Impacto de la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia

Diciembre de 2013

Impacto de la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia

Diciembre de 2013 Elaborado por Jazmín Romero Epiayú, investigadora de Sütsüin Jieyuu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu y Dana Barón Romero del Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP, en el marco de la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio.

La Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia es una iniciativa de la sociedad civil a favor de la ampliación de la capacidad y representación política del campesinado y la construcción de una Gobernanza Inclusiva y Responsable de la Tierra.

Impacto de la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia Introducción En las últimas décadas, el gobierno nacional fortaleció su compromiso de vincular su estrategia de desarrollo económico con el crecimiento de la industria extractiva minera. Como lo plantea en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, el sector minero energético se considera una de las cinco locomotoras del desarrollo del país. Así las cosas, hoy el sector minero energético ocupa casi el 7% del PIB y más del 50% de las exportaciones colombianas (Razón Pública, 2013). De la misma forma como se ha incrementado y fortalecido la apuesta institucional por la minería, ha aumentado la actitud crítica de la sociedad civil y de la opinión pública por la profundización de un modelo minero inequitativo, excluyente y depredador de los recursos naturales. Este modelo ha generado no sólo afectaciones al medio ambiente, también ha deteriorado la calidad de vida de las comunidades y en particular de las mujeres y las comunidades que se encuentran en las áreas de influencia de los proyectos. En Colombia, a pesar de que las mujeres rurales representan el 46% de las mujeres, en su mayoría sufren discriminaciones como resultados de dos fenómenos conocidos como la deuda rural y la deuda de género: “La deuda rural caracterizada por las discriminaciones que sufren hombres y mujeres, habitantes rurales, en relación con las personas que habitan en lo urbano. La deuda de género se refiere a las discriminaciones por el hecho de ser mujeres frente a los hombres en el mundo rural. Además de los impactos relacionados con la violencia contra las mujeres en el conflicto armado” (PNUD, 2011)

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Pese a las recomendaciones y observaciones del Comité de la CEDAW sobre las mujeres rurales 1 , estas discriminaciones, expresión del ejercicio de las relaciones de poder autoritarias en la disputa por la tierra y el territorio en el actual modelo de desarrollo rural y en el conflicto armado, se profundizan hacia las mujeres rurales en contextos de minería, tanto por el hecho de ser mujeres como por ser campesinas, indígenas y afrodescendientes. A tal punto que la vulneración de sus derechos, en especial del derecho a la tierra y al territorio, les impide superar las barreras generadas por la discriminación y vivir en condiciones dignas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza esta investigación en el marco de la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia – ENI, que pretende contribuir a la construcción de una reforma rural transformadora a partir del fortalecimiento de la representación política del campesinado y la generación de capacidades de discusión e incidencia en las políticas de desarrollo rural en Colombia. En este sentido, viene aunando esfuerzos en aras de aportar en el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la participación, representación e incidencia política de las mujeres rurales colombianas. Mas aún, teniendo en cuenta las precarias condiciones en las que se encuentran, la vulneración a sus derechos y la ausencia de estudios sobre el impacto de las industrias extractivas en sus cuerpos y derechos. Durante cuatro meses, el proyecto buscó identificar y analizar la situación de las mujeres rurales en relación a los impactos, en particular los conflictos y afectaciones a los derechos a la tierra y el territorio que los procesos de industria extractiva minera han generado en el sur del departamento de La Guajira. Específicamente busca: i. identificar del contexto y los conflictos sociales, económicos, ambientales y culturales relacionados con las mujeres, generados por la industria minera en La Guajira; ii. identificar de las afectaciones a las mujeres y sus derechos a la tierra y el territorio generadas por la industria minera; iii. identificar los procesos de participación e incidencia de las mujeres en relación a la industria minera, sus afectaciones y los conflictos generados por esta actividad; y iv. elaborar recomendaciones de política pública con base en normas nacionales e internacionales relacionadas con la discriminación y los derechos de las mujeres, en particular de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés.

1 Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 14, Recomendación General 19 de 1992 y Observaciones 21, 22, 23, 30 y 31 (CEDAW/C/COL/CO/6).

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El desarrollo de esta investigación se lleva a cabo en alianza con la organización la Sütsüin Jieyuu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu, conformada por indígenas defensoras de derecho humanos y especialmente de los derechos de las mujeres y del derecho a la tierra y el territorio, quienes cuentan con un amplio conocimiento del contexto de la región, con amplia experiencia en el tema y en procesos y estrategias de incidencia nacional e internacional. Esta alianza surgen en el marco de la ENI con las organizaciones que asumen el reto de investigar desde un enfoque diferencial las afectaciones de la minería las mujeres y las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de La Guajira. La metodología utilizada en esta pequeña investigación consistió en la revisión y recolección de información secundaria, en la realización de entrevistas semiestructuradas a mujeres rurales, en especial a indígenas de la etnia Wayuu y a afrodescendientes de esta zona del departamento. También se intercambian conocimientos y experiencias sobre la CEDAW, los impactos de la minería en las mujeres rurales en La Guajira y se generan propuestas frente a ello, en el Encuentro de Mujeres Rurales y Minería. En este informe del proyecto, se describe en la primera parte el contexto del sur de La Guajira en cuanto a la explotación de carbón, el conflicto armado y la situación de las mujeres. En la segunda parte, se analizan los impactos de la extracción de carbón en las mujeres rurales y sus derechos económicos, sociales, culturales, a una vida libre de violencias, en conexión con el derecho a la tierra y el territorio. Por último, se recogen las propuestas de las mujeres frente dichos impactos y se generan algunas conclusiones y recomendaciones.

Sur de La Guajira: El Cerrejón, el conflicto armado y la situación de las mujeres Caracterización de El Cerrejón La minería en la Guajira ha tenido dos de los más grandes contrastes en la historia de la extracción carbonífera en el país. La explotación de El Cerrejón se considera una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo con una capacidad productiva de 30 a 32 millones de toneladas de carbón por año, las cuales son exportadas casi en su totalidad. La productividad de esta mina ha significado un total de 500 millones de toneladas de carbón exportadas en los 26 años de su funcionamiento y representa un 40,5% de las exportaciones colombianas (El Cerrejón, 2011). La empresa registra el número más alto de movilizaciones sindicales en el país, las comunidades bajo su influencia presentan graves situaciones de pobreza y son recurrentes las oposiciones al reasentamiento de estas comunidades para beneficio de los proyectos de la empresa. A su vez, las

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transformaciones territoriales que ha generado la actividad de El Cerrejón luego de casi 30 años, ponen en discusión los beneficios y el nivel de desarrollo que la empresa aparentemente ha traído a la región. La riqueza carbonífera del Cerrejón (“cerro pequeño”, en el habla regional) se conocía desde los tiempos coloniales, aunque la mina fuera descubierta por un propietario rural solo en 18552. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la inversión en la industria fue escasa, pero posteriormente “…la crisis energética de 1973 reorientó el mercado internacional del mineral, mientras que en el nacional creció la producción. Tres años más tarde el Estado, mediante Carbocol, suscribió un contrato de asociación con Intercor para explorar, explotar y exportar los carbones de El Cerrejón. Las obras comenzaron en 1982; la producción, en 1984, y en 1985 las exportaciones superaban los dos millones de toneladas” (Revista Semana, 2011, p. 74). Por lo tanto, aunque la explotación industrial contemporánea de las minas de El Cerrejón fue inicialmente un negocio manejado por el Estado colombiano, en la actualidad el gobierno no hace parte de la estructura de accionistas de ninguna de las dos compañías que lo conforman. La participación estatal (representada a través de Carbocol con un 50% de la compañía) duró hasta el 2001, cuando su parte fue vendida a la Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. Cuando se hace referencia a El Cerrejón en la actualidad, se habla de la operación minera de Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A. Estas dos compañías tienen diferentes contratos con el Estado colombiano para la explotación en la Zona Norte, el Área de Patilla, el Área de Oreganal, Área del Sur y con la Comunidad del Cerrejón. Carbones del Cerrejón Limited es una sociedad extranjera con sucursal en Colombia. Por su parte, Cerrejón Zona Norte S.A, es una sociedad anónima colombiana que posee el interés contractual de Carbocol (El Cerrejón, 2011). Hoy, estas dos sociedades forman el Complejo Carbonifero el Cerrejón cuyas compañías subsidiarias son BHP Billiton (anglo-australiana), Anglo American (sudafricano-inglesa) y GlencoreXtrata (suiza), que son dueñas cada una de una parte igual. Este complejo es una operación integrada de minería, transporte y embarque. La mina a cielo abierto de carbón térmico produce alrededor de 32 millones de toneladas de carbón al año, consta de un ferrocarril de 150 km de largo y un puerto marítimo con la capacidad de recibir buques de hasta 180.000 toneladas (El Cerrejón, 2011).

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Latitud, revista dominical de El Heraldo, 28 de octubre de 2012.

