PENSAMIENTO POLÍTICO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XIX Y XX. EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA REDACCIÓN DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES

EL ESTATUTO DE BAYONA 1808, se publica el texto del Estatuto. Intento de renovación pero manteniendo la confesionalidad, condición puesta por Carlos IV. Desposesión de bienes eclesiales, desalojo de conventos y anticlericalismo. Clero apoya la revolución contra los afrancesados. Las juntas envían 300 diputados a Cádiz para redactar Constitución.

CONSTITUCIÓN DE 1812 PRIMERA GRAN OPORTUNIDAD DE CREAR UNA SOCIEDAD MODERNA Y JUSTA. IMPOSIBILIDAD DE CONVIVENCIA DE IDEAS ENTRE SOCIEDAD ECLESIAL Y LIBERAL Nunca en la historia de de una Constitución en España se publicó una premisa con semejante declaración:


“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. Además de la declaración de confesionalidad: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera”.

CONSTITUCIÓN DE 1812 (ARGÜELLES) “En el punto de la religión se cometía un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era, por decirlo así, a sabiendas de muchos que aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así dentro como fuera de las cortes”.

CONSTITUCIÓN DE 1812 Tras las victorias militares contra los afrancesados, se adoptan una serie de medidas desamortizadoras seguidas ya por estos. Abolición de la Inquisición en 1813 Las cortes admiten a consulta las propuestas del eclesiástico y político Joaquín Lorenzo Villanueva, que pretendían dar continuidad a las medidas adoptadas por los afrancesados. Estas circunstancias agravan el clima de exaltación y la Constitución es abolida en 1820 para dar paso a la restauración Fernandina.

FERNANDO VII Durante la 1ª parte de su reinado (1814-20)Apoyado fuertemente por la Iglesia. Persecución de liberales e intelectuales. Vuelta de los Jesuitas, expulsados por su abuelo. Destierro de los que ocuparon puestos administrativos con los afrancesados. Se acaba con la prensa, asociaciones de todo tipo o juntas y se devuelven las propiedades a la Iglesia.

TRIENIO LIBERAL (1820-23) Se proponen medidas contra el absolutismo. Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución el 10 de marzo de 1820. Medidas desprotectoras del clero. Imposición de mili a seminaristas, abolición de los Jesuitas, renovación del programa desamortizador. Los cien mil hijos de San Luis se encargan de restaurar la monarquía absoluta en 1823. Fernando VII se encargará en los próximos años de perseguir nuevamente a liberales y reinstaurar el poder del clero.

LA DÉCADA OMINOSA(182333) En esta época se va perfilando como sucesor, Carlos María Isidro. Restitución de bienes eclesiásticos pero NO de la Inquisición. Se restituye el poder de la Iglesia y las medidas puestas en marcha durante la 1ª parte del reinado. Se pierden las colonias. Sólo permanecen las islas caribeñas, Filipinas, Las Marianas y Las Carolinas.

LAS ESPOSAS DE FERNANDO VII

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA El rey cae enfermo habiendo promulgado la Pragmática sanción en 1830, que abolía la ley sálica. María Cristina ejerce la regencia hasta la mayoría de edad de Isabel II. Acercamiento a los liberales (por necesidad) María Cristina nombra en un primer momento como jefe de gobierno a Cea Bermúdez que nunca consiguió incorporar a liberales e intelectuales a la administración. (División de España en provincias) La situación de tensión ante las acometidas de los liberales hace que la Regente nombre en 1834 a Martínez de la Rosa al frente del gobierno.

Martínez de la Rosa Tuvo que hacer frente a las guerras carlistas. (1833-40) había retornado del exilio, trató de aplicar una reforma del clero y promulgó el Estatuto Real en 1834. A modo de carta otorgada, disimulaba el espíritu liberal para no alterar a los moderados y seguidores del Antiguo Régimen, dejando sin aclarar si la soberanía nacional residía en el Rey o en las Cortes. El equilibrio político que supuso esta indeterminación terminó por no contentar a unos ni a otros. Al mismo tiempo, el clima de enfrentamiento se intensificó a causa de las intrigas de la Regente contra los liberales y una epidemia de cólera que asoló España de sur a norte, generando el bulo de que la Iglesia había envenenado los pozos y canales en los que Madrid se abastecía de agua potable. Los asaltos a conventos e iglesias no se hicieron esperar. Acosado por unos y otros e incapaz de gobernar, Martínez de la Rosa dimitió en junio de 1835.

