NOTAS

Miércoles 29 de julio de 2009

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DECIA PELLEGRINI: “¿QUIEN NOS PERDONARA A NOSOTROS?”

LIBROS EN AGENDA

Valenzuela por quince SILVIA HOPENHAYN

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PARA LA NACION

A escritura de Luisa Valenzuela corre por el cuerpo y se trasluce en las páginas. Tanto sus novelas (Cola de lagartija, Como en la guerra y Los deseos oscuros y los otros) como sus libros de cuentos y sus microrrelatos (Cambio de armas, Aquí pasan cosas raras y Simetría) parecen exhibir un secreto que las palabras mismas se empeñan en ocultar. El secreto de El placer rebelde (así se titula la antología publicada por el Fondo de Cultura, prologada por Guillermo Saavedra) y el del sufrimiento más acallado. Valenzuela no le teme al secreto, y menos aún a la oscuridad. “Basta que se apague una luz –y a mi paso se apagan muchas luces– para que yo insista en seguir adelante con la esperanza de descubrir el recodo donde se agazapa el miedo.” Su mirada es curiosa. Le gusta desbaratar lo encubierto, así como desbrozar lo enmarañado. Un nuevo libro apareció en España. Se trata de Tres por cinco (Editorial Páginas de Espuma). Reúne sus cuentos de curiosa manera: son cinco secciones, con tres cuentos cada una: “Borraduras”, “Nuevos mundos”, “Edad temprana”, “Juegos” y “Desplazamientos”. Cinco espacios narrativos por los que la autora transita habitualmente, dado que Valenzuela juega con lo que se borra y se desplaza en mundos nuevos. La frescura de su letra siempre parece surgir de una edad temprana. Los cuentos “El poncho del diablo” y “Maceta” se ubican en esta zona, y en ellos aflora el deseo de escribir como un ímpetu vital, una forma de enlazar con las palabras, sostenida y sustanciosamente, el sentido huidizo de la vida. Así, una flor manifiesta sus ganas de soltar raíces, como quien suelta amarras, para buscar su pétalo perdido, diciendo: “Faltas no me ganan”. Y en vez de corregirse, como la gente suele hacer cuando tiene un lapsus o un equívoco, “faltas no me ganan” será la letra del estribillo de una canción. En “Tiempo de retorno” (un tiempo que Valenzuela conoce, como frecuencia personal, de idas y vueltas, viajes y reclusiones), se nombra el exilio como forma de “dejarse seguir viviendo a la distancia”. Y allí mismo expone lo inasimilable: “Volver, como arrancarse una máscara, nos devuelve al intangible efecto final de lo que somos”. En “La errante”, podemos seguir la pista de la autora: “También yo me siento como un texto perdido, enredada como estoy entre tantos viajes”. Pero por suerte la literatura es patria portátil. “Se dice que no somos nadie si nuestro reflejo no figura en un cuento.” En este sentido, es fácil, y desafiante, encontrar el reflejo de la realidad argentina en varios cuentos de Valenzuela. Un libro suyo se titula La realidad argentina desde la cama. Igualmente, más que narrar lo ocurrido, sus textos responden a la ocurrencia. El efecto de su escritura –a veces violenta, otras juguetona– invita a participar en una trama que parece gestarse en el momento de la lectura. © LA NACION

