Participación del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en las “Jornadas de Transparencia Electoral 2014”, llevadas a cabo en las instalaciones de la Sala Regional Monterrey. 18 de septiembre de 2014 Palabras de bienvenida e introducción del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la inauguración de las “Jornadas de Transparencia Electoral 2014”. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Muchas gracias. También en estos breves minutos quisiera dos cosas: primero darles la más cordial bienvenida a este recinto público, agradecer su participación en este foro, es la 5ª Jornada de Transparencia Electoral, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha llevado a cabo en cada una de sus salas regionales. Como ustedes saben, el Tribunal Electoral ha fijado para este año como un eje rector, transversal, el principio de la transparencia, eso no solamente como parte de sus actividades cotidianas en la función jurisdiccional, sino también convocando a este tipo de foros públicos, abiertos, en donde se invita a una reflexión colectiva, conjunta, respecto de la transparencia y la rendición de cuentas. En segundo lugar, creo que la relevancia de esa reflexión es más para todos nosotros evidente, porque la transparencia y la rendición de cuentas están estrechamente vinculadas al ejercicio del poder del Estado. La organización del Estado, la Constitución ha establecido mecanismos de pesos y contrapesos, y podemos ver estos principios como aquél ejercicio de contrapeso y límite que ejerce el propio ciudadano respecto de las instituciones y los poderes públicos, por eso la relevancia. Esta vinculación estrecha además adquiere un matiz particular en el caso del campo electoral, porque es en este campo en donde, pues,

garantizamos elecciones libres, justas, competitivas y transparentes. En este campo la transparencia y la rendición de cuentas se cruzan con dos elementos que son esenciales para nuestra actividad como institutos electorales, como tribunales electorales, y estas dos concepciones son la democracia, la cual es un principio inherente, el de la transparencia, o sea, ha quedado de relieve que en México la introducción en este siglo de la transparencia, como un eje rector de la actividad del Estado y como un principio y garantía de los ciudadanos, para exigir a los poderes públicos, bueno, un acceso efectivo a la información pública y un ejercicio también efectivo y continuo, permanente, sistemático a la rendición de cuentas, pues ha venido a consolidar la transición, ha venido a fortalecer las instituciones. Y creo que todos ganamos en este proceso. La transparencia es uno de estos valores en donde todos nos beneficiamos de él, y creo que esa reflexión va a estar muy presente en cada una de las mesas. La transparencia es un buen incentivo para reducir espacios de corrupción. La transparencia es un buen incentivo para que los ciudadanos valoren el ejercicio de la acción pública y ejerzan un voto informado, un voto razonado y, por otro lado, también es una política, la transparencia es una política que los poderes y las instituciones públicas estamos obligados a implementar en cada una de nuestras actividades y en nuestros procesos, y como política provoca y genera confianza pública y, en esa medida, en que la confianza pública es trascendental para las instituciones electorales y para todos los poderes públicos creo que refuerza la legitimidad de nuestro actuar y la trascendencia de esto, por eso me parece muy generoso que estén todos ustedes aquí, compartiendo esta reflexión. Agradezco a todas las personalidades de los institutos electorales, de los tribunales electorales de los estados, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, al representante internacional. Sean muy bienvenidos y ojalá sean dos días muy provechosos para cada uno de nosotros, para nuestras instituciones y para la ciudadanía.

18 de septiembre de 2014 Participación del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como Moderador de la Mesa Redonda Las autoridades electorales y la reforma constitucional en materia de transparencia de las “Jornadas de Transparencia Electoral 2014”. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Moderador: Gracias. Otra vez muy buenos días, agradezco una vez más su asistencia, su tiempo. Vamos a dar inicio a la mesa redonda titulada “Las autoridades electorales y la reforma constitucional en materia de transparencia”. En esta mesa redonda nos acompañan tres especialistas en el tema de transparencia y en otros temas, pero destacadamente los tres se han desempeñado en labores propias del acceso a la información pública y la protección de datos personales, y además los tres tienen una formación académica especializada en el tema que es materia de esta mesa. La dinámica va a ser la siguiente. Yo le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Raúl Ávila, después a la maestra Magallanes y finalmente al maestro Millán. Cada uno de ellos tendrá una primera intervención por hasta 20 minutos máximo, eso nos va a dar una hora máximo de su primera intervención; y como el programa prevé que terminemos a la 1:00, entonces tendremos suficiente tiempo para después darle dos minutos por si quieren hacer una réplica o comentario a lo que ellos expusieron y finalmente tendremos unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Y así creo que vamos a cumplir con la hora 20 y tantos minutos que todavía tenemos. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ustedes. En primer lugar, déjenme presentar a nuestro primer ponente, al doctor Raúl Ávila. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo; tiene una formación interdisciplinaria y cursó estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas, en Austin.

Tiene más de 25 años en la experiencia académica y en el servicio público; ha fungido como consultor externo de idea internacional, y desde febrero de 2013 es coordinador del programa conjunto idea internacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en materia de cooperación y asistencia técnica entre México y Centroamérica. Es autor y coordinador de varios libros y de muchos ensayos, y en particular sobre temas de derecho electoral y derecho de acceso a la información pública. Les pediría un aplauso una vez más para darle la bienvenida al doctor Ávila. Dr. Raúl Ávila Ortiz: Buenos días. Muchas gracias al Magistrado Reyes Rodríguez por su presentación; gracias a los señores Magistrados de la Sala Regional Monterrey por su invitación y su hospitalidad, en general al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su Presidente Alejandro Luna Ramos, Magistrado Presidente; lo mismo que a quienes estamos compartiendo esta sesión, esta experiencia académica institucional en esta importantísima ciudad, yo diría también la capital industrial del país como también se le conoce a la ciudad de las montañas, muy importante en muchos sentidos. Voy a ocupar los 20 minutos iniciales de mi intervención para hacer tres reflexiones y transmitir tres mensajes muy concretos. Primero, quiero traer a la mesa el concepto de integridad electoral, qué está sustituyendo como un nuevo enfoque si no un nuevo paradigma, o sea, una forma de pensar y de operar en relación con las elecciones al antiguo concepto de elecciones libres y justas. Voy a explicar por qué tiene que ver con la transparencia y la fiscalización en particular. Segundo mensaje o segunda reflexión, quiero tocar la temática de la reforma constitucional tanto en materia electoral como de transparencia de este año, la reforma mexicana en algunas de sus

implicaciones para las autoridades electorales y particularmente para la función jurisdiccional. Y la tercera reflexión y mensaje tiene que ver con la tesis de la corresponsabilidad entre todos los actores y sujetos directos e indirectos del derecho electoral; por una parte sujetos directos, ciudadanos, partidos, candidatos y autoridades electorales; y los sujetos indirectos que son todos los auxiliares y aquellos que participan de una u otra manera en la definición de los temas sustanciales del derecho electoral. Primero. Durante la Guerra Fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Parlamentaria Internacional construyó y propuso a la comunidad internacional de naciones y a los estados nación el concepto de elecciones libres y justas, y conforme a ese concepto, que son valores, para algunos son principios que están en la declaración universal de los derechos humanos, en la Convención Americana y en otros instrumentos de derecho internacional se llevaron a cabo evaluaciones, calificaciones y asignaciones de positivo o negativo a los comicios que se realizaban en el mundo occidental fundamentalmente, no perder de vista, y aquí el doctor Dong Nguyen, quien participará más tarde, es un experto en la materia porque lo vivió de manera personal y lo sigue viviendo en México o desde México, esta transición de la Guerra Fría a la Postguerra Fría y al Siglo XXI trae una transformación no solamente de la época, como bien ha advertido Daniel Zovatto, por ejemplo, en diversas ocasiones, sino también una transformación en los conceptos y en las prácticas, o sea, se cambian los paradigmas. Integridad en las elecciones o integridad electoral, que fue el resultado del trabajo de una comisión global presidida por Kofi Annan, en la que participó idea internacional como secretaría técnica, concluyó en un reporte, en un informe muy importante en el que se estableció que la integridad para efectos de las elecciones como un concepto más operativo en menos intangible como es el de elecciones libres y justas, que es relativamente abstracto y difícil de concretar, operacionalizar con indicadores, el concepto de integridad electoral o integridad en las elecciones está compuesto fundamentalmente por cinco elementos o cinco indicadores.

