POLITICA
Martes 31 de enero de 2012
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JUSTICIA s CONCURSO POLEMICO
Un solo impugnado entre los candidatos a jueces federales Es Marcelo Goldberg, juez de Quilmes; lo vetó el intendente, a quien investiga por fraude HERNAN CAPPIELLO LA NACION A pesar del escándalo que significó la aprobación de la nómina de candidatos a ser jueces federales –que requirió un inédito acuerdo político entre el macrismo y el kirchnerismo–, los postulantes pasaron el filtro de la ciudadanía sin mayores problemas: de los seis elegidos para ocupar los cuatro juzgados federales vacantes en la ciudad de Buenos Aires, sólo uno fue impugnado y por un intendente kirchnerista. El resto recibió apoyos. A pesar de que el postulante que mayores resistencias generó fue Luis Rodríguez, porque desde su juzgado pidieron copia de un fallo similar al caso que iban a tomar en el concurso y porque su hija es ahijada de Javier Fernández, hombre influyente del kirchnerismo en la Justicia, fue el ascenso del juez de garantías de Quilmes Marcelo Goldberg el que fue cuestionado. Su impugnante fue Francisco Gutiérrez, el intendente de su distrito. Los demás candidatos pasaron sin críticas. Ellos son Marcelo Martínez de Giorgi, actual juez federal subrogante, de bajo perfil; Juan Pablo Salas, juez subrogante al frente del Juzgado Federal N° 2 de Morón; Sebastián Ramos, secretario del Juzgado N° 3) y Sebastián Casanello, joven secretario de la Cámara Federal, desde hace siete años. Después de que el Consejo de la Magistratura eligió a estos postulantes y publicó las ternas se abrió un período de 15 días hábiles para elevar avales o impugnar esas designaciones. Ese plazo venció el lunes pasado. El único candidato impugnado –dijeron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION– fue Marcelo Goldberg, de perfil progresista. El intendente de Quilmes, Francisco “El Barba” Gutiérrez, le pidió por escrito al ministro de Justicia, Julio Alak, que impida su designación y lo acusó de violar sus garantías constitucionales en una causa en la que lo investiga por una denuncia de sus adversarios políticos, aliados de Aníbal Fernández. No fue posible ubicar a Goldberg durante la feria judicial. El Ministerio de Justicia ahora debe tramitar las impugnaciones y si entiende que hay mérito, darle vista al acusado para que haga su
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Oyarbide les dijo a sus allegados que su anillo cuesta unos US$ 250.000
Bullrich denunció a Oyarbide por el anillo Pidió que sea investigado por la Magistratura ARCHIVO
La reunión del Consejo de la Magistratura en la que fueron seleccionados los candidatos a jueces descargo. Y, luego, decidir. Una vez que el asunto quede zanjado y la Presidenta elija los candidatos, los pliegos deben ir al Senado, donde buscarán acuerdo y volverán al Poder Ejecutivo para que la Presidenta, por decreto, formalice la designación de los elegidos. El intendente Gutiérrez le reprochó a Goldberg su actuación en una causa iniciada por la denuncia del ex intendente de Quilmes Sergio Villordo y de Leonardo Jarsun, ex funcionario de su gestión y actual funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación. Los denunciantes le reprocharon a Gutiérrez el delito de malversación de caudales públicos.
Los cuestionamientos se debieron a que Gutiérrez prorrogó el presupuesto del ejercicio 2007, a falta de acuerdo político que aprobara uno y aumentó los salarios. La fiscalía descartó la denuncia por inexistencia de delito y el 25 de octubre de 2010 Goldberg sobreseyó al intendente, después de insistentes pedidos de su defensor, Luis Valenga. Sin embargo, siete meses después, el juez Goldberg citó a Gutiérrez a “tocar el pianito”, como se conoce en la jerga policial a la extracción de huellas dactilares, para identificarlo. El intendente apeló la medida y denunció al juez ante la Suprema Corte bonaerense, que comenzó a
Solicitan tiempo para analizar las ternas La ONG Fores se quejó ante el Ministerio de Justicia, por escrito, debido a que el plazo para presentar impugnaciones a los magistrados comenzó a regir y culminó durante la feria judicial de verano, “mes en que la comunidad jurídica se toma la tradicional feria estival”. Esto, para la entidad, hizo menguar la participación de abogados y académicos. Por eso Fores entendió que este tipo de acciones “viola la transparencia” y “dificulta la participación ciudadana”. Pidió entonces que se prorrogue el plazo para que la ciudadanía evalúe a los candidatos y que se dé una difusión “exhaustiva” al concurso para ocupar la vacante de juzgados.
actuar a través de su Subsecretaría de Control Disciplinario. Para Gutiérrez, según el escrito que entregó al Ministerio de Justicia, “se trata de una clara demostración de un intento de judicializar la justicia”. Destacó que Jarsun se presentó como su adversario en las elecciones del año pasado y que Goldberg tendría “una voluntad persecutoria”. La designación de los cuatro nuevos jueces federales es estratégica, pues son los encargados de investigar las denuncias de corrupción. Tan importante es el concurso que llevó seis años en un trámite que fue anulado a instancias del kirchnerismo, reabierto contra la opinión de una comisión de expertos y denunciado ante la Justicia por la sospecha de que a dos candidatos les habían filtrado el examen escrito de antemano. Sólo un acuerdo político bendecido por Mauricio Macri entre Alejandro Fargosi, consejero de la Magistratura en representación de los abogados (que había llegado al cargo con la promesa de acabar con la mayoría automática del oficialismo) y el kirchnerismo permitió designar a los postulantes.
