Intervención de México en la reunión de alto nivel para conmemorar el 10º aniversario de la Adopción de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas Nueva York, 17 de febrero de 2017 COTEJAR CONTRA LECTURA
Muchas gracias, Señor Presidente. Hace diez años, la comunidad internacional se unió para poner fin a uno de los crímenes que más remuerden a la conciencia de la humanidad y ponen de relieve la voluntad y la capacidad del Estado para hacer valer plenamente los derechos humanos de su población. México es Estado Parte de la gran mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos a nivel universal y regional. Con esa convicción, en 2008 ratificamos la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Nuestra convicción se ha convertido en compromisos firmes. Somos uno de los mayores impulsores del combate a este flagelo. Lo demostramos apoyando a las resoluciones que en esa materia se han presentado ante esta Asamblea General, la Asamblea General de la OEA y el Consejo de Derechos Humanos, donde hemos copatrocinado las resoluciones temáticas correspondientes. Tales acciones internacionales ocurren en un contexto en el que reconocemos que no obstante los importantes avances a nivel interno, persisten retos importantes. Estos retos se explican en gran medida por un contexto de presencia del crimen organizado transnacional que opera en nuestro territorio. Sus efectos nocivos han sido reconocidos por diversos actores y mecanismos de derechos humanos. En este sentido, la trágica desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa es causa de profundo dolor y angustia para México. El Estado Mexicano ha dado pruebas contundentes de su esfuerzo y voluntad para investigar el caso. Hemos establecido un mecanismo de comunicación permanente con los padres de las víctimas, que incluye un calendario de reuniones periódicas con altas autoridades. Continua también la cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que se acordó recientemente un mecanismo de seguimiento, que ya está funcionando. Estamos hablando de visitas mensuales que demuestran la apertura de México al sistema internacional de derechos humanos.
La investigación de Ayotiznapa continuará hasta que se procese hasta el último responsable. Mientras que ya existen acusaciones penales y detenidos, incluyendo a policías municipales y miembros de la delincuencia organizada, el trabajo continúa. México está comprometido para hacer de esta investigación la más profesional, completa y transparente de la historia de México. Las bases de la justicia son la verdad y la transparencia. Las investigaciones pueden ser consultadas en línea. En todas las diligencias se han tomado en cuenta tanto el informe como las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que han sido de gran utilidad para el análisis judicial. Hoy, reiteramos una vez más nuestro compromiso para esclarecer lo sucedido. Señor Presidente, Es nuestra obligación evitar que se susciten otras tragedias. Hemos instrumentado una agenda nacional que atienda el problema de personas desaparecidas en el país. Una de las bases es la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas. El proyecto representa una nueva política pública enfocada en la prevención, investigación, sanción, reparación integral y no repetición de personas desaparecidas. Esta iniciativa se elaboró mediante un proceso de consultas amplias. Incluyó la participación de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y entidades federativas, así como el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre otras cosas, el proyecto de ley propone una Comisión Nacional de Búsqueda y la homologación de los tipos penales conforme a estándares internacionales, asegurando así las estructuras necesarias para instrumentar los compromisos internacionales, en favor de las víctimas. Otras acciones en marcha, y que ilustran el compromiso y determinación para atender cabalmente el desafío que enfrentamos, incluyen la instrumentación de un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada. El protocolo armoniza los criterios de investigación y localización de personas, conforme a estándares y recomendaciones nacionales e internacionales. Asimismo, en octubre pasado, se estableció la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República, cuyo objetivo primordial es la búsqueda y localización de víctimas, con la tecnología más avanzada. Confiamos en que, una vez aprobada esta Ley General, fortaleceremos la capacidad institucional del Estado Mexicano para hacer frente a la desaparición de personas, incluidos a todos los migrantes que transitan por nuestro territorio, mismos que merecen y reciben especial atención. A partir de nuestra ratificación de la Convención, hoy reiteramos cuatro elementos fundamentales: 1. La sociedad civil debe participar en todas las etapas de atención al delito de desaparición forzada
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2. El acceso a la justicia solo puede ser garantizado por mecanismos autónomos en mejora continua 3. La atención a este flagelo nos obliga a atender también el fenómeno relacionado de la delincuencia organizada y 4. La apertura y colaboración al escrutinio internacional fortalece nuestras capacidades nacionales Señor Presidente: Al conmemorar diez años de la adopción de la Convención, México refrenda su compromiso con el combate al delito de la desaparición forzada, con las familias de las personas desaparecidas y con la búsqueda y localización de sus seres queridos. En ese sentido, exhortamos a todos los Estados aquí presentes a ratificar la Convención Internacional, pues todos compartimos sus objetivos y alcances. Su universalidad debe ser una meta que nos anime a todos. Unamos esfuerzos para que ninguna familia tenga que sufrir los estragos intolerables e inaceptables que caracterizan este crimen. Muchas gracias.
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