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En cuanto a la producción, los millones de toneladas de carbón que produce la empresa representan el 40,6% de la producción nacional total3 del mineral y se estima que tiene 1.961 millones de toneladas en reserva. Puerto Bolívar, el punto de embarque del mineral hacia el exterior, “fue inaugurado oficialmente en 1983, siete años después de que Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) firmó con la compañía Intercor, filial de Exxon, el contrato para explorar y explotar las reservas de carbón en Cerrejón Zona Norte” (Revista Semana, 2011, p. 78). En relación a las exportaciones, el carbón de El Cerrejón constituye una participación del 4,6% en el mercado global. Del carbón exportado, un 58% es comprado por países europeos, un 9% por Norte América, 12% por Centro y Suramérica y desde el 2010 hay un 21% de las exportaciones que van para Asia. El consorcio minero de El Cerrejón representa el enclave con mayor extracción carbonífera a nivel nacional (El Cerrejón, 2011). Como fue mencionado, la inversión masiva de capital multinacional llega a finales del siglo XX. Al igual que sucede con numerosas empresas multinacionales que operan en Colombia, el presidente de Cerrejón –León Teicher, en 2011– había sido alto funcionario de la empresa del Estado, Carbocol, hasta fines de 2001. “A mediados de 1986, cuando concluyó la etapa de construcción y montaje de las instalaciones de Cerrejón Zona Norte, el complejo estaba diseñado para producir y exportar 15 millones de toneladas al año. Sin embargo, 25 años después, la cifra se duplicó como resultado de sucesivas inversiones de la compañía para expandir sus operaciones. Recientemente, Anglo American, BHP Billiton y GlencoreXstrata, aprobaron invertir 1.300 millones de dólares para incrementar gradualmente hasta 2015 la producción de la mina en 25% más. Esto permitirá extraer anualmente 40 millones de toneladas y generar cerca de 1.200 empleos directos y unos 5.000 indirectos”, según cifras de las empresas (Revista Semana, 2011, p. 78). En el negocio también participa la firma transnacional brasileña MPX, empresa de energía del Grupo EBX, de propiedad de Eike Batista, uno de los hombres más ricos del Brasil, que desarrolla operaciones de exploración y comercialización de recursos naturales (carbón y gas natural) e implementa también la logística para el transporte de combustibles. Dada la importancia del negocio en el país, se creó la filial MPX Colombia, que trabaja para participar en el sector portuario y ferroviario, infraestructura necesaria para el desarrollo del negocio. Esta empresa ya ha identificado 459 millones de toneladas de recursos y posee derechos mineros sobre más de 65.000 hectáreas en La Guajira y Cesar (Arias, 2012). Si el ingreso al país de la empresa brasileña ocurrió en 2007, fue hasta el 8 de noviembre de 2011 que obtuvo licencia ambiental del gobierno

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Latitud, revista dominical de El Heraldo, 28 de octubre de 2012. p. 79.

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colombiano e inició de inmediato la explotación en la mina Cañaverales, de la cual pretende extraer 2,5 millones de toneladas anuales. Cañaverales, junto con las minas de Papayal y San Juan, integra el sistema minero de carbón de baja emisión4, y están ubicados a 150 kilómetros de la costa caribeña. Según la empresa, para exportar el carbón construirá un puerto en el municipio de Dibulla, entre los ríos Cañas y Ancho, que tendrá un área de 521 hectáreas y 2,8 kilómetros de franja de playa cuya propiedad, según MPX, fue adquirida a principios de 2010. El puerto estará en funcionamiento al terminar 2013, tendrá una capacidad inicial de 5 millones de toneladas-año y alcanzará 35 millones de toneladas en 2020. “Así queda bosquejada y asegurada la presencia de MPX en el país, sin figuras de control; únicamente la idea de las comunidades afectadas que deben saber que la cultura de la modernidad, del progreso basado en la extracción de recursos, es un montaje de control y poder” (Arias, 2012). Recientemente, producto de la movilización y presión política en la región, El Cerrejón aplazó sus intereses de desviar 27 kilómetros del río Ranchería debajo del que se encuentran yacimientos de carbón. Sin embargo, sus intereses en otras zonas no han parado, entre ellos la construcción del Puerto Multipropósito de Brisa en el municipio de Dibulla, pues pese a que la Corte Constitucional ordenó suspenderlo hasta que se consultara a los pueblos indigenas –contrariando las resoluciones del Ministerio del Interior en las que reitera la inexistencia de indígenas en esta zona y al otorgamiento de licencia por parte del Minsterio de Ambiente -, 16 asociaciones de pescadores han denunciado y probado junto con expertos, los daños ocasionados al medio ambiente, especialmente al cerro Juñulwa, sitio sagrado para los indígenas de la zona (El Tiempo, 2013). A lo anterior se suma que, después de más de 22 años, los trabajadores entraron en paro ante la vulneración de sus derechos laborales: solicitaron un incremento en los salarios, reconocimiento de enfermedades y la incorporación de contratistas, entre otras exigencias. Igualmente, aprovechando las debilidades estatales en cuanto a control y vigilancia, desfalco tributariamente al Estado: la Contraloría encontró que “Cerrejón Zona Norte le reportó a Ingeominas que en 2010 había producido 10.488.046 toneladas de carbón, pero a la Supersociedades le informó que eran 10.687.059 toneladas. Por esa pequeña diferencia, sin embargo hay que pagar 2.133 millones en regalías” (Revista Semana, 2012).

4 Es decir, que la emisión de gas de invernadero o dióxido de carbono es baja, con lo que se reduce la contribución al efecto invernadero y al calentamiento global. Sin embargo, la emisión de carbono no ha cesado y los impactos al medio ambiente continúan recrudeciéndose.

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Contexto geopolítico: conflicto armado En cuanto al contexto del conflicto armado en el departamento de La Guajira, desde el sur, en donde se encuentran las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se inició la incursión tanto de la insurgencia como de los grupos paramilitares, con el propósito de controlar las rutas de contrabando y aprovechar la ausencia estatal en gran parte de este territorito peninsular. El interés de la insurgencia en este territorio se explica por las posibilidades para el tráfico ilegal de productos y los puertos de entrada y salida al mar Caribe, desde las zonas del sur del departamento, cultivables de coca y amapola. Por otra parte, el accionar del paramilitarismo fue muy evidente desde su llegada al departamento entre 1999 y el año 2000, apoyada en muchos casos por la Fuerza Pública. Los paramilitares, liderados por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y por Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, por su poderío en armas, número de combatientes y capacidad de terror, forzaron la creación de una imagen de autoridad en el departamento, iniciando su campaña de control territorial en el municipio fronterizo de Maicao para cooptar los negocios del contrabando. Una vez controlado el comercio en este municipio, continuaron una operación de expansión y control territorial que se dirigió a la media y alta Guajira. De esta forma, los pobladores de la zona, en su mayoría indígenas wayuu, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, desplazamientos y masacres como la ocurrida en Bahía Portete, de la cual se hará referencia más adelante. En este proceso de expansión surgió el denominado Frente Contrainsurgencia Wayuu durante los años 2002 al 2004, logrando posicionar su control en la Media y Alta Guajira. Este frente no se acogió a la desmovilización de los grupos paramilitares pactada en el año 2005 y se refugió en la Alta Guajira para posteriormente aparecer como una “Banda Emergente” 5 . Así, este grupo cambió de nombre sin perder el control del territorio. En cuanto a la militarización del departamento, su presencia ha sido progresiva a través de 4 unidades del Ejército: el Batallón de Infantería Mecanizado (Riohacha), el Grupo de Caballería Mecanizado, el Batallón de

5 Luego del proceso de supuesta desmovilización de los grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia, surgieron bandas criminales o emergentes que reestructuraron sus lógicas de actuación y continuaron ejerciendo el control en los territorios, especialmente frente al narcotráfico y la cooptación estatal, en sus áreas de influencia.

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Artillería (Buenavista) y el Grupo de Caballería Blindada (Uribia); y la Policía con el comando del departamento con sede en su capital. Un elemento a estacar sobre la presencia de la Fuerza Pública es la seguridad brindada a las operaciones de las compañías multinacionales, no sólo de sus campos de extracción, sino también en el transporte de los minerales y los combustibles, a través de ferrovías, autopistas y oleoductos, frecuentemente atacados por los grupos guerrilleros. Ilustración 1. Actores del conflicto armado en el departamento de La Guajira 2013

Elaborado por: Fuerza de Mujeres Wayúu Además, como se evidencia en el anterior mapa, hacen presencia otros actores armados principalmente en el centro y sur del departamento. Uno de ellos son las guerrillas de las FARC -especialmente en la frontera con Venezuela y en los municipios de Dibulla y Riohacha- y el ELN con una menor presencia en los municipios de Dibulla y Riohacha. Se encuentran también en el territorio las Águilas Negras, Los Paisas y los Urabeños, que aunque son denominados por el Gobierno como Bacrim (Bandas Criminales), se ha evidenciado su conformación de paramilitares desmovilizados y narcotraficantes.