Mendizábal La prensa, de marcada tendencia progresista, no ahorró críticas al Gobierno y se mostró favorable a un sistema más democrático, con un mayor papel del parlamentarismo. La Regente, no obstante, ofreció la Jefatura del Gobierno a José María Queipo de Llano, quien, tres meses después de aceptar, presentó su dimisión a causa de los violentos enfrentamientos que se produjeron en Barcelona y de un levantamiento que formó juntas revolucionarias similares a las del período de la Guerra de la independencia. Estas juntas se unieron a la Milicia Nacional y tomaron el control de distintas provincias. Los revolucionarios presentaron a la Regente un pliego de condiciones en el que exigían una ampliación de la Milicia, libertad de prensa, una revisión de la normativa electoral que permitiese el acceso al voto a más cabezas de familia, y la convocatoria de Cortes Generales. El alzamiento carlista marcará todo el periodo de las regencias y dificultará la tarea de los gobiernos liberales. María Cristina se sintió obligada a otorgar el gobierno a Mendizábal, en un intento por paliar la grave crisis y hacer un gesto a los progresistas. Consciente el nuevo Presidente de la situación, había llegado a un acuerdo con los liberales: las juntas revolucionarias debían disolverse e integrarse en el organigrama administrativo del Estado, dentro de las diputaciones provinciales, a cambio de las reformas políticas y económicas que se comprometía a llevar a cabo. Obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios para llevar adelante reformas en el sistema que se concretaron en una modificación sustancial de la hacienda pública y el sistema fiscal para garantizar un Estado saneado capaz de afrontar sus obligaciones.

ESPAÑA HASTA LA CAÍDA DE ESPARTERO EN 1845. CONSTITUCIÓN DEL 37

Son años de gran tensión religiosa pues es la Constitución del 37 la primera que no reconoce la confesionalidad católica del estado español. ART.2. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. En efecto se admite el hecho social de que la mayoría de los españoles son de religión católica pero no queda expresamente legislado, y eso no van a permitirlo los moderados que a la caída de Espartero en 1845 vuelven a reformular el artículo II de la siguiente manera: “La Religión de la Nación española es católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros”. Conviene recordar que la política de Espartero fue tremendamente anticlerical. Una vez más el ojo por ojo o la forma de solucionar los problemas de forma sectaria y partidista agravaba la situación de tensión generalizada ya durante décadas entre “las dos Españas”. La nueva situación de la Iglesia insta al Papa Pío IX a reconocer el régimen Isabelino en 1848, tras 14 años de destierro.

PROYECTO LIBERAL 1854-56 Desde este punto hasta la revolución de 1868 nos encontramos ante una dirección moderada que cuenta con el apoyo de la Iglesia sólo interrumpida entre 1854-56, época en la que se llegó a escribir una Constitución liberal que nunca pudo ser promulgada por la presión de los sectores más moderados. En ella se establecía en el apartado de lo religioso que la Constitución se limitará a establecer que el Estado sufragará el culto y clero, al tiempo que garantizará la práctica de otras opiniones.

LA REVOLUCIÓN DE 1868. LA I REPÚBLICA. LA PAZ DEL 76 Tras treinta años de conservadurismo y control eclesiástico del Estado se produjo el hecho inevitable de la revolución popular de 1868, o “La Gloriosa”, que acaba por destronar a Isabel II y da paso al sexenio revolucionario y a la constitución de la I República española en 1973. La multitud clama por el divorcio, supresión de congregaciones religiosas, expulsión de los jesuitas, libertad de enseñanza o de culto y ciertos derechos que reclaman justos para la sociedad en la que viven. El derecho de reunión que se proclamaba daría pie a que se establecieran organizaciones anticlericales y la libertad de prensa violaba el Concordato 1851 con el Vaticano. Pero el espíritu revolucionario que había conseguido derrocar al gobierno de España carecía sin embargo de una dirección política clara. La coalición de liberales, moderados y republicanos se enfrentaba a la tarea de encontrar un mejor gobierno que sustituyera al de Isabel. El control del gobierno pasó en un primer momento a Francisco Serrano, impulsor de la anterior revolución contra el régimen de Espartero. Al principio las Cortes rechazaron el concepto de una república para España, y Serrano fue nombrado regente mientras se buscaba un monarca adecuado para liderar el país. Mientras, se escribía una Constitución de corte liberal que finalmente era promulgada por las cortes en 1869; era la primera Constitución que podía llamarse así desde la Constitución de Cádiz de 1812.

