PALABRAS DE REYES RODRÍGUEZ, MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL DE MONTERREY, SOBRE JUSTICIA ABIERTA. Ciudad Victoria, Tamaulipas a 21 de octubre de 2016.

Hoy quiero compartir con ustedes un tema trascendental para el bienestar social y la construcción de ciudadanía e instituciones públicas: un Gobierno y una Justicia Abierta.

Durante los últimos años, los gobiernos del mundo han buscado abrirse a la ciudadanía para generar vínculos y reconstruir su legitimidad.

El Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre el Estado y la sociedad, con el fin último de fortalecer la democracia, y es por ello que debe ser una ideología permanente, fundamental, definitiva y estructural.

Esta ideología ha sido adoptada por varios países que reconocieron en las últimas décadas lo necesaria que es una intervención más activa por parte de la ciudadanía en las políticas públicas para enfrentar los principales retos de las democracias actuales.

La adopción de este modelo por parte de los Estados latinoamericanos se comenzó a manejar como un contrapeso a la secrecía de los gobiernos en la toma de decisiones.

Esta adopción de conductas tiene como objetivo incrementar la transparencia y el acceso a la información, derechos que se pueden considerar como los primeros eslabones en torno a la construcción del Gobierno Abierto y de la ciudadanía.

Esta apertura se dio bajo contextos muy diversos.

No es una novedad que en el caso de América Latina la desconfianza de la población hacia las instituciones ha aumentado, a pesar del incremento de la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos, lo cual resulta una paradoja.

En el caso específico de México, esta crisis también está asociada a la corrupción y a la impunidad.

De acuerdo con el Informe País 2015, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, en México sólo el 35% de la población confía en las autoridades electorales, mientras que menos del 30% lo hace en los tribunales.

La ciudadanía del siglo XXl quiere ser parte de la toma de decisiones. Está en nosotros, las autoridades, promover la comunicación en varias vías para generar una democracia deliberativa, participativa y de opinión.

De ahí el reto y el compromiso para abrir y modernizar las instituciones públicas.

Hoy, nuestro vínculo con la sociedad requiere repensarse. Para ello, el Gobierno, los Parlamento y Tribunales abiertos constituyen el medio idóneo.

Es un orgullo decir que nuestro país es uno de los ocho fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto, misma que, a partir de 2011, ha conseguido sumar la participación de 70 países.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos y ciudadanas.

Mediante esta alianza multilateral, los países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura.

De este modo, implementar políticas abiertas se relaciona con tres procesos de impacto global:

1. Primero, las exigencias ciudadanas y su demanda de mayores y mejores espacios de participación,

2. Segundo, los avances tecnológicos y la innovación de plataformas de comunicación; y

3. Tercero, la colaboración horizontal entre instituciones para hacer más con menos en la gestión de asuntos de interés público.

Un buen ejemplo de implementación de Gobierno Abierto ha sido la administración de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que desde su función como senador prometió regresarle a la sociedad la confianza en el gobierno a través de mayor transparencia mediante el uso de plataformas electrónicas.

Desde 2013, el gobierno estadounidense ha desarrollado una oficina de servicios digitales, así como varias iniciativas para proporcionar mayor acceso a la información en temas de salud, clima, educación, finanzas, seguridad pública y desarrollo global.

Un Gobierno Abierto tiene muchos beneficios potenciales. Entre ellos destacan: el fomento de innovación en las instituciones gubernamentales, así como el incremento de la eficacia de los servicios públicos mediante el aprovechamiento de los conocimientos la ciudadanía.

Si bien, no existe una sola definición sobre lo que es Gobierno Abierto, sí existe un consenso en relación a los tres principios que lo sostienen: transparencia, participación y colaboración.

1. La transparencia

La transparencia tiene como objetivo proporcionar información sobre lo que se está haciendo, los planes de acción y las fuentes de datos. De esta forma, se convierte en la protección más segura en contra de la corrupción.