Primero, estado de derecho; segundo, organismos electorales independientes e imparciales, tercero, un sistema adecuado de respeto entre los competidores políticos que garantice en particular el estatus de la oposición, lo cual es muy importante y pasa por alto. Tercero, el tema de la participación, la incorporación, la inclusión al proceso electoral y al proceso político de las minorías vulnerables. Estamos hablando de mujeres que son mayoría cuantitativa, pero que son minoría en términos políticos; y de otros sectores sociales, como son desde luego los pueblos, las comunidades indígenas, sus integrantes, las personas que sufren algún tipo de discapacidad que es un alto porcentaje de la población, y desde luego las personas de la tercera edad y otros más. Quinto elemento es precisamente la fiscalización. Voy a abordar cinco minutos, seis minutos sobre estos cinco aspectos. Es importante detenerse en la definición de los conceptos, me detengo por lo tanto en el del estado de derecho para mencionar que éste es entendido, es importante la lente analítica en este punto. Como las capacidades de los estados nacionales y, desde luego, de los organismos electorales y de los instrumentos con que cuenta un estado nación en términos de su sistema jurídico para precisamente garantizar la rendición de cuentas. Desde el inicio de la transición en México hubo quien alertó que una Constitución en que se establecieran declaraciones de derechos humanos, un equilibrio de poder es razonable pero sin responsabilidad efectiva y rendición de cuentas de los servidores públicos era una verdadera hoja de papel. Recuerdo a un profesor de libre derecho que publicó un libro interesante, polémico, titulado “La constitución como instrumento de dominación”, y se refería precisamente a la Constitución como una ideología que encubría la posibilidad de su efectiva concreción práctica si carecía de los instrumentos propios de la responsabilidad de los servidores públicos y de la rendición de cuentas. 25 o 35 años después del inicio de la transición nosotros nos estamos enfrentando en México y no solo en México, sino en general en América latina, unos más y otros menos a la debilidad del estado de derecho y de las

instituciones para garantizar la responsividad de los servidores públicos y en síntesis la rendición de cuentas, que sabemos que incluye toda la cadena que va desde la planeación hasta la evaluación, la sanción y la reposición o reciclamiento de las políticas públicas, desde la planeación hasta su evaluación y el castigo y la recompensa. Entonces, este es el primer elemento de la integridad en las elecciones. Qué calidad de instituciones de transparencia, acceso a la información pública, auditoría, fiscalización, responsabilidad, sanción efectiva, rendición de cuentas tiene un estado para poder ser calificado como una democracia, en este caso una democracia electoral de mayor o de menor calidad, o de mayor o menor desarrollo. Ese sería el primer indicador que nos permite juzgar o determinar en qué estado se encuentra un sistema electoral en particular o una democracia. Ojo que no se trata de si las elecciones fueron buenas o malas, justas o injustas, libres o no libres, se trata de un proceso. El paradigma de la integridad en las elecciones sustituye lo que fue leído en algunos continentes y en algunos países como una imposición occidentalizante, por ejemplo en Asia, África e incluso en algunos países de América Latina en donde llegaba una delegación y con una mirada superficial y sin conocer el contexto dependiendo de ciertos factores políticos coyunturales determinaba que las elecciones habían sido libres y justas o no. Esto se sustituye porque después de la Guerra Fría, en las actuales condiciones de la globalización de la democracia electoral, salvo excepciones muy contadas de algunos países que mantienen sistemas de partidos únicos, lo que tenemos es más bien un proceso de aprendizaje, y lo que se espera es más bien mejorar los indicadores específicos de la evolución de la democracia electoral. Ese me parece que es el fondo del asunto en este tema de la integridad electoral en el indicador del estado de derecho. México avanzó o no con la reforma constitucional porque voy a ir matando el tiempo e incluyendo la segunda reflexión en la primera, con la reforma constitucional en transparencia de este año y la reforma electoral avanzó en mejorar la legislación constitucional, la legislación secundaria y yo diría que también la jurisprudencia, la interpretación y la aplicación de este marco jurídico respecto del anterior sí o no. Esa es la pregunta que resolveremos en principio el año próximo cuando

se ponga a prueba este nuevo marco jurídico en las elecciones 2015, y después desde luego 2018. En principio, si a mí me hicieran la pregunta yo respondería como lo he hecho en varios foros y en algún artículo que he empezado a desarrollar en esta materia que desde luego que sí, porque hemos construido en síntesis dos autoridades: la autoridad electoral nacional y la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública. Queda pendiente, sin embargo, la construcción de una autoridad nacional que puede hacer una combinación de los factores institucionales de estas dos últimas de rendición de cuentas, porque como bien ha reiterado Mauricio Merino y otros compañeros por la rendición de cuentas, está desarticulada la legislación en México que garantice una rendición de cuentas efectiva. Como estábamos al inicio de la transición estamos en alguna medida, claro, con una serie de innovaciones que sí hemos incorporado al marco jurídico y a la práctica en general de los operadores jurídicos en México, más o menos con los déficits que esperemos que con esta reforma, transparencia y elecciones de este año pueda avanzar. Queda la duda de si efectivamente los órganos de fiscalización en materia electoral, la nueva sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán efectivamente operar y aplicar este marco jurídico de una manera significativamente distinta al menos respecto de 2012 o de 2009, que es lo que tenemos para comparar y, desde luego, se harán las evaluaciones correspondientes. Insisto, desde mi perspectiva yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío, pienso que hemos avanzado, que la regulación ahora es mejor y que cumple con este indicador de mejor manera. Sé que el tiempo me va a comer y seguramente dejaré para otra intervención alguna otra reflexión, pero la segunda, organismos electorales independientes e imparciales. Hay que ver que este informe es un informe global y que no a todos los países le calza o le encaja de la misma manera. México ha tenido

avances que todos sabemos muy importantes en la institucionalización de la independencia, la imparcialidad y la efectividad en los actos y resoluciones de los organismos electorales de los dos señeros o más importantes, en general en el país hemos avanzado en estos 25 o 30 años de manera significativa, pero sí hay que hacer notar que las disparidades como lo diagnosticó en su momento el Partido Acción Nacional, como lo diagnosticó el Partido de la Revolución Democrática y como lo aceptó el PRI en buena medida y que concedió la reforma electoral pues sí tenía y sigue teniendo heterogeneidades y disparidades a lo largo y ancho del país. Sabemos que como se dijo en el Foro de la Democracia Latinoamericana el año pasado, en nueve entidades de la república no ha habido una sola alternancia y en 11 solamente ha habido alternancia en una ocasión y ha vuelto a ganar el ex partido hegemónica. Integralia, por ejemplo, el día de ayer publicó que Luis Carlos Ugalde un muy interesante cuadro, una infografía en donde revela nuevamente esta que es una realidad. Entonces, no que la democracia se mida por la alternatividad, pero sí que hay diferentes calidades de procesos electorales en el país y, por lo tanto, de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos que con esta reforma se pretende estandarizar o reparametrizar en beneficio de la calidad de la democracia, organismos electorales independientes imparciales veremos, una vez más soy optimista, de que la reintegración o recomposición de los organismos electorales mexicanos en particular de los hoy llamados OPLES y las autoridades jurisdiccionales locales resultarán en instituciones más sólidas, en integrantes más profesionales y con mayor independencia e imparcialidad. Sabemos que no es un problema sólo de legislación, sino de buenas y de malas prácticas que también forma parte de la integridad y de lo que podría hablar más adelante. Tercer lugar, la seguridad recíproca entre los actores de que nadie se va a llevar todo si gana, parece quedarnos lejos a los mexicanos porque desde hace tiempo tenemos un régimen mixto, un sistema electoral mixto, pero no hay que perder de vista por ejemplo por

mencionar un dato que en El Salvador, el año que viene por primera vez se celebrarán elecciones municipales bajo el principio de mayoría relativa y representación proporcional; es decir, ahí el que ganaba hasta ahora se llevaba todo en el ámbito municipal. En el caso de México, sin embargo, sí es motivo de reflexión el tema de las garantías a la oposición y estas garantías a la oposición que en Colombia llevó por ejemplo a establecer un estatuto de la oposición, en algunos casos, en algunas entidades federativas, quizá no en el ámbito nacional, este aspecto todavía pueda experimentar evoluciones positivas. En cuarto lugar está la eliminación de las barreras a la participación, sea de todo tipo de minorías. En este indicador creo que hemos avanzado en México, pero seguimos teniendo pendientes, hay un número de personas con discapacidad –como decía-, las mujeres siguen siendo una mayoría subvaluada, no obstante ahora la regla de paridad, vamos a ver si en los hechos la paridad electoral se convierte en una mayor igualdad en términos del ejercicio de los cargos públicos o del acceso a las instancias de decisión. No perder de vista en este caso para México la experiencia costarricense en donde se estableció la paridad como un criterio de igualdad o paridad vertical, pero no se estableció la paridad horizontal y produjo no un avance, sino por el contrario, un retroceso en el número de representantes mujeres en el congreso. En quinto lugar está el tema del financiamiento político, es dinero y política es el tema de la capacidad de poder fiscalizar y no sólo fiscalizar, llamar a cuentas y sancionar de manera efectiva a todo aquel que haga mal manejo de los recursos en cualquier posición que se encuentre como sujeto directo o indirecto del derecho electoral, en la medida en que esté previsto desde luego por la legislación, tanto la ley general de los delitos electorales, como la ley general de instituciones y procedimientos electorales en particular en el libro octavo, relativo a la fiscalización y los llamados “peces”, los procedimientos administrativos electorales sancionatorios. Entonces, voy concluyendo para decir. ¿Hemos avanzado en México con las dos reformas en la materia y las implicaciones para las

