasado más afluente. El Hotel Nutibara, reliquia de los años del auge del café, es ahora un edificio con poco glamour, y aunque la Plaza Botero con su piso de damero y el sobrepeso de las maravillosas esculturas del artista crean una atmósfera señorial, los vendedores ambulantes, los carritos de comida, el tráfico de taxis y colectivos y la música que acompaña estas escenas dan cuenta de la realidad cotidiana de sus habitantes más de lo que lo

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hace el Museo de Antioquía, donde termina la plaza. Ese colorido universo de vendedores y consumidores del mercado informal es sólo una parte del territorio donde trabaja Ospina. La otra es su imaginación. El fotógrafo dice que él no retrata la realidad, que sus fotografías son intervenciones, se define como un turista en su propia ciudad y confiesa que esa mirada distante es lo que le permite tener una percepción más profunda de lo que le rodea. Para él la fotografía no muestra sino que lleva a los espectadores a ver más allá de lo que está en la imagen. Sus fotografías son composiciones en las que él interviene, lo que hace que no pueda considerárselas únicamente como fruto de su aguda mirada artística. Aunque estén trabajando en sus oficios cotidianos, sus modelos siempre posan en sus fotos, la imagen es producto de realidades modificadas, alteradas, no solamente por las técnicas usuales del uso de la luz y la perspectiva, sino también por un objeto puesto en una esquina de la escena. En la serie que analizo, las fotos de Ospina no son imágenes improvisadas. Cuando lo conocí en el verano (invierno en Buenos Aires) de 2008, Ospina vino hasta el Hotel Nutibara donde me hospedaba y recorrimos el centro. Camino al bar donde tomaríamos una cerveza para hablar de su trabajo, vendedores ambulantes, músicos callejeros, hombres y mujeres que viven en la zona lo saludaban con entusiasmo: “Juanito”, le gritaban y lo tocaban. Ospina los llamaba por el nombre, me los presentaba y me contaba la historia de cada uno: “A ella la conocí cuando organicé un concurso de músicos callejeros hace algunos años; a él lo fotografíe en una serie que me pidió el municipio, etcétera”. La confianza y la serenidad de Ospina con la gente no era una pose. Aspecto que es importante mencionar para entender la mirada del fotógrafo y reconocer la profundidad de su arte en la composición de sus imágenes.

desde donde se enfatiza un aspecto u otro de la persona, paisaje u objeto retratado. Esa es la codificación del mensaje que transmite la foto. En este proceso creativo, me interesa enfocarme en los efectos de la intrusión de Ospina en sus imágenes y así decodificar sus mensajes. Ospina muestra la ciudad como un lugar donde la reciente historia de violencia ha dejado su huella. Esto hace que su trabajo se ubique sin dificultad en una geografía específica (Medellín) y a la vez global (la capital del narco en la década de los ‘80). Pero el fotógrafo problematiza ese Medellín estigmatizado por el narco y los varios ejércitos que se han confrontado en sus comunas (villas)4. Las imágenes muestran también un código propio porque Ospina agrega un elemento en la escena que da cuenta de un cruce de tiempos, algo que interrumpe la lectura fácil de la imagen y señala las complejidades del fenómeno de la violencia y de la historia de Colombia. Esta modificación no es sólo una cuestión propia de la técnica y la representación en la fotografía, sino que Ospina modifica los escenarios e incluso da libreto a los personajes de sus fotos. Todos ellos aparecen como lo que son: los vendedores ambulantes aparecen como vendedores ambulantes, las prostitutas como prostitutas, los desplazados como desplazados. Pero ninguno de ellos está retratado por azar o en una foto improvisada. Todas las imágenes son composiciones en las que el fotógrafo interviene activamente. El efecto es una narrativa, una historia que muestra las arbitrariedades del uso de un estereotipo y nos acerca a las personas retratadas en la escena.

PERCEPCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN En sus reflexiones sobre la fotografía, Susan Sontag sostiene que el de las imágenes es un lenguaje universal que llega a audiencias más amplias, pero también reconoce que no por eso es un lenguaje neutro2. La fotografía es producto de la manipulación del artista que altera y edita su manera de ver la realidad. La de la cámara no es una mirada neutra ni universal que refleja cada cosa en su lugar, la cámara no es un objeto autónomo. Como dicen Kaja Silverman, la identificación con la imagen como si fuera fruto de una mirada universal es parte de la ideología hegemónica que muestra las imágenes como objetos absolutos (por ejemplo, el modelo de belleza en los comerciales de revistas y televisión)3. Detrás de la cámara está un/a fotógrafo/a haciendo uso de la luz, tomando posición en un ángulo determinado

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OSPINA MUESTRA LA CIUDAD COMO UN LUGAR DONDE LA RECIENTE HISTORIA DE VIOLENCIA HA DEJADO SU HUELLA.

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Las imágenes nunca hablan por sí mismas, y menos aún las imágenes de la violencia, como bien sostiene Virginia Woolf. En la introducción a Three Guineas, Woolf explica cómo las imágenes de la guerra civil española tienen un significado para el abogado a quien ella dedica sus reflexiones sobre la guerra y otras muy distintas para ella, la hija de un hombre educado. Woolf muestra cómo las diferentes percepciones codificadas culturalmente son reflejos de enormes diferencias sociales. En el caso que ella ilumina, es evidente la diferencia de género por el lugar que hombres y mujeres ocupaban en la sociedad. Cuando Sontag escribe el artículo anteriormente citado, lo hace en el contexto de las reflexiones sobre las imágenes del 11 de septiembre de 2001, y aunque comienza citando a Woolf, Sontag está menos interesada en la construcción cultural de la percepción, que en cómo una imagen captura y enmarca el sufrimiento de los otros. Tanto el ensayo de Woolf como el de Sontag tratan sobre las imágenes de violencia, su común preocupación son las múltiples maneras en las que las imágenes se constituyen y se perciben. Estas preocupaciones tienen otro matiz en el contexto antioqueño contemporáneo a la luz del trabajo de Juan Fernando Ospina. Un elemento importante en la serie que analizo es la cita que acompaña la imagen. Por la conmemoración del 150° aniversario del nacimiento del autor antioqueño, Tomás Carrasquilla (1858-1940), el municipio de Medellín le encarga a Ospina hacer un trabajo que muestre la vigencia de Carrasquilla en la Antioquia contemporánea5. Ospina arma una exposición de fotos acompañada con textos de Carrasquilla y establece una tensión en el tiempo: aquel de continuidad de la obra del autor y

aquel de ruptura por la violencia del tiempo actual. Es decir, mientras que el pedido del municipio busca mostrar cómo la obra del autor perdura en la memoria de la gente, Ospina muestra cómo esta permanencia está necesariamente fisurada por la violencia. La muestra de Ospina fue muy bien acogida en Medellín y en el resto de Colombia. A la directiva de la Biblioteca Luis Ángel Arango (la biblioteca pública más grande del país) le pareció relevante y reveladora la obra y la llevó a exhibir en varias ciudades del país. En ese tour, Ospina tuvo que hablar de su trabajo en clubes locales, bibliotecas, escuelas, grupos de retirados, intelectuales, burócratas. Confiesa que fue una experiencia conmovedora y satisfactoria, para la que no estaba preparado porque, como fotógrafo, él no está acostumbrado a hablar en público. “Pero a la gente le interesaba”, comenta con sorpresa por la gran acogida que tuvo la muestra. Lo novedoso de esta representación de la vigencia de Carrasquilla en Medellín (y Colombia) es la mirada del fotógrafo. Ospina retrata a los personajes de la obra más conocida de Carrasquilla, La Marquesa de yolombó (la historia de una mujer en un pueblo minero al interior de Antioquía en el siglo XVII), y a los personajes más conocidos de los cuentos del autor. Esos personajes que Carrasquilla describió con la minucia propia de su estilo. Ospina supo reconocer en sus recorridos por las calles y mercados del centro de Medellín. Ese encuentro entre las descripciones de Carrasquilla y la mirada del fotógrafo es lo que llamo el juego con los estereotipos.

TIEMPO Y ESPACIO Los estereotipos, dice Sander Gilman, son palimpsestos en los que inicialmente una representación bipolar es vagamente legible. Perpetúan un necesario sentido de diferencia entre el “yo” y el “objeto”, que se convierte en el “Otro” (la traducción es mía). Lo que Gilman no discute en su definición de estereotipos, es que para que éstos se perpetúen debe haber una abstracción en el tiempo. Al buscar la vigencia de la obra del escritor antioqueño en la Medellín contemporánea, Ospina retrata a los personajes de Carrasquilla como producto de una continuidad y una permanencia en el tiempo. Muestra así la condición de palimpsesto que tiene el estereotipo, en el que se escribe nuevos significados de lo mismo. Pero va más allá, porque Ospina escoge un objeto, un detalle que pone en la escena de la imagen y que interrumpe la abstracción del tiempo. Ese detalle habla de la historia contemporánea de Colombia. A la vez que usa el estereotipo, el artista hace evidente su condición arbitraria. Al contemplar estas imágenes los espectadores no podemos salir del presente, y al mismo tiempo, todas son evidencia de una identidad cuyos orígenes están en el pasado.

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JUAN FERNANDO OSPINA

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“Súper Abuela”. Plaza Minorista, Medellín.

“¡Peregrina religión la de esa tierra! El alma yolombera, a este respecto, era un revoltijo, si muy raro y estrafalario, muy explicable, por cierto. Media población era africana, y, por más que fuese bautizada y metida en catolicismo, cada negro conservaba, por dentro y hasta por fuera, por transmisión o ancestralismo en creencias, mucha parte de las salvajes de sus mayores. Esta negrería, entreverada con esos españoles de entonces, más supersticiosos y fantásticos que cristianos genuinos, más de milagros que de ética, coincidía y empataba con africanos y aborígenes en el dogma común del diablo y sus legiones de espíritus medrosos”. (La Marquesa de yolombó)

La descripción de la abuela de finales del 1700 entra en tensión con la imagen de la televisión al fondo de la fotografía.6 La luz verde de la televisión es además el único objeto en la fotografía que contrasta en el fondo oscuro de la imagen, y necesariamente la atención del espectador recae en este lugar. En la televisión está Carlos Castaño, vestido de militar. Su imagen genera un hiato que rompe con la posibilidad de una simple identificación de la señora de la foto con la descripción del texto. En ese hiato se gesta nuestra mirada individual, la que nos permite

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tomar distancia del estereotipo y, al mismo tiempo, reconocer en la señora al (antiguo) personaje de Carrasquilla7. Al distinguir a Castaño con su ropa y su sombrero de militar, cambia el contexto de la foto. Inmediatamente estamos en un marco de referencias distintas, que hablan de la Colombia contemporánea, de la violencia, de la permanente amenaza de los ejércitos. La posible continuación entre la descripción de Carrasquilla y la imagen de Ospina entra en tensión. La vendedora del mercado no es simplemente ese “otro” del que habla Gilman, en el que proyectamos nuestros miedos o nuestras fantasías (una visión romántica o de prejuicio sobre una mujer negra, humilde y supersticiosa). La vendedora está junto a nosotros porque la imagen de Castaño la muestra a ella como posible víctima de la violencia, como también lo somos nosotros, sus espectadores. El hiato del tiempo resulta en una identificación más directa con el sujeto de la fotografía. Cuando le pregunté a Ospina por la presencia de Castaño en la televisión, me comentó que el close-up del paramilitar fue seleccionado con cuidado, que no fue fruto del azar. En esa intervención en la imagen, Ospina juega con los estereotipos para mostrarnos algo que va más allá de la imagen.

JUAN FERNANDO OSPINA

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“Doña Ana, peluquería Flor”. Centro comercial. Medellín.

“y esto ya no es flor: es mata. Usted no me ve muy acabada, por que tengo carnadura de tagua; pero soy muy descolorida y tengo la cara manchada. Todo es que me pongo colores para disimular algo. y ya sabe que no es por parecerle a nadie sino a mí mesma. Las feas nos aburrimos con nuestra fealdad; y yo aburrida no quiero ser. Si con mi fealdad me resigno, con el aburrimiento no me resignaría. Por eso me compongo y me engalano y me pinto. yo creo que uno debe vivir muy alegre, con la suerte y la vida que le toque.” (La Marquesa de yolombó)

En fotos como ésta de Doña Ana, las referencias al Medellín contemporáneo son obvias. Por ejemplo, las dos etiquetas color naranja que sobresalen por su color. Los precios por las llamadas por celular son una muestra simple del mercado del Medellín de ahora. Al contrastar la imagen con la cita de Carrasquilla, nuevamente se evidencia la tensión entre un tiempo antiguo y uno moderno. En esta foto hay un elemento más, porque el paso del tiempo es también la preocupación de Doña Ana (el personaje de Carrasquilla) que se queja de cómo los años la

están volviendo fea. Ella se las arregla para mantenerse con los productos de belleza que consume y con los que, además, combate su aburrimiento, o sea, la inercia del tiempo. Esta imagen es una aguda observación del paso del tiempo en la sociedad, y de la manera subjetiva en la que se lo vive. Las anclas en nuestro presente son varias.

EN TODAS LAS IMÁGENES HAy UNA TENSIóN DONDE EL PRESENTE EMERGE CON SU PROPIO PESO HISTóRICO: EL PARAMILITARISMO, EL CONSUMO, LA INFORMALIDAD, LA POBREZA, LA VIOLENCIA, LA DESIGUALDAD. 105

JUAN FERNANDO OSPINA

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“Eduard y Mileidy, hotel Tropical”. Medellín.

“La cabecera de su casta camita era un puro pegote de cromos y medallas, de registros y estampitas, a cuál más religioso. Allí Nuestra Señora del Perpetuo, con su rostro flacucho tan parecido al del seminarista; allí copones entre nubes, ramos de uvas y gavillas de espigas, y el escapulario del Sagrado Corazón, de alto relieve, destacaba sus chorrerones de sangre sobre el blanco disco de franela.” (San Antoñito)

Lo que más llama la atención de esta imagen es la juventud de sus personajes. Ospina me cuenta que ella es una prostituta y él, un muchacho que conoció en las calles del centro. Lo vio y se dio cuenta de que era tal y como él se imaginaba al personaje del cuento de Carrasquilla. En la historia, él es un joven con una vida complicada porque su familia lo manda al seminario, pero movido por sus deseos a la noche él se escapa para pasarla con prostitutas. El cuento es una crítica feroz a la sociedad antioqueña, apegada a los estrictos valores católicos y a la rigidez de la religión, pero también es una sociedad víctima de una doble moral evidente en la vida doble del joven seminarista que durante el día lleva una vida de restricciones y santidad, y por la noche da rienda suelta a sus deseos.

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Para esta foto Ospina alquiló el cuarto de un hotel en el que se rentan habitaciones por horas y que está ubicado en los alrededores del centro. Ospina lo decoró de la manera en la que el personaje de Carrasquilla lo tendría decorado, pero usa los objetos de referencia actual, por ejemplo, en vez de cromos, el poster de armas de fuego. En esta imagen entran en juego los elementos que caracterizaron la producción de novelas y películas en los ‘90 en Medellín, la tensión entre Eros y Tánatos. La estetización de la violencia a través de una hipersexualización de los asesinos (propia de todo un género del cine inaugurado con Bonnie and Clyde) en el contexto antioqueño se traduce en el erotismo atribuido al sicario. La figura de este joven matón a sueldo se consagra en la época de Pablo Escobar, cuando dos muchachos de la comuna asesinan al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, y se hace oficial la guerra de los narcos contra el Estado y la sociedad colombiana. En esa época y en los años que siguieron, los sicarios trabajaron también para grupos paramilitares8. Sin embargo, desde la época de Escobar, al asesino a sueldo se tiende a identificarlo únicamente con el narco9. En esta foto, sin embargo, no se repiten los clichés de novelas de sicarios en las que siempre un hombre de clase

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media alta tiene relaciones sexuales con los sicarios (varones en el caso de la novela La Virgen de los Sicarios de Vallejo y una mujer en el caso de Rosario Tijeras de Jorge Franco). Aquí los dos jóvenes comparten el universo del bajo fondo del centro de Medellín. La diferencia evidente entre ellos es el poder que detenta cada uno. El cuerpo del muchacho tirado en el filo de la cama con las piernas abiertas sugiere una fuerza física, mientras que la muchacha, también con las piernas abiertas, sugiere una postura más sensual; los colores de las vestimentas hacen más fuerte este efecto. La foto, además, muestra algo que también va más allá de la imagen, y es la manera en que la violencia contemporánea (y el narcotráfico) exacerban la necesidad de vincularla al poder masculino. Eso es evidente en esta imagen donde todo es construido: el dormitorio, la decoración, los colores, la vestimenta y sobre todo la posición que ocupa cada uno de los personajes. Al mismo tiempo la foto captura el ambiente cotidiano de los personajes. A diferencia de las imágenes anteriores, el tiempo aquí no es el elemento más importante. El mayor contraste es quizá la belleza de un momento de intimidad entre dos jóvenes (casi niños) en un ambiente que se lo asocia con el de hombres y mujeres adultos. Ellos se ven más vulnerables y, en realidad, son quienes sufren la mayor estigmatización en las narrativas de violencia contemporánea en Colombia y en otros lugares de América Latina: la joven prostituta (afro descendiente) y el joven de bajo estrato social de evidente origen urbano. Las imágenes de la muestra con la que Ospina celebra a Carrasquilla varían mucho. El fotógrafo capta con sutileza e incluso con sentido del humor la vida cotidiana de los bajos fondos de Medellín. Aunque todas las imágenes están enmarcadas en una cita tomada de la obra de Carrasquilla, Ospina no cae en la fabricación de una fórmula matemática que lleve a una simple identificación de los personajes. En todas las imágenes hay una tensión donde el presente emerge con su propio peso histórico: el paramilitarismo, el consumo, la informalidad, la pobreza, la violencia, la desigualdad. En el contexto más amplio de mi investigación sobre la narrativa antioqueña sobre el narcotráfico en los últimos 20 años, la obra de Ospina me ayudó a entender los matices de la cultura local; a acercarme a las otras capas de significación presente en el irreverente humor local, y la paradójica importancia que tiene el discurso conservador y moralista de la Iglesia. Aprendí incluso a percibir las maneras simples en las que la violencia de tantos años se ha impuesto en las formas culturales locales. La obra de Ospina muestra algo que va más allá de la imagen, o mejor dicho hace evidente que tampoco en la fotografía las cosas son lo que parecen ser a primera vista. •

Bibliografía Gilman, Sander (1985). Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness. Ithaca, Cornell U.P. Silverman, Kaja (1996). The Threshold of the Visible World. New york, Rudgledge. Sontag, Susan (2002). “Looking at War”. En The New yorker. Disponible en Woolf, Virginia (1986). The Three Guineas. London, Hogarth Press. Notas 1 Este artículo es parte del libro Narrating Narcos. Stories from Culiacán y Medellín, un estudio comparativo sobre la representación del narco en estas dos ciudades (Pittsburgh University Press, 2013). Para la investigación en Medellín recibí la beca del Humanities Institute de la Universidad de Texas en Austin. Todas las comunicaciones con el artista se llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto de 2008 y 2010 en Medellín. 2 The New yorker in December 2009. 3 En The Threshold of the Visible World, Silverman explora la formación de un ego corporal que muchas veces tiene que construirse a pesar de las imágenes hegemónicas tanto de raza, como de género y clase. El análisis de Silverman parte del modelo lacaniano y desarrolla la estructura del estadio del espejo. 4 Medellín es la ciudad que sobresale en el imaginario sobre el origen del narcotráfico en Colombia porque fue en un municipio vecino a Medellín donde nació y donde fue asesinado Pablo Escobar. Las comunas de Medellín se hicieron famosas en películas y obras literarias que representaban el fenómeno en los ‘90. Ese mismo territorio fue disputado por la guerrilla y los paramilitares años después de la muerte de Escobar. 5 Tomás Carrasquilla es quizá uno de los escritores antioqueños más famosos de la primera mitad del siglo XX. Fue muy prolífico y retrató con detalle la vida cotidiana de las minas y el campo antioqueño durante los últimos años de la colonia. Los críticos no reconocieron la importancia de su obra porque la definieron como un producto tardío del costumbrismo colombiano. En las últimas décadas del siglo pasado ya hubo un rescate de su obra y en la editorial de la Universidad de Antioquia se hizo una elegante edición moderna de sus obras completas. 6 Carlos Castaño fue el fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el grupo paramilitar más fuerte de Colombia en los años ‘90. Castaño perteneció al grupo de los Pepes (perseguidores de Pablo Escobar) que ayudaron a asesinar a Pablo Escobar en 1993. Las AUC son responsables de cientos de masacres en la zona rural colombiana. La de Castaño es una figura siniestra de la historia reciente del país. El uniforme de las AUC es igual al del ejército del país, solo que en la manga de la camisa tienen inscritas las letras AUC que los define. 7 Sigo las descripciones de Silverman. El Ego (look) (mirada, es subjetiva) se define en relación a la cámara (gaze) (ID), y al repertorio de objetos visibles en la pantalla (simbólico) (screen). 8 Como ejemplo emblemático en la literatura antioqueña reciente, están las obras de Héctor Abad Faciolince, Angosta (2004) y El olvido que seremos (2006). Dos libros que dan cuenta de que los sicarios no trabajaban en exclusivo. 9 Este es el tema que desarrollo en mi libro Narrating Narcos.

