CONTROL BOLETÍN INSTITUCIONAL

Noviembre 2014 Año 6 - Edición 28

LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

VERSIÓN DIGITAL:WWW.CONTRALORIA.GOB.PE

SANCIÓN

EFECTIVA Conozca las medidas concretas adoptadas por la Contraloría General para acabar con la impunidad en casos de corrupción.

6 506

funcionarios involucrados en presuntos delitos contra la administración pública. Pág. 2

S/. 329 millones

ahorrados con evaluación adecuada de presupuestos adicionales de obras Pág. 12

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Boletín institucional - Noviembre 2014

6 506

Fuad Khoury Zarzar Contralor General

Acabemos con la impunidad

L

as estadísticas no mienten. Menos del 6% de los 443 sentenciados por corrupción en los últimos años fueron a la cárcel. Una de las razones por las que esto sucede es el actual marco jurídico que permite a un juez suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad cuando las personas son condenadas a menos de cuatro años y no son reincidentes. Situaciones como estas –sumadas a penas benignas- contribuyen a que los malos funcionarios no reciban un justo castigo y se generalice la sensación de impunidad entre la población. Para revertir esta situación, hemos presentado al Congreso de la República un paquete de proyectos de ley anticorrupción. Uno de ellos propone que todos los funcionarios condenados a prisión por delitos contra la administración pública, purguen su condena tras las rejas por mínima que esta sea, eliminando el beneficio de suspensión de la pena para los delitos de colusión y peculado. El segundo proyecto busca endurecer la pena de cárcel a quienes cometen los delitos de peculado doloso (apropiación indebida) y colusión (concertación con los interesados para defraudar al Estado), elevando la pena mínima a cinco años. Resultaimportantequesecoloque en agenda estas importantes iniciativas legislativas que forman parte de un paquete de proyectos que presentamos para fortalecer la lucha anticorrupción y que, sin ninguna duda, desincentivaránlasprácticascorruptas. Ya es hora de acabar con la impunidad.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN PRESUNTOS DELITOS

L

as permanentes acciones de fiscalización en todo el país, han permitido identificar a 6 506 autoridades, funcionarios y servidores públicos que habrían cometido presuntos delitos contra la administración pública en el periodo enero 2009-agosto 2014. La mayor parte de los involucrados en estos hechos pertenece a los gobiernos locales y regionales. Además, se ha determinado que 7 335 funcionarios tendrían responsabilidad civil al haber ocasionado un perjuicio económico al Estado, dinero que tendrán que de-

NIVEL DE GOBIERNO

volver si los tribunales los encuentran culpables de omisiones funcionales o de conductas negligentes. Otros 48 084 funcionarios habrían cometido infracciones administrativas graves o muy graves, durante el desempeño de sus labores, por lo que podrían ser sometidos a un proceso administrativo que podría llevarlos, en el peor de los casos, a la suspensión o inhabilitación para trabajar en el Estado. Estos son los resultados obtenidos por el Sistema Nacional de Control (integrado por la Contraloría General y los Órganos de Control Institucional -OCI) duran-

te las actividades de control que se realizan para prevenir y disuadir actos de corrupción. A pesar de todos los esfuerzos desplegados, superando limitaciones logísticas y presupuestales, la realidad nos muestra que se requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre todas las instituciones anticorrupción (Poder Judicial, Unidad de Inteligencia Financiera, Policía Nacional) y la ciudadanía para librar esta guerra. Basta que una de las piezas de este engranaje falle para que exista el riesgo de que la maquinaria anticorrupción se paralice.

N° DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ALGUNA RESPONSABILIDAD PENAL

CIVIL

ADMINISTRATIVA

NACIONAL

1 434

1 448

16 608

REGIONAL

2 128

1 910

15 523

LOCAL

2 944

3 977

15 953

TOTAL

6 506

7335

48 084

Fuente: Sistema de Control Gubernamental. Periodo enero 2009 - agosto 2014.

