ISSN 2145-5430

Boletín informativo del Instituto de Estudios del Ministerio Público número 16 • noviembre de 2013

Año 2030, análisis prospectivo de la Procuraduría General de la Nación C�ristian Jos� Mora Padilla Director IEMP

Mónica Vega Solano - IEMP

En diversas ocasiones innova ha divulgado artículos relacionados con el ejercicio de prospectiva estratégica adelantado por el IEMP, conjuntamente con el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, destacados servidores de la Procuraduría, académicos y representantes de la sociedad civil. En este número destacaremos las conclusiones más relevantes del libro que próximamente podrá ser consultado por nuestros lectores, no sin antes reconocer el mérito del investigador y catedrático, César Augusto Nieto Rojas, asesor del Instituto, quien coordinó desde la unidad académica del ministerio público este proceso.



«La prospecti va es un mensaje de esperanza para todos los que quieren tomar el desti no en sus manos. Imaginar un porvenir diferente, es comenzar a cambiar el presente». Michel Godet. En la foto el investi gador, César Augusto Nieto Rojas, asesor del IEMP, quien coordinó desde la unidad académica del ministerio público el estudio de «Prospecti va de la PGN para el año 2030».

Como bien lo menciona el director e investigador del centro, Francisco José Mojica, en el documento que está siendo editado por el IEMP para socializar el estudio, la Procuraduría «desea ser parte inteligente de la historia del país, no permitiendo que los hechos la importunen sino anticipándose a ellos y contribuyendo de manera inteligente en la construcción de una nueva sociedad». La publicación presentará el enfoque metodológico planteado en la investigación que permitió llegar a las opciones descritas en el capítulo de las estrategias y retos de la entidad para el año 2030. La información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, mediante talleres y documentos escritos, respectivamente, llegaron a ser fundamentales para la construcción colectiva del futuro del ministerio público. El conocimiento previo acercó a los involucrados al estado del arte que contempla el «comportamiento de la Procuraduría en Colombia con base en el análisis de los indicadores cuantitativos más relevantes» y finaliza con los «“puntos críticos” que constituyen los primeros “factores de cambio”»; esta información, que también estará en el libro, fue adelantada por el investigador Ernesto Matallana Camacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Otro tema que se constituyó en fuente secundaria fue el «reconocimiento de las propuestas tecnológicas que estarán presentes en los próximos años y que irán a facilitar la tarea de la Procuraduría», análisis realizado por el ingeniero Raúl Trujillo Cabezas, coordinador de investigación del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. El encargado de presentar un panorama de los análisis prospectivos realizados con énfasis en los «Valores y antivalores de la socie-

Procuraduría General de la Nación, 183 años representando a la sociedad colombiana

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Evaluación y perspectivas de la política pública frente a la salud mental

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El trabajo y la enfermedad mental

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Seguridad y convivencia en los macroproyectos de vivienda

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El «matoneo» escolar siempre ha existido

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Cátedra Carlos Mauro Hoyos: expertos hablan de

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Cátedra Carlos Mauro Hoyos: qué es y qué no es

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la relación entre minería y corrupción en Colombia

corrupción

Identidades juveniles, entre el estigma social o la aceptación

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Certificado el IEMP en acreditación de competencias a personas

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Novedades editoriales

Caminantes del asfalto Tribus urbanas, culturas juveniles y política pública PVP $ 20.000.oo

n.º 16 • volumen 4 • noviembre de 2013

innova

boletín trimestral del instituto de estudios del ministerio público

ISSN 2145-5430 innova , marca registrada. Resolución 00056862 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio

Alejandro Ordóñez Maldonado

|  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

dad colombiana del futuro» fue Alejandro Angulo, S. J.; por su parte, el ingeniero Francisco Gustavo Restrepo, precisó en el documento los «Grandes cambios esperados para el futuro mundial que van a afectar el comportamiento del Ministerio Público del futuro», las dinámicas actuales nacionales e internacionales que generan dichas transformaciones.

Carlos Alberto Peláez - Oficina de Prensa PGN

Innova 

Talleres de análisis del futuro de la sociedad

Procurador general de la nación

Martha Isabel Castañeda Curvelo Viceprocuradora general de la nación

Christian José Mora Padilla Director Instituto de Estudios del Ministerio Público - pgn

Dirección general

Christian José Mora Padilla

Coordinación editorial y corrección de textos Mónica Vega Solano

Comité editorial

Luis Enrique Martínez Ballén Carlos Humberto García Orrego Carmenza Carreño Gómez Mónica Vega Solano

Diseño gráfico editorial Hernán Hel Huertas Olaya Diseñador gráfico

Diagramación

Diana Carolina Chacón Enciso Diseñadora gráfica IEMP

Impresión

Imprenta Nacional de Colombia

Editor

Instituto de Estudios del Ministerio Público Bogotá, carrera 5  15 - 80 piso 16 PBX: 587 8750 Ext. 11621 www.procuraduria.gov.co/iemp Los contenidos del presente boletín son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

Un total de cinco talleres facilitaron la obtención de mayor información, a saber: «a) factores de cambio de la sociedad colombiana (…) en lo económico, social, cultural, ambiental, político, etc. (…); b) las variables estratégicas y percepción sistémica de la sociedad (…) que dan lugar a una estructuración lógica dentro de los principios de la causalidad; c) juego de los actores sociales de la sociedad del futuro (…) que están detrás de cada una de las “variables estratégicas”, el grado de poder que manejan (…) o que estarían dispuestos a poner en práctica con el fin de defender sus intereses; d) escenarios del futuro de la sociedad (…) empleando los principios de probabilidad matemática, con el objeto de elegir el más probable, el ideal y un grupo de escenarios alternos. El escenario ideal se denomina “escenario apuesta”; e) la criminalidad del futuro – Encuesta Delphi». Adicionalmente, los aportes en los talleres para «precisar las actividades y funciones de la Procuraduría en aras de contribuir a la construcción de la sociedad del futuro», y el encuentro para definir las estrategias —último taller— que determinó «los proyec-



Para Francisco Mojica, director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombiala, la Procuraduría «desea ser parte inteligente de la historia del país, no permitiendo que los hechos la importunen sino anticipándose a ellos y contribuyendo de manera inteligente en la construcción de una nueva sociedad».

tos que deben ser diseñados» para lograr la concreción de cada una de ellas, convertirán al documento producto de la investigación en la hoja de ruta para adaptarnos a los cambios y hacer partícipe a la entidad en la construcción del futuro del país. La relevancia del análisis del papel que debe cumplir la Procuraduría en el 2030 era necesaria. Es innegable lo avasalladoras que pueden llegar a ser la tecnología, la innovación y la globalización cuando no estamos preparados y, precisamente, el capítulo que sustenta la importancia de la investigación inicia con un sabio texto del filósofo Séneca quien, hacia el año 60 d. C., recalcó que «No hay viento favorable para quien no sabe para dónde va».

«El país que soñamos» Este es el nombre dado, en el marco de la investigación,

al «escenario apuesta», en el que la Procuraduría podrá contribuir mediante las estrategias definidas y asociadas, cada una, a un objetivo claro cuya búsqueda implica la realización de actividades mediante proyectos; «tanto objetivos como metas provienen de las variables estratégicas elegidas para diseñar el escenario por el cual deberá apostar el país, en el mediano y el largo plazo», como lo menciona el documento. Por motivos de espacio, en innova destacaremos solo las actividades en las que el ministerio público tiene fuerte injerencia para lograr los objetivos, sin entrar en mayores detalles, ya que el libro contempla en uno de sus capítulos finales la presentación completa de las acciones sobre las cuales tiene total control la entidad y los retos que deberá afrontar cuando las responsabilidades dependen de otros actores.

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Variables sociales Estrategia 1. Participación de la sociedad civil. Objetivo. Contar con una sociedad civil fuerte y organizada con mayor poder que la actual en las decisiones que afectan el bien común. Acciones del ministerio público.

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Ser la entidad ejemplo en el manejo y la respuesta a los mecanismos de participación ciudadana. Promover las diferentes formas de organización social para el control de la gestión publica. Vigilar y exigir el cumplimiento de garantías a las entidades públicas para la efectiva aplicación de los mecanismos de participación ciudadana. Realizar seguimiento y análisis de la utilización de los mecanismos de participación ciudadana que identifique falencias o dificultades para su práctica.

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Estrategia 5. Sociedad desbloqueda. Objetivo. Garantizar que las peticiones justas de la sociedad sean atendidas por el Gobierno Acciones del ministerio público.

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Promover la agilidad en la respuesta a las peticiones justas de los ciudadanos. Seguimiento y vigilancia a los mecanismos de participación ciudadana. Apoyar y acompañar a la población vulnerable para empoderarlos en el uso de los mecanismos o instrumentos que permiten el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Estrategia 6. Sociedad con mayor equidad. Objetivo. Contribuir a que la desigualdad social, medida por el coeficiente Gini en 0,56, llegue al menos a 0,30. Acciones del ministerio público.

Estrategia 2. Cobertura y calidad de la educación.

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Objetivo. Poseer un sistema educativo que involucre a la mayoría de los individuos y que se destaque por su excelencia en los primeros lugares de Latinoamérica.

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Seguimiento y control a las políticas públicas y el uso de los recursos. Recomendaciones de política pública, en materia de equidad, a los entes responsables de implementarlas. Hacer seguimiento a los proyectos de ley en búsqueda de la equidad con énfasis en aspectos fiscales.

Acciones del ministerio público.

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Reconocer el estado del arte de la educación a nivel de cobertura y calidad. Contribuir a la formulación de las políticas públicas que fortalezcan la investigación, innovación y desarrollo, condiciones para el mejoramiento de los planes de educación, agenciada desde el sector educativo y su seguimiento para el cumplimiento de estos logros. Recomendar el fortalecimiento en infraestructura tecnológica y física para mejorar las condiciones de cobertura y calidad de la educación.

Estrategia 7. Sociedad de la información. Objetivo. Colaborar para que la sociedad tenga libre acceso a la información y exista una amplia democratización del conocimiento. Acciones del ministerio público.

• •

Variables culturales Estrategia 3. Coherencia entre el discurso y el hacer.

Vigilar y garantizar las posibilidades de los ciudadanos para el acceso a la información pública de las entidades. Seguimiento y control al uso de los recursos y política pública en materia de TIC.

Estrategia 8. Estado fuerte y democrático.

Objetivo. Propender a que el pueblo colombiano anteponga el bien general al bien particular, conducente a que el individuo obre con espíritu cívico. Este objetivo involucra conductas como la de menospreciar y deteriorar los bienes públicos y tiene en cuenta situaciones patológicas como la llamada «esquizofrenia social» que consiste en realizar una conducta equivocada y estar convencido de que es correcta.

Objetivo. Propender hacia un Estado democrático fortalecido que genere condiciones de estabilidad y crecimiento económico que brinde a los individuos bienestar y respeto a sus derechos, a partir de una efectiva administración del patrimonio y los recursos nacionales.

Acciones del ministerio público.

Acciones del ministerio público.

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Realizar seguimiento a la política de participación ciudadana.

• •

Variables políticas

Promover la administración eficiente y sostenible del patrimonio nacional por parte del Estado. Vigilar que el ejercicio democrático se lleve a cabo de forma transparente, en aras del Estado social de derecho.

Estrategia 4. Políticas de largo aliento. Objetivo. Contribuir a que el Gobierno cuente con políticas de largo plazo que permitan traer cambios importantes en el desarrollo nacional. Acciones del ministerio público.

• • •

Recomendaciones al Gobierno sobre la importancia de diseñar políticas de largo plazo para lograr cambios estructurales. Adelantar investigaciones académicas para argumentar las recomendaciones o lineamientos de políticas públicas como apoyo a las decisiones del Gobierno. Seguimiento al desarrollo de las políticas de largo plazo.

Estrategia 9. Capacidad del Estado. Objetivo. Contribuir a que el Estado tenga la capacidad necesaria para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Acciones del ministerio público.

• •

Promover iniciativas que se concreten y ejecuten en una política educativa sostenible que consulte la realidad nacional y contribuya de manera efectiva a la construcción de una sociedad incluyente. Fomentar la efectividad de las instituciones en el cumplimiento de su misión.

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Innova 

|  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público Variables judiciales

Estrategia 10. Sistema judicial. Objetivo. Contar con un sistema judicial que garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Acciones del ministerio público.

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Promover la participación del ciudadano para que contribuya con la administración de justicia a partir del control social. Implementar una política que difunda y reivindique los derechos y deberes del individuo frente a la administración de justicia.

Estrategia 11. Mediatización de la conducta social. Objetivo. Contar con medios de comunicación objetivos, responsables con discrecionalidad entendida y comprometidos, que no se conviertan en jueces, vulnerando con ello los derechos tales como la intimidad, la presunción de inocencia, y aún a la recta administración de justicia. Acciones del ministerio público.

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Alertar a las entidades competentes sobre el riesgo de vulnerar derechos individuales y colectivos por parte de los medios de comunicación que atenten contra la administración de justicia. Promover que la intervención de los administradores de justicia ante los medios se ajuste a su comportamiento ético en lo que tiene que ver con el manejo y la reserva de la información.

Estrategia 12. Delito informático. Objetivo. Contribuir a evitar el delito informático y la actividad de los hackers. Acciones del ministerio público.

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Apropiar recursos, capacitar, educarse sobre el tema.

Estrategia 13. Globalización de la criminalidad. Objetivo. Contribuir a evitar la globalización del crimen transnacional y las redes

internacionales del delito.

Acciones del ministerio público (son moderadas).

Por último, en nombre del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el mio propio, agradecemos a todos los servidores, académicos y representantes de la sociedad civil que hicieron parte de esta construcción participativa que, sin duda, es insumo y derrotero para quienes hacen y harán parte de la institución cuya visión es «Ser guardián del interés general y vigilante del cumplimiento de los fines del Estado». «Frente al futuro, los hombres tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes: el avestruz pasivo que sufre el cambio, el bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha declarado, el asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles pues sabe que la reparación sale más cara que la prevención, el conspirador pro-activo que trata de provocar los cambios deseados». La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, Michel Godet, 2000.

La Procuraduría General de la Nación y el IEMP hacen un reconocimiento especial a las siguientes instituciones y personas: Universidad Externado de Colombia Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva

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• Estrategia 14. Patrimonio natural.

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Objetivo. Contribuir a conservar el patrimonio natural del país. Acciones del ministerio público.

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Visibilizar problemas asociados con el patrimonio y promover su solución. Propiciar dialogo y concertación frente a conflictos respecto al patrimonio natural. Promover la deliberación pública para la armonización de políticas públicas que privilegien el patrimonio natural.

Estrategia 15. Impacto climático. Objetivo. Contribuir a manejar los impactos climáticos como fenómenos transformadores de la sociedad, el territorio, la política y la economía.

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Expertos participantes

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Acciones del ministerio público.

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Utilizar instrumentos de participación y grupos de control social en forma articulada.

Estrategia 16. Delitos del futuro.1 Objetivo. Contribuir a combatir la presencia de los delitos más frecuentes para los próximos años, según la encuesta Delphi, a saber: delitos contra la Aministración pública, violencia sexual, corrupción, hurto a personas, hurto a residencias, hurto al comercio, narcotráfico, hurto bancario, hurto de automotores, lavado de activos, microtráfico de drogas, violación de derechos humanos, violencia intrafamiliar, extorsión, deterioro ambiental, secuestro, contrabando, hurto de la propiedad intelectual, desplazamiento forzado, venta ilegal de armas, violación a las regulaciones de tránsito, constitución de redes criminales complejas, violación de la seguridad informática, microextorsión, minería ilegal, pandillas, vandalismo, matoneo, abigeato, bloqueo de vías, tráfico de seres humanos, nuevas modalidades de terrorismo. Acciones del ministerio público.

•

Profundizar la labor del ministerio público sobre los administradores de justicia.

1. Delitos que fueron identificados por medio de la encuesta

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• • • • • • • Servidores de la • Procuraduría y del • IEMP: • • • • •

Francisco José Mojica Director e investigador Raúl Trujillo Cabezas Jaime Enrique Rodero María Constanza Rivera Caroll Alean Investigadores Alejandro Angulo Novoa, S. J. Universidad Externado Édgar Reveiz Roldán Academia Colombiana de Ciencias Económicas Fabiola Estupiñán Lizarazo Centro de Estudios en Ciencia de la Policía Nacional Gral. (r) Fabio Arturo Londoño C. Director Centro de Estudios en Ciencia de la Policía Nacional Jaime Obregón Puyana Docente investigadorLuz Luz Helena Sánchez Gómez Asociación Colombiana para la Salud Mauricio Betancourt García Investigador emérito IEMP Miguel Eduardo Cárdenas Rivera Investigador César Augusto Nieto Rojas - Investigador IEMP Christian José Mora Padilla - Director IEMP Diana Marcela Bravo Aguilera - PGN Hernán Hel Huertas Olaya - IEMP Lorena Cuellar Cruz - PGN Luis Enrique Martínez Ballén - IEMP María Carolina Hernández - PGN Mónica Vega Solano - IEMP Néstor Enrique Valdivieso - PGN Omar Augusto Vivas Cortés - IEMP Rolan Oswaldo Sánchez Ojeda - IEMP Walter Rafael Azula Trajano - IEMP

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número 16 

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El IEMP editó el libro

Innova incluye en este número la presentación de la obra, resultado de la investigación financiada por el IEMP en el marco de los programas de la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos. El autor de la publicación, Hernando Correa Peraza, es magíster en historia, académico e investigador, reconocido en estas áreas del conocimiento por su producción bibliográfica y vasta experiencia.1 Alejandro Ordóñez Maldonado Procurador general de la nación

La Procuraduría General de la Nación se ha caracterizado por ser una institución que ha logrado el reconocimiento de la sociedad como su representante, resultado del cumplimiento de las funciones asignadas desde su creación. Es por esto que esta administración consideró de suma importancia adelantar un análisis histórico desde sus inicios, teniendo como referencia antecedentes de la figura en distintas civilizaciones que la incorporaron en su ordenamiento jurídico y político. Para ello, el Instituto de Estudios del Ministerio Público vinculó a uno de los mejores historiadores del país, como lo es el doc1 El autor contó con el apoyo de los investigadores Christian José Mora Padilla, Luis Enrique Martínez Ballén, Omar Agusto Vivas Cortés, Carlos Arturo Moreno Orduz, Wálter Rafael Azula Trajano, Arturo Ronderos Salgado, Jaime Orlando Peña Ortiz, Mauricio Tovar González y Dayana Becerra.

tor Hernando Correa Peraza, académico reconocido por su trayectoria en la docencia e investigación universitaria, quien adelantó el estudio y recopilación de los principales aspectos referidos al Ministerio Público, los presenta en esta obra en tres grandes partes, que relacionan la figura de la Procuraduría desde la democracia clásica con su incorporación en el nuevo mundo y su desarrollo posterior en Colombia, resaltando las características de la entidad como organismo de control. Resulta orientadora la descripción que el autor hace de las manifestaciones incipientes del Ministerio Público en la civilización griega, toda vez que en ella se descubre la defensa de la Constitución y la ley, defensa que hoy es un imperativo de la institución como representante de la sociedad y que en aquel entonces se expresaba en la elección de la Boulé o Consejo, integrado por 400 bouletas, como lo refiere aquí el autor, quien indica que a pesar de ello, solo es «en la etapa de máximo desarrollo del derecho romano cuando nace la figura del procurador», asociándolo inicialmente al concepto de representación procesal. Siguiendo al autor, encontramos que, posteriormente, en España se empieza a desarrollar la figura del procurador; en el reinado de Alfonso x, el «Sabio», en el siglo xiii, se afianza en forma definitiva la figura en cuestión, como se puede apreciar en la obra escrita bajo su dirección, Las

Cortesía Oficina de Prensa PGN

Procuraduría General de la Nación
 183 años representando a la sociedad colombiana



La socialización de la publicación Procuraduría General de la Nación, 183 años representando a la sociedad colombiana, ha sido presentada en diferentes ceremonias organizadas por la entidad y el IEMP, a saber: la Casa Santander en Bogotá, la Academia de Historia de Santander en la Casa de Bolívar en Bucaramanga y en el evento de condecoración de integrantes de las redes de investigadores y formadores del Instituto.

