Política

Página 10/LA NACION

El conflicto con Uruguay

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Martes 4 de septiembre de 2007

Derechos humanos

Violencia en Santa Cruz

El Gobierno asume que Botnia empezará a producir pronto

Mencionan a Bergoglio en el juicio a Von Wernich

Diseñó un plan de monitoreo ambiental

Hizo gestiones por una desaparecida

Por Lucas Colonna De la Redacción de LA NACION Por primera vez, el gobierno de Néstor Kirchner da por sentado con hechos concretos que la pastera finlandesa Botnia no podrá ser relocalizada en el corto plazo y comenzará a funcionar en pocas semanas, pese a la persistencia formal del reclamo para que la empresa levante sus instalaciones de las orillas del río Uruguay. La prueba: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Romina Picolotti, diseñó por orden del Presidente un plan de “vigilancia ambiental” para controlar a Botnia ante su “inminente” funcionamiento. Así consta en una carta que días atrás la funcionaria les envió a los ciudadanos que llevan adelante la protesta en Entre Ríos. El planteo despertó reticencias entre los asambleístas, que se niegan a aceptar un plan de monitoreo de la planta que implique una aceptación de hecho de que la planta funcionará en la zona. El proyecto oficial coincide con la vocación de ambos países de retomar el diálogo político al máximo nivel, con una reunión prevista durante la asamblea anual de las Naciones Unidas, a fin de mes, en Nueva York. La cita estaría encabezada por el embajador español José Antonio Yáñez Barnuevo. Antes de ser presentado públicamente, Picolotti analizará el plan ambiental con los asambleístas de Gualeguaychú, a quienes citó el lunes en Buenos Aires. “Me dirijo a ustedes para convocar al grupo interdisciplinario de la asamblea el lunes 10 a fin de informar y evaluar el plan de vigilancia ambiental diseñado por la secretaría ante la inminente puesta en marcha

de Botnia”, dice la misiva, a la que accedió LA NACION. La convocatoria, prosigue el texto, se hace “sin perjuicio del reclamo de vulneración de derechos que está realizando el Estado argentino como consecuencia de la violación del estatuto del río Uruguay por parte del Estado uruguayo”. La reacción en Gualeguaychú fue inmediata: “No estamos dispuestos a aceptar un monitoreo de la planta. El plan de contingencia de la provincia de Entre Ríos, que prevé chequeos de salud a la población durante un año, sí lo aceptamos porque trabaja con la hipótesis de que Botnia se va. Un monitoreo implica aceptar su funcionamiento”, dijo a LA NACION el asambleísta José Pouler.

ARCHIVO

Varizat en su noche de furia, el viernes 17 de agosto, cuando atropelló a un grupo de manifestantes

Procesaron al ex ministro Varizat y seguirá detenido

Argumentos cruzados El rechazo a un monitoreo radica en que ésa es, por cierto, la propuesta que siempre hizo Uruguay para frenar el reclamo de relocalización. En la Cancillería procuraron minimizar el impacto que la convocatoria y el plan pueden tener en la estrategia y los planteos de la Argentina. “El gobierno argentino sigue sosteniendo que la localización es ilegítima. Si en el medio alguno de los actores intervinientes colabora para ver cómo se atienden las situaciones específicas, son cosas separadas”, dijo un alto funcionario del Palacio San Martín. Ayer, la administración de Tabaré Vázquez consideró que la marcha a Fray Bentos que encabezaron el domingo los asambleístas entrerrianos resultará positiva para su país en el litigio. “Uruguay hizo una demostración de manejo solvente de la seguridad física de las personas y del derecho a decir lo que tienen que decir”, dijo el canciller Reinaldo Gargano.

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ya que todos los días se agregan nuevos testimonios”, dijo a LA NACION el fiscal de la causa Andrés Vivanco. Además del procesamiento, la jueza trabó un embargo de 120.000 pesos sobre los bienes de Varizat. Se espera que en los próximos días la defensa apele y pida la excarcelación, lo cual deberá ser resuelto por el juez de recursos Miguel Lobos. Mientras tanto, Varizat continúa detenido en la Escuela de Policías, a 15 kilómetros del centro de Río Gallegos. La causa ya cuenta con más de tres cuerpos, pruebas fotográficas y de videos, peritajes automovilísticos, denuncias policiales y certificados médicos de las 25 personas damnificadas. Según fuentes judiciales, la jueza podría terminar la instrucción a fines de noviembre y elevar el caso a juicio antes de que termine el año. En el fallo se consideraron “con-

