INFORMACION GENERAL

Lunes 10 de enero de 2011

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NARCOTRAFICO Y ESCANDALO s DEFINEN LA SITUACION DE LOS DETENIDOS

Habría nuevas detenciones en España Continuación de la Pág. 1, Col. 5 do tanto en esa operación como en otras ya realizadas”. Si bien la defensa de los hermanos Juliá no pudo confirmar ni desmentir la participación de empleados de El Prat, sí reconoció, en cambio, que el férreo y celoso secreto de sumario podría deberse “a que el juez necesite ordenar nuevos arrestos” para poder avanzar en su investigación y decidir si los procesados deben permanecer detenidos o, llegado el caso, puedan recuperar su libertad. En este sentido, el abogado que defiende a los argentinos arrestados, Santiago Giménez Olavarriaga, señaló que “las únicas novedades que pueden esperarse”, dentro del secreto de sumario, “tienen que ver con que pueda haber nuevas detenciones” en España, la Argentina, y en México, que, de acuerdo con la información proveniente de las filtraciones procesales, también aparece vinculado con esta causa por narcotráfico. “Fuera de esta posibilidad, todo lo que nos queda esperar es que se produzca el levantamiento del secreto de sumario, que puede tardar días, semanas o meses. Por lo tanto, las posibilidades de que haya novedades se remiten exclusivamente a la existencia de filtraciones del proceso, como sucedió hasta ahora”, señaló el letrado. La falta de una versión oficial por parte de la policía española, que prefirió mantener una estricta reserva sobre el caso ante las reiteradas consultas de LA NACION en esta ciudad, hizo que la información proveniente de filtraciones aparentemente producidas en la Argentina también generaran distintas versiones. Uno de esos puntos es la fecha de comienzo del operativo que produjo los arrestos de Miret y los hermanos Juliá: una fuente allegada a la investigación consultada por este diario reveló que la droga “fue descubierta sólo en El Prat por los perros de policía especialmente entrenados”; otras versiones indicaron que la justicia española ya tenía en su mira al trío argentino desde hacía semanas e, inclusive, desde hacía varios meses. Sobre este punto, y sustentando su opinión en otros operativos, Giménez Olavarriaga parece acercarse más a la primera hipótesis. “Por el tiempo que está llevando el secreto de sumario, yo deduzco que está operación se está investigando ahora, que están tirando del hilo en este momento. Y esto es un indicio de que la veda de información oficial va a extenderse más”, afirmó. El abogado también recordó que “hay muy pocos elementos” que se pueden dar por ciertos, contrariaramente a lo expresado en varios medios argentinos, donde el fin de semana se habló de una “inminente” expedición de la justicia española sobre la situación de los argentinos detenidos. “Hoy todo lo que sabemos es que hay un avión con droga, que fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el aeropuerto. No sabemos todavía si el vuelo tenía como destino final Barcelona, o si iba a otro lado. Eso, teóricamente, sólo lo debería saber el juzgado”, afirmó Giménez Olavarriaga, quien el sábado último también había denunciado desprolijidades en la custodia del secreto de sumario por parte de la Guardia Civil española.

El avión Challenger 604 que fue secuestrado en Barcelona ARCHIVO

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GUSTAVO JULIA

EDUARDO JULIA

PRESO EN BARCELONA

PRESO EN BARCELONA

Es el dueño del avión que arribó el domingo 2 del actual al aeropuerto de El Prat con un cargamento de 940 kilogramos de cocaína; fue gerente financiero del PAMI entre 2002 y 2003.

Es piloto de aviones. Habría sido una de las personas que comandó el avión en donde se escondían los 940 kilogramos de cocaína; la Justicia analiza sus conexiones con otros casos de narcotráfico.

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Cuando la sospecha se viste de rojo

    







 


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EL ESCENARIO

La duda es dónde fue embarcado el cargamento de droga DANIEL GALLO LA NACION Un vuelo con advertencia policial de “código rojo” y un piloto con múltiples investigaciones judiciales en sus espaldas parece una combinación inadecuada para probar suerte con 900 kilogramos de cocaína. Para los investigadores argentinos, la droga tenía asegurado un canal de salida confiable en alguno de los dos aeropuertos europeos de aterrizaje. En Barcelona o en Amsterdam, alguien haría pasar el cargamento. No sería entonces una ruta nueva. Resulta más extraño que ni en España ni en la Argentina fuerza de seguridad o juzgado alguno se adjudique el triunfo por el golpe al narcotráfico como resultado de una investigación. Los trascendidos afirman que el avión de los hermanos Juliá provocó sorpresas aquí y allá. ¿Casualidad o delación? En la detección de drogas siempre hay un poco de azar y otro de informes no judicializables. El envío de narcóticos desde nuestro país a Europa no es novedad. El Reino Unido notificó el año pasado por canales informales a autoridades argentinas que el 70 por ciento de la cocaína en Londres tiene a la Argentina como punto de partida. Por lo general, el despacho de drogas a las islas británicas se triangula

