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INFORME POLÍTICO ANTE LA COMISIÓN EJECUTIVA ANDALUZA IULVCA Humilladero, 19 de julio de 2013
Desde la clausura de la XIX Asamblea Andaluza de Izquierda Unida– Los Verdes– Convocatoria por Andalucía, incesantes han sido los acontecimientos políticos acaecidos en Andalucía y en el Estado que han tocado sortear en una situación de interinidad orgánica -que no política- a esta Dirección.
1. MARCO EUROPEO En el ámbito internacional, nada nuevo en las profundamente injustas políticas de la TROIKA (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) con los países del Sur, con las viejas recetas del FMI de los años 70 y 80, aplicadas en África y América del Sur respectivamente, de reducción del déficit sin consideración de la realidad social, privatizaciones masivas y debilitamiento del Estado, en un proceso de transferencias de la rentas del trabajo al capital. Estas recetas ya aplicadas en Grecia -”el presente de Grecia es el futuro de España”, nos decía Alexis Tsipras en su visita a Madrid-, nos están llevando al desmantelamiento del Estado, la reducción de la democracia a su mínima expresión, y la construcción de un nuevo modelo de sociedad y de lo que queda de Estado más neoliberal, más individualista, más privatizado, política y económicamente intervenido, que recibe financiación condicionada al cumplimiento de los preceptos arriba indicados. La política europea hacia el Sur se mantiene en la disciplina presupuestaria a pesar del coste social en forma de incremento de la pobreza, desempleo, desierto industrial y desmantelamiento del tejido productivo. La pérdida de soberanía en política financiera que supuso el Tratado de Maastricht, y desarrollada tras el Tratado de Lisboa, dificulta aún más cualquier impulso de salida a la crisis autónoma y diferenciada según el contexto de cada país. La reforma del artículo 135 de la Constitución Europea en septiembre de 2011 ejemplifica el inicio de un proceso constituyente que no se ha impulsado precisamente en el sentido en que se pretende desde nuestra formación política: mientras hemos
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teorizado sobre la necesidad de dicho proceso para la construcción de un nuevo modelo político, económico y social, otros ya lo han iniciado. La confirmación de la Comisión Europea, a través del comisario Almunia, de la necesidad de devolución de las ayudas a la industria naval desde 2007, refleja la determinación de la Troika para acabar con el tejido industrial en España, y también en Andalucía, -en este caso la repercusión sobre más de 85.000 empleos en el sector- revela la existencia de un modelo ya definido para centrar el modelo productivo en torno al turismo y el fortalecimiento de la frontera sur frente a África y simboliza, en la persona del comisario, las contradicciones de la socialdemocracia europea entre su implicación activa en el gobierno de la Unión Europea y su pretendida oposición a las políticas de recortes sociales y políticos de la Comisión en la que participan. Frente a estas políticas que alejan a la ciudadanía de Europa, la propuesta de IU en el ámbito europeo plantea con claridad un cambio radical de la actual arquitectura monetaria y política, con una ausencia clamorosa de codecisión democrática, y una apuesta por una política fiscal única, acompañada de compromisos sociales vinculados a cualquier construcción de un modelo europeo más social y menos estratificado entre un norte troncal y un sur de servicios y más periférico que nunca.