siete partidas, obra que, además, constituye una contribución valiosa de España a la historia del derecho. Así mismo, podemos apreciar que en Francia también emerge esta figura con el nacimiento de los procuradores de la monarquía francesa en el siglo xiv para la defensa del Estado y se solidifica con Napoleón, en cuyo momento se organizó el Ministerio Público. Resultan interesantes en la presente obra los antecedentes históricos de la figura del Procurador para el caso colombiano y es así como se puede apreciar que ya desde 1592 se hace referencia al procurador como responsable del control de la alcabala; otra alusión temprana se presenta en 1782, cuando se resalta su papel ligado al «control del ramo de Abastos, ya que vigilaban permanentemente lo relacionado con aquello que tuviera que ver con los pesos y medidas en las poblaciones y el abasto y comercio de víveres», como aparece transcrito en el capítulo correspondiente; posteriormente, en 1810, a través de la

intervención del síndico procurador se puede vislumbrar el importante rol que tendría la figura años más adelante como representante de los intereses de la sociedad. La incorporación formal de la noción del Ministerio Público y la figura del Procurador como un agente del poder ejecutivo que se da en la Constitución Política de 1830 cuentan con unos antecedentes históricos cercanos a esta fecha, que resulta oportuno resaltar dada su trascendencia. Es justamente con el genio del Libertador Simón Bolívar, quien desde el Congreso de Angostura en 1819 definió unos lineamientos de lo que se llamó el poder moral, entre los cuales se refirió dentro de las funciones principales al castigo de los vicios públicos con la infamia y el oprobio y el premio a las virtudes públicas con el honor y la gloria; muy cerca de este año, en 1821, aparece la primera manifestación jurídica del Ministerio Público con los fiscales de la alta corte de justicia presentados en la Ley 14 de ese año. »  5

|  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Los anteriores aspectos fueron básicos para la formulación de los ejes misionales en la consolidación de la institución que aquí nos ocupa y que se fue ajustando con las constituciones de 1830, 1853, 1858, 1863,1886 y 1991 y con algunas reformas parciales de la Carta Magna, las cuales se ocuparon de determinar los lineamientos de la Procuraduría y el Ministerio Público en los respectivos contextos históricos e ideológicos, manteniendo siempre un espíritu renovador y el mandato de los tiempos. Aspectos como la violencia política, fenómenos de clientelismo, corrupción, ineficiencia gubernamental, acuerdos y problemas políticos fueron determinantes en las diferentes reformas administrativas y misionales de la institución. Importante mencionar que en 1830 el Procurador era un agente del poder ejecutivo, hecho que le daba unas connotaciones especiales (Sanín, 2007). Posteriormente en la Constitución de 1853, el Procurador era elegido popularmente; en la Constitución de 1886 el origen de su nombramiento era del Presidente de la República. Con la reforma constitucional de 1945, la elección la hacía la Cámara de Representantes de terna presentada por el Presidente de la República. Con la Constitución Política de 1991, la elección la hace el Senado de la República de terna presentada por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y se establece que la Procuraduría General sea una de las instituciones que hacen parte de los organismos de control, lo cual garantiza su autonomía. De los aportes de las distintas constituciones resulta importante recordar, a manera de ejemplo, aquellos que han 6  » 

Cortesía Oficina de Prensa PGN

Innova 



«Aspiro a que esta publicación llegue a todos los rincones del país y que sea un material de estudio y reflexión para las generaciones futuras, sea motivo de orgullo para los servidores actuales por pertenecer a una institución con raíces históricas, con tradiciones acendradas, con responsabilidades compartidas y que avizoran un mejor país». En la foto el procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el lanzamiento de la publicación, dirigiéndose al auditorio de la Academia de Historia en «La ciudad bonita».

permanecido o que han determinado la filosofía de la entidad a través del tiempo, como por ejemplo, en el artículo 100 de la Constitución de 1830, «Defender ante los tribunales y juzgados de la República la observancia de las leyes. Promover ante las autoridades civiles, militares y eclesiásticas los intereses nacionales y el orden publico». Y en el artículo 143 de la Constitución de 1886, «1. Defender los intereses de la nación, 2. Promover la ejecución de las leyes, sentencias y disposiciones administrativas, 3. Vigilar la conducta oficial de los empleados públicos y 4. Perseguir los delitos y contravenciones que turbaran o amenazaran perturbar el orden social». Es así como le ha correspondido a la Procuraduría General de la Nación ser rigurosa en el cumplimiento de las funciones que asigna la Constitución, sobre todo en circunstancias en que la conducta de muchos servidores públicos se convierte en factor de desestabilización social y en las que la corrupción administrativa disminuye la eficiencia y la credibilidad del Estado. De tal suerte que la entidad se ha constituido a través de la historia en un adalid de la defensa y fortalecimiento de la democracia a través de la idónea aplicación de la justicia, de la lucha creciente contra la impunidad

y de un accionar incansable y efectivo contra la corrupción en la Administración pública. Es por esto que resulta impostergable el compromiso con un proyecto de vida para generar en los funcionarios del Estado una actitud y unos valores que los fortalezcan moralmente y robustezcan sus habilidades y destrezas frente a los múltiples retos que plantea la sociedad colombiana. En este panorama general, podemos afirmar que las reformas de la estructura de la Procuraduría estuvieron acordes con las actualizaciones que se requirieron en cada uno de los momentos históricos, tanto del Estado como de la sociedad; una minuciosa reseña de las disposiciones legales que las sustentan es presentada en la obra, donde se hace una mención especial al Instituto de Estudios del Ministerio Público, creado mediante la Ley 201 de 1995 como una unidad administrativa especial, con funciones específicas en las áreas de capacitación, investigación y publicaciones y que se constituyó para contribuir al cumplimiento de los ejes misionales de la Procuraduría General de la Nación. Un aspecto importante en esta publicación es el reconocimiento de los aportes que han hecho quienes ostentaron la dirección de la entidad, máxi-

me cuando han contribuido con su gestión al desarrollo de la nacionalidad, iniciando aquí con el ilustre nortesantadereano Francisco Soto (1830-1831) y siguiendo con los sucesores en el cargo, quienes con visión y responsabilidad inspiraron el desarrollo de esta entidad, cuyo devenir ha estado profundamente entrelazado con la vida nacional. Su nombramiento y las funciones asignadas se han definido dentro del marco del Estado de derecho, y más recientemente del Estado social de derecho a partir de la Constitución de 1991; algunas se han mantenido incólumes en el tiempo y otras han adquirido una mayor dimensión. Estudios históricos como el que en esta obra se presentan resultan fundamentales no solo para comprender el grado de desarrollo y los aportes que la institución le ha hecho al país, sino también resultan oportunos para proyectarla, de acuerdo con las nuevas circunstancias, por lo que el trabajo que aquí presentamos constituye un mandato que desde ya estamos pensando cumplir a partir de un ejercicio de prospectiva donde se vislumbren las transformaciones que muy seguramente tendrá nuestra sociedad, así como las concepciones del Estado en las próximas décadas, cuando en 2030 la Procuraduría cumpla 200 años de su creación. Aspiro a que esta publicación llegue a todos los rincones del país y que sea un material de estudio y reflexión para las generaciones futuras, sea motivo de orgullo para los servidores actuales por pertenecer a una institución con raíces históricas, con tradiciones acendradas, con responsabilidades compartidas y que avizoran un mejor país.

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número 16 

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noviembre de 2013

Sandra Rojas Barrero Investigadora Div. de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP

La carencia de una política pública clara respecto a la problemática de la salud mental en Colombia, evidencia la necesidad de atención a los diferentes factores que inciden en la vida social, cultural y la convivencia en el país. Asimismo, la poca articulación sectorial y de generación de capacidad institucional refleja que, en el caso de los trastornos mentales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, existe una brecha en los tratamientos y en la superación de la adicción, así como en otras discapacidades mentales que tienen una alta incidencia en la salud física, la morbilidad y la mortalidad. Situaciones como la falta de respeto por la dignidad de las personas con trastornos mentales, la discriminación, la no participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la ausencia de aceptación por la diferencia como parte de la diversidad y la condición humana, la restricción al acceso a los servicios de salud, la inequidad en condiciones de vida y humanización, la intolerancia y el desplazamiento forzado, entre otros, ameritan intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el impacto esperado a nivel poblacional e individual. Según la Organización Panamericana de la Salud (ops), «También hay que considerar que existen muchas condiciones y necesidades emocionales y sociales, especialmente ante situaciones traumáticas, que no son necesariamente enfermedades mentales, cuyo abordaje no debería incluir tratamiento médico y para las que pueden ser muy eficaces las intervenciones psicosociales pertinentes. En este sentido, deben evaluarse con atención los grupos muy vulnerables o los que se encuentran en situaciones especiales. En casos de desastres naturales y conflictos armados cabe prever un aumento de la problemática psicosocial

Mónica Vega Solano - IEMP

Evaluación y perspectivas de la política pública frente a la salud mental



La Procuraduría «(…) contará con un documento que incluirá las políticas públicas, estrategias de prevención y marco normativo relacionado con la salud mental en Colombia (…)».

como reacciones emocionales esperadas ante sucesos traumáticos de gran significación; en estos casos se eleva también la morbilidad por trastornos mentales» (ops, 2009). En este contexto, es importante que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss) desarrolle un modelo de gestión y garantía de derechos acorde con el análisis situacional de toda la población colombiana, conforme a la afectación de la salud mental ya sea por manifestaciones de violencia física, psicológica y/o social. De otra parte, en el marco de la función preventiva de la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social es primordial cumplir con el objetivo de promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas o acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la Constitución y la ley atribuibles a agentes del Estado o a particulares que cumplan funciones públicas, a partir de la elaboración de investigaciones y alertas pertinentes (Art. 5.°, Resolución n.° 490 de 2008). En consecuencia, la procuraduría delegada y el IEMP adelantan acciones en el marco de la función preventiva con el fin de propender hacia la búsqueda de los derechos a una salud mental, física y, de manera específica, a la atención del consumo de sustancias psicoactivas.

Aspectos esenciales de la investigación El IEMP incorporó en el Plan Operativo Anual (poa) 2013 la vinculación de un investigador académico y gerencial, con conocimientos en el manejo del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia (salud y pensiones), y experiencia en la ejecución y procesos de convocatoria social para la protección del derecho a la salud, y el diseño y elaboración de encuestas e indicadores de ordenamiento, análisis de coyuntura y sectores involucrados; asimismo, en formulación y evaluación de proyectos sociales y análisis económicos y financieros. El experto seleccionado, que adelanta la investigación de carácter teórico, conceptual y descriptivo del problema, mediante un trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, es Jairo Alberto Betancourt Maldonado, economista, especialista en finanzas públicas y consultor en salud y seguridad social quien, adicionalmente, se encargará del diseño de los instrumentos y herramientas para la medición de la efectividad de la política de salud mental en pacientes que consumen sustancias psicoactivas. Al finalizar el estudio, la Procuraduría General de la Nación contará con un documento que incluirá las políticas públicas, estrategias de prevención y marco normativo relacionado con la salud men»  7

Innova

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Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

tal en Colombia, mediante el análisis de la gestión adelantada por el Sistema General de Salud y el estado de la investigación tecnológica en Colombia, lo que permitirá a la Procuraduría, y a todos los actores involucrados, participar en el ciclo de las políticas y contribuir en la definición de los lineamientos. De igual forma, la entidad podrá identificar el alcance de la función preventiva de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social en lo relacionado con la salud mental, en particular al consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. La investigación también permitirá contar con herramientas en el marco de la función preventiva para que la entidad pueda hacer seguimiento a los procesos de reglamentación e implementación de la política pública de salud mental, de acuerdo con el objeto del estudio.

Metodología de la investigación La propuesta metodológica, tal como se mencionó, es de carácter teórico, conceptual y descriptivo, estructurada para seguir las siguientes etapas: 1) revisión de

la normativa vigente en materia del Plan Nacional de Salud Pública y demás normas, convenios y protocolos internacionales, y de la jurisprudencia en materia del derecho de los pacientes con problemas de salud mental por consumo de sustancias psicoactivas; 2) realizar trabajo de campo evaluando la gestión, los alcances y limitaciones de por lo menos tres organizaciones: una Institución Prestadora de Servicios de Salud (ips) que atienda esta patología y dos instituciones particulares —tipo fundaciones— que traten la recuperación de adictos de sustancias psicoactivas, con el fin de identificar los principales obstáculos o barreras del sistema de salud para una adecuada atención de los pacientes; y 3) identificar los protocolos o paquetes de servicios con los que se atienden a los pacientes con adicción a sustancias psicoactivas para la recuperación y mejoramiento de la calidad de vida; y observar si los tratamientos permiten incorporarlos social y activamente, evitando la discriminación por su salud mental, utilizando como base los servicios del Plan Obligatorio de Salud (pos) y los que no están incluidos.

Productos esperados La Procuraduría contará con una compilación normativa relacionada con la salud mental —que además incluye convenios y protocolos nacionales e internacionales— y con información sobre la política para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente, con un diagnóstico de la situación actual del derecho al acceso efectivo de servicios relacionados con la salud mental, una evaluación de los protocolos o paquetes de atención a los pacientes con adicción a dichas sustancias, una propuesta de ajuste a la política intersectorial, una herramienta integral para realizar el seguimiento, medir el impacto y la evolución de los indicadores de la política —con el enfoque definido— para el mediano y largo plazo. Por último, el experto entregará — en el marco de la investigación— una metodología para que el ministerio público realice el seguimiento de los diferentes agentes, los mecanismos del sistema y de la política pública de salud mental en el país.

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número 16 

Germán Posada Peláez1

«No es posible concebir al hombre sin asociarlo a alguna actividad productiva, ni se concebiría el estado actual de desarrollo de la sociedad si no se tuviera presente el papel que el trabajo ha desempeñado en la creación de todo el conjunto de bienes de que disfruta la humanidad para la satisfacción de su (sic) múltiples necesidades. Todo el progreso que puede admirar la humanidad es fruto del trabajo. Sin la actividad productiva del hombre seguramente fuera muy distinta la realidad que hoy se nos ofrece a la vista». Domingo Campos Rivera, Derecho Laboral Colombiano. Entre las dos posiciones que se describen a continuación, tiende a fluctuar la actitud que frente al trabajo tiene la humanidad; son dos caras de una misma moneda que ofrecen una interesante gama de abordajes del tema: «El trabajo es toda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora de capital y de instrumento de labores. Es bien del hombre y de la humanidad. De ahí su valor humano (...) es la base del Bienestar Nacional, la fuente principal del desarrollo y el medio de la realización material y espiritual de la persona». Asamblea Nacional Constituyente, 1991. «Si trabajar fuera bueno, a uno no le pagaban por trabajar». Refrán popular. 1 Médico psiquiatra, Pontificia Universidad Javeriana, coordinador Servicio de Urgencias y Admisiones de la Clínica La Inmaculada, Bogotá D. C.

El trabajo es un derecho y como tal se considera uno de los más preciados bienes del hombre. Sin embargo, a menudo puede convertirse en un factor mediante el cual se vulneran otros derechos como el de la salud llegando a constituirse en un factor de riesgo para desarrollar enfermedades, entre ellas las alteraciones mentales. A los lectores de innova les propongo hacer una revisión de diferentes aspectos a propósito de la relación entre enfermedad mental y trabajo, la forma como se afectan mutuamente, y la percepción que puedo tener desde el punto de vista médico —que atiende a personas en consulta especializada en psiquiatría— y como trabajador de una empresa de salud.

¿Enfermedad mental como enfermedad profesional? Existen actividades laborales que, por su naturaleza, en especial el servicio a personas en situación de alteración emocional, pueden constituirse en factores de riesgo para desarrollar un trastorno mental en el trabajador. Este riesgo puede asociarse con el fenómeno psíquico de la resonancia afectiva mediante la cual los estados de ánimo, los más intensos, tienden a transmitirse de manera inconsciente entre los individuos. Además, es frecuente en nuestro medio que dicha atención consista en recibir las demandas de ayuda por parte de los usuarios, con pocas posibilidades de intervención, generando a menudo sentimientos de frustración e impotencia, injusticia y desigualdad; ejemplo de ello es el personal que atiende a enfermos mentales, o a grupos poblacionales cuyos derechos han sido vulnerados —víctimas del desplazamiento, de la violencia y del conflicto armado, en condiciones de pobreza y desempleados, etc. Otros factores propios de la ocupación que con frecuencia pueden generar enfermedad mental son las actividades

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Cortesía Germán Posada Peláez

El trabajo y la enfermedad mental

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«El trabajo es toda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora de capital y de instrumento de labores. Es bien del hombre y de la humanidad. De ahí su valor humano (...) es la base del Bienestar Nacional, la fuente principal del desarrollo y el medio de la realización material y espiritual de la persona». Asamblea Nacional Constituyente, 1991. En la foto Germán Posada Peláez

rutinarias, las condiciones ambientales extremas como la limitación espacial, el ruido, las temperaturas extremas, los olores desagradables, las situaciones de riesgo naturales —inseguridad— y situaciones legales, por mencionar solo algunas.

El trabajo como disparador de la enfermedad mental Debido a la alta complejidad del funcionamiento psíquico en el que confluyen multiplicidad de factores, desde los biológicos (genético hereditarios, enfermedades físicas, lesiones intra y extracerebrales), pasando por condiciones psicológicas individuales (historia personal, características de la personalidad) y la gran diversidad de elementos que hacen parte del contexto de cada individuo y que lo afectan de manera directa (familia, trabajo, situación socioeconómica), hasta los más globales o indirectos (situación política, tendencias globales, etc.), interactúan para dar lugar a una infinita gama de procesos psíquicos normales o anormales, emociones, sentimientos y conductas. En el área de la salud mental atendemos con frecuencia casos en los que el trabajo del individuo aparece como un factor determinante, bien sea en la aparición como en el mantenimiento, empeoramiento y complicaciones de las alteraciones mentales. En un terreno tan diverso, poder delimitar y objetivar el papel que »  9

|  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

desempeña este factor en el que coinciden a su vez múltiples circunstancias como la inducción y preparación para el cargo, la afinidad con la función desempeñada, el ambiente, la remuneración, los incentivos, etc., es una tarea difícil. Entre los cuadros más frecuentes que atendemos en salud mental, asociados a situaciones laborales, se encuentran los trastornos de ansiedad, la depresión y cuadros mixtos de estas dos patologías que pueden presentarse con síntomas diversos, además de señales típicas como la tristeza, alteraciones en el sueño y el apetito, quejas somáticas (dolores de cabeza, de cintura, de cuello, colon irritable, tensión muscular, etc.), fallas en la concentración y la memoria, cansancio, falta de energía, incapacidad para tomar decisiones e inseguridad, entre otras. Si bien la naturaleza de algunas ocupaciones constituye un factor de vulnerabilidad para desarrollar alteraciones emocionales, no es frecuente encontrar que los consultantes atribuyan a su labor el malestar. Las situaciones que refieren los pacientes con relación a sus dolencias corresponden a factores sobreagregados y en general de origen humano —acoso laboral y sexual en el trabajo— las condiciones de presión por demanda de resultados con limitaciones en el tiempo y sin recursos, la carga laboral, la ausencia de reconocimiento, la permanente amenaza de despido o deterioro de las condiciones del cargo, la remuneración insuficiente, el estancamiento profesional, la subvaloración de capacidades, cambios frecuentes de lugar de trabajo y desplazamientos de domicilio, jornadas extensas o trabajo nocturno, etc. En general, estos factores actúan en combinación con 10  » 

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

Innova 



«(...) factores propios de la ocupación que con frecuencia pueden generar enfermedad mental son las actividades rutinarias, las condiciones ambientales extremas como la limitación espacial, el ruido, las temperaturas extremas, los olores desagradables, las situaciones de riesgo naturales —inseguridad— y situaciones legales, por mencionar solo algunas».

estresores extra laborales, especialmente dificultades económicas, situaciones afectivas, problemas relacionados con la crianza y el cuidado de los hijos o enfermedad concurrente en el paciento o de familiares cercanos —generando de manera exponencial la patología psíquica al afectarse mutuamente y comprometer el funcionamiento global del individuo. En esta afectación global cobra particular importancia el compromiso de la capacidad laboral del empleado por alteraciones en la atención, disminución de la tolerancia a la frustración y la presión, irritabilidad o dificultad para tomar decisiones, llevando a mayores complicaciones como sentimientos de fracaso y baja motivación lo que propicia, a su vez, el aumento de la presión por parte de jefes y empleadores.

Enfermedad mental y discapacidad laboral Para hablar de discapacidad laboral por enfermedad mental es importante tener en cuenta que los trastornos mentales, aún los más agudos, tienden a cronificarse. Para el caso de enfermedades graves como la esquizofrenia y los trastornos demenciales (como el Alzheimer) de inicio temprano, que

en todos los casos cursan con algún grado de deterioro en las capacidades intelectuales con la consecuente dificultad de adaptación, y tienen un curso progresivo e irreversible aún en condiciones de tratamiento óptimas, la discapacidad laboral es generalmente grave, permanente y verificable. En el caso de los trastornos de ansiedad y depresión la situación de discapacidad puede ser muy compleja. Dado el carácter de estos trastornos, por definición agudos, no deteriorantes y con buena respuesta al tratamiento, se consideraría que la discapacidad fuese transitoria. Sin embargo, cada vez observamos con mayor frecuencia la tendencia a la cronificación de estos cuadros, pues aún con tratamiento la recuperación depende de muchos factores, algunos de los cuales son difíciles de modificar. Para el caso de asociación directa con factores laborales, la intervención sobre las condiciones del trabajador es determinante para la favorable evolución y evitar la cronificación. Un caso particular de discapacidad es el que observamos en el trastorno bipolar, también llamado psicosis maniacodepresiva, que amerita especial consideración, pues en esta enfermedad encontramos periodos en

los que los síntomas representan un grave compromiso funcional, tanto en los episodios de manía (euforia, hiperactividad) como en los de depresión (tristeza, inhibición), pero, por fuera de estos cuadros, las capacidades mentales del paciente permanecen intactas y, por lo tanto, su capacidad laboral. Dado que se trata de un cuadro cíclico y recurrente, el tratamiento por fuera de las crisis está encaminado a evitar la aparición de nuevos episodios y, para ello, es necesario no solo un adecuado manejo farmacológico, sino también la adopción de hábitos de vida saludables, evitando los factores que puedan desencadenar los episodios de los cuales, uno de los más importantes, es el estrés.