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LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

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DELITOS MÁS RECURRENTES Como parte de la lucha anticorrupción, la Contraloría General denunció a 3 338 funcionarios por presuntos delitos contra la administración pública. Más del 37% de los 3 338 funcionarios y servidores públicos denunciados en los últimos cinco años por la Procuraduría Pública de la Contraloría General habrían incurrido en apropiación indebida de los recursos o bienes del Estado tipificado en el Código Penal como peculado. Según la normativa vigente, este delito puede ser sancionado con pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años y con 180 a 365 díasmulta. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepasa los S/. 38 mil (10 UIT) el peculado es reprimido con cárcel de ocho años a 12 años y con 365 a 730 días-multa. Similar condena recibiría quien se apropie de caudales o efectos destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, que constituye una circunstancia agravante. Entre los presuntos delitos recurrentes identificados en las acciones de control también figura la negociación incompatible del cargo o aprovechamiento indebido del cargo (36.4%) y la concertación con los interesados para defraudar al Estado o colusión (11.6%), entre otros (14.9%). En todos los casos denunciados en materia penal, el Ministerio Público inició investigaciones preliminares para verificar si los hechos constituyen delito, identificar a los presuntos responsables y reunir las pruebas. Solo en el 2% de los casos denunciados, la Fiscalía no formalizó la continuación de las investigaciones preparatorias al no encontrar indi-

cios de delitos. Únicamente en el 3% de los casos donde se formalizó la denuncia, el Ministerio Público no acusó a los presuntos involucrados ante el Poder Judicial para que imponga una sentencia por los presuntos delitos contra la administración pública. Esto demuestra la calidad del producto elaborado por la Contraloría General y el correcto impulso a los procesos dados por la Procuraduría Pública. LOS SENTENCIADOS Durante el periodo enero 2009-setiembre 2014, el Poder Judicial ha sentenciado a 443 funcionarios o servidores públicos por delitos contra la administración pública, luego que la Contraloría General denunciara las presuntas irregularidades detectadas en las acciones de control. Menos del 6% fueron sentenciados a pena efectiva de cárcel. El resto, recibió libertad condicional, es decir, están libres a pesar de haberse demostrado que cometieron un delito. Una situación que debería de cambiar.

5 771

funcionarios y servidores denunciados penalmente y/o demandados.

S/. 830 millones

de perjuicio económico ocasionado por presuntos delitos y/o negligencias de funcionarios.

ALCANCE DEL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CGR

S/. 174 080

159 462

1 300 00

50 177

3 393

millones de presupuesto (incluido FONAFE)

procesos de contratación

empleados públicos

obras públicas

entidades y órganos desconcentrados

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Boletín institucional - Noviembre 2014

LAS CIFRAS 14.9

DELITOS MÁS FRECUENTES PECULADO

1 239

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE DEL CARGO

1 214

COLUSIÓN

388

OTROS

497

TOTAL

37.1 11.6

% DE DELITOS MÁS FRECUENTES

36.4

3 338

PECULADO NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE DEL CARGO COLUSIÓN OTROS

PROCESOS JUDICIALES INICIADOS A FUNCIONARIOS NIVEL DE GOBIERNO

DENUNCIA PENAL

DEMANDA CIVIL

N˚ DE FUNCIONARIOS

GOBIERNO NACIONAL

548

295

843

GOBIERNO REGIONAL

455

196

651

GOBIERNO LOCAL

2 335

1 942

4 277

TOTAL

3 338

2 433

5 771

70%

de las sentencias obtenidas actualmente por la Procuraduría Pública de la Contraloría General son favorables*.

INDEMNIZACIÓN AL ESTADO La Procuraduría Pública de la Contraloría General ha demandado a 2 433 funcionarios o servidores públicos para que paguen una reparación económica a favor del Estado por el perjuicio económico ocasionado durante el desempeño de sus labores y que fueron identificados en los informes de control. Las reparaciones económicas que se están solicitando superan los S/. 373 millones.