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Políticas de drogas Tensiones, conflictos y contradicciones POR DIANA ROSSI, ARACELI GALANTE, GONZALO RALÓN y RAÚL ALEjANDRO CORDA

Diana Rossi. Trabajadora Social y especialista en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente de la Materia Metodología II y del Seminario “SIDA, aspectos sociales, políticas e intervención profesional” de la Carrera de Trabajo Social e investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se dedica al estudio de problemas relacionados con el uso de drogas, es directora del UBACyT de “Grupos Consolidados”, entre otros proyectos. Coordina el área de Investigación de la Asociación Civil Intercambios. Es autora de artículos, capítulos de libros y libros en publicaciones nacionales e internacionales. Araceli Galante. Trabajadora Social y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Docente en la materia “Trabajo de Investigación Final” de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora de la Asociación Civil Intercambios. Becaria del Programa Drogas, Seguridad y Democracia, administrado por el Social Research Council y la Universidad de Los Andes, en cooperación y con fondos provistos por la Open Society Foundations y el International Development Research Center de Ottawa, Canadá. Es autora de artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Gonzalo Ralón. Sociólogo y maestrando en Ciencias Sociales del Trabajo por la UBA. Docente en la materia “Metodología de la Investigación en Psicología”, Facultad de Psicología. Investigador del Instituto Gino Germani y de la Asociación Civil Intercambios. Autor de artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Raúl Alejandro Corda. Abogado egresado de la UBA en 1998. Docente de la Facultad de Derecho e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Trabaja en el Poder Judicial de la Nación desde 1993, siendo desde 2001 Secretario de Juzgado en el Fuero Penal Federal. Investigador de la Asociación Civil Intercambios y miembro del Colectivo de Estudio Drogas y Derecho. Autor de artículos, capítulos de libros y libros en publicaciones nacionales e internacionales.

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os instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en los que se basa el actual sistema internacional de fiscalización de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, creados a lo largo del siglo XX, reafirmaron progresivamente la tendencia a la prohibición de la producción, tráfico y comercialización de diversas sustancias, aun en casos como el de la hoja de coca, que tiene un uso cultural ancestral en muchos países de la región latinoamericana (Touzé, 2006). En la primera década del siglo XXI, se incrementó el debate sobre las políticas de drogas en América Latina.

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En algunos países de la región se están revisando las políticas locales de control de la oferta y la demanda de drogas. La promoción de los derechos humanos, de la salud y de la seguridad pública son parte de un cambio de paradigma en curso en la definición de las políticas de drogas (Touzé y Goltzman, 2011). Dicho cambio de paradigma pone en cuestión el prohibicionismo y los enfoques criminalizadores en el control de la oferta y de la demanda de drogas, pilares fundamentales de las políticas de drogas instauradas en distintos Estados durante el siglo pasado, incluidos los latinoamericanos.

MARTÍN SCHIAPPACASSE

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A principios de la década de 1970, se profundizó la inestabilidad de la democracia en América Latina, caracterizada por la alternancia entre regímenes autoritarios que, en esta década, incluyeron formas de terrorismo de Estado y gobiernos elegidos por el voto popular cuya fragilidad institucional signó estos procesos de transición. En ese contexto, la política exterior de los Estados Unidos calificó a las drogas ilegales como problema de Seguridad Nacional, vinculando la producción y el tráfico de drogas en América Latina con la guerrilla (youngers y Rosin, 2005). Las políticas prohibicionistas se consolidaron en las décadas del ochenta y noventa, reforzando procesos de normatización y disciplinamiento social, estigmatizando y criminalizando a los usuarios de drogas, pequeños productores y vendedores o transportistas transfronterizos de poca cantidad de drogas ilegales (Corda, 2011). Estas políticas afectaron especialmente a quienes pertenecían a grupos sociales segregados (Bourgois y Elhaik, 2002). Asimismo, las políticas prohibicionistas influyeron negativamente en la salud pública en general y profundizaron los daños asociados a las drogas en particular (Friedman, et al., 2006; Comisión Global de Políticas de Drogas, 2012). El enfoque norteamericano de “guerra a las drogas” se difundió en América Latina como estrategia cuyo objetivo manifiesto era reducir las dimensiones del mercado de drogas (Friedmanm et al., 2012). Iniciativas como el “Plan Colombia” o el “Plan Mérida” por las que se otorgó apoyo financiero y militar a los gobiernos de Colombia, Centroamérica y México se desarrollaron desde fines de los años noventa (Rossi et al., 2009). Esta breve referencia histórica a los paradigmas do-

minantes en el diseño de las políticas de drogas puede examinarse con más detalle al considerar los tratados internacionales que influyen en los actuales debates de los gobiernos latinoamericanos en la materia. Los tres principales instrumentos de derecho internacional son: la Convención única de Estupefacientes de 1961, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ONUDD, 2009a, Bewley-Taylor y Jelsma, 2011). Este último, firmado en 1988, obliga a los Estados firmantes a penalizar todos los aspectos relacionados con el tráfico de drogas y promueve la sanción penal de la tenencia de drogas para consumo personal (Thoumi, 2009). El desarrollo de este sistema estuvo marcado por las tensiones entre los países periféricos productores y los países centrales consumidores de las sustancias. El distinto grado de control que se ejerce sobre las sustancias es un ejemplo de esas pujas y de quienes resultaron favorecidos de ellas. Mientras la Convención única establece un riguroso sistema de fiscalización para los estupefacientes (sustancias y algunas especies vegetales derivadas de la planta de cannabis, el arbusto de coca o la adormidera que se cultivan principalmente en países periféricos), el Convenio de 1971 propone controles menos severos para los psicotrópicos, sustancias (muchas de ellas sintéticas) vinculadas a la industria farmacéutica. Un tema especialmente discutido en América Latina es la inclusión de la planta de coca, e incluso la “masticación de la hoja de coca”, en la Convención única. Tanto la Argentina como Perú hicieron uso, en un principio, de la reserva temporaria que la Convención única establece para eliminar esa práctica en el plazo de 25 años, pero luego la dejaron sin efecto. A su vez, en los últimos años, Bolivia intentó retirar la prohibición del mascado de la

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hoja de coca del sistema de fiscalización, pero su propuesta no fue aceptada. Otra discusión difundida en la región latinoamericana en relación con la aplicación de esos instrumentos jurídicos, refiere al énfasis que mantienen las políticas de drogas en las actividades de reducción de la oferta, comparadas con las actividades de reducción de la demanda. Si bien el “principio de responsabilidad compartida” (entre países productores y consumidores) tuvo cierto avance en el discurso del sistema de fiscalización internacional, ha quedado relegado a lo que se conoce como “normas blandas” (declaraciones, planes, entre otros documentos), como resultado de las distintas sesiones especiales de Naciones Unidas (UNGASS) dedicadas al tema, al mismo tiempo que se ratificaban y reforzaban los postulados originales del sistema. Un ejemplo de ello es la Declaración Política adoptada en 2009, en la cual al mismo tiempo que se habla de “responsabilidad común y compartida”, “derechos humanos”, o “participación de la sociedad civil”, se insiste en “una sociedad libre del uso indebido de drogas” o “en eliminar la disponibilidad y el consumo de drogas”, “en pleno cumplimiento de las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas”. Así, lo que parecería implicar un cambio sigue siendo más de lo mismo (ONUDD, 2009b: 7, 11 y 20). Incluso desde uno de los órganos del sistema de Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), se ha insistido en definir cualquier intento de desarrollar alguna alternativa como contrario a los instrumentos internacionales sobre drogas y a los principios del sistema. Así ha ocurrido desde 2009 luego del fallo “Arriola”, de la Corte Suprema de Justicia argentina, que declaró la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En esa ocasión la JIFE señaló “con preocupación la posibilidad que esos actos jurídicos sean malinterpretados”, recordando las disposiciones de la Convención de 1988 que comprometen a las partes a sancionar la posesión para consumo personal. Sin embargo, la JIFE omitió hacer referencia a la propia reserva “de sus principios constitucionales… y su ordenamiento jurídico” que esa disposición contiene, y cuyo último interprete es precisamente la Corte Suprema (JIFE, 2010: 55, 86). El cuestionamiento a las consecuencias negativas de las políticas prohibicionistas como del enfoque de la “guerra a las drogas” son parte del debate internacional en el que, en la última década, se han involucrado influyentes actores políticos de la región como es el caso de los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; de Colombia, César Gaviria; o de México, Ernesto Zedillo (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2011).

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LAS ALIANZAS POLÍTICAS ENTRE DISTINTOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA FORTALECEN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LA REGIóN PARA PROMOVER LA DISCUSIóN DE OTROS PARADIGMAS EN LA DEFINICIóN DE LAS POLÍTICAS DE DROGAS.

En este proceso de discusión de los paradigmas dominantes, se generaron y fortalecieron alianzas entre actores locales, regionales e internacionales, tanto de los gobiernos latinoamericanos como de la sociedad civil que, a su vez, influyeron en la discusión de las políticas de drogas en cada país en torno a la despenalización del uso y el cultivo de drogas y la protección de los derechos humanos de los usuarios (Blickman y Jelsma, 2009). Las tensiones, conflictos y contradicciones que expresan los enfoques que cuestionan los paradigmas dominantes en políticas de drogas son discutidos por distintos actores sociales de la región, tales como organizaciones de usuarios de drogas y de sus familiares, agricultores de cultivos declarados ilícitos, comunidades de pueblos originarios, iglesias, activistas, académicos, organizaciones no gubernamentales y también algunos funcionarios gubernamentales que están contribuyendo a reformular las políticas de drogas, centrando la atención en el derecho a la salud de los usuarios como cuestión indisociable del respeto por los derechos humanos fundamentales. El debate sobre las políticas de drogas en América Latina ha tenido expresión más concreta en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, con características particulares en cada uno de estos países (Metaal, 2009; Hernández Tinajero y Zamudio Angles, 2009; Guzmán y Uprimny yepes, 2010; Touzé, 2010). Este proceso se ha dinamizado desde 2008, luego de la discusión en torno a la revisión de las metas de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) de 1998, y por la consolidación de distintas organizaciones no gubernamentales orientadas a la promoción de los derechos de los usuarios de drogas y, en algunos países, de los productores de hojas de coca (Touzé y Goltzman, 2011).

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Una de las hipótesis que estamos explorando es que las alianzas políticas entre distintos países de América Latina fortalecen la capacidad institucional de los gobiernos de la región para promover la discusión de otros paradigmas en la definición de las políticas de drogas. Estos procesos también hacen más visible en la región la tensión entre la normativa internacional y la autonomía de los Estados en el diseño de políticas de control de la oferta y la demanda de drogas, siendo un ejemplo reciente la controversia ante la iniciativa del Poder Ejecutivo uruguayo para regular e intervenir en forma directa en el mercado de cannabis, enviada a discusión parlamentaria en agosto de 2012. La tensión entre paradigmas se manifiesta en los documentos nacionales, internacionales y en los proyectos legislativos de diferentes países de América Latina, especialmente cuando se intenta favorecer la tendencia a no criminalizar el uso cultural de las drogas o su cultivo, o a garantizar el derecho de los usuarios a no ser penados por sus prácticas y a recibir asistencia por los problemas relacionados con el consumo de drogas. •

Bibliografía Bewley-Taylor, David; Jelsma, Martin (2011). “Cincuenta años de la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes: una relectura crítica”. En Serie reforma legislativa en materia de drogas, Nº 12. Transnational Institute, marzo. Blickman, Tom y Jelsma, Martin (2009). “La reforma de las políticas de drogas Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos”. En Revista Nueva Sociedad, Nº 222. Buenos Aires, julioagosto, p. 81-103. Bourgois, Phillipe y Elhaik, Tarik (2002). “Drogas, farmacología y discurso social en Francia. Perspectivas etnográficas”. En Revista Análisis. Nº 4. Medellín, marzo, p. 70 76. Comisión Global de Políticas de Drogas (2011). “Guerra a las drogas. Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas”, junio. Accesible en http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/, visitado el 27 de agosto de 2012. Comisión Global de Políticas de Drogas (2012). “La guerra a las drogas y el VIH/SIDA: Cómo la criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global. En Informe de la Comisión

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Democracias latinoamericanas La disputa por la hegemonía entre gobiernos progresistas y medios de comunicación POR LILIANA DEMIRDjIAN

Licenciada en Ciencia Política y Sociología (UBA) y magíster y DEA en Sociología (UAB). Obtuvo becas nacionales e internacionales. Fue coordinadora del Programa de Comunicación Audiovisual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Actualmente se desempeña como profesora e investigadora formada en la UBA y la UNTREF.

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n rasgo propio del mundo contemporáneo es su alto grado de mediatización. El orden político no escapa a esta realidad que, entre otros factores, genera la necesidad de una revisión y puesta al día de las condiciones y modalidades fundamentales a partir de las cuales se desarrollan los regímenes de gobierno. En alguna medida, como respuesta a estas nuevas necesidades la literatura sobre el tema nos ofrece hoy una serie de caracterizaciones, tales como democracias audiovisuales (Verón, 2001), democracias de audiencias (Manin, 1993) o mediocracias (Trejo Dalarbe, 2001). Todas estas denominaciones que utilizamos hoy para referirnos a la democracia, intentan dar cuenta de la importancia que los medios de comunicación tienen en la actualidad. De hecho, su progresiva centralidad dentro de la vida social condujo a una redefinición del espacio público. Es así que se ha llegado a sugerir que los medios tienen en la actualidad la función que el ágora cumplía en el mundo ateniense (Sartori, 2003). De allí, que de un tiempo a esta parte, resulte habitual hablar de ágora mediático. Teniendo como marco general de referencia este aspecto de análisis sobre la democracia, nos interesa detenernos aquí en el caso latinoamericano, dado que, en los últimos años, América Latina se convirtió en un escenario privilegiado para el estudio de la cuestión democrática. En varios países del continente accedieron al poder gobiernos preocupados por el frágil destino de los pueblos de la región. Recordando el título de un texto publicado a mediados de los años ochenta, podríamos decir que se trata de gobiernos que, desde el inicio de su gestión, se permitieron desafiar los límites de la democracia (Germani et al., 1985). En particular, de aquella forma res-

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trictiva en que ésta se desarrolló durante la etapa neoliberal. Estos nuevos gobiernos, aunque con diferencias propias producto de cada una de las tradiciones nacionales, han compartido en líneas generales un ideario común. A su vez, varios de los mandatarios electos para encabezar estos procesos comparten además un mismo estilo político. En virtud de estas características, es que han sido definidos como populismos de izquierda. Nos interesa presentar aquí algunas consideraciones vinculadas a las disputas por la hegemonía en el espacio público mediático que tuvieron lugar en dichas experiencias. En particular, aquellas que se derivan de la decisión de gobiernos que protagonizan procesos orientados a democratizar la comunicación, impulsando la modificación de la normativa que la rige, y frente a lo cual los principales medios de comunicación plantean un escenario de abierto conflicto. Luego de la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, durante la primera década del nuevo siglo, en varios países de América Latina se fueron sumando gobiernos cuyos proyectos políticos se diferenciaron de los implementados durante la década anterior. Si bien todos estos gobiernos han sido identificados dentro del campo progresista, el denominado giro a la izquierda en la región contó con diferentes vertientes. Por un lado las experiencias más moderadas de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay. Por otro, las de los países que han transitado hacia posiciones más radicales, tal es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador que a partir de 2005, 2006 y 2007, respectivamente, se han declarado en la senda del denominado socialismo del siglo XXI (Moulián, 2000).

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Es de destacar que todos ellos han expresado su convicción en torno a la importancia que tiene la consolidación de un proyecto de integración latinoamericano. La formación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es la cristalización más evidente de esta vocación común. y la consolidación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el signo más claro de acuerdo entre los gobiernos que transitan experiencias más radicales. Entre los elementos compartidos por los gobiernos que han encabezado el proceso de giro a la izquierda en el continente, se distinguen tres: la convicción sobre los efectos positivos de la intervención estatal, la redistribución del ingreso y la ampliación de los márgenes de participación social y política. Asimismo, aunque en diferentes grados, estos gobiernos, en algún momento de su gestión, pusieron en cuestión el orden establecido en materia de comunicación (De Moraes, 2011). Nos proponemos aquí esbozar una reflexión en torno a la ruptura que en el transcurso de los últimos años se produjo entre estos nuevos gobiernos y los grandes conglomerados mediáticos. En esta ocasión, centraremos nuestra mirada en tres países pertenecientes a la región andina: Venezuela, Bolivia y Ecuador. En las tres naciones fue sintomática la batalla mediática encabezada por los principales conglomerados infocomunicacionales, los cuales, frente al nuevo escenario, se escudaron detrás de una sistemática campaña de denuncias en relación con los riesgos que corre la libertad de expresión y de prensa. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador cuentan también con otro denominador común. Los tres reformaron sus cartas magnas. Tales reformas le otorgaron mayor centralidad a la participación popular, hasta el punto de concebir mecanismos de participación directa (Pérez Flores, Mendoça Cunha Filho y Coelho, 2010). Las modificaciones realizadas en este sentido configuraron un nuevo escenario que no se condice ya con el que proponía el modelo de espacio público mediático, diseñado bajo los lineamientos del neoliberalismo. Es decir, las casi nulas posibilidades de participación que tenía la ciudadanía para ingresar y participar en dicho modelo no guardaba relación alguna con los derechos y las prácticas contemplados y amparados por las nuevas constituciones. Se planteaba así una situación paradojal entre constituciones que reconocían y ampliaban los márgenes de participación ciudadana y normativas legales en materia de comunicación que continuaban, y en algunos casos continúan, amparando una profunda desigualdad en el orden comunicativo. Por esta razón, algunos de estos países iniciaron un proceso de transformación de sus políticas de comunicación, introduciendo cambios en las normativas vigentes y sancionando nuevas leyes para regir al sector.

