NOTAS

Lunes 28 de diciembre de 2009

Promesas para el año que está por empezar L LA NACION

P

ara volver al tema que muchas veces lleva y trae a maltraer (como observa el lector Alberto Morales por correo electrónico) a los hablantes, hay un oportuno comentario sobre la columna pasada en lanacion.com. Recuerda eduardoleonetti que “Radbruch decía que, dentro del campo de lo jurídico, un uso es o un derecho en cierne o bien un derecho en descomposición (o sea, un precepto que se está consolidando en la norma escrita, o una norma escrita que fue derogada y que sin embargo el uso sigue remitiendo a ella), siendo éste, tal como sucede en el lenguaje, un difícil equilibrio entre norma y uso. “Podemos ejemplificar esto con la acentuación de la palabra solo; la regla vigente dice que cuando se usa como adverbio y quiere decir «solamente» lleva tilde si hay riesgo de anfibología con el adjetivo solo; sin embargo vemos, aun en obras literarias y científicas de prestigiosos autores y respetables sellos editoriales, que no siempre se cumple con la regla, y lo que es peor, dentro de un mismo texto a veces se observa y a veces no. Es de lamentar que en el campo de la Justicia a veces ocurra lo mismo.” Lo interesante es que, con la maestría y precisión que la caracterizan y que tanto gustan a sus lectores, la profesora Lucila Castro envió esta respuesta al comentario anterior: “La norma jurídica puede ser contraria al uso (o el uso, a la norma) porque el legislador puede «inventar» normas. Por supuesto, una vez establecida la norma, o bien el uso se adapta a la norma, o bien la norma termina siendo derogada por el uso. Pero la norma lingüística no puede ser contraria al uso porque no hay un «legislador» (léase academia) que invente normas lingüísticas. La norma lingüística sale del uso de la comunidad de hablantes. Puede haber un precepto anticuado que se oponga al uso, pero en ese caso ya no es norma, pues ha caído en desuso. “No hay que confundir las reglas ortográficas con normas lingüísticas. La ortografía no es la lengua, sino una manera de representarla por escrito. En materia ortográfica, la comunidad hablante delega en un «comité de expertos» (léase academia) la tarea de perfeccionar el sistema de representación con miras a obtener una ortografía fonémica: una sola letra para cada fonema y un solo fonema para cada letra. Esto no es una tarea sencilla, aunque puede parecerlo. Por eso, a veces, cuando se advierte que se ha creado una regla errónea en contradicción con el sistema general, se da marcha atrás. Pero las normas ortográficas no son cuestión de uso y deben respetarse. Y si la gente no aplica la regla sobre la tilde de solo y los demostrativos, que tiene ya medio siglo, es porque no la conoce. Y no la conoce porque no se enseña. Y porque ciertas editoriales, en lugar de contribuir a difundirla, por contumacia insisten en el error.” Celebrar el lenguaje, cuidarlo de la manera recomendada o de otras muchas formas podría ser una buena propuesta para el año que está por comenzar. Algo así como las New Year’s Resolutions inglesas y algo muy cercano también a lo que propone la poeta y ensayista Ivonne Bordelois, en un precioso libro que se llama La palabra amenazada (Libros del Zorzal, 2003). Bordelois habla de intentar la “ecología” lingüística, para preservar, proteger y estimular el ser del lenguaje, y, entre otras estrategias, sugiere la siguiente: “Nos es necesaria la escucha atenta del lenguaje cotidiano, el prestar oídos a las novedades y hallazgos del habla coloquial e infantil y el recrearnos en el lenguaje como fuente de humor. Y siempre y ante todo, aproximarnos a la poesía como la zona más alta y misteriosa del lenguaje, la comprobación más certera de su fuerza mágica y de los mundos de energía y libertad que a través de ella nos habitan”. Desde esta columna, siempre hemos adherido a la “conciencia ecológica” del rescate de la palabra porque, como el mago todopoderoso de El nombre de la ballena, de Marcelo Birmajer (FCE, 2009), hemos comprendido que “en cualquier idioma se puede aprender a decir la palabra PAZ”. © LA NACION Graciela Melgarejo recibe los comentarios de los lectores por correo electrónico en [email protected]

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UNA REPARACION MORAL EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE LA PLATA

LINEA DIRECTA

GRACIELA MELGAREJO

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El último viaje de Damiana ALICIA DUJOVNE ORTIZ PARA LA NACION

