limitaciones al capital productivo venezolano, como ... - Cedice Libertad

Economista de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 1987, Especialista en Economía. Empresarial ... anterior originó protestas de la sociedad y el sector em- presarial que .... Binding constraints to productive investment in Latin America. Editores: ..... 11 Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Desafíos ...
584KB Größe 8 Downloads 23 vistas
DOCUMENTOS CEDICE OBSERVA

LIMITACIONES AL CAPITAL PRODUCTIVO VENEZOLANO, COMO RESULTADO DEL MARCO JURÍDICO AGUSTÍN DÍAZ

Promoviendo el Diálogo Democrático a través del Análisis Legislativo y Económico

AUTORES

SOBRE EL AUTOR AGUSTÍN DÍAZ Economista de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 1987, Especialista en Economía Empresarial (UCAB) 1999. Gerente de Estudios Económicos y Legales de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), colaborador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE.

02

ÍNDICE

ÍNDICE DE CONTENIDOS Resumen Ejecutivo

04

Introducción

05

Capítulo 1. Cambios en el marco legal basados en premisas no contenidas en la Constitución Nacional

07

Capítulo 2. Continúa la creación del modelo alternativo: Segundo Plan Socialista o Plan de la Patria 2013-2019

11

Capítulo 3. Análisis Costo-Beneficio de la nueva normativa legal sobre el capital productivo nacional

12

Capítulo 4: Alternativas al modelo actual

21

Conclusión y recomendaciones

23

Bibliografía

25

03

RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio analiza el impacto de las políticas públicas y las nuevas leyes sobre la economía y el sector empresarial, con énfasis en los resultados del período 2010-2014 y las limitaciones que se observan para mantener o expandir la capacidad productiva. Para ello se han revisado diferentes series estadísticas de mayor alcance para poder establecer resultados confiables. El cambio gradual entre el modelo descrito en la Constitución, que promueve la interacción entre el sector público y privado, y el intento de crear un modelo socialista, se ha dado en la práctica mediante políticas económicas con énfasis en los controles y en la creación paralela del Poder Comunal, mediante un conjunto de leyes que introducen conceptos no mencionados en nuestra Carta Magna. Sin embargo, el análisis de las estadísticas económicas de Venezuela señala que dichos esfuerzos han sido poco satisfactorios si se enmarcan en la bonanza petrolera de años recientes. La mayor participación del Estado como agente económico no ha dado resultados concretos en términos de eficiencia del sector público, cuyo peso en la actividad económica en términos relativos no ha aumentado pese a contar con mayor número de empresas, debido a la política de intervenciones a la propiedad privada. Por el lado privado, la reducción de la oferta de bienes y servicios ha impactado a la población a través de mayor inflación y escasez, ello pese a un aumento importante de las importaciones que ha generado una mayor dependencia externa. Ante esta realidad, se propone considerar un nuevo conjunto de políticas económicas para cumplir lo que señala la Constitución, para lo cual se requieren cambios en las instituciones, fundamentalmente en el manejo legislativo, donde la mayoría oficialista aprueba leyes y la oposición mantiene su lucha por tener un poder efectivo. Los países que han logrado desarrollo sostenible promueven la actividad privada como eje del mismo y ésta se promueve mediante políticas públicas coherentes que den seguridad al inversionista.

04

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN Durante la primera etapa de los 14 años del gobierno del presidente Hugo Chávez, la política económica se manejó de una forma relativamente ortodoxa, con libertad cambiaria, un manejo fiscal prudente y adecuada autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV). En esa época los esfuerzos del nuevo gobierno se concentraban en el plano político para promover una Constituyente que terminó creando la nueva Carta Magna aprobada en diciembre de 1999, al tiempo que una serie de procesos electorales relativamente exitosos para el gobierno eran utilizados como mecanismo de legitimación del mismo. Ya en el año 2001, una Ley Habilitante (la primera del gobierno) permitió aprobar 49 leyes que fueron ampliamente criticadas por considerarse que algunas atentaban contra principios económicos. Por ejemplo, se señaló que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario violaba principios de propiedad. La Ley de Pesca y Acuicultura

restringió el libre ejercicio de la actividad pesquera. Lo anterior originó protestas de la sociedad y el sector empresarial que derivaron en el paro petrolero del 2002. Pero los cambios de orientación en materia económica se iniciaron en el año 2003 con la introducción del control cambiario, controles de precios y normas para profundizar las regulaciones sobre la actividad privada. El punto de inflexión fue la propuesta de Reforma Constitucional de 69 artículos, enmarcados en los llamados cinco motores Constituyentes para impulsar el socialismo, que culminó en el Referéndum realizado el 02 de diciembre de 2007, cuando el gobierno intentó sin éxito aprobar dicha Reforma. En septiembre de ese mismo año ya había sido aprobado el llamado Proyecto Nacional Simón Bolívar, o Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que contenía 7 directrices entre las cuales destacaba la del Modelo Productivo Socialista.

05

INTRODUCCIÓN

Las elevadas tasas de crecimiento económico se mantuvieron durante un largo tiempo, 22 trimestres consecutivos, principalmente impulsadas por los altos precios del petróleo. Estos resultados fueron utilizados como estrategia comunicacional para vender las bondades del modelo socialista y para hacer ver a la población que el capitalismo es el culpable de la inflación, la escasez de productos y la explotación laboral. Por otra parte, a lo largo de los años el gobierno promovió distintos mecanismos para profundizar la estrategia oficial de debilitar al sector privado formal, a través de la promoción de cooperativas, cogestión, empresas de producción social (EPS) entre otras; estos fracasos llevaron a mayores intervenciones directas a la propiedad privada.

producción, latifundio, etc.). Cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), que ha hecho seguimiento a dichas intervenciones, revelan la magnitud de las mismas en cantidad, cuyo período más activo fue 2009-2011. Si bien no se dispone de información de primera mano sobre la situación productiva actual de dichas intervenciones, las pocas noticias no son alentadoras: en muchos casos se profundizó la situación negativa, en otros la capacidad utilizada descendió drásticamente, y hasta donde se sabe la mayoría de los antiguos propietarios no han recibido indemnización alguna. Eso podría explicar el menor número de intervenciones a partir del año 2012, cuando se orientaron en mayor medida hacia la toma de locales y terrenos para construcción a través de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela.