El círculo vicioso de la ansiedad La ansiedad constituye uno de los síntomas más frecuentes en toda la patología mental que hace parte del cuadro clínico de muchas enfermedades, no solamente en los trastornos de ansiedad (Trastorno Obsesivo Compulsivo (toc), estrés postraumático, fobias, etc.) sino que también es un síntoma muy frecuente en la depresión, los trastornos por discontrol de impulsos (juego patológico, compras compulsivas, etc.), las adicciones y en varios de los trastornos de la personalidad. Cualquiera que sea el origen, la ansiedad siempre representa un importante grado de discapacidad pues, aparte de las múltiples manifestaciones físicas que lo acompañan — insomnio; dolores de cabeza, cintura y cuello; alteraciones digestivas, del apetito y cardiovasculares— el componente psicológico acarrea sensaciones que pueden comprometer de manera importante el fun-

cionamiento intelectual. Quizá el elemento más importante es la inseguridad que enfrenta el individuo al realizar cualquier tipo de acción, independiente del nivel de exigencia. En los casos más severos, la ansiedad genera la sensación de bloqueo mental, de no «poder pensar» —en realidad no se puede pensar en lo que se necesita o desearía, se piensa en que se está ansioso y, generalmente, deseando que el «suplicio» termine pronto. Estos componentes psicológicos, en la fase aguda de la ansiedad, se acompañan de síntomas físicos que son notorios para los demás —enrojecimiento de la cara, sequedad de la boca, temblor en extremidades, voz irregular— que «delatan» al individuo sobre su estado quien afirma para sí: «ya se dieron cuenta que estoy ansioso», lo que redunda en mayor ansiedad. Al final de un episodio de estos, el individuo se encuentra exhausto, desmoralizado, avergonzado y temeroso de volver a presentarlo, lo que constituye un terreno abonado para que se genere nuevamente otro evento. Es frecuente observar que, si bien para la generación de un episodio de ansiedad se requiere la confluencia de múltiples factores, la sensibilización que se produce posteriormente hace que se repita la crisis ante la presencia de cualquiera de ellos, sin necesidad del concurso de todos. Para el caso particular del toc la dedicación del funcionamiento mental hacia las ideas obsesivas (experimentadas como ajenas al pensamiento y generadoras de estrés por no poder erradicarlas o, en casos severos, con la sensación inminente de pérdida del control), unido al tiempo que invierte en los rituales o actos

compulsivos (que lleva a cabo para disminuir la ansiedad), dan cuenta de una grave alteración en la utilización del tiempo y la productividad.

Discapacidad en la depresión Si bien la ansiedad puede con frecuencia hacer parte del cuadro clínico de la depresión, y generar discapacidad propia de este síntoma, el cortejo sintomático de esta última comprende otros componentes generadores de discapacidad en mayor o menor grado. Uno de los más frecuentes e importantes es la alteración del sueño, generalmente el insomnio (aunque también puede cursar con marcada somnolencia), que genera malestar y compromiso de la capacidad funcional. Otros síntomas son la fatiga y la abulia (falta de motivación), que hacen que cualquier actividad que se realice, entre ellas la laboral, requiera un esfuerzo mucho mayor que el habitual; y estas, unidas a la anhedonia,2 desarrollan de manera casi invariable que las personas deprimidas pierdan el sentido de la labor que realizan —como parte de la pérdida del sentido de vivir. A nivel cognoscitivo son cardinales en la depresión la dificultad para concentrarse, que lleva a fallas en la memoria reciente, y la repetición involuntaria de ideas o recuerdos desagradables, todo lo cual compromete de manera importante el desempeño al eje2 Incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión, aunque puede estar presente en otros trastornos, como por ejemplo, en algunos casos de demencias (Alzheimer). Tomado el 6 de noviembre de 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/ Anhedonia.

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cutar actividades de cualquier naturaleza pero, en especial, las que implican actividad intelectual. Todos estos síntomas acarrean, además, el incremento en el riesgo de sufrir accidentes de trabajo y el descuido de otras condiciones de salud.

El estigma: enfermedad mental y ambiente laboral Quizá uno de las barreras más grandes que se enfrentan en el campo de la enfermedad mental en general, y en relación con el terreno laboral en particular, es el estigma que se define como un conjunto de creencias, prejuicios y conductas que de manera negativa afectan a un grupo de personas o cosas. La enfermedad mental es quizá uno de los temas más estigmatizados y por su cuenta se incrementa el sufrimiento que representa la presencia de la enfermedad mental para el paciente y su entorno. Uno de los problemas más graves del estigma es la generalización, que hace que todas las personas, independiente de los síntomas, la duración, los factores ambientales, el diagnóstico y el tratamiento, sean consideradas igualmente como extrañas y potencialmente peligrosas. El solo hecho de consultar a psiquiatría, incluso a psicología, o tener un diagnóstico de cualquier patología del campo mental y recibir algún tipo de tratamiento expone a la persona al estigma, del cual en muchas circunstancias él mismo y su familia participan. En el ambiente laboral es compleja la situación debido a los temores que generan en el entorno conductas inesperadas y erráticas, más aún cuando los compañeros de trabajo han

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Mónica Vega Solano - IEMP

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Algunos factores de vulnerabilidad para desarrollar alteraciones emocionales, relacionados por el doctor Posada, son las «condiciones de presión por demanda de resultados con limitaciones en el tiempo y sin recursos, la carga laboral, la ausencia de reconocimiento, la permanente amenaza de despido o deterioro de las condiciones del cargo, la remuneración insuficiente, el estancamiento profesional, la subvaloración de capacidades, cambios frecuentes de lugar de trabajo y desplazamientos de domicilio, jornadas extensas o trabajo nocturno, etc.».

presenciado un episodio de crisis. El temor frente a la falta de control de la mente y los actos de un compañero despiertan fantasías de ser agredido, de ser visto como enemigo o ser abordado de manera amenazante, o simplemente de terminar involucrado en situaciones complicadas en caso de mostrar cercanía o apoyo. No es raro, además, que se presenten temores de «contagio» al estar en contacto con enfermos mentales. En una situación en apariencia menos grave, pero que puede resultar siendo tanto o más lesiva para el paciente, encontramos la desconfianza sobre la capacidad del individuo de realizar su trabajo, y cuando este hace parte de una labor conjunta o de un proceso encadenado generalmente se produce el temor de que el empleado genere retrasos o alteración en el resultado final, incrementando la carga de los compañeros o poniéndolos en riesgo al entregar productos o servicios alterados. »  11

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Innova 



«(...) se nos ofrece una gigantesca oportunidad y un reto monumental para transformar la actitud de la sociedad y, en especial, de empleadores e instituciones de salud frente a la enfermedad mental, para que sean superados los mitos que alimentan el estigma y que contribuyen a incrementar la discapacidad y la exclusión, y privan a la sociedad del valioso aporte de seres especiales incomprendidos, mal tratados y sin oportunidades».

Una situación, bastante común, se presenta cuando otras personas desean acercarse y ayudar, pero no saben cómo abordarlo, y temiendo no saber qué respuesta van a obtener en caso de preguntar acerca de la enfermedad, la situación laboral, cómo lo ven los demás, etc.; o por prevención para no «re-

volcar» los síntomas con el solo hecho de indagar. Es frecuente escuchar a un paciente decir: «El que no haya sufrido esto no sabe lo que se siente. La gente no le cree a uno porque por fuera lo ven bien, pero no saben el esfuerzo que uno hace». Por ello, una circunstancia muy dolorosa es la de no ser comprendidos. Es muy común escuchar «ponga de su parte», mensaje que es recibido como «usted es negligente frente a su recuperación y no está haciendo esfuerzos suficientes por salir adelante». Esto lo que produce son sentimientos de culpa, mayor frustración y malestar con el entorno. En muchos casos se tiene la fantasía de que el hombre es capaz de controlar sus estados emocionales y evitar el entrar en procesos depresivos o ansiosos. Al no ser una experiencia común en otras personas, resulta difícil para los demás poder asimilarla. Quizás es fácil entender lo que otra perso-

na siente ante un determinado dolor o malestar, pues en general tenemos referencias de experiencias propias al respecto, pero comprender, por ejemplo, que alguien no pueda tomar una decisión, concentrarse, disfrutar una experiencia agradable, etc., no es fácil. En no pocas ocasiones esto da lugar a que no se le crea al paciente, y se asuma que está fingiendo o exagerando las situaciones con el fin de lograr, consciente o inconscientemente, un beneficio —evadir responsabilidad, llamar la atención o lograr una incapacidad.

Retos Para quienes trabajamos en los campos de la salud mental y la salud ocupacional se plantean grandes retos, toda vez que sentimos que las alteraciones mentales relacionadas con situaciones laborales comienzan a adquirir una gran relevancia, tanto por su importancia epidemiológica como por los

Seguridad y convivencia en los macroproyectos de vivienda 1 Hugo Acero Velásquez 2

En todos los países en desarrollo existe un alto déficit de vivienda para los sectores más necesitados de la población y no hay ninguna política de desarrollo social que no tenga dentro de sus prioridades atender esta problemática. En este campo, las soluciones se orientan a construir grandes complejos de vivienda de interés social, casas en serie con un mínimo de espacio y recursos básicos que buscan satisfacer las necesidades de techo para familias en pobreza y extrema pobreza. Casi todos los proyectos se centran en la construcción de las viviendas, con 12  » 

mínimos espacios públicos y servicios dotacionales como educación, salud, recreación, deporte y en casi ninguno se contemplan los servicios de convivencia 3 y de seguridad ciudadana.4 En esos proyectos no aparecen por ningún lado espacios dotacionales para el servicio que debe prestar la policía en materia de seguridad ciudadana, los servicios de justicia y las instituciones encargadas de atender y solucionar conflictos de manera pacífica entre particulares, comunidades y al interior de las familias. Por otro lado, son grandes proyectos que no contemplan, desde su diseño, la construcción de espacios físicos que garan-

costos que para el sistema de salud, en particular, y la economía, en general, representan. Para el caso de los diagnósticos que cumplan criterios de enfermedad general, pero que afectan la situación laboral, es necesario poder definir mejor las recomendaciones de incapacidad y de intervención en el sitio de trabajo, para minimizar los riesgos de perpetuar la enfermedad y/o agravar sus síntomas, y permitir al afectado poder seguir ejerciendo su derecho al trabajo. Por último, se nos ofrece una gigantesca oportunidad y un reto monumental para transformar la actitud de la sociedad y, en especial, de empleadores e instituciones de salud frente a la enfermedad mental, para que sean superados los mitos que alimentan el estigma y que contribuyen a incrementar la discapacidad y la exclusión, y privan a la sociedad del valioso aporte de seres especiales incomprendidos, mal tratados y sin oportunidades.

1 Documento elaborado para el Banco Mundial, «Macroproyectos urbanos. 2009». Marco de Gestión Social del Programa Macroproyectos de Interés Social Nacional (misn) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2 Sociólogo. Consultor internacional en seguridad y convivencia ciudadana. 3 Alcaldía del Distrito de Barranquilla, Colombia. Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Barranquilla 2012- 2020, P. 13. La convivencia es entendida «como el vivir con el otro reconociendo reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas para propender por una sana interacción. Los pilares de la convivencia en una sociedad son la equidad, la empatía, el compartir, la cooperación, el respeto, la comunicación, la autorregulación y la capacidad de participación». En el caso de los servicios se hace referencia a la institucionalidad estatal que resuelve conflictos entre particulares, comunidades y al interior de las familias. 4 Ministerio de Gobernación de El Salvador. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). Compromiso Ciudadano para Convivir en Paz. San Salvador. Marzo 2005, P. 11. «La seguridad ciudadana es una parte vital de la seguridad humana. Entendida como un bien público, la seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. Concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos humanos, en concreto, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al fuero más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, etcétera) así como al disfrute del patrimonio».

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5 En este campo, la criminología ecológica trata de dar soluciones al comportamiento delincuencial y violento y también lo hace la psicología ambiental. Según Hologan (1999) «La psicología ambiental es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y las experiencias humanas» García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de criminología, 2.a ed. Valencia, Tirant lo blanch, 1999. 6 «Estímulo neutro que indica cuándo la respuesta puede conducir o no a la consecuencia deseada». Tomado el 12 de noviembre de 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/ Est%C3%ADmulo_(psicolog%C3%ADa) 7 Bentley D. y Brown. Residential burglars judge risk: the role of territoriality Journal of environmental Psichology, 1, PP. 51-61, 1993.

de la desorganización urbana considerando que la delincuencia y la marginalidad se ven facilitadas gracias a la pérdida de control social en las calles. La forma de las edificaciones, su integración con el entorno, la disposición de ventanas, corredores y entradas, o la existencia de actividades comunitarias en las áreas sociales pueden contribuir a la protección o desprotección de los ciudadanos. En este campo, resulta útil retomar lo planteado en el libro Espacios Urbanos Seguros (2003), 8 donde se arguye la existencia de contravenciones y delitos de oportunidad debido a la existencia de variables de contexto que facilitan su comisión, donde es menor el esfuerzo y el riesgo de sanción en que incurren los infractores y es mayor la recompensa que obtienen al cometer el hecho. Frente a estas problemáticas se requiere que los proyectos de vivienda de interés social o cualquier proyecto de vivienda que concentre gran cantidad de ciudadanos, desde su diseño, contemple espacios dotaciona-

les para los servicios de seguridad, justicia y convivencia, además de distribuciones espaciales donde no existan lugares que los ciudadanos y las autoridades no puedan vigilar y controlar, calles y espacios públicos amplios, iluminados, ventanales de las casas con visibilidad hacia todos los espacios exteriores, etc. Sin embargo, no basta con el solo diseño, es necesaria la participación de la comunidad teniendo en cuenta las oportunidades de vigilancia que pueden brindar; 9 un proyecto urbanístico que reconozca la realidad local y la de sus actores y que permita, a su vez, la implementación de una estrategia integral de prevención y atención de los hechos que pueden afectar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. Todo lo anterior, partiendo del presupuesto según el cual lo que se pretende es disminuir la probabilidad de ocurrencia 8 Banco Mundial. Paz ciudadana, Gobierno de Chile, Ministerio del Interior. Espacios urbanos seguros, primera edición. Santiago de Chile. 2003. 9 Macdonald J. y Gifford R. «Territorial cues and defensible space theory: The burglar point of view». Journal of environmental psychology 9, PP. 193- 205, 1989.

Mónica Vega Solano - IEMP

ticen comportamientos ciudadanos acordes con las normas de convivencia y seguridad. De acuerdo con algunas investigaciones, ha sido posible evaluar el papel de las características del ambiente físico inmediato sobre el comportamiento social y emocional, tales como: vivienda, ambiente físico extendido, vecindario, factores de desplazamiento, exposición a tráfico, estrés ambiental, ruido, polución y factores de densidad de población. 5 Las propiedades físicas del ambiente, en términos de distribución de espacios, tienen gran influencia en el comportamiento de los individuos. Se ha demostrado que hay ciertos ambientes que favorecen o sirven de estímulos discriminativos 6 o facilitadores para ciertos tipos de comportamiento social o familiar. El grado de hacinamiento y el alto nivel de densidad social aumentan los niveles de estrés ambiental, los cuales, a su vez, contribuyen al desarrollo de desórdenes emocionales y sociales de los individuos que viven en tales condiciones, 7 lo que puede afectar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. Es así como se han propuesto diversos intentos de solución a los problemas de convivencia y seguridad a través del diseño ambiental; entre estos, se encuentra el diseño antidelito, que se deriva de las explicaciones sociológicas

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«En todos los países en desarrollo existe un alto déficit de vivienda para los sectores más necesitados de la población (…)».

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de hechos que puedan alterar la convivencia y la comisión de delitos de oportunidad, así como incrementar la sensación de seguridad mediante la adecuación de los espacios físicos. Con base en lo anterior, a continuación se presentan los resultados de un documento que elaboré para el Banco Mundial sobre temas de seguridad y convivencia en nuevos asentamientos urbanos, a través de megaproyectos de vivienda de interés social en Colombia y que, seguro, puede servir para otros megaproyectos que se adelantan en los países de América Latina. 10

Inclusión de la convivencia y seguridad en macroproyectos de vivienda de interés social Colombia tiene un déficit habitacional que asciende a 2 300 000 unidades, de las cuales se considera que 1.5 millones es cualitativo y 0.8 es cuantitativo. Con el objetivo de reducir el déficit cuantitativo de vivienda, el Gobierno nacional ha propuesto la ejecución de varios macroproyectos urbanos de construcción de vivienda en algunas de las ciudades más importantes de Colombia. De acuerdo con la estrategia, cada uno de los macroproyectos concentrará entre 5 000 y 20 000 soluciones de vivienda, y entre 20 000 y 100 000 personas; es decir, que cada macroproyecto seguramente tendrá más problemas de convivencia y seguridad que los que tienen muchos municipios colombianos. 11 De acuerdo con el número de habitantes del censo de 2005, algunos macroproyectos concentrarán más población que la gran mayoría de municipios, como se puede ver en el siguiente cuadro: »  13

|  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Macroproyectos. # de viviendas de interés social

Posible concentración de población (habitantes)

1 000

Menos de 5 000

146

2 000

Menos de 10 000

414

4 000

Menos de 20 000

740

10 000

Menos de 50 000

975

Teniendo en cuenta que los macroproyectos de construcción de vivienda de interés social van a ser una parte importante de un nuevo desarrollo municipal, con base en los POT, 12 en términos de actividades y equipamientos, es necesario considerar los temas de convivencia y seguridad ciudadana en la medida en que cada uno traerá una alta concentración de población que generará problemas, a saber: √√ Convivencia. Conflictos entre vecinos, comunidades, interpersonales y al interior de las familias. √√ Seguridad y percepción de inseguridad. Hurtos y acciones en contra de la vida y la integridad de los ciudadanos. Los macroproyectos son una buena oportunidad, no solo para reducir el déficit de vivienda, sino para desarrollar procesos comunitarios sanos; más que una agrupación de hogares lo que hay que desarrollar son comunidades sanas donde la convivencia y la seguridad sean soporte del bienestar individual y colectivo.

Convivencia y seguridad de los macroproyectos Para lograr el desarrollo de comunidades que vivan con adecuados niveles de convivencia y seguridad, es necesario trabajar en cuatro campos: 14  » 

lidación social de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Aquí, es necesaria la presencia y operatividad en cada macroproyecto de un Centro de Convivencia, donde operarían de manera funcional la comisaría de familia, una inspección de policía y la unidad de mediación y conciliación que resuelve conflictos de manera pacífica.

N.o de municipios en Colombia con esa población

Seguridad ciudadana. Se refiere a un orden democrático que elimina las amenazas de la violencia en contra de la población y permite la convivencia segura y pacífica. En esencia, la seguridad ciudadana implica la vivencia cotidiana de gran parte de los derechos humanos, en concreto, de la vida, la integridad personal, y los inherentes al fuero más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, disfrute del patrimonio, etc.); asimismo, los colectivos como el derecho al aprovechamiento de espacios públicos y el medio ambiente sano, solo por mencionar algunos. La seguridad ciudadana también garantiza el cumplimiento de los deberes ciudadanos. En este campo, se requiere que en cada macroproyecto haya presencia de la Policía Nacional a través de las unidades denominadas Centros de Atención Inmediata (cai). Justicia cercana al ciudadano. Son acciones del Estado que buscan resolver de manera pacífica los conflictos interpersonales, familiares y comunitarios, en el marco de la justicia restaurativa. Deben considerarse como instancias estatales dentro del tejido social, asociadas a los procesos comunitarios cercanos a la población residente y, además, como prácticas ciudadanas que promueven la cultura de paz a través de la capacitación, la difusión y conso-

Convivencia. Se entiende como el vivir con el otro reconociendo reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas para propender por una sana interacción. Los pilares de la convivencia en una sociedad son la equidad, la empatía, el compartir, la cooperación, el respeto, la comunicación, la autorregulación y la capacidad de participación. Cada macroproyecto debe contar con un manual de con-

vivencia que contenga normas mínimas acatadas por todos los habitantes beneficiarios de las viviendas de interés social.

10 Suele suceder que cuando se construyen este tipo de proyectos de vivienda que concentran grandes masas de ciudadanos, especialmente pobres, nunca se piensa en presencia y acción de la institucionalidad que garantice la seguridad, la justicia y la convivencia desde el comienzo de los proyectos. Estas instituciones, generalmente, aparecen tarde, cuando los problemas de violencia y delincuencia son graves y vincularlas después es muy problemático porque existen algunos sectores interesados, esencialmente delincuentes, que no quieren que haya presencia de estas autoridades en los territorios que dominan, como hoy sucede en algunas localidades, comunas y favelas de nuestros países. 11 Cabe anotar que todos los municipios de Colombia cuentan con la presencia de la Policía. También funcionan unidades de justicia cercana al ciudadano como inspecciones de policía en las que profesionales del derecho atienden y solucionan los conflictos entre particulares y comunidades, y comisarias de familia para problemas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 12 Los Planes de Ordenamiento Territorial (pot) —Ley 388 de 1997— son instrumentos indispensables para lograr un desarrollo urbano más funcional y equitativo en los municipios del país, por cuanto establecen de manera clara los perímetros, normas y procedimientos para la incorporación de nuevo suelo y de los equipamientos en el territorio.