2. ESPAÑA: DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO EN UN CONTEXTO DE PODREDUMBRE INSTITUCIONAL Vivimos en un país fracturado socialmente, en profunda decadencia institucional y democrática, con un modelo -el bipartidismo- que hace aguas; un país con los índices más altos de desigualdad social de la UE, donde la fractura social se ha instalado para no irse: con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión, con unas políticas públicas desde el gobierno central que han reducido sustancialmente los recursos de protección social, tanto en su dimensión redistributiva como asistencial. Desde 2007 se ha incrementado un 30% la diferencia de renta entre pobres y ricos, cuyo incremento medio es siete veces superior a las rentas más bajas. La renta media per cápita de 2012 18.500 euros- es inferior, en capacidad adquisitiva, a la de 2001, y desde 2007 la renta media ha caído el 4% mientras los precios se han incrementado en un 10%. Somos más pobres y más desiguales. El desempleo aumenta en las personas paradas de larga duración (el 47% del total a finales de 2012, frente al 19% del mismo periodo de 2007), y la mayor dificultad para el acceso al subsidio de desempleo y ayudas
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complementarias acelera la bajada del poder adquisitivo de las capas populares del país y aumenta la exclusión social. Si añadimos a ello el deterioro del salario diferido, esto es, el recibido en especie o forma de servicios públicos: educación, sanidad y servicios sociales principalmente, nos encontramos con un escenario desolador en la normalización y extensión de la pérdida de derechos en un horizonte de un país privatizado, un Estado debilitado y una sociedad fracturada. Junto a ello, la futura reforma de las pensiones debilitará aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad -las personas mayores- y la reforma de las administraciones públicas apuntan a una reforma estructural que, de llevarse a cabo con éxito, provocará un irreversible debilitamiento del Estado, configurándose un modelo de servicios privatizados y una transferencia de recursos públicos a un nuevo orden configurado por un fortalecido sector privado en forma de oligopolio de servicios. En este sentido, la reforma de la administración local es el primer paso hacia esta refundación/demolición del Estado en forma de debilitamiento de las Entidades Locales, reducción de competencias, eliminación de los servicios de proximidad -de naturaleza más social- y privatización de los sectores estratégicos de gestión local, como el ciclo integral del agua. Si consiguen aprobarla, los Ayuntamientos democráticos serán una experiencia excepcional en la Historia de nuestro país. Existe una coherencia en las denominadas reformas estructurales que se están llevando a cabo: la reconversión de empleo público a través de despidos, amortización de puestos y prejubilaciones tanto en las administraciones generales -local, autonómica y central- como en el empleado docente y sanitario, en forma de transferencia al sector privado. La aprobación de la LOMCE o Ley Wert supondrá, además de la extensión del modelo educativo del gobierno madrileño al resto del Estado, una reconversión del profesorado público en favor del sector privado concertado: la oferta pública de empleo será sustituida por amortización de plazas a medio plazo que disminuya el sector público docente en favor de la contratación privada. La escuela pública como espacio de diálogo social y garantía de igualdad de derechos se debilitará en favor de una escuela segregada, elitista y regresiva, como lo simboliza el regreso a las dos titulaciones diferentes de la etapa obligatoria, que determinará el desarrollo académico y laboral, y por tanto social, del alumnado. Asistimos, pues, a una involución democrática y recentralizadora impuesta por el PP, que usa la crisis como coartada para desmantelar los servicios públicos y privatizarlos. En todo este contexto, la hoja de ruta del gobierno del Partido Popular se topa con nuevas informaciones sobre prácticas corruptas y financiación ilegal y masiva de dirigentes del propio
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partido a lo largo de los últimos 20 años: una corrupción estructural, sistemática, entre quienes dirigen y son teóricamente los garantes de la legalidad de este país y que hace que la corrupción, con prácticas y fórmulas mafiosas, se encuentren en las mismas entrañas del Estado. La implicación en hechos presuntamente delictivos del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, si se confirman las acusaciones hechas por quien ha sido miembro del equipo de dirección del Partido gobernante, sería el reflejo de la decadencia y podredumbre que se ha instalado en las altas magistraturas del Estado y que tiene en el ocultamiento de la militancia del PP del actual Presidente del Tribunal Constitucional un nuevo ejemplo. Ante estos hechos, se confirma que la estrategia del Consejo Político Federal, con la campaña “Rajoy dimisión”, era acertada tanto por las políticas de recortes, profundamente injustas y que están provocando dolor en amplias capas de la población, como por la ilegitimidad de un Partido que ha podido llegar al gobierno desde prácticas ilegales sistemáticas de financiación irregular de campañas electorales que han condicionado los propios resultados y la correlación de fuerzas de competiciones electorales claramente desiguales. La vinculación entre el modelo político, las políticas de recortes y la corrupción es indivisible. El circuito perverso de presunta financiación ilegal y construcción de grandes obras sin sentido explica que en nuestro país existan aeropuertos sin aviones, estaciones de trenes sin viajeros y autopistas sin automóviles. Hay corrupción porque hay corruptos y corruptores que sobornan y compran gobiernos, una oligarquía financiera e industrial sobre la que también debe ponerse el foco del debate. Los últimos acontecimientos provocaron una convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal el pasado lunes, 15 de julio, donde se constató que las denuncias de Bárcenas confirman la querella de IU y se adoptaron los siguientes acuerdos: a) Exigir la dimisión de Rajoy y del Gobierno y la convocatoria de elecciones democráticas. b) Actualizar el argumentario de la Campaña, en el que se incluya que gracias a IU está activada la querella de Bárcenas, sin la cual no se habría producido la declaración del pasado lunes. c) Articular una respuesta en la calle, antes de finalizar el mes de Julio, sobre la base de las organizaciones que pusieron la querella a Bárcenas, pero trabajando con el movimiento sindical, mareas, etc.
