Política

Página 8/LA NACION

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Jueves 17 de mayo de 2007

Presuntas coimas: el caso Skanska golpea al Gobierno

El Presidente echó a dos funcionarios Continuación de la Pág. 1, Col. 1

el jefe de Gabinete le había pedido, por medio de la interventora en el PAMI, Graciela Ocaña, que si imputaba a un funcionario, avisara al Gobierno para que ellos lo despidieran antes. “Stornelli –explicó este allegado– cumplió con el pedido y, luego de firmar su dictamen acusatorio, avisó al ministro del Interior.” Un estrecho auxiliar de Ocaña confirmó a LA NACION esa gestión de la ex diputada del ARI. Stornelli también es fiscal del PAMI. “Queremos garantizar a la Justicia que pueda actuar independientemente”, anunció Alberto Fernández al referirse a los ceses de Madaro y Ulloa. En la lista de más de 20 funcionarios públicos acusados por Stornelli, el de mayor jerarquía es el secretario de Energía, Daniel Cameron,

pero Montenegro aún no dispuso su indagatoria. También serán indagados seis ex altos directivos de Skanska y otras dos personas vinculadas con el escándalo. Los interrogatorios, según una fuente judicial, comenzarán en la primera semana de junio. No se descarta que, a la acusación de cohecho, se agreguen otras pedidas por Stornelli, como defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estas imputaciones se basan en los sobreprecios que el Enargas había autorizado pagar a las empresas constructoras. Se trataría de un delito más fácil de probar que las coimas. El dictamen de Stornelli señala que el sobreprecio en el Gasoducto

del Sur habría sido de 34 millones de dólares.

La cinta La grabación que aceleró los llamados a indagatorias corresponde al relato que, en marzo del año pasado, efectuó el entonces gerente comercial de Skanska, Javier Azcárate, ante el síndico de la firma, Claudio Corizzo, que realizaba una auditoría en la que confirmó que la empresa había pagado 13,4 millones de pesos en coimas por las ampliaciones de los dos gasoductos. Según dos fuentes judiciales, Azcárate, uno de los ex directivos de Skanska que será indagado por Montenegro, afirmó que se pagaron coimas a Madaro y a Ulloa y a las licenciatarias privadas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.

El fideicomiso del gas que manejaba Ulloa era la fuente de financiamiento de las obras y se diseñó en el Ministerio de Planificación, cuyo titular es Julio de Vido. Siempre según las dos fuentes judiciales, Azcárate aludió a un esquema de cohecho generalizado en las obras de construcción y ampliación de los gasoductos. Las fuentes judiciales agregaron que Azcárate también habría señalado a Daniel Llermanos, ex juez y actual defensor del contador Alfredo Greco, como presunto vínculo entre Skanska y la empresa de facturas falsas Infiniti. Skanska habría usado estas facturas para pagar las posibles coimas. Adrián Félix López, apoderado de Infiniti, y Greco, quien habría intermediado entre Skanska e Infiniti, también serán indagados por Montenegro.

Consultado por LA NACION, Llermanos negó los dichos de Azcárate. Madaro no respondió los llamados de este diario a su despacho y a su vocera. Tampoco hubo respuesta de Ulloa. Los otros imputados que serán indagados son: Alejandro Gerlero, ex gerente de Skanska encargado del proyecto de la planta compresora Deán Funes del Gasoducto Norte; Juan Carlos Bos, ex gerente de Operaciones; Gustavo Vago, ex presidente de la firma; Ignacio Uribelarrea y Mario Piantoni. Un punto que seguramente será explotado por las defensas de los imputados es el hecho de que Azcárate no sabía que el síndico Corizzo –que también será indagado– lo estaba grabando, y que esas grabaciones, obviamente, no se hicieron en un marco judicial. Pero también es cierto que la gra-