Mónica Vega Solano - IEMP

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«(...) cada uno de los macroproyectos concentrará entre 5 000 y 20 000 soluciones de vivienda, y entre 20 000 y 100 000 personas; es decir, que cada macroproyecto seguramente tendrá más problemas de convivencia y seguridad que los que tienen muchos municipios colombianos».

Diseño arquitectónico y construcción de espacios públicos seguros que propician la convivencia. El énfasis de esta acción debe estar en los diseños de las viviendas para facilitar un mayor control ciudadano de los espacios públicos que, a su vez, deben ser construidos más transparentes, visibles para todos y, obviamente, teniendo en cuenta principios básicos de estética urbana, óptimas condiciones de seguridad y comodidad que, ante todo, respeten la dignidad humana y reduzcan las acciones que afectan la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.

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Mónica Vega Solano - IEMP

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La seguridad ciudadana «Se refiere a un orden democrático que elimina las amenazas de la violencia en contra de la población y permite la convivencia segura y pacífica. En esencia, la seguridad ciudadana implica la vivencia cotidiana de gran parte de los derechos humanos, en concreto, de la vida, la integridad personal, y los inherentes al fuero más personal (...); asimismo, los colectivos como el derecho al aprovechamiento de espacios públicos y el medio ambiente sano, solo por mencionar algunos. La seguridad ciudadana también garantiza el cumplimiento de los deberes ciudadanos».

1. Seguridad cercana al ciudadano En este campo, y dada la alta concentración de población que van a generar los macroproyectos urbanos de vivienda de interés social, es importante, desde los diseños, definir espacios y obras para la instalación de una unidad policial que garantice la seguridad de los ciudadanos que vivirán allí y del entorno. Es de anotar cómo los sectores pobres que se van a beneficiar son más vulnerables en materia de seguridad ciudadana, por cuanto no tienen la capacidad económica para asumir su seguridad como lo hacen sectores medios y altos a través de la contratación de seguridad privada. En esta línea, de acuerdo con la concentración de población, la extensión de los macroproyectos y los posibles problemas de convivencia y seguridad ciudadana que se pueden generar, es necesario instalar uno o varios cai que son puestos operativos de la Policía utilizados con fines disuasivos, preventivos y de intervención, en tanto que facilitan la rápida actuación frente a los eventos de emergencia. Su estratégica ubicación territorial (dotados y en funcionamiento) tiene impactos positivos en la disuasión de comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana, pero además, permiten establecer relaciones adecuadas entre la comunidad atendida y la institucionalidad, lo cual incide en la construcción de comportamientos seguros por parte de la sociedad. Los objetivos primordiales de los cai son: √√ Tener mayor contacto con la comunidad.

√√ Atender oportunamente los requerimientos del ciudadano. √√ Incrementar la capacidad operativa y prevenir el delito. √√ Lograr presencia policial activa. √√ Fortalecer la acción preventiva. √√ Prestar un servicio policial de calidad; en una palabra: contundencia. √√ Racionalizar el empleo del talento humano y de los recursos disponibles. √√ Servir de base para desarrollar el plan de seguridad integral. √√ Recuperar la confianza y credibilidad hacia la Policía Nacional. √√ Aplicar estrictamente los principios tácticos del servicio de policía. Lo anterior es funcionalmente válido en el entendido de que los cai 13 no son solo una edificación, sino la sumatoria de diversos factores: √√ Instalaciones adecuadas. Sirven como central de contacto con la comunidad y de coordinación y comunicación con las unidades que patrullan y garantizan la seguridad de un sector determinado. √√ Humano. Cada unidad debe contar, por turno, con un policía para atender las llamadas telefónicas de emergencia y permanecer comunicado con las patrullas de vigilancia; y dos, tres o cuatro patrullas de vigilancia integradas por dos policías cada una. √√ Movilidad. En estricta correspondencia con el número de policiales asignados, la naturaleza de sus funciones y la geografía de la jurisdicción. Cada unidad deberá fijar el parque automotor que permita

garantizar unos tiempos de respuesta; en ningún caso superior a cinco minutos. √√ Comunicaciones. El personal de la unidad no debe permanecer solo en el módulo, sino en cada uno de los cuadrantes en que se divide la jurisdicción, en rondas permanentes. La forma adecuada para canalizar las informaciones recibidas telefónicamente, o por radio, es a través de un adecuado sistema de comunicaciones. Dados estos factores, se identifica como necesaria la ubicación de los cai con los parámetros establecidos en el cuadro (ver página 16): 14 Asimismo, de acuerdo con los pot los cai deberán tener en cuenta las siguientes normas: √√ Localizarse en zonas de cesión destinadas a equipamiento comunal público, las cuales podrán delimitarse para el uso de un cai, siempre y cuando no excedan los porcentajes y los índices de ocupación permitidos para estas zonas. √√ Ubicarse en zonas de cesión pública mayores a una hectárea. En los casos en que estas zonas tengan como destinación específica un parque de escala vecinal, la implantación del cai deberá hacer parte del proyecto del parque. 13 Para la construcción de los cai se deben utilizar los diseños arquitectónicos de propiedad del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D. C., aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (dapd), que han sido acogidos por la Policía Nacional para este tipo de instalaciones en todo el país. 14 Parámetros tomados de los decretos de adopción de los planes maestros de equipamientos de seguridad, defensa y justicia de las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales.

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Características urbanas, físicas y funcionales

Criterio 1 Distancia/Tiempo

Criterio 2 Demanda

Radio de cobertura

Tipo de zona POT

Concentración de uso residencial.

Medios y bajos niveles de congestión urbana.

Índices medios de delincuencia y criminalidad.

Radio 1500-2000 mts

Baja y dispersa actividad económica, complementaria a la actividad residencial.

Medios a altos promedios de velocidad en desplazamientos (20 – 40 Km/h ).

Mayores índices de conflicto asociados a convivencia familiar y ciudadana.

Zonas residenciales en áreas de actividad múltiple.

Media a alta disponibilidad Bajos volúmenes de población de áreas para ubicación de flotante. equipamientos.

√√ En zonas verdes sobre ejes metropolitanos, zonales y barriales (ver recuadro página 19). √√ En zonas como sobre anchos y cesiones aledañas a los andenes y alamedas de las vías de la malla vial arterial y de la intermedia. √√ Deberán respetar en todo caso la circulación y la continuidad peatonal y de las ciclorrutas. √√ Podrán localizarse en los parques de escala zonal y barrial siempre y cuando estén contemplados y hagan parte del diseño que adopta el plan director del parque. √√ En ningún caso en zonas de uso público se podrán construir cerramientos de cai. 2. Justicia cercana al ciudadano Los ciudadanos se enfrentan a menudo con hechos delictivos o conductas desviadas que la justicia cataloga de leve gravedad, de consecuencias limitadas o de impacto casi nulo, que en su criterio no ameritan poner en movimiento el aparato judicial. En muchos casos estas situaciones que afectan a las comunidades y a las personas, y que no son atendidos de manera adecuada, son resueltos por los propios ciudadanos de manera violenta y, por ende, engrosan las cifras de criminalidad oculta propiciando, a su vez, que la probabilidad de ocurrencia de este tipo de acciones se incremente y que se generen ambientes de violencia. Un panorama como el descrito dificulta la convivencia e incide en la sensación de inseguridad, lo que produce ma16  » 

Menores niveles de demanda disuasiva y coercitiva y mayores de preventiva.

lestar en los habitantes de un territorio y deteriora la calidad de vida, verbigracia los conflictos que generan la violencia entre particulares, entre comunidades y al interior de los hogares. Ante esta situación, en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Quito y Guayaquil, se viene promoviendo el Programa de Justicia Cercana al Ciudadano basado en la resolución pacífica de los conflictos a través de la difusión de estos mecanismos con la creación y fortalecimiento de centros de convivencia. Precisamente, como parte de los equipamientos presentes en los macroproyectos, se debe construir un centro en cada uno, para que las instituciones que lo componen —cuyas características se describen a continuación— atiendan de manera directa en los territorios los distintos conflictos familiares, interpersonales y comunitarios. Comisarías de familia. Unidades administrativas distritales, municipales y locales que atienden el maltrato intrafamiliar e infantil que, sin temor a equívocos, son factores que propician la violencia —en todos los órdenes— en la medida en que en los procesos de socialización al interior de los hogares el valor de la no violencia se quebranta con prácticas contrarias, estableciendo por norma que la violencia es un mecanismo de interrelación entre las personas y que se ejerce sobre los más débiles. En muchos hogares las mujeres y los niños sienten más inseguridad que en la propia calle debido al alto riesgo de ser víctimas de abusos y, en el peor de los casos, de ser agredidos hasta la muerte.

Radio 1500-2000 mts

Nuevos desarrollos residenciales en áreas de actuación urbanística integral.

Las comisarías de familia garantizan a los ciudadanos el acceso a la justicia familiar y la protección de emergencia a los niños. Para cumplir su misión están investidas de competencias especiales como la facultad para conciliar en derecho conflictos familiares y para dictar medidas de protección frente a la violencia intrafamiliar. De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006 15 «las Comisarías de Familia son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley». Las funciones de las comisarías de familia están definidas en el artículo 86 de Ley 1098 de 2006, en las Leyes 294 de 1996, 16 575 de 2000 17 y 640 de 2001; 18 asimismo, en la Resolución 3604 de noviembre 3 de 2006, 19 a saber: √√ Orientación de orden médico, legal, social y psicológico. √√ Conciliación (Ley 640 de 2001). 15 «Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia». 16 «Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar». 17 «Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996». 18 «Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones». 19 Resolución de la Fiscalía General de la Nación «por la cual se otorgan transitoriamente funciones de policía judicial a las Comisarías de Familia en todo el Territorio Nacional».

√√ Recepción de denuncias de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. √√ Intervención a través de las medidas de emergencia. √√ Prevención mediante la programación de talleres, charlas, etc. √√ Sanción por violencia intrafamiliar. √√ Funciones de policía judicial. Las comisarías de familia están compuestas por un comisario de familia (profesional en derecho), un médico, un psicólogo, un trabajador social, un secretario y un escribiente. Unidades de mediación y conciliación. El trabajo de estas instancias es garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia, dar orientación referente a la gestión de conflictos a través de los mecanismos alternativos y realizar mediaciones entre las partes que voluntariamente las acepten. Estas unidades ofrecen una amplia gama de atención como las conciliaciones de conflictos en las familias, entre vecinos, por lesiones personales menores, incumplimiento de obligaciones contractuales (arriendos), etc., mediante procedimientos ágiles que reducen los trámites formales al mínimo con el propósito de favorecer una solución funcional y oportuna. De esta manera, no solo se da solución a un problema particular, sino que se inicia una campaña pedagógica de resolución de conflictos mediante acuerdos que contribuyen a la convivencia pacífica en las comunidades.20 Las unidades de mediación y conciliación están com20 Documentos Casa de Justicia de Agua Blanca en la ciudad de Cali, Colombia.

puestas por un coordinador, un conciliador en equidad, profesionales con experiencia en el trabajo con comunidades, en resolución de conflictos o en procesos encaminados a la construcción de paz y el respeto a los derechos humanos, y un conciliador en equidad de la comunidad. Inspecciones de policía. Hacen parte de las secretarías de gobierno de los distritos o municipios y cumplen una función vital en la promoción de la convivencia pacífica, con abogados expertos que se encargan de prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre vecinos y todos aquellos problemas que afectan la tranquilidad, seguridad, salud, movilidad y espacio público de los ciudadanos. Las inspecciones no solo contribuyen a la búsqueda de soluciones a los problemas de vecindad, a través de la conciliación, sino que una vez agotada esta etapa el inspector tiene la legitimidad como autoridad de policía para imponer, excepcionalmente, las sanciones a aquellos que incumplan las normas establecidas en los códigos locales y nacional de policía. Las inspecciones se encargan de prevenir y resolver conflictos relacionados con la convivencia ciudadana en situaciones tales como: √√ Invasión o despojo de la tenencia o posesión de un inmueble. √√ Acciones arbitrarias en contra de los arrendatarios como el corte de servicios o cambio de guardas. √√ Perturbaciones en predios como humedades, grietas u obstrucción del uso de servidumbres.

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El Universal. Recuperado el 24 de noviembre de 2013 de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/en-2012-1146 (...)

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«(...) el maltrato intrafamiliar e infantil (...), son factores que propician la violencia —en todos los órdenes— en la medida en que en los procesos de socialización al interior de los hogares el valor de la no violencia se quebranta con prácticas contrarias, estableciendo por norma que la violencia es un mecanismo de interrelación entre las personas y que se ejerce sobre los más débiles. En muchos hogares las mujeres y los niños sienten más inseguridad que en la propia calle debido al alto riesgo de ser víctimas de abusos y, en el peor de los casos, de ser agredidos hasta la muerte».

√√ Disposición indebida de basuras o excrementos de mascotas en el espacio público. √√ Maltrato de animales. √√ Denuncia contra quien porta perros considerados peligrosos sin bozal ni correa en el espacio público. √√ Expedición de orden de inscripción extemporánea en el registro de la muerte de una persona. √√ Lanzamiento a quien se ha permitido la entrada a un domicilio sin contraprestación alguna y se niega a abandonarlo. √√ Presencia de menores en casas de lenocinio. √√ Denuncias e infracciones sobre precios, pesas y medidas y especulación y acaparamiento. √√ Demolición de construcción que amenace ruina en caso de peligro de la seguridad o tranquilidad pública.

√√ Conocimiento de que alguien esté ejerciendo ilegalmente profesión regulada por la ley. √√ Cuando en un establecimiento de comercio se tolere el consumo de estupefacientes por menores de edad o se consuma en presencia de estos. √√ Contravenciones tales como la realización de necesidades fisiológicas en la calle y actos obscenos en sitios públicos. √√ Contaminación auditiva y sonora. √√ Daños al patrimonio y a los bienes públicos.21 Las inspecciones de Policía están compuestas por un inspector, un escribiente y una secretaria.

21 Documento de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Colombia, P. 17.

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3. Manual de convivencia comunitaria El aumento del sentimiento de inseguridad, las crecientes dificultades de convivencia y los cambios que han sufrido las ciudades colombianas en los últimos diez años, así como las nuevas exigencias constitucionales y legales surgidas a partir de la Constitución de 1991, obligan a incluir en la agenda del Estado la necesidad de guardar correspondencia lógica entre las normas que regulan el comportamiento ciudadano, la convivencia y la seguridad, con las nuevas realidades nacionales y locales. Para avanzar en esta línea, es importante comprender que el cumplimiento de la ley y el desarrollo de la nación no son responsabilidad exclusiva del Estado y que cada ciudadano puede hacer algo al respecto a través de su comportamiento. Se trata de consolidar la identidad ciudadana fundamentada en los derechos que debe garantizar el Estado y en los deberes que debe cumplir cada ciudadano para que la comunidad pueda subsistir y desarrollarse. Partiendo del concepto de convivencia, como el vivir con el otro reconociendo reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas para propender hacia una sana interacción, es necesario que cada macroproyecto, que va a concentrar un alto número de ciudadanos, cuente con un manual de convivencia que recoja las normas esenciales que permitan ajustar los comportamientos para que haya un desarrollo individual y colectivo armónico. Un manual de convivencia que se sustente en la Constitución y en las leyes —de manera particular en el Código de Policía y las posteriores leyes que lo desarrollaron o lo modificaron— que no solo les dé a las autoridades de policía herramientas que permitan controlar la seguridad y la convivencia a través de la efectiva ejecución de sanciones, sino que también brinde a los ciudadanos diversas alternativas que les faciliten el cumplimiento voluntario de las normas y obligaciones impuestas como consecuencia de las contravenciones. Los lineamientos generales de los manuales de convivencia son: 18  » 

Cortesía Jesús Vega Solano

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a los valores que inspiraron el proceso constituyente de 1991. Para realizar un manual de convivencia es necesario: √√ Elaborar estado del arte referente a la normativa vigente en temas de convivencia. √√ Identificar los problemas que puedan afectar la convivencia en cada macroproyecto. √√ Proponer el manual de convivencia para cada macroproyecto.

«Partiendo del concepto de convivencia, como el vivir con el otro reconociendo reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas para propender hacia una sana interacción, es necesario que cada macroproyecto, que va a concentrar un alto número de ciudadanos, cuente con un manual de convivencia que recoja las normas esenciales que permitan ajustar los comportamientos para que haya un desarrollo individual y colectivo armónico».

√√ Reglas de juego claras y simples. √√ Brevedad normativa de tal forma que el manual sea asequible para el ciudadano común y de fácil manejo por parte de las autoridades. √√ Depuración de la proliferación de conductas con el fin de darle prioridad a aquellos valores de la convivencia ciudadana que merecen ser exaltados. √√ Regulación completa de procedimientos. √√ Precisión de los criterios que deben orientar las decisiones de las autoridades de policía. √√ Inclusión de innovaciones que otorguen herramientas para atender los problemas que pueden aquejar a cada macroproyecto en particular. √√ Respeto por los principios constitucionales para que las normas respondan

El manual debe ser elaborado y entregado antes de que los ciudadanos comiencen a ocupar las soluciones de vivienda de interés social en cada macroproyecto, y hacer parte de los documentos que los propietarios reciban a la hora de iniciar el negocio; igualmente, es importante socializar el contenido del manual y comprometer formalmente a los residentes —con la firma— para que acaten voluntariamente las normas de convivencia. Con los habitantes del macroproyecto es recomendable trabajar en reuniones la adopción del manual y los procesos organizativos de la comunidad, junto con las autoridades de policía, para que la convivencia y la seguridad sean un proceso fundamentado en la autorregulación, la participación comunitaria y la corresponsabilidad ciudadana e institucional. 4. Diseño arquitectónico y construcción de espacios públicos seguros que generen convivencia y seguridad Desde comienzos de los años 70 ya había una preocupación por la relación que existía entre los espacios urbanos y la inseguridad, reflejada en algunos trabajos pioneros como los de Oscar Newman.22 Estos, y otras investigaciones, se centran en que en las ciudades existen espacios urbanos que por las características de diseño y construcción facilitan la acción de los violentos y delincuentes, en la medida en que son áreas poco visibles por los moradores del sector, sin iluminación, cerrados, con pocas salidas y con un bajo control de las autoridades y de los ciudadanos. La falta de control sobre lo que ocurre en estos

|  lugares, aumenta las probabilidades de la ocurrencia de delitos y la percepción de inseguridad de la comunidad. Los estudios desarrollados en este campo23 se sustentan en que unos espacios bien diseñados y administrados, donde se puede ver a las demás personas y ser visto y que, además, tienen buenos sistemas de orientación e iluminación, pueden reducir ciertos tipos de delitos, mejorar la percepción de seguridad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Los diseños arquitectónicos de los macroproyectos deben racionalizar las áreas de servicios y promover la vivienda como unidad productiva. Actores involucrados en la convivencia y seguridad ciudadana En este contexto, los actores que pueden involucrarse en estos temas son: √√ El Gobierno nacional, responsable de los macroproyectos. √√ La Policía Nacional de Colombia, a través de los comandos municipales, posibilita la operatividad y funcionamiento de los cai y, de acuerdo con la función de policía, son actores importante en la regulación y aplicación de los manuales de convivencia. √√ Los municipios donde se ejecuten los macroproyectos, a través de la puesta en marcha y mantenimiento de los centros de convivencia; adicionalmente, los entes territoriales juegan un papel central en la elaboración, aplicación y seguimiento de los manuales de convivencia y en el manejo de la seguridad. √√ Las comunidades beneficiarias y las comunidades vecinas. √√ Las universidades y las Organizaciones No Gubernamentales (ong) que trabajen en los sectores donde se desarrolle el macroproyecto. 22 Newman, Oscar. Defensible space: people and design in the violent city. Architectural Press. 1971. Creating Defensible Space. Trabajo conjunto con U.S. Department of Housing and Urban Development y Office of Policy Development and Research. 23 Macarena Rau. Recomendaciones para nuevos desarrollos urbanos seguros. Incorporación del CPTED a nuevos desarrollos urbanos. Espacios urbanos seguros. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fundación Paz Ciudadana y Ministerio del Interior. Chile. 2002. European Crime Prevention Network. A review of scientifically evaluated Good Practices for reducing feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU member states. 2004.

