Deportados del país al que defendieron Más de 3.000 soldados extranjeros que sirvieron en el ejército de EE.UU. han sido deportados, en los últimos 15 años, por haber cometido algún delito. Los militares inmigrantes pueden conseguir la ciudadanía estadounidenses, pero muchos no lo saben. Beatriz Barral. Nueva York MILENIO SEMANAL. 29 Junio 2012 Se sienten traicionados. Juraron la bandera de Estados Unidos. Sirvieron en las fuerzas armadas e incluso lucharon en el frente de combate. Hoy se ven expulsados del país al que defendieron y obligados a regresar a sus lugares de origen donde, en muchos de los casos, nadie les espera. Es la situación de miles de veteranos militares inmigrantes que, tras haber cometido un delito, se encuentran esperando a ser deportados. “Peleamos por este país y por tener un buen futuro y ahorita nos encontramos con esta pesadilla. Nos sentimos peor que traicionados. Somos veteranos de guerra, combatimos en Vietnam. Ningún país en el mundo hace esto. Es una tristeza y una vergüenza para este país”, se queja Valente Valenzuela, de 63 años, veterano de la guerra de Vietnam. Tanto él como su hermano Manuel, de 59 años, se enfrentan a la deportación por delitos menores cometidos hace años. “A veces no puedo dormir. Nadie sabe que va a pasar. Es peor que la guerra. Te tratan como un criminal en tu propio país”, añade Manuel. EE.UU. permite a los inmigrantes con papales alistarse en las fuerzas armadas desde hace décadas. En la actualidad, unos 29.000 soldados no estadounidenses sirven en el ejército. Los militares pueden conservar su ciudadanía de origen o nacionalizarse, una opción a la que se han acogido 64.643 soldados desde 2001.

Lo que muchos no saben es que, si no son ciudadanos estadounidenses y cuando vuelven a la vida civil tienen problemas con la ley, pueden ser deportados. Los activistas estiman que más de 3.000 ex soldados extranjeros han sido deportados desde 1996 y denuncian que los soldados no son aconsejados al respecto. “Me da rabia. Cuando estás en batalla, te dicen que no se puede dejar a ningún hombre atrás. Es un código de nosotros, que sigue después de cuando uno sale del ejército. Como soldado me siento traicionado, pero no me voy a dar por vencido”, explica Hector Barajas, de 33 años, deportado a México después de ser condenado por disparar una pistola en un incidente de tráfico dos años después de su vuelta a la vida civil. Hoy trabaja desde El Rosarito (Baja California) con la asociación Banished Veterans (Veteranos Desterrados) para poner fin a las deportaciones de militares. Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela nacieron en México. Su madre, ciudadana estadounidense, les trajo al país cuando eran niños. Siempre se consideraron norteamericanos. Los dos sirvieron al país en la guerra de Vietnam. Ahora, vuelven a vestir sus uniformes militares para protestar. A Manuel le comunicaron por carta, en 2009, el inicio de su proceso de expulsión. Cometió varias faltas menores, entre ellas una multa por exceso de velocidad y resistencia a la autoridad. Valente, sobre quien pesa un delito menor de violencia doméstica, fue condecorado con una medalla de bronce por sus servicios. “Toda nuestra vida hemos creído que somos ciudadanos americanos, porque nuestra madre nació en Nuevo México. El oficial de reclutamiento nos dijo que éramos ciudadanos americanos”, explica Valente, que llegó a EE.UU. con 7 años. “Tienen que entender que somos veteranos de Vietnam y cuando regresamos la gente que se oponía a la guerra nos trató como si fuéramos asesinos de bebés. Tuvimos que soportar todo esto. Y ahora, al querernos deportar están violando nuestros derechos como ciudadanos americanos y no vamos a permitirlo”, añade Manuel, en inglés, el idioma en el que se expresa mejor tras toda una vida en EE.UU.