SENTENCIADOS POR EL PODER JUDICIAL EFECTIVA

25

SUSPENDIDA

418

TOTAL

443

Fuente: Procuraduría Pública de la CGR Periodo enero2009-setiembre 2014 *Procesos judiciales iniciados por la CGR

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LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

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AUTORIDADES

EN FALTA La Contraloría General ha denunciado penalmente a 166 alcaldes por presuntos delitos contra la administración pública mientras que otros 100 burgomaestres fueron demandados para que paguen una indemnización al Estado. Además, 7 presidentes y ex presidentes regionales fueron denunciados penalmente y otras 5

autoridades fueron demandadas por la vía civil. La Procuraduría Pública de la Contraloría General inició todas estas acciones judiciales entre enero del 2009 y setiembre del 2014. Comprende también a autoridades en funciones.

Acogiendo un pedido de la Contraloría General, el MEF congeló las cuentas bancarias de 10 entidades para prevenir el mal uso de recursos públicos durante el 2014. Las auditorías realizadas en Cajamarca, Tumbes, Áncash y Chiclayo permitieran identificar redes mafiosas de corrupción que ahora son investigadas por la Fiscalía de la Nación.

ALCALDES DENUNCIADOS Y DEMANDADOS POR REGIÓN AMAZONAS

ÁNCASH

AYACUCHO

AREQUIPA

APURÍMAC

DENUNCIADOS

1

DENUNCIADOS

17

DENUNCIADOS

6

DENUNCIADOS

13

DENUNCIADOS

2

DEMANDADOS

1

DEMANDADOS

2

DEMANDADOS

1

DEMANDADOS

10

DEMANDADOS

3

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

CAJAMARCA

CUZCO

ICA

Fuente: Procuraduría Pública de la CGR Periodo enero del 2009 - al 15 de setiembre del 2014

JUNÍN

DENUNCIADOS

18

DENUNCIADOS

8

DENUNCIADOS

8

DENUNCIADOS

4

DENUNCIADOS

9

DENUNCIADOS

8

DEMANDADOS

7

DEMANDADOS

5

DEMANDADOS

2

DEMANDADOS

2

DEMANDADOS

3

DEMANDADOS

7

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LORETO

LIMA

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

DENUNCIADOS

144

DENUNCIADOS

1

DENUNCIADOS

14

DENUNCIADOS

3

DENUNCIADOS

-

DENUNCIADOS

2

DEMANDADOS

10

DEMANDADOS

12

DEMANDADOS

8

DEMANDADOS

-

DEMANDADOS

1

DEMANDADOS

2

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

UCAYALI

DENUNCIADOS

5

DENUNCIADOS

5

DENUNCIADOS

15

DENUNCIADOS

7

DENUNCIADOS

5

DENUNCIADOS

1

DEMANDADOS

4

DEMANDADOS

23

DEMANDADOS

4

DEMANDADOS

7

DEMANDADOS

2

DEMANDADOS

5

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Boletín institucional - Noviembre 2014

SANCIÓN EFECTIVA La Contraloría General viene tramitando Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a 1088 funcionarios y servidores públicos por haber cometido presuntas infracciones graves o muy graves en perjuicio del Estado. La mayor parte de los investigados son los directivos, ex directivos y los miembros del comité del proceso de selección, entre otros altos funcionarios. Las faltas administrativas más frecuentes están referidas al incumplimiento del marco legal y las disposiciones internas de la institución. Por ejemplo, utilizar recursos públicos sin observar la normativa o influir en su aplicación irregular, aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o reglamento, o aceptar garantías insuficientes, no solicitarlas o no ejecutarlas. También se identificó la trasgresión de los principios, deberes y prohibiciones de normas éticas y probidad, tales como actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en contratos o procesos de selección, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento, dando lugar a un beneficio ilegal, propio o de tercero. La Contraloría General está facultada para sancionar a los involucrados en irregularidades con una suspensión temporal por 30 días hasta la inhabilitación por cinco años para ejercer la función pública, de acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, para hechos cometidos a partir del 6 de abril del 2011.