En el año 2000 se inaugura este proceso de reformas con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en diciembre de 1999. Esta nueva carta magna establece en sus artículos 101 y 108 una serie de consideraciones en relación con los medios de comunicación. Por el artículo 101 el Estado garantiza la emisión, recepción y circulación de la información cultural. En él se establece también que los medios deben contribuir a la difusión de los valores de la tradición popular. Por el artículo 108 se establece que los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, deben contribuir a la formación ciudadana y que el Estado garantizará, a través del servicio público, el acceso universal a la información. En el caso venezolano, la sanción de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (que entró en vigencia en marzo de 2005) y su reforma en diciembre de 2010 tuvieron como meta garantizar el equilibrio entre los deberes, derechos e intereses de los prestadores de servicios de radio y televisión, proveedores de servicios de Internet, medios electrónicos, anunciantes y usuarios. La ley prohibía la transmisión de contenidos que pudieran incitar la intolerancia y el odio por motivos políticos, religiosos, diferencias de género, racismo o xenofobia. Esta legislación también impedía la emisión de cualquier tipo de mensaje que pudiera constituir manipulación mediática, apología del delito o bien, que pudiera resultar ofensiva a las autoridades públicas o inducir al magnicidio. En este sentido, se obligaba a los proveedores de Internet a establecer mecanismos que restringieran la difusión de este tipo de mensajes como así también el acceso a los portales que decidieran publicarlos. Evo Morales asume el poder el 22 de enero de 2006. Al año siguiente, se aprueba en Asamblea Constituyente

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una nueva Constitución Nacional (CN) para el Estado Plurinacional de Bolivia, que se refrenda en el Congreso en 2008. Esta nueva carta magna contempló en sus artículos 21, 106 y 107 los temas relativos al ámbito comunicacional. El primero de ellos garantiza una serie de derechos civiles entre los cuales destacamos el derecho a la autoidentificación cultural (inciso 1), a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación (inciso 5) y a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente (inciso 6). El artículo 106 contempla el derecho a la comunicación y el derecho a la información, amparando, entre otros, el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión, de opinión, de rectificación y de réplica; además, reconoce los derechos de los trabajadores de prensa e incluye la cláusula de conciencia para estos. El artículo 107 indica, entre otras cuestiones, que los medios deberían contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país y que el Estado apoyaría la creación de medios de comunicación comunitarios. En su inciso 3 se sostiene que “los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios”. La ley General de Telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, número 164, de agosto de 2011, cuya necesidad había sido indicada en la nueva CN, establece en su artículo 5 el cumplimiento de los siguientes principios: acceso universal, asequibilidad, calidad, continuidad, inviolabilidad, innovación tecnológica, neutralidad tecnológica, plurinacionalidad, protección del medio ambiente y solidaridad. Para el otorgamiento de licencias para la operación de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, el artículo 29 contempla como posibles licenciatarios a entidades públicas, mixtas, cooperativas, comunitarias y empresas privadas. Asimismo, para el otorgamiento de licencias de radiodifusión se establece en el artículo 30 el cumplimiento de requisitos orientados al vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos, de acuerdo a los planes aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas. En su inciso 3, prohíbe precisamente la conformación de monopolios u oligopolios de medios de comunicación social que, como mencionáramos, ya ordenaba la CN. Los licenciatarios de medios de comunicación deben tener en cuenta los derechos reconocidos en el referido artículo 21 de la CN. Por último, nos interesa destacar que en el artículo 37 la ley define como estratégico el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. Es también pertinente recordar aquí la fuerte resistencia de los medios de comunicación bolivianos como resultado de la sanción, en octubre de 2010, de la ley

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045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Dos artículos en particular fueron los que desencadenaron esta reacción. Por un lado, el artículo 16, que disponía sanciones económicas y de suspensión de licencias de funcionamiento para aquellos medios que publicaran ideas racistas y discriminatorias. Por otra parte, el artículo 23 que establecía que no habría fuero especial para el comunicador que incurriese en dicho tipo de prácticas. La radicalidad de las protestas que produjo la inclusión de estos artículos llegó a incluir la huelga de hambre por parte de algunos periodistas. Quienes se resistieron a la nueva normativa apelaron al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Bolivia es país suscriptor. Sin embargo, dicho artículo resulta de suma claridad y demuestra la pertinencia y coherencia del artículo 16 de la ley 045 con el artículo 13 de la Convención dado que éste, en su inciso 5, establece que los Estados pueden prohibir por ley, y en consecuencia sancionar “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”. Rafael Correa asumió el poder el 15 de enero de 2007. En 2008 se sancionó en ese país una nueva Constitución Nacional, que en su sección tercera (artículos 16 al 20) se ocupó de lo relativo a la comunicación e información. El artículo 16 en su inciso 1 garantiza los derechos de las personas a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; y en su inciso 2, el acceso universal a las tecnologías de la co-

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LAS FORMAS POPULISTAS DE REPRESENTACIóN RESULTAN INCOMPATIBLES CON LAS ASPIRACIONES QUE TIENEN LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIóN.

municación y la información. El inciso 3 concibe la creación de medios de comunicación bajo tres tipos de propiedad: pública, privada y comunitaria. El inciso 5, por su parte, prevé la integración de espacios de participación contemplados en la CN en el campo de la comunicación. El artículo 17 establece que el Estado fomentará la pluralidad y diversidad en la comunicación. A este efecto, en el inciso 3 se prohíbe la formación de oligopolios y monopolios, tanto directos como indirectos. Por el artículo 20 el Estado garantiza la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la reserva de las fuentes. El artículo 312 introduce la restricción expresa por la que las entidades o grupos financieros no podrán participar en el control de capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social. y el 314 establece que el sistema de comunicación social debe asegurar, entre otros, el ejercicio de la comunicación e información, fortaleciendo la participación ciudadana. Esta nueva Constitución disponía la creación de una nueva ley de Comunicación que legislara en la materia sobre la base de los derechos y deberes establecidos en la carta magna. La misma vendría a sustituir a la ley de Radiodifusión y Televisión que había sido dictada en 1975 por un gobierno militar, y reformada luego en 1995. Sin embargo, han sido muchas las reticencias debido a

los intereses que dicho proyecto de ley involucra. En este contexto, varios fueron los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo para impulsar la sanción del nuevo marco legal demandado por la CN, que aún se encuentra pendiente de resolución. Tal vez, el más significativo de ellos fue el apoyo obtenido en el referéndum constitucional y consulta popular llevados a cabo en mayo de 2011, en los que se interrogaba sobre la necesidad de contar con una nueva ley. Como hemos intentado señalar, estos tres países reformaron sus cartas magnas y en ellas han contemplado la necesidad de sancionar nuevas leyes para regir al sector. Es decir, han apuntado a consolidar en términos jurídicos los principios, ideas y valores que rigen su accionar. Pero por sobre todo, han demostrado la voluntad y la convicción política para llevar adelante los derechos y las obligaciones contempladas en la letra de la ley. He aquí el punto principal del escenario de conflicto que ha llegado a plantearse entre estos gobiernos y los principales medios de comunicación. Todas estas nuevas normas han prohibido la formación de monopolios y oligopolios; han impulsado una mayor presencia de los sectores comunitarios, público y sin fines de lucro en la prestación de servicios de radiodifusión; han postulado al Estado como garante del derecho a la comunicación e información, apuntando a hacer respetar y fortalecer la diversidad cultural, lingüística y de conciencia; y han comprendido que el ámbito infocomunicacional debe contribuir con el desarrollo de la participación. La noción de ingobernabilidad mediática ha sido utilizada para explicar el desbalance entre responsabilidad e influencia que se produce en la relación entre gobiernos y medios. Desde esta perspectiva, se afirma que la progresiva importancia que tienen los medios de comunicación dentro de los procesos políticos no se condice con el grado de responsabilidad que estos están dispuestos a asumir (Exeni, 2006). Entre otros factores, los mencionados gobiernos han venido intentando recomponer y equilibrar dicho desbalance. De allí el grado de conflictividad abierto. Otro aspecto que debemos considerar clave para comprender por qué los medios hegemónicos entran en conflicto con los gobiernos progresistas, en particular con aquellos conducidos de acuerdo con fórmulas populistas, se vincula con la cuestión de la representación. Los medios se autoproclaman portavoces de la ciudadanía ante el gobierno, aspirando a constituirse en los representantes legítimos de sus intereses. Con este fin presentan el interés particular de determinados sectores de la sociedad, generalmente minoritarios, como los del pueblo en su totalidad. Para lograr sus objetivos les resulta imprescindible modelar y dar cuerpo a “la opinión pública”, instalando su visión del mundo (Chomsky

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y Herman, 2009). Desarrollan para esto una serie de estrategias que han sido sobradamente demostradas en extensos trabajos, realizados desde diferentes enfoques metodológicos, sobre análisis de prensa. No se trata de un aspecto novedoso del funcionamiento de los medios, antes bien constituye un aspecto estructurante de su comportamiento que tiene casi un siglo de estudios en su haber. Es en razón de éstos que los medios han sido caracterizados como actores políticos (Borrat, 1989). En relación con los análisis sobre el comportamiento de la prensa en tanto actor político y de la prensa hegemónica en contextos específicos de transformación política, dos estudios realizados sobre el periódico chileno El Mercurio constituyen ya ejemplos clásicos al respecto. Se trata del trabajo realizado por Mattelart (1973) durante el gobierno de la Unidad Popular y el que llevó adelante Sunkel (1983) en el período más amplio de la década que va de 1969 a 1979. El caso es que estos gobiernos a los que hemos hecho referencia tienen además otro punto en común: sus mandatarios son figuras que gozan de fuertes liderazgos. Consecuentemente, son ellos quienes encabezan la comunicación con sus pueblos. De hecho, sirve de ejemplo sobre esta cuestión la novedosa manera de comunicación con el pueblo venezolano que inaugurara Hugo Chávez con el formato televisivo del programa Aló Presidente. Esta modalidad, que fue luego implementada también por Rafael Correa en Ecuador, con el programa de radio y televisión Enlace ciudadano, plantea un punto de inflexión en la concepción sobre la comunicación pública de estos gobiernos y un claro mensaje hacia los medios. Es posible observar entonces que las formas populistas de representación resultan incompatibles con las aspiraciones que tienen los grandes medios de comunicación que, al construirse a sí mismos como representantes legítimos de la ciudadanía, se adjudican por añadidura el mérito de aparecer ante la ciudadanía como garantes de la democracia. Esta dinámica de funcionamiento, junto con el auge que la inversión privada en el sector de la comunicación y la información cobró gracias al proceso de concentración y transnacionalización que experimentó el capitalismo en las últimas décadas, ha convertido a los medios de comunicación en actores políticos con fuerza suficiente para competir por el poder con los gobiernos e imponerles ritmos, temas y reglas de juego. Es así que la relación entre ambos asume un carácter conflictivo. En especial cuando se trata de gobiernos encabezados por presidentes con una fuerte impronta decisionista y resueltos a utilizar el poder que le otorga el mandato popular para incentivar, desde el Estado, una situación de mayor equilibrio en el plano de la comunicación. •

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Bibliografía Borrat, Héctor (1989). El periódico, actor político. Barcelona, GG Mass Media. Chomsky, Noam y Herman, Edward (2009). Los guardianes de la libertad. Barcelona: Crítica (1988). De Moraes, Dênis (2011). La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y políticas de comunicación. Buenos Aires, Paidós. Exeni, José Luis (2006). “Gobernabilidad Mediática. Mass media y grado de gobierno: difícil (des)encuentro”. En Organicom, año 3, número 4, 1º semestre. Germani, Gino; Bobbio, Norberto et al. (1985). Los límites de la democracia. Buenos Aires CLACSO. Manin, Bernard (1993). “Metamorfosis de la representación”. En Mario dos Santos (coord.) ¿Qué es la representación? Caracas, Editorial Nueva Sociedad. Mattelart, Armand (1973). La comunicación masiva en el proceso de liberación. Buenos Aires: Siglo XXI Editores S.A. Moulián, Tomás (2000). Socialismo del siglo XXI. La quinta vía. Santiago de Chile, Ediciones LOM. Pérez Flores, Fidel; Mendoça Cunha Filho, Clayton; Coelho, André Luiz (2010). “Participación ampliada y reforma del Estado. Mecanismos constitucionales de democracia participativa en Bolivia, Ecuador y Venezuela”. En Revista del OSAL, Número 27, Año XI, Abril 2010. Buenos Aires, CLACSO. Sartori, Giovanni (2003). Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo. Madrid, Fondo de Cultura Económica. Sunkel, Guillermo (1983). El Mercurio: 10 años de educación político-ideológica. 1969-1979. Santiago de Chile: Estudios ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales). Trejo Dalarbe, Raúl (2001). Mediocracia sin mediaciones. México D.F., Ediciones Cal y Arena. Verón, Eliseo (2001). El cuerpo de las imágenes. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

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Populismo/Gentismo Las tensiones entre los gobiernos transformadores y los medios POR PABLO HERNÁNDEZ y GLENN POSTOLSKI

Pablo Hernández. Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Docente de grado y posgrado especializado en Políticas Públicas de Comunicación y Economía de las Industrias Culturales. Ha publicado numerosos artículos sobre la temática y desde principios de siglo se ha concentrado en el desarrollo de la Televisión Digital. Se ha desempeñado como asesor constituyente y legislativo. Hasta octubre de 2012 fue Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Glenn Postolski. Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente de grado y posgrado especializado en Políticas Públicas de Comunicación y Economía de las Industrias Culturales. Ha publicado numerosos artículos sobre la temática. Se ha desempeñado como Subsecretario de Medios de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

TRADICIONES Los modelos políticos populistas cuentan en Latinoamérica con una profunda tradición, y en cada etapa histórica donde han desplegado su potencialidad tuvieron hacia el sector de medios una política activa. Durante los primeros populismos (como el de Perón, o Vargas) la importancia y presencia de los medios era relativizada por otras tantas mediaciones entre las personas y la política. La movilización popular, la presencia en las plazas y las fábricas y la militancia territorial, entre otras, constituían centralidades públicas típicas que en tanto forma de estructuración de la política, comenzarían a convivir con el incipiente ingreso de la radiodifusión al entorno doméstico. Aun así durante esas experiencias se desplegaron políticas de comunicación de gran impacto. La creación del Departamento de Impressa y Propaganda por Getulio Vargas, la ‘peronización’ de la radio en la Argentina, o el plan Inca de Velazco Alvarado dan cuenta de la importancia estratégica que cada experiencia le asignaba al sector. Desde la creación de organismos estatales específicos (Prensa y Difusión, Información o Propaganda)

inexistentes para ese entonces, hasta la consolidación de agencias Nacionales de Noticias, diversas iniciativas orgánicas sujetas a proyectos políticos-culturales mucho más amplios dan cuenta de la existencia de políticas nacionales de comunicación, tal como las definiría seminalmente Ramiro Beltrán casi 30 años después: “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un país” (Beltrán, 1976). Durante el primer gobierno constitucional de Getulio Vargas en Brasil se funda la red Radio Nacional en 1936 y desarrolla una política activa del Estado a través de diferentes organismos. Desplegando una estrategia donde se tomó a la prensa gráfica y la radio como instrumentos clave para la conformación de la unidad nacional. En el caso de la Argentina, durante el surgimiento del peronismo, los medios masivos de entonces jugaron un rol absolutamente parcial en la campaña electoral previa al primer triunfo de Perón. Alineados al interés

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privado comercial americano, las agencias de noticias y publicitarias ya desplegaban un marco de alianzas que actuó durante toda la campaña a favor de la candidatura de la Unión Democrática. Los diarios de la época y las emisoras radiales invisibilizaron la campaña del por entonces candidato del partido Laborista, cuando no denostaron directamente la figura de Perón. A partir del triunfo electoral de 1946, en su primera presidencia, el peronismo irá conquistando a través de diferentes mecanismos la tenencia de los principales diarios y la casi totalidad de las emisoras radiales. El manejo de la cuota de papel, la adquisición mediante préstamos gestionados por el IAPI, y la cooptación de los cuadros periodísticos marcaron la orientación de la política implícita. En 1951 un conflicto en principio gremial derivó en la expropiación por ley del diario La Prensa. El diputado John W. Cooke expresaba así la posición del peronismo durante el debate parlamentario: “El diario La Prensa, el diario de la United Press, de la Sociedad Rural, el diario de la vieja, obstinada y rencorosa oligarquía argentina ha impedido o demorado todas las reivindicaciones proletarias en Latinoamérica. Éste es nuestro planteo, el único, el revolucionario. No nos interesan las cuestiones gremiales. Nosotros con los nuestros: la clase obrera, y La Prensa con los suyos: con sus aliados de adentro y de afuera del país. ¿y quiénes son, señores, los aliados de La Prensa, quiénes son los que hoy se rasgan las vestiduras en nombre de la libertad de prensa? Son las grandes cadenas periodísticas, las agencias noticiosas capitalistas, ¡los diarios que están en manos de los propietarios de minas de cobre o de estaño, de las grandes plantaciones, de todas las compañías imperialistas con ramificaciones en América Latina!” (Cooke, 1951). La explotación del matutino fue delegada a la Confederación General del Trabajo. Es durante el segundo gobierno de Perón cuando se organizan y se enuncian explícitamente los objetivos de esas políticas a través del Segundo Plan Quinquenal, que definió una planificación nacional para el período 1953-1957. El capítulo 26 referido al área “Comunicaciones” establecía tres niveles de objetivos para la radiodifusión: fundamentales, generales y específicos que debían plasmarse además en una normativa acorde. Contemplaba “un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibilite su adecuada vinculación interna y con el exterior y que asegure: a) la elevación del nivel cultural de la población, b) la promoción y el desarrollo económico y, c) su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y de la defensa nacional”. De los objetivos generales emergía la función social de las comunicaciones y entre los específicos, la radiodifusión y la televisión aparecían desarrolladas puntualmente como dos temáticas de gobierno. Destacándose

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que el servicio nacional de radiodifusión y el servicio de televisión serían conducidos1 por el Estado y extendidos a toda la nación como expresión de la soberanía del país, en orden a la seguridad y defensa nacional y para elevar la cultura general de la población. El 28 de septiembre de 1953 el Honorable Senado de la Nación aprobaba la ley 14241, de Servicios de Radiodifusión2, completando el diseño político para el sector. Lo planteado, las políticas de comunicación realmente existentes que surgieron de las experiencias latinoamericanas de las cuales formaron parte entre otros el primer peronismo y el varguismo3, constituyen una referencia insoslayable al momento de pensar las Políticas Públicas de Comunicación que se desenvuelven en la región. Sumergidas en importantes procesos de transformación, las alianzas populares recurrirán una y otra vez al sistema normativo referencial las PNC, pero siempre en clave hegemónica.

RUPTURAS Y CONTINUIDADES: LAS ACTUALES POLíTICAS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA El final del ciclo neoliberal coincidirá con el surgimiento de nuevas experiencias políticas de transformación en la región latinoamericana. Alianzas nacionales y populares han accedido al gobierno del Estado, y denotan cierta continuidad con las tradiciones populares de aquellos gobiernos de las décadas del treinta y cuarenta del siglo pasado. y, como en esa etapa, adoptarán políticas explícitas en el campo de la comunicación. Estas gestiones estatales a cargo de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, han iniciado un camino de democratización y conquistas sociales que, con su diferentes matices y diferencias, los coloca frente a los bloques históricos conservadores de cada formación social. Procesos particulares que no amarran a un modelo exclusivo, implican búsquedas plurales con velocidades y densidades diferenciadas. Pero que comparten una orientación conjunta: desmontar el modelo neoliberal consolidado durante los años ‘90 causante de una profunda crisis económica y social en toda la región. Con distintas posibilidades materiales, culturas políticas y formas de organización ciudadana, las iniciativas compartidas se dan en torno a un nuevo rol y potenciamiento del Estado. Este asume un lugar de intervención redistributiva, de resguardo de los recursos naturales, y como un activo impulsor de ampliaciones democráticas. Un profundo proceso de inclusión claramente contrastante con el neoliberalismo precedente que avanza de manera integral, no sólo en la disputa por

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los bienes materiales, sino en una abierta confrontación hegemónica en la construcción del imaginario social. De ahí que estos movimientos han tenido una política sectorial con respecto a los medios de comunicación muy potente y al mismo tiempo han encontrado en las empresas privadas comerciales de difusión masiva y sus propietarios (hijos de la expansión de la industria cultural norteamericana) al principal opositor político. Las políticas comunicacionales que estos movimientos han impulsado también presentan rasgos similares: coinciden en las nuevas apetencias y deseos del populismo latinoamericano que busca combinar la soberanía popular con los ideales democráticos, legitimados y relegitimados a través de elecciones transparentes y con participación masiva del electorado. Se trata de iniciativas que emanan nuevos marcos normativos. Desde las reformas constitucionales hasta las leyes específicas. El fomento a la diversidad, la pluralidad de emisores, el acceso universal y la participación social son parte de la nueva orientación asumida. Su carácter fuertemente instituyente pone en riesgo a los medios tradicionales, sus sistemas de valores y sus negocios, y adquiere centralidad al momento diseñar las estrategias opositoras.