El caso de los hermanos ilustra la situación de muchos soldados latinos que, cuando terminan su servicio, sufren además de las secuelas de la guerra el temor de ser expulsados. Los hispanos constituyen el 11% del total de las fuerzas estadounidenses, lo que equivale a casi 150.000 soldados, según estimaciones de la organización America’s Voice. Vía para la ciudadanía El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) asegura que en todas las bases militares estadounidenses hay un abogado para asistir a los soldados con su solicitud de ciudadanía. Desde el 11-S, EE.UU. se encuentra oficialmente en "período de hostilidades" y los requisitos son menores. Gracias a una norma de 2002, los inmigrantes pueden postular para convertirse en ciudadanos desde el primer día en el ejército, si estaban en el país legalmente. Un programa de 2009 aceleró los trámites, según la Oficina de Migraciones y Aduanas (ICE, en inglés). Además, tras las guerras de Irak y Afganistán, el ejército acepta también la inscripción de aquellos que estén en el país con visa temporal, lo que ha permitido a muchos conseguir el pasaporte estadounidense en un plazo récord de seis meses. Desinformados Pero muchos de los soldados latinos no conocen este proceso. Según denuncian abogados y activistas, la falta de información es una de las principales razones por las que estos casos pueden terminar en el laberinto legal de la deportación. Fue lo que le pasó a Hector Barajas, que tenía permiso de residencia permanente o Green Card (tarjeta verde), pero nunca llegó a solicitar la nacionalidad. “Yo pensaba que era ciudadano, porque el reclutador me dijo que sería ciudadano. Pero, cuando pasé un cierto tiempo en el ejército y tuve que pasar autorizaciones de seguridad, supe que no lo era”, cuenta. Reconoce que empezó los trámites, pero nunca los acabó, aunque añade que “ellos tienen que ser responsables también, porque vienen a ti con promesas. No hicieron su parte.”

Barajas fue condenado por verse envuelto en un accidente de tráfico en el que se disparó una pistola. Asegura que él no llevaba la pistola, pero aceptó declararse culpable y ser condenado a 3 años por disparar un arma. De lo contrario, le acusarían de intento de asesinato y se enfrentaba a una pena mucho mayor. “Dije, denme eso. Yo estuve allí y sabía que alguien traía un arma en un carro y me puse en esa situación. Lo que no sabía yo es que tomar esa decisión de los 3 años me iba a llevar a la deportación. Tal vez si hubiera sabido que me iban a deportar lo hubiera peleado hasta que se caigan las llantas” En 2010, en la sentencia conocida como Padilla v. Kentucky, el tribunal Supremo estableció que el abogado defensor tiene que advertir a su cliente, si es inmigrante, sobre los riesgos de deportación si se declara culpable. La sentencia tiene efectos retroactivos y es a lo que se aferra Barajas para pelear su caso. “El problema es que muchos latinos venimos de familias que no tienen muchos recursos. No puedo hacer que mis papás gasten dinero para pelear por algo que no es cien por ciento seguro. Fueron decisiones que en parte fueron mías y yo no voy a hacer que mi familia pague”, dice con la voz entrecortada. Ahora vive en Rosarito, Baja California, donde trabaja cuidando a ancianos y pelea contra las deportaciones desde la organización Banished Veterans. “Lo que más me duele es estar separado de mi hija de 6 años, que está en California con su madre”, añade entre sollozos. Los Valenzuela no descubrieron hasta muchos años después de abandonar el ejército que sus problemas con la ley podían llevarlos de regreso a México. “Yo fui al juicio por violencia doméstica en 1998 y me impusieron 33 horas de clases de reeducación. En 2009, me llegó la carta de que se iniciaba mi proceso de expulsión. El problema fue que yo me declaré culpable, pero nunca supe que eso iba a afectar a mi ciudadanía. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, porque ni siquiera pegué a mi mujer. Fue un episodio en el que me puse violento y como quería separarme de ella, acepté la culpabilidad para terminar con todo aquello”, recuerda Valente.