Noventa minutos repletos de revelaciones

Ulloa, un hombre del poder jujeño

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fantasma con el fin de generar fondos para el pago de “comisiones indebidas”. Se detalló que fue en la construcción de los gasoductos del Norte y del Sur y que los sobornos superaron los 13 millones de pesos, pero no se precisó a quién se habían pagado. Según relataron a LA NACION dos funcionarios judiciales que las habían escuchado, las grabaciones que halló anteayer López Biscayart en Skanska van mucho más allá: Azcárate dijo que habían habido sobornos del 3 por ciento para el Enargas y del 2 por ciento para Nación Fideicomisos. Esos organismos los dirigían hasta ayer Fulvio Madaro y Néstor Ulloa. Agregó que al 5 por ciento de coimas había que sumar los “gastos” de la operación, cuyos destinatarios eran Transportadora Gas del Norte (TGN), la encargada del gasoducto del Norte, y Techint, la principal accionista de esa sociedad. El ex gerente comercial de la constructora añadió, siempre según los informantes, que la maniobra alcanzaba a los gasoductos del Norte y del Sur y a todas las obras de gas financiadas por medio del sistema de fideicomisos inaugurado en 2004. Contó, además, que la maniobra era parte de un sistema que venía funcionando desde hacía algunos años y mencionó que incluía también a obras en Perú y Chile. Azcárate aportó otro dato hasta ahora desconocido: precisó que el verdadero intermediario entre Skanska e Infiniti Group, una de las 23 empresas fantasmas con las que operó la constructora sueca, fue el abogado Daniel Llermanos, que luego encargó la tarea al contador Alfredo Greco, preso desde la semana pasada. El relato coincide con lo que declaró Adrián López, ex apoderado de Infiniti y uno de los detenidos de la causa. En cambio, los ex gerentes de Skanska que declararon durante los últimos días, incluido Azcárate, negaron conocer a Greco. Llermanos, representante legal del gremio de los camioneros, hoy defiende a Greco. Ante la consulta de LA NACION, negó las acusaciones. “Es un disparate. Jamás conocí a nadie en Skanska.”

Dos grabaciones Las grabaciones son dos. Una dura alrededor de 90 minutos. La otra, más breve, es una versión editada de la primera. El juez López Biscayart las encontró, durante un allanamiento en la sede de Skanska, ubicada en Diagonal Norte 555. Estaban grabadas en el servidor de la red informática de la compañía, al que los funcionarios judiciales accedieron a través de la computadora de Corizzo. El auditor, que anteayer terminó preso por mentir sobre el contenido de las cintas, había revelado la existencia de grabaciones de algunas charlas con los gerentes involucrados en la maniobra. Fue en octubre pasado cuando declaró ante López Biscayart. El magistrado intentó obtener una copia de esas cintas, pero la empresa nunca las entregó. Tras indagar a los ex gerentes de la compañía, la semana pasada, el juez ordenó una nueva declaración de Corizzo. De viaje en el exterior, el auditor sólo declaró anteayer: dijo las cintas no tenían más datos que los que consignaba el sumario y que no sabía dónde estaban. Al comprobar que las grabaciones existían y que Corizzo había mentido, López Biscayart lo detuvo y lo denunció por falso testimonio. Tras tomarle indagatoria, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ayer lo dejó en libertad. También ayer López Biscayart le mandó las cintas a Guillermo Montenegro, el juez federal que investiga el pago coimas. Todo se desencadenó con rapidez: el fiscal Carlos Stornelli reclamó las indagatorias de los involucrados y el magistrado las ordenó.

bación no es el único indicio del pago de presuntas coimas. El primero lo brindó en marzo del año pasado Adrián López cuando fue indagado durante cuatro días por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. Este magistrado investigaba una amplia maniobra de evasión de impuestos mediante las facturas de Infiniti. López le dijo que, según el personal de Skanska, las boletas de Infiniti se empleaban para pagar coimas por la ampliación del Gasoducto del Norte. El segundo elemento, y el más sólido, es la auditoría que efectuó el síndico Corizzo, también en marzo del año pasado. Allí concluyó que Skanska pagó “comisiones indebidas” por 13,4 millones de pesos en los dos gasoductos. La imputación a Corizzo es por falso testimonio y no afecta su auditoría.

Argumentó el Gobierno que era “innecesario esperar a la Justicia” Para el jefe de Gabinete, se actuó por “la sola existencia de una imputación concreta” Por Paola Juárez De la Redacción de LA NACION Sorpresivamente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció anoche el despido de Fulvio Madaro y de Néstor Ulloa, por pedido del Presidente, “para garantizar a la Justicia que pueda actuar independientemente”. Al comenzar la conferencia de prensa, cerca de las 21, en la Casa de Gobierno, dijo: “Stornelli, tras manifestarle a Aníbal Fernández que colaboraría con la campaña de Scioli, le expuso que, además, se llevaba puestos a Madaro y a Ulloa en virtud de unas grabaciones. Esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal, aun a riesgo de involucrar inocentes, amerita ordenar la inmediata separación de los aludidos para permitir la acción de la Justicia”. Y agregó: “Con la sola existencia de una imputación concreta nosotros íbamos a facilitar la plena acción de la Justicia con la separación de los funcionarios involucrados”. Además, explicó que el Gobierno había decidido enfrentar “una lucha clara y garantizar la transparencia”. Anoche, Alberto Fernández dijo a LA

