POLITICA

Lunes 5 de septiembre de 2011

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DERECHOS HUMANOS s EL RESARCIMIENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

Polémica por una lista de indemnizaciones El Gobierno incluyó a guerrilleros ejecutados por sus propias organizaciones a la lista original de desaparecidos de la Conadep MARIANO DE VEDIA LA NACION Por delatar a sus compañeros cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Córdoba, durante el gobierno constitucional de 1975, el militante montonero Fernando Haymal murió a tiros, ultimado por la propia organización guerrillera. Sin embargo, sus familiares están habilitados para cobrar una indemnización, cercana a US$ 220.000, porque el caso figura como de ejecución sumaria en las listas de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno actualizó en 2006. Al menos 16 casos similares surgen al analizar la nómina que la Secretaría de Derechos Humanos ofrece en su sitio web, donde aparecen como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria personas que, según consta en libros, investigaciones periodísticas y en las propias revistas que en los años 70 publicaban Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se quitaron la vida antes de ser apresadas o fueron ejecutadas por las propias fuerzas guerrilleras luego de “juicios revolucionarios”. Muchas de esas muertes ocurrieron antes del golpe militar de 1976. Los casos salen a la luz al cotejar el listado de 2006 (una actualización del informe que la Conadep había elaborado en 1984) con las crónicas narradas en clásicas y recientes investigaciones, como las volcadas en los libros Operación primicia, de Ceferino Reato; Galimberti, de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero; Los montoneros. Soldados de Perón, de Richard Gillespie, y La memoria de los de abajo, de Roberto Baschetti, entre otros, y en testimonios reflejados en Evita Montonera, la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja, el órgano del ERP. A dichas fuentes recurrió el teniente primero José D’Angelo, pasado a retiro en 1992 tras su participación en levantamientos carapintada, que tiene en preparación un libro para avanzar en el esclarecimiento de casos en que los registros oficiales no coinciden con testimonios y documentos de la época. Las circunstancias en que murieron muchas de las víctimas del terrorismo de Estado recobran interés ante el silencio que guarda la Secretaría de Derechos Humanos cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado, a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. LA NACION pidió reiteradas veces al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas. Cada pago es resuelto por funcionarios estatales sin intervención de la Justicia. A partir de un requerimiento efectuado en 2007 por D’Angelo, en una nota dirigida al Poder Ejecutivo y respondida por el entonces secretario de Finanzas Sergio Chodos, se supo que quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre

Juicio por apropiación de menores SAN JUAN.– El primer juicio oral y público que se realizará en San Juan por la apropiación ilegal de un niño hijo de desaparecidos comenzará hoy y tendrá en el banquillo de los acusados a la pareja formada por el ex militar Luis Alberto Tejada y Raquel Josefina Quinteros. Ambos están acusados de apropiarse de un niño de un año, hijo de una pareja desaparecida en 1980, durante la última dictadura, informó la agencia de noticias DyN. Desde hoy el juicio se llevará a cabo en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. En primer término se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio y recién mañana comenzarán las indagatorias. Tejada –que se desempeñaba en el Destacamento de Inteligencia 144 en Mendoza– y su mujer, Quinteros, están acusados como presuntos autores de los delitos de “sustracción y ocultación de un menor de diez años, alteración del estado civil de un menor de diez años, falsedad ideológica en documentos públicos y utilización de documentos falsos”. El Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó el 25 de julio de 2008 que quien figuraba como hijo de Tejada y Quinteros era, en verdad, fruto de la relación de Francisco Luis Goya, de nacionalidad argentina, y María Lourdes Martínez Aranda, ciudadana mexicana, desaparecidos en 1980 en Mendoza.