CONSTITUCIÓN DEL 69 En el apartado religioso se elige una redacción cuidadosa que garantiza la libertad de culto bajo una confesionalidad encubierta: “La Nación española se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesasen otra religión que la católica, es aplicable a los mismos el párrafo anterior”.

AMADEO I DE SABOYA Contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos, cada uno por razones inherentes a sus intereses; pero también de la aristocracia, por verlo como un extranjero advenedizo, de la Iglesia, por apoyar las desamortizaciones, y del pueblo, por su incapacidad para aprender el idioma español. Los republicanos se sentían en el fondo inclinados a aceptar a un monarca si éste era una persona capaz y acataba la Constitución. Juan Prim, el eterno rebelde contra los gobiernos isabelinos, fue nombrado regente en 1869, y suya es la frase: “¡Encontrar a un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo!”. Amadeo tuvo serias dificultades debido a la inestabilidad política española. Hubo seis ministerios en dos años que duró su reinado, e intentaron asesinarle el 19 de julio de 1872. El pobre rey enloquecía ante las complicaciones de la política española. “Ah, per Bacco, non capisco niente!”, solía exclamar. Completamente harto, más que abdicar, dimitió por propia iniciativa al mediodía del 11 de febrero de 1873, marchándose de Madrid sin esperar un minuto. La causa de esta dimisión fue una conjunción detonante de motivos, problemas y pretextos, y su decisión final fue la de no aguantar más él solo al frente de un país ingobernable.

Decía en su discurso de renuncia: “Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria; todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible afirmar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar remedio para tamaños males. Los he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla”. Ese mismo día se proclamó la Primera República Española.

I REPÚBLICA Todo este desbarajuste vuelve a poner de manifiesto la gran diferencia de pensamientos existentes y la imposibilidad de solucionarlos de una forma coherente, ya que los sectores moderados que disponían de mucho poder no estaban dispuestos a perderlo a favor del pueblo. Estalla entonces la tercera guerra carlista que dura desde 1872-1876. Durante el gobierno republicano bien es cierto que se cometieron ajustes tremendamente represores contra el clero y se actúa con esa falta de actitud integradora que bien se asemeja a la de la sociedad conservadora y que tanto se estaba criticando. Es como la pescadilla que se muerde la cola y alguien tiene que detener esa dinámica algún día, alguien que demuestre inteligencia y carisma suficiente para condenar y acallar las reacciones más violentas y radicalizadas, al mismo tiempo que encuentre un sistema justo que acabe con el tremendo partidismo existente... Es interesante hacer mención de una tendencia ideológica muy extendida entre los dirigentes republicanos, el espiritualismo laico de rígidos principios y fe en la educación. La controversia de la separación entre iglesia y estado cobra especial importancia durante este periodo.

Según Pi y Margall la separación del Estado enriquecía espiritualmente a una iglesia que indudablemente disfrutaba de muchos más bienes de los que necesitaba, aprovechándose de la corrupción constante que practicaba el gobierno del reinado de Isabel II. Así las cosas, se presenta una enmienda a la Constitución en Agosto de 1873 proponiendo la separación entre Iglesia y Estado pero como todo propósito al que obviamente el clero español era reacio no había otro final posible en la historia de España que el fracaso. El 4 de Enero de 1874 el general Pavía acababa con el experimento republicano. El nuevo gobierno de Serrano comenzaba su mandato con la siguiente declaración de principios: “La libertad de cultos no ha de romper entre nosotros la unidad católica de nuestras conciencias, antes ha de afirmarla y ennoblecerla, fundándola en una espontánea concordancia en la fe.”

El 1 de diciembre de 1874, don Alfonso hizo público el Manifiesto de Sandhurst, presentándose a los españoles como un príncipe católico, español, constitucional, liberal y deseoso de servir a la nación. El 29 de diciembre de ese mismo año se produjo la restauración de la monarquía al pronunciarse el general Martínez-Campos en Sagunto (Valencia) a favor del acceso al trono del príncipe Alfonso. Su reinado consistió principalmente en restaurar la monarquía y el país arreglando todas las luchas internas que los años del llamado Sexenio Revolucionario dejó tras de sí, ganándose el apodo de "el Pacificador". También se aprobó la nueva Constitución de 1876. Durante ese año finalizó la guerra carlista, dirigida por el pretendiente "Carlos VII"