Con mayor fuerza desde el 2007, el Estado tomó un conjunto de empresas, locales, fincas, terrenos, viviendas y otros establecimientos privados utilizando distintos argumentos (seguridad estratégica, problemas de

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cuadro No. 1: Producto Interno Bruto (PIB) 2003-2009 Var. % Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

06

AÑO

TOTAL

2002

1

2003

1

2004

---

2005

12

2006

1

2007

126

2008

24

2009

191

2010

318

2011

498

2012

71

2013

41

TOTAL

1.284

Cuadro No. 2: Intervenciones a la Propiedad Privada Fuente: Conindustria, Gacetas Oficiales, noticias de distintos medios audiovisuales

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1: CAMBIOS EN EL MARCO LEGAL BASADOS EN PREMISAS NO CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Es importante conocer la situación real del sector productivo privado en la actualidad, mediante el análisis de fuentes primarias de información y en otros casos de documentos oficiales, noticias o declaraciones divulgadas en los medios, y para determinar cómo las normas y leyes de años recientes han introducido limitaciones al capital productivo del país, arrojando un crecimiento económico inferior al de otros países de la región y generando problemas de inflación y escasez como consecuencia de la debilidad para aumentar la oferta interna de bienes. Es imposible soslayar el hecho de que el triunfo político del gobierno en 2003 al finalizar el paro petrolero, que culminó con un referéndum en agosto del 2004 que reafirmó el mandato del Presidente Chávez, trajo consigo una radicalización creciente en materia económica. Pero los intentos de avance hacia un modelo socialista no pueden explicarse sin revisar los dos planes sexenales que han sido elaborados hasta ahora: el Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 ya mencionado, y el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 20132019, divulgado como Plan de la Patria. En el primero, se establece claramente dentro del llamado Enfoque del Modelo Productivo Socialista que el mismo “…estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social, que constituyen el germen

y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas”. Unido a lo anterior, estiman un mayor peso de las empresas del Estado, reduciendo sustancialmente el peso del sector privado, tal como se refleja en esta gráfica contenida en el Plan: Empresas de Economía Social

SITUACIÓN ACTUAL

Empresas Capitalistas del Estado

Empresas Capitalistas Privadas

Empresas Mixtas

Empresas de Economía Social

SITUACIÓN FUTURA

Empresas del Estado

Empresas Capitalistas Privadas

Empresas Mixtas

Fuente: Proyecto Nacional Simón Bolívar- Primer Plan Socialista, página 24. Septiembre 2007

07

CAPÍTULO 1

Para llevar a cabo lo anterior se dio la propuesta de Reforma Constitucional ya señalada, que fue derrotada en diciembre de 2007. Aún así, poco a poco la mayoría de diputados oficialistas en la Asamblea Nacional fue aprobando mediante una ley Habilitante, la tercera del mandato del Presidente Chávez, un conjunto de leyes con la mayor parte de aquellos lineamientos rechazados por una estrecha mayoría. En total se aprobaron 65 leyes, de las cuales 26 se publicaron en Gaceta Oficial el último día de su vigencia1, entre otras la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Gaceta Oficial Extraordinaria 5.889 del 31/07/2008), la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (Decreto 6.092), y la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (Gaceta Oficial Extraordinaria 5.889 del 31/07/2008). Durante el lapso 2009-2014 la actividad de la Asamblea Nacional se divide en dos períodos claramente definidos: en 2009-2010 se aprobaron 98 leyes, en tanto desde el 2011 apenas totalizan 492. Esto se debe a dos nuevas leyes Habilitantes: la de diciembre de 2010, solicitada para tomar acciones sobre los desastres naturales provocados por las lluvias de ese año, y la de noviembre de 2013, solicitada por el presidente Maduro 60 50

42

20 10 0

Tal como se ha mostrado, el modelo socialista no mencionado en ningún artículo la Constitución Venezolana, en la práctica se ha venido creado mediante distintas estrategias: leyes para fortalecer el poder comunal, planes de la nación, etc. Ello cuando por el contrario, la Constitución en su artículo 112 señala que “…El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.” El planteamiento de la discusión debe entonces centrarse en qué tan eficaz ha sido ese modelo alternativo (Socialista) para lograr el desarrollo del país, en particular por su intento de abarcar cada vez mayores sectores de la economía mediante un cerco a la actividad privada apoyado en la renta petrolera. Países con gobiernos inspirados en ideas socialistas como Chile o Brasil han logrado en los últimos años importantes avances en materia económica y social, contando con el respaldo del sector privado.

56

40 30

con el argumento de la lucha contra la corrupción. En resumen, desde 1999 la Asamblea Nacional otorgó 5 leyes habilitantes al presidente en ejercicio.

2009

2010

16

15

2011

2012

9

9

2013

2014

Cuadro No. 3: Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional 2009-2014 Fuente: Asamblea Nacional

La relación entre la inversión privada y el crecimiento económico sostenible es fundamental para comprender por qué algunas regiones o países avanzan más que otras. Un estudio publicado en 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)3 muestra cómo desde la década de los 90, la inversión bruta fija en el Este de Asia y el Pacífico superó el 30% anual, mientras que en América Latina apenas promedió el 18%. Si bien la

1

Se puede consultar en: Venezuela: Tres investigaciones para el debate. Socialismo del siglo XXI o destrucción de la economía de mercado: costos y beneficios para Venezuela. Agustín Díaz. Cedice Agosto 2010

2

Al 01 de septiembre, sólo dos de las nueve leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2014 habían sido publicadas en Gaceta Oficial. Esta inacción “es irregular del todo, pues la propia AN hace inútil su trabajo legislativo, pero no es ilegal”, según Luis Herrera Orellana. Puede consultarse en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140901/78-de-lasleyes-sancionadas-en-2014-por-la-an-no-estan-vigentes 3

Growing Pains. Binding constraints to productive investment in Latin America. Editores: Agosín, Manuel, Fernández-Arias, Eduardo y Jaramillo, Fidel. Inter-American Development Bank 2009