autoridades electorales, en particular para los tribunales electorales con motivo de las innovaciones que tenemos? La respuesta para mí es sí. ¿Habrá que probarlo en la práctica? También, porque nos enfrentamos a otro problema que le agrega Pipa Norris a este concepto de la integridad, en México Irma Méndez, que ha trabajado con ella desde FLACSO, que consiste precisamente en el concepto de las buenas y de las malas prácticas. No nos sirve de mucho la mejor legislación si en la práctica se siguen observando desvíos no sancionados y la impunidad de operadores jurídicos en la materia. La última reflexión tiene que ver con la corresponsabilidad que mencionaba. El mensaje de la integridad electoral consiste en establecer de manera expresa que elecciones con integridad o lo que antes se llamaba elecciones libres y justas será el resultado de una corresponsabilidad entre los sujetos directos e indirectos del derecho electoral y con la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Aquí también tienen que ver los organismos electorales internacionales, la llamada cooperación internacional, las funciones de observación, los medios de comunicación, etcétera. Me tengo que detener por razones de tiempo, pero sí recapitulo para decir: nos van a medir los propios organismos de observación electoral internacional la observación nacional los reportes especializados conforme a qué criterios para el año que viene, conforme a los criterios de la integridad electoral. Por lo cual menciono que es importante tenerlo presente y que podamos, desde luego, ampliar en la medida de lo posible este mensaje y llevarlo a los diferentes sectores sociales ciudadanos, sujetos electorales directos e indirectos, para que el resultado sea lo mejor posible para nuestro país. Muchísimas gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Muchas gracias, doctor Ávila.

Voy a adelantar una pregunta para más adelante, quizá en segunda intervención, porque para mí es nuevo el concepto este de integridad electoral, pero usted dijo que viene a constituir un nuevo paradigma y sustituye algunas de las concepciones tradicionales. Ojalá y pudiera explicarnos un poco más cómo es que esto se convierte o se constituye en un nuevo paradigma, porque eso significaría que se están reformulando conceptos a los que usted aludió, qué es el estado de derecho, qué caracteriza a los órganos electorales imparciales independiente sobre las garantías a la oposición, sobre las concepciones de las minorías y quizá los derechos para garantizar su inclusión, y el tema de fiscalización. Y todos estos conceptos de alguna manera entiendo se recogen de literatura que ya trabaja con ellos y de concepciones de las propias instituciones que ya trabajaba con ellos por mencionar, me hizo a recordar a Donnell y sus conceptos ya accountability horizontal y vertical, a Dahl, las concepciones procesales de la democracia, a Elly sobre las garantías a las minorías; y bueno, a todos ellos sin duda en todos ellos se relaciona el concepto de la transparencia, parece transversal a todo esto. Y por eso quizá yo creo que nos podría venir bien profundizar un poco más en cómo en realidad se está cambiando un paradigma, se están sustituyendo concepciones, proponiendo nuevos fines, la relación entre estos conceptos o no sé si estoy entendiendo bien porque desconozco la literatura sobre integridad electoral, si en realidad la gran ventaja de esta aproximación es crear una metodología que nos permite medir y eso en sí mismo ya es muy valioso, porque para saber si estamos cumpliendo con la transparencia pues hay que medirnos y las evaluaciones que ha hecho el CIDE, que ha hecho Integralia, que han hecho varias instituciones jurídicas de la UNAM, nos han logrado plasmar en variables medibles cómo vamos en materia de transparencia, y parece que la integridad electoral nos puede ayudar a operacionalizar estas mediciones sobre conceptos que sin duda sí son difíciles de plasmar en variables medibles. O sea, sabemos que son mensurables, pero de ahí a reflejarlos en algo que nos diga si la hoja de ruta por la que vamos es correcta, si vamos a modificar prácticas, si las reglas están modificando prácticas,

creando incentivos, yo creo que eso en sí mismo es valioso, pero me queda la duda si esto realmente sustituye concepciones donde todos estos conceptos estructurales de una democracia y la relación con la transparencia. Ahora voy a darle la palabra a la maestra Tannya Marlenne Magallanes López. Ella es –como había dicho yo antes—especialista en derecho a la información y protección de datos personales, estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene un postgrado en FLACSO con sede en Argentina, precisamente en la protección de datos personales, y más estudios que nos permiten ver que tiene una comprensión global sobre el tema de la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, también en el Instituto Federal Electoral y actualmente es Secretaria Técnica del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República desde que inició la 62 Legislatura. Bienvenida. Mtra. Tannya Marlenne Magallanes López: Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores de estas jornadas de transparencia electoral. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos realizado, yo en particular, en el apartado de transparencia. Tuve el agrado de participar en la inauguración de las jornadas de transparencia electoral en la Sala Regional del D.F., y ahora estar aquí como panelista para mí es todo un honor, sobre todo compartiendo la mesa con grandes especialistas en materia no sólo de transparencia, sino en materia electoral. Evidentemente a mí me interesa mucho que ustedes conozcan un poco de la hoja de ruta que llevó la reforma en materia de transparencia constitucional que ya se ha hablado en esta inauguración, y de cómo ha funcionado y hasta dónde ha llegado en materia electoral.

A mí me interesa mucho que podamos hablar de transparencia como si fuera una plática, porque para mí es un tema sumamente ciudadano y además en el que se deben de escuchar todas las voces ciudadanas, ya lo habían dicho por ahí, la sociedad civil ha formado un papel importante en la materia de transparencia desde que inició el grupo Oaxaca logrando una ley federal en el 2002, que empezó su aplicación en el 2003, y ha sido adoptada por las autoridades en diversos niveles, especialmente en el Ejecutivo, pero aún así era necesario transitar a este nuevo paso con la reforma constitucional. Entonces, les voy a platicar un poco aunado a este proceso cómo ha sido mi experiencia con la transparencia desde que inicié como coordinadora de proyectos en el entonces Instituto Federal Electoral, porque en esa oportunidad que tuve de trabajar nosotros recibíamos solicitudes de información relacionadas con informes de fiscalización, pero también enfocadas hacia los partidos políticos. Me acuerdo mucho en el 2007 recibíamos solicitudes de información sobre listados de militantes, nombres de todos los funcionarios que trabajaban para los partidos políticos, la cantidad total de empleados que tenían y no nada más de partidos, sino de agrupaciones políticas. Y nosotros lo que tratábamos de hacer era una vía muy extraña y por la cual a los partidos políticos se les llamó sujetos obligados indirectos en donde si no había información en el Instituto teníamos que recurrir a ellos, teníamos que recurrir diciendo hay una solicitud de información, nosotros desconocemos cuál sería la respuesta, por favor partido político “N” da respuesta. Y los partidos políticos, como no había un procedimiento específico y tampoco había una sanción generalmente no contestaban, y nosotros lo único que hacíamos era contestar con el oficio diciendo: “Bueno, yo cumplí con preguntarle al partido político, pero no puedo hacer nada más”. Tiempo después tuve la oportunidad de participar en el IFAI, en donde me di cuenta de que el procedimiento de revisión de este procedimiento de acceso a la información hacia los partidos políticos no podía hacerse de ninguna forma porque no había ningún elemento que pudiera permitirle al Instituto poder ingresar a ese procedimiento.

Sin embargo, comparándolo con el Poder Ejecutivo este procedimiento de revisión era exhaustivo, pero graciosamente el procedimiento de revisión era exhaustivo hasta donde le permitía la legislación federal y solamente hacía una revisión exhaustiva en Internet, y me daba cuenta de que muchas de las autoridades que daban respuesta y de las cuales se quejaban los ciudadanos de que no le satisfacía nada su solicitud de información era negando información o reservando incluso información que se encontraba pública en su portal de Internet. Entonces, encontrábamos que había información que incluso en la propia autoridad desconocía o que el procedimiento interno de la institución no daba pie a que la unidad de enlace pudiera conocer esa información que estaba publicada. Bueno, evidentemente también esta experiencia llevó a la especialización de servidores públicos y los servidores públicos comenzaron a trabajar sobre qué es lo que se tiene que publicar en la página, cómo se tiene que publicar, cada cuándo en el portal de obligaciones de transparencia se creó y esto abrió una ventana enorme en el Poder Ejecutivo donde si una persona quería saber sobre el salario que ganaba un determinado servidor público se le mandaba al portal de obligaciones de transparencia en la fracción correspondiente y no había ningún problema de recibir ese tipo de información. Entonces, ahí me di cuenta que el órgano garante funcionaba bien, limitado pero lo hacía con la finalidad de esta especialización. Finalmente en el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República, cuando entro en esta reciente legislatura me doy cuenta de que los servidores públicos que trabajan en el Senado ni siquiera sabían que había un comité de garantía y ni siquiera sabía qué hacía, sólo sabía que había una unidad de enlace y que evidentemente se daba ahí trámite a las solicitudes de información, pero no había ninguna otra repercusión. ¿Qué sucede entonces? La senadora Arely Gómez, que es la Presidenta de este Comité, decide cuando la nombran presidenta que este comité, que nosotros le llamamos comúnmente COGATI, por sus siglas, tenía que hacerse presente, y tenía que hacerse presente