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El Banco de Datos del CINEP/PPP registró un total de 309 casos de acciones violentas en el periodo 2000 – 2012 en La Guajira, de las cuales 152 fueron catalogadas como acciones bélicas o licitas dentro de éste contexto y 157 como infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, como violaciones a los derechos humanos se registra un total de 224 casos que dan cuenta de 1029 victimizaciones individuales. Del total de violaciones a los derechos humanos, podemos señalar que 211 obedecen a móviles de persecución política, 8 a móviles de abuso de autoridad y 5 por intolerancia social; entre estos casos se resalta que 34,3% es atribuible a los paramilitares, 25,4% a las fuerza púbica y de policía, 10,8% a la guerrilla y el 29,4% permanece sin información. En cuanto a las victimizaciones, del registro total de 1029, el mayor porcentaje de victimizaciones lo sufrió el sector de los indígenas con el 48,4% de los casos, seguido de víctimas de las que no se tiene información de su sector social con 28,7%; los campesinos con 5,5% y los comerciantes con el 4,7%. El resto de víctimas, es decir el 12,7% se encuentra distribuido entre obreros, hacendados, marginados, desempleados, empleados y transportadores. En cuando al número de casos y victimización, durante la época de consolidación de los grupos paramilitares se encuentra una importante variación. Así, durante los años 2000 a 2004 la curva de la violencia se intensifica con mayor número de victimizaciones, que van disminuyendo, para alcanzar el promedio en 93,5 victimizaciones por año. Gráfica 1. Victimizaciones a la población civil en el departamento de La Guajira (2000-2010) 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Casos

Victimizaciones

Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política – CINEP/PPP Los municipios con presencia de actividades extractivas aportaron un número considerable de victimizaciones: San Juan del Cesar registró 147

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victimizaciones, La Jagua del Pilar 42, Barrancas 36, Albania 13, Distracción 6, Fonseca 16, y Hato Nuevo 13. El registro de los casos da cuenta de acciones perpetradas por paramilitares como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y amenazas; acciones del Ejército a través de bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales; así como acciones por parte de la guerrilla como bloqueos de vías y secuestro a hacendados. Recientemente fueron anunciadas las investigaciones a integrantes de la Policía y el Ejército por nexos con narcotraficantes y bandas criminales, luego de la captura del Gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, por nexos al parecer con paramilitares y bandas criminales en esta zona del país (El Universal, 2013), entre ellos alias Jorge 40 y Salvatore Mancuso. El gobernador detenido, fue alcalde del municipio de Barrancas, es acusado de homicidio del concejal Luis López Peralta en 1997; y Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera fallecidos en un atentado en el año 2000, y de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con la agrupación criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias 'Marquitos' y el Bloque Norte de las Autodefensas, comandado por Jorge 40 y Salvatore Mancuso (Revista Semana, 2013).

Situación de las mujeres en el departamento En este contexto minero y geopolítico de esta subregión del departamento, el panorama específico de las mujeres no es más alentador. Este aparte señala la situación de las mujeres en La Guajira, reflejada en la vulneración de sus derechos en cuanto a aspectos como su representación y participación política, salud, educación, trabajo y violencias basadas en género de las que son víctimas.

Aspectos sociodemográficos Las proyecciones poblaciones del DANE indican que para 2012 La Guajira tenía 874.532 habitantes, que representan el 1,8% de la población del país, distribuidos entre un 49,5% hombres y un 50,5% mujeres. En 2011, de la población total del departamento, las mujeres en edad fértil (15-49 años) ocupaba el 25,3% de la población total. A diferencia del resto del país6, un 55% de la población reside en zonas urbanas y el 45% restante en las

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Según el DANE, la población está distribuida un 75% en las zonas urbanas y un 24% en las zonas rurales.

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zonas rurales. Entre ellas, el 25% de las mujeres son solteras, 8% casadas, 51% vive en unión libre, 14% son separadas y 1% viudas (Profamilia, 2010). “El departamento de La Guajira presenta una gran diversidad étnica. La población indígena de este departamento representa el 30% de la población indígena total del país y el 42% de la población del departamento, mientras para el total del país es solo el 3,49%. Los Wayúu son el grupo étnico más grande (38,43%); seguidos por los Kaggaba o Kogui (3%); Los Wiwa, Arzarios, Sanka o Malayos (menos del 1%); los Ika, Arhuacos o Bintukua (1%)” (PNUD, 2013, p. 20). En cuanto a la distribución población por edad “predomina la gente joven, donde los niños entre los 0 y 9 años son el 25,99%; los jóvenes y adolescentes en el rango de 10 a 29 años, el 38,50%, los adultos entre los 30 y 59 años, el 28,45% y los mayores de 60 años, el 7,06%” (Bonilla, 2012).

Representación y participación política Al igual que en el resto del país, los avances en autonomía política de las mujeres son precarios. La representación de las mujeres en las instituciones estatales es inferior en instancias del orden territorial: el Gobernador es hombre; en la Asamblea Departamental ocupan el 14.52% en comparación con el 17,6% nacional; cuatro (4) alcaldías7 están ocupadas por mujeres de 15 municipios que conforman el departamento, es decir el 26,66%. En los Concejos Municipales ocupan el 15,83% y en las Juntas Administradoras Locales el 30,36%8. Es decir, la participación de las mujeres es inferior al 30% mínimo esperado por la ley en estos espacios de toma de decisiones. Además de estas autoridades locales, en el sur de La Guajira se encuentran autoridades del Pueblo Wayuú y de comunidades afrocolombianas, representadas en 11 resguardos, 12 asentamientos y 7 Consejos Comunitarios. La principal autoridad de los resguardos son los laulayu-autoridades tradicionales junto con los cabildos que son los representantes legales de los resguardos, es decir, quienes representan a toda la comunidad en espacios de toma de decisiones o ante las entidades municipales, departamentales, y nacionales. De manera similar a las instancias estatales, estos cargos están ocupados principalmente por hombres pues tan sólo dos mujeres ocupan cargos de decisión, menos del 30% de los cargos de representación de las autoridades tradicionales son ocupados por mujeres.

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Alcaldesas de los municipios de Albania, Dibulla, Manaure y Villanueva. Registraduría Nacional del Estado Civil. 2011.

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Las participación de las mujeres es activa en los diversos procesos de movilización e incidencia que se vienen llevando a cabo en el departamento. Así lo demuestra su participación en la construcción de los tejidos de pensamientos desde las luma‘a, y durante el encierro espiritual cuando la niña pasa a ser mujer, en las tu suttaka (escuela de formación para las mujeres por las sabedoras). También en las enramadas tradicionales en donde construyen y abanderan todo las riquezas culturales y espirituales del pueblo wayuu. Las mujeres indígenas wayuu son el fundamento del equilibrio del ser humano. Para cualquier tipo de consentimiento cultural, las mujeres indígenas wayuu, a través de sus sabedoras, lideran el buen vivir y el buen camino. Es importante también mencionar que la cultura wayuu no es un cultura matriarcal sino una cultura machista, en donde priman las decisiones de los hombres y en ocasiones cada vez más comunes no se cumple el mandato de las sabedoras en las instancias de toma de decisiones importantes en la construcción de los hilos políticos de la comunidad. Quienes abanderan la toma de decisiones en cuanto los espacios de participación política son los hombres, es decir, los Alaulayu.

Salud Las cifras que se encuentran disponibles en relación a la salud de las mujeres se restringen a la descripción de su situación sexual y reproductiva. Frente a otros aspectos las cifras o estudios que se encuentran no discriminan por sexo en sus resultados y análisis, por ejemplo, el perfil epidemiológico del departamento tan sólo señala cifras por sexo en pocos aspectos, uno de ellos, la salud sexual y reproductiva. En comparación con el país, las mujeres en La Guajira tienen uno de los mayores índices de embarazo adolescente (26% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas) y fecundidad (una mujer tiene en promedio 4.1 hijos; la deseada en el país es 2.9), así como bajos índices de planificación (sólo el 62% usa algún método), uso del condón (el 4% lo usa) y conocimiento de medidas de prevención del cáncer de cuello uterino (68% nunca ha oído hablar de esta enfermedad), ITS y VIH/SIDA (el 53% sabe que se puede transmitir de madre a hijo) (Profamilia, 2010). La mortalidad materna ha aumentado a partir del año 2005 en comparación con la tasa nacional, aumentando de 79 por 100.000 nacidos vivos en 2004, a 130,2 en 2005 y 181,1 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en el 2011. De los 15 municipios del departamento, se reportan 619 casos en Manaure, 537. en Albania, 356 en Uribia y 256 en Villanueva, por cada 100.000 nacidos vivos. Las mujeres adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años son las más afectadas reportando un 47,2% del total de embarazadas fallecidas. Entre las embarazadas

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fallecidas, un 52,8% vivían en el área urbana y un 41,7% en el área rural. (Gobernación La Guajira, 2012). Entre las mujeres madres que murieron, el 64.8% se dedicaban a las labores del hogar, es decir, no desempeñaban labores remuneradas, y un 6.5% de las embarazadas eran estudiantes. Por otro lado, la mayoría de ellas no superaba el nivel primaria de estudio (56,5%) y el 50% de las fallecidas pertenecían a la población indígena, en mayor proporción a la etnia wayuú (93%). “Esta situación refleja la principal afectación de esta problemática a las mujeres indígenas wayuu quienes por distintos factores fallecen. Entre ellas, se resaltan las precarias condiciones en términos socioeconómicos, el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, las dificultades de accesibilidad geográfica, la precaria comunicación y las características étnicas” (Gobernación La Guajira, 2012).