tundentes” los resultados arrojados por el informe pericial 152/07, que contradice los dichos de Varizat en la declaración indagatoria, cuando aseguró que, al toparse con la protesta, soltó el freno de la camioneta y ésta salió para adelante. “Sale al volante de su camioneta en forma rápida, a una velocidad elevada, para lo que necesariamente tuvo que apretar el acelerador”, señala el fallo en una de sus 30 carillas. Como se constató que la camioneta fue hacia adelante, retrocedió y volvió a acelerar, la jueza habló de lesiones graves reiteradas (3 hechos) y lesiones leves reiteradas (12 hechos), en concurso real con lesiones graves reiteradas (2 hechos) y lesiones leves reiteradas (7 hechos). “Si una persona acciona dos veces el gatillo de un arma de fuego efectuando un leve movimiento de su dedo índice lesionando personas, nadie dudaría de que se trata de dos conductas –escribió la jueza–. El he-

cho que nos ocupa guarda gran similitud con el ejemplo brindado, sobre todo si consideramos a la camioneta del imputado como un arma.” Pero la parte más impactante del fallo es la que contiene la voz de las víctimas. Marcela Obando, una de las personas que estuvieron internadas varios días, afirma en la causa: “Se produjo un movimiento del grupo de gente que empieza a gritar y nos atropella. Yo caí al piso y encima mío y a los costados cayeron varios más, se me produce la fractura del tobillo y no pude salir corriendo. Estando en el piso, escuché el ruido del motor de la camioneta que aceleraba y la gente gritaba: «¡Nos tira la camioneta encima, nos tira la camioneta!»”. El periodista Nicolás Revello contó: “Mi cuerpo quedó montado sobre el capot, y avanzó unos dos metros, donde se detuvo”. En ese momento pudo apreciar que había “personas debajo del rodado”, según consta en el fallo.

LA PLATA.– En una nueva audiencia del juicio al ex capellán policial Christian von Wernich, una testigo describió una gestión del cardenal Jorge Bergoglio durante la última dictadura militar para encontrar a su hermana desaparecida y le reclamó al actual presidente del Episcopado que se pronunciara sobre el sacerdote juzgado por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad. “El silencio de Bergoglio es atronador y vergonzoso. ¿Dónde está Bergoglio? ¿No tiene una palabra para decir sobre este juicio?”, se quejó ante el tribunal Estela de la Cuadra, hermana de la desaparecida Elena de la Cuadra, y tía de Ana Libertad, una beba nacida en cautiverio (aún no encontrada por la familia). La testigo relató: “Mis padres se reunieron en 1978 con Bergoglio, en Buenos Aires, con la intención de que les diera información sobre Elena y Ana Libertad”. Elena de la Cuadra fue secuestrada a principios de 1977 junto con su esposo, Héctor Baratti. Estaba embarazada y dio a luz a una nena en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5a. de La Plata. Antes del encuentro de sus padres con Bergoglio, Soledad y Luis de la Cuadra, habían pedido por su hermana desparecida en el Vaticano, ante Pedro Arrupe, de la orden de los jesuitas. “Arrupe les dijo a mis hermanos que en unos días más, cuando se juntara con Bergoglio en Brasil, por una reunión de los sacerdotes de esa orden, le encomendaría que ayudara a mi familia”, dijo la testigo. Según la testigo, Bergoglio los envió a su vez con el sacerdote Mario Piqui (ya fallecido), para que éste tratara de buscar información.

Revelación británica

Un argentino, espía nazi LONDRES (AFP).– Oro y documentos que los nazis querían trasladar a América del Sur, submarinos, contraseñas, burdeles en España: los servicios secretos británicos desclasifican las aventuras de un espía argentino que trabajaba como agente para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El caso de Ernesto Hoppe, que parece salido de las páginas de una novela de espionaje, forma parte de la decena de expedientes que los servicios de inteligencia británicos MI5 entregaron recientemente a los Archivos Nacionales, que hoy difundirá por primera vez. Según el documento KV2/2636, Hoppe fue reclutado por el servicio de espionaje alemán y trabajó para los nazis en una misión secreta que consistía en trasladar dinero y documentos de altos dignatarios del III Reich a la Argentina. Ernest August Paul Hoppe nació en Brand, Alemania, el 7 de julio de 1891, y emigró a los 16 años a la Argentina, donde obtuvo la naturalización en 1918. Tenía un garaje y una autoescuela en la calle Bulnes, en Buenos Aires.