Un Sí a la juventud

Un sí a la juventud. Los años de crisis económica y de gestión del gobierno del Partido Popular han supuesto profundos cambios en la situación política, económica, social y ambiental, que han provocado un acelerado incremento de la desigualdad, la pobreza y el riesgo de exclusión social. Si analizamos sus efectos por segmentos de edad, el colectivo que más está padeciendo las consecuencias es el de la juventud y la infancia. Así el índice de justicia intergeneracional, nos indica que España ocupa uno de los lugares más bajos entre los países desarrollados, baja más aún en oportunidades para los jóvenes y ocupa el último lugar en desempleo juvenil. Esta situación es la que le toca vivir a la juventud de hoy, pero las “contrarreformas” llevadas a cabo esta legislatura por el PP, ponen en severo riesgo el Estado de Bienestar del futuro. La desaparición de derechos de acceso como a la sanidad o al sistema de becas, junto con los recortes que han provocado una merma de calidad de los servicios públicos, suponen una nueva amenaza para el futuro del Estado de Bienestar. A lo que hay que añadir los efectos de la reforma laboral. La juventud ha sido consciente del significado para sus oportunidades de futuro, de forma que el compromiso cívico de la ciudadanía joven se manifiesta en su rechazo a los recortes de los servicios públicos; en su defensa de una educación pública de calidad; en su absoluta condena a la corrupción; en su reivindicación de participar de las decisiones políticas de manera más directa; y en su exigencia de oportunidades laborales aquí, en su país. Porque la mayor injusticia que se ha producido hacia la juventud es la de la ruptura de la promesa de futuro incorporada en el ideario colectivo: la promesa de que si se formaban adecuadamente, ampliaban sus conocimientos académicos y aprendían dos o más idiomas, tendrían asegurado un puesto de trabajo, una independencia económica emancipatoria, y no necesitarían nada más; se les dijo que eran la generación mejor preparada, que tenían un sitio reservado esperándoles. Esa promesa incumplida se ha traducido en una frustración generacional que afecta, no sólo a sus expectativas de vida, sino al equilibrio de todo el cuerpo social. Los jóvenes somos conscientes de las consecuencias de esta situación que está conduciendo a nuestra sociedad a un modelo más injusto socialmente, con una dolorosa quiebra intergeneracional y con enormes lastres para su competitividad en términos económicos. Es un imperativo ético el que los poderes públicos recompongan esa situación y garanticen a la juventud que podrá desarrollar sus proyectos vitales con plenitud en su propio país, estableciendo entornos económicos y sociales que genere esas oportunidades que están esperando. Y es que España está a la cabeza en el deshonroso ranking europeo de desempleo

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juvenil. Millones de jóvenes viven hoy en situación de desempleo, con perspectivas particularmente difíciles para salir de ella al no contar con los estudios básicos necesarios para conseguir un puesto de trabajo digno. Son las víctimas del crecimiento insostenible del sector de la construcción. Jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios, llamados por una burbuja inmobiliaria que les garantizaba el acceso rápido a unos ingresos económicos inmediatos, aun en puestos de trabajo de escasa cualificación profesional. Para acrecentar su empleabilidad, es imprescindible diseñar un modelo productivo innovador, capaz de competir en la economía globalizada en la que estamos. Pero es igualmente urgente reactivar las políticas activas de empleo, ignoradas durante estos últimos cuatro años por el gobierno del Partido Popular: paradójicamente, siendo el desempleo el principal problema de los jóvenes, las políticas activas han sido objeto de severos recortes, retirando un 30,8% de los presupuestos anuales, más de 14.000 millones de € acumulados a lo largo de la legislatura, lo que supone una media anual de 2.800 dejados de aportar. También durante estos años han sido cientos de miles las y los jóvenes que debieron buscar en el extranjero las oportunidades que no hallaban aquí. Obligados por las circunstancias de un sistema laboral que no absorbe aquello que produce nuestro sistema educativo. Ese desequilibrio es el causante de la alta sobrecualificación en el mercado laboral, por la que casi la mitad de jóvenes titulados no consiguen acceder a un puesto de trabajo acorde a sus conocimientos académicos. A esos jóvenes debemos ser capaces de recuperarlos, por una cuestión de justicia y de propio interés social, de país que necesita, para su crecimiento económico, el talento de los emigrados, llamados a liderar el cambio de modelo productivo y el sostenimiento económico a medio y largo plazo. La creación de empleo en jóvenes debe ser una prioridad para el país, con el fin de recuperar para el bienestar de todos la inversión colectiva destinada a formar excelentemente a las generaciones jóvenes. Pero la creación de empleo para jóvenes es necesaria, asimismo, para garantizar el sistema de pensiones a largo plazo, dando cumplimiento al pacto intergeneracional. Un sistema de pensiones que ha sido descuidado y exprimido sin control a causa de la devaluación salarial y la precariedad creciente del empleo generadas por la reforma laboral de Rajoy, que afecta a sus condiciones actuales de vida y trabajo pero que también afectará negativamente a sus pensiones de futuro. Pero si la situación laboral para las y los jóvenes necesita de soluciones eficaces y urgentes, también la educación se encuentra, como socialistas, en el centro de nuestras preocupaciones. La paralización inmediata de la LOMCE debe ser la primera medida a tomar. Esta ley, aprobada de espaldas a la comunidad educativa, supone un obstáculo para la igualdad de oportunidades y denigra a la Formación Profesional.