sabiendo utilizar esta facultad que tiene específica de poder marcar las políticas de transparencia dentro del Senado y que no importaba que el Senado tuviera esta facultad de autorregulación, tenía que seguir las políticas de transparencia que se han venido practicando desde el 2003. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya actualmente la mayoría de los ciudadanos conocen y tienen muy establecido este procedimiento de acceso a la información parlamentaria y cuentan ahora con esta opción muchísimo más sencilla desde que se firmó el año pasado un convenio de colaboración con el IFAI para que también el Senado pudiera adoptar el INFOMEX como una herramienta más sencilla para poder hacer las solicitudes de información y además se pudiera tramitar el recurso de revisión correspondiente. Ahí tuve la fortuna de trabajar desde una unidad administrativa que da información desde un órgano garante que revisa que ese procedimiento de acceso a la información sea oportuno, veraz, rápido, expedito, etcétera, y ahora en este comité de garantía tuve la oportunidad de ver desde el otro panorama cómo actúa otro sujeto obligado. Derivado de todo este trabajo que hemos realizado en el Senado tuvimos también la oportunidad de trabajar con la reforma constitucional relacionada en materia electoral y política, y ahí tuvimos la oportunidad de ver muy de cerca cuál fue el procedimiento para la inclusión de este apartado de transparencia en el marco jurídico de materia electoral. Y bueno, en la Ley General de Partidos Políticos se instauró este pequeño apartado de transparencia donde tenemos tres ejes vertientes: el primero es garantizar el derecho a toda persona de manera directa a tener acceso a la información de los partidos políticos, ya no de la forma indirecta que les platiqué en un principio. Y se establece como obligaciones directas también el de publicar a los partidos políticos el padrón de militantes, los montos de financiamiento, las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciban sus integrantes, las sentencias de los órganos jurisdiccionales; y aquí me atrevo a decir que hay una estrella

demasiado grande y un área de oportunidad de las autoridades electorales a publicar su cabal cumplimiento; no sólo es publicar la sentencia, sino también tendrá que el partido político, decirle la ciudadanía cómo fue que cumplió con esa sentencia. Porque me queda muy claro que los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las Salas Regionales han hecho un gran esfuerzo por hacer unas sentencias increíbles, pero qué pasa que la ciudadanía no se entera de cómo fue que se cumplió con ese dicho de la autoridad. Entonces, el otro eje que tuvo esta gran reforma fue la de clasificación de la información, porque evidentemente tanto lo está estableciendo las constitución en el Artículo 6º, que hay excepciones a la publicidad de la información, también tenía que haber este apartado de clasificación de la información sobre procedimientos deliberativos y las estrategias políticas. Esos dos grandes apartados se mantendrán como clasificados. Y finalmente el último eje fue el de publicar en su página electrónica sus obligaciones de transparencia, este portal de obligaciones de transparencia que gobernó y que le pudo dar un empuje al Poder Ejecutivo, ahora en el Poder Judicial tendría que también establecerse este apartado de obligaciones de transparencia y no nada más en el judicial, sino también en el legislativo. Y bueno, se establece también una característica de confidencialidad, de información confidencial que son la vida pública, afectiva o familiar de los dirigentes militantes, precandidatos y candidatos de los partidos políticos. Entonces, esta forma en la que ya se incluye en la legislación electoral sobre partidos políticos da un gran panorama de cómo tiene ahora que trabajar los partidos políticos, el Tribunal Electoral y las salas regionales relacionados con la materia de transparencia. Y bueno, ahora ya entrando en materia de lo que dice exactamente el artículo 6º, evidentemente se tuvo que ampliar este panorama de sujetos obligados y el artículo 6º, inciso a), fracción I, es muy claro el señalar que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública. Entonces, a mí la verdad es que me parece importante ahora la gran oportunidad que tiene el Poder Legislativo de cumplir con esta reforma constitucional que era necesaria, que era un paso importante en México como referente que siempre ha sido del procedimiento de acceso a la información para poder llegar al escalafón de la transparencia, y a un tercero que yo le llamaría entonces la rendición de cuentas. Me parece que también es una gran área de oportunidad para las autoridades electorales, de poder aprender de este procedimiento que se ha realizado en el Ejecutivo, que lo ha realizado ahora también como esta permisibilidad que tiene de poder autorregularse, pero que evidentemente el órgano garante que sea en el que se convertirá el IFAI tendrá esta necesidad de poder externarle a los ciudadanos esta oportunidad que tienen de conocer cómo actúan, cuáles son sus facultades, cuáles son las actividades que realizan como autoridad y entonces que los ciudadanos tengan más herramientas para conocer el proceso electoral. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque mucha gente me ha comentado que la experiencia de México ha sido evidentemente un parteaguas del acceso a la información a nivel mundial, pero esta es la oportunidad de incluir a todo el gobierno, a todas las autoridades e incluso ir más allá cuando el artículo 6º menciona a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a los sindicatos. Estamos en la espera de que este paso que pueda darse finalmente con la legislación secundaria, que tendrá que conformarse con la ley general porque tendrá que haber una ley general que contenga principios, fundamentos básicos que todas las autoridades y todos los sujetos obligados al artículo 6º de la constitución tendrán que seguir y de ahí partiremos.

Entonces, me parece que es una gran oportunidad. Y bueno, estoy a sus órdenes a cualquier duda o comentario al respecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Muchas gracias, maestra Magallanes. También le voy a adelantar una pregunta y además dado que expuso menos de los 20 minutos, y después voy a poder comentar. Yo creo que es muy relevante que dentro de todas las ideas expuestas creo que –si entiendo bien- también la transparencia puede verse como un proceso de comunicación, un proceso de comunicación interna dentro de las propias instituciones y un proceso de comunicación externa al ciudadano; y ahí quizá hay que trabajar –si entiendo bien- mucho más por lo interno, y lo externo de alguna forma si entiendo bien lo han atendido las distintas regulaciones en materia de transparencia en tanto que ponen estándares normativos de publicidad y ahora de máxima publicidad con la reforma y particularmente con el ámbito electoral. Y esto es crucial en el ámbito judicial, porque el ámbito judicial se desarrolla a través de procesos legales en el que en materia electoral son de interés público, entonces no sólo importa que las partes estén informadas, sino también el público y además por la literatura de justicia procedimental sabemos que si reciben información oportuna y en tiempo las partes también –valga la redundancia- se sienten parte y genera eso confianza en los procesos judiciales. Entonces, creo que esta perspectiva es muy interesante, pero quisiera preguntar y si usted puede profundizar más sobre cómo pasar o cómo las reglas, la reforma constitucional y también la Ley General de Partidos Políticos que trae un capítulo sobre el acceso de información de los partidos, cómo las reglas nos pueden generar pasos o directrices, incentivos institucionales para pasar de este primer estadío de publicidad a lo que ya identificaba como un problema, pasar al estadío de rendición de cuentas, y una rendición de cuentas que va ligada a la responsabilidad.

Decía el doctor Ávila, esto es lo que en opinión de algunos analistas está desarticulado y también en opinión por ejemplo de Andreas Schedler, desde hace mucho tiempo él señalaba la rendición de cuentas en lo electoral se basa eminentemente en las posibilidades de castigo, por lo cual creo que sería muy enriquecedor si usted nos puede decir cómo las reglas, los diseños institucionales pueden motivar este paso de un primer estadío de publicidad donde la información sea de calidad y relevante, y esté completa y sea íntegra a un estadío de rendición de cuentas y premios y castigos efectivos, o sea, de enforcement respecto de las obligaciones. Yo sé que no es fácil la pregunta, pero usted es experta, así que seguro nos dará buenas ideas. Y ahora vamos a continuar con la participación del maestro Agustín Millán Flores. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudió administración pública en el INAP y Alta Dirección de entidades públicas también en el mismo Instituto Nacional de Administración Pública, es especialista en derecho a la información, protección de datos personales y destaco también que trabaja temas sobre democracia, participación ciudadana y sociedad civil. Es un actor que tiene una amplia relación con los integrantes y participa en la red de rendición de cuentas de organismos públicos, y también en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, y hubo otra serie de redes en donde confluyen distintas organizaciones preocupadas y ocupadas respecto del tema de transparencia y rendición de cuentas. Tiene una experiencia bastante significativa en el INEGI, desde donde seguramente va a ser muy enriquecedor que ahora que está en el Tribunal seguramente aportará cómo vamos a medir nuestros avances en este eje de transparencia, y aquí al público seguramente también nos podrá compartir esa experiencia del organismo más importante en término de mediciones en estado mexicano. Ha sido consultor independiente en estas materias de derecho a la información y políticas públicas, y actualmente se desempeña como

coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su participación. Mtro. Agustín Millán Flores: Muchas gracias, Magistrado Reyes Rodríguez. Gracias por la invitación que nos hace la Sala Regional Monterrey para participar en estas importantísimas jornadas de transparencia electoral, que como ya se ha referido al inicio dentro de la inauguración de estas jornadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió el año 2014 como eje rector de su actuación, la transparencia y la rendición de cuentas. Mi incorporación a esta gran institución tiene escasos meses y como especialista durante muchos años en flujos de información, en temas relacionados con la transparencia y con la rendición de cuentas tengo que reconocer que el Tribunal Electoral honra este compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de eventos académicos muy importantes para propiciar la reflexión en esta materia en su actuación cotidiana apegada a la legalidad es una institución comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Recién acabamos de estar en una sesión de trabajo que acostumbra el Presidente del Tribunal Electoral con todos los coordinadores y los secretarios, tanto el de General de Acuerdos como con el Secretario Administrativo para poder revisar sus avances en sus respectivas áreas de trabajo, pero siempre enfocados sus resultados a los ejes de la transparencia y la rendición de cuentas. Verdaderamente estoy muy complacido de estar en esa institución que privilegie y honra estos temas que sin duda es un tema que exige cada vez más la sociedad de tener instituciones apegadas a su marco normativo, a su marco de competencias legales, de nada sirve que en México o en cualquier parte del mundo tengamos instituciones que cumplan con ese marco normativo, que tengamos instituciones que transparenten su gestión, que rindan cuentas, si también estas instituciones no tienen un esquema de vinculación con la sociedad, porque pasarían de ser simplemente elefantes blancos, instituciones que cumplen con sus obligaciones, instituciones que transparentan

sus actividades institucionales, pero si no se comunican, si no se vinculan con la sociedad no hay ese capital social, que es lo que uno esperaría por parte de todas las instituciones gubernamentales. Yo estoy entrando en este panel como bateador emergente. El doctor César Astudillo está previsto en este panel y le agradezco mucho la confianza al Magistrado Presidente de esta Sala Regional, a Marco Antonio Zavala, la confianza para entrar como panelista sustituto. Y traigo una presentación que pongo a consideración de ustedes, que es un poco lo que platicaba Marlenne sobre el curso que siguió la reforma constitucional de transparencia y todos los antecedentes que tenemos en México, incluso en el mundo. Ahí está a consideración de ustedes un índice tentativo y entraría de lleno a referir cómo se da la cronología de leyes de transparencia en el mundo iniciando con Suecia en el año de 1766, la primera ley de transparencia que se hace en el mundo; la siguiente nación es Estados Unidos en 1966, los países bajos y Francia en 70, Canadá en 78; y ven ustedes cómo una gran gama de países en el mundo, sobre todo en Europa en los años 90, finales de los 90, iniciando los 2000, se despliega la gran oleada de la transparencia en el mundo. Aquí faltaría actualizar en el 2013, después de Yemen 2012, España, una de las naciones que faltaban en la comunidad europea de tener su propia ley de Transparencia, una ley que se esperaba que tuviera más en función de todos los referentes internacionales que había en la materia, pero sin embargo ya España también entra a esta oleada. Ahí pudiéramos ver también el mapa del mundo de cómo se dan las legislaciones en materia de transparencia además con órganos garantes de transparencia, los países que están sombreados en verde tienen legislaciones en la materia y autoridades que regulan estos temas. Las naciones que tenemos en colores verdes más pálidos hasta los amarillos son los que están iniciando procesos o que ya tienen leyes o que tienen iniciado procesos y obviamente los países de África y del Sub-Saharan son naciones que no tienen ninguna legislación en la materia.

En nuestro país como ya se ha planteado la Ley Federal de Transparencia y algunas leyes locales iniciaron en 2002, ahí vemos el mapa de la República donde Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro, junto con la Ley Federal en ese orden de prelación iniciaron sus leyes de transparencia, en 2003 ocho entidades, 2004 nueve, 2005 seis, 2006 tres entidades federativas, y la última entidad fue Tabasco. Así se fue cubriendo el mosaico del territorio nacional con sus respectivas legislaciones de transparencia, empezamos con buenas legislaciones en este año del 2002, una Ley Federal marco modelo, podríamos decir, y que fueron retomando esos marcos normativos, sobre todo el federal las siguientes entidades federativas, pero quizá de 2005, 2006 algunas entidades federativas empezaron a tener también medidas un tanto cuanto regresivas a los avances que inicialmente se daba en los marcos normativos de transparencia del país. A la fecha, después de estos años de haber hecho marcos normativas, diversas entidades federativas han reformado y hecho nuevas legislaciones en materia de transparencia, son cerca de 80 modificaciones las que se han hecho a la fecha, no sólo tener cubierto el país, sino son sucesivas actualizaciones, reformas e incluso nuevas legislaciones como la última que tenemos en el caso del estado de Coahuila, que es hoy en día la ley referente, la ley modelo en el país que supera con mucho cualquiera de las normatividades que tenemos en las diferentes entidades federativas e incluso la actual ley federal. La reforma de transparencia del 2007 pretendía establecer justamente un piso mínimo de principios y bases que permitiera homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, y establecía un artículo 2º transitorio de un año para que todas las entidades federativas, incluida la federación pudieran hacer sus actualizaciones normativas y, sobre todo, que el derecho de acceso a la información a partir de ese momento, julio del 2007, el derecho de acceso a la información quedaba consagrado como un derecho fundamental, como un derecho humano.

Y así las cosas, de 2007 empezaron a haber más actualizaciones, más reformas, nuevas legislaciones, sin embargo se le estaba dando la vuelta a esos principios y a esas bases que se establecían en la reforma constitucional del 2007. Y veíamos en un estudio que hizo el CIDE en 2010 y que era simplemente un refrendo de lo que ya había hecho anteriormente une estudio previo de métrica de la transparencia en el país en 2007, en 2010 volvió a hacer un segundo estudio, se mostraban las enormes asimetrías que había en materia de este ejercicio de un derecho fundamental. Y encontramos muchas entidades federativas, insisto, esto en términos había varias dimensiones como las capacidades institucionales, prácticas de transparencia en términos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se hicieron varias preguntas en términos de acceso, de protección de datos, de archivos a una serie de sujetos obligados homogéneos en todo el país, desde las Secretarías de Educación Pública, las Secretarías de Desarrollo Económico, las de Salud, etcétera, para poder hacer comparaciones homogéneas. Se midió también al Poder Judicial y estos son los resultados. Vemos una enorme asimetría prácticamente en varios aspectos; los marcos normativos que están en color azul, ven ustedes aquí estas disparidades de que no se cumplen en 2010 los principios y bases establecidas en la Constitución con base en la reforma del 2007, lo mismo en el cumplimiento de obligaciones de transparencia cuando se medían los portales de transparencia, veíamos enormes asimetrías. El usuario simulado cuáles eran las barreras de acceso que se le ponían al ciudadano para poder ejercer este derecho fundamental, y las capacidades estaba más referida a la forma de actuación de los órganos garantes de transparencia en todo el país. Recuerdo que durante 2007 y 2010 los colegas responsables de la transparencia en el país, los comisionados y consejeros siempre discutíamos cuál era el momento más oportuno para que se hicieran estas mediciones, si podíamos entrarle con recursos económicos

autorizados por nuestros respectivos plenos para financiar los estudios que no son gratis. Ciertamente el CIDE, que ha sido la institución que por tres ocasiones consecutivas 2007, 2010 y 2012 y 13, fueron contratos por los órganos de transparencia del país requería un financiamiento, y siempre había discusiones de cuál era el momento más apropiado para hacer estas mediciones, si había cambio político de gobernador en una entidad federativa, de que no estaban preparados, etcétera, siempre había como mucho temor por parte de algunas entidades federativas para hacer estas mediciones. Ojalá y en un futuro próximo pudiéramos tener recursos por parte del Congreso de la Unión para que de manera sistemática y permanente pudiéramos tener estas mediciones que en un momento las pudiera hacer el INEGI, que es el encargado de los sistemas nacionales de información, tanto estadística y geográfica en el país, y tiene facultades constitucionales al ser el que provea la información para los sistemas de información y toma de decisiones de todo el país. El tema de la transparencia es un tema de la mayor relevancia, el INEGI ha hecho estructuras nuevas, adecuaciones orgánicas y funcionales para medir la gobernancia en México. El Magistrado Zavala refería estudios de Parametría que establece cómo los ciudadanos no conocen el IFAI, ejercen poco este derecho fundamental, no tiene interés, el 90 por ciento --decía el Magistrado Zavala—de los ciudadanos encuestados no tienen interés en sus instituciones para ver cómo ejercen sus recursos públicos. Pero sin embargo, el INEGI tiene otros datos también que contrastan. Si bien no hay interés en conocer cómo las autoridades operan y ejercen su información, cómo las autoridades ejercen sus recursos públicos, los estudios del INEGI establecen que las grandes preocupaciones de los ciudadanos en México son primero el tema de la inseguridad, después el tema del desempleo y en tercer lugar el tema de la corrupción. Y eso está directamente vinculado con una preocupación legítima de los ciudadanos de cómo se ejercen sus recursos públicos y para ello no sólo hay que transparentar, hay que rendir cuentas y hay que buscar, como decía el doctor Raúl Ávila, hay

