10 | política económica

| Jueves 26 de Junio de 2014

la crisis de la deuda | una negociación compleja el escenario

Un mensaje a tres bandas que encuentra su límite Carlos Pagni —LA NACIoN—

E

l genial director Alberto Ure solía enseñar una técnica del teatro inglés que obliga al actor a conversar con tres interlocutores al mismo tiempo sobre distintos temas. El enredo produce, por sí mismo, chispazos de humor. Ure hacía notar que Alberto olmedo lograba ese prodigio sin saberlo, cuando bromeaba con Javier Portales, Silvia Pérez y Miseria Espantosa en el sketch de Álvarez y Borges. Cristina Kirchner está exhibiendo la misma habilidad. Sólo que, en su caso, el chiste nunca llega. Su posición frente a la deuda desconcierta a los mercados, que se entusiasman con la promesa de pagar y, al rato, se retraen por el presentimiento de un default. Esa ciclotimia no se justifica porque el Gobierno sea zigzagueante. Lo que sucede es otra cosa: la Presidenta se ha propuesto satisfacer con un mismo discurso a tres audiencias diferentes. Uno de los destinatarios de la retórica oficial es la propia clientela. La que viene “bancando este proyecto nacional y popular”. El kirchnerismo ha confiado, más que otras corrientes, en que los conflictos condensan identidades colectivas. Desde la frustrada segunda vuelta de 2003, en la que Néstor Kirchner era lo “no Menem”, jugó un ballottage imaginario con la dictadura, con el campo, con el Fondo, con Clarín, con las “corporaciones”. Los holdouts ocuparon un renglón principal de ese inventario de enemigos con los que no se podía transigir. Patria o buitres Un negocio para ambas partes: los holdouts acumularían intereses en un juzgado y el Gobierno cobraría la polarización en el campo electoral. Esa demonización de los holdouts no suponía que se les ganaría el pleito en lo de Thomas Griesa. La hipótesis de Cristina Kirchner fue que si el juicio se perdía, sería después de su mandato. Es decir, quien reconocería los derechos de esas aves de rapiña sería el mismo que se encargaría de devaluar, de ajustar las tarifas, de subir la tasa de interés, de reprimir los salarios o de blanquear la inflación. Pero también en relación con esta deuda Cristina fue víctima del tiempo. El populismo se inventó para disfrutar del poder en períodos más breves. Mientras promete a su feligresía que seguirá siendo obstinada, la Presidenta también tiene que salvar otro aspecto de su administración. Porque, además de no haber cedido ante los “buitres”, el kirchnerismo fue el adalid del “desendeudamiento” con “la quita más grande de la historia”. ¿Por qué renunciar a ese mérito y reintroducir al país en las cavernas del año 2001? Cristina Kirchner se dirige también a quienes esperan cobrar sus bonos el 30 de junio. Les explica que la cláusula pari passu con la que los holdouts se garantizan el reconocimiento inmediato de la sentencia pone en riesgo las reestructuraciones a escala internacional. La defensa más reciente de ese criterio fue publicada anteayer por Martin Wolf, columnista estrella del Financial Times, para quien la limitación a los derechos de los holdouts representaría un salto civilizatorio similar al que dio Gran Bretaña en 1689, cuando se formuló el concepto de bancarrota y los deudores dejaron de ser encerrados en mazmorras. Estos argumentos son saludables, pero tardíos. La diplomacia local debería haberlos desarrollado cuando todavía no había una sentencia. Pero prefirió jugar al alicate. Además, Wolf consigna un detalle que a veces se olvida: la exasperante severidad con que los jueces custodian los derechos de los acreedores mejora las condiciones de endeudamiento de países con malos antecedentes. Dicho de otro modo: cuando se emitieron los bonos bajo jurisdicción de Nueva York, la literalidad con la que los tribunales de esa ciudad interpretan los contratos fue un subsidio para la tasa de interés que pactaba la Argentina. La discusión tal vez se vuelva más ardiente. El arbitraje del Ciadi en el reclamo de los bonistas italianos, a pesar de que no incluye la cláusula pari passu, inaugura otra controversia conceptual. Es inédito que el tribunal del Banco Mundial equipare la compra de un bono a una inversión real en otro país. ¿Hasta qué límite el Estado receptor debe custodiar el valor de esa inversión? ¿Es posible ahora que un especulador financiero demande a un gobierno porque con