Educación Pese a que en los últimos años se ha incrementado la inversión estatal en infraestructura escolar, el acceso y la calidad de la educación para las mujeres es baja en el departamento. Muestra de ello es que La Guajira tiene uno de los mayores índices de analfabetismo9 en las mujeres: el 66% tiene algún grado de educación secundaria o superior y un 9% no posee ningún grado de educación, siendo este uno de los porcentajes más altos del país (Profamilia, 2010). Para 2011, el número de hombres matriculados en educación formal era mayor que el número de mujeres matriculadas. En total, correspondía a 98.312 hombres y a 95.091 mujeres, distribuidos de acuerdo al nivel de educación así: preescolar, 12.218 hombres y 11.535 mujeres; primaria, 58.655 hombres y 53.947 mujeres; secundaria y media, 27.439 hombres y 29.609 mujeres (Observatorio de Asuntos de Género, 2012). Tan sólo en este nivel educativo, el número de mujeres superaba a los alumnos matriculados.

Trabajo Las mujeres componen la mayoría de la población desempleada del departamento. Del total de personas ocupadas en La Guajira (348.383 en 2010, el 41% de la población), el 60,6% eran hombres y el 39,4% mujeres, similar a la distribución nacional (hombres 59,6% y mujeres 40,4%). Principalmente, las

9 El 36,2% de la población del departamento es analfabeta, es decir, 306,472 personas aproximadamente. De ellas, el 60% pertenece a la etnia Wayuu (Unviersidad Externado de Colombia, 2013)

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personas ocupadas se dedicaban a la agricultura (23,57%), al sector de comercio, hoteles y restaurantes (23,32%), al sector manufacturero (16,59%), servicios comunales, sociales y personales (14,93%) y al sector de construcción (5,26%) (Red ORMET, 2012, p. 22). En cuanto al trabajo del cuidado, la responsabilidad recae principalmente en las mujeres: el 34% de los hogares tiene como cabeza a una mujer. Por otro lado, el 62% de los niños menores de 15 años vive con ambos padres, el 24% vive solo con la madre pero tiene el padre vivo, un 3% vive solo con el padre aunque tiene la madre viva y un 7% no vive con ninguno de los dos padres aunque los dos están vivos (Profamilia, 2010) lo cual indica que la responsabilidad del cuidado de las y los niños está en su mayoría en manos de las mujeres.

Violencias contra las mujeres Al igual que el resto del país, en este departamento las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencias. Sin embargo, es de resaltar que en comparación con otros departamentos, La Guajira presenta los niveles más bajos en algunos tipos, sin que con ello se pretenda afirmar el bajo nivel de impacto y afectaciones a las mujeres, ni se obvien los factores generadores de estos hechos. La principal violencia de la que son víctimas las mujeres, por encima del promedio en el país, es la violencia psicológica: el 69% de las mujeres sufre algún tipo de control por parte de su esposo o compañero y el 19% es víctima de violencia verbal (Profamilia, 2010). A pesar de que el porcentaje ha disminuido en los últimos años, en La Guajira el 23% sufre algún tipo de violencia física por parte de su pareja. Este es el porcentaje más bajo del país. Entre las agresiones más comunes se encuentran los empujones, golpes con la mano, patadas y golpes con objetos. Aquellas que sufren este tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, un 6% señala haber sido violada por él (Profamilia, 2010). Gráfica 2. Porcentaje de mujeres por tipo de violencia 2005 y 2010

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1 4

Colombia

La Guajira

65,7 39,9 39,4

37,4

23,1 6,1 6,0

Violencia Física 2005

73,1

Violencia física 2010

5,7 3,2

Violencia Violencia Sexual 2005 Sexual 2010

Violencia Psicológica 2005

Fuente: ENDS 2005 y 2010 Otro de los tipos de violencias de los que son víctimas las mujeres es la violencia sexual aunque en un menor porcentaje frente a años anteriores: un 3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual por una persona diferente de su esposo o compañero (Profamilia, 2010). Por otro lado, “los resultados de violencia sexual medidos por la tasa de informes periciales sexológicos por cada 100 mil mujeres, muestran en La Guajira tasas por debajo del promedio nacional. No obstante, siguen siendo muy altas y no muestran tendencia a la baja definida. Para todos los años 2008-2010 la tasa supera los 50 por 100 mil mujeres” (PNUD, 2013, p. 79). Durante el periodo 2004-2010, del total de casos evaluados como violencia de pareja, el 90% corresponde a mujeres víctimas por parte de sus compañeros, el porcentaje restante a hombres. El 8% de las mujeres ha sido víctima por parte de una persona diferente a su compañero, siendo este el porcentaje más bajo del país y evidenciando que en comparación con los demás departamentos de la región caribe, en La Guajira los casos de este tipo de violencias han disminuido (PNUD, 2013, p. 79). A nivel intermunicipal, la capital departamento, Riohacha, presenta la mayor proporción de mujeres víctimas de violencia de pareja: 199,1 mujeres por cada cien mil habitantes. Los municipios que presentan la mayor proporción se ubican en el centro y sur del departamento, que además de ser las zonas pobladas del departamento, son aquellas en las que se desarrollan las principales actividades productivas, como el caso de Barrancas, que aparece en cuarto lugar con 137,7 mujeres por cada cien mil habitantes. Gráfica 3. Proporción de mujeres víctimas de violencia de pareja por municipio en 2010.

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Proporción mujeres por cada cien mil mujeres

250 199,1 200 150

169,1 140,5137,7 128,7 84,2

100 50

73,3

61,2

49,1 46,2 46

39 23,3 4,1

0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Los bajos porcentajes de violencias pueden también estar relacionados con el subregistro derivado, por un lado, de la baja confianza de las mujeres y por otro, de la baja capacidad de las instituciones estatales que disminuye la denuncia de las víctimas. Así mismo, por las prácticas tradicionales de la cultura wayuu en cuanto a la atención y reparación de las mujeres víctimas de violencia: las mujeres acuden a las autoridades tradicionales, quienes a través de la compensación económica por parte del agresor, buscan reparar el daño causado.

Impacto de la extracción minera en las mujeres rurales En este contexto de extracción de carbón, conflicto armado y precariedad de la situación de los derechos humanos de las mujeres, el desarrollo de la actividad minera de El Cerrejón por más de treinta años ha generado impactos económicos, sociales, políticos, ambientales y territoriales en la vida y el cuerpo de las mujeres rurales en La Guajira. Estos impactos se expresan en la existencia de situaciones de violencia o afectaciones hacia las mujeres que se generan a partir de acciones u omisiones intencionales de hombres, actores armados e instituciones públicas y privadas (directa e indirectamente) que transgreden uno o varios derechos y que generan daños, en la mayoría de ocasiones por el hecho de ser mujeres y con la pretensión

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de sostener las relaciones de poder autoritarias entre hombres y mujeres, y en la disputa por la tierra y el territorio. Los efectos generados también profundizan situaciones de discriminación, pobreza y violaciones de los derechos humanos existentes en el departamento y que, aunque afectan a toda la sociedad y el medio ambiente, se expresan de manera particular en este sector de la población y de manera diferenciada de acuerdo a su condición de campesina, indígena o afrodescendiente. Así, pese a que no existen estudios ni cifras sobre los impactos de la extracción minera en las mujeres rurales a nivel nacional ni regional, los efectos identificados en esta investigación de la extracción del carbón realizada por El Cerrejón en las mujeres rurales en La Guajira, se expresan en por lo menos cinco afectaciones y/o hechos particulares de violencia.

Violación de los derechos económicos, sociales y culturales La Guajira es uno de los departamento del país con los datos en relación a desigualdad y pobreza más críticos del país: el 64,33% de habitantes vivían para 2010 en pobreza, porcentaje superior al promedio nacional que se encuentra en 37,20% y que sólo es superado por el departamento del Chocó; el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se encuentra en 65,23%, también por encima del promedio nacional; el índice de Desarrollo Humano se encuentra en 0,691, por debajo del nacional y el índice de Gini es de 0,615 superior al nacional que corresponde a 0,560 (PNUD, 2013). En consonancia con dicha situación, la vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, particularmente, de sus derechos al trabajo digno, a la educación, a la salud y a la alimentación, se han visto afectados por la extracción de carbón, al contrario de lo prometido y afirmado por El Cerrejón, como se verá en adelante.

Violencia económica La Organización de Naciones Unidas reconoce “la función y contribución decisiva, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”, según

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lo contemplado por la Asamblea General en su resolución 62/136 de 18 de diciembre de 200710. Por su parte, el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia económica y de empleo para las mujeres, principalmente expresados en el artículo 11 de la CEDAW y sus recomendaciones 13 de 1989 y 16 de 1991. En consonancia con ello, recientemente fue reconocida la violencia económica como un tipo de violencia hacia las mujeres, entendida como “…cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”11. Así mismo, fueron aprobadas dos leyes con estipulaciones importantes para las mujeres: i. Ley 1496 de 2011 de igualdad salarial que busca garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar las mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector pública coma en el privado y establecer las lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma de discriminación en materia de retribución laboral y ii. Ley 1413 de 2010 sobre trabajo del cuidado, que incluye la economía del cuidado, conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, establece la medición de la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y crea una herramientas para la definición e implementación de políticas públicas. Pese a los anteriores avances jurídicos, la presencia de la extracción minera ha incurrido en hechos de violencia económica hacia las mujeres en términos de desigualdad salarial, feminización del desempleo y la pobreza y la transformación de actividades económicas propias de las mujeres en la región. Aunque la minería ocupa una importante proporción del PIB departamental (58% ), tan sólo representa el 2,9% del empleo, lo cual indica no sólo que no se ha 12

10

En esta resolución también se establece el 15 de octubre como el Día internacional de las Mujeres Rurales. 11 Artículo 2. Ley 1257 de 2008. 12 “En el período 2006 – 2010 la participación porcentual por ramas de actividad económica en el departamento de La Guajira, se caracteriza por la alta participación promedio de la minería (58%); principalmente de la explotación del carbón mineral, el gas y la sal, en menor escala yeso, y barita. Sin embargo, se aprecia que esta participación ha disminuido, pasando del 58,5% en el 2006 a 57,5% en el 2010.” Red ORMET.