El Consejo de la Magistratura recibió ayer una denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide para que se lo investigue por la compra de un anillo de brillantes. La presentación judicial, realizada por la diputada nacional de Unión por Todos, Patricia Bullrich, acusó a Oyarbide por la “exhibición/ostentación que ha realizado de un anillo de diamantes de un valor cercano a los 250.000 dólares”. Así lo informaron voceros de la legisladora en un comunicado de prensa. La diputada dijo: “El funcionario aduce haber comprado dicha joya tras intercambiar regalos recibidos en los últimos cinco años”, y que con su adquisición podría haber incurrido en uno de los “actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo”, previstos como faltas disciplinarias, o bien haber cometido una violación a la ley 25.188 de ética pública. Bullrich no aporta nueva información sobre el tema –más allá de lo publicado por LA NACION el 9 de enero último–, elementos de prueba ni datos sobre el posible origen de los presentes recibidos por el juez, pero sostiene: “Es necesario que se investigue la procedencia de esos regalos, ya que la ley de ética pública
establece claramente que en ocasión del desempeño de sus funciones, los funcionarios no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones”. “Va de suyo –afirma la legisladora en la presentación a la Justicia– que los regalos que aduce haber recibido el magistrado deberían haber sido a título personal y no por sus tareas como juez [en ese caso no habría violado el citado artículo de la ley de ética pública]. Y, habida cuenta que el magistrado reconoció públicamente que, para obtener el anillo, tuvo que canjear los regalos recibidos durante los últimos cinco años, surge de ello que en ese lapso recibió regalos equivalentes a la suma anual de 50.000 dólares.” La diputada va más allá y sostiene incluso que “dicha situación no guarda ningún tipo de respeto por la investidura del cargo que dicho funcionario ocupa, ni el decoro y la providencia necesaria con su función”. La denuncia, de dos páginas, está dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y pide la apertura de un expediente en la Comisión de Disciplina y Acusación. Hace dos semanas, el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, también objetó el anillo de Oyarbide, aunque no hizo denuncia alguna por ello.
Síntesis
OPINION
VIEDMA
Una solución de mercado para la disputa por Malvinas STEVE HANKE PARA LA NACION La película La dama de hierro llegó a los cines y trajo recuerdos de la guerra de las Falklands [Malvinas], un conflicto armado que comenzó oficialmente el 2 de abril de 1982, apenas tres cortos años después de que Margaret Thatcher tomara las riendas del Reino Unido como primera ministra. Desde 1933, Gran Bretaña ha logrado mantener su asentamiento colonial en las Falklands, a pesar de las objeciones de la Argentina. ¿Las Falklands? Bueno, hasta Samuel Johnson tenía algo que decir sobre las Falklands. Esto fue lo que escribió en 1771: “Qué, si no una soledad lúgubre y sombría, una isla descartada para el uso humano, ventosa en invierno y estéril en verano; una isla que ni siquiera los salvajes del Sur se han dignado habitar, donde se debe mantener una guarnición en condiciones que hacen envidiar a los exiliados en Siberia; una isla que será un gasto a perpetuidad, y de utilidad sólo ocasionalmente; una isla que si la fortuna corona nuestros esfuerzos, en tiempo de paz tal vez se convierta en un nido de contrabandistas, y en tiempos de guerra, en un refugio de futuros piratas”. Cuando Margaret Thatcher reemplazó a Jim Callaghan, su gobierno recibió un informe sobre las islas. Como lo resumiera sir Lawrence Freedman en La historia oficial de la campaña por las Falklands: “El breve informe que recibió el gobierno entrante describía el problema. Un remoto conjunto de islas de población menguante y perspectivas económicas limitadas, que dependían de un país vecino para abastecerse y mantenerse conectadas. Ese país vecino reclamaba la soberanía, y si decidía hacer efectivo su reclamo por medio de la fuerza, la pequeña guarnición de su real majestad apenas podría defenderse, y los esfuerzos
subsiguientes para recuperar las islas implicaría un operativo anfibio a gran escala. El reclamo por la soberanía bien podía ser «poco sólido», pero, de todos modos, enturbiaba las relaciones con la Argentina y representaba un problema para Gran Bretaña en las Naciones Unidas. Cualquier emprendimiento a largo plazo en las islas exigía la solución de este problema, pero los esfuerzos por encontrar una salida negociada no habían llegado demasiado lejos. Se les garantizó a los isleños que sólo llegarían al Parlamento las propuestas que ellos aprobaran, pero ninguna de las opciones aceptables para la Argentina convencía a los isleños”. El gobierno de Thatcher no advirtió el peligro que acechaba, como sucede siempre que entran en escena territorios en disputa. De hecho, los servicios de inteligencia británicos no sabían nada de los planes del gobierno militar argentino. La invasión del gobierno de Galtieri encontró a Gran Bretaña con la guardia baja, y luego vino la guerra que dejó más de 900 bajas.
