NOTA DE PRENSA El CJZ se suma a la lucha de los educadores del COA por la dignidad de los Menores. El Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ), como entidad que defendemos y reivindicamos lo público, queremos sumarnos a la lucha de los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA), un servicio del Gobierno de Aragón que se dirige a los menores aragoneses que viven situaciones de desamparo derivadas de su realidad social. Desde el CJZ creemos que todos los niños, adolescentes y jóvenes, en definitiva todas las personas independientemente de su edad, deben de poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad de oportunidades. Cuando esto no sucede, porque la sociedad que hemos construido busca otros objetivos, es cuando el estado como organización debe de desarrollar mecanismos que compensen estas situaciones. Entendemos que con ese objetivo se crearon los centros de protección de menores, en los que ingresan los niños y adolescentes que sufren maltrato, abandono, precariedad económica, abuso sexual, desamparo, enfermedad mental, problemas de conducta o se encuentran solos. Si todos los menores, por su edad ya se consideran un sector de la población vulnerable, en este caso estamos ante el sector más vulnerable, por lo que exigimos al Gobierno de Aragón una rectificación en el pliego de condiciones para la gestión de este servicio que asegure la dignidad de estas personas y la calidad del servicio público. Ya que al tratarse de un servicio público privatizado es imprescindible su observancia, vigilancia y sobre todo dotarlo de los recursos adecuados, no solo hacia la plusvalía de la empresa, sino hacia los trabajadores y sobre todo hacia los usuarios del mismo. Una vez más, denunciamos que nos encontramos ante un recorte encubierto tanto en el presupuesto, como en el personal, ya que leyendo los nuevos pliegos de condiciones, nos encontramos ante dos realidades: •
La cuantía económica que recogen los pliegos es la misma que hace cuatro años, pero se obliga a la empresa gestora a hacerse cargo de todos los gastos derivados del vestido, calzado, farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, campamentos, propinas, etc. Gastos que hasta ahora se hacía cargo la DGA y de los que ahora se desentiende por completo. No podemos olvidar que el Gobierno de Aragón es el responsable de que estos menores vivan dignamente y con sus necesidades cubiertas. Y no podemos obviar sobre quien repercutirá este recorte, que seguramente no será en la plusvalía de la empresa gestora.
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Los educadores se ven obligados a asumir nuevas funciones que hasta ahora realizan los funcionarios de la DGA, además de que se produce un recorte en el número de educadores cuya función es la atención directa a estos menores, lo que supone un déficit en la calidad y la cantidad de chavales que se pueden atender. Además existe un temor entre los educadores de que a consecuencia de esto no se pueda garantizar la integridad, la seguridad y la buena atención a estos menores.
Queremos recordar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), a la Fiscalía de menores y al Justicia de Aragón que son ellos los responsables de proteger y garantizar los derechos de todos los menores que viven en Aragón y en especial de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y precisan su inclusión dentro del Sistema de Protección de Menores. Por todo esto nos sumamos a las exigencias del colectivo de educadores del
Centro de Observación y Acogida (COA): •
Paralización y corrección de los pliegos de condiciones del COA y del resto de recursos.
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Aumento de la partida presupuestaria.
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Aumento del número de educadores de atención directa.
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Que los gastos de manutención instituciones públicas.
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Que el Gobierno de Aragón cumpla con la legislación vigente, en la que se dicta que los presupuestos para la atención y protección de menores no pueden recortarse bajo ningún concepto. Artículo 5 de la ley de infancia y adolescencia en Aragón.
de
los
niños
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Para ampliar información: Beatriz Martínez 684326067