La Constitución de 1876 acabó con las ilusiones liberales establecidas durante la República pero trajo la paz religiosa a España durante cincuenta años. En su artículo referente a la Iglesia sienta la siguiente base: “La Religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado.” Además, y esto es lo que en realidad más interesaba a la Iglesia, se abría la posibilidad de crear centros privados. De esa manera la Iglesia podría continuar instruyendo a sus mentes en escuelas y universidades. Con estas medidas se cierra el período de la Restauración que pasó a la historia por su corrupción, caciquismo y la incapacidad de la Iglesia a adaptarse a las Luces que brillaban por toda Europa. El catecismo publicado en 1927 recoge la siguiente afirmación: “¿Qué clase de pecado es el liberalismo? Uno gravísimo contra la fe. ¿Por qué? Porque consiste en una colección de herejías condenadas por la Iglesia. ¿Es pecado para un católico leer un periódico liberal? Puede leer las cotizaciones de la Bolsa ¿Qué clase de pecado comete el que vota a un candidato liberal? Generalmente uno mortal. Cánovas y Sagasta dirigían además dos partidos que planteaban planes muy parecidos y se creó una fatídica barrera artificial fijada en el anticlericalismo. La etapa moderada acabó con la dictadura de Primo de Rivera, un hombre y un gobierno que se volvieron locos buscando fantasmas y desatendieron de forma rotunda las necesidades del país. Este panorama trajo nuevos influjos y ansias revolucionarias que culminaron con la instauración de la II República, de corte laico.

II REPÚBLICA Nos encontramos ante un punto culminante en la historia de Españ España. Las Cortes constituyentes se encuentran nuevamente ante una papeleta difí difícil: un paí país totalmente controlado por caciques y campesinos y obreros clamando por su libertad, ya que las condiciones condiciones de trabajo estaban estipuladas de tal manera que los campesinos no disponí disponían de tierras y los obreros de la industria trabajaban en unas condiciones muy malas. La Constitució Constitución laica que se redacta en la que se especifica claramente “El Estado españ español no tiene Religió Religión oficial” oficial” trae nuevamente grandes problemas a las asambleas constituyentes constituyentes de 1931 y se intensifican las acciones violentas anticlericales. Segú Según el discurso de Manuel Azañ Azaña en las cortes constituyentes el 14 de Julio de 1931 habí había que tratar con desigualdad a los desiguales. De esta manera no se pod d í a garantizar una igualdad po constitucional para la Iglesia ya que se le consideraba un estamento estamento a eliminar de la configuració configuración del Estado si se tení tenían en cuenta todos los hechos acontecidos con anterioridad siempre que la Iglesia habí í a mantenido algú hab algún tipo de poder o vinculació vinculación estatal. Se buscaba de esta manera establecer una laicidad neutral del Estado Estado añ añadiendo que los españ españoles habí habían dejado de ser cató católicos. Realmente habí había ya una mayorí mayoría establecida pensante y liberal que se habí había dado cuenta de que la Iglesia cató católica habí había desoí desoído todas las corrientes cientí científicas y filosó filosóficas del siglo XIX y carecí carecía de teó teóricos suficientemente preparados que actuaran en el campo polí político de una forma moderna y coherente. En su lugar habí habían tendido hacia una concepció concepción integrista de la Religió Religión cató católica que asociaba liberalismo con europeí europeísmo y libertinaje, té términos que atentaban gravemente contra la unidad cató católica y el tradicionalismo del paí país.

La política de los primeros meses de la II república se centró en la redistribución de tierras a favor de los agricultores. Sobre todo en Andalucía y Extremadura. No pocas fueron las manifestaciones obreras y campesinas que clamaban por una regulación de la injusticia que se vivía. La más significativa fue quizás la revolución minera de Octubre de 1934 en Asturias. Este gremio estaba fuertemente unido en la lucha y ligado al movimiento socialista y sindicalista obrero asturiano desde los primeros años del siglo XX. Las circunstancias de la vida que había tocado vivir a estos hombres así lo había exigido. En 1936 y tras la unión de la izquierda española bajo el nombre de Frente Popular, vuelven estos a ganar las elecciones y pretenden dar premura a las cuestiones de campesinado y redistribución de tierras presentando ciertas enmiendas a la Constitución, previamente modificada por los moderados, en la primavera de 1936. No llegó a promulgarse. El 14 de julio de 1936 se se levantaban en armas los militares capitaneados por los generales Mola, a la cabeza, Queipo de Llano, Varela, Villegas, Fanjul, Cabanellas, Franco...