con paradas en España u Holanda. Así es que resulta constante el flujo de estupefacientes entre nuestro país y Europa. Ese conocimiento de situación general no evita que aumenten las preguntas frente a casos concretos. Y en el secuestro producido en el aeropuerto El Prat surge una duda fundamental: ¿en dónde el avión cargó la droga? Los investigadores argentinos apuntan a la escala en la isla africana de Cabo Verde. El informe anual del Departamento de Estado norteamericano señala a ese territorio como un plataforma de lanzamiento de cocaína hacía Europa. El antecedente se suma a la afirmación local sobre una exhaustiva requisa del avión antes de partir de Ezeiza. Fuentes vinculadas con la causa abierta aquí indicaron que la aeronave fue “peinada”. Se colocó sobre ese aparato una mayor presión que lo habitual. El periplo y antecedentes del piloto Gustavo Juliá –investigado años atrás por su función como gerente financiero de PAMI y mencionado en actuales casos de narcotráfico– llevaron a emitir el “código rojo”, una alerta no oficial (ver aparte). Revisar la aeronave más que de costumbre fue, entonces, una acción “por las dudas”, sin que hubiera un dato concreto sobre el potencial trá-

fico de drogas. El mensaje también se pasó a Europa. En Barcelona, el avión ya no estaba limpio. No deja de ser importante que se defina sin dudas el punto de carga de la droga. Si la cocaína hubiera sido introducida en la Argentina del caso de narcotráfico –uno más entre tantos– podría pasarse a un escándalo mayor. Es que ese aparato tiene su estacionamiento en la base aérea militar Morón. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) permite desde este año que compañías aerocomerciales usen esas instala-

Los detenidos podrían llevar a otro caso Southern Winds si la droga despegó de la Argentina ciones de la Fuerza Aérea. Hijos de importantes brigadieres fallecidos, los tres detenidos podrían llevar a otro caso Southern Winds –cuando valijas con cocaína descubiertas en España provocaron una crisis política– si la droga despegó de la Argentina. De esa base militar, la aeronave pasó a Ezeiza. Se reitera que allí se asegura que nada se encontró.

Otro dato lleva a los investigadores a confiar en que la droga se colocó en Cabo Verde: el uso de un avión recientemente adquirido. La empresa Medical Jet opera hace años con Lear Jet 25, cuya autonomía de vuelo alcanza los 2500 kilómetros. Insuficiente rango de vuelo para llegar a Cabo Verde sin varias escalas previas. Los más de 7000 kilómetros de alcance del Challenger 604 permitía llegar a esa ex colonia portuguesa situada a unos 6000 kilómetros de Ezeiza. El avión fue comprado apenas unos meses antes de este viaje. El rastreo de sus vuelos previos, mediante su matrícula, permite advertir que en septiembre pasado esa aeronave sólo hizo vuelos internos en los Estados Unidos, en octubre no cumplió actividad y en noviembre partió de Fort Lauderdale rumbo a Buenos Aires. Si la droga no fue embarcada en Buenos Aires, el nuevo avión sería el “flete” que suelen contratar los traficantes. Por ahora, la información con la que cuentan los investigadores apunta a viajes previos de los hermanos Juliá a España, en líneas comerciales. En la cartera de Seguridad, la ministra Nilda Garré ya pidió tanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como a la ANAC todos los reportes sobre los vuelos de Medical Jet.

El avión había sido revisado en Ezeiza RICARDO LARRONDO LA NACION A las 20.37 del 1º de enero, el Bombardier Challenger 604 comenzaba a despegar de la pista 17/35 del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. El plan de vuelo que allí registraron las autoridades indicaba que el lujoso jet ejecutivo de fabricación canadiense aterrizaría primero en el archipiélago africano de Cabo Verde, luego en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, y finalmente en Schipol, Amsterdam. Justamente se alertó a la policía holandesa que partía de Buenos Aires un avión con código rojo. Pese a que existen convenios diplomáticos y tratados jurídicos recíprocos entre países para combatir y prevenir delitos, cuando se trata de sospechosos en vuelo, esos mecanismos legales suelen demandar algunos días, tiempo suficiente para que los buscados puedan cruzar de un continente a otro y esfumarse. Es por eso por lo que en el ámbito de las policías que operan en los principales aeropuertos del mundo existe una ley no escrita, un código “moral” de alerta, para dar aviso ante un inminente aterrizaje sospechoso. El código amarillo suele aplicarse cuando un tripulante o pasajero ha tenido actitudes sospechosas antes de embarcarse; el código naranja se establece cuando el personaje en cuestión, en caso de que no posea antecedentes judiciales, ha sido visto en el aeropuerto con sujetos vinculados al ámbito delictivo. El código rojo corresponde a la máquina en la que viajan personas que tienen en trámite causas penales importantes: ése fue el caso de Gustavo Juliá. “El avión matrícula norteamericana N600AM tenía código rojo y se lo revisó todo, hasta los neumáticos, y estaba limpio”, dijo ayer a LA NACION un importante funcionario de seguridad gubernamental. El mismo informante fue contundente, al afirmar: “Sólo eran tres los ocupantes del avión Challenger 604. Estaban declarados como tripulantes los hermanos [Gustavo y Eduardo] Juliá y José Miret. Esta no fue la primera vez que a esos tripulantes se les ha puesto el código rojo a su vuelo”. Se supo que a El Prat habían llegado los tres tripulantes citados y una cuarta persona –que tal vez se haya embarcado en Cabo Verde–, quien declaró ante el juez y quedó en libertad. Hasta anoche, nadie sabía quién era ese enigmático cuarto pasajero.

