Expediente CDHDF/III/122/CUAUH/09/D3213 Peticionarios/as Poblaciones callejeras1 ubicadas en las calles de Humboldt y Artículo 123, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc [“Grupo Juárez”] Asociación Civil “El Caracol” Agraviados/as “Grupo Juárez” Población callejera ubicada a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Personas privadas de su libertad en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” Autoridades responsables Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Delegación Cuauhtémoc Delegación Venustiano Carranza

Recomendación 13/2011

Caso “Los Elegidos de Dios” Poblaciones callejeras que fueron objeto de trata, al ser integrados en contra de su voluntad en una supuesta institución de asistencia y rehabilitación para las adicciones llamada “Los Elegidos de Dios” que no fue supervisada por parte de la autoridad. Además de ser traslados a dicha institución con aquiescencia de diversas autoridades con motivo de operativos de limpieza social. Derechos humanos violados I. Derecho a la libertad personal II. Derecho a la integridad personal III. Derecho a la igualdad y a la no discriminación IV. Derecho al debido proceso: a. Principio de legalidad b. Derecho al acceso a la justicia:

El término “poblaciones callejeras” es el usado en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y no denota, a juicio de esta Comisión, un sentido despectivo. 1

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- Derecho a obtener justicia de manera pronta, oportuna y en un plazo razonable. - Derecho a la debida diligencia en la conducción e integración de la investigación. - Derecho a un recurso efectivo. V. Derechos de los niños y las niñas VI. Derecho a no ser sometida/o a trata de personas. Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Lic. Jesús Valdés Peña, Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Lic. Laura Velázquez Alzúa, Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Lic. Agustín Torres Pérez, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc. Lic. Alejandro Rafael Piña Medina, Jefe Delegacional en Venustiano Carranza. Distinguida Secretaria, Secretarios, Procurador y Jefes Delegacionales: En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 30 días del mes de diciembre de 2011, visto el estado que guarda el expediente de queja citado al rubro, y una vez concluida la investigación de los hechos motivo de la misma, la Tercera Visitaduría General de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [en adelante CDHDF, Comisión u Organismo], con fundamento en los artículos 24 fracción IV y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 82, 136, 137 de su Reglamento Interno, formuló el proyecto de recomendación que, aprobado por el suscrito en términos de lo establecido en los artículos 2; 3; 5; 6; 17 fracciones I, II y IV; 22 fracciones IX y XVI; 47; 48 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como en los artículos 119, 120, 138 y 139 de su Reglamento Interno, constituye la Recomendación 13/2011 dirigida a las siguientes autoridades: Dr. Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nombramiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 4°, 7° y 8° de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Lic. Jesús Valdés Peña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Nombramiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 fracción VI, 16, 17 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Lic. Laura Velázquez Alzúa, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Nombramiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 fracción III y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Nombramiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 87 párrafo primero del Estatuto de Gobierno; 2°; 15 fracción XIII, último párrafo; y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 7, fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

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Lic. Agustín Torres Pérez, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc. Titular del órgano político administrativo de esa demarcación territorial, en términos de lo dispuesto en los artículos 122 apartado C, Base Tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en adelante Constitución]; artículos 104 y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 2, 10 fracción IV, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Lic. Alejandro Rafael Piña Medina, Jefe Delegacional en Venustiano Carranza. Titular del órgano político administrativo de esa demarcación territorial, en términos de lo dispuesto en los artículos 122 apartado C, Base Tercera, fracción II, de la Constitución; artículos 104 y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 2, 10 fracción IV, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se informó a las y los peticionarios y agraviados relacionados con la presente Recomendación, que por ley sus datos personales no son públicos y que en consecuencia permanecerán confidenciales, salvo solicitud expresa para que, en la medida de lo necesario tal información se publique. Por así convenir a sus intereses, las y los peticionarios y las y los agraviados decidieron que sus datos personales fueran confidenciales, a excepción de los datos del anterior y del actual director de la organización peticionaria “El Caracol, A.C.”, a saber, José Martín Pérez García y Luis Enrique Hernández, respectivamente. A las y los demás agraviados y al peticionario que solicitaron la confidencialidad de sus datos personales se les nombrará como: “Peticionario A”, “Agraviado A”, “Agraviada B”, “Agraviado C”, “Agraviada D”, “Agraviado E”, “Agraviada F”, “Agraviada G”, “Agraviado H”, “Agraviado I”, “Agraviado J”, “Agraviado K”, “Agraviado L”, “Agraviado M”, “Agraviado N”, “Agraviada O”. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Interno de la CDHDF, se procede al desarrollo de cada uno de los rubros que constituyen la presente Recomendación:

I. Relatoría de hechos I.1. El día 18 de mayo de 2009 una Visitadora Adjunta de esta Comisión se presentó en las instalaciones de “El Caracol, A.C.”, con la finalidad de tomar el testimonio de poblaciones callejeras cuyo grupo se ubica en las calles de Humboldt y Artículo 123 en la zona Centro de la Ciudad de México, auto-denominado “Grupo Juárez” [en adelante “Grupo Juárez”], en dicha ocasión entrevistó a 7 personas. En el Acta Circunstanciada que se levantó2 se asentó que sustancialmente manifestaron lo siguiente: […] la madrugada del 16 de mayo de 2009, se presentaron al lugar donde pernoctan, dos camionetas a bordo de las cuales se encontraban varias personas vestidas de civil quienes comenzaron a golpearlos e insultarlos y sin decirles el motivo, subieron a esos vehículos a [varias personas, por lo menos cuatro]. [...] Todas las Actas Circunstanciadas están sustentadas en el artículo 25 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 2

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Asimismo, refieren que junto con las camionetas llegó la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal número P2315, a bordo de la cual iban dos policías que les gritaban a las personas de las camionetas: que se los llevaran. […] Después de que se los llevaron de la calle de Humboldt, los trasladaron a un anexo llamado “Don Dios” (sic) en dicho lugar los golpearon, amarraron y bañaron con agua fría. […] [Algunos de los detenidos continuaban en el anexo] Finalmente refirieron los entrevistados que, después de estos hechos, los policías que abordan las patrullas P2315 y P2312 han pasado por la calle de Humboldt y les gritan: “pinches marihuanos borregas”, lo que les hace temer por su integridad ya que los amenazaron con volver al lugar y temen que se sigan vulnerando sus derechos humanos. 3

I.2. Por los hechos manifestados y al desprenderse de éstos probables violaciones a los derechos humanos de diversas poblaciones callejeras, esta Comisión registró el expediente de queja número CDHDF/III/122/CUAUH/09/D3213. I.3. El día 19 de mayo de 2009, una Visitadora Adjunta de esta Comisión estableció comunicación vía telefónica con personal de “El Caracol, A.C.” quien, de acuerdo con el Acta Circunstanciada que al respecto se levantó, manifestó lo siguiente: […] que es de su interés hacer saber que el día de ayer por la noche [18 de mayo de 2009] se presentó una camioneta al parecer de Obras y Servicios Públicos de la Delegación Cuauhtémoc, sin tener más datos de identificación, en la calle Humboldt y Artículo 123 de la colonia Centro, donde pernoctan los del […] Grupo Juárez; y el día de hoy los amenazaron con volver por ellos para llevárselos. Agrega que las patrullas que han sido asignadas para la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, actúan de forma violenta, que incluso las pipas de agua que acuden a limpiar la zona riegan el agua sin importar que se encuentren las poblaciones callejeras.4

I.4. El 26 de mayo de 2009, en seguimiento a la investigación por la presunta violación a los derechos humanos de poblaciones callejeras, Visitadores Adjuntos de esta Comisión se constituyeron en las oficinas de “El Caracol, A.C.” en donde se entrevistaron con el director de dicha asociación quien, de acuerdo con el Acta Circunstanciada5 que al respecto se levantó, manifestó lo siguiente: Que [él] trabaja con “grupos callejeros” (sic), para los hechos que nos ocupan el grupo vulnerable es el que regularmente se ubica en la calle Humboldt y Artículo 123, en el Centro de esta Ciudad. […] la problemática consiste en que existe una relación entre los anexos y las autoridades delegacionales, quienes contratan a éstos. […] [A pregunta expresa manifestó que] se entiende por anexo “una entidad privada que recluye a personas en contra de su voluntad por el hecho de vivir en la calle, ingerir alcohol y suministrarse drogas; el motivo por el que los privan de su libertad supuestamente es para rehabilitarlos, para lo cual [se] utiliza[n] métodos no profesionales o no [se] utiliza[n] métodos, [se] actúa en un contexto de amenazas, malos tratos, uso de la fuerza, castigos y hasta tortura, sin que [se] cuente con supervisión del Estado”. […] el 25 de mayo de 2009 por la noche, [él] se presentó en el anexo denominado “Los Elegidos de Dios” mismo que se ubica en la colonia Jardines de San Lorenzo, Delegación Iztapalapa […]. Ahí [fue atendido por] dos personas […] a quienes explicó que trabaja con población callejera siendo la primera reacción de dichas personas asegurar que estaban “amparados” y que trabajaban con la Delegación que incluso cuando hay eventos ellos “limpiaban la zona”. Asimismo le señalaron que trabajaban con “las Véase Anexo. Evidencia número 1. Acta Circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de la CDHDF. 4 Véase Anexo. Evidencia número 2. Acta Circunstanciada de llamada telefónica de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 5 Véase Anexo. Evidencia número 4. Acta Circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2009, de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 3

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diferentes territoriales” en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y que incluso la Delegación les hablaba una vez que tenía a las personas detenidas y entonces llegaba personal del anexo a quienes les eran entregadas dichas personas […]. Posteriormente pidió [a los encargados del lugar] hablar con los jóvenes “recluidos”, [una de las personas encargadas del lugar] le insistía [al personal de “El Caracol, A.C.”] que no se llevara a los jóvenes, fue entonces que le solicitó el nombre de la persona de la Delegación con la que trabajaban pero se negó a ello, además sostenía en su mano un documento al que hacía referencia como si contuviera información relacionada con el acuerdo que tiene con las autoridades delegacionales; sin embargo cuando pidió que se lo mostrara, dicha persona se negó. Finalmente sí pudo hablar con algunos de los jóvenes recluidos e incluso lograr que algunos de ellos lo acompañaran a las instalaciones de su Asociación. […] en relación a los acontecimientos pudo enterarse de que la patrulla P 2315 de la SSPDF estuvo relacionada. […] posterior a los eventos, una mujer policía a cargo de la patrulla P2311 se presentaba en el lugar donde cohabitan los y las jóvenes a insultarlos. […]

En dicha diligencia los Visitadores Adjuntos de este Organismo entrevistaron a tres personas más, quienes pertenecen a poblaciones callejeras y que el día 16 de mayo fueron trasladas al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” en contra de su voluntad. Manifestaron que al momento de que fueron detenidos de manera ilegal, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal [en adelante SSPDF o Secretaría de Seguridad Pública] presenciaban los hechos sin hacer nada para impedirlos. Igualmente, informaron que en dicho “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” fueron sometidos a golpes. I.5. El 23 de julio de 2009, Visitadores Adjuntos de este Organismo acudieron a las calles de Humboldt y Artículo 123, en la colonia Centro, en dónde entrevistaron a poblaciones callejeras quienes entre otras cosas refirieron haber sido agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes los trasladaron a la Delegación Cuauhtémoc, en donde estuvieron aproximadamente media hora, que posteriormente los pusieron en libertad, amenazándolos con “prenderlos con gasolina” si los veían en el lugar en el que pernoctan ese día por la noche. Manifestaron su temor ya que esas patrullas de la SSPDF habían circulado, posterior a los hechos, por la calle de Artículo 123.6 I.6. El día 08 de junio de 2010, compareció ante esta Comisión el Director de “El Caracol, A.C.” quien manifestó que el día anterior, [07 de junio de 2010] se presentó en las instalaciones de dicha asociación una persona que dijo ser miembro de la asociación “Alerta Ciudadana”, quien solicitó ayuda para retirar a los jóvenes del grupo callejero ubicado en calle Artículo 123 y Humboldt. Dicha persona refirió al peticionario que personas con poder económico estaban dispuestas a realizar acciones violentas contra ese grupo de población callejera y que, incluso, al no retirarse del lugar en donde se asientan se exponían a aparecer muertos.7 1.7. A raíz de los hechos anteriormente descritos, en su oportunidad esta Comisión solicitó a las autoridades competentes la adopción de medidas precautorias para salvaguardar la vida e

Véase Anexo. Evidencia número 11. Acta Circunstanciada de diligencia, de fecha 23 de julio de 2009, de la que dan fe Visitadores Adjuntos de ésta Comisión. 7 Véase Anexo. Evidencia número 43. Acta Circunstanciada de comparecencia del peticionario, de fecha 08 de junio de 2010, de la que da fe un Visitador de esta Comisión 6

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integridad personal de las y los jóvenes integrantes del “Grupo Juárez”, así como del personal de “El Caracol, A.C.”.8 1.8. Avanzada la investigación realizada por esta Comisión, a partir de la revisión de la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos que ocurrieron en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, se presumió la violación a los derechos humanos de personas que trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto del Distrito Federal [en adelante Central de Abasto] por parte de servidores públicos de la Dirección General de dicha Central, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. 9 1.9. Igualmente, avanzada la investigación y de acuerdo con las constancias del expediente de queja, esta Comisión presumió que autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social omitieron realizar acciones a fin de evitar la vulneración de los derechos humanos de integrantes del “Grupo Juárez” que fueron trasladados al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. II. Competencia de la CDHDF para la investigación de los hechos La institución del Ombudsman, como lo es la CDHDF, es medio alterno de solución de controversias que se susciten entre el Estado y los particulares cuando los representantes del primero violen los derechos humanos de los segundos. Su competencia está determinada en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en adelante Constitución]. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los derechos humanos de los habitantes de esta Ciudad. Por lo anterior, le corresponde a esta Comisión, como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, establecer si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Distrito Federal. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la CDHDF no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo examen de esta Comisión. Por lo que con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución, en los artículos 2 y 3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;10 en el artículo 11 de su

Solicitudes de medidas precautorias dirigidas a la SSPDF de fechas 23 de enero, 18 de mayo, 23 de julio, 15 de septiembre y 10 de diciembre de 2009; 8 de junio de 2010 y 6 de septiembre de 2011; dirigidas además a la Delegación Cuauhtémoc en fecha 19 de mayo de 2009 y al Instituto de Asistencia e Integración Social el 15 de junio de 2010. 9 Véase Anexo. Evidencia número 37. Acta Circunstanciada de revisión de averiguación previa, de fecha 11 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 10 El artículo 2 establece como objeto de la CDHDF, la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como el combate a toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. El artículo 3 dispone que el organismo será “competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito Federal.” 8

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Reglamento Interno;11 así como en la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de París,12 este Organismo tiene competencia: En razón de la materia –ratione materia-, debido a que de los hechos relatados por los peticionarios y las y los agraviados esta Comisión presumió la violación a los derechos a la libertad y seguridad personales, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, al debido proceso, así como a los derechos de la infancia y al derecho a no ser sometida/o a trata de personas, en agravio de diversas poblaciones callejeras. En razón de la persona –ratione personae-, ya que las violaciones a los derechos humanos fueron atribuidas a servidores públicos del Distrito Federal, adscritos a la SSPDF, a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal [en adelante SEDESO o Secretaría de Desarrollo Social], a la Dirección General de la Central de Abasto [en adelante DGCA], perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, a las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal [en adelante PGJDF o Procuraduría]. En razón del lugar –ratione loci-, porque los hechos ocurrieron en el territorio del Distrito Federal. En razón de tiempo –ratione temporis-, en virtud de que los hechos violatorios de derechos humanos atribuidos a los funcionarios públicos, mencionados supra, sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo.