La Contraloría General tramitó proceso administrativo a 1088 funcionarios y servidores públicos por presuntas irregularidades graves y muy graves en perjuicio del Estado

gurar que los funcionarios y empleados públicos actúen en concordancia con las normas vigentes y con el único fin de servir al Estado en beneficio de la Nación.

DATO La forma más segura de conseguir una gestión pública sin corrupción es contar con una cultura de control interno que asegure el cumplimiento del marco normativo, promueva la rendición de cuentas y reduzca los riesgos de corrupción.

SANCIONADOS *De los 184 funcionarios sometidos al PAS y que fueron sancionados en primera instancia, el 62% de ellos fue inhabilitado para ejercer la función pública y el 38% fue suspendido en sus labores, luego de un debido proceso donde estuvo garantizado el derecho de defensa y la apelación de las decisiones de la Contraloría General ante una instancia que goza de autonomía técnica. Con la aplicación de la facultad sancionadora, se busca ase-

*De los 184 casos resueltos, 104 se encuentran en proceso de apelación, 44 sanciones fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), 24 fueron aceptadas por los funcionarios y 12 fueron revocadas por el TSRA.

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LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR? El procedimiento sancionador está conformado por dos instancias que cuentan con autonomía técnica: LA PRIMERA, a cargo de la Contraloría General, está integrada por un órgano instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones. Y, un órgano sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas. LA SEGUNDA, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.

¿QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS DEL PAS?*

La sanción administrativa no libera al funcionario de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, porque los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes.

¿EN QUE ENTIDADES TRABAJAN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVESTIGADOS? 4 5

3

126

42 LOCAL NACIONAL

45

TOTAL 225 INFORMES

REGIONAL EMPRESAS DEL ESTADO ORGANISMOS CONSTITUC. AUTÓNOMOS

• Las autoridades elegidas por votación popular • Los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos • Las autoridades con prerrogativa de antejuicio político *La Contraloría General presentó un proyecto de ley al Congreso solicitando que amplíen sus facultades para poder sancionar a alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales que hayan cometido infracciones administrativas graves o muy graves.

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EMPRESAS MUNICIPALES

*En base a informes recibidos que contienen uno o más involucrados

¿QUÉ SANCIÓN RECIBIERON*?

62% 38% INHABILITACIÓN

SUSPENSIÓN

Fuente: Gerencia de Procedimiento Sancionador de la Contraloría General. Información al 31 de octubre del 2014.

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Boletín institucional - Noviembre 2014

DECLARACIONES

JURADAS Más de 225 mil DJ pasaron por un proceso de control de calidad en la Contraloría General en los últimos seis años Por mandato legal, las autoridades, funcionarios y servidores que administran recursos del Estado están obligados a presentar periódicamente una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas ante este Órgano Superior de Control, como parte de una cultura de transparencia que debe imperar en todo el sector público. En los últimos seis años, la Contraloría General ha realizado un control de calidad de más de 225 mil declaraciones juradas para evitar que los documentos que son registrados y archivados contengan errores de contenido. Una vez archivadas las declaraciones juradas se activan una serie de mecanismos y estrategias destinadas a comprobar si existe una congruencia entre los ingresos y bienes declarados. Durante el período 2011 a 2014, se ha revisado preliminarmente las declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas de 5 293 funcionarios públicos, utilizando técnicas de análisis de riesgo para obtener un listado de funcionarios que podrían ser analizados con una mayor rigurosidad en un proceso posterior llamado examen y/o fiscalización de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Asimismo, se han realizado más de 200 exámenes a las declaraciones juradas, los cuales consisten en un análisis sumario del patrimonio comparando la información consignada por el

funcionario público durante un periodo de tiempo determinado y la información obtenida de las bases de datos a las que tiene acceso la Contraloría General para determinar aquellos casos que deberían ser fiscalizados.