LOS LLAMAN “REFUGIADOS ECOLOGICOS”

Son ucranianos, viven junto a una iglesia y se niegan a dejar el lugar Llegaron hace una década y una parroquia los recibió, pero ahora deben irse y no saben adónde FERNANDO MASSA LA NACION Se dicen refugiados ecológicos, hijos de Chernobyl. Alentados por un convenio migratorio firmado en 1994 que les otorgaba visas de trabajo, llegaron de Ucrania a la Argentina en busca de un futuro mejor, lejos de las secuelas del accidente nuclear más grave de la historia y de la crisis económica que dejó el fin de la perestroika. Muchos de ellos fueron recibidos por la iglesia Santa María del Patrocinio en Buenos Aires, del barrio de Floresta, que les dio alojamiento en las habitaciones linderas a la iglesia durante años, a cambio de una módica contribución mensual. Pero ahora todo llegó a su fin: la iglesia ha decidido disponer de esos terrenos y las 32 familias ucranianas que hoy viven allí se verán obligadas, tarde o temprano, a dejar el que por años fue su hogar. “Lo que necesitamos es tiempo para encontrar algo. En uno o dos meses, como pretenden ellos, no se puede”, dice a LA NACION Lesia Paliuk, ucraniana, de 48 años, que vive con sus dos

hijos en una de las tantas viviendas pertenecientes a la iglesia, con salida a la calle Ramón Falcón, a metros del cruce con Mariano Acosta. Lesia es presidenta de la Asociación Civil de Migrantes y Refugiados de Europa Oriental, Oranta, creada en 2003 con el fin de ayudar a la integración de aquellos que llegaron a la Argentina huyendo de la tragedia de Chernobyl o de las guerras provocadas tras la disolución de la Unión Soviética. Según explica Olga Kyrylova, también integrante de Oranta, a través de la asociación se han inscripto en el plan de viviendas nacional para “encontrar algo y no quedar en la calle”, pero después de años de espera aún no han obtenido ninguna respuesta, porque existen “otras prioridades”. Contra 16 de esas familias se tramita un expediente por desalojo en el Juzgado Civil N° 62. “Siempre nos dijeron que nos tendríamos que ir, pero nunca nos dieron un plazo. Iniciaron directamente un juicio sin avisar nada a nadie”, dice Lesia. El acuerdo entre las familias y la Iglesia se hacía sobre la base de

contratos de comodato –como uno de julio de 2007 que exhibe Lesia a LA NACION–, por medio de los cuales los beneficiarios recibían una habitación para su uso y goce, aunque dichos préstamos tenían el carácter de “precarios”, lo que implicaba que no estaban sujetos a plazo alguno y que la Iglesia se reservaba el derecho de requerir la restitución del inmueble en cualquier momento.

Convenio de convivencia Un convenio de convivencia exige a los residentes el pago de una suma mensual que, según Lesia, ronda hoy entre los 350 y los 500 pesos. Lesia dice que la situación es más complicada para algunas personas mayores y tres discapacitados que residen allí. “Se les complica para solventar los gastos porque no consiguen trabajo; no sólo por su edad o los problemas que tengan, sino también porque casi no hablan el idioma”, dice. Entre ellos se encuentran Tatiana Tkash y su marido, Nikolas, de 61 y 59 años, respectivamente, que llegaron a la Argentina en 1999. Vivir en Ucrania a 80 kilómetros de Chernobyl ya significaba un peligro para su salud,

pero a eso se sumó la crisis económica que se desató después de la caída de la perestroika. Tatiana habla muy poco castellano y le pide a Olga que traduzca. Cuenta que trabajaba en una fábrica de ladrillos, pero que con la crisis cerró y la despidieron. Ya en la Argentina, se instalaron en Berazategui, donde consiguieron trabajo en una quinta de una familia de renombre. Pero Nikolas tuvo un accidente mientras arreglaba un techo y hoy debe movilizarse en silla de ruedas. LA NACION quiso comunicarse con las autoridades de la iglesia, pero desde la administración informaron que sólo lo hacen a través de su abogado, David del Carpio. Según el abogado, las habitaciones solían utilizarse para los seminaristas, pero luego se les dio el espacio a los inmigrantes ucranianos por caridad. “El 95% están por comodidad. La mayoría están perfectamente insertados, hay sólo dos o tres personas mayores. Es verdad que unos años atrás la iglesia les cobraba un bono contribución, pero hoy ellos no aportan nada, ni en lo espiritual ni en lo económico”, afirma.

FABIAN MARELLI

El grupo de inmigrantes ucranianos que busca un nuevo lugar