NACION que Kirchner había cumplido con su palabra. “Acá la decisión se tomó de inmediato cuando nos enteramos de que dos hombres del Gobierno estaban involucrados en el caso”, afirmó. La historia comenzó, según fuentes oficiales, cuando el ministro del Interior, Aníbal Fernández, subió al despacho de Alberto Fernández, ayer, a las 17 . “Me llamó Stornelli y me dijo que se lleva puestos a Madaro y a Ulloa por la causa Skanska”, dijo. El jefe de Gabinete le pidió que se comunicara otra vez con el fiscal y escuchó cuando éste le contaba a Aníbal Fernández, por segunda vez, la compleja situación judicial de los dos funcionarios del Gobierno. Alberto Fernández le informó inmediatamente al presidente Néstor Kirchner que la Justicia iba a citar a indagatoria al titular del Enargas y al del Fideicomiso Banco Nación, a quienes hasta ese momento había defendido. El Presidente, según la fuente consultada, le pidió a Carlos Zannini, su hombre de mayor confianza y secretario legal y técnico, que preparara el decreto. Había decidido echarlos. El ministro de Planifiación, Julio De Vido, fue el que les dio la noticia a Ma-

daro y a Ulloa por orden del Presidente. El 2 de mayo último, el jefe de Gabinete había concedido una entrevista a LA NACION junto a Madaro en la que había afirmado dos cosas: que el Gobierno iba a echar a cualquier funcionario que apareciera involucrado en el caso Skanska y que si se pagaron coimas había sido a firmas privadas. Para el Gobierno, el motivo del llamado del fiscal al ministro del Interior había sido para hablar de política y sólo antes de cortar le dio la información que terminó con la expulsión de dos funcionarios. “¿Te acordás que cuando pedí opinión sobre una oferta de Macri para participar en política y me lo desaconsejaron? Ahora Scioli quiere que colabore en su campaña”, habría dicho el fiscal, según fuentes del Gobierno. A esto, Aníbal Fernández respondió: “Dale”. Sólo sobre el final de la charla, Stornelli le dio el alerta sobre los funcionarios involucrados. A partir de allí las versiones se tornan confusas. Allegados a Stornelli niegan que haya hablado de política con el ministro del Interior. Alberto Fernández explicó ayer, en la conferencia de prensa, que Stornelli le habló de la posibilidad de trabajar con Scioli. Y cerca del fiscal

La polémica llamada del fiscal

aclararon que, en realidad, fue la titular del PAMI, Graciela Ocaña, quien, por orden de Alberto Fernández, le hizo un pedido al fiscal: “En el Gobierno quieren que les avises antes si hay algún funcionario complicado”. Anoche, en lo más alto del poder se irritaron frente a esta última versión: “Quien tiene que dar explicaciones es el fiscal; acá hay un decreto y una decisión de apartar funcionarios que sólo aparezcan involucrados en casos de corrupción”, dijo la fuente. El único que no habló fue Scioli, a quien el jefe de Gabinete mencionó en la conferencia de prensa como el motivo principal por el que Stornelli había llamado a Aníbal Fernández. En el entorno del vicepresidente sólo dijeron que en caso de que el fiscal quisiera colaborar con él “será bienvenido”. Alberto Fernández aclaró ayer que el Gobierno no hizo un juicio de valor sobre los ex funcionarios que deberán dar explicaciones en la Justicia. Sobre la eventual responsabilidad de De Vido, en la Casa Rosada afirman que Stornelli habría asegurado que el juez Montenegro “no tenía nada” como para que el caso Skanska llegara más arriba que Madaro y Ulloa.

Figura clave

Stornelli avisó por teléfono al Gobierno de las actuaciones El fiscal federal Carlos Stornelli no quiso opinar sobre la versión del Gobierno de que participará en la campaña de Daniel Scioli a la gobernación bonaerense, aunque sus allegados lo negaron y admitieron que el pedido de indagatoria a dos funcionarios fue transmitido por teléfono por el propio fiscal al ministro del Interior, Aníbal Fernández, a pedido de la titular del PAMI, Graciela Ocaña. Una vez que firmó la resolución de indagatorias al titular del Enargas, Fulvio Madaro, y al gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, por la causa Skanska, Stornelli llamó al Ministerio del Interior. Así lo ratificó el Gobierno por decreto. “No tengo nada que decir. Que digan lo que quieran”, respondió Stornelli a LA NACION. La consulta al fiscal se hizo a raíz de que en el decreto que emitió ayer

el Presidente se destaca que Stornelli se comunicó telefónicamente con el ministro del Interior para comunicarle de las indagatorias a los funcionarios y para decirle que “colaboraría en la campaña de Scioli”. Allegados a Stornelli negaron que el fiscal haya recibido un ofrecimiento de Scioli para colaborar en la campaña o para ocupar un eventual cargo en la gobernación bonaerense. En tanto, fuentes oficiales destacaron que hace dos semanas el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le pidió a la titular del PAMI, Graciela Ocaña, que transmitiera a Stornelli la inquietud de que, en caso de que se acusara a algún funcionario en el caso Skanska, avisara al Gobierno para que el imputado fuera expulsado. Allegados a Alberto Fernández negaron categóricamente ese pedido.