III. Procedimiento de investigación III.1. Una vez establecidos los hechos y la competencia de este Organismo para la investigación de los mismos, a fin de documentar el caso, se plantearon como hipótesis de trabajo las siguientes: III.1.1 Autoridades de la SSPDF fueron omisos en cuanto a proteger a los integrantes del “Grupo Juárez” así como a poblaciones callejeras que trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto, con lo cual violaron el principio de legalidad y el deber de protección, en perjuicio de dichas personas. III.1.2. Autoridades de la SSPDF al permitir y fomentar que integrantes del “Grupo Juárez” así como poblaciones callejeras que trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto fueran trasladadas en contra de su voluntad al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, violaron sus derechos a no ser sometidas/os a trata de personas, a la libertad y seguridad personales, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, así como el principio de legalidad. De acuerdo con el cual: “[l]a Comisión conocerá de actos u omisiones de naturaleza administrativa que constituyan presuntas violaciones a derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor (a) público (a) [del Distrito Federal].” 12 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos [Principios de París], que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia [Apartado A, punto 3, inciso b]. 11

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III.1.3. La SSPDF, la SEDESO, la Delegación Cuauhtémoc y la Delegación Venustiano Carranza, violaron el derecho al acceso a la justicia y el principio de legalidad, en perjuicio de personas pertenecientes a poblaciones callejeras que fueron trasladadas en contra de su voluntad al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, en virtud de que aunque tenían conocimiento de los hechos, no los notificaron a la autoridad competente. III.1.4. Autoridades de la Delegación Cuauhtémoc realizaron actos de molestia en contra de los integrantes del Grupo Juárez, con los que violaron los derechos a la Igualdad y no discriminación. III.1.5. Autoridades de la Delegación Venustiano Carranza violaron el derecho a la libertad y seguridad personales, así como a la integridad personal en contra de la población callejera que se establece a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). III.1.6. La DGCA, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, violó el derecho a la igualdad y no discriminación y a la libertad y seguridad personales, al omitir realizar las acciones conducentes al tener conocimiento del problema que se suscitaba con personas trabajadoras con problemas de adicciones que eran trasladadas en contra de su voluntad al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. III.1.7. La PGJDF violó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que fueron trasladadas en contra de su voluntad al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” y sometidos a trata de personas, al no realizar la investigación de los hechos de manera diligente. III.2. Para documentar dichas hipótesis se realizaron, entre otras, las acciones siguientes: III.2.1. Solicitud de adopción de medidas precautorias y requerimientos de información a las siguientes autoridades, respectivamente:  Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal  Delegación Cuauhtémoc  Delegación Venustiano Carranza  Dirección General de la Central de Abasto  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Una vez recibidos los informes por parte de las autoridades antes mencionadas, fueron analizados y valorados por esta Comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de su Reglamento Interno.

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III.2.2. Testimonios: Se recabaron diversos testimonios de personal de “El Caracol, A.C.”, así como de poblaciones callejeras integrantes del “Grupo Juárez” y del grupo que se establece afuera de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). III.3. Revisión del expediente de averiguación previa y la posterior causa penal que fueron abiertos con motivo de los hechos investigados. III.4. Consulta de documentos, recomendaciones e informes sobre el seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios relacionados con poblaciones callejeras, todos ellos de esta Comisión. III.5. Revisión de documentos, observaciones e informes de organismos internacionales sobre estándares en materia de derechos humanos. IV. Evidencia13 Esta Comisión recabó la siguiente evidencia, la cual da sustento a la motivación de la presente recomendación: 1. 2. 3. 4. 5.

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Acta Circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de la CDHDF. Acta Circunstanciada de llamada telefónica de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección ocular de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. Acta Circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. Copia simple del oficio DEPC/4TA/1212/09 de fecha 29 de mayo de 2009, suscrito por el Segundo Oficial Méndez Betancourt Elfego, Director de la Cuarta Unidad de Protección Ciudadana “Alameda” de la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante Oficio DGDH/6086/2009 de fecha 10 de junio de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de la misma Secretaría. Bitácora de Servicio remitida a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha del 21 de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPDF. Parte Informativo de fecha 16 de mayo de 2009 suscrito por los policías 723317 Reséndiz Zamorano José M. y 824606 Trujillo Sarabia Verónica tripulantes de la unidad P2307 pertenecientes a la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha del 21 de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría. Parte Informativo de fecha 16 de mayo de 2009 suscrito por los policías 824586 López Palacios José Guadalupe y 828740 Arteaga Tavera Tomás tripulantes de la unidad P2315 pertenecientes a la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de

La evidencia se encuentra detallada en el documento denominado Anexo. 9

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fecha del 21 de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría. Oficio JUDEL/455/2009 con fecha del 27 de mayo de 2009, dirigido a esta Comisión, suscrito por la Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc. Escrito de fecha 1° de junio del 2009, suscrito por representantes de las Asociaciones Civiles “Red por los Derechos de la Infancia en México” y “El Caracol A.C.”, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la entonces Jefa Delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza. Acta Circunstanciada de diligencia de fecha 23 de julio de 2009, de la que dan fe Visitadores Adjuntos de ésta Comisión. Nota informativa de fecha 11 de septiembre de 2009, suscrita por una prestadora de servicios profesionales de esta Comisión. Nota informativa de fecha 15 de septiembre de 2009, suscrita por una prestadora de servicios profesionales de esta Comisión. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado a [la agraviada “G”], por personal médico de esta Comisión. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado [al agraviado “K”], por personal médico de esta Comisión. Acta Circunstanciada de fecha 3 de diciembre de 2009, de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 10 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 10 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. Acta Circunstanciada de reunión con autoridades de fecha 15 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión, a la cual asistieron Juan Martín Pérez García, de la asociación civil “El Caracol, A.C.”; el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, y el licenciado Mariano D. Mora Hernández, Director General de Derechos Humanos, ambos de la PGJDF; y Visitadores Adjuntos de esta Comisión. Acta Circunstanciada de fecha 15 de diciembre de 2009, firmada por la Agente del Ministerio Público licenciada Fátima Monter Solís y por el Oficial Secretario licenciado Gilberto Santino Rosado, en la que comparece Juan Martín Pérez García, entonces Presidente de “El Caracol, A.C.”, acompañado de Visitadores Adjuntos de esta Comisión. Orden particular de la Cuarta Unidad de Protección Ciudadana “Alameda” de la SSPDF, comunicada del 12 al 13 de diciembre de 2009, remitida a esta Comisión mediante oficio DGDH/12215/2009 del 14 de diciembre de 2009, suscrito por la Directora General de Derechos Humanos de la SSPDF. Acuse del oficio 3-23883-09 de fecha 16 de diciembre de 2009 de esta Comisión, mediante el cual se remiten copias certificadas del expediente de queja a la PGJDF. Oficio CGAC-073863-09 de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por la Coordinadora General de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Ramírez Anaya, dirigido a esta Comisión. Oficio JUDEL/255/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por Arturo Pradel García, Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido a esta Comisión.

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25. Acuerdo de la Delegación Cuauhtémoc de fecha 5 de octubre de 2009, que recayó al escrito de fecha 1° de junio de 2009 de la asociación civil “El Caracol, A.C.” y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”. 26. Oficio DG/1086/2009, de fecha 17 de diciembre de 2009, suscrito por el licenciado César Cravioto Romero, Director General del Instituto de Asistencia e Integración Social, dirigido al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, remitido a esta Comisión mediante oficio SDS/SP/633/09. 27. Oficio DGDH/12462/2009, de fecha 21 de diciembre de 2009, suscrito por la Directora General de Derechos Humanos de la SSPDF, dirigido a esta Comisión, en el que se adjunta copia del Oficio DGREVP/18UPC/1333/08-09, del 5 de agosto de 2009, suscrito por el Primer Oficial José Rodrigo Analco Salinas, Jefe de la Unidad Departamental de Operación de Parquímetros e Inmovilizadores de la SSPDF. 28. Oficio DREVP/UA/06609/2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por Jorge Alfredo Velazco Barajas, Director de Transportes de la SSPDF, dirigido a la Directora General de Derechos Humanos de la misma Secretaría, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/12462/2009, de fecha 21 de diciembre de 2009. 29. Copia simple de una carta de los vecinos de Humboldt y Artículo 123 en el Centro Histórico, dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 30. Diversas actas de inicio de Averiguaciones Previas por delitos cometidos en contra personas del “Grupo Juárez”. 31. Copia simple del oficio JUDSI/20/09 de fecha 27 de noviembre de 2009, suscrito por la licenciada Andrea Hernández Bringas, Responsable del Programa de Jornadas Callejeras del Instituto de Asistencia e Integración Social, dirigido a esta Comisión mediante oficio SSDS/SP/633/09 de fecha 18 de diciembre de 2009, suscrito por el licenciado José Luis Santos Calderón, Secretario Particular del Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. 32. Censo de poblaciones callejeras de la Ciudad de México “Tu también cuentas” 2008-2009, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social [en adelante IASIS]. 33. Oficio D.E.P.C./4TA/UCA/3464/2009 de fecha 23 de diciembre de 2009, dirigido a la doctora María Elena Alegría Escamilla, Directora General de Derechos Humanos de la SSPDF, suscrito por el Segundo Oficial Méndez Betancourt Elfego, Director de la Cuarta Unidad de Protección Ciudadana “Alameda”. 34. Acta Circunstanciada de fe de reunión con personal de la PGJDF de fecha 15 de diciembre de 2009; da fe de dicha reunión una Visitadora Adjunta de esta CDHDF. 35. Acta Circunstanciada de fe de reunión con personal de la PGJDF, de fecha 15 de diciembre de 2009; da fe de dicha reunión una Visitadora Adjunta de esta CDHDF. 36. Acta Circunstanciada de diligencia de fecha 16 de diciembre de 2009; da fe de dicha reunión una Visitadora Adjunta de esta CDHDF. 37. Acta Circunstanciada de revisión de averiguación previa de fecha 11 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 38. Acta Circunstanciada de comparecencia de peticionario de fecha 2 de febrero de 2010, de la que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo. 39. Copia del oficio 101/DGICFD/15/10-1 de fecha 9 de enero de 2010, suscrito por el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/503/T3/0154/01-2010 del 15 de enero de 2010,

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suscrito por el Agente del Ministerio Público responsable del Tercer Turno, Alejandro León López. Copia del oficio sin número de fecha 15 de enero de 2010, suscrito por la Titular de la Unidad Investigadora B-1 de la PGJDF, dirigido al entonces Encargado de la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante Oficio DGDH/503/T3/0184/01-2010 con fecha 18 de enero de 2010, suscrito por el Oficial Secretario del Ministerio Público Cuauhtémoc Morales. Escrito de fecha 5 de febrero de 2010, dirigido al Director de IASIS, suscrito por Luis Enrique Hernández, Director de “El Caracol A.C.” Copia del oficio sin número de fecha 18 de mayo de 2010, suscrito por Fredi Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, dirigido al Director de Derechos Humanos de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1340/2010-05 de fecha 24 de mayo de 2010, firmado por el Director de Seguimiento de esa Procuraduría. Acta Circunstanciada de comparecencia de peticionario, de fecha 8 de junio de 2010, de la que da fe un Visitador Adjunto de esta Comisión. Escrito de fecha 8 de junio de 2010, firmado por representantes de las siguientes organizaciones: “Red por los Derechos de la Infancia en México”, Oficina de Defensoría de la Infancia y “El Caracol, A.C.”, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Procurador General de Justicia del Distrito Federal; al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal; al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc y al Director General del IASIS. Oficio DG/772/10 de fecha 17 de junio de 2010, suscrito por el Director General del IASIS, dirigido a esta Comisión. Oficio DG/987/10 de fecha 30 de julio de 2010, suscrito por el Director General del IASIS, dirigido a esta Comisión. Copia del oficio número DGDH/DSQR/503/1713/2010-06 de fecha 24 de junio de 2010, suscrito por el Director de Seguimiento a Propuestas de Conciliación y Recomendaciones de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1748/2010-06 de fecha 25 de junio de 2010, suscrito por dicho Director. Copia del oficio DGPC/SPCyPD/SSP/1480/2010, suscrito por José de Jesús Rodríguez, Director General de Participación Ciudadana de la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/9222/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito por el Subdirector para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPDF. Copia del oficio DEPC/4ª/1818/2010 de fecha 27 de octubre de 2010, suscrito por el Subinspector Bernal Gutiérrez Ángel, Responsable de la Cuarta Unidad de Protección Ciudadana “Alameda”, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/10257/2010 de fecha 31 de octubre de 2010, firmado por el Subdirector para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPDF. Copia de nota informativa del IASIS, de fecha 20 de mayo de 2011, suscrita por Edna Karina García Romero, Responsable de Jornadas Callejeras del IASIS; remitida a esta Comisión mediante oficio SNAJDH/051/2011 de fecha 1° de junio de 2011, suscrito por la Subdirectora de Normatividad y Apoyo Jurídico del IASIS. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección al expediente de averiguación previa iniciada con motivo de los hechos ocurridos en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, de fecha 24 de mayo de 2011; da fe de dicha diligencia un Visitador Adjunto de esta Comisión.

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52. Acta Circunstanciada de llamada telefónica de fecha 6 de septiembre de 2011, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 53. Copia del oficio sin número de fecha 12 de septiembre de 2011, suscrito por el Agente de la Policía de Investigación Gustavo Jiménez Vázquez, remitido a esta Comisión mediante el oficio DGDH/503/T2/0992/09/2011 de fecha 14 de septiembre de 2011, firmado por la Directora General de Derechos Humanos de la PGJDF. 54. Oficio MX-GDF01-SEDE04-5-01/2927/11 de fecha 29 de septiembre de 2011, dirigido a esta Comisión, suscrito por la licenciada Gabriela Patricia Martínez Vargas, Directora Jurídica de la DGCA. 55. Parte de novedades de fecha 28 de mayo de 2009, dirigido al Subinspector José Antonio Salas Juárez, Comandante del 68° Agrupamiento de la Policía Auxiliar de la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio MX09-GDF01-SEDE04-5-01/2927/11 de fecha 29 de septiembre de 2011, suscrito por la Directora Jurídica de la DGCA. 56. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado, de fecha 31 de octubre de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo. 57. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviada, de fecha 31 de octubre de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo. 58. Oficio 3.212211-11 de fecha 14 de noviembre de 2011, dirigido a esta Comisión, suscrito por Carmen Zaragoza González, Directora de Promoción Social y Educativa de la Delegación Venustiano Carranza. V. Motivación y fundamentación V.1. Motivación V.1.1. Antecedentes No es ajena a esta Comisión la problemática que viven las poblaciones callejeras, es así que el 25 de septiembre de 2009 emitió la Recomendación 23/2009, derivada de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio, entre otros, de algunas poblaciones callejeras ubicadas en las calles de Artículo 123 y Humboldt.14 De igual manera, esta Comisión se refirió a hechos de maltrato al interior de lugares denominados “granjas”, “anexos” o centros de readaptación para las adicciones de los que fueron víctimas algunas de las personas consideradas como agraviadas en dicha Recomendación. Por lo anterior, esta Comisión recomendó a las Jefaturas Delegacionales en Venustiano Carranza y en Cuauhtémoc, así como a la SSPDF lo siguiente: A las Jefaturas Delegacionales en Venustiano Carranza y en Cuauhtémoc: PRIMERA. Se capacite a sus mandos medios y superiores sobre los derechos de las poblaciones callejeras, en los que se enfatice la importancia del respeto a su dignidad humana.

El estado de cumplimiento de ese punto recomendatorio, es parcialmente cumplido para la Delegación Cuauhtémoc y no cumplido para la Delegación Venustiano Carranza.

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CDHDF. Recomendación 23/2009, casos 4 [apartado 1.5], 5 [apartado 1.6], 8 [apartado 1.9] y 9 [apartado 1.10]. 13

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SEGUNDA. Se implementen políticas, acciones o convenios con las instituciones de carácter civil, así como con instituciones gubernamentales en los que se establezcan lineamientos encaminados a la protección y dignificación de la población infantil y juvenil callejera, donde se abran espacios en los que éstos puedan hablar de sus necesidades, y con base en ellas se establezcan parámetros para brindar una atención integral a la situación que enfrentan (familiar, socioafectiva, etcétera).

Este punto recomendatorio no ha sido cumplido por ninguna de las dos autoridades. TERCERA. Realizar una revisión y evaluación desde un enfoque de derechos humanos de los actuales planes y programas que se llevan a cabo en el Distrito Federal y que son dirigidos a las poblaciones callejeras, ello con apoyo de organizaciones de la sociedad civil e incorporando a la misma población callejera, se implementen o rediseñen dichos programas de atención y prevención integrales con enfoque de derechos humanos y de género. En tal sentido, lo establecido tanto en el Diagnóstico como en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrían ser guías importantes para la consecución de tal objetivo.

Este punto recomendatorio no ha sido cumplido por ninguna de las autoridades. A la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: CUARTA. Se garantice que los servidores públicos que acudan a brindar apoyo a otras autoridades para llevar a cabo recorridos u operativos, se abstengan de cometer actos indebidos y arbitrarios en contra de las poblaciones callejeras. Estos servidores públicos, al contar con orden de autoridad legalmente expedida o se esté en presencia de hechos probablemente ilícitos en flagrancia, se garantice la legalidad de sus actuaciones; así como la integridad psicofísica de los agraviados, poniéndoles de inmediato a disposición de las autoridades responsables para la investigación correspondiente.

Este punto recomendatorio se tiene como cumplido en su totalidad. A las tres autoridades relacionadas: QUINTA. Se impartan cursos de capacitación o profesionalización respecto de obligaciones de las y los servidores públicos en el tema de los derechos humanos, con énfasis del respeto a la integridad personal (obligación de no cometer actos inhumanos, crueles o degradantes), a la libertad y seguridad personales y a los derechos de la niñez. En tales cursos se deberá enfatizar la importancia del respeto a la dignidad humana no sólo en relación con la población en general, sino incluyendo en ella a la población callejera. Dichos programas incentivarán la participación de organizaciones de la sociedad civil, en los que se aborden al menos, los siguientes elementos: i) poblaciones callejeras desde una mirada sociológica; ii) legislación internacional, nacional y local respeto a los derechos humanos de las poblaciones que forman parte de la población callejera; iii) mecanismos de defensa jurídica y programas de políticas públicas, indicadores de monitoreo y evaluación; y iv) participación y organización de las poblaciones callejeras.