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d) Mandatar al Grupo Parlamentario a realizar las acciones simbólicas que considere en defensa de la dignidad parlamentaria y la exigencia de comparecencia del Presidente del Gobierno. e) Hacer simultáneamente acciones en el conjunto de Federaciones, pidiendo la dimisión del Gobierno. f) Realizar iniciativas parlamentarias (interpelación,…) exigiendo explicaciones al Gobierno de la financiación ilegal. g) Rechazar la presentación de una moción de censura, dejando la puerta abierta a propuestas de moción con características políticas especiales. h) Si la respuestas de Rajoy se dirigen a los mercados y la Troika, la de IU tiene que dirigirse a la ciudadanía, a la que hacemos un llamamiento a seguir movilizándose, ahora con más fuerza aún, para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de las elecciones para dar la palabra a nuestro pueblo. En coherencia con esta resolución han ido las declaraciones de la dirección andaluza ante estos asuntos y sobre la base de la citada resolución se desarrollarán las medidas que se adopten en la reunión de la Presidencia Federal que se celebrará el 20 de julio en Madrid. Debemos ser conscientes de que en este escenario IU se convierte en esperanza de la ciudadanía, como se refleja en la proyección del crecimiento electoral, y nuestra posición nítida en el debate político anima a mucha gente a rebelarse y no resignarse; en ese sentido nuestra sostenida acción política se amplifica y contagia a sectores antes reticentes a la movilización. IU molesta porque no encaja en el Pacto de Estado para una segunda transición, en el que se niega a participar, y porque defiende una ruptura democrática y anticapitalista. Porque mientras tanto, las políticas de recortes sociales continúan: LOMCE, reforma de las pensiones, la reforma de la administración local, una nueva reforma laboral más agresiva aún... De igual modo nuestra firmeza en las políticas de izquierda y la citada proyección de crecimiento como fuerza alternativa va a venir acompañada de juego sucio y mentiras programadas para aminorar ese crecimiento. La publicación de información falsa para atacar a Diego
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Valderas y deslegitimar nuestras políticas no ha hecho más que empezar. A mayor crecimiento y fuerza de IU, mayor será el intento de desprestigio a nuestra formación política a través de sus dirigentes más significados.