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sustituido el empleo agrícola por la actividad minera (Suárez Montoya, 2013), sino que una importante proporción de personas se encuentra desempleada, en su mayoría mujeres, como fue mencionado en un aparte anterior. Existe una baja vinculación laboral de las mujeres en las zonas de influencia de la mina. Tan sólo en una comunidad de las siete visitadas, dos mujeres están vinculadas laboralmente a la mina. Las mujeres entrevistadas, consideran que los empleos que brinda esta multinacional son de “servidumbre”, pues pocas personas están vinculadas a través de un contrato laboral y en su mayoría se encuentran vinculados por terceras personas o empresas. Además, principalmente se vinculan a hombres en la realización de actividades como el manejo de maquinaria pesada o de seguridad privada, mientras que las desempeñan cargos “típicamente” femeninos como actividades secretariales. Sumado a ello, el tiempo de vinculación es menor: mientras que a un hombre lo contratan por cuatro meses, a una mujer la contratan por dos meses y no la vuelve a vincular. Por otro lado, las mujeres rurales, en su mayoría pertenecientes al pueblo wayuu en el sur de La Guajira, se dedican a actividades productivas tradicionales como la agricultura, en especial a la siembra de verduras y hortalizas de manera conjunta con los hombres, al cuidado de los animales, corte de leña, preparación de alimentos para jornales de siembra en fincas aledañas o en restaurantes del área urbana. También desarrollan actividades productivas no tradicionales pero propias del pueblo wayuu como la elaboración de artesanías, en particular el tejido de mochilas, chinchorros, llaveros, etc., que además de ser su principal herramienta de trabajo, son las actividades que por tradición realizan las mujeres y a las cuales dedican una proporción importante de tiempo y obtienen la mayor parte de sus ingresos. Pese a que se mantienen actividades propias de las mujeres rurales, el desarrollo de las mismas se ha visto afectada por la explotación carbonífera debido, entre otras condiciones, al deterioro generado en el ecosistema que disminuye las posibilidades de sostener dichas prácticas agrícolas. También, la minería ha transformado prácticas tradicionales como el trueque ya que disminuyen las posibilidades de intercambiar ciertos productos, por la fragmentación de los territorios, por lo que se ven en la necesidad de poner en

Diagnóstico de Mercado laboral de La Guajira. Editorial Universitaria. Universidad de La Guajira. Riohacha. 2012. Pág. 14.

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venta sus productos agrícolas y artesanales a cambio de dinero que les permita acceder, por ejemplo, a la materia prima para las artesanías y artículos para la manutención de su familia. Sumado a ello, el apoyo institucional para el desarrollo de estas actividades productivas es precario. Tan sólo en una de las comunidades, se mencionó haber recibido apoyo para el trabajo artesanal a través de Creata, que en convenio con El Cerrejón brindó insumos, capacitación y facilitó a través de intermediarios la venta de mochilas en ferias como Expoartesanías, en Bogotá. Igualmente, las mujeres rurales en La Guajira, asumen como actividad primordial el trabajo del cuidado: están encargadas de las y los niños, del hogar, asumen su jefatura y trabajan más horas que los hombres de su comunidad. Todas las mujeres entrevistadas afirmaron que estas labores son llevadas a cabo principalmente por mujeres durante casi todo el día, en su mayoría sin apoyo de los hombres. Muchas de ellas trabajan sin remuneración alguna por las actividades productivas que realizan en la zona rural donde viven. Debido a la ausencia de oportunidades laborales y educativas, las jóvenes proyectan su vida tan sólo como esposas, madres y amas de casa: “No hay empleo para esos jóvenes, y muchas veces ya lo último terminan en matrimonio”. Así las cosas, la explotación minera profundiza la situación de violencia económica y exclusión que afecta a las mujeres en esta región, en tanto no genera incremento de empleo y remuneración digna para las mujeres, promueve no sólo la sobrecarga de trabajo del cuidado sin reconocimiento y remuneración, sino también los estereotipos laborales. Además, incide en que prácticas tradicionales como la agricultura, la artesanía y el trueque se transformen en prácticas mercantilizadas, en productos que se intercambian por dinero, afectando su identidad cultural Todo ello incide, en últimas, en la feminización de la pobreza.

Vulneración del derecho a la educación A pesar de los avances en materia de educación y los compromisos jurídicos 13 asumidos por el Estado, las mujeres, especialmente las jóvenes y las niñas, tienen obstáculos para acceder a la educación, especialmente a la secundaria, técnica y superior.

13

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”. Artículo 10. También ver literales subsiguientes. CEDAW.

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Pese a que todas las comunidades cuentan con escuela de educación primaria, el acceso de las niñas y jóvenes a la educación secundaria y superior se dificulta debido obstáculos como la precaria infraestructura en educación secundaria y superior, por lo que deben trasladarse al área urbana del municipio de Barrancas (para educación secundaria) o a Riohacha (para educación superior). En algunas comunidades, el municipio no brinda el servicio de transporte para facilitar el acceso a las escuelas en el área urbana. En su mayoría, las mujeres manifestaron que debido a los bajos ingresos y a la falta de oportunidades laborales de las familias, las jóvenes no pueden estudiar bachillerato, pregrado u otras capacitaciones –además de la priorización que se da a la educación de los hombres. Algunas jóvenes logran estudiar el pregrado en casos en lo que, por ejemplo, el padre está vinculado a la empresa minera y tiene los recursos para que sostener su estancia en ciudades como Riohacha o Valledupar. En palabras de una de las entrevistadas, las jóvenes al parecer cuentan sólo con dos caminos: “…después del bachillerato, unas se capacitan, otras se casan”. Por otro lado, la oferta en educación superior está dirigida a suplir las necesidades de la explotación minera, dejando de lado la importancia de promover programas educativos técnicos, tecnológicos y superiores que fortalezcan la vocación agrícola y artesanal de la región. Con ello, se debilitan también la generación de conocimientos alrededor de las actividades y saberes tradicionales ancestrales de las mujeres indígenas14. Es importante resaltar la importancia de la educación y de los conocimientos y saberes ancestrales, en la generación de capacidades y en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en tanto aporta en la construcción de autonomía económica de las mujeres, la conservación de saberes ancestrales y en la eliminación de la pobreza.

Afectaciones al derecho a la salud Las mujeres se han visto afectadas en su salud debido al deterioro del ecosistema generado por la contaminación ambiental y la pérdida de territorio, en especial de las fuentes hídricas y agrícolas, producto de la extracción a cielo abierto

14 Aunque en esta investigación no fue posible indagar a fondo sobre la calidad en la educación, es necesario analizar la educación propia de pueblo wayuu y de las comunidades afrodescendientes de cara a la minería y al enfoque de género.

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del carbón. También, por los obstáculos y debilidades estatales en la prevención y atención en salud del departamento. En cuanto al deterioro medioambiental, las mujeres manifiestan que producto de la contaminación de la fuentes hídricas de las que se abastecen, se han incrementado las enfermedades cutáneas, en especial, las infecciones urinarias, el flujo y las infecciones vaginales. Según una de las promotoras de salud entrevistadas, pese a las indicaciones de las autoridades de salud, las mujeres siguen usando la única fuente agua disponible en el Resguardo Provincial y que se encuentra contaminada: “…siempre les recalcamos eso, que utilicen agua limpia, que no sea la del rio todo el tiempo, y es que en verdad esa agua es muy sucia”. Producto del polvillo que genera la mina, no sólo se han contaminado las fuentes de alimentos y de producción agropecuaria, se han incrementado las enfermedades respiratorias y oculares. Así mismo, se ha afectado su salud mental a partir de la intranquilidad generada por las voladuras (constantes explosiones necesarias para extraer el carbón). En relación a la salud sexual y reproductiva, en varias comunidades se identificaron casos de mujeres con enfermedades de transmisión sexual, así como la ocurrencia de embarazos prematuros (entre los 12 y 16 años) o interrumpidos involuntariamente, así como enfermedades en sus órganos reproductivos como infecciones, que se incrementaron debido al deterioro del ambiente. Según una de las entrevistadas, “la misma contaminación que contiene el medio ambiente a través de la minería también hacen que aborten, o tienen un nacimiento precoz”. El sistema de salud se limita al ámbito reproductivo de las mujeres y obvia a aquellas mujeres que no pueden o no quieren ser madres. Por ello, la mayoría de los programas de salud dirigidos a las mujeres están relacionados con su salud sexual y reproductiva. Sumado a que las medidas frente a la maternidad, en especial, la lactancia y la gestación siguen siendo precarias. Se identificaron cuatro casos de mujeres en periodo de gestación que murieron producto de la presunta negligencia de las instituciones de salud. Aunque es responsabilidad del Estado asegurar “a la mujer de las zonas rurales el acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia”15, las mujeres entrevistadas tan sólo cuentan con brigadas de salud que una vez al mes brindan atención básica a toda la comunidad y las jornadas de salud óptica en las que únicamente reciben atención de un optómetra y entrega de gafas a la comunidad.