que buscar un esquema mucho más completo, mucho más integral como lo señala y ya lo apunta de manera correcta la reforma constitucional de transparencia pasar a un esquema de rendición de cuentas donde haya estímulos y recompensas. Habrá que precisar en las leyes generales que tenga que expedir el Congreso de la Unión antes del 7 de febrero del año 2015, cómo quedarían estos esquemas de sanciones y recompensas, ese esquema del Sistema Nacional de Transparencia. Estas asimetrías que mostraba en la gráfica que retomamos del CIDE nos permite advertir fuertes diferencias en el ejercicio de “Day” a lo largo y ancho de todo el país, estas asimetrías también tienen que ver con esquemas de requisitos, cuáles son los requisitos que se solicitan todavía para ejercer este derecho de acceso a la información o para presentar recursos de revisión, los plazos, los procedimientos. Marlenne hacía referencia refiriéndose al cumplimiento de las sentencias de las autoridades electorales hacia los partidos políticos, también el cumplimiento de la definitividad de las resoluciones que emiten los órganos de transparencia del país es un tema central, porque de nada sirve que ejerzamos, podamos ejercer el derecho de acceso a la información que podamos interponer un recurso de revisión ante los órganos garantes sin las resoluciones que emiten los órganos garantes a favor del ciudadano no se le da un seguimiento y se muestra como un indicador fundamental que cubra todo el proceso del derecho de acceso a la información en México. Sin duda, la transparencia es hoy parte de la agenda pública de todo gobernante, de toda institución pública, es una preocupación legítima de los ciudadanos; y no obstante que nuestra reforma constitucional de 2007 definió esos principios y bases rectores en materia de transparencia, decíamos que persisten las enormes asimetrías que mostrábamos en términos de requisitos, plazos, procedimientos en todos los niveles del gobierno. ¿Qué fue lo que determinó la nueva reforma constitucional aprobada en febrero del año en curso? Pues advertir justamente todas estas asimetrías y además advertir algunos intentonas muy claras y por qué no decirlo en el año, no recuerdo si 2011 en Querétaro y 2012 en

Puebla, en el caso de Querétaro de intentar fusionar el órgano de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad para simplificar cuestiones de carácter administrativo y pasando por alto los preceptos establecidos en la reforma constitucional de 2007 donde establecía el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, y un derecho que se decía en estos principios y bases que deberían de tener un órgano garante especializado que permitiera que las resoluciones se hicieran de manera expedita, que garantizara la transparencia en sus ámbitos de actuación. Así de esta manera debido a estas intentonas regresivas en varias partes del país que se advertían, el PRD primero, después el PRI y después el PAN entre septiembre y octubre del año 2012 presentaron propuestas de reforma constitucional en materia de transparencia iniciativas, que eran muy similares, tenían muchos aspectos en común de algunas diferencias evidentemente sustantivas, que se pasaron a comisiones justamente las comisiones donde está la senadora Arely Gómez, el senador Pablo Escudero, Alejandro Encinas y Javier Corral; hicieron una propuesta de armonización y de discusión parlamentaria abriendo a la participación de diversos organismos de la sociedad civil, instituciones académicas a los integrantes de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública para que se pudiera discutir los alcances de esta reforma. Se logró un consenso y en el último trimestre del 2012 se pasa la iniciativa a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados hay una intención de revertir algunos avances que se tenía en la propuesta de iniciativa de la cámara de origen y hacen que las resoluciones de los órganos garantes de transparencia, específicamente del IFAI pudieran ser revisadas por la Comisión de Derechos Humanos, por la PGR, por el Banco de México y por la Consejería Jurídica. Finalmente se da toda una serie de cuestionamientos y nuevamente participa de nueva cuenta las organizaciones de la sociedad civil, la COMAIP, que es la agrupación de órganos de transparencia del país, la red de rendición de cuentas y se llega a un acuerdo para realmente retomar los avances que se había dado inicialmente en la Cámara de Senadores, y se deja la revisión en mi opinión correcta de que el consejero jurídico podría solicitar, hacer una revisión a las resoluciones que emitiera el órgano federal de transparencia.

Hay enormes retos que la reforma constitucional de transparencia está planteando y en mi opinión son dos fundamentales: qué hacer con el Sistema Nacional de Transparencia, cómo lo vamos a definir en la ley general específica de la materia, otro reto será definir si se tendrá que hacer un compendio, una integración de las tres leyes para evitar antinomias o tendríamos que sacar una ley general específica en materia de transparencia, otra ley en materia de archivos y otra en materia de datos personales. Si el IFAI seguirá siendo el órgano garante en materia de protección de datos personales regulando al sector privado o tendremos que crear un organismo especializado similar al que se tienen algunas otras regiones del mundo, particularmente el modelo español. Aquí la sugerencia sería en un momento dado pensar en un organismo descentralizado, no sectorizado como lo era el IFAI, especializado en el tema de protección de datos personales y no integrar esta responsabilidad en un organismo como la PROFECO o algún otro organismo público dependiente de la Secretaría de Economía. Yo ahí dejaría mi intervención. Hay mucho por hacer, mucho por definir y se requiere una enorme participación de todos los actores, no sólo es una responsabilidad del Congreso de la Unión el presentar esta propuesta, vemos con mucho beneplácito que la COGATI y que las comisiones unidas de transparencia y rendición de cuentas convocan a la participación, a especialistas en la materia para poder presentar una propuesta ya integrada de marcos normativos en la materia, pero también se debe de incorporar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta discusión, al INE, al Banco de México más allá de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar; pero los otros sujetos obligados para que podamos realmente crear un marco normativo armónico viable y que no estemos reformando constantemente se requiere tener una participación muy incluyente. Ese es mi comentario y muchas gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Muchas gracias, maestro Millán.

También le voy a dejar una pregunta para que nos pueda enriquecer. Es cierto que es tarea de todos y puede ser que tengamos o no una ciudadanía pasiva o interesada o desinteresada; pero particularmente y también aquí cito a Andreas Schedler, la rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos que deciden y de las instituciones públicas, tengamos ciudadanos pasivos o activos, es irrelevante. Y de alguna forma mi pregunta es para saber si nos puede enriquecer dada su experiencia como comisionado en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal, y habiendo escuchado su exposición tiene usted un conocimiento en perspectiva comparada, no sólo nacional, sino también internacional, y creo que sería enriquecedor si nos puede compartir cuáles son las buenas y malas prácticas que en materia de transparencia y rendición de cuentas podríamos estar observando en otros países o en algunos de los estados de la república para internalizar que la transparencia es bien entendida, sólo puede mejorar nuestras condiciones institucionales, nuestra democracia y fomentar hasta desarrollo o por lo menos eso entendí de los autores que pude repasar, porque así como no soy experto en integridad electoral, tampoco en transparencia pero estos foros me ayudan a ponerme un poco al día aunque sea con autores clásicos. Pero cómo internalizar eso. Qué nos dice la experiencia internacional y que nos dice la experiencia internacional en esta construcción de relación entre sociedad e instituciones públicas cuando por un lado tenemos la transparencia como este mecanismo de control de la ciudadanía hacia el estado, pero también necesitamos a estos observadores y a los CIDE, que por cierto ha contribuido bastante a entender en perspectiva comparada, gracias a ella los trabajos de Sergio López Ayllón, de Mauricio Merino, de David Arellano. Pero en esta relación instituciones académicas-sociedad civil pues también ahí hay un dilema, lo apuntaba usted muy bien, quién les da financiamiento y cómo regular el dilema respecto de que los observadores están recibiendo financiamiento de los observados; y luego vienen esas preguntas de en qué momento y tal.

Y creo que es bien interesante la propuesta o cómo lo observa usted. Si es posible entre las buenas y malas prácticas caminar hacia la construcción de esta relación entre observadores y observados, de tal forma que del diseño institucional a lo mejor a partir de financiamiento del Congreso de la Unión se fomenta en estos organismos especialistas en la observación de las políticas de transparencia. Ahora le damos creo que quizá en el mismo orden la palabra a Raúl Ávila. Habíamos comentado que unos dos minutos cada quien, para los comentarios entre ustedes. Ya recibimos varias preguntas, ya los tienen los expositores, entonces yo creo que podemos incrementar el tiempo a unos minutos más para que respondan las diversas preguntas y hagan sus comentarios finales. Dr. Raúl Ávila Ortiz: Muy bien. Me han hecho varias preguntas y además la muy aguda observación del Magistrado Rodríguez Mondragón en términos de si es un cambio de paradigma, porque mencioné que él percibió mi duda porque comenté más que un cambio de paradigma es un ajuste de enfoque dentro del paradigma de la democracia liberal, porque sí, sabemos brevemente dicho que Thomas Kuhn, un físico norteamericano, produjo aquella obra de la estructura de las revoluciones científicas, que por cierto el hoy ministro José Ramón Cossío adaptó para una obra señera en donde mostraba que el paradigma mexicano de la política no había permitido construir durante el Siglo XX un discurso constitucional a la Suprema Corte de Justicia, y lo utilizó muy bien el concepto de paradigma de Thomas Kuhn. Hay una discusión sobre si el paradigma se sustituye o incluso si existe o no, y yo simplemente mencionaría que cuando hay una revolución científica como está ocurriendo ahora desde los últimos lustros pues cambian los conceptos o por lo menos son relevados, se ajustan, y cambian las prácticas. Este es el caso con el tema de la integridad o el concepto integridad electoral. Voy de una vez contestando las preguntas sobre la marcha porque me hacen una en el sentido de cómo se puede reflejar este concepto en la legislación y, sobre todo, cómo se pueden establecer indicadores para