3. ANDALUCIA 3.1. RESISTENCIA Y REBELDÍA DESDE EL SUR En relación con Andalucía, el gobierno del Partido Popular, un día sí y otro también, ataca al gobierno de la Comunidad en forma de recursos al TC de las políticas de carácter más progresivo: las oposiciones a secundaria de 2012, la subasta de medicamentos, o el último de ellos presentado contra el Decreto-Ley de la función social de la vivienda, conocido como el Decreto antidesahucios, cuya aprobación por el gobierno y posterior ratificación por el Parlamento Andaluz -con la abstención del PP- supuso un halo de esperanza de que otras políticas no son solo necesarias, sino posibles. El impacto del Decreto ha trascendido las fronteras andaluzas y ha simbolizado como pocas medidas el elemento diferencial que supone el gobierno andaluz en comparación con las políticas del gobierno central y del resto de CCAA. Pero también ha reflejado una consecuencia en el ejercicio de la gestión del gobierno, hace un año impensable en el mejor de los supuestos: que toda política diferente que sale de la iniciativa del gobierno andaluz es atribuida a la presencia de IU en el gobierno, haya sido elaborada y propuesta por consejerías dirigidas por miembros de nuestra formación política -caso de la Administración Local, Fomento y Vivienda o Turismo y Comercio-, o por consejerías dirigidas por miembros del otro partido del cogobierno. Así, el Plan de Choque contra el empleo del año 2012, el Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social o la disminución de los conciertos educativos en Andalucía por primera vez desde la aprobación de la LODE en 1985 -por citar tres ejemplos significados- han sido percibidos por amplios sectores de la población y por los medios de comunicación como elementos que no se habrían producido sin la intervención de IU en el gobierno. Y de hecho consideramos que así ha sido. El recurso al Decreto antidesahucios, por usar el término popularizado, sitúa en su justa medida el sentido del gobierno andaluz como elemento de resistencia en la partida que se juega en el Estado. A pesar de las dificultades objetivas del contexto en que se ejerce la acción de gobierno, a pesar del entorno económico y financiero de extrema dificultad, y a pesar de las contradicciones que toda gestión política genera -máxime en estos tiempos y con esta correlación de fuerzas-, la percepción creciente de que el gobierno andaluz es una esperanza de que otras
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políticas son posibles resitúan estratégicamente el sentido de nuestra implicación en dicho gobierno, una decisión audaz, y una decisión inédita por el formato de consulta a la militancia que se hizo previamente. IU aplica lo que defendió en la campaña electoral de las Elecciones Andaluzas de marzo de 2012, se constituye en alternativa organizada, y se rebela ante la hegemonía neoliberal. Sólo el pueblo defiende al pueblo, por eso queremos tejer amplias alianzas con quienes vienen sufriendo una crisis que no han causado, por eso animamos a la sociedad civil organizada a que siga organizándose y movilizándose frente a los ataques del gobierno del PP. IU va a seguir apoyando a las organizaciones de afectados por las políticas neoliberales, de las personas desahuciadas, de “Stop desahucios”: solo con la organización de la sociedad civil, la solidaridad y la movilización resistiremos los envites de las élites capitalistas. El Gobierno de Andalucía debe continuar con su actitud no neutral y debe continuar prestando ayuda, asesoramiento y protección de la población en riesgo de desahucio a pesar de la suspensión cautelar del recurso; y presentar una Ley que garantice el uso social de la vivienda ante el Parlamento de Andalucía, para que el órgano de representación de la soberanía andaluza se pronuncie sobre esta norma, defienda la capacidad de autogobierno en materia de vivienda, y defienda políticas en favor de la mayoría social. En coherencia con lo anterior, la convocatoria de las concentraciones el pasado viernes, 12 de julio, ante las Subdelegaciones provinciales del gobierno central en las ocho provincias fue un buen principio para hacer ver nuestra capacidad de reacción con un gesto puntual de rebeldía y no resignación, y para dar a la sociedad andaluza un nítido mensaje de con quiénes estamos y ante quiénes vamos a seguir enfrentándonos. Pero sobre todo fue la apelación a defender algo que se ha conseguido y no se está dispuesto a renunciar: la capacidad de autogobierno en el ámbito de vivienda y los contenidos diferentes de acciones en alianza con esa mayoría social. Procede construir una Alianza Social del Derecho a la vivienda, que organice la movilización en defensa de las políticas de izquierda. 