Información general

Lunes 26 de mayo de 2008

LA NACION/Página 17

En Buenos Aires: un millón de chicos en situación precaria

Sin políticas públicas sobre minoridad Para el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, el de los menores en riesgo es el mayor problema de la provincia Por Ramiro Sagasti De la Corresponsalía La Plata LA PLATA.– En Buenos Aires hay un millón de adolescentes en alto riesgo debido a la extrema pobreza: es el 40 por ciento de los menores bonaerenses. Este es el problema más importante que enfrenta la provincia y, sin embargo, no hubo hasta ahora ninguna política pública para resolverlo. Esos y otros conceptos formuló el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Arroyo, en una entrevista con LA NACION tras el asesinato de Milagros Belizán, una niña de 2 años de Almirante Brown, atribuido a dos hermanos de 7 y 9 años. La gestión que integra Arroyo y quienes antes no aplicaron ninguna política para resolver esta crítica situación tienen el mismo signo político: el PJ gobierna en la provincia desde hace 20 años, cuando los chicos en riesgo hoy aún no habían nacido. El ministro sí

rescató de la anterior gestión la elaboración de la ley de protección y promoción de los derechos del niño y la que crea el Fuero Penal Juvenil. La primera establece que los menores de 16 años –inimputables– con problemas asistenciales o delictivos no serán internados en institutos, sino asistidos en “servicios locales”, municipales, y “servicios zonales”, provinciales. Los chicos de entre 16 y 18 años con problemas con la ley serán sujetos del Fuero Penal Juvenil, que empezará a funcionar en junio próximo. –¿Está un municipio en capacidad de ocuparse de chicos como los que mataron a Milagros? –Esto excede la competencia de un gobierno municipal. Es un problema estructural que cruza pobreza, precariedad, falta de modelos. En la provincia tenemos un millón de chicos en situación de precariedad. La regla es que esos chicos están fuera de todo. –¿Y con los servicios locales y zo-

nales podrán resolver el tro de cinco años, el 35% problema? responde: “No sé si voy a –Para dejarlo claro: estar”. En este esquema, hay mayores que se abuhoy no estamos resolviendo el conjunto de la san y los utilizan. –¿No cree que funcioproblemática, pero estamos haciendo mucho. Por na otro orden en los baprimera vez va a haber rrios marginales, por la una política pública y reausencia del Estado? cursos para aplicarla. –Es necesario que el –¿Participan más meEstado esté presente. Si nores en delitos? el pibe ve en el barrio que el que vende droga está –No tengo datos sistematizados, pero recibo la Daniel Arroyo mejor que el que trabaja, síntesis de los diarios, y la conclusión que saca es una parte muy significaque no sirve trabajar. tiva ata a menores con algún delito. –Ven la venta de drogas o el de–¿Hay más mayores que usan a lito como una posibilidad de asmenores, sobre todo inimputables, censo social... para cometer delitos? –Absolutamente. Los pibes están fuera –Eso es claro. Tenemos un panel de de todo en serio, y ven caminos alternati250 adolescentes y jóvenes a los que se- vos. La política pública debe darles otros guimos permanentemente. Esos chicos caminos: trabajo, crédito, becas. tienen la sensación de falta de futuro. –¿Usted cree que la violencia esCuando se les pregunta qué harán den- tá vinculada a la pobreza?

–Creo que la violencia está más vinculada a la desigualdad. “La ñata contra el vidrio”: eso genera más violencia. –¿Qué opina de la edad de imputabilidad de los menores? –No hay que bajarla. Los chicos deben estar en la escuela y con sus familias. –¿Cómo se resuelve, entonces, el problema de los menores inimputables que cometen delitos? –Con políticas activas. Los actores clave son la directora de la escuela, el club del barrio, la manzanera... La tendencia es que los chicos que están en institutos vuelvan a sus casas. Hay hogares con dificultades. Para estos casos, existen medidas de privación de la libertad transitoria. –¿Con qué recursos económicos cuenta el área de minoridad? –Con 347 millones de pesos, un presupuesto significativo para trabajar. –¿Y hay gente capacitada? –Hay muchísima gente capacitada, que le dedica su vida a esto.