08

CAPÍTULO 1

inversión pública ha sido más volátil en nuestra región, la gran diferencia ha estado en la insuficiente inversión del sector privado. La productividad por trabajador en consecuencia ha sido inferior a la de otros países o regiones en los que el sector privado invierte más. A través de un estudio realizado por Haussman, Rodrick y Velasco (2005) citado en esta obra y analizando varios países (no se incluye a Venezuela), se plantea una metodología para determinar las restricciones más importantes a la inversión privada, clasificadas en dos grandes categorías: a. Bajo retorno financiero de la inversión privada real: puede deberse a falta de mano de obra y gerencial calificada, problemas de infraestructura, fallas en la gestión pública (impuestos, exceso de regulaciones, derechos de propiedad débiles), riesgos macroeconómicos, fallas de los mercados. b. Alto costo de financiamiento: Asociado a bajas tasas de ahorro nacional, falta de acceso a mercados internacionales, o un sistema financiero nacional poco desarrollado. Las restricciones que enfrenta Venezuela están más asociadas al primer punto, por lo tanto un repunte de la inversión privada requeriría resolver una serie de fallas en mayor medida provenientes del sector público. En particular el desarrollo de un sector industrial privado sólido requiere reglas claras y certidumbre jurídica, debido al largo plazo para recuperar las inversiones realizadas. Lo que se viene observando en los últimos años en nuestro país es todo lo contrario. El crecimiento no ha estado acompañado por una mejor percepción de los agentes privados y las mediciones internacionales reflejan una pérdida gradual de competitividad, una dificultad creciente para iniciar y mantener negocios y una institucionalidad muy comprometida para generar confianza. La política oficial es ampliar el rango de acción del Estado. Para ello comienza entonces a legislarse en Venezuela haciendo énfasis en el llamado poder comunal. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales se publica en la Gaceta Oficial No. 39.335 de fecha 28 de diciembre de

2009, y deroga la ley anterior del año 2006. Allí se señala que funcionarán como una instancia “de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario”. Estos consejos comunales recibirán fondos del Estado y elaborarán proyectos socioproductivos “impulsando la propiedad social”. En la Gaceta Oficial No. 6.011 del 21 de diciembre de 2010 es publicada la Ley Orgánica de las Comunas, cuyo artículo 4 plantea el concepto de Estado Comunal como “forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna”. En esa misma gaceta fue publicada La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, que señala en su artículo 2 que el sistema económico comunal es “el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal”. Allí se definen dos formas de propiedad no existentes previamente: la propiedad social directa comunal (constituidas por instancias del Poder Popular en sus ámbitos geográficos) y la propiedad social indirecta comunal (constituida por el Poder Público en el ámbito territorial de una instancia del Poder Popular). Aparece un trato discriminatorio pues este tipo de empresas goza de exenciones de tributos nacionales y gastos de registro (art. 21), así como prioridad en los procesos de contrata-

09

CAPÍTULO 1

ciones públicas (art. 22). La Ley Orgánica de creación de la Comisión Central de Planificación, reformada parcialmente mediante Gaceta Oficial No. 39.604 del 28 de enero de 2011, plantea en su artículo 2 que tendrá como finalidades “impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada” y “orientar el establecimiento de un modelo socialista capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, para lograr la suprema felicidad social”. El último eslabón reciente ha sido la instalación por parte del presidente Maduro, del Consejo Presidencial de Gobierno de las Comunas, y el anuncio de la creación de un Banco de Desarrollo Comunal que fusionaría los distintos fondos y bancos de desarrollo públicos4 (Banco de la Mujer, Banco del Pueblo, Fondo Nacional de los Consejos Comunales y Fondo de Desarrollo Microfinanciero). Existen otras leyes aprobadas desde el año 2010 que han tenido impacto directo sobre el financiamiento del Estado y las relaciones entre patronos y empleados en el país: • La Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, contenida en la Gaceta Oficial No. 39.419 del 07 de mayo de 2010. La autonomía del instituto se ve vulnerada cuando señala en su artículo 2 que “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no está subordinado a directrices del Poder Ejecutivo; sin embargo, contribuirá con éste en la realización de los fines superiores del Estado y de la Nación”. En el artículo 5 se afirma que “El Banco Central de Venezuela contribuirá al desarrollo armónico de la economía nacional, atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico de la República”. En la práctica esto ha facilitado el financiamiento al Estado, en particular a Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya deuda en

4

Puede leerse do-17092014 5

10

en

moneda nacional con el BCV al mes de julio rondaba los USD 82 millardos. Este financiamiento es una de las razones que explica la aceleración inflacionaria reciente. • El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, aprobada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.076 del 07 de mayo de 2012. Entre los aspectos más resaltantes contiene una reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, con derecho a dos días continuos y remunerados de descanso, y aumento en los pagos mínimos por conceptos de utilidades y vacaciones. En la práctica muchas empresas han debido modificar o reducir la contratación de personal por mayores costos, es casi imposible introducir calificaciones de despido, y se estima que el ausentismo y el presentismo5 laboral han aumentado, reduciendo la productividad. Paralelamente, el manejo administrativo de costos y precios de una gran cantidad de artículos ha sido reforzado en estos años. En el año 2011 fue creada la Superintendencia de Costos y Precios Justos (SUNDECOP), la cual en su inicio se encargó de fijar los precios de 19 artículos regulados, planteando una revisión trimestral que en la práctica no ha ocurrido (varios de esos productos mantenían hasta agosto del 2014 los mismos precios). En su Memoria y Cuenta Anual presentada ante la Asamblea Nacional el 15 de enero de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), la cual absorbería las funciones que tenían la SUNDECOP e INDEPABIS. Las fiscalizaciones han aumentado al igual que las sanciones, sin embargo los resultados en materia de inflación y escasez siguen siendo negativos, con lo cual el exceso de controles muestra cada vez más su ineficiencia.

http://www.entornointeligente.com/articulo/3509267/VENEZUELA-Banco-de-Desarrollo-Comunal-facilitara-asignacion-de-recursos-al-pueblo-organiza-