3.2. EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD Es innegable la hegemonía atroz que ejerce el neoliberalismo en Europa y en España, que lleva aplicando, en este sexenio de recesión, recetas ultraliberales cuya principal consecuencia es la privación de elementos fundamentales para la vida como el trabajo, la vivienda, la comida y los servicios públicos. Sus recetas neoliberales y su proceso “deconstituyente” han traído que haya ya una generación de andaluces y andaluzas que van a vivir peor
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que la anterior: 34,6% de paro, un 62% de paro juvenil. Las mujeres soportan con mayor dureza las políticas ultraliberales impuestas por la Troika y el gobierno del PP: más tasa de paro, más tasa de precariedad, mayor carga de cuidados y menos derechos civiles. Por eso es imprescindible seguir construyendo alternativa, desde la movilización y desde las instituciones. El debate sobre el Estado de la comunidad habría sido una buena oportunidad para hacer pedagogía a la sociedad andaluza sobre las razones de la situación económica y social de nuestra comunidad, el papel del gobierno central con respecto al autonómico, y las medidas que desde Andalucía se aprueban para salir de la crisis, teniendo en cuenta los condicionamientos normativos y las limitaciones competenciales. Habría sido un escenario que reflejara con claridad las fortalezas y debilidades del gobierno andaluz, y los retos, compartidos con la sociedad andaluza, para el próximo año desde la complicidad entre el gobierno y la calle. En una Andalucía con la tasa de desempleo arriba expresada, una población activa cualificada del 50%, un abandono educativo temprano del 28,8% y la tasa del riesgo de pobreza del 31,7%, las políticas de recortes del gobierno de Rajoy son no ya una amenaza sino la constatación de que con la actual política de la Troika no hay salida a la crisis, y eso hay que decirlo alto y claro para que ese diagnóstico permita entender a todo el mundo lo que está pasando: destrucción del modelo de cohesión social y recortes en la enseñanza o en la salud. Pero también habría sido el momento de decir que hay alternativa desde las políticas que generan esperanza en la mayoría social, como el citado decreto de la vivienda o la subasta de medicamentos, o la apuesta por la educación y empleos públicos. Sin embargo, el anuncio del actual presidente del gobierno andaluz de que no se volvía a presentar a las elecciones no pudo ser más inoportuno y menos respetuoso con el debate más importante del año parlamentario, junto con el de los Presupuestos. Ese anuncio oscureció todo el debate y desperdició la oportunidad de visualizar lo que de bueno se estaba haciendo en el gobierno, las dificultades con las que se encuentra en su acción política y la definición y resolución por seguir haciendo políticas diferenciadas. Tras el no debate de la Comunidad, un nuevo auto del juzgado que instruye el CASO ERE imputa a 18 antiguos altos cargos del gobierno y 2 actuales, ante lo que esta fuerza política actúa como lo viene haciendo: que se siga investigando hasta el final caiga quien caiga, que se acelere la instrucción que ya dura 3 años, que se asuman las responsabilidades que toquen, administrativas o penales, y que se devuelva el dinero robado. La
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firmeza de nuestro mensaje viene avalada por el recordatorio de las conclusiones del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación, cuyas conclusiones -que extendían la responsabilidad solidaria a todos los miembros del gobierno- solo votó Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, y contó con el voto en contra del PP y del PSOE, y por nuestra posición inequívoca de que en el consejo de gobierno no podrán sentarse imputados o imputadas. En este sentido, la ausencia desde entonces del Secretario de dicho consejo, a la espera de su recurso por su imputación, evidencia lo dicho y equilibra la presunción de inocencia y las responsabilidades de carácter político. Al respecto, debemos abordar en esta Ejecutiva la reflexión de que el cumplimiento del código ético de IU es una necesidad de carácter interno para fortalecer nuestro discurso político contra la corrupción y no debilitar eventuales contradicciones. Así, las imputaciones que se conviertan, en virtud