El diálogo con la historia MARIA SAENZ QUESADA PARA LA NACION

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A conmemoración de los 200 años de los primeros movimientos juntistas criollos en América del Sur (en Sucre, Chuquisaca y La Paz, el 25 de mayo y el 16 de julio últimos; Quito, el próximo 10 de agosto, y el año próximo, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Dolores Hidalgo, México) constituye una oportunidad para observar el diálogo entre el pasado y el presente. Bolivia ha celebrado los 200 años de la instalación de la Junta Tuitiva de la Paz con festejos populares y el encendido de la Tea de la Libertad, que evoca al jefe revolucionario, Pedro Murillo, en el patíbulo (su intento fracasó y fue condenado a muerte). El homenaje fue aprovechado por los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa para ratificar su enfrentamiento con Estados Unidos, atacar a la jerarquía católica como aliada del poder de turno e invitar a los pueblos del continente a luchar hermanados por nuestra segunda y definitiva independencia. ¿Tambores de guerra o retórica populista? Lo cierto es que este abordaje de las celebraciones contribuirá a ahondar las divisiones que padece Bolivia, donde la visión de la historia desde la perspectiva de la confrontación, según el origen étnico, forma parte de la actualidad política. El gobierno boliviano no acepta versiones criollas del pasado, sospechadas de ser oligárquicas. Rinde homenaje al movimiento de La Paz, encabezado por Murillo, que era mestizo, y del que participaron las comunidades indígenas, pero le niega un reconocimiento similar al de la ciudad de Sucre, donde se expresaron las rivalidades seculares entre la Audiencia, el Arzobispado, la universidad y el Cabildo, más que el reclamo popular contra el Imperio. Por estas y otras razones, el bicentenario del movimiento de Chuquisaca se celebró dividido. En Sucre, se juntaron los opositores al gobierno de Morales y hubo tedeum y desfile cívico, mientras

que Evo Morales se constituyó a más de 200 kilómetros, en la localidad rural de El Villar. En el escenario de las hazañas de la patriota Juana Azurduy de Padilla, y ante las comunidades y los sindicatos amigos convocados, el presidente aimara reivindicó a los líderes indígenas. Estos fueron relegados de la historia oficial, afirmó. Consideró también que la verdadera revolución fue la de Túpac Amaru Condorcanqui (Cuzco) y la de Túpac Catari (La Paz). Aquellas protestas iniciales contra el mal gobierno derivaron en una sangrienta guerra de castas. Las afirmaciones enfáticas expresan parcialmente la verdad histórica, porque las rebeliones del Perú y del Alto Perú y las de la guerra de la Independencia no tuvieron un desarrollo lineal. Se construyeron en el

Además de conversar con la oposición, el Gobierno debería abrir un diálogo más generoso con el pasado de la Argentina día tras día, con más incertidumbres que certezas. Sus grandes y pequeños protagonistas fueron indígenas, mestizos, criollos y europeos, calificados unas veces de rebeldes, otras de leales, de patriotas o de represores. La gente cambió de bando con frecuencia. Además del compromiso con la ideología, influyeron los intereses personales y los de clase, los lazos familiares, los temores, la ubicación geográfica, las alianzas temporarias… El propio Murillo, protomártir del alzamiento de 1809, había formado parte del ejército virreinal que levantó el sitio de La Paz, asediada por las fuerzas de Túpac Catari. Por otra parte, la historia oficial de los criollos no silenció las hazañas de los indios patriotas. Es el caso de la Historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre, que res-

cata la valentía de los esposos Padilla y la participación de los caudillos indígenas en la Guerra de las Republiquetas. Afirma Mitre que gracias a la guerra librada en los valles altoperuanos se pudo declarar la independencia de las Provincias Unidas y se preparó el cruce de los Andes. En la Argentina, como en Bolivia, también se nos ha recortado el festejo del 25 de Mayo. Ese día, como ha señalado Carlos Malamud en su artículo “Lugares comunes latinoamericanos”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió un emplazamiento heterodoxo, Puerto Iguazú, fundado hacia 1900. Así se escapó del protocolo tradicional y del escenario preciso, el Cabildo de Buenos Aires. Además, como anticipo del tono que revestirá la celebración de 2010, arremetió contra la República del Primer Centenario: “Los argentinos recordaron sus primeros cien años de historia con estado de sitio –dijo–. Era una Argentina sin trabajo, con mucha miseria, con mucho dolor, con un modelo político y social de exclusión”. Sin dudas que en el festejo del Primer Centenario hubo frivolidad, estado de sitio y un clima de violencia que había arrancado con la sangrienta represión del 1º de mayo de 1909. Pero había, además, expectativas generales de progreso y realidades concretas: los europeos inmigraban de a miles por año porque los salarios que se pagaban superaban a los de las economías europeas más prósperas (como lo ha demostrado Roberto Cortés Conde, en El progreso argentino). Por otra parte, los que se radicaban en el país tenían la oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela pública y de participar de los beneficios del más efectivo plan de inclusión social de nuestra historia, aunque no se le diera ese nombre. Por eso, la tasa de analfabetos de la población argentina era según el censo de 1914 del 35%, mientras que en España alcanzaba el 59% y en las otras naciones de América del Sur, del 60 al 80% (Alejandro Bunge.