A la espera de expulsión Con las nuevas normas aprobadas por el gobierno de Barack Obama, que priorizan la expulsión de indocumentados con antecedentes penales, los Valenzuela están en línea de espera. Ellos siguen en libertad, aunque sin poder salir del país. Otros, corren peor suerte y aguardan en centros de detención. Es el caso de Arnold Giammarco, de 56 años, que vino a EE.UU. desde Italia con su familia en 1960. Sirvió tres años en el ejército y tres años en la guardia nacional. Tiene categoría de residente permanente, pero no es ciudadano. Está acusado por 13 cargos, la mayoría por posesión de narcóticos y robos menores desde finales de los 90 y hasta 2007. Lleva un año detenido sin fianza en un centro de Darmouth, Massachussets. “Está devastado. Le visitamos cada domingo, conducimos una hora y media y vamos a verle. Pero está detrás de cristales. No podemos tocarle, no puede abrazar a su hija. Está muy deprimido y llora, llora y llora. Me llama cada martes por la noche y llora. Porque está preocupado por nosotros, por nuestra hija. Se siente impotente. Yo también, porque no podemos hacer nada más que esperar”, explica su mujer Shannon Giammarco. La vista sobre su deportación se celebrará el 15 de mayo y su esposa considera que hay bastantes posibilidades de que ordenen su expulsión del país. “Vamos a pelar hasta el final y a recurrir a todas las instancias posibles. Pero es un proceso muy caro. Ya llevamos gastados más de 15.000 dólares”, dice resignada. Le deportarían a Italia, un país del que salió cuando tenía 4 años. “Sólo tiene primos lejanos allí y no habla el idioma. Sería un completo extranjero”, explica Shannon. “Podríamos pedir que le dejaran residir a Canadá, pero tendría prohibido de por vida regresar a EE.UU.”

Factor positivo La autoridad migratoria estadounidense ICE no ofrecen estadísticas sobre el número de veteranos que han sido expulsados o que esperan deportación. No conceden entrevistas y se limitan a enviar un comunicado por correo electrónico en el que señalan que el hecho de haber servido en la milicia es un factor atenuante, que es tenido en consideración a la hora de evaluar individualmente las causas. “ICE revisa a conciencia los casos de los veteranos. Cualquier acción tomada por ICE que podría resultar en la expulsión de un extranjero del servicio militar debe ser autorizada por la máxima autoridad en una oficina de campo, después de una evaluación por un abogado local. (…) La directiva Morton de junio de 2011 sobre criterios de acusación identifica específicamente el servicio en las fuerzas armadas de EE.UU. como un factor positivo que debe ser considerado en el momento de decidir si se ejerce o no la acusación”, señalan en la nota. Los activistas estiman que más de 3.000 veteranos han sido expulsados en los últimos 15 años. Estos grupos aseguran que los casos se han multiplicado durantes las guerras de Irak y Afganistán. Tras su paso por esos países, muchos soldados regresan con traumas derivados del conflicto y algunos acaban teniendo problemas con la ley que después conllevan que sean expulsados del país. En México, los cárteles de la droga intentan reclutarlos nada más cruzar la frontera. “Les esperan a la salida de los centros de detención. Son hombres que tienen experiencia militar y los cárteles necesitan personas bien entrenadas y que sepan usar armas”, asegura un activista contra las deportaciones que trabaja en el norte del país. Barajas se siente impotente. “Nadie nos quiere ayudar, ni siquiera nos han escuchado desde asociaciones latinas como el Mexican American Legal Defense and Educational Fund. Sólo cuando salimos en los medios recibimos algo de atención”, se queja.

Los hermanos Valenzuela se sienten decepcionados con Obama. “Él conoce nuestro caso, pero no ha hecho nada de veras para ayudarnos. Él ha deportado a más veteranos que ningún otro presidente. Y como comandante en jefe debería firmar una orden para que no se deporte a ningún veterano más”, asegura Manuel. “No vamos a parar. Y queremos una respuesta antes de las elecciones”.