PARIS A fotografía muestra a una jovencita desnuda, de rostro agradable pero enfermizo y expresión desconfiada, que esconde el brazo izquierdo detrás de la espalda mientras contiene el impulso de cubrirse con el derecho. No se requiere demasiada perspicacia para darse cuenta de que esta criatura tensa y alerta es víctima de un maltrato. Al leer unas notas firmadas por la antropóloga Patricia Arenas y por Fernando Miguel Pepe, este último coordinador del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias), enviadas por un amigo de La Plata, junto con la fotografía, supe que mi intuición había sido justa. Más tarde, la antropóloga Arenas, actual directora del Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán, a la que entrevisté en su calidad de descubridora de esta terrible historia, me dijo que, tanto ella como Fernando Miguel Pepe y sus colegas habían tenido idéntica impresión: el fotógrafo y el verdugo de esta chica era una sola y misma persona. Faltaba averiguar quién era. Fue una investigación que ellos desarrollaron con absoluto rigor, pero también con una rabia apasionada, indispensable, a mis ojos, para captar la medida de semejante verdad. He aquí la historia tal como Pepe y Arenas, entre otros, han logrado desentrañarla. En 1896, un colono de Samoa, en el Chaco paraguayo, encontró los restos de uno de sus caballos y no dudó un instante: los culpables eran los indios achés, malamente llamados guayaquis por las tribus enemigas. Junto con un pequeño ejército de paraguayos blancos, el colono atacó el campamento de los indios. Cuando éstos se dispersaron, en el claro de la selva yacían tres cadáveres (dos hombres y una mujer). Junto a éstos lloraba una nenita de dos años. Como era el día de San Damián, le pusieron Damiana. Un antropólogo holandés, Herman Ten Kate, fotografió a la nena y recogió, algo más tarde, los huesos de su madre, no para darles sepultura sino para estudiarlos con el desapasionamiento característico de su especialidad, en una época en que los criterios raciales servían para justificar la expansión colonial. Tiempo después, Damiana fue enviada a San Vicente para servir en casa de la madre del filósofo y psiquiatra Alejandro Korn. El Museo de Antropología de La Plata quedaba a un paso. Fundado por el perito Moreno –gran coleccionista de huesos indígenas que “alojó” en el sombrío edificio rodeado por un bosque a decenas de mapuches o de tehuelches, muchos de ellos conocidos caciques que murieron allí (en la actualidad el museo aún posee 11.000 huesos entre esqueletos)–, ese museo se había vuelto un vivero de antropólogos alemanes. El más conocido se llamó Robert Lehmann-Nitsche. Era amigo de Korn y de Ten Kate y gran investigador de nuestros mitos y de nuestras canciones folklóricas, en especial las picarescas, lo que sotto voce le valió el apodo de “el erotólogo”. Sabemos por su diario privado que Lehmann-Nitsche sometió a la niña a prolijos estudios antropométricos, basados en el modelo de una chica alemana de su misma edad. Patricia Arenas piensa que la tomó de conejillo de Indias desde muy pequeñita. Si su intención era probar la superiori-

dad de la raza blanca con esas mediciones, la niñez de Damiana no le dio el gusto: la indiecita no alcanzaba la altura física de una Gretchen, pero hablaba corrientemente el castellano y el alemán, y su inteligencia se desarrollaba con una normalidad casi apabullante. Todo se vino abajo durante la adolescencia de Damiana. A los catorce o quince años, la criadita dócil, aunque con súbitos arranques de rebeldía, no tuvo mejor idea que la de enamorarse. Desaparecía de la casa durante días enteros, invitaba al novio a su propio cuarto y, cuando la familia horrorizada le puso en la puerta un perro guardián, ella no vaciló en envenenarlo. ¿Qué cabía pensar? La decretaron loca y

Los restos fueron catalogados con el desapego de una época en la que lo racial servía para justificar la expansión colonial la internaron en el hospital psiquiátrico Melchor Romero, dirigido por Alejandro Korn. De allí procede la fotografía donde la chiquilina intenta en vano retraerse a la mirada del hombre de ciencia. ¿Era antropológicamente indispensable fotografiarla desnuda? “La libido sexual se manifestó en ella de una manera tan alarmante –escribió Lehmann-Nitsche– que toda educación y todo castigo de parte de la familia fueron inútiles. Ella se consagraba a la satisfacción de sus deseos con la espontaneidad instintiva de un ser ingenuo.” En todo caso, nadie, por mucho que la hubieran observado con lupa, se dio cuenta de que Damiana estaba enferma desde chica. Meses después de su internación en