medir, y lo que hasta ahora se está haciendo, al organización de estados americanos lo está impulsando de manera decidida son procesos de certificación que el propio Tribunal Electoral Federal Mexicano está implementando y varios estados de la república los organismos electorales, procesos de certificación, sobre todo en las funciones sustantivas, pero también –y esto lo quiero subrayar- en las funciones no sustantivas, pero que en el caso de los tribunales son las funciones no jurisdiccionales que son igualmente importantes, todas las llamadas funciones técnicas de apoyo que pasan desde la estadística, la información, la comunicación, las redes sociales, el tema jurídico, etcétera, la cooperación internacional para certificarlas conforme a unas normas técnicas. Entonces, esta sería mi respuesta para no entrar a la complejidad que en la legislación pueda estar la trampa, o las debilidades o las fortalezas. Hoy mismo el nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en El Universal, Pedro Salazar, escribe un artículo muy interesante sobre los retos de la investigación jurídica y son precisamente estos, porque hemos vivido un proceso reconstituyente en los últimos cinco años en México sin asamblea constituyente. Y esto obliga a reconceptualizar y a reformular los instrumentos de conocimiento para sincronizarlos con las nuevas necesidades. Quiero decir que tenemos que relevar muchísimo de la doctrina y en la materia que nos ocupa sí advierto que leyendo con detenimiento simplemente el libro octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de fiscalización hay muchísimo que hacer, porque hay ahí todo un subconjunto que está vinculado a toda una serie de instrumentos en diversas materias, desde el tema de comunicación, propaganda, que es otra pregunta, publicidad, encuestas, etcétera, porque los sujetos indirectos del derecho electoral que antes eran los medios de comunicación, los encuestadores, en fin, están pasando a ser sujetos directos del derecho electoral, que significa la posibilidad de vincularlos judicialmente, tanto por el lado propiamente electoral, o sea, lo que hace el Tribunal Electoral, como por el lado sancionatorio penal.

Entonces, quiero decir esta mutación o este cambio hay que reflejarlos en instrumento de conocimiento y desarrollar una pedagogía, que nos urge mucho porque el proceso electoral está encima. De ahí la importancia de estas jornadas de transparencia y la posibilidad de irlo discutiendo. Ciertamente que como se menciona aquí, me preguntan si la transparencia abona la legitimidad institucional, por supuesto que sí, pero yo diría que particularmente mediante la lectura interpretación, desarrollo, aplicación adecuada, pertinente, sobre todo en casos difíciles y hasta dramáticos en el lenguaje de Ronald Dworkin, cuando esté de por medio una decisión en este caso jurisdiccional en que se tenga que abrir o no al conocimiento, vaya, al acceso público determinada información. Entonces, cuando esos casos son simbólicamente trascendentes para la opinión pública para el ciudadano ahí se juega buena parte de la legitimidad institucional, me parece a mí. Desde luego que también la paridad de género que me preguntan si en otros países se ha impuesto normativamente como en México la respuesta es sí, la respuesta es que hay muy pocos países de los 18 de América Latina, incluido República Dominicana, que tengan establecido la paridad de género, no recuerdo en este momento el número, creo que son cinco, la mayoría tienen equidad de género por la vía de las cuotas, está demostrado empíricamente que la cuota permite incrementar la representatividad de las mujeres en los órganos de representación política y hay uno o dos países que están las iniciativas de reforma, concretamente es Guatemala, Honduras, que tienen no sólo ese, sino otros problemas de desarrollo institucional en la materia electoral y, sin embargo, seguramente darán el paso próximamente. Ya para concluir me preguntan una, la más difícil, porque esta afirmación que hice o que referí de que el PAN, el PRD, el PRI acordaron la reforma y relevar el modelo electoral sobre todo de los organismos electorales locales, etcétera, sí me dicen que es una afirmación un poco temeraria y necesitan la estadística del 82 por ciento de las resoluciones de los tribunales electorales locales que fueron avaladas por las salas regionales o por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y que como que no había justificación para hacer este relevo institucional nos podríamos extender en el tema.

Yo en lo personal pienso que habría que, ya sabemos primero que no existe un documento, no existe un documento que revele con toda claridad el desempeño sustantivo, quiero decir cualitativo, no cuantitativo, cualitativo de los organismos electorales locales, ni los tribunales electorales. Lo digo con respeto porque además es la verdad, es objetivo, y ese documento hizo falta para tomar quizá la mejor de las decisiones. Ahora bien, esta misma situación es interesante llevarla al terreno de la investigación porque no hace mucho tiempo me pidieron un documento para ser presentado en un foro internacional en el que pudiera yo registrar de alguna forma cuál es el impacto que han tenido las sentencias de los tribunales electorales mexicanos en general en la recomposición política de los organismos de representación. O sea, no estadísticamente nada más, sino cuál es el impacto cualitativo afectando la composición en favor o en contra de un partido y demás; y ese tipo de documento me costó mucho trabajo construirlo, lo pude hacer en alguna parte y por razones de tiempo no lo pude concluir. Con lo cual estoy llamando de manera serena, objetiva y equilibrada, también pensemos en la posibilidad de incorporar algunos enfoques politológicos a la investigación que permita para el futuro medir el desempeño de mejor forma de todas nuestras instituciones electorales. Esto también afecta a los propios partidos políticos que tienen otra problemática interna similar y en general y tener mejores diagnósticos y soluciones. Yo sí soy un convencido de la reforma electoral como está construida, pienso que se crea una autoridad nacional electoral, lo mismo que la autoridad nacional en materia de transparencia y estoy seguro que con toda la complejidad de su implementación que desde luego está a la vista, va a ser un resultado positivo para nuestro país en términos de la calidad de la democracia.

Mtra. Tannya Marlenne Magallanes López: Bueno, yo la verdad es que quería ser un poco tramposa y dejé unos pocos minutos de mi intervención justo para recibir la participación ciudadana, pero bueno derivado del tiempo voy a tratar de acordarlo, pero ustedes disculparán esto de la transparencia uno le cambia el ADN, entonces necesita un poco de participación ciudadana. Voy a contestar primero la pregunta del Magistrado, sobre cómo pasar de la publicidad a la rendición de cuentas, porque eso me va a dar pie a contestar las otras dos. A mí me parece que es un proceso, es un proceso no por nada hemos pasado de estos últimos 10 o 12 años desde el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia hasta ahora en un proceso un poco rígido, un poco complicado porque hemos aprendido qué es el acceso a la información, cómo se busca la información, cómo se clasifica la información, cómo se pide la información. Los solicitantes cada vez se han hecho más expertos de cómo pedir información, de cómo solicitarla, de cómo recurrir la solicitud de información. Y esto también ha hecho un procedimiento en el que incluso desde el Ejecutivo se han arrojado políticas de transparencia como transparencia focalizada, como el propio portal de obligaciones de transparencia y lo que llamó en su momento la Función Pública como información socialmente útil. Ya no pasar solamente de publicar informes, de publicar lo que le obliga a la Ley de Transparencia a las autoridades, sino de ubicar esta información de las autoridades que ellos manejan, que ellos utilizan, que ellos generan para que entonces la ciudadanía se dé cuenta qué información es socialmente útil para así, para su vida diaria. Recuerdo perfecto dos ejemplos: uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde emitió una aplicación en teléfonos móviles para que las personas pudieran utilizarlas en sus traslados de sus viajes, podían saber cuánto tiempo se iban a tardar en el traslado, cuánta cantidad de recurso tenían que invertir para poder llegar a través de las casetas, etcétera.