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Además debemos garantizar que las becas sean un derecho que facilite al alumnado con menores recursos económicos familiares el acceso a la educación. Hablamos de empleo y educación pero también de derechos, sobre todo para las y los jóvenes menores de edad. En el caso de las jóvenes entre 16 y 18 años, debemos recuperar el derecho básico de que puedan decidir libremente cómo y cuándo ser madres, garantizando una educación sexual adecuada, poniendo a su disposición las posibilidades de contracepción eficaz y segura, incluida la interrupción del embarazo en casos de fracaso de los métodos preventivos, logrando que la disociación entre reproducción y sexualidad esté asegurada. Y también tenemos que garantizar a las y los jóvenes menores de dieciocho años su participación política, abriendo el debate sobre ejercicio del derecho de sufragio que les permitiría entrar antes en la dinámica democrática y adquirir conciencia de su capacidad de decisión y transformación de la sociedad. Son numerosos, en definitiva, los desafíos que se plantean al hablar de políticas de juventud, que deben ser transversales e integrales para que resulten eficaces. El PSOE adquiere un compromiso en firme de que tratará a las y los jóvenes como ciudadanos de pleno derecho y no de segunda clase, situando la solución a sus problemas entre las prioridades políticas del gobierno del cambio de Pedro Sánchez.

SÍ A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

En el marco de la Ponencia para la reforma de la LOREG, abrir el debate sobre la posibilidad de reconocer el derecho de sufragio a las y los jóvenes mayores de 16 años.

SÍ AL EMPLEO PARA JÓVENES 

Crear el Estatuto jurídico de Joven Empresa Innovadora, que unifique y clarifique el marco regulatorio de aplicación para que el conocimiento generado en los centros de investigación se transfiera a la sociedad. Asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya sean personas físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que inviertan en jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no pueden aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida.

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Derogar con carácter inmediato la reforma laboral del PP. Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos e igualdad en las relaciones laborales.

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Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para la juventud desempleada. Se promoverán programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano. Se diseñarán actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a través de programas de primera experiencia profesional.

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Poner fin a la figura de los falsos autónomos y terminaremos con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos en una doble dirección: o Las personas autónomas económicamente dependientes que hoy regula el Estatuto del Trabajo Autónomo pasarán a formar parte del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos laborales y de Seguridad Social y se les aplique la negociación colectiva. o El nuevo Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la condición de becario o becaria, de modo que exigirá que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus cotizaciones a la Seguridad Social.

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Elaborar un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura que se financiará con fondos nacionales y con los obtenidos con el sistema de topes de ayudas de la PAC y de modulación. Apoyar la profesionalización de los jóvenes en el desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos de la agricultura y de la industria agroalimentaria

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Impulsar un Seguro Europeo de Desempleo que permita la interconexión de las Oficinas de Empleo públicas y privadas, para que los jóvenes europeos accedan a toda la oferta laboral de empleo.

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Trabajar en la Unión Europea para conseguir un Marco de prácticas laborales reguladas, para impulsar la empleabilidad en el ámbito europeo, abriendo así oportunidades profesionales a los jóvenes europeos, con unos niveles salariales y de protección dignos.