Un llamado de atención que se debe considerar

–¿Por qué cada vez hay más chicos que delinquen y usan drogas? –Es una tendencia global, que va más allá de Buenos Aires y de la Argentina. Y nunca hubo una política pública. Lo que hubo es una buena ley. Creo que la problemática de la niñez es el tema más importante, sin duda, en la provincia de Buenos Aires. –Jueces y policías sostienen que la nueva ley no resuelve el tema de los menores inimputables... –Para esos casos existen las medidas alternativas y un trabajo en conjunto con la Justicia. Pero el grueso de la problemática no es ése. Es principal problema del chico es estar afuera, no tener futuro, ser abusado... –¿Y eso no los lleva al delito? –No. Está claro que la persona en extrema vulnerabilidad está en la peor situación, pero cuando tiene una posibilidad las cosas cambian. Uno nunca debe relacionar el chico pobre con el delito.

Opinión

Renunciar a la pretensión punitiva Por Emilio García Méndez

Por Sol Amaya

Para LA NACION

De la Redacción de LA NACION La violencia en los niños es un producto de la sociedad actual, coinciden los especialistas consultados por LA NACION a propósito del caso de los hermanos César y Ezequiel, de 7 y 9 años, que se atribuyeron el haber golpeado y estrangulado a Milagros Belizán, una vecina suya de sólo dos años. Si bien trascendió que los peritajes psiquiátricos habrían detectado que los niños eran conscientes de lo que hacían, especialistas en niñez sostienen que no se debería culpabilizarlos. “Este tipo de violencia es producto de la falta de valores que experimentamos en nuestra sociedad”, opinó Marta Dávila, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), Nora Shulman, dijo que estos chicos “también son víctimas de un sistema en el que hay una violencia exacerbada”. Pidió “no culpabilizar” a los hermanos y que el Estado les brinde la contención social que necesitan. Sostuvo Felisa Widder, pediatra y psicoanalista: “Es indiscutible que estos niños crecieron en un contexto de extrema violencia y sadismo. Se evidencia un trastorno en la evolución del psiquismo que los lleva a repetir hechos que les generaron angustia”. Según los psicólogos y psiquiatras consultados, el niño desarrolla la capacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal alrededor de los cinco años. “Quizás estos chicos entendían lo que estaban haciendo. Pero no hay que culpabilizarlos, hay que darles contención”, opinó Eva Rotenberg, directora de la Escuela para Padres.

Apoyo a toda la familia La prevención es la herramienta que destacan los especialistas para erradicar la violencia. “Las medidas preventivas se plasman en el apoyo a los padres, a través de los mecanismos sociales y judiciales que correspondan, como también a través de la escuela”, dijo Andrés Mega, presidente de Millennium Fundación Psiquiátrica. “Aunque nos cueste verlo así, los padres en cierta forma también son víctimas: ellos necesitan ser contenidos para poder contener a sus hijos”, opinó Rotenberg. Psicoanalistas y otros especialistas destacaron la necesidad de reincorporar los gabinetes psicopedagógicos a las escuelas. Según Mega, la responsabilidad de prevenir futuros comportamientos violentos está en dos instituciones: la familia y la escuela. “De ellas depende la definición de qué tipo de persona saldrá a las calles en los años por venir y cómo será su relación con el prójimo”, dijo Mega. Y ahora, ¿qué va a pasar con estos dos chicos?, se preguntan quienes siguen las noticias del caso. “Estos chicos no necesitan que se los condene, sino que se les proporcione una psicoeducación para que puedan ser conscientes del hecho, pero también seguir con sus vidas, como personas normales”, opinó Juan Reboredo, psiquiatra infanto-juvenil. La directora del Centro de Asistencia y Docencia en Psicoanálisis Dos, Miriam Mazover, sostuvo que esos niños pueden ser tratados y reincorporados a la sociedad: “La personalidad no se termina de formar hasta el final de la adolescencia. Por supuesto que las privaciones económicas agravan la situación, pero lo que más hace falta ahora es la creación de redes de contención social. Este caso es un llamado de atención a la sociedad. Debemos ocuparnos de nuestros niños para evitar que esta violencia se repita”.