CONFRONTACIONES Las principales estrategias neoliberales de los años noventa motivaron profundos cambios en el sector comunicaciones. Las alianzas entre burguesías, Estados y sistemas nacionales de radiodifusión se alteraron con el inicio de un ciclo de concentración, extranjerización e ingreso del capital financiero al sector, signado por el fortalecimiento de los conglomerados multimediáticos en un escenario de convergencia tecnológica y de servicios. La novedosa conformación de los medios privados comerciales emergió indemne de la crisis política conjugando y potenciando algunos factores determinantes para el escenario antagónico actual: - Una potenciación de la asimilación espacio públicoespacio mediático, fortalecida por la naturalización de esa mediación privada (antes que técnica) de lo público por el capital. Con la consiguiente subsunción de lo político institucional como subsistema mediático. - Por ende una narratividad privilegiada y dominante de las políticas públicas.4 - Un nuevo rol de liderazgo en tanto fracción organizadora de los intereses dominantes, heredero de su matriz histórica de profunda relación entre las élites locales y el capital norteamericano. - Una re-presentación sin sutilezas del núcleo ideológico de la forma liberal y burguesa de pensar y representar el mundo en los momentos de radicalización política. Luego de un primer momento de recomposición eco-

nómica y de relegitimación social que, tras las sucesivas crisis, encontró a los conglomerados convalidando las nuevas experiencias políticas, éstos se posicionaron claramente en la vanguardia contra los gobiernos populares. Reaparece entonces el escenario antagónico en cuanto esos gobiernos asumen en continuidad cierta tradición populista. El concepto mismo es reiteradamente invocado por los conglomerados para caracterizar peyorativamente todas sus conductas y acciones en tanto aberración de la política, producto del desvío de la vida institucional republicana. El pueblo en el populismo ha accedido al control del Estado, ha profundizado la relativa autonomía de éste, y cimienta sus alianzas populares a partir de la implantación de políticas públicas que tienen como elemento común su radical inclusión5. Fuerza vital, transformadora, inclusiva e instituyente, la estrategia populista se despliega en una serie de iniciativas confrontativas con respecto a los grupos hegemónicos de comunicación masiva. Iniciativas que podemos sintetizar en cierta dialéctica consistente en fortalecer el bloque popular ampliando su base democrática (ampliación de derechos, fortalecimiento de los sistemas públicos, incorporación de medios y emisores) al mismo tiempo que se debilita al bloque contrahegemónico por medio de la sustracción de recursos, el incremento de competencia o la reducción de licencias. Veamos: - Al año de instalarse la V República en Venezuela, la reforma constitucional sanciona una serie de artículos referidos al derecho a la comunicación. Define la libertad de expresión sin censura previa a la vez que garantiza el derecho de réplica y rectificación. El Estado garantiza la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Se establece además que los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular. - La sanción de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) reconoce a los medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público, y creó las condiciones para que éstos pasaran a la legalidad6. - En el año 2005 la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión (Resorte) define “establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la Nación, de conformidad con las normas y princi-

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pios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. - La creación de la cadena regional Telesur, el crecimiento sostenido de las habilitaciones a las emisoras comunitarias, la multiplicación de los sistemas públicos y el retiro de las licencias a conglomerados mediáticos (en mayo de 2007, no se renueva la concesión del canal RCTV) configurará un mapa de medios más equilibrado. - En Ecuador la nueva Constitución de 2008, fundada en el concepto del “buen vivir”, consagra los derechos a la comunicación e información (art. 16) a la vez que coloca al Estado como garante activo de los mismos. También explicita la prohibición a los monopolios comunicacionales y garantiza la asignación, en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico a actores públicos, privados y comunitarios (art. 17)7. Prohíbe la participación de entidades financieras en medios de comunicación (art. 312). Define el espectro radioeléctrico como sector estratégico y reserva al Estado su administración y gestión (art. 313). - En julio de 2008, La Agencia de Garantía de Depósitos incautó 195 empresas del grupo Isaías, uno de los mayores del Ecuador y protagonista principal de la crisis financiera de 1999. Entre ellas TC Televisión de Guayaquil y Gamavisión de Quito, dos de las cinco televisoras nacionales más importantes del país, que pasaron a ser controlados por el Estado. - En 2007, se funda el primer canal estatal de televisión: Ecuador TV (ECTV) y se vuelve a poner al aire Radio Pública del Ecuador, a los cuales se suman los medios incautados al grupo Isaías: TC Televisión (Guayaquil), GamaTV (Quito) y Cablenoticias (de la TV paga), las radios Carrusel y Super K8. Hoy el Estado controla cuatro canales de televisión. Desde el año 2011 se encuentra en un proceso de discusión el proyecto de Ley Orgánica de la Comunicación. - En la Argentina, la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 por una amplía mayoría9 autoriza en forma permanente a los pueblos originarios a prestar servicios de radiodifusión e incorpora como prestadores a las organizaciones sin fines de lucro, reservándoles un 33% del espectro disponible. Contiene numerosas cláusulas antimonopólicas referidas a concentración de las licencias, programación y redes y establece un plazo de un año para adecuarse a lo dispuesto en la norma.10 Crea además organismos colegiados con representación parlamentaria y de la sociedad civil tanto para la autoridad de aplicación como para el sistema público nacional. Contempla un abono social para el servicio de cable, un sistema de liberación de derechos para eventos de

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carácter social relevante y crea la defensoría del público. - El fortalecimiento de los medios públicos, con la incorporación de nuevas señales nacionales (educativa, deportiva, infantil, de cine, de ciencia y tecnología, entre otras) y la creación de la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre y el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (2009), todos a cargo del Estado, se enrolan en una clara política distributiva. - A lo cual se suman la creación de los programas Argentina Conectada (tendido de más de 50.000 km de fibra óptica) y Conectar Igualdad (distribución gratuita de computadoras personales móviles a la población escolar). - Por su parte la creación de los programas Fútbol para Todos, Automovilismo para Todos y Deportes para Todos implicaron la recuperación pública de los principales contenidos audiovisuales en manos de los grupos privados de cable y su difusión gratuita por la televisión abierta. Estrategias todas que redundarán en la posibilidad de la autonomía política y del pueblo para interpelar al sistema de medios, legitimarse y reinventarse como posible.

DE LA PLAZA A LA PLATEA Frente a ello poco queda para el adversario: la contra en tanto reacción sólo puede ser conservadora, excluyente, destituyente, mortal en definitiva... Los medios como actores políticos construirán entonces un tipo de relación simbólica antipolítica que denominamos “gentismo”. La misma se opone casi en los mismos términos a la lógica de construcción política de los movimientos populares. Así entre ambos se conforma una relación de disputa por el lugar de la política, fundando campos antagónicos con modalidades de invocación y de construcción política similares. Es allí donde el sistema de medios va a desplegar todo su potencial. Mientras los nuevos liderazgos políticos populares consolidan un espacio y una forma de invocar la movilización popular, el conjunto de las fuerzas que están en contra, se halla imposibilitado de componer una opción política de gobierno exitosa. Montado sobre la velocidad cotidiana del capital y su insumo publicitario permanente el dispositivo mediático empresarial conservador, producirá una constante deslegitimación de su adversario con la esperanza de sancionar el triunfo de la gente sobre el pueblo. La constante convocatoria a la protesta tiene a los medios como promotor y articulador principal, lo que marca su propio límite. Se potencia una acción social

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que no logra sustentar un proyecto alternativo coherente. Sólo expresa la construcción de la frustración y la desesperanza guionada por el relato mediático. Como analiza Juan José González, en el caso español “ha sido el sistema de los medios, en particular desde el comienzo de la década del pasado siglo, el que de manera más abierta ha creado la polarización social y política”. Lo que entre nosotros se ha dado en llamar “crispación”. Convocan ahora para la protesta, para la queja, para sostener la construcción de la ideología dominante, mediante la voz de unos ídolos que transcurren sus vidas a kilómetros del pueblo, desde el liderazgo moral del periodista “independiente” que sabe interpretar el sentir de la gente, que nunca pierde elecciones. Invocan ahora a la “gente” para oponerse al “poder” y convocan desde ese lugar apolítico pretendidamente republicano y liberal, pero que es profundamente reaccionario. Avanzada del antipopulismo, en realidad configuran estratégicamente la anti-política, desde su propia lógica de interpelación desde y hacia la “gente”. Un montaje cultural eficaz porque logra imponer su conciencia y sentido como el sentido común general. Sus protagonistas son los medios privados comerciales masivos de gran impacto social, como el grupo Clarín, en la Argentina. Un sistema tradicional que ha perdurado más allá de los vaivenes democráticos o dictatoriales. El trasfondo de esta disputa no es entonces entre un grupo de medios y un gobierno particular, sino entre los medios y la política pública no mediática, aquella que se construye a partir de poner el cuerpo, de la intervención directa de los sujetos, en la calle, el parlamento o el cuarto oscuro. La confrontación real entre una y otra por como se define el campo de la política, en un sentido esencialista acrecienta los niveles de contradicción entre un sistema y el otro. Si adicionamos los procesos por los cuales los intereses comerciales de los propietarios de los medios se resienten por el accionar de los gobiernos, esa tensión se hace aún mayor, y es lo que se observa de forma cotidiana en el caso argentino. Pero similar cuestión sucede en México, Ecuador, Brasil, Bolivia y Venezuela. Un sistema de tensiones que se profundiza en un momento de extrema contradicción cuando los intereses materiales concretos, los negocios que están vinculados a los grandes medios de comunicación están condicionados por las políticas y las nuevas leyes implementadas por los populismos. Lo que va a dirimirse entonces no serán sólo los efectos de una determinada acción política sino el lugar de la política, quién tiene derecho a expresar adecuadamente al pueblo y a la ciudadanía. •

Notas 1 Al sancionarse la ley se define al servicio como de interés público otorgando las licencias al sector privado. 2 Primera y única ley sobre radiodifusión aprobada durante un gobierno democrático hasta la sanción de la actual LSCA 26522, sancionada en octubre de 2009. 3 Si bien no es objeto de este artículo, resulta menester una revisión de las principales conceptualizaciones de las Políticas Nacionales de Comunicación expuestas en las diversas corrientes de pensamiento académico latinoamericano desde y con posterioridad a los años ‘70. ya que la mayoría de sus afirmaciones paradigmáticas suelen esquivar temerosamente dichas experiencias históricas de PNC y un componente conflictivo-democrático fundante: su carácter populista. 4 Como sabemos las políticas públicas son siempre además políticas que comunican acerca de la relación de gobierno. 5 Entendiéndola como fuerza instituyente, a partir de lo planteado por Barros (2006), en tanto especificidad del populismo. 6 El intento de golpe de Estado promovido e impulsado por las principales empresas de medios en 2002 profundizará la confrontación con el gobierno. 7 Como señala Philip Kitzberger (2011): “El reconocimiento público de estos sectores como actores comunicativos se entrelaza con su racionalización en términos de un Sistema de Comunicación Social (art. 384), orientado a la planificación y las políticas de igualación de derechos comunicacionales y armonía con la concepción del Buen Vivir”. 8 Más tarde el diario El Telégrafo, con sede en Guayaquil y las revistas La Onda (juvenil) y El Agro. 9 El proyecto se basaba en 21 puntos planteados desde 2004 por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, un núcleo de diversas organizaciones sociales, sindicales y universitarias que impulsaban la derogación de la ley dictatorial vigente. Antes de su tratamiento se realizaron numerosos foros abiertos donde intervinieron miles de representantes sociales de las más diversas expresiones, sugiriendo incorporaciones al texto original. Ese mecanismo le dio un gran consenso y potencia política al proyecto. 10 La cláusula de adecuación (art. 161) fue reiteradamente judicializada por el principal grupo de medios del país, el grupo Clarín, y a la fecha de redacción de este artículo estaba pendiente de resolución.

Bibliografía Barros, Sebastián (2006). “Inclusión radical y conflicto en la constitución del pueblo populista”. En Revista Confines, ITESM, México. Beltrán, Luis Ramiro (1976). “Políticas nacionales de comunicación en América Latina: Los primeros pasos”. En Nueva Sociedad, N° 25, p. 4-34. Cooke, John William (1951). Diario de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sesión del 16 de marzo. Kitzberger, Philip (2011). “El contrahegemonismo en la esfera de los medios de comunicación de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa”, mimeo, Buenos Aires.

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La crónica argentina y la construcción de subalternidad DIRECTOR: OSVALDO BAIGORRIA INTEGRANTES: MÓNICA SWARINSKY, ALEXIS BURGOS, ARIEL IDEZ, NICOLÁS GARCíA RECOARO, XIMENA SCHINCA, BERNADETTE CALIFANO, FERNANDA RIGHI, PABLO COMISSO, MARIELA MICALE LUGAR: CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CONTACTO: [email protected]

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a hipótesis inicial de nuestra investigación postula que en los relatos denominados “crónicas” en Argentina en los últimos años del siglo XX y primera década del XXI se ha intentado construir un espacio de discusión, resistencia o antagonismo frente al discurso de los medios masivos, en particular cuando se aborda la construcción de figuras de sectores populares que pueden llamarse “subalternos”. La hipótesis supone que ciertos autores denominados “cronistas” han apelado a un tipo de discurso que les ha permitido posicionarse como “legítimos” intermediarios y transmisores de ciertas voces “otras” a través de diversos procedimientos, entre ellos la reivindicación de la experiencia personal (el haber estado “en el lugar de los hechos”), y también mediante la elaboración de representaciones de alta verosimilitud a través de recursos asociados a la narrativa de ficción. En la primera etapa del proyecto trabajamos en la exploración y actualización bibliográfica y en la constitución del corpus. y en esa búsqueda nos encontramos con tres problemas, en orden de aparición:

1. Al ser un género híbrido, situado en una zona de intersección de los discursos periodísticos y literarios y en cruza con otros géneros como la autobiografía, el diario, las memorias, el ensayo y el relato de viajes, la crónica puede distinguirse, desde la perspectiva del contrato de lectura, como un tipo de construcción narrativa capaz de proveer información y de hacer uso de material documental sin ser estrictamente realista, utilizando recursos provenientes de la literatura de ficción (diálogos, secuencias descriptivas, impresiones subjetivas, entre otros). Ello implica, por cierto, considerar la marginalidad del género, en tanto forma de literatura “débil” o “menor” respecto a las formas legitimadas por la institución literaria, así como respecto a las prácticas periodísticas dominantes en los medios de comunicación. 2. Si bien varios actores sociales construidos dentro de crónicas en Argentina en las décadas de referencia podrían ser caracterizados como populares, marginales o “subalternos”, el concepto de “subalternidad” se presenta como problemático para el análisis de esa construcción, por diversas razones que pueden encontrarse en Beverley (2001) y que se esbozan a continuación. En primer lugar, el origen del concepto de “subalterno”: en la Italia de Gramsci sería asociado a la inhabilidad del Estado burgués en incluir la voluntad popular (por ejemplo, de los campesinos del sur) y a la imposibilidad de la literatura en representar fielmente a esos sectores. Luego, en la India y en América Latina a partir de los años 70, los estudios subalternos se interesaron en articular la resistencia de ciertos sujetos subordinados en contra de lo hegemónico (con sus diferencias, a saber: en la India, por la tradición de clases/castas determinadas; en América Latina, por la hibridez y el mestizaje entre distintas identidades socioculturales). El subalterno, entendido como aquel que carece de poder de autorrepresentación, se constituiría como una identidad rebelde frente a lo hegemónico, con saberes basados en la cultura oral aunque no necesariamente circunscriptos a la tradición agraria y anti-moderna, según algunos (el subalterno no podría ser representado por la literatura ni por la universidad, dado que son las mismas prácticas de subalternidad las que hablan por ese sujeto). Los debates sobre la posibilidad de representación o autorrepresentación, y sobre la relación entre lo subalterno (en tanto particular, minoritario y subordinado) y el pueblo (según se lo entienda como unitario, homogéneo y mayoritario, o como fisurado y heterogéneo) desarrollados en países con tradiciones diferentes excede, sin embargo, a los fines de nuestra investigación. Sin re1 22

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nunciar a la noción de “subalternidad” como categoría operativa para referir a sectores que carecen de poder en relación con los poderes hegemónicos, optamos por interrogar de qué manera son representados en Argentina ciertos colectivos específicos (como los narcotraficantes y “pibes chorros” en las crónicas de Cristian Alarcón o los migrantes y habitantes de zonas rurales en las de Martín Caparrós): cómo son construidos mediante procedimientos que provienen de la literatura de ficción y que despliegan la mirada subjetiva del cronista en cruce con información acerca de las prácticas de esos sectores. 3. Por último, el problema central se encuentra en la progresiva pérdida del lugar de la crónica dentro de los medios de comunicación, en especial en diarios, revistas y otras publicaciones gráficas que tradicionalmente suministraban espacios para el género, de modo que este parecería circunscribirse hoy a colecciones de libros donde su capacidad de representación de prácticas sociales se vuelve limitada. Al contrario de lo que ocurría a fines del siglo XIX, cuando los poetas y narradores modernistas podían insertarse en el mercado laboral escribiendo extensas crónicas urbanas en los periódicos latinoamericanos, o en el más célebre y aun cercano movimiento que entre los años 60 y 80, a partir de la alfabetización masiva y la proliferación de revistas y suplementos gráficos, permitió la irrupción de los llamados “nuevos periodistas”, hoy asistimos al debilitamiento de publicaciones impresas que pierden lectores, desaparecen o subsisten en estado de precariedad, amenazadas por la saturación de información en las pantallas de televisión e Internet, en las redes virtuales y en los dispositivos móviles. El principal soporte material y económico de la crónica, según se la considere inscripta en las tradiciones del género, ya no parece estar en los medios de comunicación impresos sino en el libro, lo cual obliga a revisar qué se entiende hoy por “crónica” y por “cronista”. Si revisamos lo que dicen los cronistas más reconocidos (periodistas y escritores que por lo general comenzaron su carrera profesional en décadas de oro de la prensa gráfica), podemos delinear las características centrales de este cambio. Según Martín Caparrós (2007): “En la Argentina −que supo ser un espacio central para la crónica− no hay espacio para publicar crónicas, salvo un par de honrosas excepciones. Que casi siempre son libros, no periódicos”. “Se habla del retorno de la crónica, pero no sucede. Están cada vez más refugiadas en los libros, que no es su lugar más directo y poderoso, porque los medios no le dejan espacio”(Caparrós, 2009). Esto ocurriría, paradójicamente, al mismo tiempo en que iría creciendo el interés diríase “teórico” por la crónica en las universidades, mientras que en las redacciones −acaso influidas por ese interés− se pondría de moda la palabra “crónica” para designar informes, coberturas o notas periodísticas convencionales. Según Horacio Cecchi (2010): “Hay un problema de concepto. En la práctica, hoy crónica parece ser sinónimo de ‘nota’. Si a un pasante se le pide una crónica sobre una asamblea estudiantil, te trae un informe que al publicarse quedará como si hubiese escrito una crónica; si a un estudiante se le pide que revise Clarín y elija una crónica, quizá te trae el diario entero”. Algunos de los efectos de esa “moda” (y no “boom”) de la crónica en las redacciones fueron señalados por María Moreno (2010): “Muchos de los que hoy se arrogan el lugar de cronistas ni siquiera conocen el arte de la elipsis, describen como si estuvieran levantando un inventario (...) Mientras en los cronistas de fines del XIX y del XX se trataba de hacer algo grande de lo nimio, los nuevos cronistas quieren objetos que tengan peso en sí: narcotráfico por sus protagonistas, las putas niñas, los pobres “exóticos”. En muchos el lenguaje sigue siendo instrumental”. En resumen, el campo en el que puede estudiarse la crónica contemporánea se encuentra en estado de cambios radicales en cuanto a sus soportes técnicos, en cuanto a sus características genéricas y en cuanto a sus objetos/sujetos y referentes, lo cual conduce a una creciente complejidad en la investigación sobre modos de representar prácticas populares en los medios de comunicación. • Bibliografía Beverley, John (2001). Subalternidad y representación. Debates en teoría cultural. Madrid, Iberoamericana. Caparrós, Martín (2007). “Por la crónica”. En Tomas, M. (comp.). La Argentina crónica. Buenos Aires, Planeta. __________ (2009). “El daño que hizo Clarín es inconmensurable”. Entrevista de Diego Rojas, Infonews, 24/09/2009. Cecchi, Horacio (2010). Charla en seminario interno “Crónica de autor”. Cátedra Taller Anual Orientación Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Ludmer, Josefina (2010). Aquí América Latina. Una especulación. Buenos Aires, Eterna Cadencia. Moreno, María (2010). “Actuar la vaca. Una conversación sobre la crónica con Martín Caparrós”. En Otra parte. Revista de letras y artes. Nro. 20, otoño 2010. Buenos Aires.