Este punto recomendatorio se tiene como no cumplido para la Delegación Venustiano Carranza y como parcialmente cumplido para la Delegación Cuauhtémoc y la SSPDF. V.1.2. Sobre las agresiones en contra de integrantes del “Grupo Juárez” posteriores a la emisión de la Recomendación 23/2009 y el traslado, en contra de su voluntad a un “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, de algunos integrantes de dicho Grupo y de personas en situación de calle en las inmediaciones de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) Como quedó asentado en el apartado “I. Relatoría de hechos”, el 18 de mayo de 2009, esta Comisión tuvo conocimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de integrantes del “Grupo Juárez” quienes manifestaron que, la madrugada del día 16 de 14

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mayo, en el lugar donde pernoctan, se presentaron varias personas a bordo de dos camionetas que comenzaron a golpearlos e insultarlos, subieron a cuatro de ellos a las camionetas y se los llevaron a un “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Algunos y algunas entrevistadas por visitadoras/es adjuntas/os de esta Comisión manifestaron que elementos policíacos a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública presenciaron los hechos sin que hicieran algo al respecto,15 al contrario, de las declaraciones se desprende que estaban a favor del trato que se les daba a las y los jóvenes en cuanto a la remisión al denominado “anexo”. De las declaraciones de los jóvenes trasladados al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” se desprende que éstos fueron sometidos a trata de personas y malos tratos.16 Entre otras cosas, fueron sometidos por personal de dicho “anexo” a golpes y baños con agua fría, además fueron obligados a hacer sus necesidades fisiológicas en un bote que sólo vaciaban cuando se llenaba; les proporcionaba comida en mal estado y les propinaba castigos físicos si no hacían lo que les decían los encargados del lugar, a quienes nombran “padrinos”.17 Asimismo, a algunos de ellos los mantenían elaborando cajas de cartón o pinzas de ropa durante lapsos excesivos, sin que recibieran salario alguno por dicho trabajo. Sobre la participación de servidores públicos durante las detenciones de algunos de los integrantes del “Grupo Juárez”, se acreditó, derivado de la evidencia con la que cuenta esta Comisión, que hubo participación de elementos de la SSPDF, particularmente de los tripulantes de la patrulla P2315. Lo anterior se desprende de las contradicciones entre el parte informativo que dan los tripulantes de la patrulla P2315 y los de la patrulla P2307, esta última es la que acude a auxiliar a las y los integrantes del Grupo Juárez tras los hechos ocurridos. A continuación se transcriben dichos partes informativos: A) […] siendo aproximadamente 01:50 circulábamos a bordo de la autopatrulla P2315 sobre la calle de Humboldt esquina con artículo 123 de la colonia Centro nos percatamos que varias personas gritaban y al acercarnos nos indican que 2 camionetas se habían llevado a varias personas que se encuentran viviendo en la vía pública. dándonos (sic) a la tarea de buscar las camionetas que se retiraron sobre Balderas no encontrando nada y regresando al lugar para más datos el cual se acercan las demás personas que viven en la vía pública y nos dan una tarjeta q (sic) dice AA Hospital Sto, (sic) Tomas Calle Cuauhtémoc No. 157 Col Jardines de San Lorenzo. Y al estar pidiendo más datos varias (sic) personas del sexo masculino y femenino nos empiezan a agredir verbalmente diciéndonos que éramos unos pendejos y que no servíamos pa (sic) nada que porque no los encontramos y empezaron a patear la unidad el cual preferimos retirarnos para evitar alguna confrontación con las personas ya mencionadas […] B) […] siendo aproximadamente las 02:12 a.m. del día de la fecha al circular a bordo de la Unidad P23-07 sobre Av. Balderas casi esquina con Artículo 123 se nos acerca una persona del sexo masculino […] quien manifestó que minutos antes en la Calle de Artículo 123 esquina con Humboldt al estar durmiendo con varias poblaciones callejeras arribaron al lugar dos camionetas una color gris y otra roja descendiendo varias personas mismas que subieron a golpes a cuatro de sus Véase Anexo: 1.- Evidencia número 1. Acta Circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de la CDHDF. 2.- Evidencia número 3. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección ocular de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 3.- Evidencia número 4. Acta Circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 16 Ídem. 17 Véase Anexo: 1.- Evidencia número 17. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado de fecha 10 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo. 2.- Evidencia número 18. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado de fecha 10 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 15

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compañeros ignorando el motivo y a dónde se los llevaban no proporcionando datos de los vehículos, placas ni características de las personas. Prestándoles todo el apoyo reportando de inmediato a la base de radio los vehículos para su rápida radiación a todas las Unidades y posible detención informándole al Cte. en turno y recorriendo la zona que nos corresponde y siendo negativo (sic) la ubicación de dichos vehículos […]18

El 2 de febrero de 2010, en comparecencia ante este Organismo, uno de los agraviados que fue trasladado al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” manifestó a una Visitadora Adjunta de esta Comisión que una persona de nombre Sandra Barrón, quien supuestamente fungía como servidora pública de la Delegación Venustiano Carranza, en compañía de policías de la SSPDF y de personal de dicho “anexo”, fueron quienes lo trasladaron a éste.19 Para reforzar lo anterior, cabe señalar que el día 25 de mayo uno de los peticionarios de “El Caracol A.C.” manifestó a esta Comisión que acudió a las instalaciones del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” en donde se entrevistó con dos personas, al parecer, encargados del lugar. A dicho del peticionario, “la primera reacción de dichas personas [fue] asegurar que estaban „amparados‟ y que trabajaban con la Delegación, que incluso cuando hay eventos ellos „limpiaban la zona‟. Asimismo, le señalaron que trabajaban con las diferentes coordinaciones territoriales en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y que incluso la Delegación les hablaba una vez que tenía a las personas detenidas y entonces llegaba personal del “anexo” a quienes les eran entregadas dichas personas 20. El peticionario manifestó que solicitó a las dos personas que parecían las encargadas del “anexo” hablar con los jóvenes “recluidos” y que una de estas personas le insistía en que no sacara de ahí a los jóvenes. El peticionario le solicitó el nombre de la persona servidora pública de la Delegación con la que trabajaban pero se negaron a proporcionarlo. Menciona el peticionario que una de las personas del “anexo” sostenía en su mano un documento al que hacía referencia como si contuviera información relacionada con el acuerdo que tiene con las autoridades delegacionales; sin embargo, cuando el peticionario pidió se lo mostrara, dicha persona se negó. Finalmente, sí pudo hablar con algunos de los jóvenes “recluidos” e incluso lograr que algunos de ellos lo acompañaran a las instalaciones de su asociación civil. En ese tenor, de las declaraciones del personal del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios, derivadas de la investigación realizada por personal de “El Caracol, A.C.”21, así como de la averiguación previa motivada por los hechos,22 se desprende la participación tanto de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como de la DGCA y la Delegación Cuauhtémoc.

Véase Anexo. Evidencia número 7. Parte Informativo de fecha 16 de mayo de 2009 suscrito por los policías 723317 Reséndiz Zamorano José M. y 824606 Trujillo Sarabia Verónica, tripulantes de la unidad P2307 pertenecientes a la SSPDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDF/4977/2009 de fecha del 21 de mayo de 2009, suscrito por la Subdirectora para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPDF. 19 Véase Anexo. Evidencia número 38. Acta Circunstanciada de comparecencia de peticionario de fecha 2 de febrero de 2010, de la que da fe una Visitadora Adjunta de este Organismo. 20 Véase Anexo. Evidencia número 4. Acta Circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 21 Ídem. 22 Véase Anexo. Evidencia número 51. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección al expediente de averiguación previa de fecha 24 de mayo de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de esta Comisión. 18

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El 31 de octubre de 2011, una persona callejera que pernocta en las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en comparecencia ante un Director de Área de este Organismo, manifestó que desde hace 5 meses vivía en la calle, pero que antes acompañaba a su mamá ya que vendía dulces en un puesto afuera de esa estación. Agregó que en varias ocasiones presenció cómo la funcionaria de la Delegación Venustiano Carranza, Sandra Barrón, llegaba acompañada de patrullas y de personal del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” quienes se llevaban por la fuerza a personas en situación de calle del sexo masculino a dicho “anexo”.23 Ese mismo día compareció ante esta Comisión uno de los agraviados quien manifestó ser una persona callejera desde hace 11 años y que pernocta en las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Refirió que fueron varias las ocasiones que pudo ver que Sandra Barrón llegaba al área afuera de dicha estación para que personal del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” se llevara a sus compañeros callejeros. Además, mencionó que en una ocasión lo llevaron al mismo “anexo”, a mediados del año 2009, en donde estuvo 3 meses. En dicho lugar sufrió tratos crueles y fue objeto de explotación laboral, aunado a que su familia tenía que pagar por su estancia.24 Manifestaron ambos comparecientes que a Sandra Barrón la reconocen como una persona “delgada, estatura aproximada entre 1.50 a 1.60 metros, color de piel moreno clara, se viste como “tipo licenciada”, trabaja en la Delegación Venustiano Carranza, tiene cabello lacio de tamaño medio, color castaño aunque en ocasiones se lo pintaba de rubio, con edad aproximada entre 30 y 35 años”. Sobre la participación de la funcionaria en los hechos motivo de la queja, el 14 de noviembre de 2011 se recibió oficio de la Delegación Venustiano Carranza, en el que afirma que el “Órgano Político no tenía convenio alguno con el anexo antes mencionado”. Asimismo, en atención a una solicitud de información de esta Comisión, solicitaron a la funcionaria Sandra Barrón que informe sobre los hechos que se le imputan.25 Por otro lado, el 19 de mayo de 2009 una Visitadora Adjunta de esta Comisión estableció llamada telefónica con un miembro de “El Caracol, A.C.” quien manifestó que el día 18 de mayo por la noche “se presentó una camioneta al parecer de Obras y Servicios Públicos de la Delegación Cuauhtémoc […] en la calle de Humboldt y Artículo 123 de la colonia Centro, donde pernoctan los del autodenominado “Grupo Juárez” y […] los amenazaron con volver por ellos para llevárselos.” 26 Agregó, que elementos policiacos abordo de patrullas de la SSPDF “actúan de manera violenta con las y los integrantes del Grupo [y] que incluso las pipas de agua que acuden a limpiar la zona riegan el agua, sin importar que [las y los] jóvenes se encuentren ahí.”27 Véase Anexo. Evidencia número 57. Acta Circunstanciada de diligencia de comparecencia de agraviada de fecha 31 de octubre de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de esta Comisión. 24 Véase Anexo. Evidencia número 56. Acta Circunstanciada de diligencia de comparecencia de agraviado de fecha 31 de octubre de 2011; da fe de dicha diligencia un visitador adjunto de esta Comisión. 25 Véase Anexo. Evidencia número 58. Oficio 3.212211-11 de fecha 14 de noviembre de 2011, dirigido a esta Comisión, suscrito por la Lic. Carmen Zaragoza González, Directora de Promoción Social y Educativa de la Delegación Venustiano Carranza. 26 Véase Anexo. Evidencia número 3. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección ocular de fecha 19 de mayo de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 27 Ídem. 23

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V.1.3. Sobre el conocimiento de las autoridades respecto de la privación de la libertad de personas pertenecientes a poblaciones callejeras en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” Esta Comisión el día 18 de mayo de 2009 y el 23 de julio de 2009 solicitó medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública, a favor de las y los integrantes del Grupo Juárez ya que algunos de ellos, como se menciona supra, fueron privados de su libertad en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Asimismo, el 19 de mayo de 2009 se solicitaron medidas precautorias a la Delegación Cuauhtémoc haciendo de su conocimiento los hechos. Por otro lado, las organizaciones “El Caracol, A.C.”, y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”, el 1° de junio de 2009, dirigieron un escrito al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la entonces Jefa Delegacional de Cuauhtémoc y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza. En dicho escrito las asociaciones manifestaron su preocupación por las acciones de “limpieza social” por parte de las mencionadas Delegaciones, en detrimento de los derechos humanos de poblaciones callejeras. En el escrito hacen del conocimiento de las autoridades los hechos acontecidos el 16 de mayo de 2009 en contra del Grupo Juárez. En el punto tercero de los petitorios de su escrito las organizaciones solicitaron a las autoridades “La intervención de la autoridad competente para garantizar la libertad y seguridad de dos jóvenes que aún permanecían en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. 28 Esta Comisión acreditó que la Secretaría de Desarrollo Social, el 11 de junio de 2009, tuvo conocimiento de los hechos, derivado de la canalización que realizó la Coordinación General de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Distrito Federal, del escrito antes citado de las organizaciones “El Caracol, A.C.” y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”.29 Con relación al IASIS, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante oficio de fecha 17 de junio de 2010, en respuesta a una solicitud de medidas precautorias de esta CDHDF, informó que desde el mes de octubre de 2009: [S]e inició el trabajo de forma cotidiana con el [G]rupo [Juárez] […] a través del Programa de Jornadas Callejeras que tiene como objetivo “lograr la inserción social, de los jóvenes en situación de calle, proporcionándoles conocimiento, herramientas y alternativas claras y prácticas, las cuales les ayudarán en la toma de decisiones con libertad y responsabilidad […]. Se brinda servicio de albergue de baño, traslado Punto-Albergue-Punto, ropa, servicio médico, psicológico y de trabajo social, tratamiento en adicciones, asesoría jurídica, apoyo para trámite de acta de nacimiento y CURP, gratuidad en salud, reinserción familiar y reinserción a lugar de origen. […] el tema de seguridad no está dentro de nuestras atribuciones, ello corresponde a la [SSPDF].

El IASIS, no obstante trabajar desde el mes de octubre con el Grupo Juárez, omitió dar aviso a las autoridades competentes a fin de que se investigaran los hechos por los que se privó de su libertad Véase Anexo. Evidencia número 10. Escrito de fecha 1° de junio del 2009, suscrito por representantes de las Asociaciones Civiles “Red por los Derechos de la Infancia en México” y “El Caracol, A.C.”, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la entonces Jefa Delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza. 29 Véase Anexo. Evidencia número 23. Oficio CGAC-073863-09 de fecha del 14 de diciembre de 2009, suscrito por la Coordinadora General de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Ramírez Anaya, dirigido a esta Comisión. 28

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a cuatro jóvenes que fueron remitidos al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”.30 Se desprende de lo manifestado por “El Caracol, A.C.” que el IASIS tenía conocimiento de que el multicitado “anexo” mantenía en sus instalaciones a gran número de poblaciones callejeras.31 Esta Comisión acreditó que la Delegación Cuauhtémoc tuvo como “no realizado” el escrito de fecha 1° de junio de 2009, en el que “El Caracol, A.C.” y la “Red por los Derechos de la Infancia en México” denunciaron diversos actos en agravio de los integrantes del Grupo Juárez. 32 Llama la atención que, en el oficio en el cual la Delegación dio respuesta a esta Comisión sobre el escrito de dichas asociaciones, la autoridad revierte la carga de la prueba a los peticionarios. Así, se acredita que funcionarios de la Delegación no dieron aviso a las autoridades competentes a pesar de que de los hechos narrados se desprendía la comisión de delitos graves y violaciones a los derechos humanos de un grupo que es considerado por la legislación del Distrito Federal como en situación de vulnerabilidad. V.1.4. Sobre el operativo para liberar a las personas que se encontraban en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” El 3 de diciembre de 2009, Visitadores Adjuntos de esta Comisión acompañaron a la Fiscalía Anti Secuestros de la PGJDF a un operativo al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, con motivo de una denuncia relacionada con personas indígenas a las cuales presuntamente se les había privado arbitrariamente de su libertad con fines de explotación laboral. En el Acta Circunstanciada que Visitadores Adjuntos de esta Comisión levantaron con motivo de la diligencia, se asentó lo siguiente: […] se llegó al lugar motivo del cateo –ubicado en Cuauhtémoc 157, Colonia Jardines de Alcatraces y Jardines de Amapolas en la Delegación Iztapalapa- alrededor de las 7:50 horas. A partir de la llegada al lugar se observó lo siguiente: No hubo oposición a que el personal de la Procuraduría capitalina entrara al domicilio. La persona que abrió la puerta, entregó las llaves del lugar. Primero entraron elementos de la Policía Judicial y una vez que se nos informó que “el asunto estaba controlado” al lugar entramos diversas personas, el personal ministerial, incluyendo peritos y personal de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito y [personal de la] Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En cada uno de los tres niveles del inmueble lo primero que hicieron fue preguntar si había personas menores de 18 años, adultos mayores y/o personas con golpes, con alguna discapacidad o alguna enfermedad. También se pidió apoyo para ubicar si sabían si alguno de sus compañeros no entendía el español o si hablaba alguna lengua indígena. Según sus respuestas fueron incorporados a grupos específicos y sentados para esperar indicaciones para salir del lugar. A la par, el personal de la Procuraduría les explicaba que la Procuraduría estaba en el lugar con motivo de una denuncia de maltrato, que no se asustaran y que estaban para auxiliarlos porque se les consideraban víctimas. Además, hicieron algunas preguntas generales de las circunstancias de llegada de las personas a dicho centro y sobre lo que hacían. Con dicha información comenzaron a separar a los que consideraban víctimas y aquellas personas que se consideraban probables responsables (que según la denuncia