Una nueva Argentina). Hoy, después de crecer durante seis años “a tasas chinas”, el plan de inclusión del que se ufana el actual gobierno argentino no ha logrado revertir la curva descendente de la calidad de la educación. Es más: datos específicos comparados sobre la calidad de la educación en América latina y en el mundo, analizados por Alieto Guadagni, nos muestran ocupando un modesto lugar en lectura, ciencias, equipamiento escolar y otros ítems, en los que, en lugar de avanzar, se retrocedió. Por todo eso, así como se ha iniciado en estos días un diálogo con los partidos políticos de la oposición y se ha admitido implícitamente el malestar social como lectura de las últimas elecciones, sería recomendable que la conmemoración ofi-

Los aniversarios que se avecinan no deben ser usados, como en Bolivia, para profundizar la división, sino para unirnos cial de la Independencia fuera permeable a establecer un diálogo más generoso con la historia, sin visiones maniqueas ni exceso de autoelogio. Tanto las generaciones pasadas como el actual gobierno –que un día dejará el poder– se beneficiarían con una actitud más moderada, que dejara de lado los anacronismos y el uso político de la historia. Como propone Carlos Floria: “Leer la historia sin ira”. “¿Quién nos perdonará a nosotros?” La reflexión de Carlos Pellegrini cuando se debatió la ley de amnistía para los revolucionarios de 1905, todavía tiene vigencia. © LA NACION

Entre los libros de la autora están Los estancieros, Mariquita Sánchez y Las mujeres de Rosas.

Constitución vs. República E

L 10 de diciembre de 1983, la Argentina logró recuperar la democracia –por lo menos entendida como un régimen de gobierno en el que el pueblo, verdadero titular del poder, lo delega en sus representantes por medio del voto–. Desde entonces, transcurrió más de un cuarto de siglo, a lo largo del cual podría decirse que la democracia electoralista se ha consolidado. Sin embargo, de un modo inversamente proporcional al desarrollo de este sistema de gobierno, ha ido produciéndose un paulatino deterioro en el desarrollo del sistema republicano, cuyas principales características son la independencia del órgano judicial y la real autonomía del Congreso frente al Poder Ejecutivo. No cabe duda de que los motivos por los cuales se ha ido produciendo este proceso de degeneración institucional están relacionados con las conductas de los gobernantes que se han ido sucediendo en el país desde aquel histórico 10 de diciembre de 1983. Pero si eso fuera todo, el diagnóstico no sería tan grave, porque, en definitiva, la misma democracia es la que brinda los mecanismos necesarios para revertir esta situación, ya que es la que le permite al pueblo decidir un recambio de autoridades si es que éstos no cumplen con las expectativas, no respetan el funcionamiento institucional o no acatan los preceptos constitucionales; en fin, si no gobiernan conforme a las leyes. El problema es mucho más serio por dos motivos: primero, porque la Argentina se caracteriza por una deficiente educación

cívica; por lo tanto, al desconocer cómo deben funcionar las instituciones en el marco de la ley fundamental, el pueblo no tiene elementos suficientes para entender si los gobernantes cumplen o no con sus deberes constitucionales. En efecto, si el votante no conoce la Constitución, no puede nunca saber si se la respeta o no. Pero, además, se presenta otra grave circunstancia: la misma Constitución Nacional, desde su reforma del año 1994, se ha constituido en el centro del desmoronamiento del sistema republicano de gobierno y la que ha posibilitado el deterioro del funcionamiento institucional de la Argentina porque es la que ha