El trabajador acude al puesto de trabajo pero produce muy por debajo de lo que debería.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2: CONTINÚA LA CREACIÓN DEL MODELO ALTERNATIVO: SEGUNDO PLAN SOCIALISTA O PLAN DE LA PATRIA 2013-2019 El proceso electoral previsto para el año 2012 se llevó a cabo en un entorno económico mucho menos favorable que procesos anteriores, y con el conocimiento parcial de los detalles de la enfermedad del entonces Presidente Hugo Chávez. En junio de ese año fue presentado el Segundo Plan Socialista o Plan de la Patria 2013-2019 ante el Consejo Nacional Electoral como plataforma de su campaña, que señala cinco grandes objetivos históricos, a saber: a) Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional b) Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI c) Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político d) Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional e) Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana

El oficialismo obtuvo una estrecha victoria en estas elecciones, y cinco meses después, el 5 de marzo de 2013 se anunció el fallecimiento del presidente Chávez. Nicolás Maduro, quien había sido elegido por Chávez para continuar su período, fue declarado como el candidato ganador en abril cuando se convocaron las elecciones ante la falta absoluta del presidente anterior. Este Plan de la Patria contiene una serie de metas cuantitativas en materia económica y social, y ha sido impulsado como el legado del difunto presidente Chávez para implantar el socialismo. Luego de ser discutido en la Asamblea Nacional, ésta lo aprobó en diciembre de 2013 con “carácter de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional”, y publicado en la Gaceta Oficial No. 40.308, Extraordinario No. 6.118, del 04 de diciembre de 2013. Una revisión del mismo muestra que no existe ninguna política explícita que busque promover la actividad privada; por el contrario, el Estado tiene un peso cada vez mayor en todas las áreas y la participación privada se limita a simples “alianzas” en casos puntuales.

11

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA NUEVA NORMATIVA LEGAL SOBRE EL CAPITAL PRODUCTIVO NACIONAL Cómo se apuntó, el intento de establecer un modelo socialista en Venezuela se ha dado a través de diferentes acciones que han tenido impacto en la economía privada, y por otra parte mediante la imposición de las llamadas Leyes del Poder Popular, aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, las cuales ya han estado en vigencia por varios años. En el caso de la política de intervenciones a la propiedad privada, se debería incorporar la noción de una mayor eficiencia en la administración de aquellas propiedades que pasaron a manos del Estado. La expropiación de un bien privado puede justificarse cuando se requiere implementar bienes y/o servicios de uso público. Esta explicación no aplica al caso venezolano, cuando se adoptaron distintas medidas (ocupación temporal adquisición forzosa, intervención, afectación, rescate) sin pago de compensación en la mayoría de los casos. En todo caso, la expropiación será socialmente eficiente si es que la ganancia social (suma de ganancias

6

individuales) es mayor que la pérdida social (suma de pérdidas individuales)6. Pero la evaluación de la gestión pública en términos de costos y beneficios es complicada por la carencia de estadísticas oficiales. Richard Obuchi, investigador del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), hizo un primer intento en su libro Gestión en Rojo, publicado en el año 2011. Allí se explica cómo el Estado apeló a todo tipo de razones para asumir el control de muchas empresas, con resultados mayormente negativos7. El diario local El Universal publicó en septiembre de este año un estudio, para el cual tuvo acceso a las Memorias y Cuentas de varios organismos públicos y divulgó8 resultados poco halagadores: las industrias estatales del acero, aluminio, cemento, alimentos y automotor acumulan hasta cinco años de pérdidas. De acuerdo al informe, al año 2013 las empresas del sector aluminio (Venalum, Alcasa, Bauxilum y Carbonorca) operaban entre el 30 y 60% de su capacidad instalada; Ferrominera y Sidor llevaban 3 años arrojando pérdidas y bajo nivel de

Expropiación: una visión alternativa. Pasquel Rodríguez, Enrique. Publicado en THEMIS, Revista de Derecho No. 48. Latin American and Caribbean Law and Economics Association

7

Obuchi analizó 16 intervenciones en distintos sectores, entre ellas Rialca (inactiva luego de 18 meses de expropiada), Inveval e Invepal (producción entre 15 y 20% de su capacidad instalada luego de 4 años de expropiación), Central Azucarera Sucre (cuya producción cayó y el costo por kilo triplicaba el precio de venta) y otras

8

12

Obuchi Puede consultarse en http://www.eluniversal.com/economia/140909/empresas-estatales-acumulan-hasta-cinco-anos-con-perdidas

CAPÍTULO 3

La manufactura nacional, que debería ser la principal fuente de producción de bienes y servicios, tampoco se ha visto beneficiada en estos años. Su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB) se ha venido reduciendo de manera sostenida, pese a mantenerse como el sector más importante dentro de la estructura económica incluso por encima del petrolero, que suministra el 96% de las divisas que entran a Venezuela (cuadros 6 y 7).

PÚBLICO

PRIVADO

IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS

1999

100%

31,9%

58,7%

9,4%

2010

100%

30,7%

58,4%

11,0%

2013

100%

30,7%

58,1%

11,2%

Cuadro No. 6: Estructura del Producto Interno Bruto por sectores (%). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

18%

17,36%

17% 16% 15% 14%

13,71%

13% 12% 11%

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

10% 1999

Estos resultados, que apenas representan una muestra del universo de intervenciones de que ha sido objeto la propiedad privada, reflejan que el supuesto objetivo de mayor eficiencia y suministro de bienes en el sector público no se ha logrado. En lugar de promover una mayor competencia en el propio sector privado la ha constreñido, lo que perjudica al consumidor final. El fracaso en la gestión de esta política de intervenciones podría explicar su declive durante el 2014, ya que Conindustria registra muy pocos casos nuevos. Sin embargo, cada bolívar que debe inyectarse a una empresa pública deficitaria es un bolívar que potencialmente deja de producir algún otro bien o servicio9. Aunque el Estado cuenta ahora con un mayor número de empresas, su peso dentro de la actividad total no ha variado significativamente desde 1999, lo que implica una importante pérdida de valor agregado y productos para la sociedad, atribuibles a la mayor ineficiencia que arrastran estas empresas junto a otras que tradicionalmente ha manejado el sector público.