Además, puede contribuir a generar condiciones para una mayor independencia entre los órganos de los distintos poderes, pues elimina los márgenes para la discrecionalidad y, en su caso, la arbitrariedad.

Un ejemplo de acceso a la información en el marco de la Justicia Abierta es Costa Rica, que cuenta con un Programa de Gobierno Judicial Abierto desde el año 2013, el cual busca fortalecer la ima-

gen y legitimación de la institución mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Otro caso es el portal Vets.gov (United States Digital Service), que consolida la información para los veteranos en una sola página.

La transparencia también se aplica a la justicia electoral, no sólo porque el Poder Judicial sea un sujeto obligado, sino porque una actuación transparente por parte de las y los juzgadores en su actuar, en su conducción frente a las partes y en el caso de los juzgadores electorales frente a todos los actores políticos, y sobre todo de cara a la ciudadanía, puede contribuir a generar la legitimación que se ha lesionado, aunado a otras medidas que se adopten a efecto de buscar que la justicia también sea abierta.

Es posible que el TEPJF adopte medidas adicionales a las establecidas en la ley respecto a la transparencia, como puede ser la idea de implementar un portal único que se implemente para los tribunales electorales del país.

Igualmente se podría acceder a la información relevante y socialmente útil de los tribunales estatales, las Salas Regionales y la Sala Superior, a través de una sola página de internet.

2. La participación

La participación busca promover el derecho de toda persona a involucrarse activamente en la elaboración de políticas públicas y, con ello, facilitar el camino para que las autoridades se beneficien del conocimiento, las ideas y la experiencia de cada ciudadana y ciudadano, generando un vínculo entre ellos.

Por ejemplo, en la página de internet del Ministerio de Justicia de Reino Unido se encuentra un juego interactivo denominado “You be the Judge” y te da la oportunidad de sentarte en la silla de quien juzga y ayudar a analizar las decisiones de las sentencias.

Existen varios escenarios basados en hechos reales, se pueden escoger entre varios casos tales como daño criminal, robo y comportamiento amenazador. En cada video, que dura alrededor de seis minutos, se escuchan los hechos de cada caso, circunstancias y la legislación respectiva.

La ciudadanía en el papel de juez o jueza, comienza a elaborar su sentencia y tiene la opción de compararla con la sentencia original y con lo que otros usuarios han dictaminado.

Parte de lo relevante de esto, es que las juezas y los jueces también pueden entender o conocer cómo piensa la ciudadanía res-

pecto de ciertas situaciones legales que son cotidianas en los juzgados.

Este tipo de esfuerzos son importantes sobre todo en el caso de los tribunales, donde generalmente la participación de la ciudadanía es a posteriori. Por la propia naturaleza del poder judicial, los ciudadanos no pueden participar de forma directa y en tiempo real en la toma de decisiones judiciales. Actualmente, su participación se limita, hasta ahora, a evaluar las sentencias y a debatir sobre la problemática que se resolvió.

3. La colaboración

La colaboración horizontal, desde esta ideología, involucra a todos por igual: ciudadanas y ciudadanos, la iniciativa privada, asociaciones y demás actores sociales o políticos en un esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas públicos.

A su vez, la cooperación permite el esfuerzo conjunto dentro de las propias instituciones públicas, de sus dirigentes y sus funcionarios, de manera multilateral.

Por ejemplo, en 1992 el Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts desarrolló un programa para cambiar la orientación institucional y transformar la justicia enfocándola a la ciudadanía y dise-

ñar un esquema sobre cómo deberían ser los tribunales en el año 2022.

El punto más importante de la iniciativa consistió en la reconexión de los tribunales con la comunidad bajo un modelo conocido como “Community Court”.

Este concepto se basó en la creación de un compromiso entre la comunidad y las cortes con el objetivo de trabajar por y para la sociedad.

El reto de un Estado Abierto es un desafío para los órganos de los distintos poderes, especialmente para el Poder Judicial por ser tradicional.