Desde la reforma de 1994, la misma Constitución es el centro de desmoronamiento del sistema republicano suministrado a los gobernantes las armas para ir socavando las bases mismas del sistema. ¡Qué paradoja!: la misma Constitución Nacional que en 1853 dispuso la existencia de un régimen republicano, que creó tres órganos de gobierno a cada uno de los cuales les asignó una serie de atribuciones, que ordenó al presidente no ejercer funciones legislativas ni judiciales, que calificó de delictiva la conducta

FELIX V.LONIGRO PARA LA NACION

de los legisladores que delegaran sus potestades al primer mandatario, es la misma que, desde 1994, le permitió al Congreso llevar a cabo esa delegación; al presidente ejercer atribuciones de aquel por medio de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y también es la misma que facilitó el ingreso de la política en el órgano judicial de gobierno, al disponer que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento no sólo debían estar integrados por jueces, abogados y representantes del ámbito académico y científico, sino también por políticos. Para medir la gravedad de esta disposición es necesario tener en cuenta qué atribuciones se les han asignado a esos órganos: el primero selecciona jueces nacionales de primera y segunda instancia, pero además ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados inferiores, administra los recursos del poder judicial y dicta su reglamento. Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento es el encargado de destituir a los jueces nacionales inferiores, después de una acusación formulada por el Consejo de la Magistratura. Como se puede observar, el problema no es la existencia misma de estos organismos, ni que estén incorporados al Poder Judicial; ni siquiera la importancia y cantidad de las funciones que se le han asignado, sino la existencia de funcionarios políticos en su seno.

Pero hay más: la misma Constitución Nacional dispone que el Congreso de la Nación es quien debe decidir la cantidad de abogados, jueces y políticos que integrarían esos organismos, con lo cual es también un órgano político quien decide qué cantidad de funcionarios políticos forman parte de ellos. Pues el Congreso lo hizo: desde la sanción de la ley 26.080, ocurrida el 27 de julio de 2006, en plena presidencia de Néstor Kirchner, y al amparo del empuje legislativo generado por la entonces senadora Cristina Fernández, el Consejo de la Magistratura tiene trece integrantes de los cuales más de la mitad (siete) son políticos –seis legisladores y un

Los jueces no tienen independencia cuando la presión política se siente desde el interior del órgano al que pertenecen representante del presidente de la Nación–, circunstancia que se repite en el Jurado de Enjuiciamiento, de cuyos siete miembros, cuatro son legisladores. Por lo tanto, la selección de jueces nacionales inferiores, el control de su disciplina, la potestad de removerlos, la atribución de dictar el reglamento y de administrar los recursos del órgano judicial están en manos de organismos integrados mayoritariamente por polí-

ticos. ¿Qué significa esto si no una grave intromisión de la política en la administración de justicia, provocada no sólo por la actitud de gobernantes, sino también por las disposiciones contenidas en la misma Constitución Nacional? No es posible que los jueces puedan desempeñar su independiente y específica función de dar a cada uno lo suyo cuando la presión política se siente, ya no desde afuera, sino desde el mismo interior del órgano al que pertenecen, porque cuelga sobre sus cabezas la espada que, según cuenta la leyenda, Damocles vio sobre sí cuando Dionisio II, tirano de Siracusa en el siglo IV a.C., le permitió ser rey por un día. Entonces Damocles dejó de desear el trono real, por la amenaza que significaba ocuparlo. Es preocupante que los jueces tengan permanentemente esa antirrepublicana sensación. Un sistema republicano de gobierno se sustenta en la independencia de los jueces y del órgano legislativo. La Constitución de 1853 ha querido asegurarla brindándole al Congreso una enorme cantidad de atribuciones, y en el caso del Poder Judicial, al establecer la inamovilidad de sus cargos mientras no cometan delitos y no incurran en mal desempeño, pero, como señalé, la reforma de 1994 le ha puesto varios obstáculos al sistema, obstáculos que los gobernantes no parecen estar convencidos de remover, por lo menos en el corto plazo. © LA NACION El autor es profesor de Derecho Constitucional.