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Según los POT, los equipamientos urbanos se clasifican de acuerdo a su cubrimiento en las siguientes escalas: Metropolitana Prestan servicios a todo el Distrito Capital y a la región; por lo general, causantes de alto impacto urbano y social. En esta escala se pueden considerar los grandes equipamientos de intervención en judicialización y penalización, entre otros, que pretendan cubrir la demanda de servicios no solo de la ciudad sino de la región y que, por su cobertura e impacto, deben localizarse en zonas especializadas de actividad múltiple, en las centralidades de integración regional e, inclusive, en los nodos regionales propuestos. Urbana Comprende los que por su magnitud, utilización, grado de especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico o requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura ejercen su influencia en un amplio territorio de la ciudad y generan impacto urbano y social. En esta escala se tienen los equipamientos de intervención en coerción, instrucción e investigación, entre otros, que se localizarán en zonas de actividad múltiple, áreas de actividad central y centralidades de integración urbana, nacional e internacional. Zonal Equipamientos que prestan servicios especializados a la población de zonas urbanas generalmente más extensas y complejas que el barrio o grupo reducido y homogéneo de barrios. Debido al tipo de servicios y a la magnitud se consideran de mediano impacto urbano y social, por cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos días u horas y durante horarios especiales, requieren zonas de estacionamientos, pueden generar tráfico y congestión y propician la aparición o el desarrollo de usos complementarios en el área de influencia inmediata. En esta escala deben localizarse los equipamientos de intervención en atención de emergencias, entre otras, debido a los requerimientos en infraestructura y logística y a la zonificación indicada. Vecinal Corresponden a los de primera necesidad y cobertura barrial que atienden a la comunidad de residentes y trabajadores del área de influencia inmediata. Se consideran de bajo impacto urbanístico y alto impacto social por cuanto se desarrollan en establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico ni congestión notoria, ni ruidos, ni afluentes contaminantes y no propician el desarrollo significativo de usos complementarios. En esta escala es importante localizar los equipamientos de intervención en la prevención, inteligencia, disuasión y solución alternativa de conflictos, entre otros.

Referencias bibliográficas -- Alcaldía del Distrito de Barranquilla, Colombia. «Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Barranquilla 2012- 2020». -- Banco Mundial. Paz Ciudadana, Gobierno de Chile, Ministerio del Interior. Espacios urbanos seguros. Primera edición. Santiago de Chile. 2003. -- Bentley D. y Brown. Residential burglars judge risk: the role of territoriality Journal of environmental Psichology. 1993. -- Secretaría de Gobernación de El Salvador, pnud. «Documento de la Politica Integral de Seguridad Ciudadana y convivencia de El Salvador». El Salvador, 2005. -- García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de criminología. Segunda ed. Valencia, Tirant lo blanch, 1999. -- Ley 388 de 1997. Planes de Ordenamiento Territorial (pot).

-- Macarena Rau. Incorporación del cpted a nuevos desarrollos urbanos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fundación Paz Ciudadana y Ministerio del Interior. Chile. 2002. -- Macdonald J. y Gifford R. Territorial cues and defensible space theory: The burglar point of view. Journal of environmental psychology. 1989. -- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Banco Mundial. «Programa Macroproyectos de Interés Social Nacional», 22 de octubre 2009. -- Ministerio de Gobernación de El Salvador. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pnud. Compromiso ciudadano para convivir en paz. San salvador, marzo 2005. -- Newman, Oscar. Defensible space: people and design in the violent city. Architectural Press. Creating Defensible Space. Trabajo conjunto con U.S. Department of Housing and Urban Development y Office of Policy Development and Research. 1971.

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El «matoneo» escolar siempre ha existido Coordinador académico IEMP División de Capacitación

Consciente el legislador de la necesidad de proteger a los estudiantes, y de reprimir y sancionar las conductas relacionadas con el matoneo escolar en Colombia, expidió la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 «por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar». Los medios de comunicación del país registraron la sanción presidencial de la ley; por ejemplo, el diario El Espectador del 11 de septiembre señaló que: Con la norma, las Secretarías de Educación de todos los municipios deberán conformar comités de convivencia escolar integrados por docentes rectores, padres de familia y estudiantes, que serán los encargados de identificar abusos entre estudiantes y promoverán la conciliación. Además, la ley exigirá que se conformen un sistema de monitoreo de casos que permitan evaluar la efectividad de la estrategia e (sic) revelar, a fondo, la situación del matoneo en el país. (…) Para atender estos casos, donde se incluyeron también las vulneraciones de los derechos sexuales, la ley ordena crear una red de atención integral desde el colegio, para resolver conflictos. De la red harán parte los miembros del Comité de Convivencia al que se sumarán psicólogos y trabajadores sociales.

El diario El País de Cali publicó la noticia así: El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reglamentaron la ley que marca una ruta para incorporar acciones en temas como la prevención, la atención y el seguimiento de la convivencia escolar.

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El Espectador. Recuperado el 23 de noviembre de 2013 de http://st.elespectador.co/noticias/educacion/ley-anti-matoneo-escolar-

Arturo Ronderos Salgado

Este proceso contó con aportes de diversas entidades y actores de ámbitos como el nacional, el territorial y el escolar. Además, para la construcción de la ley hubo talleres regionales de consulta, en los que participaron la comunidad educativa del país y las Secretarías de Educación. Asimismo, según explicó el Presidente, este paso para la puesta en cintura de la ley constituye uno de los avances más significativos a la hora de erradicar la violencia de las aulas y los centros escolares en todo el país. “Todos queremos un país en paz y donde reine la convivencia, pero eso solo se hace y se construye desde colegios y hogares. No queremos que las instituciones educativas se conviertan en uno (sic) centros de enfrentamiento”, indicó Santos. Santos, así como reconoció que esta reglamentación está marcando una hoja de ruta para los rectores de los colegios involucrados en casos de matoneo, también dijo que ve con preocupación que de las últimas pruebas Saber Pro hechas

a estudiantes de distintos grados un gran porcentaje tiene falencia en las competencias ciudadanas. “Quedé sorprendido cuando vi que más de la mitad de los niños de ciertos grados se divertían cuando a sus compañeros le hacían alguna maldad, (sic) Por ejemplo, el 43% de los estudiantes de noveno grado aceptan que son tolerables con los actos de corrupción (…)”.

Ámbito jurídico En acto protocolario, el presidente Santos y la ministra Campo reglamentaron la Ley 1620 del 2012 que incorpora acciones para el desarrollo de los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la convivencia, para combatir el denominado «matoneo» escolar.  La jefe de la cartera de Educación reiteró que esta norma crea un sistema de información unificado para identificar, registrar y seguir los casos de violencia, acoso y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes.

Precisamente, un artículo de Sandra Paola Real titulado «Las cifras del matoneo en Colombia»,1 en el que cita a Enrique Chaux, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes, corrobora la preocupación que existe con relación a este fenómeno, aunque asevera un avance en el país; el experto manifestó que «En el 2003, cuando empezamos a investigar, las personas veían el bullying como algo inofensivo, normal en la vida de los niños y que les formaba el carácter… Comprendieron que es un tema grave y que si no se maneja a tiempo, puede tener consecuencias graves a largo plazo». Al preguntarse cuál es el «común denominador de esta problemática», Real afirma que es: La asimetría de poder entre víctima y victimario. Enrique Chaux, doctor en educación de la Universidad de Harvard, asegura que existe la intimidación tanto en estratos altos como en los bajos, “pero hasta en los colegios de alto nivel, los estudiantes que cuentan con más recursos socioeconómicos o son hijos de alguien poderoso, tienen un mayor riesgo de ser los agresores”. En últimas, el asunto es de abuso de poder. Y —condición forzosa en los episodios de maltrato escolar— adultos que se hacen los ciegos y los sordos. Rectores, profesores y padres que evaden la responsabilidad de tener un matón en sus aulas o en su casa y un gobierno que hasta diciembre del año pasado [2012] aprobó la primera ley de Convivencia Escolar en el Congreso. Solo falta que sea sancionada por el Presidente para empezar a tratar el tema bajo la mira de varias entidades: los ministerios de Salud y de Protección social, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes serán garantes de esa ruta de atención integral para la convivencia escolar y para enfrentar la problemática, denominada por muchos especialistas como una “epidemia silenciosa”.

Obra de Fernando Molina Acosta - Tinta sobre papel - Cortesía del autor

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«Toda conducta que atente contra la dignidad humana debe ser reprimida, al instante, por las autoridades».

(…) aunque no es común que la intimidación escolar lleve a extremos fatales como el suicidio, ésta problemática sí deriva de manera frecuente en desórdenes graves como depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza violenta, bajo rendimiento académico y deserción escolar de las víctimas. Agrega el académico que la problemática del ‘matoneo’ en las aulas no sólo afecta a la víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo de desarrollar aún más sus actitudes violentas e incluso una trayectoria criminal. Añade Chaux que se trata de un asunto que afecta también al entorno académico y familiar de sus protagonistas (víctimas y victimarios) por lo cual la primera estrategia para detener ese tipo de violencia, es el trabajo conjunto con ese círculo cercano. “El bullying es una dinámica de grupo y solo se logra mejorar si se trabaja en grupo. Los cambios más profundos ocurren cuando los que están alrededor reconocen que eso no está bien y deciden frenarlo”, explica Chaux, líder del proyecto ‘Aulas en Paz’ que trabaja sobre estas situaciones en colegios del país.

Ahora bien, veamos la estructura de la Ley 1620 de 2013.

En el periódico Vanguardia Liberal en marzo de 2012, Enrique Chaux, explica que:

Disposiciones generales

1 Artículo publicado en la revista Aló, edición 622 de enero de 2013. Tomado el 22 de noviembre de 2013 de http://alo.co/ salud-y-bienestar/matoneo-en-colombia

El artículo 1.° explica el objeto de la ley, a saber:

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(…) contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.

A su vez, el artículo 2.° define lo que en el marco de la ley se entiende por competencias ciudadanas y la educación para los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La ley también precisa los términos relacionados a continuación: – Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. – Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. »  21

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El sistema En el capítulo II de la norma, se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar que «reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar». En los artículos posteriores la Ley 1620 señala los objetivos y estructura del sistema, principios como la participación, la corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad; asimismo, la conformación y funciones de los comités departamentales, distritales y municipales de convivencia escolar y, por supuesto, el nacional. A nivel territorial, estas instancias estarán integradas, entre otros, por el personero distrital, municipal o procurador y defensor del pueblo regionales, según corresponda. El capítulo cierra con la creación y funciones de los comités escolares.

El sector educativo en el sistema El capítulo III determina las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional y de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en el sistema; igualmente, de los establecimientos educativos, del director o rector y docentes del establecimiento educativo. Los artículos 20 y 22 regulan los proyectos pedagógicos y la participación de la familia, respectivamente. El 21, nos habla del manual de convivencia: En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo establecido en el artículo 87

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de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata la presente ley. Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional. El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia y dará los li-

«(…) el acoso escolar o bullying consiste en una conducta reiterada de maltrato psicológico, verbal o físico, de uno o varios menores hacia un compañero o compañera del colegio. Es llamado también matoneo porque el victimario busca dejar expuesta a su víctima física y emocionalmente, por eso los especialistas aconsejan identificar las señales que permiten identificar si un niño está siendo víctima del bullying. “El matoneo escolar va mucho más allá de un juego de niños, es importante dejar de verlo como un acto propio de la edad que no significa gran cosa porque sus consecuencias son graves”, afirma Antonio Vallés, PhD. en Psicología de la Universidad de Alicante (España), quien asistió como invitado especial al Congreso Colombiano e Iberoamericano de Neuropsicología, celebrado en (…) Bogotá. Continúa diciendo que “en la víctima hay comportamientos de inhibición de la conducta como por ejemplo, no querer hablar del colegio, mantener actitudes emocionales de tristeza, desánimo e incluso de irritabilidad. Esto también puede redundar en aspectos fisiológicos como alteraciones del sueño, pesadillas, alteraciones de los hábitos alimenticios, e incluso el suicidio”. El acoso escolar no puede ser visto como un fenómeno transitorio ni subestimarse ya que se ha convertido en una situación preocupante en el país porque, tarde o temprano, afecta el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Padres y madres de familia, docentes y directivas escolares deben aunar esfuerzos para detectar esta problemática social y aplicar correctivos desde la psicología y la pedagogía». -

Profamilia. «Acoso escolar dispara las alarmas en Colombia». Consultado el 23 de noviembre de 2013 en http://www.profamilia.org.co/ index.php?option=com_content&view=article &id=534:acoso-escolar-dispara-las-alarmas-encolombia

neamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia, de conformidad con el artículo 22 de la presente ley.

Mónica Vega Solano - IEMP

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«Todo ser humano, por el hecho de serlo, merece respeto, y gozar de un espacio en la comunidad para poder desarrollar su proyecto de vida y tener protección, afecto, orientación en principios y valores de los primeros educadores que son los integrantes del núcleo familiar; los centros educativos fortalecen esa formación pero no la suplen».

Participación de las entidades involucradas La norma, además de consagrar las atribuciones de los ministerios de Salud y la Protección Social, de cultura, y las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), incluye las de los personeros (Art. 26): (…) en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, de la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, le corresponde: 1. Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el Comité Escolar de Convivencia. 2. Orientar e instruir a los habitantes de la respectiva jurisdicción en el ejercicio de sus derechos y referir a la autoridad competente, según el caso. 3. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, los casos que le sean remitidos, atendiendo a los protocolos que se establezcan en la Ruta de Aten-

ción Integral y de conformidad con la reglamentación que para tal fin se expida.

Los integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad Penal para Adolecentes también cumplen una función en el marco del sistema, esto es: (…) corresponde al coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a las autoridades judiciales especializadas y los demás entes administrativos integrantes de este Sistema, intervenir en aquellos casos de violencia escolar que trasciendan el ámbito escolar y revistan las características de la comisión de una conducta punible que de acuerdo con la ruta de atención integral le sean remitidos por el ICBF, las Comisarías de Familia o la Personería. En la Ruta de Atención Integral, la Policía de Infancia y Adolescencia es el enlace con los rectores o directores de los establecimientos educativos.

Herramientas del sistema Este apartado describe el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar —con sus componente y protocolos. Menciona, además, que «El Gobierno Nacional definirá los lineamientos normativos, operativos y financieros para que los establecimientos educativos de carácter oficial cuenten con orientación escolar para la convivencia para los estudiantes». En materia de salud mental la atención cubrirá «a los niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos (sic) será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud». De otra parte, «a través de los programas institucionales de televisión y de las páginas web oficiales de las entidades públicas que integran y están vinculadas al Ministerio de Salud y la Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, divulgarán permanentemente el contenido de la presente ley y, en todo caso, el

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contenido a que hace referencia la Ruta de Atención Integral, deberá ser entregado en medio impreso o por vía electrónica a los padres de familia al momento de matricular a sus hijos en cualquier establecimiento educativo del país».

Infracciones administrativas, sanciones e incentivos La Ley 1620 de 2013 establece «la omisión, incumplimiento o retraso en la implementación de la Ruta o en el funcionamiento de los niveles de la estructura del Sistema (sic) se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y el Código de la Infancia y la Adolescencia; adicionalmente este capítulo explica las sanciones e infracciones administrativas de instituciones educativas privadas». La función disciplinaria del ministerio público se encuentra en la norma: Artículo 38. De las Faltas Disciplinarias de los Docentes y Directivos Docentes Oficiales. En las instituciones educativas de carácter oficial, los docentes y directivos docentes en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo, serán responsables por hacer efectiva la implementación del Sistema al interior de las mismas. La omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores.

Es decir, si quien infringe la ley es servidor público o particular que ejerce funciones públicas, se le aplica el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) que consagra sanciones de destitución e inhabilidad de 10 a 20 años para faltas gravísimas dolosas contempladas en el artículo 48; sus remisiones y sanciones como la suspensión, hasta de un año; e inhabilidad especial para faltas gravísimas culposas y otras como multa o amonestación, de acuerdo a la calificación de la falta del juzgador disciplinario. En los departamentos y alcaldías existen las oficinas de control interno disciplinario que pueden atribuir las faltas a los docentes de la respectiva jurisdicción, sin perjuicio del régimen interno disciplinario académico. »  23

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Finalmente, el artículo 39 refiere el reconocimiento anual, a manera de incentivo, para «los establecimientos educativos que evidencien un impacto positivo con la implementación de estrategias de mejoramiento, orientadas a cualificar la convivencia escolar, la educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar (…)».

Definiciones para efectos del Decreto 1965 de 2003 (Art. 39) Conflictos

Situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercaConflictos dos, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad manejados inadecuadamente educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante (…) siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.

Decreto 1965 de 2013 El artículo 40 de la ley otorgó seis meses al Gobierno nacional para reglamentarla. En desarrollo de esa orden legal, se expidió el Decreto 1965 del Ministerio de Educación Nacional, que define el papel que desempeñan las instituciones educativas y entidades en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar; asimismo, determina la conformación, organización y funcionamiento del comité de convivencia escolar en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, y de los escolares, e incluye la clasificación de las situaciones que afectan la convivencia, así: Situación tipo I: (…) los conflictos manejados inadecuadamente, las situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Situación tipo II: (…) las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying) que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Situación tipo III: (…) las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.

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Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.

Agresión escolar

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.

Acoso escolar (bullying)

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.

Ciberacoso escolar (ciberbullying)

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

Violencia sexual

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se

Restablecimiento de los derechos desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de los niños, niñas de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derey adolescentes chos que le han sido vulnerados.

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La lucha contra el «matoneo»

El decreto señala el procedimiento para definir los protocolos de atención en cada una de las situaciones mencionadas, y establece, como lo mencionó la ministra de Educación, «pautas para que los establecimientos educativos ajusten sus manuales de convivencia», en un plazo no superior a seis meses contados a partir de la publicación de la regulación, «promoviendo la construcción de ambientes democráticos de aprendizaje en los cuales se fomenten relaciones pacíficas y de reconocimiento a la diferencia».2 Los manuales de convivencia deben adecuarse con la participación de la comunidad educativa — directivos, docentes, estudiantes y familias— para , tal como lo señaló la representante de la cartera, «promover la convivencia pacífica en todas las escuelas del país, para que sea replicado en los hogares colombianos».

Mónica Vega Solano - IEMP

2 Intervención de la ministra en la presentación del Decreto 1965 de 2003, que reglamenta la ley «antimatoneo», registrada por los medios a nivel nacional.

«Para ser vícti ma de bullying (‘toreo’, término adoptado en 1970 por Dan Olweus, un investi gador noruego, para aludir al maltrato sistemáti co y conti nuado entre pares), cualquier excusa sirve: ser gordo o fl aco, tener las mejores califi caciones o las peores, que los padres cuenten con una posición social importante o no, ser amanerado, declararse gay o sencillamente ser bonita y gustarle al más churro del colegio… Este últi mo pretexto fue el que llevó a la estudiante de 16 años, que cursaba grado noveno en uno de los colegios bilingües más prestantes de Bogotá, a acosar durante meses a su examiga y casi a matarla a golpes en el salón de clases, por, supuestamente, haberle quitado el novio. La bully, hija de un diplomáti co, fue sacada del país y Alejandra*, la vícti ma, aún se recupera de las secuelas emocionales e inició la universidad y una nueva vida en otra ciudad». (Real, 2013), «Las cifras del matoneo en Colombia», revista Aló, Colombia.

Como padres, educadores o miembros del núcleo familiar, ahora contamos con las herramientas legales para combatir el «matoneo» escolar; pero, antes, debemos ganar la confianza de nuestros niños, niñas o adolescentes para que puedan comunicar todo lo que sucede dentro o fuera del aula, con el fin de evidenciar ante las autoridades cualquier situación que se enmarque en este comportamiento que poco favorece a la convivencia. Debemos fortalecer el carácter desde la infancia. La vida de hoy es más competitiva que antes, el rendimiento académico bueno o malo no debe ser blanco del «matoneo» y la competencia sana debe ser uno de los lemas en las instituciones educativas. La intervención activa de los docentes, la observación y la presencia constante en los salones de clase o espacios escolares permiten detectar no solo las situaciones difíciles relacionadas con este comportamiento sino, también, identificar los factores que generan la actitud agresiva de los victimarios y la pasividad en las víctimas. La información y el conocimiento de estos aspectos facilitaría trabajar interdisciplinariamente con los dos actores, de manera individual o grupal. Los directivos o rectores, y docentes, como continuadores en la formación de nuestros menores o jóvenes del país, tienen el compromiso de evitar el «matoneo» escolar. Sin desconocer el esfuerzo de un alto porcentaje de maestros para erradicar este flagelo, algunos permanecen con actitudes pasivas que los convierten en cómplices y, en el peor de los casos, en victimarios. El número de horas que pasan los niños, niñas y adolescentes en las aulas es mayor que el que comparten con sus familias, por tanto, debemos procurar que la estadía en los centros de educación sea segura ya que las secuelas del «matoneo», tanto físicas como psicológicas, pueden repercutir en los proyectos de vida de las nuevas generaciones. Fortalecer los principios y valores es necesario, pero, ante todo, debemos ser coherentes y brindar buen ejemplo.