Una de las oportunidades a la que nos enfrentamos es, sin lugar a dudas, la apertura consciente y directa a la opinión publica para cerrar la brecha que existe entre las autoridades y los espacios de comunicación.

En el caso de los órganos de justicia existe un distanciamiento casi natural respecto de la sociedad, no sólo porque los jueces en México no son electos por la ciudadanía, sino porque tradicionalmente el Poder Judicial se ha caracterizado por su distanciamiento frente a la sociedad.

En este sentido, los principios de Gobierno Abierto son vitales para lograr tres objetivos en el Poder Judicial: primero, recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales; segundo, dar a conocer a la ciudadanía la labor de la administración de justicia y, tercero, mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público de justicia.

Un paso imprescindible para lograr una Justicia Abierta, y contribuir a mejorar la confianza en los tribunales, es involucrar a los medios de comunicación y estar presente en las redes sociales. La opinión pública constituye una parte esencial de la sociedad, pues además de ser el espacio de difusión y discusión de la información, es el tribunal que todo lo juzga.

La transición democrática que vivió el país en el último tercio del siglo XX trajo mayor libertad de prensa y, a partir de 2002, un considerable incremento en el acceso a la información pública y en las obligaciones de transparencia.

Por tanto, la pluralidad y el mayor número de opiniones (sobre todo en la prensa y redes sociales), los recursos dedicados a la investigación periodística independiente y el interés de escrutinio por parte de los medios de comunicación, coloca a la opinión pública en

una posición relevante entre la ciudadanía y las autoridades estatales.

Sin embargo, la información que recibe la ciudadanía respecto al desempeño del Poder Judicial a veces es de baja calidad y de alta complejidad.

Esa situación encuentra su origen en distintos factores de los cuales mencionaré dos:

El primero, se refiere al reto en los recursos que los medios de comunicación invierten para informar acerca de lo que sucede en ámbitos judiciales.

Y, el segundo, se refiere a que los poderes judiciales realizan escasos esfuerzos para comunicar de manera apropiada y en general usan un lenguaje que resulta incomprensible para un público no experto.

En un seminario sobre Justicia Abierta realizado en Monterrey en agosto de 2016, el doctor Saúl López Noriega del CIDE nos decía que se requieren aproximadamente 700 palabras para realizar una buena cobertura de una resolución judicial, algo que es muy difícil de conseguir en la versión impresa de los periódicos mexicanos.

Esto se vuelve aún más difícil cuando las sentencias son muy largas y complejas de entender.

Sin embargo, esta situación no debe servir como justificación para mantener las barreras entre la opinión pública y las instituciones judiciales, sino que debe motivar a los Tribunales a adoptar las acciones necesarias para que la publicidad de las actividades de las sentencias sea adecuada y llegue de manera clara a los ciudadanos.

Además, es importante que la profesión legal, la academia y la opinión pública evalúen el impacto sustantivo de las sentencias, ya que cuando se emite una sentencia no sólo se pacifica o resuelve un conflicto, sino que también se abren o cierran los incentivos a ciertas conductas económicas, sociales y políticas.

Por ello, los tribunales deben considerar la adopción de sentencias ciudadanas por tres razones:

La primera, porque las sentencias son, por excelencia, el mecanismo a través del cual se puede conocer el servicio público de justicia, y como tal deben responder a las exigencias de transparencia, acceso a la justicia y razonabilidad que la ciudadanía demanda de los tribunales.

La transparencia de las decisiones judiciales no se cumple con publicarlas: en las sentencias debe atenderse el derecho a comprender el Derecho.

La segunda razón se relaciona con el papel central que los tribunales tienen en la construcción de ciudadanía y en la transformación de la cultura legal.

Los diferentes destinatarios de la justicia emiten juicios de valor basados en su experiencia sobre la calidad de las sentencias y sobre cómo fueron tratados en el proceso jurisdiccional, así como el servicio público que recibieron de los tribunales.