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Aprobar, con carácter inmediato, un Plan de Choque para el Empleo que tenga a los jóvenes desempleados como principales destinatarios, especialmente aquellos que, al carecer de formación, presentan problemas específicos de empleabilidad.

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SÍ A LA EDUCACIÓN 

Establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo.

EDUCACIÓN 

Paralizar de inmediato la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultar la contratación del profesorado vulnerar el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población y deteriorar todos los servicios (comedores, transportes, libros de texto, entre otros).

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Eliminar los mecanismos selectivos y de exclusión escolar en el sistema educativo que ha introducido el Gobierno del PP con la LOMCE, que contribuyen a la reproducción intergeneracional de las desigualdades en educación.

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Alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para la aprobación de una Ley básica de educación, con vocación de permanencia, que, además de garantizar un sistema educativo estable, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.

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Promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar.

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Promover una escuela que defienda la ética pública y los valores democráticos, la educación en la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la educación en los derechos humanos así como que, entre otros contenidos, recoja el conocimiento de la Constitución Española y de las instituciones Europeas e internacionales, para lo que defenderemos la recuperación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

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Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsando y facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas y de servicios en todas las enseñanzas, especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional.

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Revitalizar y dotar de mayores competencias los Consejos Escolares, así como crear nuevas mecanismos que permitan articular la participación de la comunidad educativa.

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Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que garantice que todo centro escolar tendrá unas líneas básicas para el desarrollo de la vida escolar con especial atención la prevención y la detección de los casos de ”bullying” o acoso, la homofobia, la xenofobia y también los ocasionados por la diferencia de género. Un sistema coeducativo que garantice la igualdad entre los sexos en todos las etapas educativas, que proporcione una formación afectivosexual que contemple la perspectiva de género y la diversidad LGTB y enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género.

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Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica, para lo que habrá que garantizar la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos públicos y dedicar una especial atención al medio rural y aquellos situados en zonas de desventaja social.

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Elaborar un Plan de Cooperación Territorial específico de apoyo a la escuela rural en el seno de la Conferencia Sectorial, con la colaboración de los Ayuntamientos, en el que se analice los recursos necesarios, la formación específica del profesorado, los servicios complementarios y con especial atención las necesidades de transporte y apoyo material al alumnado.

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Recuperar la enseñanza artística y musical en el ámbito curricular escolar.

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Aprobar un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad

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Adoptar mecanismos adecuados para establecer una gratuidad real de los libros de texto.

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Reducir el abandono prematuro y el significativamente las competencias básicas.

fracaso

escolar

y

mejorar

UNIVERSIDAD 

Blindar las becas como un derecho de los y las estudiantes: aumentando los presupuestos destinados a becas y ayudas del Estado hasta igualar la media europea. Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho, de manera que el estudiante que cumpla los nuevos umbrales de renta y patrimonio que estableceremos en las convocatorias, tendrá derecho a la misma. Además, agilizaremos todo lo referente a la tramitación de becas para asegurarnos de que el alumnado perciba las cantidades asignadas durante el primer trimestre

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de estudio. 

Impulsar un acuerdo con las CCAA para promover precios públicos de matrícula que permita mantener un marco coherente asegurando así la igualdad de oportunidades.

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Aprobar un Plan de Rescate de Estudiantes destinado a recuperar estudiantes que hayan tenido que abandonar sus estudios universitarios por las políticas educativas de Rajoy.

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Aumentar los recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en la participación en programas de movilidad internacional y doble titulación para el Programa Erasmus y establecer nuevos tipos de ayudas dirigidas a favorecer la movilidad del alumnado en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, tanto en los estudios de Grado como en los de Master y Doctorado.

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Recuperar el programa Séneca de intercambio de alumnado entre las diferentes universidades españolas. Establecer el diálogo con las universidades como mecanismo esencial para la definición de la política universitaria.

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Promover, en el marco del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Plan Especial de Actuaciones para la reparación de los efectos del límite de la tasa de reposición, garantizando la necesaria financiación.

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Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y de la calidad

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Paralizar el conjunto de decisiones y reformas impuestas por el Gobierno que han carecido del acuerdo, la participación y el riguroso diagnóstico para su definición e implantación, entre ellas las referidas a creación y reconocimiento de universidades; homologación de títulos; acreditación; y ordenación de las enseñanzas. Derogaremos el Real Decreto que establece el conocido como modelo 3+2, que ha modificado la duración de grado y master afectando a la coherencia del sistema y a la igualdad de oportunidades.