15

Artículo 14. CEDAW.

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Por otro lado, se ha debilitado la línea que distinguía las enfermedades propias de las mujeres wayuu de aquellas que llegaron producto de la minería o que no son comunes como el cáncer, el dengue o el constante dolor de cabeza. Esta introducción de enfermedades ha generado también un choque entre la medicina tradicional del pueblo wayuu y la medicina occidental: “la medicina propia no cura eso, porque no se sabe de donde proviene”. Ha causado también la pérdida paulatina de prácticas tradicionales como las parteras pues las mujeres deciden acudir a los hospitales para la atención de los partos. No solamente es débil el Estado en la prevencion y atención, también en la regulación de acuerdo a la ley de las prácticas ambientales de las empresas extractivas que causan los problemas de salud a las mujeres. Es decir, no existe debilidad institucional estatal, sino encubrimiento y facilitación a las empresas en detrimento de la naturaleza y las comunidades.

Inseguridad alimentaria Se ve afectado también el derecho a la alimentación dado que la explotación de carbón redujo el acceso y la calidad de las fuentes alimentarias y productivas como la tierra, los animales y las plantas. Anteriormente, la mayoría de los alimentos de consumo de las mujeres y sus familias procedían de la siembra, la cría de chivos, la pesca y el trueque en cada comunidad o resguardo. Hoy, aunque todavía se sigue cultivando y criando chivos, la pérdida de territorio ha generado que se reduzca el cultivo y la cría de animales. Particularmente, los animales se han afectado dado que adquieren enfermedades por el consumo de plantas o de agua contaminada por el polvillo de carbón. De igual forma, la contaminación y privatización de sectores de los ríos ha reducido la pesca. Aunque legalmente en Colombia la privatización de los ríos no está permititda, las empresas lo realizan de facto a través de permisos de aprovechamiento de aguas para las empresas o con la instalación de barreras físicas (cercas, etc) que no permiten el acceso al agua. Todas estas actividades en las que participan las mujeres. Como lo expresa una de las mujeres: “antes de llegar El Cerrejón, eso ahí era la pesca, era la parte de alimentación silvestre que ahora no se ve, ahora uno va al río y cómo se consigue una iguana, o cómo se consigue un conejo, ya los pescados no se pueden cazar, porque el mismo Cerrejón pone limitaciones, dicen que para este lado es zona privada, no se puede pasar”. “Antes vivíamos de eso: de guama, mamón, que es otra fruta, y de los animales, venado, zahinos, iguanas, muchos animalitos que nosotros de eso vivíamos. Y hoy en día no. No estamos viendo esos animales. El morrocoy se ha perdido”. Todo ello trae consigo la disminución del consumo de alimentos propios/tradicionales y que se aumente la necesidad de ingresos para su compra en

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el casco urbano de los municipios cercanos. De igual forma, se incrementan los riesgos de contraer enfermedades o de tener embarazos prematuros: “esa niña ya con tener hijos a temprana edad tiene riesgo de correr cualquier enfermedad, debido de pronto a la alimentación, porque no tiene donde sembrar”. Igualmente, como efecto de la transformación de los modelos de producción de las comunidades y las prácticas propias y ancestrales de las mujeres, se han incrementado los niveles de malnutrición materno infantil. La situación nutricional de los menores de 5 años en La Guajira es crítica: 11,15% sufre de desnutrición global o bajo peso, en comparación al 3,43% correspondiente al nivel nacional (PNUD, 2013). Esta situación también reduce la capacidad de decisión de las mujeres en la familia y su participación en la producción de alimentos. En palabras de una de las mujeres: “Al no haber lluvia, no hay alimentación, al no haber alimentación no hay nutrición, y al no haber nutrición hay enfermedad. ¿Y eso viene de qué? De la minería”. Así, las afectaciones mencionadas, junto con la situación de pobreza, analfabetismo y desempleo, han deteriorado la calidad de vida de las mujeres que habitan la región. Como afirmó una de las entrevistadas: “Antes los viejitos se morían viejitos”.

Afectaciones al derecho al agua El derecho humano al agua fue esbozado por la Observacion General 15 del Consejo de DESC y adoptada mediante resolución por la Asamblea General de la ONU. Allí, se definen criterios o factores para evaluar este derecho: accesibilidad (física, económica, no discriminación), disponibilidad y calidad. Contrario a ello, la principal afectación al medio ambiente reiterada por las mujeres entrevistadas está relacionada con el agua, en decir, con la desaparición, contaminación y privatización de las fuentes hídricas. Gracias a la erosión y sequía que la extracción de carbón ha generado, algunas fuentes han desaparecido. Como se mencionó anteriormente, la contaminación del agua por los desechos tóxicos que son descargados en ríos como el Ranchería, no sólo hacen que este recurso no sea consumible por animales y humanos, también es inutilizable para el uso en actividades productivas como la agricultura y peligrosa para la vida de especies acuíferas y vegetales, muchas de las cuales han desaparecido. Así mismo, se ha restringido el acceso a ciertos tramos del río que son de uso exclusivo de El Cerrejón. “Con la explotación minera toda esta ahí cerca, todo ese polvo va cayendo al rio, entonces el agua ya no es cristalina, no tiene el mismo color… eso no se puede ni utilizar para cocinar, ese rio recibe mucha contaminación”. Se redujo la recolección de agua lluvia para el desarrollo de actividades domésticas y agrícolas, debido a su color y olor producto de la contaminación y de

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las consecuencias que produce en la salud de las personas, animales y plantas. Entonces, ante la ausencia de este recurso natural, las mujeres tienen que comprar tanques de mil litros al mes o agua empacada, pues no cuentan con acueducto que lleve agua potable a sus comunidades.

Violencia política La violencia política hacia las mujeres, se ejerce en esta zona con el fin de debilitar los procesos organizativos de la sociedad civil en resistencia, a través de amenazas, estigmatización, criminalización, desaparición forzada y asesinato de las defensoras del derecho a la tierra y al territorio y de los derechos de las mujeres. De igual forma, el ejercicio de su derecho a la participación y representación política se ha visto afectado bien sea a través de la exclusión en la toma de decisiones. En la mayoría de resguardos y comunidades, a pesar de la participación activa de las mujeres en las asambleas o reuniones que se realizan para la toma de decisiones, aún son pocas las mujeres integrantes en instancias de toma de decisiones. En otras palabras: “ellos toman decisiones y luego las informan a la comunidad”. Así mismo, es bajo el apoyo que se brinda a los procesos de organización y resistencia en el territorio, sumado a la debilidad de sus procesos organizativos y a la baja capacidad y oportunidades de incidencia en políticas públicas, en especial en asuntos relacionados con la tierra y el territorio. Recientemente, ocho defensoras de derechos humanos de Asodegua, Codepaz y campesinas fueron amenazados por Los Rastrojos, por lo que tuvieron que desplazarse forzadamente del departamento, ante la falta de apoyo y protección de las autoridades. Además de venir impulsando procesos de construcción de paz, venían liderando procesos de reparación a víctimas del conflicto armado, especialmente, en restitución de tierras (Diario del Norte, 2013).

Violencia patrimonial: afectaciones a la tierra y el territorio La extracción minera durante 30 años, ha generado la pérdida, transformación y destrucción de bienes y derechos a la tierra y el territorio, con lo que ha incurrido en la generación de daños hacia las mujeres que podrían ser considerados como violencia patrimonial 16 , en particular hacia las mujeres

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“d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores,

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indígenas y afrodescendientes para quienes la tierra y el territorio es la fuente primordial de vida. En el sur de La Guajira, las mujeres rurales habitan principalmente resguardos indígenas del pueblo wayuu. Sin embargo, en esta modalidad de propiedad colectiva como son los resguardos indígenas o las titulaciones colectivas de comunidades afrodescendientes, las mujeres soportan las limitaciones de acceso a la tierra derivadas del enfoque masculino y familista de la distribución y el uso de la tierra. Es decir, aunque la titularidad de la tierra es colectiva, la asignación, uso y toma de decisiones es socialmente asignada principalmente a los hombres, en particular a los tíos maternos y a las familias o a los clanes, dado el rol establecido por el pueblo wayuú. Al carácter marginal del uso y la propiedad femenina de la tierra17, se suman los obstáculos que la extracción minera profundiza en relación al acceso, al uso y la titularidad de la tierra por parte de las mujeres. Debido a la que miles de hectáreas de tierra han sido destinadas a la exploración y explotación de carbón, los resguardos han disminuido su área y perdido la posibilidad de expandirse, de desarrollar actividades agrícolas y pastoriles acostumbradas por el pueblo wayuu y propias de la zona. Algunos resguardos como el resguardo Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, se encuentran “acorralados” por la mina: “solamente tenemos una sola entrada y salida que es aquí; si miramos así todo es de Cerrejón, todo, alrededor no hay donde pastorear, nos tienen acorralados, si vamos al río no podemos pasar. Antes los jóvenes hacían sus cacerías allá, la iguana, el pescado, animales de monte que acostumbrábamos comer. Ahora cuando pasan para allá, si el ejército o la seguridad de la empresa los ve, se los llevan, los ponen a firmar o a veces buscan el adulto responsable de esa persona y los obligan a firmar, como es un delito pasar para allá a buscar algo que es de uno”. La pérdida del territorio implica en especial el deterioro de la identidad cultural y de prácticas culturales propias de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que en muchas ocasiones han sido preservadas históricamente por las mujeres. Junto con ello, se vulneran también los derechos a la propiedad colectiva, a la consulta previa y a la autodeterminación de los pueblos,

derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer” Artículo 3. Ley 1257 de 2008. 17 “Deere y León (2005: 404) sostienen que la brecha de género en la propiedad de los recursos, en particular en la tenencia de la tierra, es significativa en la región”. PNUD. INDH. Cuaderno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza. Bogotá. 2011. Pág. 46 y 47.