En tercer lugar, las sentencias ciudadanas contribuyen a mejorar las condiciones de acceso a la justicia, así como a crear las bases de una Justicia Abierta. Conocer y entender las funciones y decisiones de los tribunales facilita las condiciones para fomentar una mayor participación y colaboración por parte de los justiciables.

La adopción de un modelo de sentencias ciudadanas debe ajustarse al contexto de cada órgano judicial, por lo que es esencial que en todas las instituciones públicas se reflexione sobre la estructura de sus decisiones y las prácticas jurisdiccionales para pacificar y hacer justicia.

Un ejemplo de ello fue la adopción en la Sala Regional Monterrey de un nuevo modelo de sentencias que transparentó las razones y las decisiones que se toman para pacificar los conflictos de derechos en materia político-electoral.

En este aspecto, una de las objeciones más frecuentes es la dificultad para comprender las sentencias. Las y los jueces necesitamos darnos a entender, ya que la sociedad no puede acceder a los documentos que abusan de un discurso con excesivos tecnicismos y oscuridad argumentativa.

Las sentencias tienen el papel de servir como un instrumento para que la sociedad pueda exigir mejores razones o mejores soluciones, ya que los efectos que tienen las sentencias deben ser los socialmente deseables y, sobre todo, los socialmente útiles.

Un nuevo modelo de sentencias ciudadanas consiste en emitir decisiones que cumplan con tres características básicas: ser claras, concisas y convincentes.

Una sentencia clara implica que el juez escriba con el fin de ser entendido, y así dejar a un lado la idea de que existe un lenguaje rebuscado destinado al gremio jurídico que se opone al lenguaje claro con el que nos comunicamos ordinariamente. Las sentencias

claras permiten el acceso al conocimiento y al ejercicio y defensa de los derechos.

Una sentencia concisa se logra con una estructura simplificada, que incluye únicamente la información pertinente para resolver el caso.

Es necesario entender que una resolución larga y con transcripciones no es sinónimo de una decisión bien motivada y argumentada.

¿Qué es lo que hace que una sentencia sea buena? Que sea convincente. Una sentencia convincente es aquella que tiene una argumentación lógica, coherente y persuasiva.

Por estas razones, y como dije anteriormente, hoy en día es un deber fundamental de los tribunales fomentar una relación estrecha con los medios de comunicación, con la academia y con la opinión pública en general, a través de nuestras decisiones, que son actos de comunicación y la principal herramienta para fomentar una discusión crítica y encaminada al interés general que a todos nos ocupa.

La Sala Regional Monterrey sometió sus sentencias a una evaluación independiente en donde se analizó la argumentación y comu-

nicación jurídica y el análisis probatorio por parte de especialistas internos y externos.

Este proyecto, coordinado por académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México se encuentra publicado como anexo al Manual para la Redacción de Sentencias de la Sala Regional Monterrey, que pueden consultar en la página web.

La comprensión de sentencias por parte de la ciudadanía genera una mayor confianza; y una mayor confianza en los tribunales genera una mayor fuente de legitimación.

Un paso para contribuir a esta confianza pública es, sin duda, contar con un modelo de sentencias con orientación ciudadana.

La Justicia Abierta permite generar confianza en los Tribunales y en todos los operadores jurídicos en la profesión legal, lo cual es un presupuesto necesario para que se acepte el ejercicio y el servicio que ofrece el derecho, y comprendan para qué se han creado estas instituciones.

La garantía de los derechos político-electorales y la confianza pública en las instituciones pueden tener una alta injerencia en la confianza general que se tiene en todo el gobierno y también entre la ciudadanía.

Esto es necesario para hacer que las sociedades funcionen, para que las transacciones tengan certeza y, además, para que los países prosperen.

La labor de un Tribunal Abierto se fortalece a través de la participación de una sociedad civil interesada, así como de académicos que vigilen el funcionamiento del Poder Judicial.

El principio de Justicia Abierta no implica una simple observación del público, sino un involucramiento participativo.