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Mónica Vega Solano - IEMP

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«Según el últi mo estudio en Derechos de la Niñez de la ONG Plan Internacional, América Lati na es la región del mundo con mayor promedio de casos de acoso escolar, una prácti ca que hunde sus raíces en la violencia y la desigualdad, y difi culta el aprendizaje de niños para superar la pobreza». «El 70% de los niños en Lati noamérica son vícti mas de bullying», consultado en htt p://noti cias.universia.net.co/en-portada/ noti cia/2013/05/31/1027700/70-ninos-lati noamericason-victi mas-bullying-PRINTABLE.html

«Se estima que en Colombia, 1 de cada 5 niños es o ha sido víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de clase de manera agresiva, deliberada y repetitiva. Un promedio similar al que se encuentra en los demás países de Latinoamérica, reconocida como la región con los índices más elevados de abuso escolar en el mundo. Gracias a que el Ministerio de Educación incluyó algunas preguntas sobre intimidaciones escolares en las Pruebas Saber que se aplicaron el año pasado a estudiantes de quinto grado de primaria y de noveno de bachillerato, la Universidad de los Andes pudo revelar que de 55 mil menores (pertenecientes a 589 municipios), 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9° manifestaban haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún compañero». -

El Espectador. «Ley 'anti-matoneo' escolar entra hoy en vigencia», 11 de septiembre de 2013, consultado el 23 de noviembre de 2013 en http://www.elespectador.com/noticias/educacion/ley-anti-matoneo-escolar-entra-hoyvigencia-articulo-445684.

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Cátedra

Cátedra Carlos Mauro Hoyos

producción de otros tipos de minerales que contribuyan de manera efectiva a un proceso de desarrollo industrial. La cátedra inició con la exposición de Freddy Cante titulada «Minería, democracia y corrupción», en la que esbozó las relaciones entre democracia y minería resaltando la necesidad de repensar las nociones de desarrollo y crecimiento económico. En este sentido, manifestó su inquietud frente a la idea de que la extracción de recursos mineros sea una de las soluciones para el desarrollo del país; de otra parte, en términos de democracia, mencionó algunas de las contradicciones presentes en la Constitución Política de 1991 —en aspectos como la actividad económica, la iniciativa privada y la libre competencia, en oposición al bien común— que se ponen de relieve

Natalia Sáenz Rengi�o1

La segunda sesión de la Cátedra Carlos Mauro Hoyos 2 se llevó a cabo el 25 de septiembre en el Teatro de la Calle del Agrado de la Procuraduría General de la Nación. Al igual que en la primera reunión, el interés de la cátedra estuvo centrado en mostrar los avances de las investigaciones realizadas por el IEMP relacionadas con la minería y la corrupción; asimismo, en contrastar y reflexionar alrededor de las diferentes miradas y posturas que suscita el tema. El evento contó en esta oportunidad con los profesores Freddy Cante, 3 Frédéric Massé, 4 y Jaime Arias 5 este último, integrante del grupo de investigación al que el IEMP encomendó el «Análisis de la cooptación de la Administración pública, fase II», en el marco de programas que coordina la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos. Durante las intervenciones, los catedráticos e investigadores reflexionaron y discutieron los modelos de crecimiento y desarrollo económico implementados en el país, e hicieron énfasis en que la actividad minera también debe focalizar la 1 Profesional en formación en ciencia política —último año— del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 2 Para conocer el propósito de la Cátedra Carlos Mauro Hoyos, y los aspectos destacados de la primera sesión, los lectores de innova pueden remitirse al boletín n.o15 de 2013. 3 Economista y Ph.D. en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Facultad de Ciencia Política y de Gobierno de la Universidad del Rosario. 4 Ph.D. en ciencia política y relaciones internacionales. Profesor de la Universidad Externado de Colombia y director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe). 5 Ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en minería a cielo abierto de la Ecole des Mines de París y master en seguridad y medio ambiente en minería de la Ecole National Superieur des Mines d’Ales.

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Para el profesor Fredy Cante, «al igual que en otras acti vidades, en la minería el Estado debe enfrentarse con actores paraestatales y, además, afrontar el incumplimiento de la ley y de los acuerdos, no solo por parte de terceros involucrados en estas acti vidades sino también de sus propios miembros».

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

Coordinadora C�tedra Carlos Mauro Hoyos

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

Expertos hablan de la relación entre minería y corrupción en Colombia

El director del Centro de Investi gaciones y Proyectos Especiales (cipe), de la Universidad Externado de Colombia, Frédéric Massé (der.), centró su ponencia en los actores armados ilegales que se benefi cian en Colombia con la explotación de recursos naturales, específi camente del sector minero. En la foto acompaña a Massé el ingeniero de minas y metalurgia, Jaime Arias, quien presentó al auditorio el tema «Planifi cación, administración y control del subsuelo, un desafí o para el Estado colombiano».

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Cátedra tamente, son las grandes empresas quienes asumen esta labor lo que genera que el Estado se vea obligado a entregar en concesión extensas zonas de diferentes regiones, limitando así su injerencia en la determinación de condiciones —en términos de contraprestaciones económicas— a las empresas mineras, a la par que continúa desconociendo los recursos y potencialidades de la nación. Desde su perspectiva, Arias subrayó la importancia de que el Estado promueva políticas públicas encaminadas hacia la capacitación y generación de conocimientos técnicos que permitan superar el desconocimiento del subsuelo, así como enfocar la explotación de otros minerales que coadyuven a los procesos de desarrollo industrial. Esta segunda sesión de la cátedra cerró con un espacio para la interacción académica entre los asistentes y los expositores, destacando algunas reflexiones y cuestionamientos dirigidos a indagar las posibles soluciones y mecanismos que le permitan al Estado tener mayor injerencia y control sobre el desarrollo de la actividad minera, los recursos y territorios, y en la penetración de grupos armados ilegales.

Compendio de la 3.ra sesión de la Cátedra Carlos Mauro Hoyos El 23 de octubre, en la Sala de Audiencias de la Procuraduría General de la Nación, la cátedra contó nuevamente con la presencia de expertos en asuntos de minería y corrupción. En reconocimiento al apoyo brindado a esta iniciativa por la Fundación Tecnológica San Francisco de Asís, en especial la Facultad de Criminalística y Ciencias Forenses, en esta ocasión se abrió un espacio para el análisis de temas relacionados con esa área de formación. La apertura de la sesión estuvo a cargo de Érika Giraldo Liberato6 con la 6 Psicóloga, especialista en psicología jurídica, docente universitaria con estudios de profundización en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, y de evaluación de la psicopatía. Actualmente es servidora pública del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

exposición «Perspectivas de investigación académica desde la psicología jurídica en el campo de la corrupción». La intervención abordó, brevemente, el desarrollo y los avances del estudio de la corrupción como tema de investigación, resaltando las dificultades que se presentan en estos procesos; por un lado, a raíz de que este flagelo ha sido percibido con cierto desdén, principalmente porque —la presencia de este fenómeno— connota la existencia de prácticas inapropiadas arraigadas en factores sociológicos y culturales y, por otro lado, debido a la falta de claridad en la definición del concepto de corrupción. Adicionalmente, destacó como principales avances en la materia la generación de reflexiones y de análisis alrededor de la observación de las prácticas corruptas, que ponen en evidencia la necesidad de establecer políticas públicas orientadas no solo a la sanción de estas y a la generación de cambios en la conducta de los servidores públicos, sino también al establecimiento de una cultura de legalidad. Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

ante la desigualdad en la distribución de la riqueza. A esto, desde la acepción del profesor Cante, se suma el problema de que, al igual que en otras actividades, en la minería el Estado debe enfrentarse con actores paraestatales y, además, afrontar el incumplimiento de la ley y de los acuerdos, no solo por parte de terceros involucrados en estas actividades sino también de sus propios miembros. La presentación de Frédéric Massé denominada «Actores armados ilegales y sector minero en Colombia», abordó los vínculos entre explotación de recursos naturales y actores que están por fuera de la ley esclareciendo cómo, en algunas zonas del país, se han configurado pactos y acuerdos —con lógicas complejas— entre empresas mineras y grupos ilegales permitiéndoles a los últimos operar en algunos territorios; agregó, además, cómo por medio de la actividad minera estas organizaciones criminales encontraron la manera de lavar activos y, precisamente, uno de los mecanismos más comunes para legalizar el dinero de origen delictivo ha sido la sobre declaración de producción de minerales utilizada para la obtención de mayores recursos de las regalías, dado que los municipios tienen la posibilidad de recuperar sus capitales y, posteriormente, estos podían ser cooptados por los actores armados. Sin embargo, con el cambio en el sistema, se produjo un efecto contrario, a saber, una caída en la producción de minerales debido a la ausencia de incentivos para declarar lo que verdaderamente se produce y la búsqueda de artimañas para evadir los aportes por concepto de regalías. Por último, desde una visión más técnica, respecto a la explotación de los recursos mineros y a la exploración del subsuelo, el profesor Jaime Arias presentó el tema «Planificación, administración y control del subsuelo, un desafío para el Estado colombiano», señalando las debilidades e incapacidades del país para conocer y explorar el territorio. De ahí que una de las mayores dificultades que se derivan de esta situación es que, jus-

La especialista en psicología jurídica, Érika Giraldo Liberato, expuso las «Perspecti vas de investi gación académica desde la psicología jurídica en el campo de la corrupción».

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7 Economista y especialista en derecho minero energético. Director del Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio. 8 Conocido en latín como prior in tempore, potior in iure, este principio consiste en que en «caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una cosa (…) se entiende que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya inscrito primero en el Registro de la Propiedad». Tomado el 20 de noviembre de http://es.wikipedia.org/wiki/Prior_in_tempore,_potior_in_iure

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tración pública, fase II— cuya ponencia, «Consecuencias de la cooptación corrupta: costos socioambientales del modelo de desarrollo minero extractivista y cultura de los territorios mineros», se centró en una crítica hacia los modelos de desarrollo fundamentada en los inconvenientes que provocan en términos de justicia. Para la catedrática, los apuros del problema de la justicia se materializan en la desigualdad social que alienta el modelo de desarrollo «extractivista» y que se hacen tácitos en las dinámicas complejas que involucra la actividad minera. En consecuencia, los resultados de la implementación de este modelo son nefastos para el país, puesto que la explotación de los recursos —que acarrea costos ambientales irreparables— no permite, en absoluto, la consecución de una alternativa propia de desarrollo La profesora Cardona hizo un llamado a ponerle freno y un alto a la actividad minera, trayendo a colación, y a manera de comparación, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica «¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad», en razón de que es vital comenzar a tratar los problemas de violencia

El director del Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio, especialista en derecho minero energético, Luis Álvaro Pardo, habló en la tercera sesión de la Cátedra Carlos Mauro Hoyos de los riesgos de corrupción en el sector.

ción fundamentados, en primer lugar, en la falta de información que rodea la liquidación de estos dineros facilitada por la incapacidad de la autoridad minera para fiscalizar la producción e importación de minerales, auspiciando, de esta manera, otras actividades ilegales como el lavado de activos, y, en segundo lugar, a que en razón a la obligación de su pago se han permitido exenciones tributarias a las grandes empresas. Los dilemas planteados en la cátedra por el profesor Pardo incluyeron, además, los daños ambientales que generan las actividades de minería y la innegable relación —en algunas zonas del país— con actores ilegales.

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

Otro de los invitados fue Luis Álvaro Pardo, 7 conocedor de los «Riesgos de corrupción en el sector minero», quien compartió con el auditorio varios de los elementos que se circunscriben como potenciales factores de corrupción en la actividad minera, no sin antes aclarar que los riesgos se encuentran presentes a lo largo del ciclo minero porque, desde su apreciación, uno de los grandes problemas ha sido la falta de información. Sobre este punto, el profesor Pardo estableció un antes y un después a partir de la promulgación del Código de Minas (Ley 685 del 2001); antes de la normativa, los contratos relacionados con esta actividad tenían carácter público por lo que era posible conocer las bases y principios de las concesiones para el aprovechamiento de los recursos mineros, y los derechos y obligaciones económicas contractuales de aquellos que se hacían cargo de la explotación. Tras la expedición de la ley, el acceso a la información de los contratos fue restringido, lo que propició durante una década el desconocimiento generalizado del ejercicio de la actividad minera y, por ende, la ausencia de fiscalización. Para el profesor Pardo, también han sido un riesgo potencial de corrupción los procesos de adjudicación de los contratos, como resultado de la aplicación del principio «Primero en el tiempo, mejor en el Derecho»;8 es decir, la explotación del recurso se otorgaba al primero en llegar a determinado territorio. De otra parte, no solo se aplicaba este principio, el uso y acceso a la información que tuvieron en el pasado terceros interesados en estas áreas explican el porqué las zonas privilegiadas están en manos de grandes compañías. En cuanto al pago de regalías, Luis Álvaro Pardo advirtió los altos riesgos de corrup-

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

Cátedra Carlos Mauro Hoyos

Avances de la investigación del IEMP La Cátedra Carlos Mauro Hoyos, consecuente con uno de los propósitos de su fundación referente a la socialización de las investigaciones del IEMP, contó con la participación de Marleny Cardona Acevedo9 —quien actualmente trabaja en el «Análisis de la cooptación de la Adminis9 Economista y especialista en planeación urbana y regional. Ph.D en Ciencias Sociales y Niñez y juventud. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de la Salle, Universidad de Antioquia y Universidad eafit.

Marleny Cardona Acevedo, especialista en planeación urbana y regional, comentó las «Consecuencias de la cooptación corrupta: costos socioambientales del modelo de desarrollo minero extractivista y cultura de los territorios mineros».

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y pobreza que subyacen en esta actividad y continuar promoviendo el análisis de las pocas personas que parecen ser conscientes de la situación. Asimismo, cuestionó el modelo de desarrollo implementado en el país afirmando que, en definitiva, el crecimiento económico no se ha dado por la industrialización. En respuesta a las lógicas que atan a un país como el nuestro al subdesarrollo concluyó que en Colombia «no hay derecho a tener derecho al desarrollo» a falta de buscar que sea, precisamente, la justicia la base de un modelo de desarrollo. No menos graves fueron otros problemas examinados a lo largo de la discusión en la tercera sesión de la cátedra, como la falta de información que envuelve la actividad minera en lo referente al pago de regalías y a la adjudicación de títulos mineros y de contratos de concesión, como se menciona en párrafos anteriores. En concordancia con el objetivo de la cátedra de ser un espacio de reflexión académica y generación de conocimiento, y de interacción con las comunidades educativas, propiciando la participación y la construcción de Estado, el encuentro finalizó con una plenaria en la que el auditorio indagó sobre cuáles son los mecanismos para luchar y prevenir este fenómeno, qué soluciones podrían proponerse a dilemas como la falta de información sobre la minería en Colombia, y qué alternativas de desarrollo, congruentes con las posibilidades económicas del país, podrían plantearse.

Ausencia de Estado, de territorios inhóspitos e instituciones Después de tantas reflexiones escuchadas en un espacio de participación como la Cátedra Carlos Mauro Hoyos, durante las tres sesiones realizadas, la conclusión, contundente y unánime, es que el flagelo de la corrupción y las múltiples dificultades asociadas con la actividad minera son muestra fehaciente de la falta de empoderamiento del Estado sobre el territorio e instituciones vinculadas al sector.

Obra de Fernando Molina Acosta - Tinta sobre papel - Cortesía del autor

Cátedra

«Los dilemas planteados en la cátedra por el profesor Pardo incluyeron, además, los daños ambientales que generan las acti vidades de minería».

Allí, en los territorios inalcanzables para el Estado, analizados por Margarita Serje en la obra El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, han prevalecido históricamente dos imaginarios. El primero, la riqueza que guardan en su interior, siempre explotada y sujeta a disputas, y que «hoy son las esmeraldas, los metales preciosos, el petróleo, la marimba, la coca, la amapola y la biodiversidad» (Serje, 2005, P.5); el segundo, «su violencia constitutiva». Son las «tierras de nadie», donde prevalece —ante la falta de Estado— la lucha por el control ejercida por diferentes actores, algunos colindantes con la paraestatalidad. Desde la perspectiva de Serje, el territorio colombiano está demarcado por una geografía política que trazan los límites de la modernidad y la barbarie, el centro y la periferia, entre los delimitados alcances del Estado centralizado y las «tierras de nadie». Allí, ante el predominio de un Estado de barbarie «se legitima y se justifica (…) su proyecto de desarrollo y modernización» (Serje, 2005, P.11), en aras de perseguir un ideal de modernidad marcado por la necesidad de progreso, la superación del subdesarrollo y la consumación de la democracia (Serje, 2005, P.21). No obstante, lo agobiante es que el problema de la ausencia del Estado no se

restringe solamente a territorios inhóspitos sino que, además, permea a las instituciones, ratificando su debilidad e incapacidad para ejercer soberanía. La corrupción evidencia esta situación y ejemplifica que en el trasfondo existen dificultades de carácter estructural, que conllevan a preguntarse si, en efecto, es una práctica posible de modificar y erradicar o si, por el contrario, es inherente a nuestra condición, a nuestra nación; a ese Estado premoderno en el que aún parecemos estar. No es gratuito que las instituciones y el Estado gocen de poca credibilidad, puesto que un fenómeno como la corrupción, además de poner en duda la legitimidad institucional y exacerbar la crisis estatal, afecta el sentido de representación que es determinante para una democracia ideal. Precisamente, un espacio como el de la cátedra brinda la posibilidad de repensar desde la institucionalidad estatal, el papel y los deberes del Estado y de sus instituciones, así como la reflexión gracias a la diversidad de experiencias y conocimientos que acercan esas realidades aparentemente distantes, y que se articulan alrededor de los imaginarios construidos ante esa alteridad representada por la geografía política del país. Para finalizar, agradecemos a los ponentes; a las investigadoras Natalia Ruiz y Slendy Contreras, moderadoras de la segunda y tercera sesión, respectivamente, y a los asistentes que nos acompañaron —servidores públicos, estudiantes y académicos— quienes, sin su disposición e interés, no hubiera sido posible cumplir el cometido con el que se concibió la Cátedra Carlos Mauro Hoyos, un espacio de participación y reflexión cuyo propósito es concientizar y construir alternativas de solución que tengan incidencia en nuestra aquejada realidad.

Referencias bibliográficas -

Serje, Margarita. El revés de la Nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. PP. 3-29. Ediciones Uniandes. Bogotá. Colombia, (2005).

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Cátedra Carlos Mauro Hoyos

Qué es y qué no es corrupción Nicolás David Atara Gaviria1

Junto con la pobreza y el desempleo, la corrupción integra ese tridente que, tal vez, sea el elemento más representativo de las sociedades y las instituciones de los países en vías de desarrollo; percepción que, cotidianamente, también tienen los habitantes que padecen y observan estos problemas. La agenda pública, inevitablemente, ha incorporado el tema entre sus prioridades, ya que las consecuencias de las prácticas corruptas, su consolidación y su paulatino desarrollo socaban la legitimidad estatal, afectan el desarrollo y derivan en un consecuente debilitamiento de la gobernabilidad. El iemp, conforme a la misión de realizar investigaciones y actividades de orden académico que contribuyen a orientar la lucha contra la corrupción administrativa, ha realizado un esfuerzo tendiente a aclarar el concepto del término de manera que, a través de una línea de investigación en la materia, se apoye el fortalecimiento de la institucionalidad en Colombia. Ello implica la tarea de delimitar la noción, establecer qué es y qué no es corrupción, definir su alcance y abarcar elementos teóricos ajustados al avance de las prácticas corruptas en las instituciones. La corrupción es un fenómeno complejo, en demasía, de manera que para reconocer la multiplicidad de variables involucradas en su caracterización es necesario dimensionar de manera adecuada el problema. Si bien este flagelo se aprecia generalmente como dañino, las características de su naturaleza denotan que es imperceptible en algunas de sus facetas, inconveniente que refleja una ausencia de metodologías definidas para medir los impactos de la corrupción, o ambigüedad para categorizar ciertas acciones como tal. 1 Profesional en formación en ciencia política y gobierno —último año— del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Grupo de investigación Cátedra Carlos Mauro Hoyos.

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La vaguedad del fenómeno ha llevado a generalizar y considerar corruptas algunas prácticas que no lo son. En un ejercicio de delimitación del vocablo, para los lectores de innova, considero necesario establecer la definición del concepto construido a partir de los aportes de diferentes teóricos que, a su vez, han formulado —desde la óptica de disciplinas como la economía, la ciencia política y el derecho— significados para el término. El artículo también describe nociones que en el ámbito académico han surgido, conforme la sofisticación del fenómeno, a saber: la cooptación, la captura del Estado, y la reconfiguración cooptada del Estado. Finalmente, con la intención de arrojar luces sobre el particular, incluyo una aproximación al problema de la corrupción, enunciando sus consecuencias e implicaciones en los ámbitos político y ético.