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La construcción social de las identidades docentes en Escuelas de Reingreso en la Ciudad de Buenos Aires DIRECTORA: ANALíA INÉS MEO INTEGRANTES DEL EQUIPO: VALERIA DABENIGNO, ROSARIO AUSTRAL, VANESA ROMUALDO, MICAELA RYAN, MARíA EUGENIA ALMIRÓN, GEORGINA ANDRADA LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI CONTACTO: [email protected]

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urante las últimas tres décadas, el interés a nivel internacional y nacional sobre la construcción social de las identidades profesionales docentes ha crecido (Pinkasz, 1992; Tenti Fanfani 2007). Las dificultades en la implementación de reformas educativas en diversos contextos, han puesto en evidencia la centralidad de los docentes, sus perspectivas e identidades en la política educativa. A nivel internacional, han sido objeto de atención de diferentes disciplinas −la sociología y la antropología−, que se han nutrido de variados marcos teóricoepistemológicos y perspectivas metodológicas (Ball, 1990; Hargreaves y Goodson, 1996). A nivel nacional, varias investigaciones han examinado diferentes aristas del trabajo docente. Entre ellas: las relaciones de género (Morgade, 1998), el malestar docente y la insatisfacción laboral (Braslavsky y Birgin, 1992), las condiciones de trabajo docente (Birgin, 1999; Tenti Fanfani, 2005), el origen social de los estudiantes de la carrera docente (Alliaud y Davini, 1997), la formación docente (Davini, 2005), y sus consumos culturales y perspectivas educativas y políticas (Tenti Fanfani, 2005). La mayoría de estas investigaciones se centra en el nivel primario de la educación estatal. Nuestra investigación se centra, retomando las preocupaciones sobre la fragmentación educativa (Poliak, 2004; Tiramonti, 2004), en docentes de escuelas estatales secundarias que proponen una organización institucional y curricular especialmente concebida para el trabajo con poblaciones caracterizadas por sus trayectorias educativas vulnerables (con experiencias de “fracaso escolar”). Se trata de las Escuelas de Reingreso, que fueron creadas en el año 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del programa de Deserción Cero como una de las políticas tendientes a garantizar la obligatoriedad establecida para la educación media en la Ciudad de Buenos Aires dos años antes (Ley N° 898/02). Se han propuesto como una alternativa para la inserción educativa de adolescentes que fueron excluidos de escuelas comunes con un formato demasiado rígido para adaptarse a sus condiciones de vida y de estudio. El objetivo general de esta investigación es analizar y comparar cómo docentes mujeres y varones definen sus identidades profesionales en escuelas de Reingreso en la Ciudad de Buenos Aires, establecer qué variedad de tipos identitarios emergen, y compararlos entre sí y con los preeminentes en escuelas medias comunes tradicionales. Entendemos a la identidad profesional docente como aquélla forma en que los docentes definen su tarea frente a los demás como a sí mismos. Se trata del self profesional que cambia a lo largo de la carrera (Ball y Goodson, 1985), y es moldeado por los contextos políticos, reformas educativas y contextos institucionales. En este estudio se despliega un diseño cualitativo. Por un lado, desde esta perspectiva, resulta central la definición que hacen los actores sobre sus propias prácticas e identidades, así como el reconocimiento de la inscripción social de sus visiones sobre el mundo educativo y social. Por el otro, incorpora el análisis de la dimensión objetiva de lo social que, en esta investigación, refiere a la naturaleza del campo social de educación media en la ciudad, del cuerpo legislativo-normativo y de las culturas institucionales que regulan la tarea docente. En el primer año y medio del proyecto hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos de la primera etapa de la investigación. Trabajamos en una Escuela de Reingreso con el fin de lograr un conocimiento profundo de su organización académica y laboral y de la perspectiva de sus docentes respecto del tipo de trabajo que realizan. Ubicada en la zona sur de la Ciudad, esta escuela opera en doble turno y tiene muy buena reputación en el sistema

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educativo local. Hasta el momento, hemos realizado entrevistas semi-estructuradas a sus autoridades (director y vice-director), sus dos asesores pedagógicos, a 18 docentes que asumen distintos roles (docentes con curso a cargo, talleristas, tutores, coordinadores de áreas y de tutorías), y tres preceptores. Asimismo, hemos iniciado el proceso de codificación de entrevistas y de construcción de matrices; recolectado documentos, y comenzado a esbozar interpretaciones de los datos producidos. Estas entrevistas nos han permitido obtener las perspectivas de los docentes respecto a su tarea cotidiana, sus incumbencias profesionales, sus estilos pedagógicos, su sentido de autonomía respecto a la institución y otros colegas, y su relación con el conocimiento que imparten en las Escuelas de Reingreso (ER); y han servido para obtener información sobre el trabajo que realizan en esta ER y el que llevan adelante en otras escuelas (sean o no ER). Las entrevistas nos han posibilitado ahondar en las características que tiene la organización académica y social de esta ER, así como en las diferencias y continuidades que los docentes observan entre éstas y otro tipo de escuelas secundarias. El análisis inicial de los datos nos ha permitido caracterizar a los docentes de esta escuela y “arriesgar interpretaciones” (Lahire, 2006) respecto de sus identidades laborales. En primer lugar, se trata de un cuerpo docente “joven” (la gran mayoría de los entrevistados iniciaron su carrera docente hace unos pocos años y unos cuantos lo hicieron en esta escuela).1 En segundo término, la mayoría tiene trayectorias laborales no tradicionales (anteriormente se dedicaban a otras profesiones o trabajos). En tercer lugar, la mayoría expresó estar fuertemente comprometida con la tarea que realiza en la escuela, tener una fuerte pertenencia institucional; y sentirse cómodos y conformes con la escuela y el clima de trabajo. En cuarto lugar, parecen estar desplegando identidades “ampliadas” (Hoyle, 1980; Meo, 2010). A diferencia del modelo de profesionalidad docente de nivel medio tradicional, tienen una mirada amplia que incorpora tanto aspectos educativos como no educativos al interpretar el alcance de su trabajo, del tipo de relaciones que forjan con sus alumnos y colegas. Lejos de la profesionalidad “restringida” (que giraba en torno a las relaciones pedagógicas con los alumnos, definía a un profesional solitario, y marginaba todo aspecto no curricular o pedagógico de la práctica docente), estos docentes “jóvenes” pensaban su tarea como un quehacer que exigía el trabajo en equipo, la consideración de aspectos no curriculares y estrictamente pedagógicos (tales como las condiciones de vida y dificultades de sus alumnos), y centrar la práctica pedagógica en las experiencias e intereses de sus alumnos. Entendían que la formación y permanente capacitación eran aspectos centrales de su tarea cotidiana, ya que les permitía adquirir herramientas para enfrentar los desafíos que conllevaba trabajar con alumnos con serias dificultades (en general, sociales y familiares) para sostener su escolaridad. En este sentido, están desplegando identidades profesionales ampliadas, flexibles, abiertas, creativas y orgánicas (Tenti y Fanfani, 2007) muy alejadas de la visión del docente y de la escuela secundaria tradicional. El despliegue de estas identidades parecería estar promovido por las políticas educativas inclusivas que llevaron a la creación de este tipo de escuela y por la existencia de una cultura institucional “inclusiva”, la cual es alimentada cotidianamente por las autoridades y asesores pedagógicos. • Notas 1 En cuanto a sus edades, alrededor de la mitad de los docentes entrevistados eran menores de 40 años. Bibliografía Alliaud, Andrea, y Davini, María Cristina (1997). “¿Quiénes eligen hoy ser maestros en Argentina?” En Revista Perspectivas XXVII. Ball, Stephen J. y Goodson Ivor F. (1985). “Understanding teachers: concepts and contexts”. En Teachers’ lives and careers. Ball, Stephen J. y Goodson, Ivor F. (eds.), 1-26. London, The Falmer Press. Birgin, Alejandra (1999). El trabajo de enseñar. Entre la vocación y el mercado: las nuevas reglas del juego. Buenos Aires, Troquel. Braslavsky, Cecilia y Birgin, Alejandra (1992). Situación del magisterio argentino y aportes para el desafío de estrategias de capacitación. FLACSO. Davini, María Cristina (2005). La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Buenos Aires, Paidós. Hargreaves, Andy y Goodson, Ivor (1996). “Teachers’ professional lives: aspirations and actualities”. En Teachers’ professional lives. Goodson, Ivor y Hargreaves, Andy (eds.), 1-27. London, Falmer Press. Hoyle, Eric (1980). “Professionalisation and deprofessionalisation in education”. En World year Book of Education 1980: Professional Development of Teachers. E. Hoyle y J. Megarryy (eds), 42–54. London, Kogan Page. Lahire, Bernard (2006). El espíritu sociológico. Buenos Aires, Ediciones Manantial. Meo, Analía (2010). Identidades docentes en tiempos de cambios: entre el repliegue y la reinvención. Serie Dialogando con Docentes y Estudiantes. Londres, Institute of Education. Pinkasz, Daniel (1992). “Orígenes del profesorado secundario en la Argentina. Tensiones y conflictos”. En Formación de profesores. Impacto, pasado y presente. Braslavsky, Cecilia y Birgin, Alejandra (eds.), 59-82. Buenos Aires, Miño y Dávila editores. Poliak, Nadia (2004). “Reconfiguraciones recientes en la educación media: escuelas y profesores en una geografía fragmentada”. En La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes de la escuela media. Tiramonti, Guillermina (ed.), 147-192. Buenos Aires, Manantial. Tenti Fanfani, Emilio (2005). La condición docente. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Buenos Aires, Siglo XXI. ————————- 2007. “Consideraciones sociológicas sobre la profesionalización docente”. En Educ. Soc., Campinas, 28 (99): 335-353. Tiramonti, Guillermina (ed.) (2004). La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la escuela media. Buenos Aires, Manantial.

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Los procesos de desaparición forzada de personas y su realización simbólica en la construcción del territorio social. El CCDTyE “Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga” y el barrio Villa Mariano Moreno, Tucumán DIRECTORA: MERCEDES VEGA MARTíNEZ INTEGRANTES: MARíA MANEIRO, ADRIÁN IOZZI, jULIETA LAMPASONA, ARIEL FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN STAVISKY, PAMELA COLOMBO, MARíA BELÉN OLMOS, ARIEL FARíAS, MARTíN MONTENEGRO, ROXANA MOLINELLI. LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI CONTACTO: [email protected]

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ste proyecto forma parte de una investigación más amplia, iniciada en 2004, sobre reconfiguraciones de la subjetividad en territorio social tucumano a partir de los procesos de confrontaciones sociales desatados en los años ‘70 en nuestro país. Fue en Tucumán donde se desarrollaron y perfeccionaron las técnicas de aniquilación por desaparición, que fueron adquiriendo −1974 y 1976, particularmente durante el “operativo independencia”− mayores niveles de intensidad, racionalidad, eficacia y complejidad. En esta implementación de las técnicas y de construcción del proceso de desaparición1 el régimen no sólo producirá desaparecidos sino también un cúmulo de significaciones sociales que, atravesando la vida social y política y en una acentuada reiteración, buscará la legitimación de las acciones a través de la internalización de valores magnánimos2 y emblemas propuestos como bienes supremos y en beneficio de la comunidad. En este avance nos interesa aproximarnos a los modos que adquieren la historicidad y la subjetividad en las transformaciones psicosociales sufridas en un espacio social particular: el barrio Villa Mariano Moreno −en la zona norte de los suburbios de San Miguel de Tucumán−, lindero a la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”. A partir del golpe del ´76, las fuerzas militares dispusieron del arsenal constituyéndolo en un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE). Tradicionalmente, el arsenal constituía un espacio integrado a los desplazamientos sociales habituales en el barrio. A partir de la instalación del CCDTyE, el polvorín se transformó en un espacio de circulación prohibida y de producción ostensible de lo clandestino, sometiendo a los vecinos a una nueva y obligada realidad social dual. Desde el año 2006, los Tribunales Federales tucumanos instruyen las causas por Delitos de Lesa Humanidad cometidos en los Arsenales. Allí se buscaron las fosas de inhumaciones clandestinas en las que desaparecieron los cuerpos de aproximadamente 1.500 personas. En marzo de 2011 las fosas fueron encontradas y aún continúan las excavaciones arqueológicas para la extracción de los restos de los desaparecidos. Sin embargo, la contundencia de esta realidad objetiva no se condice ni se manifiesta en las conversaciones con nuestros entrevistados. Los efectos producidos por la circulación del miedo y del terror3 se vinculan a procesos de aislamiento social. Las dificultades para ponerle palabras a las cosas y lo terrorífico de la situación produce desplazamientos y condensaciones en otras representaciones. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que la falta de coherencia entre la percepción del sujeto, el principio de realidad y lo que le está permitido decir al respecto, desencadena una perturbación en el mundo de la interrelación con los otros que transforma los modos que asume la realidad social, tanto en sus dimensiones objetivas como subjetivas. El objetivo general consiste en aproximarnos a los modos en que opera el terror en la vida cotidiana del barrio, a partir de explorar las brechas entre la percepción y el principio de realidad, emergentes en las formas de enunciación y los modos relacionales. En el trabajo de campo realizamos 38 entrevistas en profundidad, priorizando un barrido desde la periferia hacia el centro −zona lindera al predio−, y atendiendo la antigüedad de residencia en el barrio. En este momento nos centramos principalmente en el andamiaje discursivo que, a modo de narraciones de sus

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historias de vida, nos hicieran nuestros entrevistados. Para el análisis, hemos trabajado de manera articulada con la realidad objetiva y las circulaciones propias de la subjetividad social, específicamente, en la circulación de esos bienes de significación que a modo de dispositivos comunicacionales, invadieron los haceres habituales reproduciéndose, readaptándose, transformándose o retranscribiéndose y finalmente creando y recreando una nueva batería de significantes, representaciones e imaginarios que hasta hoy siguen produciendo efectos. Las narraciones de los vecinos del “arsenal” son construcciones discursivas complejas conformadas sociohistóricamente. Abordamos estas producciones de lenguaje como verdaderos dispositivos comunicacionales, cuyos potenciales de significación estuvieron orientados ideológicamente. Asimismo, entendemos que la receptividad social a los despliegues tácticos comunicacionales estuvo condicionada también por la frecuencia e intensidad de las producciones, en tanto acciones y/o emisiones discursivas, reorganizadoras del contexto cultural, político y social. Con esta misma orientación, dejamos de lado cualquier tipo de remisión a producciones discursivas abstractas, separadas de unas determinadas prácticas: sostenemos que existe una íntima relación entre la implementación de la aniquilación por desaparición y las prácticas de emisión y propaganda que disparaban y anudaban −en una relación de inmanencia− estas prácticas al sentido. Mientras se producían las desapariciones, se producían también los bienes de significación social con los que se semantizaban los procesos de la vida colectiva. Estos despliegues −pensados en concordancia con el orden productivo−, implican condiciones específicas de producción, acumulación, emisión, circulación, reproducción y consumo. La población fue destinataria y reservorio de acumulación de esta gama de nuevas producciones, constituyendo el territorio social de prueba y ajuste no tan solo del desarrollo tecnológico viabilizador del modo de ser de la aniquilación −la desaparición−, sino que también fue conformándose como territorio de circulación, de realización, de reproducción y finalmente de consumo de los bienes de significación que constituyeron los ejes emblemáticos y los valores magnánimos en nombre de los cuales −simultáneamente con el despliegue del terror− se le daba. Trabajaremos con dos tipos de problemas diferentes en relación a los procesos comunicacionales y los mensajes que circulan. Por una parte, distinguiremos “lo que se dice en relación a lo que se quería decir” y, por la otra, “lo que se quiere comunicar en relación a lo que efectivamente el receptor ha interpretado”. Es necesario advertir que, para que la comunicación sea posible socialmente, se debe compartir un lenguaje −en tanto sistema de significantes arbitrarios que producen efectos de significación− conformado como un universo conceptual. Si bien el análisis se encuentra en desarrollo, encontramos emergencias discursivas −explícitas e implícitas4− de una obligada realidad social dual en relación al predio, que se manifiestan por la contraposición entre lo que se dice, lo que se percibe y el principio de realidad que envuelve los relatos. En su mayoría, las construcciones sintagmáticas implicaron esa yuxtaposición compleja de aquello que enuncia “lo normal” en los haceres históricos del predio militar, excesivamente corriente y naturalizado y sin matices de diferenciación entre los momentos más álgidos de confrontación social y de exterminio y los desarrollos post-dictatoriales y transicionales, hasta la actualidad. Estos hallazgos de circulaciones discursivas en el territorio social aledaño al predio militar −núcleo productivo de desaparición de mayor eficacia para el cumplimiento de los objetivos políticos del régimen− muestran un universo conceptual ajustado y homogéneo, principalmente, entre los entrevistados vinculados laboralmente a las fuerzas armadas o de seguridad. Es usual encontrar en esos relatos, de manera individual y colectiva, una rígida base de orientación ideológica y denegatoria −doble negación que niega lo que niega y, en ese acto, trae la negación y la hace presente− de la realidad objetiva. La brecha abierta entre procesos acontecidos en el predio, la percepción condicionada de los mismos en los entrevistados y los dispositivos comunicacionales produciendo, reproduciendo y consumiendo bienes de significación de alto contenido ideológico, presentan, en esta primera aproximación, una realidad social fuertemente perturbadora, por los efectos que los quiebres en los nexos de concordancia y coherencia entre la realidad objetiva y las circulaciones de la realidad subjetiva social presuponen e implican. • Notas 1 Constituido por lo que denominamos “la primera serie”: selección-persecusión-secuestro-reclusión clandestina-tortura-muerte y desaparición del cadáver del sujeto habido. Esta serie abre para nosotros, analíticamente, otras series derivadas que no trabajaremos aquí. 2 “Patria. Nación. El ser nacional. La moral y las buenas costumbres. El mundo occidental y cristiano. Dios, patria y familia, etceterá.”. 3 Estado en que se sumerge un sujeto cuando atraviesa un peligro límite sin estar preparado. Constituye una invasión sorpresiva de un sentimiento que no puede tramitar ni elaborar, determinado por el factor sorpresa. Es entonces que la situación traumática se hace presente determinando una fijación cuyos efectos suponen el retorno repetido a la situación conmocionante. 4 Que corresponden a la dimensión imaginaria social y nos aproximan a un conjunto de valores y de normas garantizadoras de la reorganización y de la reconducción de las relaciones sociales. Ver Cornelius Castoriadis (1999) y/o Pierre Ansart (1993). Nuestro trabajo de campo nos permitió establecer la existencia de una profunda imbricación socio-laboral de gran parte de los vecinos con las fuerzas armadas o de seguridad −en el predio de los Arsenales como así también en otras instituciones.

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Prácticas y estrategias sindicales en el Cono Sur frente a la renovación de los gobiernos 2003-2008 DIRECTOR: jUAN MONTES CATÓ INTEGRANTES: ARGENTINOS: ANA DROLAS, PATRICIA VENTRICI, MARIELA CAMBIASO, VALENTINA PICCHETTI, WALTER BOSISIO, LUCAS SPINOSA. EXTRANJEROS: PABLO LÓPEZ CALLE, jOSÉ A. CALDERÓN, CAROLINA CANO. LUGAR DE TRABAJO: CARRERA DE RELACIONES DEL TRABAjO CONTACTO: [email protected]; [email protected]

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l contexto sudamericano actual renueva los interrogantes respecto al papel que le cabe a los sindicatos, a partir de los cambios de variada intensidad que confrontan con el patrón neoliberal de organización de la sociedad. Las características de estos procesos van a estar dadas por los matices que adoptan los diferentes gobiernos de la región; pero también por la tradición de las organizaciones sindicales, por su relación con movimientos sociales que adquirieron relevancia en la década pasada y por el modo en que se establecen las relaciones hacia el interior del propio sujeto colectivo. Es en la intersección de estas preocupaciones que nuestro objeto de estudio adquiere relevancia. Se trata de desarrollar una reflexión teórica en vistas de las interpretaciones prevalecientes, pero anclado en el trabajo empírico renovado a la luz de los fuertes cambios que se están desarrollando en la región del Cono Sur de América. De allí que interese comparar la actualidad sindical de diferentes países (Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia) comprendiendo los puentes que conectan las dimensiones sugeridas más arriba. En vista de estas consideraciones el objetivo de la investigación es analizar las prácticas y estrategias de las organizaciones sindicales en el marco de los procesos de renovación política y reconfiguración del rol del Estado en América de Sur entre los años 2003 y 2008.