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Promover la constitución de una Comisión Mixta Conferencia General de Política Universitaria – Consejo de Universidades para que, contando con el Consejo Estudiantil Universitario del Estado y con la participación de los agentes sociales, profesionales, personas expertas y otras instituciones interesadas, identifique objetivos estratégicos en materia de PDI, las líneas de acción precisas para alcanzarlos y los criterios para su evaluación, con el fin

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de dar respuesta a las necesidades del sistema universitario español con el horizonte 2025. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Impulsar la Formación Profesional, creando 200.000 nuevas plazas de FP y becas de estudio para sus matrículas.

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Poner en marcha un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción formativa de la juventud que ha abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Su objetivo es ofrecer a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.

SÍ A LA IGUALDAD 

Preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres de 16 y 17 años tal y como estaba previsto en la ley de educación sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

SÍ A LA EMANCIPACIÓN 

Promover un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en las Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas, y situadas en cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean alquiladas a jóvenes o adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o alquiler con opción a compra. De esta forma reavivaremos y modernizaremos los centros históricos, favoreciendo la creación de nuevos espacios sociales y comerciales.

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Recuperar el programa de renta básica de emancipación.

SÍ A LOS DERECHOS DE LOS Y LAS JÓVENES EN EL EXTERIOR 

Establecer un Plan Estratégico de Retorno que recoja medidas sociolaborales para facilitar el retorno y la inserción de españoles y españolas

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procedentes del exterior, con la puesta en marcha de programas sanitarios, de empleo, asistenciales, de vivienda, educativos, de investigación, de asesoramiento y orientación. 

Promover la agilización del proceso de convalidación y reconocimiento de títulos para españoles y españolas que viven en el extranjero.

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Actualizar la Acción Educativa en el Exterior para que facilite el acceso a la educación a las personas de nacionalidad española que residen en el extranjero y al tiempo potencie y desarrolle la difusión de la educación, la cultura y la investigación españolas, desde la trasparencia de la gestión y la rentabilidad de sus actuaciones, siempre con el objetivo de situar a España en el espacio socio-educativo-cultural que le corresponde en el marco de la sociedad global.

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Promover la educación presencial de español, en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, especialmente para niños y niñas, y para quienes ya hayan cursado enseñanza reglada en España.

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Crear un sistema de enseñanza on-line propio y evaluable para aquellos lugares donde no se alcance el número necesario de alumnos para hacerlo presencial.

SÍ A LA SALUD DE LOS Y LAS JÓVENES 

Recuperar el Sistema Sanitario Universal, derogando la retirada de la tarjeta sanitaria a los 90 días de ausencia del territorio nacional.

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Colaborar con las Comunidades Autónomas para favorecer la implantación y buen funcionamiento en los centros sanitarios de una red de centros de salud sexual y reproductiva.

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Abordar el consumo del alcohol en menores de edad, en coordinación con las Comunidades Autónomas.

SÍ A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS Y LOS JÓVENES 

Promover programas de prevención, atención y participación dirigidos a los jóvenes en riesgo de exclusión social.

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Elaborar una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, que incluya un Plan específico de Atención a Jóvenes Extutelados que aborde la formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social.

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Desarrollar programas de atención integral a los y las jóvenes de más de 18 años a la salida de los dispositivos de protección infantil, que tengan como objetivo la promoción de su autonomía personal.

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Elaborar un Plan Nacional de Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte: que dé cumplimiento efectivo a las disposiciones de la Ley Orgánica que regula esta materia desde 2007 e incida sobre las medidas preventivas desarrollando cursos y seminarios para los más jóvenes en colaboración con clubes y federaciones.

SÍ AL ACCESO JOVEN A LA CULTURA 

Elaborar una Ley sobre el Derecho de Acceso a la Cultura, en colaboración con las CCAA y los Ayuntamientos, que defina las prestaciones básicas de acceso a los servicios culturales para toda la ciudadanía en todo el territorio, con medidas especialmente dirigidas a facilitar el acceso a la cultura a la ciudadanía con discapacidad, personas mayores y menores de edad y colectivos más alejados de la oferta cultural por razones socioeconómicas.

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