Qué no es corrupción Partiendo de los aportes de Jorge Salem Seña,2 es pertinente anotar lo que no debería considerarse como corrupción. No se trata de hacer una enumeración de actos que serían o no corruptos, sino de enunciar unas categorías generales que ilustren una serie de prácticas que no serían susceptibles de ser clasificadas como tal. En primera medida, Salem establece que las «medidas de carácter promocional» del Estado no constituyen corrupción. Retomando a Bobbio, el autor lo cita manifestando que estas «son técnicas que no actúan directamente sobre la práctica valiosa o disvaliosa, sino que trata de influir en los destinatarios a través del fomento de otras acciones que hagan más atractivas las prácticas deseadas por el Estado mediante el otorgamiento de sanciones positivas» (Bobbio, 1980; citado por Salem, 2002, P. 22). Para Salem, en 2 Profesor de teoría y filosofía del derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La publicación Anatomía de la cooptación en Colombia (2012), editada por el IEMP, es resultado de investigaciones y actividades académicas que «contribuyen a orientar la lucha contra la corrupción administrativa».

virtud de ello, las medidas promocionales —a menos que se tomen en épocas de comicios para cargos públicos— no constituirían corrupción ya que implicarían un tratamiento generalizado de los funcionarios; el flagelo, implícitamente, requiere de un carácter individual y de conocimiento entre las partes. Salem, también ofrece una perspectiva según la cual el «uso desviado del poder» tampoco se configuraría como corrupción. Para el autor, si bien el uso de potestades administrativas con fines distintos a los señalados por el derecho podrían confundirse con corrupción, esto no es necesariamente cierto, toda vez que no siempre esta tiene por objeto la percepción de un beneficio extrainstitucional. En la noción de corrupción, el beneficio es una variable indisoluble del concepto (Salem, 2002, P. 24). Al poner sobre la mesa la común relación entre corrupción y «clientelismo», Salem establece tres diferencias: 1) el clientelismo no necesariamente viola funciones institucionales o reglas posicionales; 2) el clientelismo implica una relación de superiores e inferiores, mientras que en la corrupción puede darse una relación entre pares; y 3) las prácticas corruptas se dan en un marco de secretismo, mientras que el clientelismo suele presentarse de manera abierta y pública (Salem Seña, 2002, P. 26). Otro factor del cual Salem arroja luces para clasificar qué es o qué no es corrup-

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Cátedra ción, es la aceptación de dádivas o de regalos por parte de funcionarios. Se concibe, generalmente, y con cierta razón, que el cohecho constituye evento de corrupción. Sin embargo, Salem nos dice que la dación de regalos puede responder a ciertos códigos culturales, a protocolos de buenas relaciones interpersonales e interinstitucionales, o para expresar comportamientos simbólicos. Lo anterior no implica necesariamente una intención de recibir algo a cambio. En esta misma dirección, la aceptación de dichas dádivas es un acto libre que tampoco implica responder con acciones que beneficien al donante (Salem, 2002, P. 27). Lo que el autor pone de relieve, no es la negación completa del recibimiento de regalos como corrupción, ya que para ello existe la figura del cohecho; por ello, llama la atención con relación al examen concienzudo de los contextos, de manera que no se caiga en una categorización inconveniente. Esto debe extenderse a los demás casos en los que, de entrada, se vincule la corrupción con acciones a las cuales, sin una mirada cercana, se les atribuyan efectos corrosivos sobre los sistemas social, político y económico.

Definición de corrupción a partir de aportes multidisciplinarios Teniendo en cuenta lo que no es corrupción según Salem, el paso siguiente es proponer una noción de la corrupción. Debe anotarse que esta se construye a partir de elementos teóricos realizados por académicos de

La corrupción «(...) puede darse por múlti ples causas tales como la limitada capacidad de coerción estatal que no somete a los individuos al cumplimiento de las normas, el alto poder discrecional de los servidores públicos, la existencia de una burocracia clientelista y politi zada, un sistema de justi cia excesivamente formal e inefi ciente y, defi niti vamente, por una socavada noción del interés público de forma que este no se antepone, ante un confl icto de intereses, a la uti lidad personal».

las disciplinas mencionadas anteriormente.3 La propuesta es posible gracias a la sistemática revisión y análisis que el IEMP, conjuntamente con la Escuela Superior de Administración Pública (esap), evidencian en el libro Anatomía de la cooptación en Colombia, producto de la primera fase de investigación sobre el tema. De todos los marcos de referencia relacionados en la publicación, los elementos disponibles para formular una propuesta coherente dan como resultado que la corrupción es la utilización —en un marco de reserva— de un empleo público desde el cual se abusa del poder derivado del cargo para obtener beneficios personales y económicos —habitualmente, aunque no exclusivamente— en detrimento del interés general. El fenómeno puede darse por 3 Principalmente de los economistas Daniel Kaufman, Shahid Alam y Gabriel Misas.

múltiples causas tales como la limitada capacidad de coerción estatal que no somete a los individuos al cumplimiento de las normas, el alto poder discrecional de los servidores públicos, la existencia de una burocracia clientelista y politizada, un sistema de justicia excesivamente formal e ineficiente y, definitivamente, por una socavada noción del interés público de forma que este no se antepone, ante un conflicto de intereses, a la utilidad personal.4 Algunos elementos a notar, radican en la enunciación de algunas disposiciones tanto institucionales como legales que facilitarían la aparición de la corrupción; la contemplación de que los beneficios, aunque suelen ser económicos, pueden 4 Esta concepción de corrupción no se encuentra literalmente en el libro Anatomía de la cooptación en Colombia; es una construcción a partir de los elementos que sus autores presentan, por lo cual, la propuesta de noción de corrupción aparece por primera vez en innova.

consistir también en legitimidad, prestigio u otros valores apreciados; y, especialmente, la mala fe que abona la prevalencia de la satisfacción personal al bienestar colectivo.

Conceptos adyacentes a la corrupción Aunque la corrupción sea un fenómeno que se caracteriza, entre otras cosas, por ser oculto, los avances en las políticas de control han logrado algunos resultados que modifican su accionar. Si bien la corrupción hace uso de las reglas establecidas para encontrar aplicaciones favorables a sus intenciones, se ha llegado a un nivel más elevado en el que esta pretende modificar el ordenamiento político o jurídico, de forma que las nuevas disposiciones los beneficien directamente, envolviendo su maniobrar en un manto de legalidad. Esta figura se conoce como cooptación. » 31

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Empero, la Real Academia de la Lengua Española define la cooptación como la acción de «llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella», 5 esta nueva acepción de cooptación puede entenderse como las: (…) acciones ejecutadas por una persona o un grupo para influir en otras personas, grupos, instituciones o comunidades, con el propósito (sic) que estos piensen, decidan o se comporten de una manera que les es impuesta, en beneficio de intereses lícitos o ilícitos que no le son propios, desconociendo preceptos éticos o normativos establecidos o aceptados por la sociedad, generalmente en contravía del interés colectivo. Estas acciones alteran las formas usuales de relaciones e interacciones al desplazar los mecanismos democráticos, modifican las reglas de mercado e inciden en dinámicas sociales (IEMP, 2011, P. 71).

A partir de esta noción, las instituciones internacionales encargadas de hacer estudios y formular lineamientos para combatir la corrupción desarrollan, a su vez, instrumentos conceptuales que ayudan a comprender la realidad de algunos países; 6 y es gracias a ello que organizaciones como el Banco Mundial reconocen el concepto de «Captura del Estado» 7 como la etapa en 5 Diccionario de la lengua española. 6 Sobre todo en países latinoamericanos y de Europa occidental que se encontraban en procesos de transición hacia la democracia y a la economía de mercado. 7 El Banco Mundial la define literalmente como «la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público o privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno, para su propio beneficio o resultado de provisiones ilícitas y no

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la cual la cooptación se ha generalizado en distintas instituciones públicas, de manera que el ordenamiento se disponga en función de los intereses de quienes las cooptan. Así las cosas, una diferencia notable es que mientras en la corrupción clásica el ordenamiento, sus características y posibles vacíos permiten una aplicación diferenciada, en la captura del Estado la influencia sistemática sobre los actores institucionalizados pretende la formulación de normas nuevas. El enfoque económico que el Banco Mundial le imprime al término reduce la captura del Estado a una actividad sistémica de cooptación por parte de firmas empresariales del sector privado, lo que motiva al economista colombiano, Luis Jorge Garay Salamanca —después de observar y analizar estas prácticas en el país— a ampliar el espectro de actores que pueden utilizar la cooptación como recurso. Precisamente, la necesidad conceptual de considerar la posibilidad de que grupos armados ilegales, por ejemplo, capturen al Estado para lograr beneficios predeterminados produce la noción de «Reconfiguración cooptada del Estado», entendida como: La acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas no necesariamente ilegales, buscan modificar el régimen político de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de reglas de juego y de políticas públicas, con miras a obtener beneficios para transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos» (Banco Mundial, 2000; citado por IEMP, 2012, P. 79).

Revista Semana. Recuperado el 25 de noviembre de 2013 de http://www.semana.com/nacion/articulo/la-bacrimpolitica-(...)

Cátedra Carlos Mauro Hoyos

«La acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas no necesariamente ilegales, buscan modificar el régimen político de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de reglas de juego y de políticas públicas, con miras a obtener beneficios para su propio provecho y de manera sostenible, así como a lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar social». La captura y reconfiguración cooptada del Estado. (Garay, 2008).

su propio provecho y de manera sostenible, así como a lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar social (Garay, 2008, P. 96; citado por el IEMP, 2012, P. 80).

Al incorporar actores alternativos a países con particularidades propias, es posible encontrar que la manipulación en la disposición de las normas vaya hasta, incluso, lograr un estado de impunidad generalizada8 (IEMP 2012, P. 34). 8 A propósito de ello, se alude como ejemplo el caso del proceso de desmovilización paramilitar que, a través de la influencia sobre la formulación de la Ley de Justicia y Paz, se buscaba un reconocimiento político que resultara en un tratamiento benévolo en el juzgamiento de las actividades de estos grupos.

Los tres conceptos mencionados, construidos a partir de formas sofisticadas de corrupción, cada vez son menos identificables. Desde luego, los inconvenientes y consecuencias sobre el bienestar, la utilización de los fondos públicos, la obtención de licencias o concesiones y, en general, la economía, son de consideración; y no solo en ese ámbito, socialmente las consecuencias también son corrosivas a largo plazo, tanto ética como políticamente. Así como la cooptación se hace extensiva a varias instituciones del Estado, la cultura de la corrupción se expande en la sociedad en un proceso degenerativo progresivo.

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Cátedra La corrupción como problema político La corrupción, por sí misma, presenta un problema metodológico al tratar de esclarecer, genéricamente, las razones por las que se llega a estas prácticas. Rayaría en el simplismo relacionar causalmente el bajo nivel social y de desarrollo de algunos países con la aparición de la corrupción; suele ocurrir que en el campo de lo económico, con endémicos efectos sobre el establecimiento político, empresas multinacionales de estados considerados avanzados recurren a sobornos, cuando no a recursos más ignominiosos, en naciones institucionalmente débiles para obtener beneficios de su actividad. Lo cierto es que en países constituidos democráticamente —ya sea porque así se autodenominen o por que a ello aspiren—, la corrupción tiene efectos graves para su consolidación. Por antonomasia, la democracia 9 concibe prácticas deliberativas entre los ciudadanos de manera que las disposiciones de orden constitucional propongan las instancias de participación, o como mínimo de delegación, para posibilitar la materialización en políticas de los intereses generales a través de las instituciones (Martínez, 2004, P. 663). En consecuencia, la aparición de prácticas que beneficien a sectores particulares de la sociedad representan una amenaza al propósito mismo de la democracia, a saber, la búsqueda del bien común, al excluir tácitamente a quienes tengan intereses distintos al de los agentes corruptores. En esta dirección, podría hablarse de una relativa separación entre el mandato de los ciudadanos y el accionar estatal. La voluntad general, que en términos operativos debe delegarse en representantes y funcionarios, pareciera no ser correspondida por estos cuando los intereses no son los de la sociedad en su conjunto, de manera que existe una racionalidad diferente 9 Eminentemente la democracia liberal, por encima de las otras concepciones de democracia como la popular, por ejemplo.

entre los actores estatales y la comunidad. A este respecto, el libro Anatomía de la cooptación en Colombia aplicó la teoría de la agencia de la economía a la política, de forma que se considere cómo la existencia de una racionalidad propia de los políticos se va forjando como producto de la ausencia de controles de la ciudadanía hacia las acciones de estos, en función de las labores delegadas 10 (IEMP, 2012). La corrupción, en últimas, deriva en un grave problema de legitimidad en términos políticos. Las consecuencias de ello radican fundamentalmente en la creencia de que «la forma de conseguir acceder a derechos es entrando en las redes de corrupción, con lo que se generaliza en el sistema y se convierte en parte de la normalidad; (…) el voto tiende a sostenerse sobre bases de interés personal y directo en que un determinado patrón siga en el poder, no sobre principios de compromiso cívico y cercanía a unas ideas» (Villoria, 2006, P. 78). Así mismo, «la sociedad se envilece políticamente, pues usa el voto para promocionar intereses particulares y directos, y no para buscar el bien común» (Villoria, 2006). Se pone de relieve, entonces, que el problema de la corrupción, por lo menos en lo que respecta a la vertiente política, implica un deterioro de la legitimidad de las instituciones y del sistema democrático; y va más allá, teniendo en cuenta que distorsiona la concepción misma de la democracia, a la vez que constituye una razón de separación entre la sociedad y el Estado, olvidando la máxima de ponderar, ante todo, el bien común y no el particular. Para Manuel Villoria Mendieta, en términos de moralidad y como punto de referencia para comprender la naturaleza de los actos corruptos, la fortaleza y consolidación de los sistemas democráticos determinan un escenario que reduce 10 Es en virtud de ello que los estados comienzan a implementar la rendición de cuentas y demás mecanismos de transparencia, buscando acercar la gestión de la Administración pública a los ciudadanos.

la corrupción, por lo que en este tipo de regímenes el respeto de los derechos humanos se antepone tácitamente. En contraste, las democracias débiles, o los regímenes distintos a las democracias liberales donde no hay respeto por los derechos humanos y en los cuales los funcionarios públicos operan según tal principio, moralmente no pueden ofrecer las garantías y posibilidades de servir al interés general (Villoria, 2006, P. 129). El inconveniente más peligroso, y que a la vez representa un reto para la sociedad y las instituciones, es lograr que la población no se acostumbre, ni se acoja a los modelos institucionalizados de corrupción, sino que sea ella misma quien propicie el cambio de forma que el panorama muestre perspectivas de transparencia y no de degeneración absoluta de la política.

Referencias bibliográficas -

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Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP). Anatomía de la cooptación en Colombia. Bases de una línea de investigación. Bogotá D. C., Ediciones IEMP. (2012). Garay Salamanca, L. J. La captura y reconfiguración cooptada del Estado. Bogotá D. C., Grupo Método, (2008); citado en IEMP, «Cooptación del Estado y agencia pública», en Anatomía de la cooptación en Colombia, Bogotá D. C., (2012). Bobbio, N. Contribución a la teoría del derecho. Valencia, (1980); citado en Salem Seña, J. «El concepto de corrupción», en La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. PP. 21-35, Barcelona, Gedisa (2002). De la Garza Toledo, E. «Neoinstitucionalismo, ¿opción ante la elección racional? Una discusión entre la Economía y la sociología». Revista Mexicana de Sociología. PP. 163-203. (2005). IEMP. «Cooptación del Estado y agencia pública», en Anatomía de la cooptación en Colombia. PP. 15-38). Bogotá D. C., (2012). Martínez, M. A. «La representación política y la calidad de la democracia». Revista Mexicana de Sociología. PP. 661-710. (2004). Salem Seña, J. «El concepto de corrupción», en La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. PP. 21-35. Barcelona, Gedisa (2002). Villoria Mendieta, M. «¿Por qué hablar de corrupción hoy? Importancia y efectos, en La corrupción política. PP. 72-92. Madrid: Síntesis. (2006).

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1 Acta de reunión Comité de Condecoraciones del IEMP del 21 de octubre de 2013.

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El director del IEMP con los galardonados. En la foto (izq. a der.) Miguel Álvarez-Correa Guyader, Darío Castillo Sandoval, Christian José Mora Padilla, Hernando Correa Peraza, Adolfo José Mantilla, Jaime Mejía Ossman, y los jefes de las divisiones de Capacitación e Investigaciones del IEMP, Carlos Humberto García Orrego y Luis Enrique Martínez Ballén, respectivamente.

La viceprocuradora general de la nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, resaltó la labor del IEMP y de quienes recibieron la distinción del Mérito a la Excelencia Académica e Investigativa. Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

En el año 2012, mediante Resolución 247, el IEMP instauró como una de sus actividades anuales el reconocimiento a los servidores que hacen parte de los programas de capacitación e investigación, así como de personalidades u organizaciones académicas externas a la entidad, que aportaron en el último año a los objetivos estratégicos del Instituto y de la Procuraduría. Las condecoraciones del Mérito a la Excelencia Académica, Investigativa y especial, reguladas en el 2013 a través de la Resolución 223, fueron entregadas el pasado 19 de noviembre, en el Club Militar de Bogotá, en ceremonia presidida por la viceprocuradora general de la nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo. Le acompañaron en la mesa principal el director del IEMP, Christian José Mora Padilla, la secretaria general de la Procuraduría, Lorena Cuellar Cruz, y los jefes de las divisiones de Capacitación y de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos, Carlos Humberto García Orrego y Luis Enrique Martínez Ballén, respectivamente. Los más destacados formadores e investigadores de las redes creadas por el IEMP sobresalieron, entre otros criterios contemplados por el comité, gracias a los aportes y colaboración prestada a la unidad académica de la Procuraduría en este año; asimismo, por su contribución en la generación de recursos para dar continuidad a los programas del Plan Operativo Anual (poa) del Instituto y por compartir el conocimiento mediante la publicación de artículos o libros de interés para el ministerio público, entidades gubernamentales y la comunidad. La categoría especial permite entregar la distinción a las personas naturales o jurídicas «que hayan prestado servicios importantes al país, en el área académica, científica y cultural».1

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Integrantes de las redes de formadores e investigadores condecorados por el IEMP

Invitados a la ceremonia de condecoración hacen parte de las redes de Formadores e Investigadores del IEMP.

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La secretaria general de la Procuraduría, Lorena Cuellar Cruz, también hace parte de la Red de Formadores del IEMP.

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Miguel Álvarez-Correa Guyader, reconocido con el Mérito a la Excelencia Investigativa del IEMP. Desde el 2008 es director de la revista Rostros & Rastros, indexada por Colciencias.

Darío Castillo Sandoval, fue uno de los postulados por el jefe de División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP, Luis Enrique Martínez Ballén, para recibir, en la categoría de investigador externo, el galardón. Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

El Mérito a la Excelencia Académica se entregó a Jaime Mejía Ossman, por destacarse como docente «en el área de Derecho Disciplinario»,4 con una calificación de 97.4% otorgada por los participantes en los eventos en que ha sido formador. Adicionalmente, el comité resalta la activa colaboración del docente «en la relatoría de los congresos internacionales, constituyéndose en un colaborador invaluable en la labor del IEMP».5 El integrante externo de la Red de Formadores, Adolfo José Mantilla, también fue condecorado por destacarse en las «jornadas de reflexión y el Congreso Internacional de Contratación», y, especialmente, por el alto porcentaje de satisfacción (83.5%) obtenido en las clases de los programas de capacitación comercializados por el IEMP. El investigador emérito condecorado fue Hernando Correa Peraza por compilar la historia de la entidad que concluyó, en el 2013, con la publicación Procuraduría General de la Nación: 183 años representando a la sociedad colombiana.

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

La viceprocuradora general de la nación entregó la medalla de categoría especial al investigador emérito del IEMP Hernando Correa Peraza.

Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

En esta ocasión, Miguel Álvarez-Correa Guyader, coordinador del Observatorio del Sistema Penal Acusatorio y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del IEMP, obtuvo el galardón del Mérito a la Excelencia Investigativa por «haber logrado la indexación [en Colciencias] de la Revista Rostros & Rastros, bajo su dirección; la publicación de la obra “Caminantes del asfalto”, la publicación en proceso de la obra “Siembras de tierra”; la consecución para Colombia de la sede del Congreso Iberoamericano de Psicología jurídica para el 2014; y, las distintas alianzas con instituciones como el Ministerio de Justicia y la Fundación Antonio Restrepo Barco que permiten la realización de investigaciones de interés común con recursos compartidos».2 En la categoría de investigador externo el comité seleccionó a Darío Castillo Sandoval, «en consideración a su participación dinámica y constructiva en los proyectos que adelanta el Instituto de Estudios, como: “Prospectiva del cooperativismo”; dirección de la obra publicada sobre “Cooperativismo e internacionalización”; (…) participación con un capítulo del libro “Modelos emergentes de la economía social y solidaria: el caso de colega”, con la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Economía y Educación; por la organización de la Semana de la Economía Solidaria con la Universidad Javeriana en la que hizo partícipe al Instituto de Estudios; y, por su aceptación al doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Lisboa». 3

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Luis Miguel Estrada Cadena - IEMP

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El Mérito a la Excelencia Académica se entregó a Jaime Mejía Ossman por destacarse como docente en derecho disciplinario.

Los programas de capacitación comercializados por el IEMP han contado con Adolfo José Mantilla, integrante de la Red de Formadores.