Véase Anexo. Evidencia número 45. Oficio DG/772/10 de fecha 17 de junio de 2010, suscrito por el Director General del IASIS, dirigido a esta Comisión. 31 Véase Anexo. Evidencia número 41. Escrito de fecha 5 de febrero de 2010, dirigido al Director del IASIS, suscrito por Luis Enrique Hernández Director de “El Caracol, A.C.”. 32 Véase Anexo. Evidencia número 24. Oficio JUDEL/255/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, suscrito por Arturo Pradel García, Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido a esta Comisión. 30

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recibida, se distinguían porque éstos últimos calzaban zapatos o tenis, a diferencia de las víctimas, mismas que calzaban sandalias). También se les informó que todos serían llevados a las instalaciones de la Procuraduría Capitalina; que en ese lugar serían revisados por un médico para que certificara su estado físico y para que se les brindara la atención que, en su caso, requirieran. Se les informó que era necesario que cada persona rindiera su testimonio de forma libre y brindaran los datos de sus familiares con quienes quisieran establecer comunicación. Las personas pidieron ir al baño y en orden fueron pasando. También se les acompañó en orden para que fueran por chamarras. De la información general que proporcionaron las personas se obtuvo lo siguiente […]: a) Algunos son originarios de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Precisaron que fueron interceptados por una camioneta –decían vino o rojo- en la central de Abasto. Otros señalaron que fueron ingresados al lugar por sus familiares –padres, hijos y/o esposa- para rehabilitarse de alguna adicción. b) Algunos hacían alusión a que estaban contra su voluntad, otros decían que estaban en el lugar con su consentimiento. c)Varios comentaron que los obligaban a trabajar armando cajas y pinzas. [De la inspección que personal de esta Comisión realizó en el lugar, se pudo percatar [de] que se trata de pinzas para colgar ropa a secar]. d) Si se negaban a trabajar los castigaban poniéndolos de pie. […] En total se ubicaron en el interior de la casa a 130 personas […] […] Una vez que salió toda la población regresamos a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros. En ese lugar se observó que las personas estaban separadas en grupos conforme habían llegado. […] algunos ya eran revisados por personal médico. Ya se había solicitado una ambulancia porque señalaron que algunas personas requerían atención por padecimiento de diabetes. […]33

Es importante señalar en este apartado que la mayoría de las personas rescatadas del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto y del dicho de estas personas, asentado en sus declaraciones ante la autoridad, se desprende la participación de la SSPDF y de la DGCA. Otras de las personas trasladadas a “Los Elegidos de Dios” fueron algunas pertenecientes a la población callejera que se ubica en la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y en Humboldt y Artículo 123 en la colonia Centro, quienes aseguran la participación de elementos de la SSPDF y de personal de la Delegación Venustiano Carranza, en particular de Sandra Barrón.34 Esta Comisión reconoce y valora los esfuerzos de la Fiscalía Antisecuestros por la realización exitosa del operativo; no obstante, llama la atención que diversas autoridades del Distrito Federal, como lo mencionamos supra, tenían conocimiento de la existencia del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” y de personas que fueron trasladadas y privadas de su libertad en dicho lugar, sin que dieran aviso a la autoridad competente.

Véase Anexo. Evidencia número 16. Acta Circunstanciada de fecha 3 de diciembre de 2009 de la que dan fe Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 34 Véase Anexo: 1.- Evidencia número 56. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviado de fecha 1 de octubre de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo. 2.- Evidencia número 57. Acta Circunstanciada de comparecencia de agraviada de fecha 1 de octubre de 2011, de la que da fe un Visitador Adjunto de este Organismo. 33

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V.1.5. Sobre la continuación de las agresiones en contra del “Grupo Juárez” y las amenazas y actos de hostigamiento en contra de la organización de la sociedad civil “El Caracol, A.C.” Posterior al traslado en contra de su voluntad de integrantes del “Grupo Juárez” al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, varios de ellos manifestaron que policías de las patrullas P2315 y P2312 circulaban por la calle de Humboldt y les gritaban “pinches marihuanos borregas” y que los amenazaron con volver al lugar, lo cual, refirieron, les hacía temer por su integridad personal. Asimismo, el 23 de julio de 2009, dos personas integrantes del “Grupo Juárez” refirieron a esta Comisión que el día anterior [22 de julio de 2009] habían sido agredidos por personal de la SSPDF. Uno de ellos manifestó que le causaron lesiones en la nariz, costilla, pierna y mano derechas. Ambos manifestaron que los policías los amenazaron con acudir por la noche a la esquina donde pernoctan y que si los veían los iban a prender con gasolina. A los entrevistados se les hizo saber la necesidad de que sus lesiones fueran valoradas, sin embargo, personal de “El Caracol, A.C.” señaló que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que llegó al lugar ya los había valorado pero que los muchachos no querían ir a ningún hospital porque temían ser llevados a otro lado.35 Por ello, se les propuso que acudieran con el personal médico de la Comisión, a lo que manifestaron su conformidad y se les trasladó a las instalaciones de la CDHDF para que fueran valorados. En dicha valoración médica se certificaron diversas lesiones leves que fueron clasificadas por médicos de esta Comisión como de “grado I” según el Código Penal para el Distrito Federal.36 De lo anterior se desprenden contradicciones en cuanto a los partes informativos de diversos policías, en los que no refieren las agresiones que derivaron en las lesiones que personal médico de esta Comisión certificó en el cuerpo de los agraviados. En reunión de fecha 15 de diciembre de 2009 a la que asistieron Visitadores Adjuntos de la CDHDF, celebrada con autoridades de la PGJDF y personal de “El Caracol, A.C.”, el Director de la mencionada asociación reiteró a las autoridades los actos de hostigamiento de que son objeto las y los integrantes del “Grupo Juárez” por parte de autoridades, por ello, se le canalizó ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF,37 en donde se levantó un acta circunstanciada firmada por la Agente del Ministerio Público licenciada Fátima Monter Solís y por el Oficial Secretario licenciado Gilberto Santino Rosado, de la Dirección General de Derechos Humanos de esa Procuraduría.38

Véase Anexo. Evidencia número 11. Acta Circunstanciada de diligencia de fecha 23 de julio de 2009, de la que dan fe Visitadores Adjuntos de ésta Comisión. 36 Véase Anexo. Evidencia número 14. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado a [la agraviada “G”], por personal médico de esta Comisión. Evidencia número 15. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado [al agraviado “K”], por personal médico de esta Comisión., 37 Véase Anexo. Evidencia número 19. Acta Circunstanciada de reunión con autoridades de fecha 15 de diciembre de 2009 de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión, a la cual asistieron Juan Martín Pérez García de “El Caracol, A.C.”, el licenciado José Ramón Amieva Galvez, Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, y el licenciado Mariano D. Mora Hernández, entonces Director General de Derechos Humanos, ambos de la PGJDF; y Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 38 Véase Anexo. Evidencia número 20. Acta Circunstanciada de fecha 15 de diciembre de 2009, firmada por la C. Agente del Ministerio Público licenciada Fátima Monter Solís y por el Oficial Secretario Lic. Gilberto Santino Rosado. 35

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El 6 de septiembre de 2011, miembros de “El Caracol, A.C.” informaron a una Visitadora Adjunta de este Organismo que ese mismo día por la mañana integrantes del “Grupo Juárez” fueron objeto de amenazas por parte, aparentemente, de policías de investigación de la PGJDF quienes se presentaron en esas calles a bordo de dos patrullas y permanecieron por un largo lapso, al acercarse dos personas de la población callejera para preguntarle a los policías de investigación si ocurría algo, éstos les ordenaron que desocuparan las calles, amenazándolos en el sentido de que los golpearían si por la tarde no desocupaban. En contradicción con lo anterior, la PGJDF informó a esta Comisión, con motivo de una solicitud de medidas precautorias, lo siguiente: Por lo que se refiere a los hechos narrados por el Peticionario en la queja en comento, […] los mismos no son ciertos, ya que el suscrito [Agente de la Policías de Investigación Gustavo Jiménez Vázquez] y los CC. HÉCTOR REGALADO ITURBE, ARTURO GUTIÉRREZ MENDOZA, ARACELI GUERRERO ROBLES, MARÍA VICTORIA PÉREZ SÁNCHEZ Y ÁNGEL MARIN GARCÍA, todos agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal, adscritos a la Jefatura General nos encontrábamos en cumplimiento a una orden de Investigación a bordo de las unidades auto patrullas 900-WGT y 364-XLA, y el hecho de habernos constituido en la calle de Artículo 123 esquina con calle Humboldt, obedeció al cumplimiento de la orden en comento, por lo que en absoluto tuvo que ver nuestra presencia con las poblaciones callejeras que se ubican en ese lugar, es así que resulta totalmente falso el dicho del hoy quejoso […] ya que por el contrario, al encontrarnos realizando las funciones propias e inherentes a nuestro cargo, tuvimos que interrumpirlos en razón de que fuimos objeto de agresiones verbales por parte de algunas personas en situación de calle que se ubican en ese lugar, ello sin haber tenido trato alguno con ellos ya que lo único que realizábamos era una vigilancia discreta en cumplimiento a la investigación que teníamos encomendada, de la cual no se proporcionan más datos en virtud de no estar relacionada con los hechos de la queja, y en atención a la debida investigación que se realiza. No obstante lo anterior, se giraron instrucciones precisas al personal de esta Policía de investigación, para que se abstenga de cometer actos de molestia indebidos en agravio de las poblaciones callejeras que se ubican en la calle de Artículo 123 esquina con Humboldt.39

Por otro lado, el 07 de junio de 2010, se presentó en las oficinas de “El Caracol, A.C.” una persona quien solicitó ayuda para retirar a los jóvenes del “Grupo Juárez” y ofreció dinero para tal efecto. Agregó, que “personas con poder económico están dispuestas a hacer acciones violentas con respecto a ese grupo de población callejera [y que] la otra [opción] es irse sobre esos grupos exponiendo a sus integrantes a que aparezcan muertos”40. El 23 de junio de 2010, se interpuso una denuncia de hechos sobre este incidente, por lo que la Dirección de Seguimiento a Propuestas de Conciliación y Recomendaciones de la PGJDF remitió el

Véase Anexo. Evidencia número 53. Copia del oficio sin número de fecha 12 de septiembre de 2011, suscrito por el Agente de la Policías de Investigación Gustavo Jiménez Vázquez, remitido a esta comisión mediante el oficio DGDH/503/T2/0992/09/2011 de fecha 14 de septiembre de 2011, firmado por la Directora General de Derechos Humanos de la PGJDF. 40 Véase Anexo: 1.- Evidencia número 43. Acta Circunstanciada de comparecencia del peticionario de fecha 08 de junio de 2010, de la que da fe un Visitador Adjunto de esta Comisión. 2.- Evidencia número 44. Escrito de fecha 8 de junio de 2010, firmado por representantes de las siguientes organizaciones: “Red por los Derechos de la Infancia en México”, Oficina de Defensoría de la Infancia y “El Caracol, A.C.” dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc y al Director del IASIS. 39

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escrito de denuncia a la Fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la PGJDF, a efecto de que se diera inicio a una averiguación previa por los hechos.41 V.1.6. Sobre la falta de supervisión y vigilancia a los centros de rehabilitación para las adicciones en el Distrito Federal Cuando ocurrieron los hechos materia de la queja no existía una institución facultada para supervisar los llamados anexos, granjas o centros de rehabilitación para las adicciones. El 17 de septiembre de 2009 se creó la Agencia de Protección Sanitaria [en adelante la Agencia] como un órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, responsable de la protección sanitaria del Distrito Federal. La Agencia está facultada para: determinar requisitos sanitarios42, entre otros, a establecimientos especializados en adicciones;43 recibir denuncias de la población respecto de la detección de problemas sanitarios; así como vigilar dichos establecimientos por medio de inspecciones y en general, realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. Es hasta el 11 de enero del 2011 que esa Agencia comenzó a funcionar. V.1.7. Sobre la integración de la Averiguación Previa con motivo del caso Esta Comisión tiene conocimiento que fue hasta el día 3 de diciembre de 2009 cuando se comenzaron a investigar a servidores públicos probablemente involucrados en el caso relacionado con el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, ya que se tenían indicios, a partir de una denuncia, de que intervenían en las detenciones. En un informe de la Policía de Investigación de la fecha antes señalada, se asentó lo siguiente: Se informa que se acudió al domicilio ubicado en Av. Cuauhtémoc 157, colonia San Lorenzo T. Del[egación] Iztapalapa [sitio en el que se encontraba el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”] lugar en el que se entrevistaron con un sujeto de sexo masculino quien refirió “que ellos trabajan en conjunto con la Dirección General de la Secretaría de la Central de Abasto de la Ciudad de México, que los policías les llaman y ellos acuden por las personas que encuentran vagando alcoholizadas o drogadas […]”

Además, se asentó en dicho informe que elementos de la Policía de Investigación se trasladaron a la Central de Abasto, en donde entrevistaron a un policía de la SSPDF y “[…] les apuntó una dirección y teléfono de un Instituto de Rehabilitación[,] indicando [otro policía] que ellos llamaban a personal de ese hospital para que recogieran a las personas adictas o alcoholizadas que con esto ellos hacían un favor a la sociedad, porque esas personas luego aparecían muertas o atropelladas y

Véase Anexo. Evidencia número 47. Copia del oficio número DGDH/DSQR/503/1713/2010-06 de fecha 24 de junio de 2010, suscrito por el Director de Seguimiento a Propuestas de Conciliación y Recomendaciones de la PGJDF, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1748/2010-06 de fecha 25 de junio de 2010, suscrito por dicho Director. 42 Artículo 104 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 43 Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto. Artículo 103 fracción XXXVI de la Ley de Salud del Distrito Federal. 41

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que era mejor que estuvieran en ese lugar […], que la dirección y teléfono correspondía a la de „Los Elegidos de Dios‟.”44 El 16 de diciembre de 2009, a solicitud de uno de los peticionarios,45 esta Comisión envió a la PGJDF copia certificada de las actuaciones en el expediente de queja.46 Igualmente, el día 16 de diciembre de 2009, una Visitadora Adjunta de la CDHDF y personal de “El Caracol, A.C.”, acudieron a la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, donde el representante de “El Caracol, A.C.” presentó un escrito a fin de denunciar los hechos relacionados con la intimidación realizada a los miembros del “Grupo Juárez”, por parte de autoridades del Distrito Federal. La licenciada Laura García Rodríguez, agente del Ministerio Público, recibió el documento y refirió que al día siguiente [17 de diciembre de 2009] se proporcionaría el número de averiguación previa correspondiente.47 Posteriormente, la PGJDF informó a este Organismo que la averiguación previa había sigo acumulada con la iniciada por el caso de las personas privadas de su libertad en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”.48 EL 11 de diciembre de 2009, una Visitadora Adjunta de esta Comisión acudió a revisar la averiguación previa radicada en la Fiscalía Antisecuestros, iniciada con motivo del caso de las personas que permanecían en el “anexo” aludido privadas de su libertad. Se transcribieron en el acta circunstanciada de dicha diligencia nueve declaraciones de agraviados, una de un probable responsable e informes de la Policía de Investigación.49 De las declaraciones de los denunciantes y de los probables responsables, como se mencionó supra, se desprende la participación de servidores públicos de la SSPDF y de la DGCA. Los agraviados manifestaron en sus declaraciones que al encontrarse en la Central de Abasto en donde desempeñaban diversos trabajos los detuvieron unas personas pertenecientes al anexo “Los Elegidos de Dios” y los subieron a unas camionetas y por la fuerza los trasladaron a dicho “anexo”. Manifestaron todos ellos que las camionetas en las que los trasladaban eran custodiadas por una patrulla. Algunos de ellos refirieron que uno de los policías que tripulaba la patrulla era conocido como “El Águila” y que era quien daba aviso al personal del “anexo” sobre las personas que se tenían que llevar. Además, los probables responsables refirieron tener un acuerdo con la DGCA