EL NUEVO ESTADO FRANQUISTA Vencida la República, el nuevo régimen nombra al general Franco jefe de Estado y Caudillo del Régimen en nombre de Dios. El nuevo régimen se encargará desde 1939 hasta 1952 en construir un modelo estatal de trono y altar, reconociendo nuevamente a las instituciones eclesiásticas toda su influencia en la vida pública y gubernamental y utilizando a ésta de una forma partidista para llevar a cabo de una forma más productiva su campaña contrarrevolucionaria y de persecución de “la bruja comunista”.

La ideología del Régimen no es un totalitarismo fascista de corte normal como puede ser el italiano o el alemán, en este caso la ideología tenía grandes carencias y lo único que pretendía era una vuelta a las costumbres antiguas, una restauración de los poderes que en nombre de Dios estaban establecidos ya desde siglos atrás. Ser buen español se vinculaba a ser buen católico, a tener respeto por lo que la familia y el matrimonio representa en nuestra sociedad. Se hacía referencia constante al imperio español de Felipe II, el siglo de oro, y se despreciaba el siglo XIX, considerado catastrófico. La falta de una ideología clara y una latente y pobrísima política conciliadora llevó a las fuerzas del régimen franquista a cometer toda clase de barbaridades en nombre del catolicismo y de España contra el enemigo rojo, que encarnaba la figura del impío que vive sin Dios.

CONCORDATO DE 1953 “La demora en comenzar la negociación de un concordato, lejos de deberse a ningún género de supuestas resistencias por parte de la Santa Sede, debiese a nuestra propia decisión de no envolver a la Iglesia, en nuestras dificultades exteriores. Por eso sólo cuando a fines del año 50, terminó en la asamblea de las Naciones Unidad, la farsa montada contra España, sólo entonces propusimos formalmente a la Santa Sede la elaboración de un acuerdo general que coronando y afirmando la obra realizada, diera sistema y complemento a la legislación ya concordada”. FRANCISCO FRANCO. “La farsa” montada en la asamblea de las Naciones Unidas se refería en realidad a la negativa de las mismas al ingreso de España por tener un gobierno de corte dictatorial y fascista. Esta negativa continuó durante los años de la dictadura y fue por esto que durante los años 60 el régimen se reblandeció, aunque ocultando muchas calamidades a los ojos de la opinión pública mundial, para exportar una imagen de España que reflejaba un país libre y bien gestionado, de ciudadanía ejemplar y sin altercados sociales. A pesar de la negativa de las Naciones Unidas, Estados Unidos firmó con España un convenio en 1953 de colaboración dada la situación de guerra fría que vivía el mundo. Este movimiento abrió a Franco las puertas del Vaticano. El concordato del 53 supone el mejor momento en las relaciones con la Santa Sede.

JUAN DONOSO CORTÉS (180953)

ÉPOCA DE LAS LECCIONES DE DERECHO POLÍTICO (1836-37) “La misión de los gobiernos es defender a la sociedad defendiéndola de la invasión de la individualidad humana, que llevarían a la anarquía, pero esta resistencia no debe sobrepasar ciertos límites porque entonces se llega al despotismo. Es necesario, por tanto, que se llegue a un equilibrio y que el gobierno absorba toda la parte de individualidad necesaria para preservar la sociedad, manteniendo la justa para preservar la existencia de ésta”. “La soberanía de Derecho es una e indivisible, si la tiene el hombre no la tiene Dios, si está en el pueblo no está en el cielo...”

A partir de 1848 es cuando Donoso pronuncia los discursos sobre la situación general de Europa y España y el discurso sobre la dictadura, a la que pasará a legitimar según la siguiente declaración: “La dictadura, en ciertas circunstancias dadas, circunstancias como las actuales, es un gobierno legítimo, bueno, provechoso, racional, como cualquier otro gobierno, que puede defenderse en teoría como puede defenderse en la práctica”. Pero la aportación más interesante de Donoso que es también adoptada como base ideológica por el régimen franquista que ahora nos ocupa es la que aborda en su “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”, en ella nos encontramos con esta perla informativa: “Sólo la fe es la única que puede mantener el orden social y, como quiera que la revolución, tanto liberal como socialista va acompañada de una disminución de la fe, se sigue como consecuencia el debilitamiento de ese orden. Es por ello que sólo los fundamentos doctrinales de la Iglesia podrán salvar al mundo del caos”.