SECTORES PERÍODO TOTAL

1998

producción; la Fábrica Nacional de Cementos (antigua Lafarge) llevaba 4 años con saldo rojo, y Venirauto no ha cumplido sus metas de ensamblaje. En el sector alimentos la situación no difiere: Lácteos los Andes llevaba 2 años con pérdidas. Sólo Orinoquia y Vtelca, del sector telecomunicaciones, han tenido beneficios.

Cuadro No. 7: Participación de la Manufactura dentro del Producto Interno Bruto Total (%). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

9

Cálculos sencillos demuestran la magnitud del costo. Una tonelada de acero puede costar aproximadamente USD 700 en el mercado externo. Se estima que la producción de SIDOR cayó de 4,2 Millones de TM en 2007 a 1,5 Millones de TM para este año. Eso representa cerca de USD 1,9 millardos necesarios para compensar la producción faltante. En el caso del cemento, se ha dicho que CEMEX redujo su producción de 4,5 a 2,3 Millones de TM de clinker (95% de la composición del cemento). El costo externo de 1 tonelada de clinker puede fluctuar entre 40 y 100 dólares dependiendo del origen y el flete

13

CAPÍTULO 3

La manufactura privada cuenta por aproximadamente el 90% de la manufactura total. La pérdida de peso en la actividad real ha venido acompañada por una sostenida reducción de la inversión privada, tal como revelan las cifras disponibles por parte del BCV (cuadro 8). Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en 2007 (último dato oficial disponible) existían 7.093 industrias en el país, un 36% menos que en 1998. Pero no sólo la manufactura se ha visto afectada en estos años. El número total de patronos privados en el país es inferior que el existente en 1999. En ese año el promedio mensual fue de 449.823 patronos; entre julio del 2010 y julio del 2014 ese promedio fue 7,0% inferior, alcanzando 418.525 patronos. Solo asumiendo el crecimiento vegetativo de la población, deberíamos contar con al menos 600.000 empresas privadas en la actualidad, entre las cuales deberían existir unas 15.000 industrias (cuadro 9). Ante esta realidad, la falta de oferta nacional ha venido impulsando un acelerado crecimiento de las importaciones, favorecido por un tipo de cambio artificial que perjudica la competitividad nacional. En 1998 Venezuela importó mercancías por USD 16.755 millones y en 2010 se alcanzaron los USD 38.539 millones, un aumento de 130%. Ya para 2012 las compras externas rozaron el nivel récord de USD 60 millardos. El sector privado tiene dificultades para adquirir materias primas y productos terminados en el exterior. Si logra obtener las divisas, con largos retrasos y en muchos casos la pérdida del crédito externo, debe luego superar el escollo de los puertos nacionales, con trabas logísticas y elevados costos. En mayo de este año, la empresa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) ajustó sus tarifas a la tasa de SICAD 2, que ronda los 50 Bs.USD. Al mes siguiente el Seniat informó a las aduanas que la base imponible para el cálculo de los impuestos para las importaciones dependerá del precio del dólar con el que se adquirió la mercancía. Ello originó que en algunos

14

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

16,0%

9,0%

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Cuadro No. 8: Inversión Privada como porcentaje del Producto Interno Bruto Total (%). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 JUL 2010

JUL 2011

JUL 2012

JUL 2013

JUL 2014

Cuadro No. 9: Empleadores Privados 2010-2014. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

CAPÍTULO 3

casos la mercancía no haya sido retirada por el aumento en costos para el importador10 y que se haya solicitado reconsiderar la decisión. Otro aspecto relevante es el peso cada vez mayor de las compras públicas en el total de importaciones, que prácticamente se ha duplicado desde el 2008, tal como revelan las cifras del BCV (cuadro 10). Aún así el país se encuentra inmerso en una espiral inflacionaria con elevados índices de escasez. El BCV ha optado por retrasar la publicación de indicadores sobre el tema, pese a lo cual se conoce que Venezuela registra la mayor inflación mundial en la actualidad (cuadros 11 y 12).

20%

38%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Público Privado

Cuadro No. 10: Importaciones Totales por sector (%) Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

70% 60%

63,4%

50% 40% 30%

29,7%

20% 10% 0% AGO 10 FEB 11 AGO 11 FEB 12 AGO 12 FEB 13 AGO 13 FEB 14 AGO 14

Cuadro No. 11: Inflación Nacional (%). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

La Cámara de Industriales del Estado Carabobo solicitó reconsiderar el alza de impuestos, puede consultarse en http://www.eluniversal.com/economia/140615/solicitan-al-seniat-reconsiderar-el-alza-de-impuestos

10

15

CAPÍTULO 3

35%

29,4%

30% 25% 20%

15,1%

15% 10% 5% 0% MAR 10

JUL 10

NOV 10

MAR 11

JUL 11

NOV 11

MAR 12

JUL 12

NOV 12

MAR 13

JUL 13

NOV 13

MAR 14

Cuadro No. 12: Índice de Escasez (%). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV). Última cifra disponible: marzo 2014

de la capacidad instalada apenas ronda el 50%. Este indicador resume las dificultades para aumentar la producción, destacando la falta de divisas, el problema de acceso a materias primas y la incertidumbre que afecta la actividad privada. Debe señalarse que en 1997 el indicador alcanzó 67,2% (cuadro 13).

La percepción de los inversionistas nacionales no es mejor. Por más de 20 años, Conindustria ha monitoreado la situación del sector industrial de forma trimestral, mediante una encuesta cualitativa. Los resultados disponibles al segundo trimestre de 2014 señalan que la mayor parte de los encuestados reportan caída en la producción e inventarios, al tiempo que la utilización

70 60 52,18

50

52,77

51,99

59,5

57,7

57,3

55,68

55,96 58,11

55,14

53,88

57,19

56,74

54,2

50,49

52,37

52,08

48,76

40

Cuadro No. 13: Capacidad Utilizada de la Industria (%) Fuente: Conindustria

16

IV TRIM 14

III TRIM 14

II TRIM 14

I TRIM 14

IV TRIM 13

III TRIM 13

II TRIM 13

I TRIM 103

IV TRIM 12

III TRIM 12

II TRIM 12

I TRIM 12

IV TRIM 11

III TRIM 11

II TRIM 11

I TRIM 11

IV TRIM 10

III TRIM 10

II TRIM 10

I TRIM 10

30

CAPÍTULO 3

Las políticas públicas de los últimos años tampoco han contribuido a mejorar la imagen de Venezuela en términos de competitividad interna o de polo de atracción de inversiones externas. Ejemplos lo constituyen las últimas ediciones del Global Competitiveness Report y de Doing Business, donde Venezuela pierde posiciones

sostenidamente. Estos indicadores son generados a nivel internacional utilizando la misma metodología a lo largo del tiempo y por tanto los resultados son comparables tanto a nivel temporal como entre países (cuadros 14 y 15).