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sobre todo en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, para quienes la tierra es la fuente de toda forma de vida. Las transformaciones en las prácticas culturales y los saberes ancestrales del pueblo wayuu son expresadas por mujeres indígenas en la siguientes palabras: “La madre tierra, se ha alejado del propio abuelo de nosotros que es la lluvia, porque si madre sin lluvia no nacen, no sale la fruta, apenas cae un aguacero empieza a florecer todo, hace retirar todo eso de la misma explotación (…) Pulowi es, es algo, parte de la espiritualidad es una mujer de cabello largo y que desde la cosmogonía wayuu ella es la mujer de la lluvia. Pulowi es la mujer de Juyá. Juyá regañaba a Pulowi anteriormente. Anteriormente estos, este Juyá entraba en conflicto con la madre pero por ciertas, ciertos detalles que tal vez ocurrían en eso, de que por cultivo o por cosas, ahora el impacto, lo que él se refiere es que Pulowi está muerta. Esto es como el poder de la naturaleza porque Juyá se está rebelando con la furia de él, a través de sus rayos. La misma furia de la naturaleza se nos ha rebelado a nosotros mismos porque nos hemos puesto a la alianza de la empresa, no, porque no decimos nada tal vez, él nos dice con ese sentido no nos estamos movilizando, estamos viviendo el conformismo de la empresa, que es lo que el trata de decir. Todo se lo estamos entregando a la empresa (…) Las enfermedades de la cultura hablan un poco de como se ha perdido por ejemplo la relación con la Piachi, la medicina tradicional, que anteriormente nosotros los wayuu utilizábamos nuestras propias medicinas tradicional (...) Los sueños son parte fundamental para los wayuu, que ya eso ya no es tan fuerte ¿por qué? Porque la, hay una persona, hay un ser aquí que está molestando la tierra, no hay esa relación esa concentración con la tierra porque cuando se siente las voladuras no ha permitido que uno se relaciones (…) Ya no hay equilibrio, ya no hay ese equilibrio con lo espiritual, ni con nada de esto porque se está perdiendo por todos estos impactos de la minería”. El pastoreo de chivos, práctica tradicional del pueblo wayuu, se ha afectado también pues han cambiado las rutas y dinámicas debido a la pérdida de territorio y a las afectaciones que la contaminación del carbón genera en los animales: “a veces cuando están preñadas, salen los chivitos deformes o muertos, por la contaminación por el polvillo que cae en las plantas”. De igual forma, se ha reducido el pie de cría de los chivos: “en un corral tenían hasta cien o doscientos chivos antes, hoy en día muchos tienen cincuenta, sesenta”. El deterioro del territorio implica cambios en el uso de la tierra y a la vez se dificulta mas el aprovechamiento de los suelos y bosques intervenidos por la minería. “En treinta años, se ha intervenido un área de cobertura boscosa y de

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suelos de 11488 hectáreas. A mediados de 2011, se habían recuperado 2700, en las cuales se han plantado 1200000 árboles, reforestando 1200 hectáreas; es decir, apenas un 10% de lo que otrora fueron bosques secos tropicales antes de la explotación” (Suárez Montoya, 2013, p. 102 y 103). En aquellas zonas en las que los territorios no son colectivos, las mujeres no son quienes tienen la propiedad de la tierra, sino sus marido o familias. Así las cosas, en casos de reasentamientos las propiedad de la tierra corre riesgos de seguir siendo garantizada para los hombres, sumado a que es baja la participación de las mujeres en estos proceso de negociación. Al ser reasentadas, pierden también las zonas de cultivo y pastoreo, con lo que quedan sin trabajo y sin acceso a tierras cultivables. Para las mujeres, la relación con la madre tierra desde que inicio la explotación mineria, es una relación de dolor: “lo sentimos nosotros porque somos los hijos de la tierra y los mismos viejos lo dicen y es como si todo ese saqueo que le estén sacando el carbón, eso es como quitarle un pedazo de carne a un hijo nuestro o a uno mismo”. “¿La tierra? Para mi significa muchas cosas porque vivimos de la tierra…porque es la madre de uno… uno sin la tierra ¿cómo podemos vivir? ¿en el aire? sino imagina: la tierra es el que cría a nosotros porque si uno siembra así sea dos maticas de frijoles de ahí comemos; sembramos plátano de ahí vamos a comer ¿de dónde? de la tierra”.

Desplazamiento forzado y desalojo forzado En este apartado se plantea una mirada a los posibles vínculos entre la presencia extractiva, la titulación o expansión de la industria, el desplazamiento (tanto forzado como involuntario), índices de pobreza y conflicto armado. El ejercicio de violencia hacia las mujeres y el territorio, también es causado por amenazas, maniobras fraudulentas y desplazamiento forzado por parte de actores armados y empresas privadas y estatales, en varias ocasiones luego del asesinato de sus compañeros, conllevando al despojo de tierras y bienes cuya destinación posterior está relacionada con la explotación minera. También es generado por las consecuencias ambientales derivadas de la minería, que implican en muchos casos desplazamientos y reasentamientos. Existe una correlación entre el momento en el que se comienza a extranjerizar la participación estatal de la mina y el momento en el que comienza a haber más presencia de grupos paramilitares en la región de La Guajira. Es en el año 2006, cuando el complejo del Cerrejón comienza su fase más drástica de extranjerización: Xstrata, BHP Billiton y Anglo American.

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Este año fue precedido por múltiples victimizaciones, entre ellas la Masacre de Bahía Portete en 2004. En esta masacre, planeada po el jefe del Bloque Norte de las AUC y el Frente Contrainsurgencia Wayuu. En la masacre participó un grupo de alrededor de 50 personas que el 18 de abril de 2004 profanaron el cementerio, quemaron, saquearon, amenazaron, torturaron y asesinaron a dos hombres, dos mujeres, desaparecieron a tres mujeres y generaron el desplazamiento forzado de mas de 600 personas (Grupo de Memoria Histórica, 2010). El siguiente gráfico muestra la relación entre las dinámicas del desplazamiento forzado y el incremento de las concesiones mineras en el sur del Departamento de La Guajira. Las hectáreas tituladas en este grafico pertenecen al proyecto de expansión minera de El Cerrejón, mayoritariamente. Gráfica 4. Hectáreas tituladas y número de personas expulsadas por desplazamiento forzado en Barrancas, Fonseca, Distracción, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Albania y Maicao, departamento de La Guajira 90000

7000

80000

6000

77359

5826

70000 5000 60000 4063

50000

4000

40000

3000 34631

34177

30000

29952

20000

1589 1424

10000 0

0

0

0

561 68 0 5 0

752

267 136 0 160 0

0

2238 0

510 0

0

0

2000

1119 1117 1000 798 8510 557 243 305 0 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

7559

20242099 1600

Suma de Hectáreas tituladas minería en 7 municipios Suma de Total Expulsión Desplazamiento Forzado en 7 municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Catastro Minero Colombiano y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

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Para el caso de la Guajira se puede analizar como desde 1996 al 2011 hay una correspondencia alternada entre los índices de desplazamiento y la venta de títulos mineros. Después de los periodos de desplazamiento forzado siguieron periodos de concesión de títulos mineros, siendo el más visible el periodo de 2001 a 2004, en el cual se incrementa la presencia paramilitar en la región, seguido por un periodo de concesiones de títulos mineros del 2006 al 2010, durante el cual se otorgó una gran cantidad de títulos mineros (ABColombia, 2011). La expansión de las actividades extractivas, que se puede observar en términos del incremento de los títulos mineros concedidos, ha implicado que la mayor parte del área de los municipios de la región se encuentre bajo concesión minera. Las dinámicas de abandono y despojo de tierras, si bien son inferiores en cuanto a la extensión de hectáreas reportadas por las víctimas, no son ajenas en los municipios de La Guajira en los que predomina la industria extractiva de la minería de carbón. Tabla 1. Relación entre área total del municipio, área titulada para la explotación minera y área de tierras abandonas en Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Distracción, departamento de la Guajira18. Municipio

Área total Área del municipio (En titulada hectáreas) hectáreas)

Porcentaje Tierras (En del área total en abandonadas (en titulación minera hectáreas)

Barrancas

74.200

52.180

70,3

4

Fonseca

58.000

33.586

57,9

12

Hatonuevo

24.900

8.053

32,3

43

18

Debido a su reciente creación el municipio de Albania no aparece referenciado en el Catastro Minero Colombiano, y las 14.805 hectáreas de concesión minera que están ubicadas en este municipio se relacionan en este sistema de información con el municipio de Maicao. Esta situación justifica la exclusión de Albania de esta tabla para evitar una distorsión de la información.