LOS AÑOS 60. EL INSURRECCIONISMO VASCO Los años sesenta representan años de prosperidad tras las calamidades sufridas por una guerra injusta y una posguerra represora, sectaria y cruel. Se acrecenta el problema vasco. La Iglesia vasca se distancia del régimen y se alía con los pobres. El activismo del clero pobre dio como consecuencia una situación paradójica. El país más volcado con la religión en el plano europeo disponía también de un penal en Zamora para exclusivamente para clérigos insurrectos. Y es que este clero se había dado ya cuenta de que el régimen hacía aguas y sólo aseguraba la posición de la Iglesia rica, de aquellos cardenales y obispos que vivían acomodados en sus sillones de las grandes ciudades, desfavoreciendo a las parroquias rurales y a la gente sencilla de posesiones.

ORÍGENES DEL NACIONALISMO VASCO Para entender mejor el problema del insurreccionismo vasco hay que remontarse a las tesis de Sabino Arana allá por finales del siglo XIX. Sus tesis estuvieron siempre marcadas por el conservadurismo, la xenofobia, el radicalismo y los valores más típicamente ultra católicos. Arana declaró en relación a las guerras del Riff, en el norte de Marruecos y de Cuba que estos territorios pertenecían a los nativos y que los invasores españoles eran ilegítimos. De esta manera se fue creando poco a poco la convicción de que la situación de País Vasco y Navarra era la misma en relación a los invasores españoles, “maketos”, que no procedían de raza vasca y ensuciaban la pureza. ¿cuál fue la causa que hizo que sus declaraciones no murieran simplemente como las de un fanático cualquiera? Ahí estaba latente el activismo de Jesuitas, Dominicos, Capuchinos, Agustinos, Asuncionistas, Sacramentinos y Benedictinos para recoger el testigo de la independencia.

A partir de 1910 ya se puede hacer una distinción entre Iglesia del Estado e Iglesia vasca. Por aquel entonces presenta Canalejas la “Ley del Candado” que limita la actividad de las asociaciones religiosas en vista del poder que estaban asumiendo y de la visión que estaban imprimiendo al campo educacional. El PNV, de corte monástico, luchará incansablemente para censurar esta ley y buscará apoyo en la Iglesia nacional, sin conseguir respuesta positiva alguna. Esto genera la separación entre ideales de la Iglesia española y la vasca. La Iglesia vasca se asociará posteriormente con sindicatos obreros, los pobres, ante los clamores de injusticia social.

Con la formación de cooperativas, la Iglesia vasca consigue a mediados de los sesenta la autonomía económica para separarse totalmente de la nacional. SECED comienza a controlar la actividad del clero vasco. EKIN comienza a actuar en la clandestinidad en 1951 para radicalizar la posición del PNV en la lucha abertzale. Tras varios enfrentamientos entre EKIN y PNV, estos se ponen a trabajar en el perfil de una nueva asociación. Nace entonces ETA, cuyas primeras campañas eran sólo panfletísticas.

Hasta el año 1968, ni el abertzalismo ni ETA suponen un problema grave para el régimen franquista pero es en estos últimos años cuando la Iglesia aperturista ha conseguido hacer más mella y cuando definitivamente la rama militar de ETA ha decidido separarse de los político-militares y de otras ideologías etarras nacientes en la Asamblea de 1967, y comenzar a atentar contra instituciones a gran escala.

En este revuelto año 1968, la Santa Sede, por mediación de Pablo VI, había pedido ya al general Franco que renunciara a su derecho de nombrar Obispos y estaba claro que la diferencia entre la corrupta, elitista y encasillada Iglesia franquista y la nueva aperturista, más social y comprometida, estaban cada vez más lejos la una de la otra.

El proceso de Burgos que se celebró en 1970 agravó aún más las relaciones entre Franco y la Santa Sede. El juicio imputaba a 16 personas acusadas de terrorismo, entre las que se encontraban dos curas, Jon Echave Garitacelaya y Julen Kalzada Ugalde. Según el concordato de 1953, los juicios contra clérigos deberían celebrarse a puerta cerrada y de esta manera el régimen tenía una buena disculpa para no darle demasiada publicidad internacional al asunto. Las condenas para los 16 imputados sumaron en total más de siete siglos. Tanto Kalzada como Echave solicitaron que el juicio fuera público, ante gran revuelo de los militares y negativa del auditor que al final tuvo que aceptar la publicidad de la vista ante las presiones del Vaticano y la atención internacional que se suscitó al respecto. La situación se tornó mucha más tensa en los dos años posteriores llegando a 1972, que fue sin duda el año del activismo armado contra el régimen con numerosos y exitosos atentados hasta acabar con el asesinato del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, el cual se había forjado grandes enemistades por sus actuaciones al mando del SECED y por la puesta en práctica del plan Udaberri que pretendía infiltrar “topos” entre los clérigos e insurrectos clandestinos vascos.