el Melchor Romero, murió de una “tisis galopante” que ninguno de esos doctores supo prever. Lehmann-Nitsche se llevó su cadáver al museo, lo descarnó como siempre se hacía (la carne no se estudia, sólo el hueso), y apuntó escrupulosamente las proporciones de su cráneo, de sus extremidades y de su tercer dedo. La doctora Silvia Ametrano, directora del museo, me mostró la página en la que el científico anotó con su esmero habitual: “Entra Damiana”. Se refería a su despojo, es claro. A continuación ordenó que le serrucharan la cabeza, se enojó porque le hicieron el corte muy abajo y la envió a la Sociedad Antropológica de Berlín, donde su amigo Hans Virchow le hizo estudios de musculatura facial y de disección cerebral y donde todavía hoy se encuentra expuesta con un cartel que reza: “Cráneo de una india guayaqui de frente y de perfil”. Aché significa “las personas, los que hablan”. En la actualidad, los 1400 sobrevivientes de años de persecuciones, durante los cuales se los cazó como a bestias salvajes, se los privó de su selva natal y se los volvió esclavos, han creado una cooperativa avícola, se dedican a la preservación del medio ambiente, rescatan del olvido sus rituales y su religión (cada aché tiene un animal totémico que lo protege) y… exigen la restitución de los restos de Damiana. El delegado de su asociación, Linaje (Liga Nativa por la Autonomía, la Justicia y la Etica), se llama Emiliano Mbejyvagi. Un investigador francés de origen bereber, Philippe Edeb Piragi, ha sido adoptado por una familia aché y vive junto con ellos. Aconsejo vivamente a los lectores buscar la página de Linaje en Internet: si me sentí convulsionada ante la foto de la muchachita analizada en un laboratorio, no menos profundamente me conmoví ante las imágenes de esas mujeres de rostros

dulces y largas cabelleras con el flequillo recortado, que acunan a un bichito desconocido, minúsculo y trompudo, y de esos chicos que escuchan extasiados el relato de un viejo aché. Durante su estada en el Amazonas, Claude Lévy-Strauss, que acaba de morir a los cien años de edad, comprendió que cada pueblo del planeta ha estructurado su propia cultura, dotada de la lógica necesaria para la comprensión del mundo. Dentro de esa lógica, en la que todo ser humano puede reconocerse, Damiana, que seguramente en su lengua tuvo otro nombre, menos irreverente y aberrante que el del santo en cuyo día se quedó huérfana, no puede continuar en un museo. Su pueblo quiere honrarla con sus antiguas ceremonias y enterrarla a su modo. Tiene derecho. Hasta que eso no suceda, los achés no conocerán la paz. Me gustaría poder decir que nadie la conocerá mientras Damiana no haya vuelto a su casa. Dentro de pocos días, el Museo de Antropología de La Plata, sensible ante un pedido que se inscribe dentro de un amplio movimiento de reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, devolverá los restos de Damiana. El trámite no es fácil, puesto que incluye el logro de una documentación capaz de permitir que un cajoncito con huesos cruce la frontera, pero el último viaje de la niña martirizada podrá hacerse realidad alrededor de abril. Es un gesto que la Argentina y Alemania deben a los achés. Por el momento, la única que está dispuesta a cumplir con ese imperativo moral es la Argentina. Cabe felicitarse por su actitud civilizada, agradecer a los antropólogos de nuestro país que han apoyado un reclamo tan digno de respeto, y desear que las prolijidades burocráticas no prolonguen la tortura de alguien que con las científicas ya padeció bastante. © LA NACION

Un veto contra el consenso JOSE MIGUEL ONAINDIA

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A promulgación de las leyes es una potestad que el constituyente originario atribuyó al Ejecutivo, para hacer efectiva la doctrina de Montesquieu de la separación y control entre los diversos órganos que desarrollan las funciones estatales. La promulgación significa la validación del Ejecutivo del ejercicio de la función legislativa por el Congreso y le permite ejercer en forma efectiva el control que ese esquema de distribución de facultades le otorga. La promulgación, que puede ser expresa o tácita, convive con la facultad de observación (comúnmente denominada veto), que es la capacidad del Ejecutivo de expresar su disconformidad con la ley y de obligar al Congreso a insistir en mayorías agravadas en su decisión original o acatar la voluntad del Ejecutivo en caso de que no se logre la mayoría para la insistencia. El ejercicio de la potestad de observar las leyes implica la posibilidad del Ejecutivo de impedir la aplicación de una norma que considere contraria a las políticas que desea instrumentar y revela un enfrentamiento entre ambos órganos, que la propia Constitución formal determina cómo resolver. Es un instrumento importante de control entre órganos y sirve para dirimir las diferencias que pueden existir entre ellos, dentro del sistema. También es una importante arma para influir en la voluntad legislativa. En la Constitución original, se regulaba el ejercicio de esta potestad y el procedimiento de revisión parlamentaria, sin prever la posibilidad de promulgación parcial de la parte de la ley que no había sido observada por el Ejecutivo. Esta práctica surgió en el desarrollo de nuestra vida