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3 0

San Juan del Cesar

Distracción

141.500

25.881

18,3

48

23.200

7.183

31,0

-

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Minero Colombiano, DANE y el Registro único de tierras abandonadas - RUPTA La expansión de esta industria también ha estado marcada por un aumento progresivo de reasentamientos involuntarios o desalojos forzados, de varias comunidades aledañas a la minas de carbón (González, 2011). El análisis de las dinámicas de desplazamiento involuntario plantean diferentes maneras en las que ocurren los procesos de reasentamiento de las comunidades presentes en los terrenos en expansión de las minas. Desde el periodo 1981-1986, tiempo en el cual el consorcio minero del Cerrejón se encontraba en fase de construcción, las poblaciones habitantes de la región tuvieron que ser desplazadas para la construcción del ferrocarril y el puerto de la compañía (Chomsky, Leech, & Striffler, 2007, p. 11). Desde ese entonces han sido varios los casos de comunidades que han tenido que ser reubicadas involuntariamente para el trabajo extractivo de la minera. En el año 2001, las y los habitantes de la comunidad de Tabaco fueron desplazados forzadamente por la fuerza pública y seguridad privada de la mina (Chomsky, Leech, & Striffler, 2007, p. 12). Luego, en el 2007, las comunidades de Chancletas, Patilla, Roche, Los Remedios y Tamaquito, comenzaron a tener hostigamientos y presiones para comenzar el proceso de reasentamiento. Según el gráfico 5, este periodo coincide con los años de auge y aumento de la concesión de títulos mineros. Los actores encargados de los reasentamientos involuntarios son las empresas y las autoridades públicas. En cuanto a la garantía de los derechos de las comunidades que se ven obligadas a desplazarse se plantea que hay un marco legal insuficiente y por lo tanto las directrices que suelen guiar estos modelos de reasentamiento son los lineamientos formulados por el Banco Mundial: “Lo complejo del desplazamiento involuntario, es la pérdida de fuentes de ingresos como tierras agrícolas, bosques, potreros, almacenes y otros recursos de producción, los cuales deben ser reemplazados.” (González, 2011, p. 8). El código de minas (Ley 685 de 2001) “contempla la posibilidad de expropiar los predios y necesarios para adelantar la actividad minera y en consecuencia desplazar a la población que habita los terrenos mineros” (González, 2011, p. 16). Este desplazamiento y despojo genera afectaciones particulares para las mujeres rurales. Como fue recnocido por la Corte Constitucional, las mujeres son las principales víctimas del desplazamiento, a su vez, este hecho, genera un

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impacto desproporcionado en el cuerpo y la vida de las mujeres. Además del desplazamiento forzado, las mujeres también sin víctimas del despojo y/o abandono forzado de sus tierras mediante la limitación de los recursos propios y de la pareja, la venta obligada de sus bienes a precios irrizorios, entre otras.

Propuestas desde las mujeres En el marco del Encuentro sobre Mujeres y Minería realizado con delegadas de comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de La Guajira, se generaron algunas propuestas a partir de los procesos de participación, movilización, organización e incidencia frente a la minería en los que vienen participando las mujeres. A continuación se recogen las propuestas: •

“No mas explotación de nuestra madre tierra”, es decir, detener la explotación y saqueo de los órganos de la madre tierra.

•

Medidas de reparación individual y colectivas del daño causado por cualquier empresa a la madre tierra y a las mujeres, así como al territorio y las comunidades étnicas, habitantes ancestrales del departamento.

•

Adopción de medidas frente a empleo digno, no discriminación de género en el trabajo y equidad de género en las empresas mineras.

•

Poner en marchar investigaciones y medición del impacto diferenciado entre mujeres y hombres.

•

Adoptar medidas de protección efectiva del medio ambiente por parte de las autoridades estatales y de reducción y eliminación de los impactos ambientales.

•

Fortalecimiento de la educación propia y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Así mismo, facilitar a las niñas y jóvenes el acceso a la educación secundaria y superior.

•

Impulsar representación y participación en cargos de decisión y en políticas públicas. Especialmente, involucramiento de las mujeres en los procesos de negociación entre las comunidades y la empresa y en los espacios de toma de decisión sobre política minera.

•

Ampliación de cobertura y mejoramiento de calidad en salud. Al igual que involucramiento del enfoque diferencial en atención y la puesta en marcha de programas efectivos en salud sexual y reproductiva.

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•

Recuperación de alimentación propia y medicina tradicional de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Facilitar el acceso de las mujeres, niñas y niños a las fuentes de alimentos y agropecuarias propias del territorio.

•

Acompañamiento en los procesos de construcción de planes de vida y en los reasentamientos, de tal forma que se garantice que las necesidades y problemáticas de las mujeres sean tenidas en cuenta y se de respuesta efectiva a sus demandas.

•

Poner en marcha un programa de erradicación de las violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes en las zonas aledañas a las minas.

•

Llevar a cabo procesos de reparación colectiva, restitución de tierras y ampliación de resguardos y territorios colectivos. Estos procesos deben tener en cuentas las problemáticas

Particularmente, en el pliego de peticiones que se vienen impulsando conjuntamente diferentes organizaciones sociales, indígenas, sindicatos, universidades y la Asamblea Departamental, las mujeres indígenas y no indígenas, plantean algunas propuestas sobre el derecho al territorio y la tenencia de la tierra. Partiendo de los planteamiento de las mujeres indígenas sobre lo que significa la tierra y la participación y la inclusión desde un enfoque de la unidad de tejidos de pensamientos, se ha propuesto declarar el río Ranchería como reserva natural, ya que desde sus principios cosmogónicos tiene un valor de representativo en relación al agua. Es decir, el rio Ranchería constituye las venas de la madre tierra y cumple una función vital en cuanto al mantenimiento del equilibrio del mundo. Hace parte de la parte más sagrada del pueblo Wayuu: Wounmainkat (madre tierra). También dentro de sus propuestas está claramente mencionado que la tierra y sus órganos que se encuentran en el subsuelo, representan la riqueza espiritual, por lo tanto no pueden ser objeto de exploración ni explotación y se le debe aplicar la consulta autónoma.

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Conclusiones y recomendaciones Es necesario incluir más fuertemente en el debate público las problemáticas e impactos de las mujeres rurales, en especial frente a sus derechos a la tierra y el territorio en las zonas de explotacion minera se hace necesario, mas aún cuando es evidente la precariedad de los programas del gobierno, en especial el Programa de Mujer Rural, el Programa de Prevención de violencias en zonas de minería, -este último desconocido en su formulación, implementación y resultados- y el Programa de acceso de mujeres, niñas y adolescentes a la Restitución de Tierras. En este estudio caso se hizo evidente la precariedad de información frente al impacto de la explotación minera en las mujeres rurales, así como la ausencia de respuestas del Estado frente a las afectaciones particulares a las mujeres, en especial a las indígenas, afrodescendientes y campesinas que viven en el sur de La Guajira. Como fue desarrollado en el presente documento, la explotación de carbón en el sur de La Guajira por parte de El Cerrejón contribuye a la feminización de la pobreza y a la vulneración de los derechos a la tierra y el territorio, así como a los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres rurales. El impacto generado en la vida, cuerpos y derechos de las mujeres guardan una conexión entre las afectaciones en materia de trabajo, salud, educación, agua, violencia política derivadas de la vulneración a la tierra y el territorio y las violencias en el marco del conflicto armado, que en últimas se convierten en expresión de las violencias que transgreden los derechos humanos de las mujeres rurales. En este sentido, se hace necesario desarrollar procesos de investigación con enfoque diferencial y de género que evidencie los impactos que las industrias extractivas, como la de carbón en este caso, generan en las mujeres, haciendo un especial énfasis en las mujeres indígenas, afrodescencientes y campesinas, ante su vital relación con la tierra y el territorio. En este sentido, se plantean las siguientes recomendaciones: La ACPEM debe desarrollar un estudio a nivel nacional que identifique el impacto de la explotación minera en las mujeres y a partir de allí diseñar e implementar las medidas intersectoriales necesarias para eliminar las afectaciones sociales, económicas, ambientales y culturales generadas en las mujeres, especialmente las de zonas rurales. El Estado debe promover la participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones sobre el sector minero, involucrar el enfoque de derechos y de género en sus dependencias, políticas, programas y proyectos. En especial, a las

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defensoras de derechos humanos, debe garantizar la seguridad y protección de su integridad física. El Estado debe garantizar el acceso a tierras y la protección del territorio de las mujeres rurales en zonas de extracción minera, la seguridad social y económica junto con la igualdad laboral de las mujeres al interior de las empresas mineras; y desarrollar acciones positivas frentes a los oficios realizados por hombres y mujeres. También debe garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, al igual que la protección de las prácticas y territorios ancestrales de las mujeres. El Estado debe diseñar e implementar programas efectivos e integrales de eliminación de la trata de personas, explotación sexual y prostitución forzadas y de promoción de la salud sexual y reproductiva al interior y en los alrededores de las zonas de explotación minera.

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