Véase Anexo. Evidencia número 37. Acta Circunstanciada de revisión de averiguación previa de fecha 11 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 45 Véase Anexo. Evidencia número 19. Acta Circunstanciada de reunión con autoridades de fecha 15 de diciembre de 2009 de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión, a la cual asisten Juan Martín Pérez García de “El Caracol, A.C.”; el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos y el licenciado Mariano D. Mora Hernández, Director General de Derechos Humanos, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y Visitadores Adjuntos de esta Comisión. 46 Véase Anexo. Evidencia número 22. Acuse del oficio 3-23883-09 de fecha 16 de diciembre de 2009 de esta Comisión. 47 Véase Anexo. Evidencia número 34. Acta Circunstanciada de fe de reunión con personal de la PGJDF de fecha 15 de diciembre de 2009; da fe de dicha reunión una Visitadora Adjunta de la CDHDF. 48 Véase Anexo. Evidencia número 42. Copia del oficio sin número de fecha 18 de mayo de 2010, suscrito por el Lic. Fredi Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, remitido a esta Comisión mediante oficio DGDH/DSQR/503/1340/2010-05 de fecha 24 de mayo de 2010 firmado por el Director de Seguimiento de la PGJDF. 49 Véase Anexo. Evidencia número 37. Acta Circunstanciada de revisión de averiguación previa de fecha 11 de diciembre de 2009, de la que da fe una Visitadora Adjunta de esta Comisión. 44

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para llevarse a las personas que laboraban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto que tienen problemas de adicciones.50 Posteriormente, el 24 de mayo de 2011, un Director de Área y una Visitadora Adjunta de esta Comisión acudieron a consultar la indagatoria iniciada por la privación ilegal de la libertad de poblaciones callejeras trasladadas al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”.51 Tras la revisión del expediente, esta Comisión acreditó que los agraviados y los presuntos responsables mencionan la participación de autoridades en los ilícitos que se investigan. Se desprende que declararon 37 personas agraviadas, quienes trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto y manifestaron haber sido recogidas para ser llevadas al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”; esto ocurrió en diversas fechas entre agosto y diciembre de 2009. Algunas de las personas mencionan que atrás de la o las camionetas en las que fueron “levantados”, estaba una patrulla con policías de la SSPDF a bordo, quienes únicamente presenciaron los hechos. Dos personas menores de edad, manifestaron que al momento de ser “levantados” hubo 4 policías de la SSPDF que presenciaron los hechos sin hacer nada para evitarlo; al contrario, les ordenaban verbalmente que se subieran a la camioneta que los transportó al “anexo”. Otra persona menciona que durante el tiempo que estuvo trabajando en las instalaciones de la Central de Abasto veía seguido a esa patrulla que salía de la agencia del Ministerio Público, que se encuentra a una cuadra de la Central de Abasto y que a uno de esos policías, sabe, le dicen “El Águila”. En lo que corresponde a la declaración de las personas indiciadas, se encontró que éstas afirmaron que quienes eran internados en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” fueron llevados por sus propios familiares para ser rehabilitados de adicciones a las drogas y al alcohol, pero que otros fueron recogidos de la calle, principalmente de la Central de Abasto y canalizados por la administración de esa Central, específicamente a través de un elemento de la SSPDF conocido como “El Águila”, quien avisaba quiénes eran las personas candidatas para ser internadas entre las personas que pernoctaban en esa Central. Además, los indiciados manifestaron la existencia de un supuesto acuerdo con el Director de la Central de Abasto, ya que a dicho de esas personas “no querían tener borrachos en los andenes”, y que de la Central de Abasto les llamaban para que fueran a recoger a las personas que estaban en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. Del análisis exhaustivo que esta Comisión realizó a la averiguación previa, se observó que las líneas de investigación están encaminadas a indagar a las personas detenidas en el mencionado operativo, sin investigar, hasta la fecha de dicha revisión, a elementos de la SSPDF, de la DGCA, de la Delegación Cuauhtémoc y de la Delegación Venustiano Carranza, que aparecen mencionados en declaraciones tanto de las víctimas como de los indiciados.

Ídem. Véase Anexo. Evidencia número 51. Acta Circunstanciada de diligencia de inspección al expediente de averiguación previa de fecha 24 de mayo de 2011; da fe de dicha diligencia un Visitador Adjunto de esta Comisión. 50 51

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V.2. Fundamentación. Subsunción de los hechos al derecho V.2.1. Derechos Humanos Como se ha hecho referencia en Recomendaciones anteriores,52 los derechos humanos están contemplados en la Constitución, además de desarrollados en sus leyes reglamentarias y en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y conforman la ley suprema que debe ser el eje rector de los actos de autoridad. V.2.1.1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos Conforme al artículo 1° de la Constitución, las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. El artículo 1° incorpora el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, al establecer que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. De conformidad con criterios establecidos por cortes internacionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen un carácter especial, es decir, se diferencian de todos los demás tratados multilaterales en relación con su contenido y obligaciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [En adelante la Corte Interamericana o la Corte IDH] refiere que este tipo de tratados [en materia de derechos humanos], a diferencia de los demás, “no son […] concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes”.53 Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que dichos tratados “están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano.”54 Tomando en cuenta lo anterior, respecto de la naturaleza, contenido, objeto y fin de los tratados internacionales sobre derechos humanos, es posible establecer que mediante éstos, los Estados reconocen derechos y libertades de las personas, por lo que sus disposiciones son de aplicación directa por parte de las autoridades nacionales, ya sea federales o locales, y no requieren de su implementación mediante legislación para considerarlos aplicables. Por todo lo expuesto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos resulta de gran importancia para la interpretación en su conjunto de todos los derechos que esta Comisión ha determinado como violados en la presente Recomendación. Recomendaciones 5/2011 y 07/2011 emitidas por esta Comisión. Corte IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2. Párrafo 29. 54 Corte IDH. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte [art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1. Párrafo 24. 52 53

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V.2.2 Derecho a la libertad personal V.2.2.1. Contenido del Derecho El derecho a la libertad personal es un derecho humano propio de los atributos de la persona. Consiste en el derecho de toda persona de disfrutar de su facultad para decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su inteligencia o voluntad, y a no ser privada de ella excepto por las medidas y condiciones establecidas previamente en la legislación. V.2.2.2. Marco normativo Los artículos 1°, 5° y 14 de la Constitución consagran el derecho a la libertad personal: Artículo 1o. […] […]

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. […] Artículo 5o […] El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. […] Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. […]

En el sistema universal de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [en adelante PIDCP] en su artículo 9.1 establece que: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

De lo anterior, se desprende que todas y todos tenemos derecho a la libertad y seguridad personales y que si bien existen excepciones a ese derecho, éstas deben estar contempladas en la ley. En complemento a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano de expertos independientes facultado para la interpretación del PIDCP, ha establecido el criterio de que el artículo transcrito supra no debe ser interpretado de manera restrictiva, es decir, su interpretación no se debe circunscribir al ámbito de la privación de la libertad por un hecho delictivo, sino también por otras circunstancias,55 “como por ejemplo las enfermedades mentales, la vagancia, la toxicomanía, las finalidades docentes, el control de la inmigración, etc.”56

Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General No. 8. Artículo 9 del PIDCP, Derecho a la libertad y a la seguridad personales, 16º período de sesiones, 1982, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 147. 56 Ibídem. 55

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En el ámbito regional, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [en adelante CADH o Convención Americana], siguiendo el criterio del PIDCP, establece lo siguiente: Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. […]

La Corte Interamericana en diversas sentencias ha interpretado el alcance del artículo 7 de la Convención Americana. La Corte IDH ha establecido que “la libertad debe ser reconocida como un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana”.57 Adicionalmente, en el caso “Niños de la Calle” [Villagrán Morales y otros] Vs. Guatemala, la Corte Interamericana interpretó que el artículo 7 “contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal).”58 En una de sus más recientes sentencias, la Corte IDH ha reiterado que: […] el artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), […]. Cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma.59 […] […] el Tribunal considera pertinente recordar que el artículo 7 de la Convención Americana protege contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. 60

V.2.2.3. Conclusiones de esta CDHDF respecto a la violación de la libertad personal de las personas agraviadas Esta Comisión acreditó que en el lugar llamado “Los Elegidos de Dios” existían alrededor de 110 personas en condiciones que atentaban contra su libertad personal, ya que algunos de ellos manifestaron que habían sido llevados ahí a la fuerza con colaboración y/o aquiescencia de servidores públicos de la DGCA, de la SSPDF y de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párrafo 108. 58 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Párrafo 131. 59 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229. Párrafo 73. 60 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Op. Cit. Párrafo 76. 57

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Las mencionadas autoridades, como se acreditó por esta Comisión, tenían conocimiento de que a personas con problemas de adicciones se les privaba de la libertad y no hicieron nada al respecto, hasta el día 3 de diciembre de 2009 que se realizó el operativo para liberar a dichas personas, lo cual además de violar el derecho a la libertad y seguridad personales, las autoridades incumplieron con el deber de prevenir afectaciones al derecho a la libertad personal. Además, esta Comisión pudo comprobar, derivado del dicho de los probables responsables que trabajaban en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” así como de las víctimas, que existían acuerdos con algunas autoridades de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, con la DGCA y con la SSPDF para realizar los traslados al “anexo”, lo cual viola el derecho a la libertad y seguridad personales de las personas llevadas a ese lugar. Concerniente a la Delegación Venustiano Carranza, la CDHDF acreditó que una funcionaria pública de dicha demarcación, de nombre Sandra Barrón, ordenaba los traslados de personas en situación de calle que pernoctan a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Testigos y los propios agraviados manifiestan haberla visto en varias ocasiones orquestando los traslados y que llegaron a verla con personal del “anexo” e incluso en las instalaciones del mismo. Por lo anterior, esta Comisión concluye la violación al derecho a la libertad y seguridad personales cometida por la funcionaria pública de dicha demarcación. Este Organismo tiene acreditado que autoridades de la DGCA violaron los derechos humanos de las personas que laboran en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto. Derivado de las constancias del expediente, se acreditó que policías de la SSPDF, adscritos a la zona de la Central de Abasto, llamaban a personal de “Los Elegidos de Dios”, quien a su vez menciona que tenía un acuerdo con la DGCA para trasladar a personas que trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de dicha Central de Abasto con problemas de adicciones y, varios de ellos, miembros de poblaciones callejeras. En ese sentido, se acreditó que alrededor del 80% de las personas privadas de su libertad en “Los Elegidos de Dios” trabajaban en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto; por lo que no es creíble que, a pesar de que personas que laboraban dentro de la Central de Abasto tenían conocimiento de que se realizaban los traslados al “anexo”, las autoridades de la DGCA nieguen tener conocimiento de los hechos.61 V.2.3 Derecho a la integridad personal V.2.3.1. Contenido del Derecho Este derecho consiste en asegurar la integridad física y psicológica de la persona; y prohíbe la injerencia arbitraria del Estado en esos atributos.62 Véase Anexo. Evidencia número 54. Oficio MX-GDF01-SEDE04-5-01/2927/11 de fecha 29 de septiembre de 2011, dirigido a esta Comisión en respuesta al oficio 3-18302-11, suscrito por la licenciada Gabriela Patricia Martínez Vargas, Directora Jurídica de la Dirección General de la Central de Abasto. 62 Cfr. Huertas Díaz Omar, et. al. La vulneración del derecho a la integridad personal: El peor flagelo que puede sufrir un ser humano. Revista de Temas Constitucionales. IIJ-UNAM. 2007. Páginas 155-186. 61

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V.2.3.2. Marco normativo La Constitución, en sus artículos 20 y 29, establece el derecho a la integridad personal. En el primero de los artículos mencionados este derecho se circunscribe a la esfera del derecho penal, en el segundo de estos se habla sobre la imposibilidad de las autoridades para restringir el derecho. El derecho a la integridad personal se debe interpretar de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tal y como lo señala el artículo 1° constitucional. En el ámbito universal del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el artículo 7 del PIDCP señala que: “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado este artículo y ha establecido que: La finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona. El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado. […] […] [N]o se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública. […] La prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral. Es más, a juicio del Comité, la prohibición debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria.

En el mismo tenor, en el ámbito regional, la Convención Americana en su artículo 5 ha desarrollado el derecho a la integridad personal y establece que: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En su jurisprudencia la Corte Interamericana ha señalado que, además de la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes: [El] “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano”. [Asimismo, ha establecido que] la incomunicación sólo puede utilizarse de manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que genera, pues “el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad […]. En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que el aislamiento sensorial total usado en conjunto con el aislamiento social total puede destruir la personalidad de un individuo; y por tanto constituye un tratamiento inhumano que no puede ser justificado aduciendo necesidad en seguridad. 63

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párrafo 323. 63

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Con relación a ser víctima de amenazas relacionadas con una posible transgresión al derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana ha sostenido lo siguiente: […] la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación al artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una “tortura psicológica”64

V.2.3.3. Conclusiones Esta Comisión acreditó que elementos de la SSPDF acompañaban a los llamados “padrinos”, encargados del “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, a realizar las detenciones. Si bien dichos elementos no participaban ni golpeaban a las personas detenidas, si permitían que los “padrinos” los sometieran a golpes para posteriormente trasladarlos a “Los Elegidos de Dios”. Lo anterior, viola en perjuicio de los agraviados el derecho a la integridad personal, ya que esta violación se configura cuando la autoridad o un particular con aquiescencia de ésta, vulnera la esfera física y/o psicológica de la persona. Por lo tanto, no existió justificación para que la autoridad no haya evitado las agresiones antes descritas, además de que estaba obligada a prestar la protección necesaria ante tales hechos lesivos de la integridad personal de diversas personas pertenecientes a poblaciones callejeras. Se desprende de la evidencia la violación al derecho a la integridad personal de las y los jóvenes del “Grupo Juárez”. De los dichos de éstos, relacionados con la discriminación que sufren cotidianamente al ser poblaciones callejeras, la cual también se tiene documentada, se tiene como probado que los integrantes de dicho grupo, en diversas ocasiones han sido amenazados por autoridades de la SSPDF con el fin de que se retiren del lugar en donde se han establecido [Humboldt y Artículo 123 en la Colonia Centro]. Las amenazas han consistido en golpearlos, prenderles fuego y retirarlos del lugar para irlos a dejar a otro lado o bien “tirarlos” en algún sitio; siguiendo el criterio que ha fijado la Corte Interamericana, ver supra, estas amenazas constituyen per se una violación al derecho a la integridad personal. En ese sentido, los certificados realizados por personal médico de este Organismo el 23 de julio de 2009 a dos personas pertenecientes al “Grupo Juárez” que fueron agredidas por elementos de la SSPDF,65 acreditan la presencia de hematomas, excoriaciones y equimosis que fueron resultado de los golpes que recibieron los agraviados; asimismo, se acreditó que los golpes eran recientes en virtud de que no tardarían en sanar más de 15 días. De lo antedicho, se puede desprender una violación al derecho a la integridad personal en agravio de jóvenes integrantes del “Grupo Juárez”, quienes, sin que las autoridades tomaran en cuenta su condición de vulnerabilidad, fueron sometidos a golpes por elementos de la SSPDF. Esta Comisión concluye, además, que de los hechos que se narran por los policías y los agraviados, las agresiones hacia éstos pudieron haber sido evitadas. Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Op. Cit. Párrafo 279. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párrafo 108. 65 Véase Anexo: 1.- Evidencia número 14. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado a [la Agraviada “G”], por personal médico de esta Comisión. 2.- Evidencia número 15. Certificado de lesiones de fecha 23 de julio de 2009, practicado a [el Agraviado “K”], por personal médico de esta Comisión.. 64

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Es importante señalar que del derecho nacional e internacional de los derechos humanos se desprende que la integridad personal no se puede restringir o suspender; esto implica que las autoridades no pueden, como medida de castigo o medida educativa, aplicar operativos de limpieza social y someter a personas pertenecientes a poblaciones callejeras a tratos crueles como el aislamiento prolongado e incomunicación. Asimismo, nada justifica la amenaza hacia alguna persona respecto de la afectación a su vida o integridad personal, mucho menos tratándose de personas en situación de discriminación. De igual manera nada justifica un traslado ilegal en contra de la voluntad de las personas a un supuesto “centro de readaptación contra las adicciones”. V.2.4. Derecho a la igualdad y no discriminación V.2.4.1. Contenido del derecho La discriminación consiste en “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en [cualquier] motivo, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.66 El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal establece que “[l]a no discriminación es una de las vías para alcanzar la igualdad, tanto formal como sustancial. Es, a la vez, un derecho en sí mismo y una condición previa al goce y ejercicio de los demás derechos humanos. Por ello, no se alcanzarán condiciones aptas para el ejercicio de los derechos en la Ciudad de México, si no se enfrentan la discriminación, la violencia y la exclusión.”67 V.2.4.2. Marco normativo La Constitución consagra el derecho a la igualdad y no discriminación en el artículo 1º, mientras que en el 4º plasma expresamente la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 1°, en el párrafo conducente, señala lo siguiente: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A su vez, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [en adelante LFPED] es el instrumento que rige en la materia en todo el país, su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Observación General 18. 37º período de sesiones, 1989. Párrafo 7. 67 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 66

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La mencionada LFPED, en su artículo 9, prevé como una forma de discriminación: XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante; […] XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, y XXIX. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4 de esta Ley.