PARA LA NACION

institucional y su legitimación provino de la jurisprudencia, que fue trazando pautas para admitir que su ejercicio resultaba acorde con la división de funciones de nuestra forma de gobierno. Toda ley es el resultado de un juego de acuerdos entre los sectores políticos y de interés que tienen voz en el Parlamento. La Constitución le otorga al Congreso la función de debatir y de sancionar las leyes –que no son otra cosa que las normas que regulan la vida de los habitantes y el ejercicio de los derechos– porque es el órgano de representación del pueblo y en él tiene cabida la pluralidad de voces de una sociedad. La elaboración de una ley atraviesa por un proceso de debate entre los sectores representados, y es la expresión de un consenso construido sobre concesiones y renuncias recíprocas. La ley, además de un sistema armónico de normas, es el fruto de un debate político. Cada parte significa la expresión del todo y encierra el resultado del diálogo y de la negociación. La promulgación parcial de una ley le otorga al órgano ejecutivo la posibilidad de alterar ese consenso y, por ende, de torcer la voluntad legislativa en forma más profunda de lo que su apariencia indica. Esto ha sucedido, claramente, con el veto presidencial a la ley de reforma política (número 26.571), al impedir la vigencia de los artículos que otorgaban un plazo de dos años para que los partidos políticos cumplieran con los nuevos requisitos que impone la ley para la obtención o mantenimiento de su reconocimiento legal. En otras palabras: las exigentes pautas que deben reunir para su existencia. Los artículos vetados fueron fruto de las concesiones que el oficialismo había hecho durante el

tratamiento de la ley a los partidos chicos para obtener su sanción. El veto destruye esos acuerdos que le permitieron sancionar la ley, en un acto que afecta seriamente la división de poderes y el acuerdo que permitió la sanción de la ley, así como la organización plural de nuestra sociedad, al intentar concentrar la representación sólo en grandes aparatos políticos dominados por el oficialismo. Pero la promulgación parcial de una ley no es la decisión final respecto de los artículos vetados por la Presidencia. El artículo 80 de

El Poder Ejecutivo se ha convertido en el principal legislador y burla los acuerdos trabajosos entre oficialismo y oposición la Constitución la somete a determinados requisitos, que permiten la corrección de este agravio al sistema democrático. El decreto de veto (“observación parcial” es el término técnico) tiene que ser sometido a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, que también analiza los decretos de necesidad y urgencia, y el Congreso puede insistir en la sanción de los artículos vetados con una mayoría agravada de dos tercios de ambas Cámaras. La promulgación parcial de una ley implica su efectiva vigencia a partir de la publicación, aunque esté sometida al rechazo por parte del Congreso. También su control puede ser ejercido por los jueces en uso de la atribución genérica del

control de constitucionalidad y, dado su carácter excepcional, también creo que esta interpretación debe efectuarse con carácter restrictivo. A quince años de la regulación constitucional de estas medidas, el resultado es desolador y ha afectado la distribución de funciones, que es fundamento de nuestra forma de gobierno. El Poder Ejecutivo se ha convertido en el principal legislador y burla los pactos que le permiten sancionar una ley, mediante este uso abusivo de un mecanismo que está destinado a preservar la división de funciones y no a violarla palmariamente. El uso abusivo y contrario al sentido de la norma hiere no sólo una ley de gran importancia institucional, como la reforma política, sino las bases de una república democrática. Con los datos antes expuestos, vemos que la distribución de funciones no se cumple. El consentimiento de esta situación atenta contra la vigencia del Estado de Derecho, porque las normas que regulan nuestra convivencia no son fruto del debate entre las fuerzas representativas de la sociedad, sino de la decisión de la mayoría transitoria y de la presión que sobre ella siempre pueden ejercer más eficazmente los grupos corporativos. La dramática caída de la calidad institucional y de vida de nuestra sociedad demuestra que la concentración de funciones –del cual este veto parcial es sólo una muestra– no es sinónimo de eficiente gobernabilidad democrática. © LA NACION El autor es profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en la UBA y en otras universidades