El precio de las islas A medida que avanzan los preparativos para el 30 aniversario del conflicto armado, la tensión vuelve a aumentar. En diciembre, el primer ministro británico, David Cameron, se molestó por informes que indicaban que naves argentinas habían interceptado barcos de pesca españoles en “aguas de las Falklands”. La presidenta Cristina Kirchner desestimó la información y subió la apuesta al declarar que el tema de Malvinas era un asunto global. Además, obtuvo el acuerdo del Mercosur para que no se permita el ingreso de barcos que enarbolen la bandera de las Falklands a los puertos de ese bloque. Antes de que se exacerbe el nacionalismo, aparezcan las sanciones, se repitan las escaramuzas, haya otra guerra y sólo después la “solución”, mejor corramos la disputa por las
islas del terreno de la “teología” y sus argumentos interminables, y tratemos de pensar creativamente y de delinear acuerdos basados en el mercado. El gobierno del Reino Unido y el de la Argentina acordarían que a los isleños en situación de votar lo harían a través de un referendo. El referendo les permitiría a los pobladores –son angloparlantes, e ingleses por sus costumbres, instituciones y lealtades– votar si prefieren el actual estado de cosas, o si estarían de acuerdo, votando sí, con que la Argentina se haga cargo de las islas. Se exigiría una abrumadora victoria del sí por parte de los isleños, digamos del 80%, para que la Argentina tenga derecho a reclamar la soberanía. En este punto entra el mercado. Los isleños deberían entonces ser compensados por la Argentina. El referendo debería estar pensado para que la Argentina pueda ofrecerles a los isleños un incentivo monetario. Antes del referendo, el estado argentino depositaría en un banco de Suiza una suma –unos 500.000 dólares– por cada hombre, mujer y niño que hayan demostrado ser residentes de las islas hasta ese momento. Si el resultado del referendo favoreciera a la Argentina –con el 80% de los habitantes en condiciones de votar aprobado el traspaso– los fondos depositados serían girados a sus destinatarios y quedaría establecida la soberanía incuestionable de la Argentina sobre las islas. En este caso hipotético, el desembolso para la Argentina sería de alrededor de US$ 1600 millones. Una transparente solución de mercado para las Falklands sería una manera económica y eficiente de establecer sin ambigüedad la cuestión soberana, una solución que permite evitar el error garrafal de guerras indeseadas y el derramamiento de sangre, sudor y lágrimas.
El autor es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins
Incendio en una casa del juez del caso Soria Una propiedad del juez Juan Carlos Chirinos, quien durante 15 días investigó la muerte del gobernador de Río Negro Carlos Soria, sufrió daños considerables al incendiarse el sábado en Viedma. Esa propiedad del magistrado está alquilada desde hace cuatro años y según sus allegados el siniestro no tiene vinculación con su actuación en la causa del asesinato de Soria. Fuentes cercanas al juez dijeron a LA NACION que hubo un robo en ese inmueble y posteriormente un incendio, que se presume intencional. Desde hace cuatro años, el magistrado vive en General Roca, a unos 600 kilómetros de Viedma. Por esa razón, la casa fue puesta en alquiler por medio de una inmobiliaria.
MEDIDA GREMIAL POR DESPIDOS
CATAMARCA
Bloquean a una fábrica de baterías
El ex marido de Alicia Kirchner, beneficiado
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Industrias Químicas, Petroquímicas y Explosivas del partido bonaerense de Florencio Varela bloqueaban anoche los ingresos a la fábrica de baterías Champion, en protesta por el despido de nueve operarios. El conflicto se inició a principios de enero por el despido de nueve trabajadores, y por denuncias de irregularidades laborales y en el pago de salarios que afectan a los 70 operarios de la planta, indicó el secretario de organización del sindicato, Miguel Souto a través de un comunicado. La medida gremial cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Químicas y Petroquímicas (Fatiqyp), encabezada por Fabián Hermoso, quien declaró el “estado de alerta y movilización”, ante los “despidos arbitrarios”.
Armando “Bombón” Mercado, el ex esposo de la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, fue designado por la gobernadora kirchnerista de Catamarca, Lucía Corpacci, como nuevo integrante del directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La empresa YMAD, socia de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, formó una unión transitoria junto con la compañía Minera Alumbrera para operar desde 1997 la explotación de oro y de otros minerales que se extraen en el principal yacimiento de la provincia. Mercado es un destacado dirigente del Frente de la Victoria de Catamarca y es además tío del ministro de Producción y Minería de la provincia de Catamarca, Angel Mercado, a su vez, esposo de la gobernadora Corpacci.
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