Durante la fiscalización de las declaraciones juradas se puede establecer la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito o de presunto incremento patrimonial no justificado, mediante un análisis de la información declarada y la recopilación de información que se ha hecho con la participación del funcionario. Además, se realiza un análisis comparativo entre los ingresos y gastos identificados (que incluye los gastos corrientes del funcionario y sus dependientes estimados por este) para establecer si la información presentada es razonable y consistente. No obstante las limitaciones legales de la Contraloría, que no puede acceder a información valiosa protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, en los últimos años se han detectado 30 casos de autoridades y funcionarios públicos con un presunto desbalance patrimonial que, en conjunto, superan los S/. 6 millones. Los casos fueron comunicados al Ministerio Público para ser investigados y sancionados por el Poder Judicial, de ser el caso.

CARABAYLLO Y EL PORVENIR En el 2013, el ex alcalde de Carabayllo, Miguel Ríos Zarzosa, fue condenado a seis años de prisión efectiva y al pago de S/. 1 millón de reparación civil como consecuencia de una investigación iniciada por la Contraloría General. En el 2014, el ex regidor de la municipalidad distrital de El Porvenir (Trujillo), Eulogio Chavarría Murillo, fue sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado En ambos casos, la fiscalización de las declaraciones juradas realizadas por la Contraloría General permitió advertir un incremento no justificado en el patrimonio de estas autoridades, situación que los investigados no aclararon pese a estar notificados del proceso.

3 PASOS

Las DJ pasan por diferentes niveles de análisis de información, como son: la gestión de la información, el examen y la fiscalización. Esta última es la más rigurosa y permite detectar presuntos casos de corrupción.

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LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Según la nueva ley que regula la presentación de la DJ en el sector público, los funcionarios y servidores públicos que no declaren sus ingresos, bienes y rentas oportunamente serán multados con el equivalente al 20% de su remuneración total o ingreso mensual. Similar sanción se aplicará a quienes incumplan con remitir

información o documentación relacionada a la DJ solicitada por la Contraloría General durante el proceso de la fiscalización. Mientras que la presentación de la DJ omitiendo información será sancionada con el equivalente al 10% hasta el 20% de la remuneración total o ingreso mensual. La reincidencia será castigada con la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones no me-

REMISIÓN DE DJ DE AUTORIDADES ELECTAS POR DEPARTAMENTO*

LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DJ PERMITE DETECTAR INDICIOS DE PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. *El plazo legal para presentar DJ del ejecicio presupuestal 2014 venció el 22 de enero. Información actualizada al 31 de agosto del 2014. Fuente: Departamento de Prevención de la Corrupción de la Contraloría General

nor de 60 días ni mayor de 360 días calendario.

DATOS FALSOS La Ley N° 30161 establece la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones no menor de 30 días ni mayor de 360 días calendario a quienes presenten información falsa en su DJ. En este caso, la reincidencia es castigada con la destitución,

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despido o resolución contractual, según corresponda, e inhabilitación para laborar o contratar con el Estado por cinco años. Además, la Contraloría y la entidad publicarán en sus páginas web y portales de transparencia la relación de los infractores. Estas sanciones serán aplicadas el 2015 por la misma entidad independientemente de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

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Boletín institucional - Noviembre 2014