TELAM

La casilla en la que viven la madre y los hermanos de Milagros, la niña asesinada por otros dos chicos, en un predio de Almirante Brown

El reino de la pobreza y la marginalidad Radiografía del precario y violento barrio donde fue asesinada Milagros Belizán Por Jesús A. Cornejo De la Redacción de LA NACION LA PLATA.– El barrio San José es un laberinto de pobreza que combina calles de tierra, basurales y arroyos contaminados. Dicen que al caer la noche se oyen tiros y que es frecuente que la gente se mude o, simplemente, desaparezca. Cuando esto sucede, son muchos los que evitan hacer preguntas. La casilla de madera y chapas está en silencio. Parece no haber nadie… Pero de tanto en tanto se oyen voces: voces apagadas que recuerdan a Milagros Belizán, la niña de dos años cuyo asesinato fue atribuido a otros dos chicos. Allí vive la familia de la víctima. Son ocho hermanos y varios sobrinos. Ahí nada volverá a ser como antes. En el barrio San José, en Almirante Brown, tampoco. Una atmósfera de dolor llena el lugar. Los chicos ya no están en las

calles y hace días que los reconocida por el ministro vecinos no encienden sus de Desarrollo Social, Daniel equipos de música, en los Arroyo (de lo que se inforque solían sonar, a todo voma por separado). lumen, cumbias y reggaeto“Acá, nada es fácil. Hay nes. Ahora, todos parecen mucha gente mala, a la que no le importa nada. llevar luto y están intereFrecuentemente hay pesados en que los culpables leas. Las madres se agapaguen por el crimen. Piden justicia y han decirran a las piñas y mandan dido tomar el predio donde Milagros a sus hijos a pedir plata a el domingo pasado apareció las calles para comprar famuerta Milagros, en Chulopa… Los chicos ven todo but y Rosales. Allí se levantaron car- y copian esa actitud agresiva”, dice a pas y se encendieron velas. LA NACION Laura Cuevas, una vecina En las caras de los vecinos se perci- que conocía a los dos hermanos de 7 y be cierta desconfianza. El crimen de 9 años, acusados del homicidio. Prosigue: “En la puerta de mi casa, los la niña ha dejado al descubierto una verdad: la falta de asistencia social fines de semana, muchas madres fuman por parte del Estado bonaerense y de paco… Son chicas de no más de 18 años políticas públicas para proteger a los que ya tienen dos o tres hijos… Las mamenores, muchos de los cuales cami- dres no cuidan como deben a sus hijos nan descalzos, trabajan y no asisten a y, cuando eso sucede, hay que lamentar la escuela. La ausencia de una política hechos como el de la nenita. Este es un integral para resolver el problema fue lugar jodido para vivir”.

Sigue sin integrarse el comité que debe proponer la nueva ley Su creación se dispuso hace dos meses; puntos de consenso Por Hernán Cappiello De la Redacción de LA NACION El Estado sigue en deuda con los menores. La afirmación, obvia en muchos aspectos, como garantizarles el sustento y la vivienda, esta vez se refiere a la protección de sus derechos cuando son acusados de haber cometido delitos. Hace dos meses, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, resolvió crear un comité que elaborara un anteproyecto de ley penal juvenil. Pero desde el 25 de marzo, cuando se publicó esa resolución en el Boletín Oficial, nada se hizo para avanzar en su concreción, admitieron fuentes del gobierno. El Gobierno debe avanzar por ese camino no sólo por el constante reclamo de jueces de menores y ONG, sino porque así lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia en la que Argentina reconoció haber violado los derechos humanos de Walter Bulacio, el chico que murió en una comisaría de Núñez después de un recital de los Redonditos de Ricota en el estadio Obras, hace 17 años. En ese fallo, el tribunal internacional, además de ordenar el pago de casi medio millón de dólares a la familia del joven y a los abogados, y la reapertura de la causa judicial, dispuso que

se adecuara la legislación interna para armonizarla con lo que indican los pactos internacionales en materia de derechos humanos que en la Argentina tienen rango constitucional. La resolución 578/2008 del Ministerio de Justicia, que crea la Comisión para la Reforma y Actualización Legislativa del Régimen Penal Juvenil, cita este precedente y advierte que en la actualidad la norma que rige para los chicos en conflicto con la ley penal es el decreto 22.278 de 1980, firmado en plena dictadura militar. Ese decreto, que establece que los menores de 16 años son inimputables y, aun así, deja librada al juez la posibilidad de “internarlos para su protección”, fue declarado inconstitucional por la Cámara de Casación Penal. En ese fallo se ordenó que 65 chicos de entre 14 y 16 años, internados en el instituto de menores San Martín, fueran liberados porque no estaban garantizados sus derechos, pues no pueden ser acusados de delitos –por tener una edad por debajo del límite de imputabilidad– pero tampoco pueden hacer valer sus derechos en un proceso para recuperar la libertad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la aplicación de esa sentencia hasta tanto resuelva el fondo del asunto. Pidió informes al Poder