Alianzas estratégicas y alineamiento partidario a partir de los casos de Brasil, Argentina y Venezuela De los cinco países seleccionados hemos avanzado en comprender las relaciones sobre las que se basa el proceso actual de acumulación sindical en Argentina, Brasil y Venezuela. A partir del año 2003 se produce en los dos primeros una renovación política nacida de procesos diferentes. Mientras en Brasil el pasaje de un modelo neoliberal hacia otro con mayor intervención estatal es producto de un recambio electoral, en Argentina esa renovación llega después de una profunda crisis de crecimiento económico, altos niveles de exclusión social y una crisis de la autoridad política sin precedente. Otro elemento que marca a fuego la transición del modelo económico en

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Argentina es la participación social a través de organizaciones (sindicatos, movimiento de desocupados y movimientos territoriales), revueltas populares y participación de la clase media urbana. Luego de varios años de gestión gubernamental los indicadores sociolaborales y del mercado de trabajo han mejorado en ambos países. Así la desocupación bajó a menos de un dígito y el empleo ha mejorado sustancialmente, aunque persisten serios problemas de informalidad. A su vez, un conjunto de políticas sociales permitieron integrar parte de la población excluida a través de la Bolsa Familia en Brasil y el programa de Asignación Universal a menores de 18 años en Argentina. Estos programas contribuyeron a disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Para los asalariados el establecimiento regular del salario mínimo y las permanentes negociaciones salariales permitió actualizar los ingresos aunque en algunos casos esta actualización apenas logra compensar la inflación. La vinculación de la CUT con el gobierno del PT y la alianza estratégica CGT-gobierno, en Argentina acercó las centrales sindicales a los gobiernos recientemente asumidos. A su vez, las otras centrales Forza Sindical y una fracción importante de la CTA también han apoyado muchas de las iniciativas de los gobiernos. A cambio, en Argentina el sindicalismo se ha visto fortalecido en cuatro niveles: a) su capacidad de conflicto; b) el ritmo de la negociación colectiva del trabajo (especialmente respecto a los aumentos salariales); c) se mantienen los valores de la afiliación sindical; se calcula que un 40% de los trabajadores asalariados están en esta condición1; d) la extensión de experiencias de activismo de base. Si bien el fenómeno en términos numéricos aún no es mayoritario2 el efecto demostración es sumamente significativo, además de acoplarse a una fuerte tradición del movimiento obrero argentino3. En Venezuela, 10 años después del Caracazo y de la imposición de las políticas de corte neoliberal, llega a la presidencia Hugo Chávez, con la oposición abierta de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). A tal punto esto es así que está probado el hecho de su participación logística en el golpe de Estado de 2002 que destituyó y encarceló (por menos de 48 horas) al presidente electo4. En 2003 nace la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) cercana al gobierno, a partir de las fracturas al interior del movimiento sindical organizado después del golpe de Estado perpetrado contra Chávez. Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, la UNT agrupa “77% de los trabajadores que han sido beneficiados por convenciones colectivas”. Según datos de la misma UNT, la Unión cuenta entre sus afiliados con los sindicatos de trabajadores de la electricidad, del petróleo, de empleados públicos, textiles, del transporte, trabajadores del aluminio, del hierro, petroquímicos, del caucho y la mayoría de los sindicatos de la construcción y la salud, anteriormente afiliados a la CTV. Por otro lado, la mayoría de los nuevos sindicatos creados en los últimos años, también se afiliaron a la UNT. En contraposición a la CTV, la CUT ha ocupado espacios estratégicos dentro de la estructura de gobierno, del partido y diversas agencias de negociación a escala regional. Esta estrategia “por arriba” se ve contrariada por los magros avances en cuanto a presencia sindical en los lugares de trabajo a través de delegados y comisiones internas. La inexistencia de una legislación favorable a estas experiencias y la imposibilidad de recuperar los niveles de presencia sindical observados hacia fines de los setenta proyectan una escasa capacidad de movilización vía el activismo de base. En Brasil, Argentina y Venezuela se reactualizan dos problemas: el de la autonomía y heteronomía de las estrategias sindicales frente a los partidos gobernantes y las capacidades que poseen los sindicatos para revitalizar las prácticas en su interior. Si la recomposición de la capacidad reivindicativa es un rasgo del sindicalismo actual en las tres experiencias nacionales no necesariamente esa recomposición supone revitalización de las formas de acción sindical o de una praxis sindical de nuevo signo. Esta renovación para el caso venezolano tiene rasgos particulares. El chavismo mella las bases tradicionales del movimiento sindical que son justamente los partidos políticos de derecha ligados a la democracia cristiana. La escena política fue copada por nuevas retóricas y prácticas de la política que desconcertó a un movimiento sindical acostumbrado a negociar bajo normas conocidas. Aun manteniendo la dirección de la central, el FUT (Frente Unitario de Trabajadores, cercano a Acción Democrática), se enfrenta a un panorama totalmente desconocido: el Estado ya no constituye un terreno amigable de negociación. A partir de aquí la CTV ve reducida su capacidad de influencia hasta su casi desaparición. ya en la campaña electoral, el entonces candidato aludía a la necesidad de transformar las estructuras sindicales, postura que ratifica una vez ganados los comicios. Entre otras medidas, el Estado dejó de financiar directamente a los sindicatos, suspendiendo sus aportes. Otra medida que ha puesto en guardia a la central mayoritaria (y a FEDECAMARAS5) es el estímulo oficial a la conformación de nuevos sindicatos y nuevos dirigentes, especialmente en el área del petróleo, área muy sensible de la economía local. Es así como el gobierno da impulso al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros con un fuerte rechazo tanto de la Federación de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos como del sector empresario6. Este apoyo dado a la renovación sindical y a la constitución de nuevas asociaciones dio como resultado que entre 2002 y 2007, se

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inscribieran 3.818 sindicatos nuevos en el Consejo Nacional Electoral. En 2002 había en Venezuela un total de 2.974 organizaciones sindicales y en 2007, 5.792. A su vez, el gobierno se hizo permeable a las reivindicaciones de los sectores del trabajo descontentos con el accionar histórico del sindicalismo tradicional, especialmente respecto a la elección de dirigentes y a los procesos de toma de decisiones. Desde 2000, el Ministerio de Trabajo mantiene una actitud vigilante respecto a estos procesos y la renovación de liderazgos se realiza con mayor transparencia y obliga a los sindicatos a realizar elecciones directas y secretas. Esto no quiere decir necesariamente que las estructuras sindicales hayan cambiado su perfil o que efectivamente vayan a hacerlo. De hecho, la CTV no ha movido su eje de actuación ni gestión de la Central.

Prospectiva. Los párrafos anteriores constituyen una primera aproximación que explora las características de la vida sindical de los tres países más importantes (en cuanto a tamaño y economía) de Sudamérica: Brasil, Argentina y Venezuela. Esto nos dio los elementos para la construcción de la comparabilidad entre los diferentes países y entre sus diversas realidades sindicales para comprender las fases de acumulación sindical y reflexionar acerca de su participación en la vida política, su capacidad de intervenir en la conformación de actores y de defender y homogeneizar los intereses de sus representados. Lo desafíos del proyecto son poder integrar una reflexión actualizada de la realidad sindical de estos tres países con las de Bolivia y Colombia para comprender los desafíos a los que se enfrenta el movimiento sindical en esta región en vistas de los cambios que están operando a escala nacional y frente a la crisis internacional. En términos teóricos interesa revisar los planteos conceptuales que clasifican las situaciones sindicales actuales como una fase neo-corporativista. Entendemos que se trata de una conceptualización que por amplia no contribuye suficientemente a comprender las diferencias entre los sindicatos porque: es deficitaria en interpretar el carácter de la relación entre sindicatos y Estado, relega los rasgos de la estructura y organización interna de los sindicatos (invisibilizando problemas como la presencia a través de delegados en los lugares de trabajo o sus relaciones con otras organizaciones sociales) y desdibuja el papel de la confrontación con el capital como elemento central de su comprensión. •

Notas 1 Este valor del 40% hay que relativizarlo en función de la disminución del trabajo registrado. 2 Este fenómeno puede ser caracterizado a través de indicadores que permiten aproximarnos al tema en términos cuantitativos. Por un lado, se verifica que la mayoría de los conflictos son circunscriptos al ámbito de la empresa. Además, se consolida un crecimiento de los reclamos promovidos por sindicatos locales o seccionales. En tercer lugar, persiste una importante cantidad de conflictos encabezados por colectivos de trabajadores con una representación de hecho (muchas veces opuesta a la conducción de la organización sindical) construida en el desarrollo del propio conflicto. Esto es importante porque señala la existencia de conflictos encabezados por delegados “de hecho”, que no cuentan con ninguna cobertura legal contra represalias patronales. 3 A diferencia del caso brasileño, la experiencia de los delegados en los lugares de trabajo tiene más de medio siglo de existencia y posee leyes que garantizan su ejercicio. Si bien han existido fases con mayor y menor presencia, constituye un elemento clave para comprender la resistencia obrera. Incluso algunas experiencias han logrado resistir, consolidarse y pasar a la ofensiva en plena hegemonía neoliberal. Entre los casos destacados se encuentran los trabajadores telefónicos y del subte. Ver Montes Cató y Ventrici 2010. 4 E1 11 de abril del 2002, día del golpe contra Chávez, Carlos Ortega, el secretario general electo de la CTV llamó a una manifestación a marchar al palacio presidencial y echar a Chávez por la fuerza. Al día siguiente del golpe los dos dirigentes de la CTV Carlos Ortega y Manuel Cova tuvieron una reunión con el nuevo presidente golpista y directivo de FEDECAMARAS Pedro Carmona, legitimando al gobierno golpista y recibiendo la titularidad de dos ministerios dentro del nuevo gobierno de facto (el de trabajo y el de planificación). En diciembre del mismo año hubo otro intento de golpe de Estado por parte de la llamada oposición “democrática”. Al mismo tiempo que un grupo de militares se declaraban en rebeldía contra el gobierno democrático, la cúpula de la CTV, junto con FEDECAMARAS llamaron a una “huelga general indefinida” para derrocar al gobierno. 5 FEDECAMARAS es la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, conformada por empresarios de todos los sectores económicos cuya actividad política es de franca oposición de Chávez. 6 La libertad sindical está en Venezuela garantizada constitucionalmente de manera mucho más amplia que en la Argentina en donde rige un régimen virtual de sindicato único. En el artículo 95 de la Constitución se sostiene “... los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley” (el subrayado es nuestro). La sola inscripción jurídica es suficiente para constituir un sindicato con los derechos y deberes relacionados con la Ley Orgánica del Trabajo.

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Coreografías de los géneros y las sexualidades Construcciones hegemónicas y subalternas en la contemporaneidad argentina1 DIRECTORA: MARíA ALICIA GUTIÉRREZ CODIRECTORA: DALIA ELIZABETH SZULIK INTEGRANTES: FLORENCIA GEMETRO, GABRIELA BACIN, LUjÁN BARGAS, RENATA HILLER, ROMINA FRESCHI, MARIELA ACEVEDO, EUGENIA TARCIBACHI, ANDREA VORIA. LUGAR DE TRABAJO: CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CONTACTO: [email protected]

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s posible registrar en nuestro país, a lo largo de las últimas dos décadas, un proceso caracterizado por: la visibilización pública de sujetos socio-sexuales, la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de las políticas públicas, la expresión de estas temáticas en el campo artístico y la redefinición de la noción de género e identidades de género que ponen en cuestión la escisión público-privado. El interrogante que guía esta investigación gira en torno al modo en que se han expresado las demandas de ciudadanía y las construcciones discursivas en relación al género, la sexualidad y los derechos en campos diversos de la expresión social, como las políticas públicas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la ley de unión civil y la maternidad lésbica; el conocimiento científico y social; el campo del arte, a través del cine, la poesía, la historieta y la publicidad. El objetivo general consiste en: Profundizar el análisis y la construcción sociocultural hegemónica y subalterna de los géneros, las sexualidades y las identidades en la Argentina contemporánea. Presentamos los avances del proyecto en relación a cada uno de los objetivos específicos:

1. Comprender y analizar críticamente la construcción de los derechos sexuales y reproductivos en discursos pertenecientes al campo de los derechos y las demandas de la sociedad civil en relación a las nociones de libertad y autonomía. Por un lado, se avanzó en la recopilación y lectura de bibliografía relativa a las nociones de autonomía y libertad aplicado al derecho al aborto. En esa línea, se realizó un relevamiento y análisis de las distintas propuestas de leyes, campañas y estrategias de concientización para el aborto legal, gratuito y seguro, tanto desde organismos oficiales como desde las distintas organizaciones involucradas y las informaciones de medios de comunicación. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a mujeres pertenecientes al movimiento de reconocida trayectoria activista y conocimiento del tema. Por otro lado, se propuso avanzar en la comprensión del proceso de emergencia y establecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública argentina durante los últimos veinte años, desde la perspectiva de los diversos actores sociales intervinientes: Estado nacional, organismos internacionales y sociedad civil.

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El análisis preliminar de las entrevistas realizadas da cuenta del efecto positivo de la retórica de los derechos como motor movilizador de la acción política de los actores protagonistas y como elemento facilitador de la visibilización social de algunas problemáticas silenciadas por décadas. Sin embargo, pareciera que este efecto positivo tiene un límite: la inclusión formal de estos derechos en leyes y programas no garantiza una conciencia de la posibilidad real de ejercer esos derechos y de cómo hacerlo. 2. Indagar acerca de las sexualidades disidentes en las ciencias médicas y las ciencias sociales. Se aborda el estudio de la eugenesia en Argentina desde una perspectiva de género, contribuyendo al conocmiento sobre la doctrina biotipológica en particular −que constituyó la versión católica y latina de la eugenesia− y su implementación en nuestro país entre 1930-1945. Se pretende, así, analizar la presencia de sesgos de género en los postulados biotipológicos como en las políticas públicas eugénicas instrumentadas en Argentina, tendientes a controlar y normalizar la sexualidad y reproducción humanas. Para ello, se avanzó en el análisis de los postulados de la doctrina biotipológica de Nicola Pende, particularmente aquellos que refieren a la cuestión del rol de la mujer y a su teoría sobre las diferencias sexuales. Así también, están siendo relevadas fuentes primarias y secundarias vinculadas a las políticas públicas eugenésicas implementadas en Argentina en dicho período. 3. Identificar y analizar la nueva agenda de las políticas públicas y sociales en torno a la unión de personas del mismo sexo y las maternidades lésbicas. En primer lugar, se abordó la disputa en torno al reconocimiento legal de las parejas gay lésbicas en nuestro país, analizando el proceso de debate de la ley de Matrimonio 26618. El abordaje metodológico combinó análisis documental, entrevistas con actores participantes y observación sistemática en eventos vinculados al proceso. El análisis produce resultados ambivalentes en lo que refiere a la construcción de la democracia y sus vínculos con los derechos sexuales en nuestro país. Por una parte, el proceso permitió someter a interrogación las normas sociales y los mecanismos políticos para procesarlas. Sin embargo, el mismo también indica límites a lo que es procesable políticamente, al victimizar, omitir violencias “realmente existentes”, fundar la igualdad en rasgos de analogía (paradigmáticamente, el mismo amor conyugal) y al presentar el asunto como un fenómeno sin antagonistas. Cabe interrogar, así, en qué medida la ley de Matrimonio, colocada en esta narrativa, podría colaborar a otras disputas vinculadas a la sexualidad. En segundo lugar, en relación a este objetivo, se desarrollaron insumos para la comprensión de la problemática de la homosexualidad femenina, la historia del lesbianismo y las significaciones de las maternidades lésbicas. Las maternidades lésbicas fueron analizadas desde una perspectiva de derechos, indagando la percepción de lesbianas madres en torno a la garantía de derechos comaternales antes y después de la sanción de matrimonio igualitario. Además, se comenzaron a elaborar algunas recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas inclusivas en instancias diagnósticas, en el sistema de salud y en el sistema de educación. Las indagaciones sobre la construcción de la homosexualidad femenina permitieron avanzar sobre una dimensión histórica en la producción de discursos y saberes a principios y a mediados del siglo pasado que contribuyeron a la circulación de idea claves sobre el lesbianismo en la actualidad. Se revisaron esas concepciones en documentos de época y a través de entrevistas a militantes lesbianas e investigadoras sobre sexualidades y sus resignificaciones, en los antecedentes del lesbianismo como instancia de autonomización política.

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4. Analizar las nociones de cuerpo, géneros y sexualidades en diversos soportes artísticos y/o comunicacionales y su resonancia a nivel sociocultural sobre la construcción hegemónica y/o subalterna de los géneros. Para el desarrollo de este objetivo se analizan diversos materiales discursivos: • Historietas de la revista Fierro, de la primera época (1984-1992) y de la segunda etapa (2006-2009). Se indagó en las producciones de varones y mujeres en la revista Fierro, primera época (nº 1 a nº 47) y segunda época (nº 1 a nº 38) en relación a la construcción de lo femenino/masculino. Se examinó en la selección de historietas construcciones discursivas alternativas o contra discursos sobre la feminidad/masculinidad y su relación con la posición de sujeto emergente de la enunciación. Sin embargo, dadas las limitaciones que supuso establecer determinados textos como alternativos, se reorientó la búsqueda hacia elementos de tensión, de ruptura o continuidad, de contradicción o de reafirmación, en los discursos de una y otra época. Así, debieron establecerse criterios más amplios que permitieran interpretar los elementos gráficos observados en su relación con la expresión de los imaginarios sociosexuales en ellos plasmados. • Una selección de cine de ficción argentino de la última década. A partir de una muestra de cine de ficción argentino de la última década −Cama Adentro (Jorge Gaggero, 2003) y El Cielito (María Victoria Menis, 2002)−, se busca profundizar en la construcción y deconstrucción del género en el marco de un escenario de crisis social, atendiendo a la dimensión discursiva y corporal de la performatividad de género que a la vez que apuntala el género, genera grietas para su transformación. Para ello, a nivel teórico, se ha estudiado desde la teoría del género y discursiva, la inapropiada interrelación entre cuerpo y habla, lo cual plantea la posibilidad de reformulación del sujeto mismo, incluso a nivel político. A nivel metodológico, por un lado, se realizaron entrevistas en profundidad a los directores/as y guionistas de ambas películas; y por el otro, ambos films están siendo analizados discursivamente, a través del programa Atlas ti, atendiendo a lo que los sujetos dicen y hacen • Publicidades de productos que “se hacen cuerpo” publicadas en revistas argentinas “femeninas” desde 1970 a 2010. Se busca analizar los ideales de mujer y el uso de los emblemas del discurso de la llamada “liberación femenina” en las publicidades gráficas de toallitas femeninas, tampones, protectores diarios femeninos y geles de limpieza íntima aparecidas en revistas femeninas de circulación nacional desde 1950 hasta 2000. • Selección de poesía. En lo que hace a la investigación literaria, se está trabajando con el género poesía y en la selección de muestras apropiadas para analizar las distintas imágenes de lo femenino. Se relevaron en las publicaciones Diario de Poesía (en sus inicios en los años 80) y la revista Feminaria, que realiza un importante aporte crítico para ese género. Además se revisaron antologías destacadas de los últimos años, entre ellas la reciente 200 años de poesía argentina. Paralelo a este proceso de selección de la muestra, se está elaborando un marco teórico lo suficientemente amplio y sensible para enmarcar las distintas fuentes y sus complejidades particulares. •

Nota 1 Este proyecto es una continuación, profundización y ampliación del proyecto UBACyT “Voces polifónicas: sexualidades e identidades de género”, que concluyó con la publicación de un libro que lleva el mismo nombre, el cual resume los alcances y el recorrido trazado por dicho proyecto.

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Hacer de la docencia universitaria una práctica reflexiva DIRECTOR: jUAN jOSÉ FERRARÓS CODIRECTORA: MARíA jOSÉ ACEVEDO INTEGRANTES: DELIA GUILIANI, GERMÁN BIANCO DUBINI, LORENA YABER, FERNANDO MARTíNEZ, VALERIA ATIERI, LUCíA MELAMED, ESTEBAN ACERBO LUGAR DE TRABAJO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONTACTO: [email protected]

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as investigaciones que hemos llevado a cabo en las últimas décadas en nuestras cátedras de Psicología Social I y II, de la carrera de Trabajo Social, y de Teoría y Técnica de Grupos, y Análisis Institucional de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta facultad, estuvieron destinadas a indagar la manera en que se fueron institucionalizando las respectivas prácticas profesionales: las representaciones que circulan en la sociedad sobre ellas y su incidencia en la inserción laboral de los egresados, las representaciones compartidas por los estudiantes y docentes de esas carreras, las condiciones de trabajo de los profesionales en actividad, la satisfacción y/o sufrimiento psíquico que experimentan en el ejercicio profesional. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, en particular observaciones no participantes y entrevistas semi-dirigidas.1 Dado el carácter transdisciplinario de las carreras mencionadas y, por lo tanto, la variedad de problemáticas sociales que tratan, el origen disciplinario de los docentes se reveló también muy heterogéneo: Sociología, Antropología, Psicología, Economía, etcétera. Los docentes egresados de las carreras de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación, por su parte, afirmaron haber ingresado a la carrera académica en algunos casos para continuar ligados a la universidad pública cuyos ideales comparten y, en otros casos, como una forma de fortalecer una identidad profesional no siempre reconocida. Otros motivos que surgieron para la elección de la docencia universitaria fueron: • Idealización del rol docente en el medio familiar, sobre todo en casos en que los progenitores lo ejercieron. • Medio para conocer la realidad y ayudar a otros en esa búsqueda. • Identificación con docentes encontrados en la propia trayectoria formativa. • Valoración del conocimiento como medio para la transformación social. • Ocasión de aplicar lo aprendido en el marco de una cátedra. • Forma de inserción laboral con retribución económica. • Deseo de retribución a la universidad pública y a la facultad de origen. • La docencia como complemento de la práctica de investigación.

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En cuanto a la formación docente de las personas entrevistadas vimos que puesto que en ninguna de las dos carreras mencionadas existe un profesorado específico, esa formación responde a un modelo artesanal de cátedra en el cual la identificación con los profesores más experimentados tiene un papel preponderante.2 Nuestras investigaciones confirmaron que el docente es un verdadero mediador entre el estudiante y el saber; esa posición implica que en el ejercicio de su práctica se juegan sus propias representaciones acerca de los objetos de estudio, su ideología, sus códigos. La relación asimétrica que mantiene con los estudiantes conlleva el riesgo de que lo que deberían ser sus propuestas se transforme en imposiciones guiadas por sus juicios de valor y fantasmas ligados a su historia personal y profesional. La práctica docente universitaria, tanto por la responsabilidad que implica en la formación de jóvenes profesionales y ciudadanos, como por la que supone la formación de noveles docentes, exige entonces una continua reflexión, no sólo sobre los dispositivos pedagógicos utilizados y su eficacia, sino sobre los sentidos que tiene el ejercicio mismo de la docencia, tanto a nivel subjetivo como a nivel del colectivo de pares. Esta preocupación nos condujo a la actual investigación de cátedra cuyo esquema y avances presentamos aquí.