50 MIL

NUEVOS AUDITORES Verifican que los servicios públicos en los colegios, municipalidades, comisarías y otras entidades funcionen adecuadamente, respetando las normas vigentes Este año, más de 50 mil estudiantes de colegios nacionales se están encargando de verificar que sus instituciones educativas, la municipalidad o la comisaría de su sector brinden servicios de acuerdo a su normativa vigente y formularán las respectivas recomendaciones para que mejoren su gestión, en beneficio de toda la comunidad. Como parte del programa “Auditores Juveniles” que promueve la Contraloría General en las escuelas, los alumnos de secundaria de los colegios participantes eligieron una entidad o institución pública donde realizaron la veeduría. Los profesores encargados de Formación Ciudadana y Cívica, así como tutores de aula organizaron las veedurías escolares, realizando una labor de acompañamiento a los escolares durante todo el proceso desde la planificación y ejecución, hasta la elaboración del reporte de veeduría, la presentación de las observaciones y recomendaciones a la entidad, así como el seguimiento a la implementación de las mejoras sugeridas. Actualmente, “Auditores Juveniles” está presente en 17 ciudades del país. Además de Lima, se ha considerado Trujillo, Moyobamba, Ica, Puno, Tacna, Huaraz,

Huancavelica, Piura, Satipo, Iquitos, Cusco, Huancayo, Huánuco, Sullana, Tumbes y Cajamarca.

SIETE DE CADA DIEZ Durante los cuatro años que se han realizado las veedurías escolares, bajo la atenta mirada de la Contraloría General, se ha logrado un impacto positivo en la gestión pública en las 13 ciudades donde se han realizado. Por ejemplo, se han reactivado proyectos de construcción paralizados y se han mejorado los servicios educativos lo que se ha reflejado en el cumplimiento del dictado del horario de clases, la implementación de mejores bibliotecas escolares, servicios higiénicos más limpios, entre otras medidas. Se calcula que, por lo menos, siete de cada diez observaciones hechas por los veedores escolares fueron levantadas por las institucio-

nes educativas visitadas; y, periódicamente, se realiza un seguimiento para contribuir a que continúen subsanándolas en su totalidad. El Programa “Auditores Juveniles” –que se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Educación- es una herramienta eficaz para que los escolares aprendan a ejercer el control social y demanden el correcto uso de los bienes y recursos públicos.

Jóvenes exponen logros obtenidos con veedurías escolares en feria anual

CREANDO CIUDADANÍA El programa “Auditores Juveniles” promueve valores éticos y mecanismos de control social en la gestión pública. Busca que las escuelas se transformen en espacios donde se vivan experiencias reales y significativas sobre la defensa de los derechos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el sentido de pertenencia a una comunidad.

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LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

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Las veedurías apuntan a promover mejoras en la gestión pública y prevenir actos de corrupción

BULLYING Este año también se realizaron veedurías escolares sobre el cumplimiento de la convivencia sin violencia (anti bullying) y sobre la prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones educativas.

LAS VEEDURÍAS ESCOLARES MÁS FRECUENTES En las instituciones educativas: • Acciones preventivas de la influenza AH1N1 • Acciones para la educación preventiva ante el dengue en instituciones públicas y privadas • Gestión de riesgo de desastres • Ejecución del simulacro de sismos • Implementación del Libro de Reclamaciones • Funcionamiento y conducción de quioscos y cafetines • Funcionamiento del Centro de Recursos Tecnológicos • Medidas de ecoeficiencia en el sector público En las comisarías: • Plan operativo de seguridad ciudadana En las municipalidades: • Cumplimiento normativo que prohíbe la comercialización, venta y publicidad de bebidas alcohólicas en los alrededores de los colegios

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR CIUDAD* CIUDAD

N° DE OBSERVACIONES

ABSUELTAS (%)

PENDIENTES (%)

PIURA

194

71

29

HUARAZ

152

74

26

HUANCAYO

27

150

73

AYACUCHO

50

144

50

CHICLAYO

142

74

26

TACNA

133

74

26

IQUITOS

131

73

27

TRUJILLO

118

81

19

MOYOBAMBA

27

116

73

HUÁNUCO

109

82

18

PUNO

90

76

24

TOTAL

1 479

72

28

*Información correspondiente al año escolar 2012. Actualmente, se está procesando la información sobre el 2013.