sus desaguisados deterioró el valor de los títulos? ¿Cuáles son los parámetros objetivos para evaluar una política fiscal? Algunos de estos problemas fueron expuestos ayer por Axel Kicillof en la oNU. Allí habló para la tribuna imaginaria de los bonistas reestructurados y de los Estados que defienden sus reestructuraciones frente a minorías de “buitres”. No llegó a hablar de jueces extorsivos. No amenazó con cambiar de jurisdicción. No repitió “no pasarán”. Esa fórmula de Kicillof, que nació en la I Guerra Mundial y popularizaron los republicanos españoles, no podía ser más adecuada. Porque, en su fonología intransigente, historiza una derrota. El pintor Ramón Puyol, que la transformó en emblema de la defensa de Madrid, dijo haber descubierto su valor “cuando todo era irremediable”. Es decir, cuando ya se había dictado la sentencia. Cristina Kirchner está obligada a relativizar su épica. El mensaje a su base electoral y el mensaje a los que entraron a los canjes debe convivir con un tercer mensaje, dirigido al juez y a los holdouts. Para ellos habló el viernes pasado, en Rosario. Tal vez Kicillof le recordó el consejo de Lenin, quien teorizó como nadie sobre el valor de las consignas: “Siempre deben dimanar del conjunto de peculiaridades de cada situación política”. En nombre de la soberanía nacional, en el mismo palco donde, hace dos años, había prometido ir “por todo”, la Presidenta suprimió la diferencia entre “buitres” y “reestructurados”: “Queremos que se cuide al 100 por ciento de los bonistas”, aclaró. La traducción de esta arenga pacifista hay que buscarla en las declaraciones de los abogados que patrocinan a la Argentina ante Griesa. Allí se dirigen “respetuosamente a Su Señoría” para declarar “voluntad negociadora”. Daniel Scioli, Miguel Galuccio, Juan Carlos Fábrega festejan. Necesitan un acuerdo porque su éxito depende de que baje la tasa de interés. Anteayer se preveía una reunión entre Kicillof y Daniel Pollack, el abogado al que Griesa encargó la ejecución de la sentencia. Jorge Capitanich la desmintió, así que tal vez se realice. Pollack está, junto con su esposa, entre los juristas más prestigiosos de Nueva York. Se especializó en litigios financieros ante la Corte. Sus clientes son fondos de inversión. Típico vecino del Upper East, vive a walking distance del Metropolitan Museum, al que destina sus pulsiones filantrópicas. Su entrevista con el ministro de Economía podría representar un choque de civilizaciones. Pero un abogado argentino que lo conoce bien corrige: “La reunión puede ser simpática, porque Daniel verá en Axel al muchacho idealista que él era cuando tenía 16 años”. Kicillof y el Special Master Kicillof participará de todo el trámite sin ponerse una corbata. Con esa informalidad y su discurso jacobino, intenta disimular el papel que le asignaron en el ocaso de la década ganada: comenzar a pagar la fiesta, sin negociaciones. Por eso alrededor de Pollack hay un malentendido. No es, en sentido estricto, un mediador. Su rol, special master, está descripto en la regla 53 del Código Procesal norteamericano: es el encargado de ejecutar sentencias de difícil cumplimiento. Sin embargo, la norma abre una hendija a la pretensión de Kicillof cuando dice que el special master “preside las negociaciones del arreglo”. La Presidenta y el ministro están en busca de la cuadratura del círculo. Para satisfacer a sus seguidores deben evitar que los holdouts cobren sin hacer concesión alguna. Pero si negocian alguna concesión, un plazo, por ejemplo, activan la cláusula RUFo, que ampara a los bonistas reestructurados. Para salir de ese dilema Cristina Kirchner debería quebrar el último tabú. Podría tomar US$ 1500 millones en el mercado, a una tasa inferior al 8%, y saldar al contado la sentencia de Griesa. Ya no negociaría una ventaja con los holdouts, sino con el banco que da el crédito. Terminaría, eso sí, con el mito del desendeudamiento. Una encerrona a la que tarde o temprano puede llegar por la crisis de reservas. Mientras tanto, ella intentará seguir hablando a la vez a tres audiencias. Pero está condenada a traicionar a una primero. A sus propios electores. Es el drama del líder que se queda sin recursos.ß

Forcieri pidió postergar su indagatoria porque está dedicado a los fondos buitre El representante argentino en el Banco Mundial fue mencionado en el caso Ciccone como gestor de Boudou para salvar la imprenta; Lijo decide hoy si pide su captura Hernán Cappiello