de la propia instrucción, en procesamientos y provoquen inicio de juicio oral serán incompatibles con el ejercicio de responsabilidades institucionales. Aplaudimos que la administración andaluza se persone en este procedimiento como acusación particular para velar por los intereses de las andaluzas y andaluces y garantizar la recuperación del dinero sustraído, por eso nos opondremos con rotundidad a que la administración andaluza sufrague la minuta de la defensa de los imputados en este caso. Y en la lucha contra la corrupción no es menor la implicación que la cúpula del PP-A tiene en el caso de los sobresueldos de sus dirigentes principales, que los inhabilita políticamente; o la militancia antes aludida a este partido del actual presidente del TC, sobre el que solicitamos que el gobierno andaluz exija su inhibición ante los asuntos que conciernen a Andalucía, y así como que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía estudie la nulidad en actuaciones que han perjudicado los intereses de nuestra Comunidad Autónoma. La contundencia de la actuación en relación con el caso del Ayuntamiento de Manilva ha sido ejemplo de que en IULVCA no ha lugar a prácticas como las que se estaban haciendo en esa localidad, independientemente de las consecuencias jurídicas que tengan las mismas. Y en esa línea se deberá seguir actuando a la hora de abordar otros casos que existan en nuestra Comunidad. En la sociedad existe un clamor por que desde los partidos políticos se actúe con contundencia ante los casos de corrupción, y nuestra formación política debe seguir destacándose de manera diferenciada del resto. IULVCA mantiene como seña de identidad la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, y deberá ser coherente en esa ejemplaridad. La interlocución y el seguimiento del Acuerdo por Andalucía debe seguir abordándose en diferentes planos: el de la ejecución y cumplimiento así como la coordinación diaria a cargo, por nuestra parte, del
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Vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas; el del seguimiento de la hoja de ruta y abordamiento de las dificultades incidentales por el propio Vicepresidente y el portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Castro; y finalmente, el de la definición de líneas estratégicas, resolución de conflictos mayores y reconsideración de las estrategias de interlocución por otro grupo encarnado en la actual dirección andaluza, que incluye a los citados. Lo sucedido en el Debate sobre el Estado de la Comunidad sirve de ejemplo de lo que tiene que ser evitado, y para ello el marco de debate de los Presupuestos es una buena oportunidad para abordarlo de manera más horizontal, con flujo constante de información y pacto de los tiempos políticos.
3.3. PRESUPUESTOS 2014 En coherencia con lo anterior, es importante que cada paso que se asuma con los respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía (en adelante PJA) esté medido y participado con el grupo de trabajo creado para la misma a instancias del Consejo Andaluz, la dirección andaluza y los consejeros y consejera de IULVCA. Así, el escenario presupuestario viene precedido por la decisión sobre el TECHO DE GASTO para 2014, que lo debe aprobar el Consejo de Gobierno y que determina la elaboración de los PJA de manera casi definitoria. Por ello los tres representantes en el Consejo de Gobierno deben participar y codecidir en la decisión del techo de gasto, que suele aprobarse a finales de julio. Este año existen no obstante varias incertidumbres: a) la primera, relacionada con la envolvente financiera que determine el gobierno central en torno al porcentaje de déficit presupuestario, que reivindicamos en el 2,2%, desde el planteamiento solidario de reparto del esfuerzo de reducción del déficit entre todas las administraciones y no en una descarga unilateral del gobierno central sobre las cuentas autonómicas. Lo contrario supondrá una declarada intención de ahogar a las CCAA que llevan en su presupuesto el cuerpo básico de los servicios públicos más importantes: Educación, Salud y Servicios Sociales. b) la segunda, la relacionada con los Fondos Europeos (FFEE en adelante), cuyo Marco Financiero para el periodo 2014-2020 aún no está cerrado definitivamente. Una vez aprobado, quedarían el criterio de distribución entre las CCAA que hace el gobierno central, y las prioridades de asignación interna dentro del gobierno andaluz, asunto este que debe ser abordado en la negociación política vinculada al PJA.