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Al referirse a «grupos» o «tribus» juveniles, como expresiones de subculturas urbanas —la mayoría—, no se debe caer en el lugar común de limitar nuestra atención en la caracterización de la expresión de sus elementos materiales (vestuario, gustos, etcétera), o en menoscabar la importancia de sus motivaciones, resguardándolos en un lugar secundario de las construcciones sociales y comunitarias. Estos equívocos suelen ser comunes, tanto en el marco suramericano, norteamericano o europeo, y apuntan a menudo a una visión caricaturesca y parcializada de los jóvenes, de su quehacer, de sus logros y de sus pretensiones. (...) El retrato robot del fan heavy que encontramos con frecuencia (…) se corresponde con un perfil que lo resume a un chico adolescente, de clase baja y con un nivel de estudios muy básico. Pero a pesar de que una parte del público heavy pueda responder a ese perfil, la idea de equipararlo a la totalidad de sus seguidores es cuanto menos engañosa. (...) 1 El texto de este artículo corresponde a la introducción de la publicación Caminantes del asfalto. Tribus urbanas, culturas juveniles y política pública. Director del proyecto Miguel ÁlvarezCorrea G.; equipo central Mayra González R. y Víctor Mendoza P. PP. 9–13. Ediciones IEMP (2013). Para el público interesado, la obra impresa se encuentra en el IEMP.

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De esta manera, y por ese medio, se expresan posturas y peticiones puntuales, acordes con sus convicciones, sus propósitos «de vida» y la representatividad social de cada grupo. Con alguna frecuencia, estas situaciones asocian la música con la juventud (sin que conforme un referente exclusivamente juvenil), con valores tales como la innovación, el inconformismo y la independencia. Muchos jóvenes se articulan con una identidad que les permite relacionarse con el territorio (social y geográfico), un grupo de «amigos», etcétera. «El tipo de relación que los seguidores de heavy establecen con la música pone de relieve que la consideración de la música como algo más que un conjunto de productos sonoros (…) [es] una aproximación a la realidad de su consumo» (Martínez S. 2004). 3 Como es de esperarse, por ser en ocasiones contrarios o incómodos a otros intereses, sus propuestas no son

Caminantes del asfalto. Tribus urbanas, culturas juveniles y política pública. Director del proyecto Miguel Álvarez-Correa G.; equipo central Mayra González R. y Víctor Mendoza P. Ediciones iemp (2013).

La relación acrítica que se establece entre la música heavy y una masa juvenil —entendida como un grupo fácilmente manipulable desde una perspectiva sociológica simplista—, nos permite explicar en buena medida el vaivén en la percepción pública de los seguidores heavies: si unas veces son considerados como un grupo altamente conflictivo y peligroso, otras son percibidos como poco más que víctimas de estrategias fácticas de control social (Martínez S. 2004). 2

Las motivaciones de los jóvenes para participar de estas colectividades se originan en su inconformidad con algunos aspectos estructurales o culturales de la sociedad, en su voluntad de cambios, en las necesidades propias de las proyecciones de su sector etáreo, y en una amplia gama de factores que varían según el grupo, la región y los elementos personales. 2 Martínez. «Heavies: ¿una cultura de transgresión?». Estudios de Juventud n.º 64. P. 75. México 2004.

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Íbid.

Cortesía Universidad Konrad Lorenz.

Los grupos de jóvenes y la «sociedad mayor», no tienen siempre los mismos imaginarios en el marco de la interpretación y de la proyección del desarrollo del diario vivir. Este antagonismo es, en ocasiones, entendido de forma errónea o es ignorado por parte de las administraciones de turno, o simplemente se constituye en letra muerta. El presente aparte también clarifica los alcances [de la investigación] y demás aspectos metodológicos de interés.

Carátula de Caminantes del Asfalto - Diseño de portada Diana Chacón - IEMP

Identidades juveniles, entre el estigma social o la aceptación 1

El 22 de octubre, con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, el IEMP realizó el lanzamiento de la publicación y socializó los resultados más relevantes. Estuvieron presentes la decana del área, Claudia Caycedo; el director del IEMP, Christian José Mora Padilla; servidores públicos y estudiantes interesados en el tema. En la foto el director del proyecto Miguel Álvarez-Correa G.

sistemáticamente escuchadas y/o respetadas por parte de los estamentos estatales y/o de la sociedad civil, en términos generales. Ante la indiferencia y el desconocimiento se han generado brechas que han facilitado su «satanización», la generación de preconceptos y la creación de percepciones negativas con respecto a su misma condición. «(…) uno ve a los muchachos con sus pintas y su música, pero no podría decir que realmente uno sepa quiénes son ellos y qué quieren; es frecuente que al creer entender el significado, nos damos cuenta que estamos equivocados» (docente universitario de Medellín). Concepto que se ve confirmado de manera justificada por un sector de esta misma población «Los auténticos heavy metal (…) no son anarquistas, no son delincuentes, no son asesinos, no son escoria de la sociedad y no tienen que ser discriminados» (Martínez S. 2004). A título de ejemplo, el rock conforma para la mayoría mucho más que un género musical; es un fenómeno social que, por su naturaleza, trasciende lo meramente artístico, ya que «el rock es música, es baile; pero también es postura ante la sociedad, es estética y al mismo tiempo es ideología en un sentido amplio» (Di Marco 1997, en Urbaitel P.S.F.). 5 A los ojos del joven se adquiere el rótulo de «héroe» al encaminar sus acciones para traspasar el límite de lo prohibido, de ir más allá de lo que permite la sociedad, reflejando de este modo la «necesidad imperiosa de idear figuras que indiquen el camino a seguir» (Urbatel P.S.F.). 6 Institucionalmente, aspectos como estos se ven en ocasiones reflejados en algunas de las solicitudes de apoyo allegadas al Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), 7 provenientes de administraciones municipales o de centros educativos, abogando por capacitaciones «para prevenir el crecimiento de 4 Respuesta de «un muchacho de diecinueve años» en la «encuesta realizada por el Departamento de Musicología del csic en una muestra representativa de los centros de educación secundaria de Barcelona en otoño de 1995. 5 Urbatel P. Adolescencia, tribus urbanas y cultura joven; algunas reflexiones acerca de las características de los alumnos del nivel medio. Anuario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales P.S.F. (s.f.) 6 Íbid. 7 Íbid.

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Mónica Vega Solano - IEMP

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La investigación del IEMP escogió a «algunos grupos de jóvenes (...) en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá (...)» para «establecer el alcance, las ausencias y fortalezas de la política pública en materia de juventud dispensada por cada una de los municipios en mención a los jóvenes tribales». Caminantes del asfalto. Tribus urbanas, culturas juveniles y política pública, (2013). En la foto grafiti en la localidad de La Candelaria, Bogotá D. C. Autor desconocido, marzo de 2013.

las tribus urbanas» o «brindar una mejor orientación» a la comunidad y a los funcionarios en «la lucha en su contra» (correspondencia institucional 2010 – 2012). Dichas peticiones llaman significativamente la atención, por cuanto resulta notorio que la mayoría de las veces son impulsadas desde una preconcepción negativa de las culturas juveniles que se expresan, entre otros, por medio de «grupos de jóvenes», de «tribus urbanas», y por el deseo genuino de dar manejo a determinadas situaciones «preocupantes» o «incómodas», sin que se visualice la naturaleza de los impulsos que conducen a los jóvenes a conformar estos grupos. Sin importar la intencionalidad de las súplicas realizadas, estos son espacios de innegable importancia que deberían aprovecharse para potenciar los aspectos positivos de las asociaciones de jóvenes, en particular cuando estos se han organizado de manera estratégica, con propósitos concretos; adecuadamente orientadas, son determinantes para impulsar la participación de los jóvenes en la construcción y en el desarrollo de las políticas públicas elaboradas en su beneficio. Desafortunadamente, en la práctica cotidiana, pocas veces existen lineamientos locales ajustados con estas características frente a ello, y de existir, tan solo ocasionalmente se cumplen a cabalidad.

En resumidas cuentas, se trata de «deberes» y de «derechos» que el Estado ha de propugnar y fortalecer. Es notorio observar con alguna frecuencia cómo la sociedad pretende alcanzar una «incorporación a como dé lugar» de los jóvenes, dejando invisible su derecho a decir no a la escuela, no al trabajo, no a la política, bajo sus actuales expresiones, como espacios tradicionales de participación y de inclusión para la producción y reproducción de la vida social, afectando en muchos escenarios la posibilidad de generar cambios, de impulsar nuevas dinámicas sociales y culturales. (…) Pensar la participación de los jóvenes exclusivamente como un problema de exclusión o marginación de carácter económico, estructural, al margen del análisis cultural, pospone o aleja la posibilidad de someter a crítica reflexiva un proyecto que no parece capaz de resistir más tiempo. Colocar el asunto en estos términos sería equivalente a pensar que más policía, más armamento y mayores controles son suficientes para contrarrestar la inseguridad (…) creciente en nuestras sociedades (Reguillo R. 2004). 8 8 Reguillo R. «La preformativa de las culturas juveniles. Estudios de Juventud n.º 64. PP. 49 – 56. México 2004».

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Innova 

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Coaching profesional, estructura de competencias personales Mauricio González Ruiz1

El coaching o entrenamiento, consiste en la guía y acompañamiento que un profesional implementa conjuntamente con una persona, cuyo propósito es ayudarle a alcanzar objetivos, de manera efectiva, de acuerdo con sus deseos y capacidades, mediante el diálogo y ejercicios prácticos ajustados al contexto específico. 
El coaching inició como una metodología de apoyo mediante la cual se clarifican valores, se manejan estímulos y planifican las acciones que condicionan el cotidicano vivir de las personas. La idea es hacer rendir al máximo nuestro potencial, establecer y alcanzar objetivos y convertirnos en magníficos jugadores de equipo. Los objetivos globales del coaching son desarrollar y potenciar lo mejor en cada individuo; mantenerlo concentrado y siempre consciente de las nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, que supere los obstáculos para cambiar las creencias de autosabotaje o autolimitación y conserve el equilibrio entre la vida privada y la profesional. 
La metodología tiene como base una relación en la que el coach o entrenador crea un contexto para el aprendizaje de nuevas formas de ser y hacer, necesarias para generar un cambio de mapas mentales; asimismo, «ve» posibilidades y la forma de poder ayudar —sin hacer el trabajo por el coachee— al cliente para lograr el resultado desde una óptica diferente. En desarrollo del entrenamiento es de suma importancia consolidar, en la estructura de la personalidad, los valores éticos, morales y jurídicos, como punto de partida para obtener los objetivos deseados; además, el desarrollo y operacionalización de la inteligencia emocional, es decir, el autoconocimiento y control de emociones, adquirir y consolidar la comunicación de calidad con él mismo y con los demás (inteligencia social). 1

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Conferencista/Coach Internacional Certificado (ITA).

Mapa mental general del entrenamiento Estructura de competencias personales Persona

5. Rol actual Persona

Persona

Universo

4. Proyecto de vida

3. Habilidades sociales

Persona

Una vez logrado este paso, lo siguiente es la configuración y desarrollo del proyecto de vida personal, ajustado a la esencia de cada cual y, finalmente, gerenciar y administrar los elementos indicados, de manera armónica, a fin de potencializar la posibilidad de alcanzar la meta propuesta mediante el sistema de creencias.

2 ESPIRITUALIDAD

1. Estructura axiológica

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PROPÓSITO IDENTIDAD CREENCIAS CAPACIDAD CONDUCTA CONTEXTO Para usar eficientemente esta herramienta, se inicia desde la base 1 formulándose preguntas. •• Contexto: ¿dónde, cuándo y con quién (es)? •• Conducta: ¿qué voy a hacer? •• Capacidad: ¿cómo hago tal o cual actividad implicada? •• Creencias: con base en el objetivo propuesto me cuestiono mi creencia, respecto a ese objetivo específico. •• Identidad: ¿quién soy?, en el sentido de la coherencia entre mis creencias y mi personalidad, ¿cómo me siento al respecto? •• Propósito: ¿para qué hago o quiero hacer, o convertirme en (…)? •• Espiritualidad: ¿este objetivo me lleva a mi autorrealización personal? ¿Es la

2. Desarrollo personal Persona

misión de mi vida? ¿Corresponde a mi pasión real? La interpretación es la segunda fase, es decir, de arriba hacia abajo, a fin de analizar si hay congruencia entre los distintos niveles o si es necesario ajustar alguno o algunos. Este recurso, usado apropiadamente, hará más factible la consecución de cualquier objetivo; eso sí, que sea ecológico, es decir, que sirva tanto al individuo que realiza el ejercicio como a los demás, en cuanto a que ayuda a satisfacer necesidades, sin perjuicios éticos, morales y/o jurídicos. Comenzar a usar la herramienta poco a poco nos permite notar cómo podemos ser más efectivos en la vida. Adicionalmente, es importante comprender la estrecha relación entre los sentimientos, el carácter y el instinto moral, pues condicionan los resultados que se obtienen en el transcurso de la existencia. SENTIMIENTO CARÁCTER INSTINTO MORAL Pregúntese, por ejemplo, ¿cuál es el contenido de mis sentimientos?, ¿cómo es mi carácter? y ¿cómo actúo y para qué?. Analice las respuestas con calma y continúe interrogándose en ¿cómo se relacionan entre sí dichos elementos?

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Para recordar, La alegría de leer La lectura a mi me ha enriquecido la vida de una manera extraordinaria (...)

Recuperada el 27 de noviembre de 2013 de htt p://wikimedia (...)

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura 2010

Mario Vargas Llosa, 1982.

Jaime Orlando Peña Ortiz Asesor despac�o procurador general de la nación O�icina de Planeación

Si quienes no lo hacen supieran a ciencia cierta la pérdida irreparable que ello significa para el conocimiento y el crecimiento personal, leerían. En innova, hago un reconocimiento al libro con el que mi generación aprendió, conocido como La alegría de leer; y, fundamentalmente, al ser humano excepcional que a finales de la década del 50, libro en mano y de la mano, llevó a sus alumnos del Liceo San Gerardo de Bucaramanga al universo infinito de las letras. Recuerdo hoy, de manera vívida, la figura delgada, cual Quijote sin mancha, los rizos de oro, mirada inteligente, sonrisa a flor de labios, el libro en sus manos, sin regaño alguno y siempre atenta para acompañar a quien se atrasaba en el curso. Nunca usó la famosa regla con que nos castigaban a quienes díscolos éramos, tarea que sí ejerció, y con propiedad, la insigne maestra y directora del liceo, Leonor Silva de Delgado,

número 16

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noviembre de 2013

quien murió no hace mucho a la edad de 104 años en olor de santidad seguramente, en la bella e histórica ciudad de Barichara, Santander. Agradecimiento infinito a la maestra que me enseñó a leer, quien dejó en mí la cuota inicial de lo que ha sido una entrega a las letras que acabará cuando termine mi periplo terreno. Un ser, igualmente excepcional, que incentivó en mí la lectura, fue el tío Álvaro Elpidio Ortiz Lozano, economista, abogado, políglota y secretario privado del general Gustavo Rojas Pinilla. Su presencia, en casa de la abuela, se revestía de solemnidad y, claro, traía consigo libros en diferentes idiomas y el periódico capitalino todos los días; los estantes de madera quedaban repletos de papel periódico al final de su estadía. Curioso, como era yo, tomaba libros en español y leía en ausencia de su propietario. Inicié mis lecturas con La María de Jorge Isaac; seguramente, quienes aprendimos a leer por aquellas calendas, devoramos la literatura de autores colombianos y universales que nos han permitido formarnos y, unos más que otros, han dejado una huella imborrable e indeleble, a tal punto, que creemos estar listos para escribir una novela y recrear todos los gratos recuerdos de la vida. Por estas razones, duele la estadística que evidencia el promedio anual de lectura en Colombia: dos libros; ¡horror de horrores!. En ese orden de ideas, ¿cuándo este país será próspero? Fácilmente se deduce que somos incultos. ¿Qué hacer, entonces, para que los colombianos lean? Indudablemente, motivar desde el hogar y las aulas. En entrevista al premio Nobel, Mario Vargas Llosa, 1 le preguntaron si le preocupó, en algún momento, que sus hijos entendieran su mundo a lo que respondió: «Me preocupé sobre todo de que fueran buenos lectores, que gozaran con los libros tanto como he gozado yo. Desde que eran muy niños esa fue una preocupación para mí muy importante, porque la lectura a mí me ha enriquecido la vida de una manera extraordinaria, y por eso quería compartirla con ellos». Finalmente, y como reflexión, algunos semejantes, bien sea por incultos o por su naturaleza, subvaloran al otro; por ello, se

desperdician talentos que aspiran a contribuir a ser y hacer mejores cosas donde se encuentren. Retomando la idea del artículo, quien lee y aprovecha lo leído está en condiciones de aportar, opinar, asentir, disentir —desde la sana crítica— y orientar. Recordemos que un país con educación se desarrolla con mayor rapidez y tiende a ser más equitativo. Agradezco al procurador y al director del IEMP por brindarme este espacio.

1 Revista Bocas, «Esa catedral llamada Mario Vargas Llosa», septiembre de 2013, edición número 23, PP. 26 – 34.

2 Recuperado el 27 de noviembre de 2013 de http:// circulodepoesia.com/nueva/2013/09/poemas-de-alvaro-mutis/

In memóriam Cada poema Álvaro Mutis (1923 – 2013) 2 Cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas en la cera letal de los vencidos. Cada poema un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche horadando los puentes sobre el río, cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos donde el día prepara sus hogueras. Cada poema un tacto yerto del que yace en la losa de las clínicas, un ávido anzuelo que recorre el limo blando de las sepulturas. Cada poema un lento naufragio del deseo, un crujir de los mástiles y jarcias que sostienen el peso de la vida. Cada poema un estruendo de lienzos que derrumban sobre el rugir helado de las aguas el albo aparejo del velamen. Cada poema invadiendo y desgarrando la amarga telaraña del hastío. Cada poema nace de un ciego centinela que grita al hondo hueco de la noche el santo y seña de su desventura. Agua de sueño, fuente de ceniza, piedra porosa de los mataderos, madera en sombra de las siemprevivas, metal que dobla por los condenados, aceite funeral de doble filo, cotidiano sudario del poeta, cada poema esparce sobre el mundo el agrio cereal de la agonía.

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Innova 

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Colciencias indexa la Rostros & Rastros del IEMP

Certificado el IEMP en acreditación de competencias a personas El 31 de octubre el IEMP recibió de la ONAC la acreditación como certificador de personas Jorge Luís Yarce Tamayo Comunicaciones IEMP

Jorge Luís Yarce Tamayo Comunicaciones IEMP

El Sistema Nacional de Indexación y Publicaciones Científicas y Tecnológicas Colombianas, en reconocimiento a la calidad editorial, técnica y científica de las publicaciones, ha incluido en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex ‒ ibn, a la revista Rostros & Rastros del IEMP. Colciencias pone de relieve el indexar las publicaciones periódicas en el sistema teniendo en cuenta que «el tipo de información recolectada se constituye en un centro de acumulación de los resultados de investigación que circulan en las revistas nacionales, contribuyendo así a la construcción de representaciones de las dinámicas de la producción científica nacional y alimentando la elaboración de políticas por parte de los mismos investigadores, de las instituciones o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, la estructuración, clasificación y análisis de la información poseída se constituyen en servicios de información especializada para la comunidad científica y para realizar estudios bibliométricos o con orientación histórica o sociológica». 1 La indexación en categoría c, representa un gran logro para la Procuraduría General de la Nación y, especialmente, para el IEMP, pues lo establece como referente de investigación en el ámbito académico y permite a la entidad, funcionarios e investigadores, dar a conocer la labor y resultados con el reconocimiento y aval técnico científico del ibn, ampliando su alcance y representatividad.

El IEMP recibió del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (onac) la «evaluación y acreditación como organismo de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la norma internacional iso/ iec 17024:2003». El pasado 31 de octubre, tras culminar todos los procesos de evaluación, auditoría y requisitos de la norma internacional, el Instituto recibió oficialmente la acreditación como ente certificador de personas, que lo pone al nivel de otras importantes instituciones del orden nacional. Específicamente, el IEMP ha sido acreditado para certificar las competencias laborales de las personas vinculadas con la Procuraduría General de la Nación en las áreas misionales del derecho disciplinario y la conciliación. Este logro se enmarca en la misión institucional del IEMP, y el plan estratégico 2013-2016 de la Procuraduría, buscando prestar nuevos servicios a la sociedad mediante la vigilancia administrativa y la defensa de los derechos constitu-

cionales, y surge como respuesta a una manifiesta necesidad de la entidad de cualificar el talento humano, en concordancia con el manual de funciones por competencias de la organización y en pro del cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. Con la acreditación, los primeros beneficiados en los procesos de certificación serán los servidores de las procuradurías regionales y provinciales; en conciliación, cerca de 60 funcionarios de Barranquilla, Bucaramanga y Cali han estado en los encuentros. De otra parte, a finales del mes de noviembre inició el proceso en la ciudad de Bogotá donde se espera la participación de 50 servidores de las diferentes áreas misionales. De acuerdo con lo proyectado para la siguiente vigencia, a partir del mes de junio de 2014, este servicio se extenderá a otras entidades del Estado y a la comunidad incrementando el alcance del programa. La Procuraduría y el IEMP continúan trabajando en la gestión de la calidad y la cualificación de los servicios para brindar a la sociedad soluciones acordes a sus necesidades.

1 Recuperado el 27 de noviembre de 2013 de http://scienti. colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf

En el próximo número espere nuevamente el Cruci innova en el espacio habitual. 40  »