Los jueces encontramos en la sociedad una fuente de legitimidad que nos confiere mayor autoridad para tomar decisiones difíciles que pueden tener un alto impacto social; o bien, para ir en contra de las preferencias de grupos que tienen intereses que, estratégicamente, buscan maximizar sus beneficios particulares y no siempre el interés general.

Si es posible desarrollar actividades mucho más concretas en torno a la participación, entonces hagámoslo.

Un ejemplo son los Tribunales de Wisconsin, que han trabajado en incluir un programa de voluntariado como una muestra de cómo la ciudadanía puede participar y colaborar con los tribunales a través

de diferentes programas relacionados, por ejemplo, con violencia doméstica, servicios legales gratuitos, atención a víctimas o trabajo social en prisiones.

Desde esta perspectiva, también la Justicia abierta, la evaluación del desempeño judicial no es algo que compete exclusivamente a los miembros del Poder Judicial; es decir, nosotros tenemos mecanismos institucionales para que se vigile nuestro desempeño y seamos llamados a rendir cuentas internamente y justificar la imparcialidad e independencia en la toma de decisiones.

La Justicia Abierta invita y requiere que la evaluación del desempeño judicial también pueda llevarse a cabo por auditores externos, más concretamente por la sociedad civil, que son quienes resienten de forma directa el servicio legal que reciben.

El eje de colaboración busca que los tribunales actúen horizontalmente con las instituciones públicas y la sociedad, a través de procesos y decisiones que contribuyen a combatir el descontento social con justicia y a reducir la brecha que separa a los tribunales de la ciudadanía.

Se trata de una forma en la que la ciudadanía puede monitorear a los tribunales, además de permitirle estar en contacto directo con

nuestra labor, ya que se comparten esfuerzos y se abren espacios de deliberación y retroalimentación.

Así, la colaboración en los tribunales representa una evolución de estos como respuesta a la insatisfacción con la práctica jurídica en general, y un cambio de expectativas respecto al rol y apertura de las cortes en una democracia.

Sin embargo, sabemos que todavía tenemos bastante por hacer. Por ejemplo: fomentar espacios de interés, de igual modo con los periodistas que con la academia, que busca analizar desde una perspectiva crítica las decisiones judiciales.

Del mismo modo, hay que decirlo, el problema es fruto de los escasos recursos y esfuerzos que los tribunales, en particular los Poderes Judiciales locales, enfrentan para llevar a cabo su labor, así como de comunicar de manera apropiada los casos que resuelven frente a las presiones que en ocasiones reciben.

Sin embargo, esto no debe traducirse en una justificación para limitar la intervención de la opinión pública en el ámbito judicial; al contrario, debe motivar a los tribunales a adoptar medidas para mejorar sus procesos de comunicación, de participación, de transparencia y de colaboración.

Parte de la iniciativa de un Estado Abierto implica transformar los sistemas de trabajo y espacios de comunicación para la organización institucional, así como el rediseño del flujo de los procesos institucionales y su comunicación con la ciudadanía. De este tamaño es el reto de una Justicia Abierta.

Para que esto sea posible es necesario tener apertura, accesibilidad y capacidad para ingresar a un intercambio más amplio y más profundo que obligue a reconocer la legitimidad de los que discuten y la consistencia de sus argumentos.

En suma: • La tecnología e innovaciones son los mecanismos para proveer a la ciudadanía un acceso abierto a los datos e información a través de herramientas tecnológicas.

• La transparencia es uno de los fundamentos del Estado Abierto. Implica que la información, actividades y decisiones públicas gubernamentales se encuentren al alcance del público.

• La participación ciudadana es el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos, de manera que éstos puedan proveer insumos y contribuyan a construir un régimen innovador, receptivo, efectivo y, sobre todo, que responda a las demandas de la comunidad.

Al hablar hoy de Justicia Abierta se habla de una evolución del concepto tradicional que se da por las exigencias de la sociedad en el ámbito de rendición de cuentas, eficacia, protección de derechos, participación democrática y confianza pública. Si bien la necesidad de aproximarse a la sociedad no es exclusiva de la justicia, si es del todo urgente en este caso.