de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron compensados, en total, con $ 43 millones y US$ 605,8 millones. Los familiares de desaparecidos y muertos en igual período recibieron $ 293 millones y US$ 985 millones. El total pagado por el Estado oscila entre US$ 1700 millones y US$ 1900 millones. Cada beneficiado habría recibido US$ 220.000. Como contrapartida, no recibieron reconocimientos ni compensaciones las víctimas de la guerrilla. De la comparación entre el listado oficial que elaboró la Secretaría de DD.HH, a la que se puede acceder por Internet, y las publicadas en investigaciones periodísticas y en las revistas de las organizaciones guerrilleras surgen contradicciones. LEn la biografía Galimberti, los periodistas Larraquy y Caballero –este último, actual director de Tiempo Argentino– narran el caso de Fernando Haymal, que luego de cuatro días de torturas dio información a las fuerzas de seguridad para que localizaran al militante Marcos Osatinsky, que fue ultimado en Córdoba. Señalan al respecto: “Haymal fue fusilado por Montoneros después de un juicio revolucionario [en septiembre de 1975]”. Lo mismo publicó Evita Montonera, en su número de octubre de 1975, con el título de “Juicio revolucionario a un delator”. El informe de la Secretaría de DD.HH. señala el caso de Haymal como de ejecución sumaria. L El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado “Mario”), Carlos Pablo Molinas (“Oscar”), Luis Bocco (el “Flaco Tito”) y Carlos Alberto Tuda (el “Negro Nano”). Así lo describe Baschetti en La memoria de los de abajo. Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como víctimas de ejecución sumaria. LLas militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. (Así lo narra Baschetti.) En el listado de 2006, el caso Drago aparece como “ejecución sumaria” y el de Lucchesi como “desaparición forzada”. L En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: “Yo fui montonera. ¡Seguime!”. Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como “desaparición forzada”. L Baschetti narra que Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria. L Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos

 

    

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Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976. L El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón. Se trata de casos que se ajustan a la premisa de “no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento”, como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera, de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo –escrito por Ernesto Sabato– fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la “teoría de los dos demonios”. Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas.

OPINION

Víctimas con doble estándar CEFERINO REATO PARA LA NACION Operación Primicia fue la acción más espectacular de la guerrilla en toda su historia y terminó en una tragedia con 28 jóvenes muertos, entre ellos 12 montoneros, diez soldados, un sargento, un subteniente y un agente de policía. Pero no se trata sólo de un hecho del pasado: su actualidad deriva del tratamiento desigual de las víctimas de uno y otro lado por parte del kirchnerismo, de los organismos de derechos humanos y de los partidos políticos en general. Ocurrió el domingo 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón. Los jefes montoneros, encabezados por Mario Firmenich, habían decidido formar el Ejército Montonero para enfrentar a las Fuerzas Armadas, luego del golpe del que tanto se hablaba y al que consideraban inevitable, y también deseable porque les allanaría el camino al poder. Operación Primicia fue el debut del Ejército Montonero con sus uniformes color azul. El blanco elegido fue el Regimiento de Infantería de Monte N°

29, en Formosa, por dos motivos: en primer lugar, contaban con un soldado santafecino que era un experimentado “oficial” guerrillero y les había pasado buena información sobre el cuartel; en segundo lugar, el copamiento de un regimiento tan alejado, que los obligaba al secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo y a la toma del aeropuerto formoseño, desmoralizaría al Ejército. El supuesto básico de los montoneros era que los soldados se rendirían fácilmente, pero los conscriptos defendieron el cuartel en un encarnizado combate que duró 30 minutos y terminó con la retirada de los guerrilleros. Hoy, ese traspié está siendo revertido en el relato kirchnerista: la mayoría de los atacantes muertos ya figura como víctimas de la represión ilegal en los anexos del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que fueron agregados en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En consecuencia, también aparecen en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado levantado en la costanera de la ciudad de Buenos Aires. No están

solos: son más de 1000 los nombres que han sido agregados. Los familiares de estos guerrilleros cobraron la indemnización prevista, que en marzo de 2010 ascendía a 620.919 pesos. Por el contrario, los padres de los conscriptos muertos cobran una pensión que en marzo de 2010 era de $ 842 por mes. Es decir que para el Estado la vida de un guerrillero vale aproximadamente seis veces más que la de un soldado. Más grave aún: los conscriptos eran todos formoseños y muy pobres, ya que no habían salido del regimiento porque no tenían dinero para ir a sus casas. Hoy, son recordados sólo en Formosa. El kirchnerismo, respaldado por las organizaciones de derechos humanos, impuso su concepción, que reivindica no sólo a las víctimas del terrorismo de Estado, sino a todos los “caídos en combate” por la revolución socialista. Lo hizo con el silencio de la UCR, cuyo líder histórico, Raúl Alfonsín, creó la Conadep para que se ocupara sólo de los crímenes de la dictadura, y de Pro, que gobierna la Capital, donde está el principal monumento a las víctimas del terrorismo de Estado.