Otro ejemplo que se me viene a la mente es el CONACULTA, CONACULTA realiza un apartado específico del FONCA, que es el fondo que tiene para poder ayudar a que se emerjan estadíos del arte o incluso gente que está dedicada a la escritura, a la pintura, etcétera. Entonces, las personas que estaban dedicadas podían entrar a este apartado para saber si había alguna convocatoria en la que pudieran inscribirse. Y eso hace que el ciudadano sepa qué información le es útil para su vida diaria y entonces saber dónde encontrarla. Entonces, cómo podemos pasar a la rendición de cuentas. Evidentemente tiene que ser un proceso en el que se va construyendo la confianza ciudadana, porque en la medida en la que la autoridad empiece a publicar información, a hacer esta información socialmente útil, a publicar información sencilla que ciudadano pueda utilizar que pueda utilizarla para estudios, para referencias, para su vida diaria, entonces estaremos en un estadío de rendición de cuentas. Y hablando de estas herramientas podríamos incluir también a las redes sociales, me parece un ejemplo de verdad considerable que todas las autoridades tengan un twitter, tengan un Facebook en donde puedan ya generar un vínculo ciudadano directo y ya no tener como a las autoridades en un estadío imposible de alcanzar. Y bueno, aterrizando a las posibilidades de castigo que a mí no me gusta mucho ese término, pero bueno es necesario porque vivimos en un apartado positivista un poco en el que necesitamos de esta sanción para que la norma sea eficiente. Y tenemos en el artículo 33 de la Ley General de Partidos Políticos este apartado del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, el de transparencia, será sancionado en los términos en que disponga la ley de la materia. Por eso la importancia de hacer unas leyes secundarias que las contemplen. Y el artículo 443, no es la Ley General de Partidos, sino es la otra legislación en materia electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde hay un apartado específico de las infracciones al incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Entonces, es la oportunidad, vuelvo a reiterar, de que en la legislación que se emita al respecto desde la ley general hasta las actualizaciones, modificaciones que llegaran a surgir y que llegue a tener la ley federal pues tengan este tipo de sanciones. Y bueno, de la otra pregunta relacionada con cómo se está designando el Senado en este momento en nombre de la transparencia a los magistrados de los estados, es muy interesante esta pregunta porque incluso la senadora Arely Gómez es integrante de la Comisión de Justicia, y como ustedes sabrán la Comisión de Justicia está encargada del nombramiento de los magistrados de los Estados. Y me refiero a este procedimiento porque hubo un avance sustancial en el procedimiento de elección de comisionados del nuevo IFAI, porque hubo la necesidad de hacer un llamado a las sociedades o las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia a que formaran un comité de expertos y entonces el procedimiento no sólo fuera de los senadores hacia los concursantes o a los aspirantes, sino también de estas organizaciones que eran expertas en la materia. Entonces, la senadora ha estado impulsando en ese tema para que los senadores integrantes de esta comisión pudieran también tener un panel de expertos, y yo creo que va a ser muy rico que tengan este antecedente y sin lugar a dudas yo creo que la legislatura va a incurrir a ese procedimiento, a esa necesidad de llamar a los expertos y de escuchar la voz de la ciudadanía al respecto. Respecto a la siguiente pregunta sobre el reporte de Integralia al Poder Legislativo, en donde aparece muy bajo en el nivel de transparencia me indican que parece un contrasentido, porque el poder que aprueba las normas de transparencia resulta poco transparente. ¿Cuál es el escenario? Sí, efectivamente Integralia realizó este reporte de Poder Legislativo, pero volviendo a mi respuesta inicial me parece que todo forma parte de un proceso.

Como les comenté, en mi participación el Legislativo ha tenido que pasar de un estadío de no saber que tenía un comité de garantía de acceso a saberlo, utilizarlo y exigirle que emita políticas de transparencia; y sobre esto el comité de garantía de acceso y transparencia de la información hizo varios acuerdos en los que está impulsando el tema para que este reporte llegara a cambiar. Por ejemplo, se hizo un acuerdo para que la publicación de las votaciones y las asistencias de los senadores en el pleno fueran accesibles y esto parece que ser un tema un poco que ustedes me dirán: “Bueno, pues es que eso es lo primero que debería la página de internet de tener”, pero lo que pasaba era que subían los órdenes del día y los nombres de los senadores asistentes en un PDF, y eso imposibilitaba que el ciudadano pudiera saber efectivamente si su senador de su estado había participado o no, o siquiera asistido en el pleno. Entonces, esto permitió que la Secretaria General de Servicios Parlamentarios pudiera en la página electrónica emitir un sistema tanto de porcentaje de votaciones por iniciativa, como el porcentaje de asistencia para saber también incluso si hay quórum o no. Otra, volvemos a la publicidad de la página, de la información que es lo que debe de tener esta página un acuerdo en el que se promocionó que varios apartados y de las iniciativas más interesantes para la ciudadanía pudieran estar en lenguaje de señas mexicano; ahorita tenemos pendiente un acuerdo sobre numerar las iniciativas para que sea muchísimo más fácil para la ciudadanía identificarlas y seguirlas cuál es el procedimiento legislativo que tiene, en fin. Realmente espero que toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 12 años en materia de transparencia le sirva a los nuevos sujetos obligados para que entonces podamos llegar al estadío de rendición de cuentas. Muchas gracias. Mtro. Agustín Millán Flores: Muchas gracias.

Un par de preguntas del auditorio que refiere cómo se vigila o quién vigila el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones, organismos, tribunales en materia electoral, incluyendo a partidos y agrupaciones políticas. Eso depende de cada marco normativo en las entidades federativas. A nivel federal podemos decir que el INE y el Tribunal Electoral, dada su naturaleza como organismos públicos autónomos tienen sus propias reglas internas y están sujetas al marco normativo que establece la actual Ley Federal de Transparencia, pero en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos una comisión de transparencia integrada por tres magistrados, tenemos un comité de transparencia y supervisamos periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley federal en la materia. En el caso de las entidades federativas son los órganos de transparencia quienes hacen las evaluaciones del cumplimiento de dichas obligaciones, pero no hay una periodicidad homogénea para estar vigilando ese cumplimiento de obligaciones de transparencia. Por eso la ley general deberá de establecer también los alcances de esas evaluaciones que probablemente pudiera hacer el IFAI o que se pudiera hacer a través de otro organismo, como se ha propuesto aquí en esta mesa que pudiera ser el INEGI, que tiene esas facultades constitucionales. Si hay sanciones o no las hay eso depende también de los marcos normativos específicos en cada entidad federativa; hay algunos estados donde hay medidas de apremio, incluso de carácter económico o que puedan destituir a los funcionarios responsables en cada institución para el cumplimiento de obligaciones de transparencia; en muchas otras entidades simplemente, no quiero con esto subestimar o demeritar la relevancia de ello, se da vista al Órgano Interno de Control para que tome las medidas correspondientes. El Magistrado Reyes Rodríguez me planteaba un par de preguntas importantes y hacía una afirmación que coincido con ella, que la rendición de cuentas es una obligación antes que nada de las

autoridades con independencia de que participe o no participe la ciudadanía. Ciertamente es una obligación de las autoridades, pero si no participa la ciudadanía en exigir que las autoridades rindan cuentas es dejar esto con un margen de libertad enorme. Hoy la reforma constitucional de transparencia pone el énfasis en un esquema de rendición de cuentas, pero hay que acotarlo. El Artículo 16 Constitucional obliga propiamente a que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado desde antes de la reforma al artículo 6º constitucional, pero cómo llevamos a la práctica este énfasis que nos propone la reforma al artículo 6º constitucional del 7 de febrero del 2014 sin burocratizar la actividad pública. Muchas medidas se tienen que tomar de manera contingente y yo no veo al Secretario de la Defensa o al Secretario de Gobernación en una contingencia como la que acaban de pasar nuestros connacionales en Baja California Sur, tomando y documentando las decisiones que están tomando. Son actos de autoridad que se tienen que tomar de una manera expedita y no burocratizando. Entiendo la relevancia de la rendición de cuentas, pero hasta dónde, cómo debemos de instrumentarla, que no sea una atadura que limite una actuación eficiente de nuestras autoridades públicas. Concluiría diciendo en este proceso que atinadamente refiere Marlenne Magallanes del proceso cultural de la transparencia y la rendición de cuentas, debemos de pasar de los datos de la información que se da a conocer por parte de las autoridades, de los datos tenemos que pasar a información, a información que sea socialmente útil, y esta información que se traduzca en conocimiento. Ese es el gran cambio y el gran reto. Hace todavía 20 años veíamos las páginas de Internet de las instituciones públicas carentes de información, después pasamos a una especie de culto a la personalidad donde el titular del ejecutivo estatal o federal era el actor protagonista en todas las dependencias, era lo que más prevalecía en las páginas de Internet; y pasamos después a un gran cúmulo de información donde nos agobia tanta información que no la podemos

entender, porque además están creadas bajo la óptica del productor de información, bajo el sello de las áreas administrativas y no bajo la óptica del ciudadano. Por eso debemos de pasar de un dato a información y de información a conocimiento que empodere al ciudadano. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Muchas gracias a los tres que han tenido creo que intervenciones muy inteligentes, muy agudas. Gracias también al maestro Millán, porque esta reacción justamente respecto del valor de la participación de tener un ciudadano activo sí es trascendental cuando ya tenemos este binomio transparencia y rendición de cuentas. Yo me llevo básicamente dos conclusiones generales. En el triángulo transparencia-confianza-legitimidad institucional el ciudadano está en el centro; y dos, el contexto normativo de mayor exigencia que plantea la reforma constitucional nos pone el reto de hacer una política pública que internalice rendición de cuentas y transparencia con esta visión de integridad electoral. Muchas gracias. Y a nombre de esta Sala Regional, de quienes integramos el Pleno, del Tribunal Electoral les entregaremos unos reconocimientos y creo que ya prácticamente pasamos a la siguiente mesa para que el cabrito no se enfríe tanto. Muchas gracias.