A las 9 de la mañana del día 20 de Diciembre de 1973 saltó la carga explosiva que se había situado bajo la calle, haciendo una excavación desde el sótano del 104 de la Calle Claudio Coello, matando al presidente del Gobierno del Régimen, el almirante Carrero Blanco. El 4 de Enero del 74 se nombraba a Arias Navarro como nuevo presidente y éste decide poco después publicar una serie de medidas aperturistas. Un día antes de la intervención de Arias Navarro, se leyó una homilía en 30 parroquias de Navarra y más de 70 de Euskadi donde se hacía referencia a la catastrófica situación del país. La situación caótica que por primera vez enfrentaba directamente al Régimen con la Iglesia aún podía tomar tintes de máxima tensión y esto se produjo con motivo del caso Añoveros.

EL CASO AÑOVEROS Todo comenzó cuando el vicario general de Pastoral, José Ángel Ubieta, envió un ciclo de homilías cuyo tema era la presencia de la Iglesia en el mundo actual. El texto de la tercera homilía que se hacía titular “El cristianismo, mensaje de salvación” debía de ser previamente censurado y el obispo insistió en que debía leerse íntegramente, sin censuras, para que se pudiese tener la percepción real y elegir libremente la interpretación. Cuando se le fue enviado una copia del texto al cardenal Enrique Vicente y Tarancón, éste se limitó a contestar que si el texto fuera leído, la situación los pondría a todos de rodillas ante Franco. El 22 de Febrero el nuncio, Dadaglio, insta al obispo a no distribuir la homilía ante la presión del gobierno español. Pero ésta ya había sido distribuida y leída en muchas parroquias de Vizcaya.

EL TEXTO DE LA DISCORDIA “El pueblo vasco,

como todos los demás del Estado español, tiene derecho a proteger su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual que reconozca su derecho a la libertad”.

A pesar de las medidas aperturistas mencionadas por el gobierno de Arias Navarro, la presión de los ultras en las calles hace que el presidente se encuentre por primera vez entre las cuerdas. El 27 de Febrero, la policía bilbaína lee en persona a Añoveros la orden de detención. Pero tales medidas en un país gobernado por el mayor defensor del Vaticano no podían ser aceptadas en la Santa Sede que puso el grito en el cielo “Un obispo detenido en España”. Desde el gobierno se insta a Añoveros y Ubieta a que cojan un avión a Roma y no vuelvan pero el obispo responde que nunca se moverá de su casa a no ser que se le lea una exposición de motivos clara y mucho menos abandonará su diócesis a no ser que sea una orden explícita del Papa. El asunto tomó un cariz importante y el 6 de Marzo, 43.500 personas se manifestaron en España a favor de Ubieta y Añoveros a la vez que el Cardenal Tarancón traía una carta del mismísimo Pontífice con orden de excomunión para ciertos miembros del Gobierno. A pesar de que las relaciones con la Santa Sede no eran las mejores y que si el concordato del 53 se rompía, se podría juzgar a Añoveros por escándalo público, y en el Gobierno no faltaban miembros que no hubieran tenido ningún problema en hacerlo, la poderosa sombra de un Franco ya venido a menos zanjaba de la siguiente manera: “Mientras yo sea jefe de Estado, España nunca romperá sus relaciones con el Vaticano ni el sumo Pontífice. ¡Nunca!”.

LA TRANSICIÓN. CONSTITUCIÓN DE 1978 Se buscaba la integración de todas las partes, abandonando posiciones maximalistas que pudieran desembocar en nuevas explosiones de violencia o en una nueva y temida guerra civil. De esa manera nuestra Constitución promulgada en 1978 abandona por primera vez con voz unánime la confesionalidad de Estado español, aunque la discursión de este artículo y en lo referente a la enseñanza y el matrimonio aún tuvo grandes polémicas en lo que a matices se refiere por parte de esos políticos de la transición que tan cerca nos quedan en el tiempo y a los que todos conocemos o hemos oído mencionar. Explicamos lo anterior: En la redacción del borrador del texto constitucional se tuvo especial cuidado en interpretar de una forma más integradora el artículo 3 de la Constitución republicana del 31: “El Estado español no tiene religión oficial”. El artículo 16 del borrador de la Constitución del 78 era el referente a la nueva situación de la Iglesia y constaba de tres apartados:

