PRIMER Y SEGUNDO GOBIERNO DE CARLOS S. MENEM -

Primera Presidencia: 1989-1995

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Segunda Presidencia 1995 - 1999

El 14 de mayo de 1989, Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular, se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. El presidente enfatizó la concentración del poder en el Ejecutivo; usó ampliamente el “veto presidencial” y recurrió con frecuencia a los “decretos de necesidad y urgencia”. En abril de 1990, la Cámara de Diputados aprobó el aumento del número de jueces en la Corte Suprema de cinco a nueve. La renuncia de uno de los miembros le permitió nombrar a cinco nuevos miembros y contar, a partir de allí, con una “mayoría automática” que respaldó las decisiones del presidente. También resolvió la relación con los sindicatos; concertaba con la cúpula de la CGT, lo cual dejaba a los delegados disidentes al margen y sin ningún poder de concertación. Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tella, llegó a decir que Argentina mantenía “relaciones carnales”? con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo la larga trayectoria de neutralidad argentina. Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN. En 1993, luego del denominado Pacto de Olivos –que suscribieron Raúl Alfonsín, presidente de la UCR y el propio Menem- se llevó a cabo la reforma de la Constitución que habilitó la reelección del presidente. En cuanto a la política económica, puso en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

habían establecido a comienzos de 1989 en el denominado Consenso de Washington ; hecho que marcó una ruptura con las señas de identidad que habían sido tradicionales en el peronismo. Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva y cultivó la alianza con sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. El gobierno del presidente Carlos Menem se inició con un programa de promoción de las exportaciones argentinas, que consistía en reducir al máximo el consumo interno y dedicar los excedentes de producción a la exportación. Sin embargo, este primer programa fracasó y, a principios de 1990, hubo otro pico inflacionario. Entonces, el gobierno cambió de estrategia, con un plan que puede sintetizarse en tres puntos:  En 1991, lanzó un programa de estabilización, al que llamó Plan de Convertibilidad, que consistió en fijar —a través de una ley aprobada por el Congreso— la equivalencia de un peso y un dólar, garantizada por el Banco Central. Para financiar la actividad económica, el gobierno contó con una ventaja: un período de gran disponibilidad de crédito internacional. Este Plan obligaba al Banco Central a mantener reservas en oro y moneda extranjera por el equivalente al dinero circulante. De nuevo, la rígida regulación del mercado cambiario ponía en duda la etiqueta del liberalismo que desde diversos ángulos se adosaría al programa.  Simultáneamente, el gobierno lanzó un plan de privatizaciones de industrias y servicios públicos de propiedad estatal, combinado con una reducción del gasto público. El proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray. Hacia el final de su presidencia, no quedó ninguna empresa en manos del Estado. Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos,

correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas

siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers las radios, los canales de

televisión, las carreteras y los ferrocarriles. Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevó a cabo. Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias. Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial). Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones: El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto más rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad. En tercer lugar se argumentaba la incapacidad del Estado para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema. Por último se afirmaba que el Estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios. Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y

privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Órganos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes. Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta, las mismas fueron desmanteladas.  El tercer soporte del plan consistía en una gran apertura de la economía: permitir el ingreso de productos importados para obligar a la industria nacional a competir, a mejorar su tecnología y a abaratar costos de producción.  CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE PRIVATIZACION Podemos analizar las consecuencias según cuatro grandes áreas: 1) el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con los grandes capitales extranjeras. 2) Se produjo una fuerte reducción de los planteles por la vía de los llamados “retiros voluntarios" para los cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto da cuenta de la importancia estratégica que las empresas le otorgaron a la reducción de personal. Esto fue acompañado por un proceso de sustitución del personal con más antigüedad en la empresa cuya experiencia sindical y política no era deseada. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. 3) Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios: acceso al servicio, tarifas y calidad.

El declive El plan tuvo éxito. La inflación se redujo hasta índices del 0%. La actividad económica creció entre un 5 y un 7% anual y también aumentó el consumo. Las grandes industrias renovaron su tecnología y mejoraron su capacidad exportadora. Esta política económica logró detener la hiperinflación que experimentaba Argentina desde fines de los años 80, y logró que los indicadores económicos fueran positivos durante los primeros años de su aplicación. En el año 1994, a tres años del inicio de la gestión de Domingo Cavallo como ministro de economía, Argentina tuvo una tasa de pobreza del 16% contra el 33,7% de cuatro años atrás, y con menor cantidad de empleo público. Durante este período se convirtió en el país de América Latina con más alto ingreso per cápita. Sin embargo, este modelo produjo una concentración económica en los sectores financiero, de servicios y agroexportador, al mismo tiempo que una desocupación estructural cercana al 20% en sus peores momentos. A pesar de los indicadores positivos, el plan tenía tres limitaciones: 1. “Estaba sostenido por capitales internacionales”, los cuales ingresaban al país no siempre en forma de inversiones productivas. Cuando, a fines de 1994, aumentaron las tasas de interés ofrecidas en los Estados Unidos, una parte de esos capitales se retiró de la Argentina rumbo a mercados más rentables. A esa situación se sumó el “efecto tequila”, una devaluación de la moneda mexicana que asustó a los inversores internacionales en América latina. 2. “Produjo una gran concentración de capital en pocos y muy grandes grupos industriales y de servicios”. Estos grupos fueron los únicos que lograron modernizar sus tecnologías. Las pequeñas y medianas empresas encontraron muchas dificultades financieras (falta de crédito, crédito caro) para subsistir. 3. “Tuvo serios efectos sociales”. Por un lado, el recorte de los gastos del estado deterioró la calidad de los servicios públicos, como la salud y la educación. Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías y el cierre de

pequeñas y medianas empresas provocaron un gravísimo aumento de la desocupación, que en mayo de 1995 alcanzó al 18,6 por ciento de la población económicamente activa. Así, durante el segundo mandato empeoraron las condiciones sociales, se acumularon los conflictos y las manifestaciones de oposición centradas, fundamentalmente en el modo en que el gobierno ejercía el poder y en los casos de corrupción, sumados a una serie de hechos que no fueron esclarecidos, como los atentados a la embajada de Israel y la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), la venta de armas, etc.