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c) y la tercera y específica de la Consejería de Fomento y Vivienda, la relacionada con la deuda de programas que afectan a la ciudadanía y que requieren de una prioridad en la negociación política del PJA. Junto a estas incertidumbre, existe una certeza: a pesar de la asfixia a la que somete el PP a Andalucía, mantenemos el esfuerzo por garantizar la educación y sanidad públicas como eje transversal de preservación del modelo público de servicios, lo que nos diferencia de las políticas de otras CCAA. Y proponemos varios elementos de acción y negociación: el estudio del sector público como condición previa a cualquier eventual debate sobre el mismo -no es posible negociar lo que no se conozca con detalle-; el gasto fiscal de la propia Junta de Andalucía, y la reasignación de programas presupuestarios, vinculados especialmente a inversiones y programas de empleo, entre consejerías, en la que tendría un papel preponderante la de Administración Local y Relaciones Institucionales. Es momento de que desde IULVCA seamos propositivos sobre los objetivos del PJA 2014 y decir qué queremos y qué defendemos. Todo esta marco debe abordarse sin más premura para que la negociación política condicione la elaboración técnica del presupuesto, y no al contrario, por lo que resumidamente deben abordarse los siguientes aspectos: a) Techo de gasto b) Tratamiento globalizado de la deuda c) Criterios de reparto intersectorial de fondos d) Reparto, en su caso, de los Fondos Europeos e) Transparencia y flujo permanente de información prespuestaria f) Compromiso de optimización y mayor aprovechamiento del Sector público andaluz.
4. PROPUESTAS DE TRABAJO Para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2013, la Ejecutiva andaluza de IULVCA concreta en las siguientes propuestas las claves de acción política para la organización:
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1) Campaña en defensa del Decreto de la función social de la vivienda. 2) Jornadas de Banca Pública. Será una jornada de carácter técnico político, cuya clausura debe abrirse a un acto público que potencie las conclusiones. 3) Jornadas sobre Banco Público de Tierras (se adjunta documentación). 4) Renta Básica, inicio de interlocución con agentes sociales y económicos. 5) Seguimiento de la Campaña “Rajoy dimisión”, con mayor seguimiento y control de la intendencia para hacerla más visible y efectiva en Andalucía. 6) Presencia de la dirección andaluza en los consejos provinciales y sus direcciones colegiadas. 7) Debate sobre política presupuestaria en Andalucía. 8) Campaña en defensa de los Ayuntamientos democráticos y contra la reforma de la administración local. 9) Definición de la estrategia en política municipal hasta 2015. 10) Campaña de crecimiento organizativo: afiliación, constitución de asambleas y debates públicos y directos con la sociedad civil.
5. REFLEXION FINAL. Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía ha culminado un proceso asambleario ejemplar donde la política y la responsabilidad colectiva de esta organización han permitido enviar un mensaje nítido de servicio y utilidad a las andaluzas y los andaluces. Seguimos caminando y avanzando, desde las instituciones donde somos gobierno -municipal o autonómico-, y donde somos oposición; así como desde la calle y el contacto y complicidad permanentes con la sociedad civil organizada para construir la alternativa y la esperanza de un verdadero cambio político, social y económico, conformado en el Bloque Político y Social. Nuestra estrategia central pasa por la movilización y la acumulación de fuerzas para disputar el poder y ser una fuerza hegemónica y alternativa en torno a
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cuatro ejes: nuevo modelo europeo -con las actuales políticas monetarias no es posible realizar políticas de izquierda-; regeneración democrática desde la ética política; alternativa democrática contra los recortes; y defensa de Andalucía y su autonomía frente al inmovilismo recentralizador. La sociedad espera de nosotros que estemos a la altura de lo que la izquierda andaluza nos demanda: elaboración programática, propuestas sólidas y diferentes a lo existente, y cohesión política llena de generosidad y entrega, en lo que siempre ha destacado esta organización. Dando lo mejor de nosotros, recibiremos también lo mejor de la sociedad a la que servimos. Si somos grandes y pensamos en grande, creceremos. Dependerá, pues, en gran medida de nosotros y de la corresponsabilidad e implicación en el trabajo en unos tiempos que nos exigen estar al cabo de la calle como posiblemente nunca antes desde la fundación de Izquierda Unida. Y a ese compromiso colectivo la militancia va a responder con creces. Andalucía lo merece.
“¡A la calle!, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.” GABRIEL CELAYA
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