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

TAMAÑO DE LA MUESTRA

134

133

139

142

144

148

144

ÍNDICE GENERAL VENEZUELA

105

113

122

124

126

134

131

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

111

104

117

125

126

138

131

Instituciones

134

133

139

142

144

148

144

Infraestructura

109

106

108

117

120

125

121

Estabilidad Macroeconómica

110

91

113

128

126

143

139

Salud y Educación Primaria

74

81

86

84

84

83

87

REFORZADORES DE EFICIENCIA

94

108

113

112

117

119

124

Mejor Educación y Entrenamiento

79

83

68

67

68

74

70

Eficiencia Mercado de Bienes

132

132

139

142

144

148

144

Eficiencia Mercado de Trabajo

131

133

138

142

143

148

144

Sofisticación Financiera

116

126

132

132

133

135

131

Preparación Tecnológica

86

91

90

92

103

107

106

Tamaño del mercado

36

37

40

41

41

39

40

INNOVACIÓN

116

130

129

128

135

136

135

Sofisticación de negocios

115

132

129

124

133

134

134

Innovación

115

123

123

126

131

137

137

Último lugar de la muestra

Cuadro No. 14. Ranking General Global Competitiveness Report. Fuente: Global Competitiveness Report, varios años

17

CAPÍTULO 3

Permisos Construcción

Obtención de crédito

Protección Inversiones

Pago de Impuestos

Comercio Internacional

Cumplimiento de Contratos

Resolución insolvencias

1

Singapur

2,5

3

3

6

28

3

2

5

1

12

4

2

Hong Kong

2,5

5

1

5

89

3

3

4

2

9

19

Registro Propiedad

PAÍS

Servicio Eléctrico

RANKING

Creación de negocio

sostenidamente. Estos indicadores son generados a nivel internacional utilizando la misma metodología a lo largo del tiempo y por tanto los resultados son comparables tanto a nivel temporal como entre países (cuadros 14 y 15).

Días para iniciar un negocio

Las políticas públicas de los últimos años tampoco han contribuido a mejorar la imagen de Venezuela en términos de competitividad interna o de polo de atracción de inversiones externas. Ejemplos lo constituyen las últimas ediciones del Global Competitiveness Report y de Doing Business, donde Venezuela pierde posiciones

EN EL MUNDO

3

Nueva Zelanda

0,5

1

12

45

2

3

1

23

21

18

12

4

Estados Unidos

5

20

34

13

25

3

6

64

22

11

17

5

Dinamarca

5,5

40

8

18

7

28

34

12

8

32

10

34

Chile

5,5

22

101

43

55

55

34

38

40

64

102

42

Perú

25

63

117

79

22

28

16

73

55

105

110

43

Colombia

15

79

24

101

53

72

6

104

94

155

25

53

México

6

48

40

133

150

42

68

118

59

71

26

181

Venezuela

144

157

110

167

95

130

182

187

173

92

165

Cambio respecto a 2013

0

-5

-1

-7

-5

29

-1

-2

-7

-12

-2

AMÉRICA LATINA

Cuadro No. 15. Doing Bussiness Fuente: Doing Business 2014, publicado en Octubre 2013.

Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo. CEPAL Agosto 2014. Mide la posibilidad de que un país no cumpla sus compromisos externos. El indicador más conocido para evaluar el llamado riesgo país es el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), que mide los retornos de los portafolios de deuda de cada país, reflejando el diferencial de rendimientos entre éstos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos de la misma duración. A menor diferencial, menor es la percepción de riesgo.

11 12

18

CAPÍTULO 3

2013

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

128.887

152.235

AMÉRICA LATINA

125.892

148.594

Brasil

68.093

67.541

México

-4.842

25.348

Chile

6.212

9.335

Colombia

16.135

9.120

Perú

11.840

9.161

Venezuela

756

2.400

Cuadro No. 16: Inversión Extranjera Directa Neta (Millones USD). Fuente: CEPAL

1600 1400 1200 1000 800 600 400

Argentina

Ecuador

Venezuela

AGO 14

ABR 14

DIC 13

AGO 13

ABR 13

DIC 12

AGO 12

ABR 12

DIC 11

0

AGO 11

200 ABR 11

Finalmente, si los recursos por la venta de petróleo no crecen y tampoco se perciben flujos importantes de inversión extranjera, el país debe complementar sus recursos en moneda extranjera a través del endeudamiento externo. En ese sentido la percepción del llamado Riesgo País12 también afecta el costo financiero de Venezuela para acceder a dicho endeudamiento. En la actualidad, cualquier emisión para financiar al Estado debe pagar en promedio más de 10 puntos porcentuales por encima del costo de financiamiento en Estados Unidos y del promedio de la región, situación que compromete las finanzas públicas toda vez que los ingresos corrientes no cubren los gastos totales (cuadro 17).

2012

DIC 10

En el caso de la inversión extranjera directa, Venezuela está a la zaga con respecto a otros países de la región. El último reporte de la CEPAL11 sobre la situación de América Latina y el Caribe revela cifras al respecto, y señala que el entorno externo cada vez complica más las perspectivas para la región, en particular para los países con mayor dependencia de commodities cuyos precios tienden a la baja, como el caso del petróleo (cuadro 16).