En el Distrito Federal el 20 de julio de 2006 entró en vigor la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal [en adelante LPEDDF]. Para efectos de la LPEDDF las personas o grupos en condición de calle son considerados en situación de discriminación. De igual forma, define a una persona en situación de calle como “[t]odo ser humano quien sin contar con un espacio que pueda ser caracterizado como vivienda, aunque el mismo sea precario, se halle pernoctando en lugares públicos o privados.” Relativo a la protección del derecho a la igualdad de las personas, la LPEDDF establece en su artículo 7 lo siguiente: La actuación de los entes públicos deberá ser apegada a los instrumentos nacionales e internacionales aplicables en materia de derechos humanos y no discriminación de los que México sea parte, así como las normas, declaraciones, principios, recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales. Todo ente público o servidor público del Distrito Federal deberá abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u omisión.

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su capítulo 6 menciona varios temas relacionados con la realización del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por su parte, el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal tipifica expresamente el delito de discriminación. En el plano internacional, el derecho a la igualdad y a la no discriminación se refleja y reconoce en prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el sistema universal de derechos humanos el párrafo 1 del artículo 2 del PIDCP “establece la obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En virtud del artículo 26 [del PIDCP] todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación”68 por cualquiera de los motivos antes mencionados. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación así como el de igualdad ante la ley se establecen expresamente en artículos relacionados con determinadas categorías de

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Observación General 18. 37º período de sesiones, 1989. Párrafo 1. 68

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derechos humanos. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 14 establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.69 El Comité de Derechos Humanos, encargado de interpretar el PIDCP, ha señalado que “el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación”. Es decir, si en algún Estado a un sector de su población se le impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos, “el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población.”70 V.2.4.3. Conclusiones Autoridades de la SSPDF violaron el derecho humano a la igualdad y no discriminación al ejercer actos de violencia en contra del “Grupo Juárez” con la finalidad de retirarlos del lugar donde pernoctan por el hecho de ser poblaciones callejeras. Se acreditó derivado de la evidencia que servidoras o servidores públicos de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, de la SSPDF y de la DGCA tenían acuerdos, por lo menos de manera verbal, con los denominados “anexos” o centros de rehabilitación para las adicciones a fin de llevar a cabo acciones de “limpieza social” a efecto de no tener poblaciones callejeras en determinados puntos de la ciudad. Al aplicar este tipo de acciones de discriminación tutelar, se dejan de lado los derechos de las poblaciones callejeras ya que éstas no corresponden a acciones afirmativas, y dichos actos de autoridad son violatorios del derecho a la igualdad y no discriminación en contra de ese sector de la población. En concordancia con la LFPED, esta Comisión concluyó que servidores públicos de la SSPDF y de la Delegación Venustiano Carranza violaron el derecho a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las personas trasladadas en contra de su libertad al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, debido a que al trasladarlos se les dio un trato abusivo en presencia de servidores públicos que no hicieron nada al respecto. Al contrario, de la evidencia se desprende el maltrato físico y psicológico del que fueron objeto trabajadores de la Central de Abasto, integrantes del “Grupo Juárez” y del grupo callejero que pernocta a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), que fueron trasladados en contra de su voluntad al multicitado “anexo”. La SSPDF y la Delegación Cuauhtémoc violaron el derecho a la igualdad y no discriminación de los agraviados en virtud de no haber implementado acciones positivas que impidieran que se vulneraran los derechos humanos de las poblaciones callejeras, en particular del “Grupo Juárez”. Esto se ve agravado si tomamos en consideración que desde el 8 de junio de 2007, al sufrir agresiones los integrantes del “Grupo Juárez”, presuntamente por parte de servidores públicos de la SSPDF, esta Comisión solicitó a la Delegación Cuauhtémoc y a la SSPDF medidas precautorias a favor de este Grupo. 69 70

Cfr. Ibídem. Párrafo 3. Ibídem. 10.

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Finalmente, esta Comisión considera que el hecho de que camiones de la Delegación, que lavan las calles de Humboldt y Artículo 123 en la Colonia Centro, rocíen agua a los integrantes del “Grupo Juárez” quienes permanecen en este lugar, es un acto de violencia y discriminación. V.2.5. Violación al derecho al debido proceso V.2.5.1. Contenido del derecho El debido proceso es el conjunto de garantías para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables; el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Esas garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.71 Algunas de las garantías que forman parte del debido proceso son el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, el derecho al acceso a la justicia, derecho a los tribunales previamente establecidos, derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, a una adecuada reparación del daño, y demás que se encuentran enunciados en diversos instrumentos internacionales y en las legislaciones internas de los Estados; sin que ninguna de dichas garantías sea limitativa. V.2.5.2. Marco normativo En la Constitución el derecho al debido proceso está contemplado en los artículos 14, 16 y 17. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el PIDCP, en su artículo 14, establece el derecho al debido proceso; entre otras cosas determina: 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. […] […]

En el ámbito regional, se enuncia este derecho en los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana. V.2.5.2.1. Principio de legalidad El principio de legalidad forma parte de las garantías del derecho al debido proceso. Este derecho ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como: El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-16/99. 1º de octubre de 1999. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”. Párrafos 117 y 118. 71

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observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 72

Es decir, que todos los actos de autoridad deben estar ajustados a derecho, fundados y motivados, de manera que al gobernado se le permita una adecuada defensa ante estos. V.2.5.2.2. Derecho al acceso a la justicia Dentro de las garantías del debido proceso se encuentra el derecho al acceso a la justicia, que se ha definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un principio general de Derecho que implica que ninguna controversia se quede sin resolver, y que además se garantice no sólo el acceso a tribunales, sino que se garantice una impartición de justicia pronta, expedita, completa e imparcial en un caso concreto y que se emita una resolución que sea la verdad legal. 73 El derecho al acceso a la justicia está establecido en los artículos 17 y 20 de la Constitución, que a la letra establecen lo siguiente: Artículo 17. […] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. […] Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; […] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; […]

Fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Jurisprudencia. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, mayo de 2006, pág. 1531. 73 Cfr. Fix- Fierro Héctor, et. al. El acceso a la Justicia en México. Una Reflexión Multidisciplinaria. 72

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En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dentro del ámbito regional, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan el derecho al acceso a la justicia: Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Respecto del derecho al acceso a la justicia, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha determinado que “[d]e la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención [Interamericana] en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.”74 Adicionalmente, respecto de la obligación de iniciar ex oficio una investigación en casos de violaciones graves a los derechos humanos, la Corte IDH ha establecido en su jurisprudencia de manera reiterada lo siguiente: [A] la luz de la obligación de garantizar emanada del artículo 1.1 de la Convención […] una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento de un hecho probablemente violatorio de derechos humanos, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva75.

Con relación a las poblaciones callejeras, el Estado se ve obligado a garantizar un sistema de protección y defensa de sus derechos, ante abusos en su contra, tomando en cuenta que las poblaciones callejeras enfrentan dificultades para denunciar, ya que en espacios del servicio público son víctimas de represalias y las actuales instituciones de defensoría carecen de mecanismos que garanticen la protección inmediata de este tipo de víctimas.

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párrafo 287. 75 Cfr. CorteIDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No 103. Párrafo. 119; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Párrafo. 115; y Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. Párrafo. 92. 74

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Uno de los grandes obstáculos que se identifican hacia las poblaciones callejeras para acceder a la justicia es la carencia de documentos legales mínimos para reclamar sus derechos tales como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancia de estudios o credencial de elector, por lo que no pueden acceder a los beneficios de los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, ya que todos requieren la presentación de algún documento oficial.76 El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como estrategia para superar el obstáculo de la falta de acceso a la justicia, plantea como estrategia “Adoptar medidas y metodologías de trabajo para brindar a las poblaciones callejeras medios eficaces de acceso a la justicia y debido proceso.” Dentro de las líneas de acción de dicho Programa se encuentra abatir los obstáculos del acceso a la justicia mediante la incorporación de acciones al sistema de justicia que permitan garantizar una atención expedita, accesible y de calidad. V.2.5.2.2.1. Derecho a obtener justicia de manera pronta, oportuna y en un plazo razonable. En el ámbito de la jurisprudencia nacional, la demora en la determinación de una averiguación ha sido motivo de análisis, de tal forma que actualmente se ha establecido jurisprudencia por contradicción de tesis en el siguiente sentido: MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS. De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías.77 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

En el plano internacional el derecho a una pronta y expedita administración de justicia se encuentra reconocido en diversas disposiciones, entre las que se encuentran la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder78, misma que dispone lo siguiente: 4. Las víctimas […] Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. […]

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Amparo en revisión 305/98, […] 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza. 78 Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985. 76 77

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6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: […] e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas…

Asimismo, las Directrices sobre la Función de los Fiscales79 establecen, en el párrafo 12 del apartado “Función de los Fiscales en el Procedimiento Penal”, que: 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables. La falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de la investigación constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.80 Para determinar la razonabilidad del plazo, la Corte Interamericana ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos: “a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.”81 En ese sentido, la Corte Interamericana no ha interpretado el tema del plazo razonable solamente en la medida del tiempo transcurrido -tantos días, meses o años-, considerada aisladamente. Esa Corte ha establecido que “es preciso ponderar el hecho en función de las características del asunto sujeto a trámite o decisión. Evidentemente, en algunos casos puede advertirse que cierto tiempo de tramitación es a todas luces excesivo, sobre todo cuando se trata de ponderar un procedimiento que debiera ser, por definición, sencillo y expedito, como lo requiere, por ejemplo, el artículo 25 de la Convención Americana.”82 Por otro lado, la Corte Interamericana ha reiterado en su jurisprudencia que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, “ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos.”83 V.2.5.2.2.2. Derecho a la debida diligencia en la conducción e integración de la investigación Ya en ocasiones anteriores esta Comisión se ha pronunciado sobre las consecuencias de una actuación deficiente por parte de la autoridad investigadora, en tanto que ello vulnera el derecho a la Directrices sobre la Función de los Fiscales, Proclamadas en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el 7 de septiembre de 1990. 80 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. 81 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196. Párrafo 112. 82 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198. Párrafos 11 y 12. 83 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Op. Cit. Párrafo 112. 79

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correcta procuración de justicia.84 El derecho a la debida diligencia en la conducción e integración de la averiguación previa, se encuentra reconocido en el artículo 17 de la Constitución, lo cual implica que la autoridad ministerial debe conducirse de forma diligente en la integración de las investigaciones bajo su responsabilidad. Al respecto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana han desarrollado el concepto, conforme al cual se exige que “[l]a investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado”. 85 Para ello se deben utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, dichas actuaciones.86 Lo anterior, significa que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado y que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.87 Por su parte, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, establece como uno de sus objetivos “[g]arantizar que el sistema de justicia sea eficiente y efectivo para asegurar el acceso a la justicia y el debido proceso en todas las materias.”88 Una de las líneas de acción para lograr ese objetivo es “[e]stablecer mecanismos de supervisión (autónomos e independientes) que garanticen una planeación eficaz en las investigaciones, para que las diligencias se practiquen oportunamente y se eviten acciones ociosas, que dilaten innecesariamente los procedimientos.” 89 Es importante destacar que esta Comisión ha insistido en la importancia de la ejecución de esta línea de acción en las Recomendaciones 3/2011 y 07/2011. De este modo, resulta claro que la correcta tramitación de las averiguaciones previas requiere de una planeación cuidadosa de las diligencias que se practicarán para la investigación de los hechos, estableciendo lo que se pretende acreditar o desvirtuar con ellas, así como la correcta ejecución de las acciones programadas. V.2.5.2.2.3. Derecho a un recurso efectivo El artículo 25 de la Convención Americana, transcrito supra, garantiza el derecho a una protección judicial efectiva.

Cfr. Recomendación 16/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitida el 19 de septiembre de 2008. Recomendación 07/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitida el 25 de agosto de 2011. 85 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120. Párrafo 65. 86 Corte IDH, Caso Gómez Palomino vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C No. 136. Párrafo 80; Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 11 de de mayo de 2007. Párrafo 156. 87 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Op. Cit. Párrafo 289. 88 Programa de Derechos Humanos del distrito Federal. 89 Ibídem. Línea de Acción 210, cuyo cumplimiento está a cargo de la PGJDF. 84

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La Corte Interamericana ha sentado jurisprudencia en el sentido de establecer que los Estados Partes de la Convención, se obligan a suministrar recursos, no sólo en la esfera de la regulación formal, sino que también los mismos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas de debido proceso, ya que de no ser así, éstos son ineficaces para tutelar y garantizar el libre ejercicio de los derechos90. Dicha Corte, ha sido clara al establecer que no basta la existencia formal de los recursos para que se entienda cumplido lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención, sino que estos deben ser adecuados y efectivos.91 En este sentido, ha reiterado lo siguiente: […] [P]ara que tal recurso exista, no basta con que esté previsto en la constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, […] por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.92

V.2.5.3. Conclusiones Autoridades de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, de la SSPDF y de la DGCA violaron el principio de legalidad, en prejuicio de integrantes del “Grupo Juárez” y de personas que trabajaban en las inmediaciones o instalaciones de la Central de Abasto retenidos en contra de su voluntad en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Lo anterior debido a que, de la evidencia con que cuenta ésta Comisión, se acreditó que servidores públicos de dichas dependencias permitían que se realizaran los traslados al “anexo” sin ningún fundamento legal que se los permitiera. De hecho, se cuenta con evidencia obtenida de las investigaciones de la propia PGJDF, de que agentes de la SSPDF llamaban a personal del “anexo” para que recogieran a personas con adicciones que eran trabajadores en la Central de Abasto. Preocupa que en dichas detenciones y traslados ilegales, como ya se mencionó, participaran autoridades de la SSPDF y de la Delegación Venustiano Carranza, de manera activa, quienes sabían que se cometía un delito en contra de las personas agraviadas. Además, se tiene acreditada, de las constancias que integran el expediente, la participación de la funcionaria pública Sandra Marrón en las detenciones. Las autoridades antes mencionadas, sin tener fundamento legal que se los permitiera, apoyaron las acciones de “limpieza social” las cuales vulneraron derechos humanos de cientos de personas en situación de calle. Esta CDHDF concluye que las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la SSPDF y la DGCA permitían y participaban en los operativos de “limpieza social” con la intención de retirar a las personas agraviadas de sus lugares de pernocta, por el sólo hecho de ser poblaciones callejeras. Este Organismo entiende por “limpieza social” “el retiro de personas non gratas de ciertos lugares,

Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1. Párrafo 90. 91 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, vs. Honduras, Op. Cit. Párrafo 66; Corte IDH, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6. Párrafo 87. 92 Corte IDH, Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9. Párrafo 24. Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. 90

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sin que medie justificación legal alguna.” 93 En el caso que nos ocupa, la razón para retirar a las víctimas fue sólo por su condición de vida en la calle, así como en otros documentados por esta Comisión como el caso que dio origen a la Recomendación 23/2009. Por otro lado, como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos de todos y todas, a cargo de las autoridades, se encuentra que al tener conocimiento de que se comete una violación grave a los derechos humanos, como lo es la privación de la libertad y la afectación a la integridad personal, más aun cuando de los hechos se desprende que se estaba cometiendo trata de personas, la SSPDF y la SEDESO deberían haber dado aviso a las autoridades competentes para que ex oficio se iniciara una investigación; esto con pleno respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos. De lo anterior se desprende la violación al derecho al acceso a la justicia de las víctimas en el presente caso, cometida por autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, de la SSPDF y de la SEDESO, quienes como se desprende de la motivación, al menos desde el mes de junio de 2009 tenían conocimiento de los hechos materia de queja. De la evidencia se desprende que la PGJDF ha violado en perjuicio de los peticionarios y agraviados el derecho al acceso a la justicia en virtud de que la investigación no ha sido completa. Lo anterior, debido a la probable responsabilidad de diversos servidores públicos, y hasta el momento, a casi dos años de iniciada la investigación, ningún servidor o servidora pública ha sido investigado de manera diligente y seria. Como lo establece el artículo 20 Constitucional, dentro de los principios generales de todo proceso penal, está el esclarecimiento de los hechos; en el caso que se presenta, no se han agotado todas las posibles líneas de investigación, en particular las que tienen que ver con la probable responsabilidad de servidoras y servidores públicos de la SSPDF, DGCA, y de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Sobre el retardo injustificado en la integración de la averiguación previa y la falta de debida diligencia en su integración, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Comisión considera que en el caso bajo análisis ha transcurrido un plazo excesivo para que se pudieran comenzar a investigar a servidoras y servidores públicos relacionados con los hechos que se indagan. Lo anterior, se traduce en una violación al derecho humano de los agraviados y peticionarios el acceso a la justicia, en virtud de que no han obtenido ésta de manera oportuna ni en un plazo razonable. Respecto del plazo razonable, como se menciona en el párrafo anterior, éste ha sido excedido; si bien se han consignado a diversas personas, todos ellos civiles, no se ha investigado a servidoras y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los hechos, por lo que esta Comisión ha concluido que además la investigación no se ha llevado a cabo con la debida diligencia. La PGJDF viola en perjuicio de las víctimas el derecho a contar con un recurso efectivo, en virtud de que no se ha realizado una investigación completa y efectiva que lleve a sancionar a servidoras y servidores públicos que pudieron haber estado relacionados con los hechos. Lo anterior debido a que no basta la mera existencia del recurso, sino que éste debe de estar substanciado conforme a

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Recomendación 23/2009 del 25 de septiembre de 2009. Párrafo 5.4.1.4.