Colectivo docente universitario analizando su práctica profesional A partir del año 2008 nuestra investigación se dirigió a recuperar la experiencia de Análisis de las Prácticas realizada de manera sistemática por todo el plantel docente que compone las cátedras que dirigimos. Para ello nos abocamos a construir un instrumento metodológico complejo que respondiera a nuestros fundamentos epistemológicos y a los principios de toda investigación clínica, cualitativa, inductiva, que prioriza la profundidad de los análisis por sobre la extensión de los fenómenos y le otorga a las vivencias e interpretaciones realizadas por los sujetos que participan de ella un lugar privilegiado. Las interpretaciones del equipo de investigación de segundo o tercer orden, son continuamente validadas con los mismos sujetos y reformuladas con ellos. En este caso entonces se combinaron técnicas propias de la metodología clínica3 en el análisis de las prácticas profesionales de perspectiva psicosociológica4, y técnicas enmarcadas en los llamados abordajes biográficos.5 y ello en un orden temporal que asegurara la creciente profundización de los análisis por parte del colectivo intercátedras, como así también por parte de quienes, dentro de ese colectivo, asumiríamos la responsabilidad del tratamiento de la información y de la redacción del informe final. Detallaremos las sucesivas técnicas implementadas y en cada caso cómo ha interpretado el equipo investigador los resultados obtenidos hasta el momento en relación al objetivo de conocimiento y a los objetivos de intervención que se propuso este estudio.

Grupo amplio de Análisis de la Práctica Docente Universitaria Dinámica de las reuniones de reflexión grupal: En este grupo participaron todos los docentes de las distintas cátedras. Se llevó a cabo en el marco de las reuniones quincenales establecidas cuya duración fue de 4 horas reloj. El dispositivo utilizado para la reflexión constaba de tres momentos: • un primer momento de reflexión individual y registro sobre la temática a trabajar en la reunión vinculada a la práctica, • un segundo momento de relato de cada uno sobre lo reflexionado previamente, • un tercer momento de varias rondas finales donde cada integrante completaba sus argumentos a partir de lo escuchado de los compañeros.

Temas trabajados En función de lo relevado en nuestras anteriores investigaciones sobre la práctica docente el equipo de investigación definió una serie de ejes temáticos centrales en el ejercicio de la misma. Estos fueron: • Relación con el Saber • La figura de los maestros • Satisfacción y sufrimiento en la docencia universitaria • Nuestro vínculo con la Autoridad • Nuestra relación con las Instituciones

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Las reuniones fueron grabadas y, en algunos casos, el tratamiento de la temática ocupó más de una reunión. La introspección prevista en el primer momento permitió que cada miembro del grupo rememorara vivencias propias referidas a la temática, recuperando momentos de su historia y conectándose con las emociones vinculadas a esos recuerdos. En las rondas finales cada uno podía expresar lo que el resto de los relatos le había sugerido y reformular su propia reflexión inicial.

Entrevistas individuales semi-dirigidas Los docentes que participaron del Grupo de Reflexión sobre la Práctica fueron individualmente entrevistados por miembros del equipo de investigación. Se trató de entrevistas semi-dirigidas destinadas a profundizar, en cada caso, alguno de los temas tratados por el entrevistado en aquellos grupos. Se le solicitó entonces al entrevistado(a) que, previamente al encuentro, leyera en el material desgrabado cuáles habían sido sus reflexiones respecto del tema en dicho grupo. El propósito era que el(la) entrevistado(a) se viera confrontado(a) a los argumentos que expresara en el colectivo de colegas, retomando entonces el diálogo consigo mismo, modificando o ampliando su perspectiva de la cuestión, y reconociéndose finalmente a sí mismo(a) en sus ambigüedades y certezas. La entrevista entonces relanza el proceso de un pensamiento que se torna cada vez más fino en sus análisis.

Tratamiento del material, primera etapa. El material desgrabado de los grupos de reflexión y de las entrevistas fue categorizado en temas y subtemas, rescatándose las recurrencias y diferencias de los argumentos expresados sobre cada uno de los ejes trabajados. La segunda etapa, en proceso actualmente, está consagrada a la interpretación de los datos a partir de nuestro marco teórico de referencia, a la evaluación del dispositivo utilizado para, finalmente, cumplir con la difusión de los resultados obtenidos.

Resultados parciales En las instancias de validación de la experiencia llevadas a cabo hasta el momento con el conjunto de los docentes participantes, estos manifestaron que la reflexión colectiva sobre temáticas directamente vinculadas al hacer profesional en el ámbito académico los condujo a una toma de conciencia del sentido de la elección de la docencia en relación a su trayectoria vital, reforzando su comprensión del propio proceso formativo, tanto a nivel del conocimiento como de la socialización. Esta reflexión, que implica asimismo un análisis en profundidad de las formas que asume la propia práctica, abre la vía a una mayor comprensión de los obstáculos que enfrentan los estudiantes cuando, como en el caso de nuestras materias, se les solicita que se ejerciten en el análisis de las propias implicaciones, jugadas en el proceso formativo que les estamos proponiendo, ejercicio que, sostenemos, será el reaseguro para una futura práctica profesional ética y cooperativa. • Notas 1 Entre los años 2006 y 2008 investigaciones similares tuvieron por objeto la práctica de los docentes de las mismas carreras, investigaciones reconocidas por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Secretaría de Ciencia y Técnica. Ver Ferrarós Di Stéfano, J.J. (comp.) (2010). Práctica profesional. Satisfacción y malestar en el trabajo. Buenos.Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, UBA. 2 Marcelo, Carlos y Vaillant, Denise (2009). Desarrollo profesional docente ¿Cómo se aprende a enseñar? Madrid, Nancea. Ickowicz, Marcela (2005). “Las cátedras universitarias: un espacio para la formación de los docentes”. En Actas IV Jornadas de Investigación en Educación. Nuevas configuraciones sociales y educación: sujetos, instituciones y prácticas. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 3 Levy, A. (1997). Investigación e intervención. En Ciencias Clínicas y organizaciones sociales. Paris, PUF, Cap. 4. 4 Blanchard-Laville, Claudine, Fablet, D. (2001). Fuentes teóricas y técnicas del Análisis de las Prácticas Profesionales. Paris, L’Harmattan. Blanchard-Laville, Claudine (2001). Aprendizaje, formación y trans/formaciones en un grupo de Análisis de la Práctica Profesional. Universidad Paris X. 5 Dominicé, Pierre (1996). La historia de vida como proceso de formación. Paris, L’Harmattan. Bibliografía Pineau, Gastón (1990). “Las historias de vida en la formación”. En Le groupe familial Nº 126. Rhéaume, Jeacques (2000). “ El relato de vida en grupo: reflexiones epistemológicas y metodológicas”. En Revue Internationale de Psychosociologie: Récits de vie et histoire sociale, Paris, ESKA. Acevedo, María José (2007). “El Relato de Vida en la formación de grado y en la formación continua”. V Jornadas de Investigación en Educación. Universidad Nacional de Córdoba, 4 y 5 de julio 2007. Acevedo, María José y Altieri, Valeria (2008). “El Análisis de las prácticas como instancia de formación continua de los docentes”. Congreso Red Estrado. Argentina, mayo 2008.

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Cuidados y agencia social en enfermos crónicos en Buenos Aires, Argentina DIRECTORA: ANA DOMíNGUEZ MON INTEGRANTES: ANA MARíA MENDES DIZ, PATRICIA SCHWARZ, PAULA ESTRELLA, MARíA jULIA ROSAS, MAGDALENA CAMEjO, PAULA CARUSO. LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI CONTACTO: [email protected]

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as enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de defunción tanto en países desarrollados, como en América Latina. Estas patologías son características en países que experimentan procesos de la llamada Transición Epidemiológica: se trata de países con una baja tasa de fecundidad, aumento de la presencia de enfermedades crónicas en detrimento de la presencia de enfermedades agudas y una mayor cantidad de adultos mayores. En América Latina, los países que han alcanzado este proceso son Argentina, Uruguay y Cuba (Frenk et al., 1991). Sin embargo, no se registran únicamente en estas naciones. Estudios recientes demuestran que las enfermedades crónicas (Ortiz, 2005) pondrían en jaque los sistemas sanitarios por sus características, ya que son patologías que no se presentan aisladas, produciendo así lo que se denomina comúnmente síndromes. A menudo están asociadas a comportamientos alimentarios “no saludables” y al sedentarismo, prácticas usualmente vinculadas a la vida en las grandes urbes. Desde los principios basados en la promoción y prevención de la salud (Scapin et al., 2009) las y los médicos alientan el activo involucramiento de las y los enfermos a fin de lograr la adherencia a los tratamientos. El involucramiento, caracterizado como “adherencia”, así como la forma en que llevan adelante los cuidados a la salud, son temas centrales en los protocolos propuestos por las organizaciones internacionales (OPS, 2010), así como en los artículos académicos (Ortiz, 2005). El papel asignado a la alimentación (Aguirre et al., 2010) y a las actividades físicas1 como expresión cultural de estilos de vida, tornan complejo un abordaje que ya no puede formularse desde un solo campo disciplinar.

Los cuidados y la agencia social Desde el campo de la antropología (Borneman, 1997), la teoría de los cuidados ha abierto un área de trabajo que comprende tanto las redes de parentesco, así como las relaciones de género (Gilligan, 1985; Esteban, 2000; Chodorow, 1974) permiten reconocer quiénes están dedicados a las tareas de cuidado para dar cuenta de modalidades, subjetividades, responsabilidades y temporalidades en las tareas de lo cotidiano. Si bien se ha reconocido el papel central de las y los enfermos en la agencia de sus padecimientos (Saslavski, 2007), en el caso de las personas que viven con dolencias crónicas, sus prácticas de cuidado no siempre se llevan a cabo conforme lo establecen las recomendaciones del saber médico vigente. Los resultados obtenidos de nuestro Proyecto UBACyT 2008-2010 Percepciones de Riesgos y/o peligros para la salud en varones y mujeres de sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, lo sintetizamos en los siguientes puntos que nos permiten ver cómo se desarrolla la agencia social en el cuidado cotidiano de las personas, sea o no esta agencia funcional a los cuidados prescriptos y promovidos desde y por el saber médico: La percepción de riesgo en salud es diferencial según se conozca o no el diagnóstico de la afección crónica no transmisible. Sobre todo si la afección no presenta signos de malestar físico que puedan obstaculizar sus actividades en la vida cotidiana. Las enfermedades crónicas seleccionadas para el estudio de las personas afectadas, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, hipotiroidismo; son afecciones silentes en su expresión somática. Los cambios de actitud

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vinculados a la alimentación y las actividades físicas están en directa relación con el conocimiento del diagnóstico y con algún síntoma que pueda obstaculizar el ejercicio de las actividades en la vida cotidiana. Las diferencias genéricas más notables alcanzan a varones y mujeres en situación de cuidado de hijos pequeños, adultos mayores o hijos con enfermedades crónicas. Las temporalidades de género ubican a las mujeres predominantemente como responsables de los cuidados, padezcan o no ECNTas. Las temporalidades de las actividades laborales para ambos géneros condicionan pero no determinan los cuidados, limitando las prácticas según las exigencias de la actividad laboral a desarrollar. La percepción de riesgo para la propia salud no siempre comprende grandes modificaciones en la vida cotidiana. Las prácticas que modifican los comportamientos están relacionadas con eventos propios o ajenos que conmueven la biografía personal. Los varones adultos que viven con ENCTas reciben usualmente el cuidado por parte de alguna mujer (esposa/pareja, madre, hija, hermana) a partir del momento del diagnóstico, así como en el tratamiento cotidiano. Éstas conforman la red de relaciones de cuidados cotidianos de las personas que viven con ECNTas. Las redes sociales constituyen una forma posible de organización de los cuidados más allá del núcleo cercano del que padece la enfermedad. Las redes sociales cara a cara y las virtuales permiten la producción, la circulación y el consumo de la información que las personas afectadas (vivan o no con ECNTas) consideran relevante para el afrontamiento de algún tipo particular de afección. Estos resultados han sido discutidos en reuniones científicas y publicados, y nos permiten afirmar que la agencia de las personas que viven con enfermedades crónicas así como las afectadas, cuidadores y miembros de las redes próximas de cuidados, conforman un recurso social y simbólico del que los afectados disponen, más allá de su funcionalidad en los cuidados prescriptos desde las instituciones sanitarias. La visibilidad social de estas afecciones y la posible discapacidad resultante de su ocurrencia, transforman un peligro potencial en un alerta cotidiano que no necesariamente se torna en padecimiento. Los resultados obtenidos nos permitieron diseñar un plan de trabajo que nos llevó a formular el proyecto UBACyT Redes virtuales y sociales en salud: cuidados y agencia social en enfermos crónicos, con lugar de trabajo en el IIGG, en el que nos preguntamos ¿Cuál es la agencia que evidencian las personas afectadas por enfermedades crónicas? ¿Cómo conciben a las redes sociales y virtuales en el marco de las estrategias de cuidados para su salud? ¿Qué conocimientos y prácticas producen y circulan en relación a las mismas? •

Nota 1 Existe un experimento realizado entre el Dr. S. Richard Wiseman y el British Council en relación a la rapidez con que se vive en las ciudades en el mundo. Los datos se pueden encontrar en: http://www.paceoflife.co.uk/ Bibliografía Aguirre, Patricia; Katz, Mónica y Bruera, Matías (2010). Comer. Buenos Aires, Libros del Zorzal. Borneman, John (1997). Cuidar y ser cuidado: El desplazamiento del matrimonio, el parentesco, el género y la sexualidad. En Revista Internacional de Ciencias Sociales, Nº 154. Accesible en URL:.http://www.unesco.org/issj/rics154/bornemanspa.html. Consultado en febrero de 2002. Chodorow, Nancy (1974). “Family Structure and feminine personality”. En Women, Culture and Society. California, Stanford University Press. Esteban, Mari Luz (2000). “La maternidad como cultura. Algunas cuestiones sobre lactancia materna y cuidado infantil”. En Perdiguero Enrique y Comelles, Joseph (editores). Medicina y Cultura. Estudios entre la Antropología y la Medicina. Barcelona, Bellaterra. Frenk, Julio; Frejka, Tomás; Bobadilla, José Luis; Stern, Claudio; Lozano, Rafael; Sepúlveda, Jaime; José, Marco (1991). “La transición epidemiológica en América Latina. The epidemiological transition in Latin America”. En Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), 111(6): 485-96, diciembre. Gilligan Carol (1985). La moral y la teoría. México, Fondo de Cultura Económica. Organización Panamericana de la Salud, Enfermedades Crónicas, Prevención y Control en las Américas. Disponible en: URL: http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/pdf/cronic_2010_07_08_espanol1.pdf Ortiz, Zulma (2005). Enfermedades crónicas no transmisibles. Buenos Aires, Academia Nacional de Medicina. Saslavski, Liliana (2007). ¿Por qué no se Cura (Todavía) La Diabetes? Buenos Aires, Ed. Antropofagia. Feldman, Ruben Elías; Flichtentrei, Daniel; Bochatay, Laura y Brondino, Alberto (2009). “Prevención cardiovascular en el siglo XXI”. Buenos Aires, Ediciones IntraMed. 1 38

2° Foro Internacional de Sociología en Buenos Aires POR SILVIA LAGO MARTíNEZ, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA y co-coordinadora general del 2° Foro Internacional de Sociología.

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os primeros días de agosto se llevó a cabo en Buenos Aires el 2° Foro Internacional de Sociología 2012, organizado por la Asociación Internacional de Sociología (ISA), y co-organizado localmente por la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Asociación Argentina de Sociología (AAS). El evento se realizó con el apoyo y compromiso fundamental de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas que brindó su sede para el evento, y la contribución de la Carrera de Sociología de la UBA, el Instituto Gino Germani y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El Foro contó con la presencia de profesores, investigadores, especialistas y estudiantes de grado y posgrado de diversos países del mundo, además de otros actores de relevancia social. En el sitio oficial del evento se registraron 3.592 participantes que presentaron sus trabajos científicos en casi 700 sesiones, que se desarrollaron intensamente entre los días 31 de julio y 4 de agosto pasados. Además, en el transcurso del foro continuó el registro de congresistas superando los 4.000 inscriptos. El tema del congreso “Justicia Social y Democratización” logró reunir a profesionales de las ciencias sociales de todo el mundo para tratar problemas clave como los derechos humanos, los caminos de la relación entre la sociología y los actores de la sociedad, la justicia social, la democratización, la desigualdad económica y social, entre otros. Como apunta Sergio Caletti, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, un evento de estas características “permite establecer múltiples relaciones de afinidad, relanzar debates e impulsar el análisis de problemas comunes”. El 2° Foro ofreció un espacio para la discusión, el intercambio de experiencias y la divulgación de trabajos entre actores, prácticas y saberes de diversas procedencias, en el contexto de una amplia programación académica y cultural compuesta por paneles, mesas redondas, 55 grupos de trabajo, 17 sesiones asociadas, encuentros específicos de asociaciones y presentaciones de libros. La dinámica del evento comprendió el trabajo de los congresistas en sesiones de grupos temáticos durante todo el día y la confluencia, a partir de las 18 horas, en sesiones plenarias donde expusieron personalidades de todos los países. De las seis actividades plenarias, cuatro de ellas fueron paneles eminentemente académicos (Justicia Social y Democratización, Género y Derechos Humanos, Desigualdad Social y Económica y Sociología Pública) y las otras dos, Foros Abiertos al público promovidos localmente −Justicia Social y Democratización en la Argentina y Procesos de Democratización en Latinoamérica− donde participaron no sólo académicos sino también actores sociales relevantes de Argentina y de Latinoamérica. Un lugar destacado lo ocupó la feria del libro ubicada en el patio central de la Facultad de Ciencias Económicas, por ella circularon y se encontraron cientos de colegas, dando cuenta de una gran diversidad cultural, por los distintos idiomas, vestimentas y rasgos peculiares de los asistentes. Paulo H. Martins, presidente de ALAS, comentó que el 2° Foro de ISA en Buenos Aires tiene “una enorme importancia institucional ampliando la presencia de sociólogos y cientistas sociales latinoamericanos en el debate de las ciencias sociales mundial”. Agrega Alicia Palermo, presidenta de la AAS, que “el Foro visibiliza a la universidad, a la sociología argentina y a sus asociaciones”. Para Michael Burawoy, presidente de la ISA, es muy significativo que en esta ocasión el encuentro de la Asociación Internacional se desarrolle en América Latina, puesto que “creemos que lo más interesante en sociología se está haciendo en América Latina”. Añade Margaret Abraham, presidenta del Foro, “la sociología en América Latina siempre es muy potente y crítica y ha hecho contribuciones increíbles“. Para Alberto Bialakowsky, presidente del comité organizador local, el desafío de ser anfitriones valió la pena, “América Latina tiene un potencial enorme de conocimiento intelectual y es una gran oportunidad para el encuentro no sólo de palabras, sino también de lógicas, de métodos, de entrega, de confianza”. Este enorme esfuerzo institucional no hubiera sido posible sin la generosa acogida de la universidad pública argentina, plasmada en el esfuerzo de las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al decir de Burawoy “Argentina tiene un modelo universitario increíble que el mundo debiera conocer mejor”. La convocatoria para celebrar el Foro en Buenos Aires fue ampliamente aceptada en todo el mundo. Izabela Barlinska, secretaria ejecutiva de ISA, comenta que desde la sede de la asociación en Madrid percibieron el interés “de mucha gente de todo el mundo para venir a Argentina por curiosidad de lo que está pasando en el país, en América Latina y en la sociología de la región, de manera que los congresistas no vienen sólo para presentar sus ponencias sino también a aprender, conocer”. y es en este sentido que Adriana Clemente, vicedecana de Ciencias Sociales, señala que ”en un momento tan convulsionado como este, donde en América Latina están ocurriendo tantas cosas importantes, vienen a ver qué está pasando (…) y por acá están pasando muchas cosas”. La celebración del 2° Foro también impulsó otras iniciativas, en torno al tema “Ciencias Sociales y Colonialidad del Poder. Teoría y Praxis”, el día 6 de agosto se desarrolló como evento asociado, el Foro SUR SUR, auspiciado por la AAS, CLACSO, el Foro Universitario Mercosur (FoMerco), ALAS y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS). Nota: las citas se extrajeron de entrevistas realizadas en el Foro con la finalidad de producir un documental sobre el evento, tarea a cargo del Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales. II Foro ISA 2012 http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/ Foro Sur Sur https://sites.google.com/site/forosursurcienciassociales/home

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NUESTROS LIBROS AMÉRICA DEL SUR, UNA REGIÓN. I. BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIóN, Nº 126, 2011 Escriben en este número Luis Agramunt El retroceso europeo en la integración sudamericana. La situación del Mercosur; Diego Raus América Latina. La difícil institucionalización de la nueva política; Diego Reynoso Competencia política y satisfacción de expectativas. Escenarios políticos para la región; Agustín Salvia y Nadin Feldberg La integración de los Derechos sociales en América Latina y el Caribe. Un horizonte necesario y posible sin agenda política; Guillermo Mastrini y Martín Becerra estructura, concentración y transformaciones del sistema de medios del cono Sur latinoamericano; Sandra Valdettaro Integración continental y Estudios culturales; y Silvia Finocchio América Latina: nuevos rumbos en los saberes educativos. APUNTES DE INVESTIGACIÓN. PUBLICACIóN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN CULTURA y POLÍTICA. FUNDACIóN DEL SUR, UBA SOCIALES PUBLICACIONES, Nº 20, 2011. El Tema Central consta de tres artículos: Estudios de la génesis de la profesión naval de Norbert Elías; ¿Enajenación o creatividad? El trabajo cognitivo en el capitalismo contemporáneo de Luis Reigadas; y La correa despolitizadota del sindicalismo empresarial. Un abordaje sobre el colectivo de delegados del supermercado COTO de la Ciudad de Buenos Aires de Paula Abal Medina. En la sección Oficios y prácticas escriben Matthew Desmond Haciéndose bombero y Juliana Cavilha Aprendizajes de un oficio. Notas sobre una prostituta y otras historias en la ciudad de Florianópolis. En Taller encontramos Salir con la carreta. Restituyendo decisiones en un espacio de posibles de Débora Gorbán, y Los géneros del cartón. Un ejercicio humanista de provocación de Mariana Heredia. Por último, en Lecturas en debate, Lucas Rubinich aborda La cuestión social en la visión de un burgués ilustrado; Florencia Luci Managers de grandes empresas: ¿trabajadores o patrones?; y Cynthia Rivero y Hernán Palermo Las estelas de El vapor del diablo. Algunos debates y reflexiones. ARTEFACTO. PENSAMIENTO SOBRE LA TÉCNICA. GRUPO EDITOR-COLABORACIóN UBA SOCIALES PUBLICACIONES. Nº 7, 2012.