América Latina

Cuadro No. 17: Diferencial de Rendimientos EMBI+ (%). Fuente: Banco Central del Perú, Estadísticas Económicas semanales

19

CAPÍTULO 3

En cuanto a las llamadas leyes del Poder Popular, el análisis costo-beneficio puede determinar su eficiencia como mecanismo de mayor participación ciudadana y acción local para ejecución de obras y proyectos. El Observatorio Económico-Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) ha hecho seguimiento a la puesta en vigencia de dichas leyes13, planteando como posibles beneficios los siguientes: reducción de los costos de funcionamiento de la Administración Pública, minimización de los casos de corrupción (el pueblo “no se robaría a sí mismo”), mayor democracia participativa al transferir decisiones a la población, mejor calidad de servicios públicos y obras, y mayor seguridad jurídica y respeto a la legalidad.

13

20

Por el contrario, el análisis publicado por CEDICE concluye que estas organizaciones (Comunas, Consejos Comunales) se han convertido en instancias que reciben tanto o más dinero que municipios y gobernaciones, sin ejecutar todo su presupuesto y por tanto, de ninguna manera han introducido eficiencia en el manejo de fondos públicos; por el contrario, la contraloría social es prácticamente inexistente, no hay informes oficiales que demuestren que las obras ejecutadas por estas instancias son mejores que las que ejecutan Estados y municipios, y se han burocratizado, al tiempo que ha aumentado la inseguridad jurídica. Pero no cabe duda que la estrategia oficial es seguir empoderando estas estructuras comunales, saltando las formas de poder convencionales que establecía nuestro ordenamiento legal: estados, municipios, alcaldías.

Herrera Orellana, Luis Alfonso. Observatorio Económico y Legislativo. Boletín Análisis Costo-Beneficio. Leyes del Poder Popular. ¿Para qué han servido? Noviembre 2013.

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4: ALTERNATIVAS AL MODELO ACTUAL do la dependencia del exterior y ha reducido el acceso a bienes y servicios de calidad y variedad a precios razonables, lo que se comprueba con los indicadores de inflación y escasez ya mencionados con anterioridad. Si el modelo fuese adecuado, ¿cómo explicar que más de la mitad de los subsectores de la manufactura privada producen hoy en día menos en términos per cápita que en 1997?

El análisis estrictamente económico muestra que Venezuela ha obtenido resultados mediocres como consecuencia de la política oficial de cerco a la actividad privada y mayor injerencia del Estado como agente económico: Entre 1999 y 2013 el país ha crecido apenas 2,6% interanual en promedio (la manufactura apenas 1,0%, por debajo del crecimiento de la población), con un fuerte proceso de desindustrialización que ha aumenta-

49,6 50,9

Vehículos Automotores Maquinaria y Equipo Maq. y aparatos eléctricos Curtido y adobo de cuertos Prendas de vestir Metales comunes Textiles Minerales no metálicos Productos de metal ÍNDICE GENERAL Alimentos, bebidas y tabaco POBLACIÓN Madera y corcho Químicos Muebles, industrias manuf. Caucho y plástico Papel y productos de papel

63,7 65,6 73,7 81,1 95,2 95,3 105,2 120,0 129,2 131,0 132,9 133,1 133,5 159,6 187,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Cuadro No. 18. Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.

13

Herrera Orellana, Luis Alfonso. Observatorio Económico y Legislativo. Boletín Análisis Costo-Beneficio. Leyes del Poder Popular. ¿Para qué han servido? Noviembre 2013.

21

CAPÍTULO 4

El fortalecimiento de los precios petroleros a mediados de la década pasada afianzó el cambio hacia la utilización de la renta petrolera para el aumento del gasto público, las importaciones y programas sociales que han permitido cierta recuperación del poder adquisitivo de los estratos más pobres, pero no ha resuelto de raíz los principales problemas en los sectores salud, educación, vivienda, etc. Sin embargo las enormes cantidades de recursos que se han utilizado para sustentar el modelo actual superan con creces los beneficios que pudo generar a la población. La economía ha acumulado enormes desequilibrios fiscales, monetarios y de precios relativos, cuya superación requeriría articular un nuevo conjunto de políticas económicas. Los controles crecientes han demostrado su ineficiencia para abatir la inflación; por el contrario, han desincentivado la inversión y por tanto una mayor producción. El consumidor venezolano debe utilizar un tiempo cada vez mayor para conseguir los artículos que requiere y conformarse con lo que haya, al reducirse también la diversidad de la oferta. Este es un costo no explícito de las políticas actuales. Los países desarrollados basan su estrategia en el estímulo a la actividad privada, siendo el Estado el garante de la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos de propiedad14. Allí se fomenta la competencia y se premia la productividad. Es un esquema ganar-ganar: hay mayor cantidad de bienes y servicios, la competencia modera los aumentos de precios, las empresas pueden ganar dinero y reinvertir, y el Estado recibe mayores impuestos por el crecimiento de la actividad.

la que “El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”. Para ello se requieren cambios institucionales importantes. Hoy en día, pese a haber obtenido el 52% de la votación popular en las últimas elecciones de Diputados, la oposición sólo tiene el 40% de la representación en la Asamblea Nacional. Cualquier propuesta que el oficialismo considere lesiva a sus intereses o contraria al modelo alternativo es negada. Asimismo, ninguna de las Comisiones permanentes de la institución cuenta con un Presidente o Vicepresidente de la oposición. En resumen, en Venezuela se impone una discusión que trascienda lo político-ideológico y se enfoque en los beneficios que generaría el levantamiento de los controles de todo tipo y la promoción de la actividad privada, en términos de producción, empleo y precios, con un Estado que garantice los derechos fundamentales para el inversionista o propietario y genere la infraestructura y servicios necesarios para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible con una menor dependencia del exterior.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada no exenta de polémicas en diciembre de 1999, sin embargo plantea claramente la necesidad de la interacción público-privada como forma de alcanzar el desarrollo sostenible. El artículo 299 seña-