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las reglas del debido proceso, debe ser efectivo y estar encaminado a encontrar la verdad de lo sucedido y no ser un medio meramente formal y destinado a ser infructuoso. Finalmente, esta Comisión hace un llamado a combatir la impunidad por todos los medios legales posibles, principalmente con la investigación de los hechos que motivan la presente Recomendación para evitar la repetición de otros actos violatorios a los derechos humanos similares. V.2.6. Derechos de la infancia V.2.6.1. Contenido del derecho Son los derechos que tiene todo ser humano menor de 18 años a disfrutar de protección legal, cuidados y asistencia especiales, debido a su falta de madurez física y mental, atendiendo en todo momento al interés superior de la niña, niño o adolescente.94 V.2.6.2. Marco normativo La Constitución en el artículo 4° consagra los derechos de la infancia: […] Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. […]

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, “tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.” Asimismo, establece los principios rectores para la protección de estos derechos: A. El del interés superior de la infancia. B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

La mencionada Ley establece en el artículo 5 la obligación a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, de procurar e implementar “los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la

El interés superior del niño es un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño[,] se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/2002. 28 de agosto del 2002. Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 94

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Convención sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.” En el marco jurídico local, contamos con la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que entre otras obligaciones específicas establece en su artículo 53 lo siguiente: La Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal impulsaran e implementaran medidas tendientes a prevenir y evitar que las niñas y niños realicen actividades marginales o de sobrevivencia, procurando integrarlos a programas compensatorios, como los de becas, desayunos escolares, despensas, útiles escolares, entre otros; realizando las acciones que se requieran para protegerlos y evitar su explotación.

En el sistema regional de derechos humanos, el artículo 19 de la CADH señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Respecto del derecho a la integridad personal de las niñas y niños, la Corte Interamericana ha interpretado en su jurisprudencia que la violencia hacia las niñas y niños se puede presentar bajo diversas formas y puede depender de una amplia gama de factores tanto de la víctima, el agresor y el entorno físico y cultural. En ese sentido establece que la violencia contra los niños incluye “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.95 En el sistema universal de derechos humanos, teniendo presente la necesidad de proporcionar a las y los niños una protección especial, sus derechos han sido enunciados en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [en particular, en los artículos 23 y 24]; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [artículo 10], en la Convención sobre los Derechos del Niño [en adelante CDN] y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de las y los niños.96 La CDN, de aplicación obligatoria para el Estado mexicano, en su artículo 19, establece la obligación a cargo de éste de tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que las y los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.”97 Además, la CDN, establece la protección de las y los niños contra “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras la niña o el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”98 Igualmente, prevé dentro

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232. Párrafo 101. 96 Cfr. Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Publicada en el D.O.F. el 31 de julio de 1990. 97 Ibídem. Artículo 2.2. 98 Ibídem. Artículo 19.1. 95

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de las medidas de protección procedimientos, entre otros, para la investigación y, según corresponda, la intervención judicial.99 Por su parte, respecto al derecho a la integridad personal, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN por sus Estados Partes, en su más reciente Observación General, ha interpretado los siguientes conceptos: Violencia mental. El concepto de violencia mental, comprendido en la expresión "perjuicio o abuso … mental", del artículo 19, párrafo 1 de la Convención, se describe a menudo como maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido emocional, y puede consistir en: a) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros; b) Asustar al niño, aterrorizarlo y amenazarlo; explotarlo y corromperlo; desdeñarlo y rechazarlo; aislarlo, ignorarlo y discriminarlo; c) Desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas; d) Insultarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos; e) Exponerlo a la violencia doméstica; f) Someterlo a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones de detención humillantes o degradantes, y g) Someterlo a la intimidación y las novatadas de adultos o de otros niños, en particular por medio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica llamada "acoso cibernético"). Violencia física. Puede ser mortal y no mortal. En opinión del Comité, la violencia física incluye: a) Todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y b) La intimidación física y las novatadas por parte de adultos o de otros niños.

De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño ha conceptualizado las “Violaciones de los derechos del niño en las instituciones y en el sistema”; así, establece que: Las autoridades estatales de todos los niveles encargadas de la protección del niño contra toda forma de violencia pueden causar un daño, directa o indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las obligaciones establecidas en la Convención. Esas omisiones pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos y no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicos y humanos para detectar, prevenir y combatir la violencia contra los niños. […] Además, los profesionales pueden vulnerar el derecho del niño a no ser objeto de violencia en el marco de determinadas actuaciones, por ejemplo cuando ejercen sus responsabilidades sin tener en cuenta el interés superior, las opiniones o los objetivos de desarrollo del niño.

El Comité antes mencionado, también interpreta que los “cuidadores” o quienes tienen bajo su custodia a las y los niños, pueden ser diversas personas, en el caso de las y los niños no acompañados, el cuidador de facto es el Estado. Al respecto menciona que: [E]stos niños que no tienen un cuidador principal o circunstancial como “los niños de la calle […] El Estado Parte está obligado a responsabilizarse como cuidador de facto del niño o entidad que lo [tiene] a su cargo, aunque este no se encuentre en espacios de atención físicos tales como hogares de acogida, hogares funcionales o centros de ONG. El Estado parte tienen la obligación de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2) y de garantizar otros tipos de cuidado a los "niños temporal o permanentemente privados de su medio 99

Cfr. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 19.2. 45

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familiar" (art. 20). Hay diferentes maneras de garantizar los derechos de estos niños, preferiblemente mediante modalidades de acogida similares a la familiar, que deben examinarse cuidadosamente a fin de evitar todo riesgo de violencia para los niños.100

V.2.6.3. Conclusiones La SSPDF violó los derechos de las y los niños en perjuicio de los dos agraviados menores de edad trasladados por la fuerza de la Central de Abasto al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Lo anterior, derivado de que de las constancias se desprende que ambos fueron trasladados por la fuerza en presencia de elementos de la SSPDF sin que estos lo impidieran. Este Organismo acreditó que durante las detenciones la SSPDF era quien vigilaba las acciones de “limpieza social” y en las inmediaciones e instalaciones de la Central de Abasto, junto con la DGCA eran, a dicho de los indiciados, quienes las dirigían, con lo cual transgredieron el principio de legalidad en perjuicio de los niños detenidos. Por tanto, la SSPDF violó en perjuicio de ambos niños su derecho a la integridad personal, a no sufrir violencia de ningún tipo y a la no discriminación, incumpliendo así los principios que marca la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes, más aun cuando los niños callejeros se encuentran de facto bajo el cuidado del Estado. Esta Comisión comprobó que dentro de “Los Elegidos de Dios” se ejercía violencia física y mental en contra de las personas que se encontraban ahí privadas de su libertad, sin que las autoridades de la SEDESO o la SSPDF realizaran acciones tendientes a supervisar la seguridad de las personas, en particular de los menores de edad que se encontraban dentro de ese “anexo”. La SEDESO omitió implementar los mecanismos necesarios de manera oportuna a fin de que menores de edad callejeros no fueran objeto de violencia, explotación laboral y malos tratos por parte de particulares que los trasladaron por la fuerza a “Los Elegidos de Dios”. Por la omisión, puso en riesgo el desarrollo integral de estos menores, ya que éstos se encuentran de facto bajo el cuidado del Estado, tal y como lo señala el Comité de los Derechos del Niño y como se puede interpretar del artículo 53 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal. La PGJDF ha violado en perjuicio de los niños agraviados que fueron trasladados a “Los Elegidos de Dios” el derecho a acceder a una investigación efectiva derivado de los hechos, en virtud de que a pesar de que en sus declaraciones ambos menores de edad manifestaron presencia de elementos de la SSPDF durante las detenciones, servidores públicos de dicha Dependencia no han sido investigados. V.2.7. Trata de personas Por trata de personas se entiende “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Naciones Unidas CRC/C/GC/13. 18 de abril de 2011. 100

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de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”101 La violación de los derechos a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación cometidos en agravio de poblaciones callejeras trajeron como V.2.7.1. Marco normativo En el Distrito Federal, Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil [en adelante, Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas], establece algunos principios rectores: el respeto a la dignidad humana; la libertad y la autonomía; la equidad; la justicia y la lucha en contra de la pobreza; el acceso a la justicia pronta y expedita; la protección, seguridad y apoyo a la víctima; la perspectiva de género; el interés superior de niños, niñas y adolescentes; y la corresponsabilidad que asegura la participación y responsabilidad de la familia, órganos locales de gobierno y sociedad en general en la atención de las víctimas o posibles víctimas de las conductas materia de la Ley. Respecto de las acciones de prevención, la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas las define como el “conjunto de medidas que derivan de la implementación de políticas públicas que ejecuta la Administración Pública para evitar la consumación de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, atendiendo los factores de riesgo en los ámbitos público y privado”. Con relación a lo anterior, como unas de las obligaciones de la PGJDF, derivadas de la Ley en mención, se encuentran las siguientes: I. Tener personal e instalaciones adecuados para que las víctimas de los delitos materia de la Ley sientan confianza y seguridad al solicitar ayuda y protección; II. Tener mecanismos a fin de que todas las víctimas de las conductas señaladas en la Ley puedan dar parte de los actos cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad; III. Implementar en su estructura administrativa los procesos permanentes de capacitación en la prevención y sanción de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil; IV. Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que un menor de edad denuncie alguna o algunas de las conductas previstas en esta Ley. La omisión en el cumplimiento de esta atribución será motivo de responsabilidad;

Asimismo, del artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, se desprende que corresponde a la SSPDF: Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas previstas en la Ley;

En el sistema universal de los derechos humanos, en virtud del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, los Estados Parte, tal es el caso Artículo 3, inciso a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003. 101

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del Estado mexicano, deben adoptar medidas o reforzar las ya existentes a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.102 Además, se establece la necesidad de adecuar la legislación interna a fin de sancionar a las y los que cometan el delito de trata de personas. V.2.7.3. Conclusiones La trata de personas, como se aprecia en la fundamentación, trae aparejadas diversas circunstancias tales como el impedir ejercer los derechos a la libertad y seguridad personales y a la integridad personal, y por consiguiente se ve coartado el libre desarrollo de la personalidad y es una vulneración a la dignidad de la persona. En particular, cabe resaltar que fue vulnerado el derecho a la integridad personal de los internados en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, como consecuencia de la trata de personas, debido a que en dicho lugar fueron sometidos a jornadas excesivas de trabajo sin un salario y bajo tratos que son considerados por esta Comisión como violatorios de la integridad personal, todo ello con aquiescencia de las autoridades de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como de la SSPDF y de la DGCA. Además, de la evidencia se desprende que la PGJDF ha conducido la investigación a fin de acreditar el delito de privación ilegal de la libertad y no ha investigado el delito de trata de personas por los hechos suscitados en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, incumpliendo así los estándares internacionales sobre la materia, así como dejando de observar la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas. Con esto incurre en la violación del acceso a la justicia de las víctimas al no garantizar los recursos jurídicos para prevenir, eliminar y sancionar el delito de trata de personas. De igual manera la SSPDF fue omisa en cuanto a inspeccionar ex oficio el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios” desde el momento en que tuvo conocimiento de hechos probablemente delictivos que pudieran significar la realización del delito de trata de personas en el interior del mencionado sitio. Debido a lo anterior, la CDHDF considera que la SSPDF ha violado el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, así como, indirectamente, los derechos a la libertad e integridad personales, al no investigar los hechos ocurridos al interior de “Los Elegidos de Dios” desde que esta Comisión así como “El Caracol, A.C.” hicimos de su conocimiento los hechos materia de esta Recomendación. VI. Posicionamiento de la CDHDF sobre la violación a derechos humanos De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, se han documentado casos que consisten en llevar a niñas, niños y jóvenes, adultos mayores callejeros/as, por la fuerza, a instalaciones cerradas; en todos los casos, las personas regresan nuevamente a las calles, lo que pone en manifiesto un desconocimiento de dicha población. Asimismo, se pone de manifiesto la negación de sus derechos por parte de las autoridades, así como la carencia de interlocución para Artículo 9.4 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 102

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encontrar alternativas que desencadenen en procesos de cambio de mayor impacto positivo. Por el contrario, sólo se han implementado acciones de “limpieza social” consistentes en situaciones inmediatas que expresan la ausencia de una política pública para esta población y que vulneran sus derechos humanos. Por lo anterior, es de especial importancia para esta Comisión instar a todas las autoridades de todos los niveles del Distrito Federal a que reconozcan que la existencia de las poblaciones callejeras está asociada con la miseria, el trabajo precario, la ausencia de políticas sociales redistributivas del ingreso, etc.; por eso, las autoridades deben terminar con la estigmatización de la vida callejera como generadora de potenciales delincuentes y deben crear políticas públicas participativas encaminadas a crear condiciones de vida digna para dichas poblaciones. En opinión de la CDHDF no se va a alcanzar un pleno desarrollo de la personalidad ni el respeto a los derechos de las poblaciones callejeras haciendo operativos de “limpieza social”, tampoco trasladando por la fuerza a lugares lejanos a estas poblaciones, retirándoles sus pertenencias, por medio de agresiones físicas o amenazas. Estas situaciones sólo colocan a las poblaciones callejeras en un clima de violencia que repercute en la discriminación hacia estos grupos. Preocupa a este Organismo que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no haya ordenado o realizado alguna acción a fin de que se investigaran los hechos que se denunciaron por escrito ante ella el 1° de junio de 2009 por las organizaciones “El Caracol, A.C.” y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”. Dicha dependencia se limitó a dar vista a la Secretaría de Desarrollo Social, no obstante que del escrito antes mencionado, se desprendía la comisión de probables delitos y de graves violaciones a los derechos humanos. La CDHDF hace un llamado a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y recuerda a las autoridades recomendadas que se deben respetar los derechos humanos de las poblaciones callejeras, las cuales, vale recordar, deben gozar de una especial protección; asimismo, las autoridades deben implementar acciones positivas para tal efecto, al ser las poblaciones callejeras consideradas como un grupo vulnerable, esto de conformidad con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta Comisión insta a las autoridades responsables de dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con especial énfasis en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en su calidad de autoridad encargada de velar por el cumplimiento del Programa de Derechos Humanos, a implementar dichas líneas de acción de manera efectiva, en particular las que tienen que ver con el respeto y garantía de los derechos humanos de las poblaciones callejeras. En otro orden de ideas, esta Comisión lamenta que el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc considere que la Comisión de Derechos Humanos limite a esa Delegación para prohibir a la gente vivir en las calles.103 Esta Comisión resalta la importancia del respeto a los derechos humanos de esas poblaciones; no sólo el respeto a los derechos civiles y políticos, es decir, a que no sean sometidos a malos tratos, su derecho a la personalidad, etcétera; también, la garantía y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales incluyen, entre otros, los derechos a la salud, Comunicado de prensa de la Delegación Cuauhtémoc: NECESARIO DESPOJARSE DE PASIONES HISTÓRICAS: AGUSTÍN TORRES. 11 de noviembre de 2010. 103

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alimentación, vida digna, vivienda adecuada, derecho al deporte, a la cultura, al trabajo, etcétera; ya que todos ellos son indispensables para alcanzar la dignidad de la persona y lograr el pleno desarrollo de la personalidad. Por otro lado, este Organismo defensor de los derechos humanos reitera su preocupación debido a que la legislación penal no permite que el Ministerio Público haga un encuadre lo suficientemente preciso de comportamientos que se podrían considerar como trata de personas, lo que conduce a que dichas conductas deriven en otros tipos penales, tal es el caso que se expone en la presente recomendación. Llama la atención, en este sentido, que el día 9 de diciembre de 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al inaugurar el Seminario Internacional para la Prevención de la Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, se refirió al caso “Los Elegidos de Dios” como un caso de trata de personas, lo cual no es concordante con la averiguación previa que se investiga por privación ilegal de la libertad. Asimismo, inquieta que en casos anteriores, que han sido sustanciados ante esta Comisión, el Ministerio Público encargado de las investigaciones demore en exceso la integración de las averiguaciones previas, mucho más al tratase de violaciones graves a los derechos humanos. Por lo anterior, es necesario recordar a las autoridades de la PGJDF sobre la necesidad de un mecanismo de control para la efectividad y eficacia en la integración de las averiguaciones previas. VII. Obligación del Gobierno de reparar los daños ocasionados por la violación a derechos humanos El artículo 1° Constitucional establece en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” En el presente caso ha quedado acreditada la violación a los derechos humanos de las y los agraviados, cometida por las autoridades señaladas como responsables en esta Recomendación. En congruencia con el orden jurídico nacional e internacional, la violación a derechos humanos obliga a la autoridad responsable a la reparación del daño causado. En el ámbito internacional, el deber de reparar a cargo del Estado ante violaciones a derechos humanos está previsto en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional. Al respecto, de acuerdo con los citados Principios: Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario […]

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A nivel regional, este deber encuentra regulación en el artículo 63.1 de la Convención Americana, que a la letra estipula que: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En relación con este precepto, la Corte Interamericana ha establecido que: Refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.104

Además en su jurisprudencia ha establecido lo siguiente respecto al alcance y contenido de las reparaciones: Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza […] depende del daño ocasionado […] 105 La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones […]106

Por su parte, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su artículo 46, establece que: Concluida la investigación, el Visitador correspondiente formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados […] En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

En ese sentido, se concluye que el Estado tiene la obligación de cumplir con la reparación del daño ocasionado a las víctimas por violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de sus servidores públicos.

Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Op. Cit. Párrafo 208; Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. Párrafo 295. 105 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Op. Cit. Párrafo 193. 106 Ibídem. Párrafo 182. 104

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VII.1 Modalidades de la reparación aplicable al presente caso En el ámbito de los derechos humanos se ha considerado que la reparación por excelencia es la ―restitutio in integrum”, que consiste en el restablecimiento de las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación perpetrada.107 No obstante, en casos como en el presente en que la afectación a la integridad personal en perjuicio de la víctima impide, por los daños ocasionados, restablecer la condición que guardaba antes de ocurrida la violación a sus derechos humanos, hace necesaria la discusión de otras formas a través de las cuales puede repararse a las víctimas. Estas modalidades son las siguientes: VII.1.1. Rehabilitación Ésta debe incluir ―la atención médica y psicológica, y los servicios jurídicos y sociales.‖103 VII.1.2. Satisfacción La satisfacción debe incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.108 VII.1.3. Garantías de no repetición Las garantías de no repetición consisten en implementar las medidas positivas para conseguir que los hechos lesivos como los que originaron la reparación no se repitan.109

En razón de lo antedicho, con fundamento en los artículos 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17 fracción IV y 22 fracción IX y XVI de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como 1 y 140 de su Reglamento Interno, la CDHDF,

CorteIDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y costas. Sentencia de 22 de febrero 2002, serie C, No. 91. Párrafo. 39; Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. Párrafo. 27. 108 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, numeral 22. 109 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Párrafo 40. 107

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VIII. Recomienda

Al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Primero. En un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, gire sus instrucciones por escrito a fin de que las y los servidores públicos de la Secretaría a su cargo se abstengan de cometer actos de molestia ilegales en perjuicio de las y los integrantes del “Grupo Juárez”, así como de personas que trabajan en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto que se encuentran en situación de calle. En especial, se abstengan de realizar actos u omisiones tendientes a que se prive de su libertad a dichas personas, así como a la institucionalización forzada, de conformidad con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Segundo. En un plazo que no exceda de quince días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, comience una investigación a fin de iniciar procedimiento administrativo a las y los servidores públicos que podrían haber incurrido en responsabilidad por participar en los actos de molestia en contra de personas en situación de calle trasladadas en contra de su voluntad al lugar conocido como “Los Elegidos de Dios”, o bien, por omitir intervenir en defensa de las y los agraviados ante esa situación; lo anterior, con sustento en las declaraciones de los probables responsables en la averiguación previa, así como de las propias víctimas. Tercero. En un plazo que no exceda de un mes a partir de la aceptación de la Recomendación, se instrumente el Programa de capacitación para servidores públicos de la Secretaría a su cargo que se elaboró con colaboración de “El Caracol A.C.” y el cual cuenta con el visto bueno de esta CDHDF; destine recursos suficientes para llevar a cabo dicho Programa y, una vez capacitado el personal, asigne elementos ya capacitados para las poblaciones callejeras que así lo requieran. Cuarto. En un plazo que no exceda de seis meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implemente un mecanismo de evaluación al interior de la Dirección General de Control de Confianza de la Secretaría a su cargo, con el propósito de verificar el trato que tienen las y los elementos de dicha Secretaría hacia las personas que viven en situación de vulnerabilidad, en particular hacia las poblaciones callejeras. Quinto. Se continúen brindando las medidas precautorias a los integrantes del “Grupo Juárez” y en un plazo que no exceda de siete meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se asignen para la protección y apoyo de dicho Grupo elementos de campo de la Policía a su cargo, capacitados y sensibilizados en materia de derechos humanos, en particular de los grupos callejeros, a fin de continuar con la implementación de las medidas de protección hacia dicho Grupo;110 manteniendo comunicación permanente con “El Caracol, A.C.”, que es la organización que apoya al mencionado Grupo para la implementación de dichas medidas precautorias.

Solicitudes de medidas precautorias dirigidas a la SSPDF de fechas 23 de enero, 18 de mayo, 23 de julio, 15 de septiembre y 10 de diciembre de 2009; 8 de junio de 2010 y 6 de septiembre de 2011. 110

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Al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal Sexto. En un plazo que no exceda de seis meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se revise y reformule el Programa de Jornadas Callejeras, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil expertas en el trabajo de campo con poblaciones callejeras a efecto de que dicho Programa no opere desde un enfoque asistencialista y las políticas públicas que del Programa se desprendan sean integrales y apuesten por la reinserción social efectiva de las mencionadas poblaciones, en especial las que pertenecen al “Grupo Juárez”, a las que pernoctan en las instalaciones de la Central de Abasto y en la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Se deberán destinar recursos suficientes al Programa de Jornadas Callejeras, lo que deberá incluir la capacitación a las y los encargados de ejecutar dicho Programa para que estén en condiciones de dar trato debido a poblaciones callejeras. Asimismo, se deberá elaborar un mecanismo de acercamiento y generación de confianza con las poblaciones callejeras, apoyado por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con éstas. Séptimo. En un plazo que no exceda de dos meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, implemente una campaña de difusión y promoción de los derechos de las poblaciones callejeras, cuyo fin principal sea promover la no discriminación hacia dichas poblaciones, en particular las que integran el “Grupo Juárez” y las que pernoctan en las instalaciones de la Central de Abastos y en las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), agraviados en esta Recomendación. Octavo. De conformidad con la línea de acción 2026 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, realice gestiones con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal para que de conformidad con la línea de acción 822 de dicho Programa, se pueda ofrecer opciones de arrendamiento y/o compra de una vivienda digna a las personas en situación de calle que lo soliciten. Asimismo, destine recursos y facilite a estas personas su apoyo a fin de que puedan contar con los documentos necesarios para solicitar los apoyos de vivienda, en particular, a los integrantes del “Grupo Juárez” así como a las personas que pernoctan en las instalaciones de la Central de Abastos y a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Noveno. Incentive la participación de integrantes del “Grupo Juárez”, así como de poblaciones callejeras que se encuentran en las instalaciones de la Central de Abasto y a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en las Audiencias Públicas o mecanismos a que se refiere la línea de acción 2064 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que opinen y evalúen el desarrollo de los programas y políticas públicas en la materia. Décimo. Para el caso de las personas que deseen continuar viviendo en situación de calle, pertenecientes al “Grupo Juárez”, al grupo que se ubica a las afueras del metro Candelaria y a las poblaciones callejeras que se encuentran en las instalaciones o inmediaciones de la Central de Abasto, se les informe y se les brinden las facilidades necesarias para que puedan acceder a los diversos programas que ofrece el Gobierno del Distrito Federal, a través de sus dependencias, en

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materia de salud, educación, alimentación, trabajo, cultura, deporte, etc. También se les informe de los lugares en donde pueden pernoctar, realizar sus necesidades fisiológicas y su aseo personal. Undécimo. Una vez que sea revisado y modificado el Programa Jornadas Callejeras, celebre un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de que de manera permanente coadyuven para que las personas que trabajan en las instalaciones de la Central de Abasto en situación de calle y/o con problemas de adicciones les sea ofrecida la ayuda de dicho Programa.

A la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal Duodécimo. En un plazo que no exceda de 15 días naturales a partir de la aceptación de esta Recomendación, emita una circular a fin de que personal de la Dirección General de la Central de Abasto del Distrito Federal se abstenga de realizar actos de molestia en contra de las poblaciones callejeras que trabajan en las instalaciones de dicha Central. Decimotercero. Una vez que sea revisado y modificado el Programa Jornadas Callejeras, celebre un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que de manera permanente coadyuven para que las personas que trabajan en las instalaciones de la Central de Abasto en situación de calle y/o con problemas de adicciones les sea ofrecida la ayuda del Programa que maneja dicha dependencia. Decimocuarto. En un plazo que no exceda de seis meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se destinen recursos a fin de capacitar en materia de derechos humanos a mandos medios y superiores de la Dirección General de la Central de Abasto. En dicha capacitación se deberá hacer especial énfasis en el trato a los grupos en situación de discriminación, en particular de poblaciones callejeras. Las capacitaciones deberán de ser impartidas por especialistas en la materia.

Al Procurador General de Justicia del Distrito Federal Decimoquinto. Para la debida investigación de delitos en relación con los hechos ocurridos en el “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, así como con las detenciones de personas en situación de calle y su traslado a ese sitio, por cuanto hace a la participación de servidoras(es) públicas(os) de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y de la Dirección General de la Central de Abasto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, tomando en cuenta lo argumentado por esta Comisión, así como la línea de acción 2059 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se realice un estudio técnico-jurídico a efecto de establecer si en la averiguación previa respectiva se realizaron las diligencias y acciones necesarias y suficientes para, en su caso, determinar la probable responsabilidad penal de dichas(os) servidoras(es) públicas(os). Asimismo, en caso de que no se hayan realizado tales diligencias y acciones, se retome de inmediato la investigación sobre la participación de esas(os) servidoras(es) públicas(os). Decimosexto. En un plazo de 15 días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista al Órgano Interno de Control en la Procuraduría a su cargo para que 55

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determine la responsabilidad administrativa del Agente o los Agentes del Ministerio Público que pudieron haber incurrido en falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos relacionados con la participación de servidoras(es) públicas(os) en las detenciones de personas en situación de calle y su traslado al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”. Decimoséptimo. En un plazo de 15 días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, para el correcto trámite de las investigaciones relacionas con la participación de servidoras(es) públicas(os) en las detenciones de personas en situación de calle y su traslado al “anexo” denominado “Los Elegidos de Dios”, se ofrezca a los denunciantes callejeros las medidas de precaución suficientes, de conformidad con la línea de acción 2069 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Decimoctavo. Como garantía de no repetición, de conformidad con la línea 2065 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implemente un mecanismo de denuncia ciudadana para las poblaciones callejeras. Dicho mecanismo deberá de contar con la participación de poblaciones callejeras para su diseño y evaluación, mediante información accesible para todas y todos. Decimonoveno. Igualmente, como garantía de no repetición, de conformidad con la línea de acción 2023 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se evalúen los mecanismos de investigación y sanción de maltrato y abuso contra las poblaciones callejeras durante desalojos y operativos, que ejecutan y/o instiguen los servidores públicos. Vigésimo. En atención a la línea de acción 210 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y con base en el punto recomendatorio sexto de la Recomendación 3/2011, así como en el punto decimosexto de la Recomendación 7/2011, aceptada por la Procuraduría a su cargo, 111 una vez que se encuentre definido el mecanismo de supervisión para prevenir que los agentes del Ministerio Público investigadores incurran en retardo injustificado en la integración y determinación de las averiguaciones previas, se realicen acciones permanentes de evaluación que garanticen su correcto funcionamiento.

Al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc Vigésimo primero. En un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, emita una circular a fin de que personal de la Delegación a su cargo se abstenga de cometer actos de molestia ilegales en perjuicio de las y los integrantes del “Grupo Juárez”. En especial, elimine cualquier acción de la institucionalización forzada, en perjuicio de las y los integrantes de las poblaciones callejeras que pernoctan en la demarcación territorial Cuauhtémoc. Vigésimo segundo. En un plazo que no exceda de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, en cumplimiento a la línea de acción 2061 del Programa de Derechos Recomendación 3/2011, aceptada por la PGJDF mediante oficio número DGDH/503/1827/2011-06, de fecha 17 de junio de 2011, recibido en esta Comisión el día 20 de junio de 2011. Recomendación 7/2011, aceptada por la PGJDF mediante oficio número 600/SECM/244/09-2011, de fecha 14 de septiembre de 2011, recibido en esta Comisión el 15 de septiembre de 2011. 111

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Humanos del Distrito Federal y del punto recomendatorio primero de la Recomendación 23/2009, se comience a elaborar un programa permanente, especializado de capacitación y sensibilización dirigido al personal de la Delegación a su cargo especialmente al personal que derivado de sus funciones tenga contacto con poblaciones callejeras, en materia de derechos humanos, particularmente, para el conocimiento de las poblaciones callejeras como grupo social, en igualdad de condiciones para el goce y ejercicio de sus derechos, y eliminar prácticas tutelares, para lo cual deberán destinar los recursos necesarios y contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia. Dicho programa deberá comenzar a impartirse en un plazo que no exceda de seis meses a partir de la aceptación de la Recomendación y de manera permanente se deberán destinar los recursos necesarios para su impartición. Vigésimo tercero. En un plazo que no exceda de 3 meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, designe un enlace que coadyuve con la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de diseñar y ejecutar programas para beneficio de la población callejera que se ubica en Humboldt y Artículo 123, de tal manera que pueda mejorar sus condiciones de vida. Vigésimo cuarto. En un plazo que no exceda de un año a partir de la aceptación de la presente Recomendación, destine recursos para que, de conformidad con la línea de acción 2045 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se diseñe y ejecute un programa de reducción del daño para las poblaciones callejeras que no se quieran integrar a los programas residenciales para tratamiento de las adicciones, en particular programas de salud desde un enfoque de derechos humanos, retomando experiencias exitosas de otros países para tal efecto. Lo anterior con el fin de atender el daño orgánico ocasionado por el uso problemático de sustancias. Para el diseño del programa se deberá contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil expertas y de la opinión y participación de poblaciones callejeras para su monitoreo y evaluación.

Al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza Vigésimo quinto. En un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la aceptación de la presente Recomendación, emita una circular a fin de que personal de la Delegación a su cargo, en particular al personal de la Dirección Ejecutiva Territorial Moctezuma, se abstenga de cometer actos de molestia ilegales en perjuicio de las y los integrantes de la población callejera que se ubica a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). En especial, elimine cualquier acción de la institucionalización forzada, en perjuicio de las y los integrantes de las poblaciones callejeras que pernoctan en la demarcación territorial Venustiano Carranza. Vigésimo sexto. En un plazo que no exceda de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, en cumplimiento a la línea de acción 2061 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y del punto recomendatorio primero de la Recomendación 23/2009, se comience a realizar un programa permanente, especializado de capacitación y sensibilización al personal de la Delegación a su cargo especialmente al personal que derivado de sus funciones tenga contacto con poblaciones callejeras, en materia de derechos humanos, particularmente, para el conocimiento de las poblaciones callejeras como grupo social, en igualdad de condiciones para el goce y ejercicio de sus derechos, y eliminar prácticas tutelares. Dicho programa deberá comenzar a impartirse en un plazo que no exceda de seis meses a partir de la aceptación de la Recomendación. Para las

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capacitaciones se deberá destinar presupuesto y contar con la presencia de organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia y con trabajo con poblaciones callejeras. Vigésimo séptimo. En un plazo que no exceda de 3 meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, designe un enlace que coadyuve con la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de diseñar y ejecutar programas para beneficio de la población callejera que se ubica a las afueras de la estación Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), de tal manera que pueda mejorar sus condiciones de vida. Vigésimo octavo. En un plazo que no exceda de un año a partir de la aceptación de la presente Recomendación, destine recursos para que, de conformidad con la línea de acción 2045 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se diseñe y ejecute un programa de reducción del daño para las poblaciones callejeras que no se quieran integrar a los programas residenciales para tratamiento de las adicciones, en particular programas de salud desde un enfoque de derechos humanos, retomando experiencias exitosas de otros países para tal efecto. Lo anterior con el fin de atender el daño orgánico ocasionado por el uso problemático de sustancias. Para el diseño del programa se deberá contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil expertas y de la opinión y participación de poblaciones callejeras para su monitoreo y evaluación. Así lo determina y firma,

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Luis Armando González Placencia

C.c.p. Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Para su conocimiento. Dip. María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura. Para su conocimiento. Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Para su conocimiento.

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