Un juez en la encrucijada

El representante de la Argentina en el Banco Mundial Guido Forcieri, quien se encuentra actualmente en Washington, volvió a pedir a la Justicia que posponga la fecha de su declaración indagatoria en la causa en la que está acusado de ser cómplice del vicepresidente Amado Boudou en la apropiación de la imprenta Ciccone. El funcionario argumentó que no podía concurrir a declarar hoy, fecha para la que estaba citado, por encontrarse abocado al problema de los fondos buitre, entre otros asuntos. El juez federal Ariel Lijo decidirá hoy si admite estas razones para postergar, otra vez, su declaración hasta el 11 de agosto, como pidió Forcieri; si fija una nueva fecha o si, como ya anticipó, pide su captura internacional. Esta última opción, de pedir la detención del funcionario radicado en Washington por un caso de corrupción, implicaría un papelón internacional, pues Forcieri es además representante de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay ante el Banco Mundial. Esta alternativa no sería práctica, dado que el tiempo que transcurriría entre su detención y extradición sería mucho mayor que los dos meses que faltan para el 11 de agosto, para cuando Forcieri dice que puede declarar. La decisión puede condicionar el calendario del caso Ciccone, donde el juez ya está dispuesto a resolver la situación de los acusados, incluido Boudou. La previsión es que el fallo se conozca antes de la feria judicial que se inicia el 18 de julio. Si esto es así, la resolución de la situación de Forcieri quedaría para más adelante. Forcieri es un allegado a Boudou que trabajó en la Anses cuando el vicepresidente comandaba el organismo, y de la mano de su amigo se encumbró en el Banco Mundial. Aparece asociado a empresas de allegados a Boudou, incluido José María Núñez Carmona, también imputado en el caso Ciccone. Forcieri quedó complicado en la causa luego de la declaración del alto funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner. El jefe de la delegación Salta del organismo dijo que Forcieri en 2010, cuando era jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, lo convocó a su oficina para explicarle la importancia que le asignaba el Gobierno al salvataje de Ciccone, ahogada por sus problemas fiscales. Dijo que le presentó a Núñez Carmona, como si fuera funcionario de Economía, encargado de solucionar el asunto. También complicó a Forcieri el ex jefe de la Casa de Moneda Ariel Rebello, a quien el ex jefe de gabinete de Boudou le habría dicho que no iba a tener los avales para modernizar la

lijo debe tomar una decisión sobre la citación de Forcieri

LA NACIoN

b Lijo había citado a indagatoria a Forcieri para hoy, pero el funcionario dice que está ocupado en negociaciones de la deuda; el juez puede ahora posponer la audiencia o pedir su captura

guido forcieri representante banco mundial

b Trabajó en la Anses con Boudou, fue su jefe de gabinete en Economía y fue llevado por el vice al Banco Mundial; además, es socio de José María Núñez Carmona y en otras empresas ligadas al vice

Piden su suspensión al Banco Mundial bbbbb La legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña pidió al Comité de Ética del Banco Mundial que suspenda en sus funciones a Guido Forcieri como representante de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, dado la causa por corrupción que enfrenta. bbbbb En tanto, el legislador porteño Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-UNEN, pidió que el juez Ariel Lijo ordene su captura internacional. “Es evidente que Amado Boudou y todo su entorno, entre los que se destacan [José María] Núñez Carmona y Forcieri, tienen la misma estrategia: estirar los tiempos y dilatar la causa”, expresó.

Las evidencias b Forcieri advirtió a la Casa de Moneda que no iban a modernizar la planta. Sólo Ciccone podría imprimir billetes b Forcieri recibió en Economía a un funcionario de la AFIP y lo instó a salvar la imprenta; le presentó a Núñez Carmona

empresa. Según la acusación, la decisión obedecería a eliminar cualquier competidor de Ciccone para imprimir billetes, aun la empresa que tenía el monopolio estatal para hacerlo. En el escrito que presentó ayer Forcieri ante la Justicia, destacó que tienen “impacto directo en las tareas habituales” el acuerdo con el Club de París, la situación con los tenedores de bonos argentinos y el seguimiento que realiza el Fondo Monetario Internacional del Indec. La cuestión de los fondos buitre “se ha convertido en un asunto de discusión e información diario del Sr. Forcieri con y hacia sus colegas. En este tema, la preocupación es doble: primero, el riesgo que trae aparejado para el Banco en cuanto a la exposición financiera que guarda con nuestro país; y segundo, la preocupación de algunos accionistas que mantienen relación crediticia con la Argentina en forma bilateral o como miembros del Club de París”. Dijo que “no tiene forma de delegar” estos asuntos que “debe atender de manera informal”. A su descargo, presentado en los tribunales por su abogado Pablo Slonimski, Forcieri adjuntó docu-