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VISITA NUESTRA GALERÍA EN FLICKR http://www.flickr.com/photos/informescontra

329 millones

CASO PROVÍAS

AHORRADOS

La Contraloría General evaluó como control previo los presupuestos adicionales de obras y mayores gastos por servicios de supervisión para evitar que los costos se incrementen innecesariamente En los últimos cinco años, la Contraloría General permitió que el Estado ahorre S/. 329 465 097 al haber autorizado únicamente los presupuestos adicionales solicitados para la ejecución y supervisión de obras que estaban sustentados técnica y legalmente. Según la normativa vigente, el Organismo Superior de Control debe emitir una autorización previa a la ejecución y pago de los adicionales de obra que superan el 15% del monto original del contrato de obra. Las causales establecidas para incrementar los costos son situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencias en el expediente técnico de la obra. También está facultado para pronunciarse antes de efectuarse el pago de prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obra que superen el 15% del monto original del contrato y se hayan generado en casos distintos a los adicionales de obra. En

este caso, las causales establecidas son variaciones en el plazo de la obra y variaciones en el ritmo de trabajo de la obra. La Contraloría evalúa las solicitudes y la documentación presentada por cada entidad para verificar si estas cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los pagos por las prestaciones adicionales, analiza si los pedidos se enmarcan en las causales establecidas en la normativa de contrataciones, si califican como prestaciones adicionales, así como el sustento del origen de las prestaciones adicionales. Además incluyen inspecciones físicas a las obras.

ción de las bases de pago de las especificaciones técnicas). También porque se registró una disminución de los precios unitarios de las partidas nuevas (según las cantidades, rendimientos y precios determinados con sustento); falta de sustento técnico de los trabajos; falta de sustento de la necesidad de generar nuevos precios unitarios, entre otros motivos. De otro lado, no se autorizaron prestaciones adicionales de supervisión principalmente debido al sustento parcial de la ampliación de plazo al contrato de ejecución de obra, que origina los servicios de supervisión solicitados.

¿POR QUÉ NO SE APROBARON? En el año 2014, no se autorizaron prestaciones adicionales de obra por ser trabajos que no configuran como prestación adicional de obra; se verificó que los trabajos se encontraban ejecutados; o se efectuó una disminución de metrados (por errores en el cálculo o en la aplica-

ENTIDADES QUE SOLICITARON

PRESUPUESTOS ADICIONALES EN EL 2014* PARA OBRAS

PARA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

PROVÍAS NACIONAL

G.R. DE AREQUIPA

INDECOPI

G.R. DEL CALLAO

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN

INDECOPI

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

MONTO SOLICITADO: S/. 543´616,079 MONTO AUTORIZADO: S/. 410´593,029

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Durante el periodo 2004-2013, Provías Nacional fue la entidad que presentó la mayor cantidad de solicitudes de autorización de pagos adicionales de obra (58%) así como los mayores montos solicitados (S/. 754´841,920) y autorizados (S/. 520´720, 214) a nivel nacional. La mayor parte de prestaciones adicionales de obra se solicitaron por “deficiencias en los expedientes técnicos de la obra” (43%) y por “deficiencias en el expediente técnico y hechos imprevisibles”. La Contraloría General ha evaluado las causas que originaron las prestaciones adicionales en las obras de Provías Nacional y ha formulado recomendaciones –preventivas y correctivas- para contribuir a que este programe mejore su desempeño y realice un uso eficiente de los recursos públicos.

AHORRO GENERADO AL ESTADO AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

MONTO SOLICITADO: S/. 996,726 MONTO AUTORIZADO: S/. 26,999

Fuente: Departamento de Control Previo de la Contraloría General *Periodo: enero - setiembre 2014

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María (511) 330-3000

Gerente de Comunicaciones Zully Bismarck Dextre

Coordinación y redacción Rosa Arguedas Silva

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-14154

Diseño y diagramación Renzo Vergara Díaz

MONTO EN S/. 42´278,371.8 18´536,858.5 20´159,283.5 86´159,213.6 31´209,601 131´121,768.4 329´465,097