En este sentido, un ejemplo de política de Justicia Abierta la encontramos en la página de internet del Tribunal Electoral de Tamaulipas, ya que cuenta con un portal de internet que, en general, es amigable y funcional comparado con otros portales de órganos jurisdiccionales estatales que se pueden mejorar, sobre todo en el tema de “datos abiertos”, es decir, en la obligación de ofrecer a la ciudadanía información pública más útil, organizada y actualizada posible para permitir tomar decisiones.

De la página de internet del Tribunal Electoral de Tamaulipas también se advierte que los datos que se ofrecen para localizar las sentencias son la fecha de aprobación de la sentencia, número de expediente y actor.

Estos son datos muy precisos y este sistema de búsqueda se dirige principalmente a los justiciables, es decir a las partes en el juicio o

quienes tienen un interés en él, pues son los que generalmente cuentan con esos datos.

Sin embargo, en una lógica de Justicia Abierta sería implementar motores de búsqueda por temas o palabras clave, pues de esta manera se facilitaría el acceso a las sentencias para el resto de la ciudadanía.

Esto se logra a través de una inversión en materia de tecnología. Las TIC´s se pueden aprovechar para implementar políticas de Justicia Abierta en los procesos y organización de los tribunales. Algunos ejemplos podrían ser:

• Implementar herramientas para manejar y seguir las impugnaciones, las cuales permitan el uso de expedientes electrónicos, desde su tramitación hasta su resolución. De esta forma prácticamente se podría monitorear de forma virtual.

• Sistemas para la gestión de documentos que faciliten su registro, la conformación de archivos digitales y permita identificar los diferentes casos.

• Videoconferencias que permitan manejar las audiencias a distancia. Esto es muy útil en Salas Regionales y tribunales de justicia que no son accesibles para todos.

• Sistemas que permitan establecer modelos estandarizados de resoluciones, de manera que sean claras, concretas y con lenguaje ciudadano concreto y convincente.

• Aplicaciones para dar a conocer la información de los tribunales a través de bases de datos sistematizados, accesibles y útiles.

Por ejemplo, en Estados Unidos existe una aplicación web que se llama Caseflow Certification, que busca mejorar el proceso de apelaciones electrónicamente al detector si la documentación requerida se ha añadido antes de una apelación y puede avanzar. Esta simple revisión puede ayudar a reducir errores, retrasos previsibles que se deben a los procesos de transformación desarticulada.

• Redes sociales y plataformas en internet son un espacio que permite un mayor acercamiento a la ciudadanía, siempre y cuando se transmita la información de manera clara, concreta y accesible.

Finalmente, como mencioné, un elemento fundamental de la Justicia Abierta es la cooperación entre las instituciones que, de alguna u otra manera, trabajamos en conjunto y en estrecha co-

laboración. En nuestro caso, nosotros representamos la justicia electoral mexicana.

En este sentido, se sugiere la creación de una Colaboración en red para la Justicia Abierta, donde podamos aprovechar las experiencias que cada uno hemos creado desde nuestras trincheras para fomentar mejores prácticas de Justicia Abierta a partir de tres ejes fundamentales:

1. Lenguaje claro.

Una comisión de lenguaje claro permite homologar la forma y estructura de las sentencias, lo cual representa dos beneficios. Por un lado, para la ciudadanía que les permite comprender mejor lo que se decide y por otro, para los tribunales, al mejorar los canales de comunicación y discusión a través de las decisiones públicas.

Algunos otros países han adoptado iniciativas en torno a este tema, por ejemplo: En el 2002 el Congreso de España constituyó la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico.

Este congreso presentó en 2011 su informe ante el Consejo de Ministros, el cual contiene recomendaciones sobre corrección

lingüística y ofrece una guía para mejorar la redacción de los escritos jurídicos.