Ejecutivo para saber cuántos son los menores privados de su libertad en los institutos donde fueron internados por la supuesta comisión de delitos. Paralelamente, analiza la posibilidad de llamar a una audiencia pública para discutir el caso. Mientras se dan estos pasos en este caso en particular, no avanza la solución de fondo: la aprobación de una ley penal juvenil. Fuentes del gobierno explicaron a LA NACION que está en estudio la futura integración de la comisión. Otras fuentes explicaron que hay un debate informal entre distintos especialistas, que no logran acordar una postura unificada para proponer. Hay consenso en algunos puntos básicos: desterrar la privación de la libertad y reemplazar el encierro por penas reparadoras del daño provocado; garantizar al menor la defensa en juicio mientras dura el proceso, como ocurre con los mayores de edad, y prohibir que puedan ser condenados a reclusión perpetua, lo que ya ocurrió en la Argentina en 13 ocasiones. También se especula con la posibilidad de bajar la edad de punibilidad a los 14 años, con tratamiento adecuado para su edad. Mientras se dilata la redacción de la ley, en el país hay 1584 chicos que están encerrados en institutos por causas penales.

“A mi nieta la mataron hace tres años. También se llamaba Milagros, pero tenía cuatro años. Fue golpeada y asesinada. El cuerpo estaba destrozado y la habían metido dentro de un lavarropas. Al principio, acusaron a un menor, pero en el crimen estuvo involucrado un tipo que no quedó «pegado» porque vendía droga y estaba protegido”, comenta la vecina Mirta Quiroga. Los padres de Milagros insisten en que el asesinato de su hija no fue perpetrado sólo por los dos hermanos. Dicen que participó un mayor, y que hay testigos. Pero advierten que la policía no hizo nada en su momento y ahora las pistas del crimen parecen diluirse. “No puede ser que esta atrocidad la hayan cometido sólo dos chicos. La policía nos dijo que no habláramos, pero los culpables deben pagar por el crimen”, dice Oscar Belizán, el padre, poco antes de ingresar en su casa y perderse detrás de una pesada puerta de madera.

Prácticamente ninguno de los ingredientes de una verdadera tragedia humana está ausente en los sucesos que culminaron con la muerte de Milagros, una niña de dos años, en un humildísimo barrio del conurbano. Un caso como éste tiene mucho de excepcional, por la edad de los supuestos victimarios (7 y 9 años), y algo de paradójico, porque si bien la sombra de la pobreza planea sobre ellos, los hechos podrían haberse producido en otros contextos sociales y geográficos, como ya ha ocurrido. No es la capacidad de comprender, salvo peritaje psicológico en contrario, el carácter disvalioso de la acción lo que está aquí en juego, dada la corta edad de los victimarios: un niño de 5 años sabe perfectamente que no está bien clavarle a un compañerito un lápiz en un ojo. No es por los niños que una sociedad decente debe renunciar a cualquier tipo de pretensión punitiva (lo que no significa renunciar a intervenir socialmente): es por nosotros, para no perpetrar masivamente, como Estado, la barbarie infligida a uno de sus miembros. Fijar una edad por debajo de la cual el Estado renuncia a la pena es un dictado del sentido común, un deber moral y, en nuestro país, una obligación jurídica expresa, de carácter constitucional. Pero por arriba de esa edad es necesario establecer una específica responsabilidad penal juvenil, que en casi todo el mundo está en 14 años y que la hipocresía imperante en la Argentina coloca en 16. No hacerlo a partir de la edad correcta implica, como de hecho ocurre, mantener privados de libertad a menores de 16 años que, sin estar acusados de ningún delito (por absoluta imposibilidad jurídica), son los únicos privados de libertad en la Argentina por una mera imputación policial. Cuando la severidad y la justicia se excluyen mutuamente y se divorcian de la razón, estamos en el peor de los mundos. El autor es pdte. de Fundación Sur Argentina