14

22

Harald Beyer. Ronald H. Coase y su contribución a la teoría de la economía y del derecho. Estudios Públicos, 45. Centro de Estudios Públicos Universidad de Chile. Verano 1992.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES La política económica a partir de 1999 fue modificándose desde un manejo relativamente ortodoxo inicial, hacia el planteamiento y consolidación de un intento de modelo de corte socialista no mencionado en nuestra Carta Magna. La construcción progresiva de este modelo se ha dado por varias vías: numerosas leyes habilitantes que restringen el poder de la Asamblea Nacional para legislar; el intento de Reforma Constitucional en 2007 que pese a ser rechazado, se fue implantando mediante diversas leyes y normas, y los dos planes socialistas 2007-2013 y 2013-2019 (este último llamado Plan de la Patria), enmarcados en un cerco a la actividad privada. Uno de los aspectos más trabajados por el gobierno ha sido la creación del llamado Poder Comunal, a través de distintos instrumentos como la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, y más recientemente la creación del Consejo Presidencial del Gobierno de las Comunas y el anuncio de un Banco Comunal. Estas normas e instituciones incluyen conceptos y formas de propiedad no existentes previamente, entre otros la propiedad social directa comunal y la propiedad social indirecta comunal. Finalmente, la Ley Orgánica de creación de la Comisión Central de Planificación crea el marco para “impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada”.

La discusión de la eficiencia de dicho modelo alternativo que asigna mayor peso al sector público debe basarse en la evolución de los principales indicadores económicos disponibles, así como de las fuerzas que han generado en otros países un crecimiento sostenible a largo plazo. La inversión privada en particular surge como uno de los principales determinantes. En este sentido, las cifras sobre inversión privada que publica el BCV reflejan una caída sostenida a niveles muy bajos (apenas 9,0% del PIB en el año 2010), en un entorno de desindustrialización, reducción del número de patronos privados, elevadas importaciones, y la mayor tasa de inflación a nivel mundial con elevada escasez. La percepción sobre el entorno económico se ha agravado en los últimos años. El sector industrial trabaja apenas al 50% de su capacidad instalada y señala que la falta de divisas, el acceso a materias primas y la incertidumbre impiden aumentar la producción. Pero también a nivel internacional, algunos indicadores elaborados con metodologías que se mantienen en el tiempo y permiten comparaciones (por ejemplo, el Índice Global de Competitividad y el Doing Business) revelan que Venezuela ha perdido posiciones debido al deterioro de las instituciones, las restricciones en los mercados y las trabas para crear y mantener negocios.

23

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Pero tampoco parece haber sido eficiente el resultado del funcionamiento de las instancias comunales para ejecutar obras y proyectos. Diversos análisis realizados por el Observatorio Económico-Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) revelan que se han convertido en instancias que manejan incluso más fondos que municipios y gobernaciones, con escasa contraloría social, sin pruebas de que ejecuten mejor las obras y se han burocratizado. Ante este panorama, y la acumulación de enormes desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y de precios, Venezuela debería asumir la necesaria interacción entre el sector público y privado que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 299. Los países desarrollados suelen basar su estrategia de crecimiento sustentable en el estímulo a la actividad privada, que se convierte en un esquema

24

ganar - ganar donde aumenta la oferta de bienes y servicios, se moderan los precios, las empresas obtienen utilidades y reinvierten y el Estado puede aumentar su recaudación impositiva. Para lograr ese objetivo, se requieren importantes cambios institucionales. El principal órgano legislativo del país está dominado por la mayoría oficialista que no permite una discusión sobre los temas relevantes, al tiempo que impide que alguna de las Comisiones Permanentes sea dirigida por diputados opositores. Se requiere entonces una discusión que sobrepase lo político-ideológico y analice los posibles beneficios de levantar los controles e impulsar la actividad privada, en términos de producción, empleo y precios, con un Estado que garantice los derechos económicos básicos y genere la infraestructura y servicios necesarios para lograr un desarrollo sostenible con menor dependencia externa.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA Banco Central de Venezuela. Informes Económicos Varios Beyer, Harald. Ronald H. Coase y su contribución a la teoría de la economía y del derecho. Estudios Públicos, 45. Centro de Estudios Públicos Universidad de Chile. Verano 1992. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo. CEPAL Agosto 2014. Díaz, Agustín. Venezuela: Tres investigaciones para el debate. Socialismo del siglo XXI o destrucción de la economía de mercado: costos y beneficios para Venezuela. Cedice Agosto 2010 Doing Business varios años. Banco Mundial. Ediciones IESA Políticas Públicas. Obuchi, Richard (Coordinador), Abadí, Anabella y Lira, Bárbara. Gestión en Rojo: Evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista. 2011 Gacetas Oficiales (http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp) Inter-American Development Bank. Growing Pains. Binding constraints to productive investment in Latin America. Editores: Agosín, Manuel, Fernández-Arias, Eduardo y Jaramillo, Fidel. 2009 Herrera Orellana, Luis Alfonso. Observatorio Económico y Legislativo. Boletín Análisis Costo-Beneficio. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Noviembre 2012. Herrera Orellana, Luis Alfonso. Observatorio Económico y Legislativo. Boletín Análisis Costo-Beneficio. Leyes del Poder Popular. ¿Para qué han servido? Noviembre 2013. Pasquel Rodríguez, Enrique. Expropiación: una visión alternativa. Publicado en THEMIS, Revista de Derecho No. 48. Latin American and Caribbean Law and Economics Association Enero 2004. Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Proyecto Nacional Simón Bolívar, o Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Septiembre 2007 (http://www. mpd.gob.ve/Nuevo-plan/plan.html)

25

BIBLIOGRAFÍA

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Plan de la Patria o Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Septiembre 2013 (http://www.asambleanacional.gov.ve//uploads/botones/bot_90998c61a54764da3be94c3715079a7e74416eba.pdf) Sachs, Jeffrey y Larrain, Felipe. Macroeconomía en la Economía Global. Prentice Hall 1994 World Economic Forum. Global Competitiveness Reports (varios)

26

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. CEDICE Libertad, asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, fundada en 1984, por personas comprometidas en la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada, los derechos de propiedad, gobierno limitado y búsqueda de la paz. El Observatorio Económico-Legislativo es un programa de CEDICE Libertad que tiene como objeto hacer seguimiento, analizar, monitorear, investigar e incidir en políticas públicas que fortalezcan el dialogo democrático y la participación ciudadana.

www.cedice.org.ve CediceLibertadVE @CEDICE CediceVE @CediceVE Cedice