“Se garantizará la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público”. “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

La Conferencia episcopal deja entrever su conformidad con una separación sostenible de la Iglesia con el Estado, hacen referencia al modelo alemán. Distintos sectores del clero se manifiestan en contra de la constitución. Monseñor Yanes, arzobispo de Zaragoza declaraba al respecto en el club Siglo XXI el 24 de noviembre del 77: “No tendría sentido que en nuestra Constitución se mencionaran expresamente los partidos políticos, los sindicatos o cualquier tipo de asociaciones o instituciones y que en cambio se desconociera a la Iglesia católica, al menos como un hecho social con autonomía específica, como una realidad comunitaria de carácter universal con la que el diálogo en nuestro país es ineludible”.

Poco antes de la votación de este artículo, Óscar Alzaga (UCD) proponía la mención de la Iglesia católica, en una actitud ciertamente moderada, para no herir la sensibilidad de los ciudadanos católicos. Ciertamente los antiguos fantasmas de la España negra volvían a golpear con sus cadenas. La declaración episcopal obtuvo el apoyo de hombres como Fraga, Osorio o Álvarez Miranda. Solé Turá (PCE) afirmó votar a favor de la proposición de UCD declarando lo siguiente: “Sabemos lo que representa la Iglesia católica en nuestro país, es una realidad y colaboraremos en la paz civil y religiosa para evitar que esa paz se pierda en guerras y conflictos en los que lo religioso sea lo predominante”. Para los obispos el texto constitucional no debía de negar la concepción cristiana del hombre y de la sociedad y para difundir esta idea publicó el 26 de Noviembre del 77 la Conferencia Episcopal un documento que la defendía. Ante la tesitura de “con la Iglesia hemos topao” y la polémica suscitada, el mismo Felipe González reacciona para interceder integradoramente: “Me parece lógico que la Iglesia se preocupe por los problemas que le afectan”. Declaración refirmada por Tierno Galván: “Ignorar a la Iglesia católica a sabiendas de que la mayoría de la población española es católica, puede interpretarse como agresivo, y esto no es lo mejor en estos momentos”.

La segunda lectura del borrador, pocos días después, aportó un cierto reconocimiento a las exigencias episcopales: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación”.

Ante lo expuesto anteriormente, vuelve a aparecer en escena monseñor Yanes, alegando que las palabras “creencias religiosas” no aluden en absoluto a la Iglesia católica y que este motivo no asegura las libertades constitucionales de ésta, por tanto la situación aconfesional de España es intolerable. Se vuelve a aludir a la problemática de que las relaciones han de constituirse con alguien, y ese alguien no aparece por ningún lado. El 1 de febrero del 78, UCD presentaba sus enmiendas al proyecto y el artículo 16 quedaba relatado de la siguiente forma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. El artículo propuesto por UCD quedó finalmente aprobado en la votación de mayo por 23 votos a favor y 13 en contra. De esta manera la postura del episcopado queda reflejada finalmente en la Constitución, ante la denuncia de los socialistas de que constituía una confesionalidad solapada.

Entre los meses de mayo-diciembre del 78, el episcopado más recesivo se encargó de distribuir mediáticamente su opinión anticonstitucional publicando diferentes documentos y manifestaciones. Monseñor Termiño, obispo de Ourense, escribe una pastoral atacando a la Constitución de no respetar los valores del matrimonio, la familia y la Iglesia. El día 28 de septiembre la comisión permanente de la Conferencia Episcopal publicaba un artículo en el que aseguraba no ver indicios necesarios para influir en el voto de los católicos pero deja abierta la puerta del recelo a la posterior aplicación de las normas del texto. Una pastoral dirigida por el obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos titulaba “¿Una Constitución sin Dios para un pueblo cristiano?”, e instaba a los dirigentes cristianos a que aplicaran este prevalecer haciendo uso de la política.

Ante este estallido de reaccionarismo pre-referendum, el mismo cardenal Tarancón sale en defensa del texto de la siguiente forma: “El fin de la Constitución no es potenciar la fe o potenciar una Iglesia determinada; debe limitarse a garantizar la libertad de las confesiones religiosas. La Iglesia, oficialmente no puede imponer una postura determinada en el terreno político. Tan sólo debe exigir a sus fieles que actúen en política, que lo hagan según su propia conciencia iluminada por la fe, aunque no por motivos de fe, sino por razones de buen gobierno del pueblo”.