Pero Ocaña confirmó a LA NACION, por medio de un estrecho colaborador, que existió esa gestión oficial. “Sí, eso es cierto, Ocaña le transmitió a Stornelli el pedido de Alberto Fernández en virtud de la buena relación que existe entre ella y el fiscal”, dijo uno de los principales colaboradores de Ocaña. Ocaña y Stornelli son amigos desde hace años. Además, tienen una relación cercana por el hecho de que Stornelli se desempeña como titular de la Unidad Fiscal del PAMI. Además, allegados a Stornelli dijeron ayer a LA NACION que fue en virtud de ese pedido que el fiscal llamó por teléfono al ministro del Interior para comunicarle la decisión de acusar a los dos funcionarios. Lo hizo, explicaron las fuentes, luego de firmar el dictamen acusatorio que presentó al juez federal Guillermo Montenegro.

Carlos Stornelli ■ El fiscal, que había investigado a Menem en la causa armas, pidió indagar a dos funcionarios actuales en el caso Skanska. ■ El Gobierno intentó desacreditarlo, al decir que negociaba un cargo con Scioli en la provincia.

Si algo le reconocen a Néstor Ulloa en Jujuy, su provincia, es la calidad de sus contactos: es primo hermano del senador peronista Guillermo Jenefes, tiene buena llegada con el gobernador kirchnerista Eduardo Fellner y su hermano Raúl es presidente de Gimnasia de Jujuy y dueño de una constructora de peso en el noroeste del país. El padre de ambos, Néstor Jesús Ulloa, fue gobernador en los meses finales del Proceso y uno de los hombres que, desde un ministerio, manejaron durante años la obra pública de la provincia. Sus conocidos lo llaman “El Gordo”. Los que tienen menos confianza le dicen “el contador” para diferenciarlo de su padre, “el ingeniero”. Ocupó desde 2003 la gerencia general de Nación Fideicomisos, un puesto clave en el esquema de financiamiento de las obras públicas que impuso el gobierno de Néstor Kirchner. Llegó allí con el apoyo de Fellner, pero recomendado por Marcelo Quevedo Carrillo, también jujeño, tabacalero, cuñado de Jenefes y actual vicepresidente del Banco Nación. El nombre de Ulloa empezó a salir en los medios hace dos meses, cuando se publicó que en un supuesto memo de Skanska se decía que él había recomendado a la empresa sueca comprar facturas a Infiniti, la firma fantasma usada para ocultar coimas en las obras del Gasoducto del Norte. Ahora, el escándalo lo dejó fuera de juego. En Jujuy ya lo habían cuestionado hace dos años, cuando Jumi SRL, la constructora de su hermano, integró la UTE que ganó la licitación de un puente sobre el río Grande, una obra financiada con un fideicomiso. La Legislatura abrió una investigación para determinar por qué la obra, de 22 millones de pesos, necesitó una inyección posterior de 20 millones.

Madaro, un conocedor de los números Profundo conocedor de los números por su profesión de contador, Fulvio Madaro, ahora ex presidente del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), nunca fue un especialista en asuntos energéticos. Néstor Kirchner lo había designado por decreto –cuando usualmente ese cargo se cubre por concurso– en el organismo del que lo expulsó ayer luego de su paso como encargado de la delegación de Río Gallegos de la Aduana, en épocas en que el actual presidente gobernaba la provincia. Previo a esto, Madaro se había desempeñado como interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) –otro ente de control que está intervenido por el Poder Ejecutivo– y trabajaba muy cerca del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en aquel momento secretario de Comunicaciones. Kirchner lo conocía bien, pues Madaro tuvo una vasta trayectoria pública en la provincia. De hecho, entre 1986 y 1992 ocupó importantes puestos en Santa Cruz: llegó a ser síndico del Banco de la Provincia, subsecretario de Política y Administración Tributaria, secretario de Hacienda y subsecretario de Asuntos Marítimos. También se desempeñó en Servicios Públicos Sociedad del Estado (la empresa provincial de energía y saneamiento santacruceña). En el Enargas hizo gala del mentado estilo K. Por caso, no tenía Madaro buen diálogo con los empresarios. Los ejecutivos del ramo califican la suya como una gestión marcada por la falta de previsión en las regulaciones. Dicen éstos que Madaro había impuesto sus tiempos y sus formas a un organismo que alguna vez se caracterizó por realizar funciones eminentemente técnicas.