mentos reservados y sensibles del Banco Mundial que incluyen parte de su ocupada agenda y que dijo que le impiden concurrir a Buenos Aires. Le pidió al juez que los guarde en su caja fuerte o los destruya. Argumentó Slonimski que estos problemas obligan a su cliente a “readaptar constantemente su agenda de trabajo y la intensifican profundamente”. Enumeró que el 1° de julio se trata el presupuesto general de 2015 del Banco Mundial, que el día anterior la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Jim Kim, y que luego deberá viajar a Nueva York al Comité Económico y Social de las Naciones Unidas. Recién estará disponible cuando el Banco Mundial entre en vacaciones de verano, el 11 de agosto, dijo. Señaló que “la intensidad del trabajo en estos temas” donde se da una “discusión mayormente informal”, entre los colegas del directorio del Banco Mundial y sus instancias gerenciales, hace difícil reflejarla en un escrito. Y añadió que además se hacen reuniones permanentes “bilaterales a puertas cerradas” entre integrantes del organismo.ß

Megacanje: la fiscalía pidió reabrir la causa contra ocho ex funcionarios de la Alianza Los sobreseyó la Cámara hace 20 días; el fiscal Moldes dijo que fue “arbitrario” Paz Rodríguez Niell LA NACIoN

Trece años después del megacanje, el fiscal general Germán Moldes pidió ayer reabrir la causa que investigó la responsabilidad penal de ocho ex funcionarios del gobierno de la Alianza y del banquero estadounidense David Mulford por aquella operación. Todos ellos fueron sobreseídos hace 20 días por la Sala II de la Cámara Federal; Moldes pretende ahora que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, revea esta decisión. Hoy, el único procesado que enfrentará un juicio oral por el megacanje es el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto, “pese a la cantidad de partícipes que tuvo la maniobra”, escribió ayer Moldes. Según su descripción, la Cámara sobreseyó de forma “arbitraria” a los agentes públicos que “instrumentaron” la operación; lista que incluye a Federico Sturzenegger, hoy diputado de Pro. Él y otros siete ex funcionarios

habían sido procesados el año pasado por el juez federal Sebastián Ramos, a instancias del fiscal Federico Delgado, pero ahora la Cámara Federal los sobreseyó a todos. Además de Sturzenegger, cerró las causas contra el ex asesor de Cavallo Horacio Liendo; el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, y el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen. Aquella lista incluía también a Norberto López Isnardi, ex director de Financiación Externa de la oficina Nacional de Crédito Público; Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro; Carlos Federico Molina, ex director de Crédito Público, y Guillermo Mondino, ex jefe de gabinete de asesores del ministro de Economía. Según la Cámara, el juez Ramos los había procesado sin pruebas suficientes. La semana pasada, por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner recordó el megacanje, describió su “fracaso” y criticó la falta de avances de la Justicia en estas investigaciones. Moldes, en su dictamen de ayer, definió aquel canje como una “colosal estafa”. Denunció que se repitió “un cuadro harto conocido: el maridaje entre funcionarios y asociaciones de privados que com-

2001

el año del megacanje Fue un canje de deuda por 50.000 millones de dólares

prometen, mediante la celebración de convenios ruinosos, la economía presente y futura del país”. Según el fiscal, cuando el tribunal sobreseyó a los acusados “no atendió a que se trata de actos de corrupción”, “sesgó la prueba” y “parcializó las responsabilidades que les caben a todos los funcionarios que han intervenido en este hecho”. Para Moldes, “todos los que aparecen nombrados han tenido parte e intervención en los hechos que desde los despachos públicos dieron amparo, visibilidad y cierta efectividad a la maniobra”. Moldes lo resumió en estos términos: “Tras una decisión de política económica del Estado existió una tramoya –previa, contemporánea y posterior a la suscripción del decreto 648/2001 [del megacanje]– que tendió a favorecer a ciertos amigos

de quienes llevaban adelante esa operación en nombre del Estado”. Los “amigos” en cuestión serían los banqueros que participaron del canje, que fueron investigados y están sobreseídos. Entre ellos, David Mulford, que representaba al Credit Suisse y tuvo un “rol preponderante” en la instrumentación de la operación por su relación con Cavallo. Mulford, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue citado a indagatoria por la justicia argentina y se le dictó una orden de captura internacional, pero jamás se presentó. A pedido de sus defensores, la Cámara lo sobreseyó el 5 de julio por prescripción. Esa decisión también fue recurrida ayer por Moldes. El argumento para desvincularlo del caso fue que Mulford seguía bajo investigación sólo porque uno de sus coimputados siguió siendo funcionario público (hay una regla que indica que mientras un acusado es funcionario no empieza a correr el plazo de prescripción en beneficio de él ni de sus cómplices); como ese funcionario quedó sobreseído, la Cámara sostuvo que la causa contra Mulford había prescripto. Para Moldes, no es así. La Cámara Federal deberá decidir ahora si le habilita a la fiscalía el camino a la Casación.ß