La revista pone énfasis en las relaciones entre cultura, técnica y política, lo cual incluye el abordaje de temas que resultan excéntricos a los intereses hegemónicos del momento. Contiene tres secciones. En la primera, “Heráldica marginal”, se cuentan historias ocurridas en épocas de cambio, como la del último kan estonio de Mongolia o la del estafador húngaro que fue adherente nazi, ministro protestante y luego abad budista. La segunda, “El paganismo antiguo”, trae a presente costumbres difícilmente comprensibles desde la idiosincrasia contemporánea, como los combates de gladiadores en Roma, los intercambios eróticos entre hombres y muchachos en la Grecia antigua, la prostitución ritual en el Mediterráneo antiguo, y la estadía de anacoretas en el desierto a comienzos del primer cristianismo. Finalmente, “Más allá del humanismo” presenta una serie de reflexiones dedicada a los modos en que la subjetividad se le somete. Se incluyen artículos de A. Applebaum, H. Trevor-Roper, P. Veyne, J. Lacarriere, P. Sloterdijk, G. Anders, G. Bowersock, C. Martyniuk, J. Viera; ensayos de Horacio González sobre la historia de algunos espacios de la universidad, de Simon Schama sobre el paisaje y la memoria, de Lewis Mumford sobre el poder y la megamáquina, de Emmánuel Lizcano sobre la globalización, y artículos sobre el fotógrafo de mujeres Miroslav Tichy, sobre Charly García, sobre arte y tecnología, sobre el saber indómito, sobre el cineasta José Antonio Sistiaga. MARIO TOER y EQUIPO LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA. NUEVAS ESTRATEGIAS BUENOS AIRES, EDICIONES CONTINENTE, 2012, 191 PÁGINAS. En América Latina se vive un singular proceso de cambios que ha sido capaz de poner límites a las pretensiones del Norte de ordenar su patio trasero como antaño. Un equipo de investigadores de la UBA conducido por el profesor Mario Toer, se adentra en el análisis de estos procesos con el objetivo de proponer un territorio conceptual común que facilite pensar y debatir sobre el significado profundo y el destino de las experiencias en curso. Este libro es prueba de ello. La aguda mirada de sus autores abarca desde el registro de las huellas que resultaron gravitantes en lo que puede considerarse una genealogía del pensamiento de izquierda en la región; los dilemas de esta corriente frente a los llamados populismos; el proceso político de los últimos años en la Argentina y la unidad de los pueblos latinoamericanos en su diversidad, hasta las fuerzas alternativas que se presentan hoy en el Sur.

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JIMENA CARAVACA. ¿LIBERALISMO O INTERVENCIONISMO? DEBATES SOBRE EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMíA ARGENTINA. 1870-1935. BUENOS AIRES, SUDAMERICANA, 2011, 170 PÁGINAS. ¿Cuál es el lugar del Estado en la economía? ¿Debe regularla o dejar que el mercado asigne los recursos? ¿Es la ley de la oferta y la demanda la que organiza de manera más eficiente la vida económica? ¿Los impuestos deben servir para redistribuir la riqueza? ¿Por qué es importante consolidar una industria nacional, a quién beneficia? ¿Cómo se llega a la independencia económica? Estas cuestiones tienen al menos 150 años de discusión en la Argentina. La autora analiza los debates políticos, académicos y sociales que tuvieron lugar entre 1870 y la crisis internacional de 1930 sobre el papel del Estado en la organización económica del país. Revisar ese itinerario resulta hoy revelador para saber de qué hablamos cuando hablamos de Estado interventor, liberal o “entrometido”. ROCCO CARBONE y LORENA SOLER (EDITORES): FRANqUISMO EN PARAGUAY. EL GOLPE. EL 8VO LOCO EDICIONES, BUENOS AIRES, 2012, 148 PÁGINAS. El 22 de junio de 2012, el Presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo, fue removido de su cargo, luego de un juicio político sumario. En cuestión de horas, su vicepresidente asumió la presidencia. Franquismo en Paraguay piensa este proceso, sus consecuencias y el panorama regional que de él resulta porque cuando la coyuntura política apremia el pensamiento intelectual es reclamado por una práctica vertiginosa y categórica. Se vuelve urgente y lo que puede ser intelectual-académico aflora en su faceta militante. Intervenciones urgentes componen este libro, que pretende responder menos académica −pero sin solapar las prácticas más finas y sofisticadas de la academia− que militantemente a lo acontecido en Paraguay el pasado 22 de junio y a la perspectiva que el juicio político al presidente Fernando Lugo abrió en la historia política presente y futura de ese país. O al revés: pretenden responder más ensayísticamente −con el vértigo que reclama ese género− que con una inflexión sosegada, plácida, apacible −muchas veces en reposo, como agua de tanque− de investigación llevada adelante en un gabinete. ANA CASTELLANI (COORDINADORA). RECURSOS PÚBLICOS, INTERESES PRIVADOS. BUENOS AIRES, UNSAM EDITA, 2012, 191 PÁGINAS. Durante décadas el Estado transfirió a través de múltiples mecanismos, cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas, los resultados generales de estas políticas distaron mucho de ser favorables para el conjunto del país. Un grupo de especialistas aborda aquí el estudio de una serie de casos paradigmáticos de las últimas décadas del siglo XX; estos diversos análisis se centran en el tipo de relación estructural establecida entre el Estado y los empresarios, relación que condujo a la conformación de ámbitos en los que algunas grandes empresas obtuvieron ganancias extraordinarias derivadas de privilegios establecidos por diferentes elencos gubernamentales. Este libro permite entender de qué manera la propagación generalizada de estos ámbitos de acumulación acrecentó las restricciones al desarrollo de nuestro país. SILVIA LAGO MARTÍNEZ (COMP.) CIBERESPACIO Y RESISTENCIAS. EXPLORACIÓN EN LA CULTURA DIGITAL. BUENOS AIRES, HEKHT LIBROS, 2012, 218 PÁGINAS. El acceso creciente a redes de comunicación, la proliferación de lenguajes y la capilaridad de Internet están modificando y ampliando las formas sociales de relación e intercambio cultural. A su vez, la fusión del sistema global de telecomunicaciones e Internet cambia las condiciones de acumulación global y reconfigura las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas. Los capítulos de este libro dan cuenta de los espacios y problemáticas que las tecnologías digitales ofrecen para la creación y producción colectiva: los lenguajes y estrategias de resistencia de nuevos sujetos, el impacto de las licencias de uso libre sobre las industrias culturales y el cuestionamiento a la legislación vigente, la construcción de nuevas prácticas educativas (libres y abiertas), la apropiación creativa de Internet, de los lenguajes audiovisuales, de los principios y los modelos organizativos que van asociados con ellos. Explorar en la cultura digital implica atravesar las tensiones entre las nuevas formas de generar saberes y compartirlos, en las contiendas cotidianas que se producen en los diversos ámbitos de la cultura y el arte: la música, las editoriales, la fotografía, el cine, el videoactivismo, siempre en la búsqueda de la transformación social.

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DELITO Y SOCIEDAD. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Nº 32, 2011. Escriben en este número: J. Braithwaite Delito, vergüenza y reintegración; M. Sozzo Los exóticos del crimen. Inmigración, delito y criminología positivista en la Argentina (1887-1914); y G. González Mapeando el trabajo policial. La in/experiencia en el “oficio” como variable de diferenciación. E. Kostenwein presenta su avance de investigación De la prisión preventiva al campo del control del delito en la provincia de Buenos Aires: algunas reconfiguraciones. Encontramos también el documento de H. Blumer La sociedad como interacción simbólica y el ensayo de J. A. Brandariz García y A. Iglesias Skulj Neoliberalismo y política penal. Aproximación al trabajo de Bernard Harcourt. Por último se presentan comentarios de libros: Cristian Alarcón: Si me querés, quereme transa por M. Lorenz; Slavoj Zizek: Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales por G. Munari; Peter Manning: Contingencias policiales por G. Barukel; Fabien Jobard: Abusos policiales. La fuerza pública y sus usos por I. Grippaldi; y Elaine Crawley: Doing Prison Work, The public and private lives of prison officers por W. Claus. DELITO Y SOCIEDAD. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. COLABORACIóN UBA SOCIALES PUBLICACIONES-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Nº 31, 2011. En este número se presentan los siguientes artículos: El pánico moral. Su origen en la resistencia, el ressentiment y la traducción de La fantasía en realidad de J. young; La mala vida o los prejuicios vestidos de ciencia de E. Zaffaroni; ¿El delito como empresa? El caso del “delito trasnacional organizado” de P. Gill y A. Edwards y El lazo social del delito económico: un enfoque sociológico del orden social de J. S. Pegoraro. Se incluye un avance de investigación de A. Valero y S. Faraone titulado Lo punitivo y lo terapéutico. Una experiencia desinstitucionalizadora en salud mental en el ámbito penitenciario de la provincia de Santa Fe (Argentina). La sección documentos incluye una presentación de A. Montero y Una exposición teórica y El delito y el proceso de conflicto de E. Sutherlan. Finalmente, M. Sozzo entrevista a John Pratt Castigo legal, descivilización y populismo penal. ROSA GELDSTEIN, MARTA SHUFER (EDITORAS). PROBLEMAS ACTUALES DE SALUD REPRODUCTIVA, FAMILIA, GÉNERO Y SEXUALIDAD. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA DIVERSIDAD. BUENOS AIRES, EDITORIAL BIBLOS, 2011, 429 PÁGINAS. Este libro recoge los aportes de investigadores de diversas disciplinas sociales sobre una variedad de dimensiones relacionadas con la sexualidad, la salud y la reproducción humana. El contexto es el de las transformaciones ocurridas y de aquellas todavía en curso en los patrones de formación y disolución de las familias y de resolución de problemas ligados a la reproducción cotidiana, en diversos contextos geográficos y sociales de la Argentina. Se abordan así aspectos de los vínculos entre los miembros de las parejas conyugales y entre progenitores y sus hijos; de las identidades y relaciones de género y del reconocimiento, la protección social y el ejercicio individual de los derechos familiares, sexuales y reproductivos. ANNE HUFFSCHMID, VALERIA DURÁN (EDITORAS). TOPOGRAFíAS CONFLICTIVAS. MEMORIAS, ESPACIOS Y CIUDADES EN DISPUTA. BUENOS AIRES, NUEVA TRILCE, 2012, 424 PÁGINAS. Los artículos reunidos en este libro se ocupan de los procesos de memoria, relacionada a violencias del pasado reciente, en su articulación en la traza urbana. Los escenarios, tres ciudades emblemáticas: Buenos Aires, Berlín y la ciudad de México, cada una atravesada por las heridas de la represión. ¿Cómo marcar los quiebres de lo intolerable para que no se diluyan en las topografías de nuestro presente? Esta pregunta es enfrentada por más de veinte autoras y autores, entre ellos Leonor Arfuch, Emilio Crenzel, Valeria Durán, Mónica Lacarrieu, Ana Longoni, Valentina Salvi, Estela Schindel. ENTRAMADOS Y PERSPECTIVAS. REVISTA DE LA CARRERA DE SOCIOLOGíA. UBA SOCIALES, Nº 2, JUNIO 2012. Alcira Daroqui y Ernesto Meccia presentan este nuevo número que cuenta con un dossier que versa sobre Clases, procesos de estratificación y movilidad en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI; está compuesto por artículos de P. Dalle, D. Quartulli, A. Salvia, G. Boccardo Bosoni, G. Rosati, R. Donaire, S. Rodríguez y R. Sautú. En la sección teoría sociológica D. Sadrinas, S. Roggerone, M. A. Forte, S. Pignuoli Ocampo, S. Calise, M. Palacios y M. Zitello, reflexionan sobre aspectos de Talcott Parsons, Theodor Adorno y las TICS como fenómeno sociológico. P. de Marinis, F. Lorenc Valcarce y D. Sadrinas tradujeron artículos de Parsons y Hughes. Se reproduce además una entrevista de A. L. Kornblit a Aaron Cicourel y un artículo de E. Meccia sobre Cicourel, y por último encontramos reseñas realizadas por L. Donatello y P. Aronson.

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LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. UBA SOCIALES PUBLICACIONES, 2012, 153 PÁGINAS. El volumen se compone de tres artículos que abordan la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. El primer trabajo Las necesidades habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires: cuántos, quiénes, cómo y por qué de Hilda Herzer y María Mercedes Di Virgilio ofrece un diagnóstico detallado de la crítica situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. La toma del Parque Indoamericano: entre la protesta y la disputa de Nicolás Rivas aborda la complejidad de la problemática habitacional centrándose en las particularidades de la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Finalmente, en El derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y las políticas habitacionales Julia Rofé realiza un repaso de las políticas de las últimas décadas. El trabajo se completa con una reflexión brindada por el historiador Norberto Galasso acerca del proceso histórico que dio origen al actual régimen de concentración de la tierra e impacta en la problemática habitacional actual, tanto de la ciudad como del área Metropolitana. Por último, Carolina Miglione presenta una relatoría centrada en las discusiones e intercambios llevados a cabo en el Encuentro Multiactoral Derecho a la Tierra. POSTDATA. REVISTA DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS POLíTICO. EDITADA CON LA COLABORACIóN DE UBA SOCIALES PUBLICACIONES, VOL. 16, Nº 2, 2011. Escriben en este número: F. Botero Carreras políticas en América Latina. Discusión teórica y ajuste de presupuestos; M. Caminotti, S. Rotman y C. Varetto Carreras políticas y oportunidades “generizadas” en la Pcia. de Buenos Aires (1983-2007); M. del Mar Martínez Rosón Ambición inicial: motivaciones para iniciar una carrera política; y D. Samuels Ambición política, reclutamiento de candidatos y política legislativa en Brasil. Además encontramos las reseñas de los libros de A. Fernández y C. Senén González Estado, instituciones laborales y acción sindical en países del Mercosur frente al contexto de la crisis mundial, por W. Caamaño; F. Jameson Marxismo tardío. Adorno y la persistencia de la dialéctica por G. Catanzaro; B. Klisberg América Latina frente a la crisis por C.Sarli; y G. O’Donnell Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, por M. D’Alessandro. MARTÍN UNZUÉ. EL ESTADO ARGENTINO (1976-2003). CICLOS DE AjUSTE Y CAMBIOS BUENOS AIRES, IMAGO MUNDI, 2012, 147 PÁGINAS. Este libro brinda algunos elementos para comprender los procesos políticos y económicos que ha atravesado la Argentina el último cuarto del siglo XX y que condujeron a la gran crisis del año 20012002. El estudio, que está centrado en el rol del Estado en esos años, obligó a seleccionar los hechos a relatar, que fueron considerados los más adecuados para presentar un relato simple y que al mismo tiempo pueda explicar el derrotero del Estado argentino en ese período. Se busca dar cuenta así de las transformaciones producidas, centrándose particularmente en los cambios políticos y económicos de la década del noventa, pero refiriéndose inevitablemente a los antecedentes de ese ciclo, y brindando elementos para comprende sus legados. EDUARDO VIZER, HELENICE CARVALHO. COMUNICACIÓN Y SOCIOANÁLISIS. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL. EDITORIAL ACADÉMICA ESPAñOLA, 2012. Uno de los retos centrales que asumen los autores es la formulación de categorías analíticas aplicables de manera común a los procesos sociales y a los comunicacionales en el entendido no sólo de que ambos son indisociables sino, a la vez, de que su conocimiento requiere recuperar tanto la integralidad de las miradas investigativas, como la prospectiva transformadora. Se trata, en general, de temas de alta dificultad pero también de examen para quienes se interesan en la investigación de lo social (o sociocomunicacional) y en las formas de intervención social probable. Con la convicción de que la historia no ha terminado y de que más bien está acelerándose, los autores acuden a la epistemología histórica para desmontar los supuestos que cimentan la racionalidad practicista de los profetas del presente perpetuo así como para deconstruir aquella circunscripción conceptual que confinó a la Comunicación dentro de los límites de la instrumentalización rentable. Para Vizer en cambio, la Comunicación es un “proceso de construcción de sentido y de valor” por el que los seres humanos se apropian simbólicamente del mundo estructurando la ecología social en la que se forman y transforman los colectivos sociales. Y NADIE qUERíA SABER. RELATOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUjERES EN EL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA. MEMORIA ABIERTA, 2012, 110 PÁGINAS. Este texto explora la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado a través de más de sesenta relatos testimoniales que forman parte del Archivo Oral de Memoria Abierta. El silencio acerca de este tema, las dificultades en la escucha, los lugares, momentos e interlocutores con quienes estas mujeres han querido o podido referirse a esas violencias y a sus secuelas, son algunos de los tópicos que se desarrollan. Este es un trabajo colectivo con aportes de Claudia Bacci, María Capurro Robles, Alejandra Oberti y Susana Sakura, integrantes del equipo de Memoria Abierta.

NOVEDADES EDITORIALES LIBROS

R E V I S TA S

ZyGMUNT BAUMAN.L ESTO NO ES UN DIARIO. BUENOS AIRES, PAIDóS, 2012, 283 PÁGINAS.

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA. RJ, Nº 3, 2012.

ANDRÉS CRELIER. DE LOS ARGUMENTOS TRASCENDENTALES A LA HERMENÉUTICA TRASCENDENTAL. EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, 2010, 373 PÁGINAS. PEDRO KARCZMARCZyK. EL ARGUMENTO DEL LENGUAjE PRIVADO A CONTRAPELO. EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, 2011, 370 PÁGINAS. BRUNO MACCARI, PABLO MONTIEL. GESTIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO. NOCIONES POLíTICAS Y EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA. BUENOS AIRES, ARIEL, 2012, 248 PÁGINAS. PASCAL ORy. DEL FASCISMO. BUENOS AIRES, NUEVA VISIóN, 2012, 220 PÁGINAS. DIEGO PARENTE. DEL ÓRGANO AL ARTEFACTO. ACERCA DE LA DIMENSIÓN BIOCULTURAL DE LA TÉCNICA. EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, 2010, 257 PÁGINAS. JEFFREy WEEKS. LENGUAjE DE LA SEXUALIDAD. BUENOS AIRES, NUEVA VISIóN, 2011, 284 PÁGINAS.

CONCLUSIONES. REVISTA INTERNACIONAL: CIENCIA, CULTURA Y POLíTICA. Nº 27, 2012. DIÁLOGO POLíTICO. BUENOS AIRES, Nº 1, 2012. ESPACIO ABIERTO. CUADERNO VENEZOLANO DE SOCIOLOGíA. UNIVERSIDAD DE ZULIA, Nº 4, 2011. ESPACIOS EN BLANCO. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Nº 22, 2012. LETRA INTERNACIONAL. MADRID, Nº 113, 2011. NUEVA SOCIEDAD. BUENOS AIRES, Nº 239 A 241, 2012. PROPUESTA EDUCATIVA. FLACSO ARGENTINA, Nº 36, 2011. qUADERNI DI SOCIOLOGIA. TORINO, ITALIA, Nº 58, 2012. RAíCES LATINOAMERICANAS. AMÉRICA LATINA RESISTE FRENTE A LA CRISIS GLOBAL. REVISTA DEL PCCE, Nº 11, 2012. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Nº 130 A 132, 2011. REVISTA NUEVA SOCIEDAD. BUENOS AIRES, Nº 240, 2012. TAREAS. PANAMÁ, CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, Nº 142, 2012.