En Estados Unidos, diferentes estados como Oregón, Nueva York, Arkansas y California, cuentan con su propia guía de estilo legal, dirigida tanto a cortes como a abogados litigantes. Inclusive la Suprema Corte publicó recientemente su guía.

2. Datos abiertos y procesos abiertos.

A través de una política de datos y procesos abiertos, podemos desarrollar nuevas formas de trabajar y publicar nuestra información, y a la vez hacer más eficiente la interacción entre los propios tribunales para el intercambio de información.

De igual manera, al trabajar con datos y procesos abiertos estamos creando una herramienta que facilita la interacción entre los tribunales y sus distintos usuarios.

3. Uso de TIC’s: Las TICs no son sólo un esfuerzo por hacer la información accesible de una manera digital, sino también sirven para desarrollar las actividades y los procesos con mayor eficiencia y con orientación hacia el cliente.

De acuerdo con la OEA, existen cuatro elementos básicos que una institución debe tomar en cuenta al crear una estrategia en torno al uso de las TIC’s:

a) Pensar en un usuario multiplataforma: cada vez es mayor el número de personas que cuentan con diversos dispositivos móviles: tablets, smartphones, laptops. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio elaborado en el 2015, México es el país número 11 en el mundo con mayor cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes (28. 7 millones de equipos y una penetración en el 41.2% de la población) .

Por lo anterior, es necesario considerar que los servicios digitales, principalmente los portales de internet de cada tribunal, puedan ser accesibles de la misma forma por distintos navegadores y dispositivos.

b) Estar presente en redes sociales: Los consumidores en América Latina, pasan más de 10 horas por mes en redes sociales. Desde la perspectiva de los tribunales, las redes sociales permiten estar en contacto directo con la ciudadanía, facilitando el intercambio de razones, opiniones e información.

Por lo tanto, la sugerencia en el tema de redes sociales es “estar presente”. El primer paso para ello, es definir en qué redes sociales

se busca tener presencia e interacción, y para qué y quién estará presente.

El segundo paso, sería designar a personas responsables de la estrategia de redes sociales en cada uno de los tribunales y asegurar que estas personas tengan comunicación directa entre ellas.

c) Big Data: El crecimiento de datos que se publican en Internet es un fenómeno que ha superado todas las expectativas. De acuerdo al estudio “Big Data en números” de la Online Business School, cada minuto se envían 204 millones de correos electrónicos, se descargan 47,000 aplicaciones para teléfonos inteligentes y se escriben 100,000 tweets.

La abundancia de datos hace necesario que como órganos jurisdiccionales precisemos objetivos estratégicos sobre qué queremos comunicar como institución.

d) Cloud computing: básicamente implica contar con soluciones de almacenamiento masivo de datos que se puedan compartir entre todos los tribunales.

Quiero enfatizar que la necesidad de innovación convierte a nuestra democracia en tierra fértil, donde los principios de transparen-

cia, participación y colaboración, son la semilla que dará como fruto la confianza en nuestras instituciones. La Justicia Abierta responde a la necesidad de reducir la brecha entre el derecho y la sociedad, y en ello los tribunales tienen un rol fundamental.

La función del juez es entender el propósito del derecho en la sociedad y ayudarlo a cumplir este propósito porque existe un derecho de la ciudadanía a conocer lo que hacen los tribunales. Y porque es la única manera en la que empezaremos a construir un capital de confianza social en la justicia.

Sin duda, los tribunales electorales están preparados para abrir sus puertas y lograr proximidad, apertura, accesibilidad y procesos eficientes que construyan un intercambio directo entre jueces y ciudadanos.

Las transformaciones transversales requerirán esfuerzos nacionales en los que todas las instituciones electorales, estoy seguro que cooperaremos para lograr los avances y las transformaciones que exige una política de Justicia Abierta.

En un sistema democrático electorales sólido y con apertura, la confianza pública en las decisiones judiciales estará, sobre todo,

fundada y basada en el conocimiento y en la apertura, y no en la especulación y la opacidad.

Muchas gracias por su atención.