DO C U M E NTACIÓN SOCIAL

R E V IS T A DE E S TU D IO S SO C IA LES Y DE SO C IO LO G IA APLICADA

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DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGIA APLICADA Núm. 54

Enero-Marzo 1984

Consejero Delegado: Ricardo Cabré y Roigé Director: Francisco Salinas Ramos Consejo de Redacción: Javier Alonso Enrique del Río Presentación Fernández María Antonia Gallón José Navarro Miguel Roiz María Salas José Sánchez Jiménez EDITA:

CARITAS ESPAÑOLA San Bernardo, 99 bis, 7.°

MA D RID-8 CONDICIONES DE SUSCRIPCION Y VENTA España: Suscripción a cuatro números, 1.400 ptas. Precio de este número: 400 ptas. Extranjero: Suscripción, 30 dólares. Número suelto, 12 dólares. DOCUMENTACION SOCIAL no se identifica necesa­ riamente con los juicios expresados en los trabajos firmados.

DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGIA APLICADA

Depósito legal: M. 4.389-1971 Imprenta Sáez. Hierbabuena, 7. Madrid-29 Diseño de portada: Ponce

SUMARIO

Presentación. 1

Democracia y Participación. Secularización del pen­ samiento y cambio de valores.

José Sánchez Jiménez 2

Desigualdad económica y Social en España a partir de la transición.

Francisco Javier Santiago de Pablo 3

U na interpretación sociológica de la crisis española de los años ochenta.

Miguel Roiz 4

La «Cogestión» como form a y experiencia de demo­ cracia económica.

Fernando Bianchi 5

Paro, reconversión obrera.

industrial

y

participación

Eugenio Royo 6

El Cooperativism o en una economía en crisis.

Francisco Salinas Ramos

n.^ 54

Enero -Marzo 1984

7

Participación de los trabajadores.

Francisco Alonso Soto 8

Papel de las Asociaciones de Consumidores en ma­ teria de Regulación económica y comercial.

Marcos de Castro 9

U na alternativa desde el movimiento por la paz.

Javier Fernández 10

M ovimientos feministas y participación social.

María Salas 10

Recensiones: IV Inform e Sociológico FOESSA.

Francisco Salinas Ramos

Presentación

El modelo actual de sociedad que tenemos está basado en el consumo, el despilfarro y en la actividad permanente. Al no ser capaz de entender el cambio que se está produciendo, no ajusta sus parámetros con la rapidez debida a l cambio, lo que se traduce en la situación dramática a la que hoy estamos asistiendo: el paro de cerca de dos millones de personas en España y veintiséis millones en la OCDE, que se estima que alcanzarán los 28,3 millones a fin de año. M i idea, dice José Marta Escombrillas, es que estamos ante una encruci­ ja d a histórica importante, ante un cambio del modelo de sociedad y, en nuestro caso, ante decisiones económicas de tal magnitud, como la entrada en la CEE, que solamente una concertación seria de todas las fuerzas sociales: económicas, políticas y sindicales, podrá lograr ese cambio sin traumatismos y sin tener que llegar a un empobrecimiento mucho mayor de nuestro país y de sus ciudadanos. Este nuevo modelo ele sociedad solidaria, supone en el campo socioeconómico implantar la democracia económica, es decir, la participación de todos los agentes económicos y, en particular, de los trabajadores, por sí mismos y por sus sindicatos, en las decisiones económicas, tanto a nivel de empresa como a nivel nacional. En el reciente Informe a l Club de Roma, 1982, titulado «Microelectró­ nica y Sociedad para bien o para mal» se dice: «La microelectrónica sólo será auténticamente revolucionaria si consigue crear una sociedad caracterizada por la equidad, la democracia industrial y la posibilidad general de realización creativa de las personas. . . E l avance de la microelectrónica debe ir encaminado hacia nuevos modelos de pensamiento. Significa el camino, bien hacia un

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mundo mecanizado lleno de enajenación y resentimientoj bien hacia el enrique­ cimiento de la vida del individuo y fomento de la diversidad cultural. La elección es, en todo caso, nuestra y no aguardará a nuestros sucesores». Pero, avancemos, y veamos en concreto en qué podría consistir la «supre­ sión» del capitalismo. Tratemos de señalarlo con la máxima precisión: • Del máximo beneficio pasar a un beneficio en función de las necesidades de la empresa y de las necesidades de la sociedad. • Del poder económico exclusivo de los capitalistas pasar a una participa­ ción en las decisiones económicas de los trabajadores y sindicatos. • De una economía libre de mercado a una economía social de mercado. Entre las reformas anteriores la más urgente y, quizás hoy, la más conflictiva sea la de dar participación a los trabajadores y sindicatos en las decisiones económicas, tanto a nivel de empresa como a nivel nacional. No es justo, ni tan siquiera lógico, que se pida a los trabajadores que acepten una reducción de sus salarios reales y un reajuste de las plantillas, y a los sindicatos que cambien su estrategia de lucha por la de colaboración y participación, sin que los trabajadores y los sindicatos tengan ahora la posibi­ lid a d de conocer a fondo el problema que se plantea y sus posibles alternativas, así como de poder discutir y participar en las decisiones sobre las medidas económicas a tomar, y más adelante participar equitativamente en los beneficios que puedan producirse en el esperado desarrollo económico promovido, por lo menos en parte importante, por sus actuales sacrificios. DOCUMENTACION SOCIAL dedica este número a l estudio y análisis de esta realidad en nuestro país y ver qué objetivos quedan por cubrir en lo relativo a un desarrollo de la democracia en todas las esferas de la vida española, y con ella de la participación de todos los ciudadanos. Consideramos que la democracia política no ha conllevado un desarrollo de la democracia social y menos de la democracia económica. Este número viene a ser una continuación del número 50 «Cambio y Participación». En aquél se analizaba el proceso de cambio político, de valores sociales, los cambios en la fam ilia, en la educación, etc. Ahora se pretende estudiar cómo la participación propugnada en dicho número debería concretarse en una democracia económica y en una democracia social, donde realmente la

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participación y la democracia política se hiciera extensiva a l conjunto de la sociedad, especialmente, a los núcleos de las grandes decisiones económicas y la progresiva modificación del sistema productivo y muy especialmente de las relaciones sociales de producción. Muy a pesar nuestro no hemos podido hacernos con todos los artículos que el Consejo de Redacción en un principio estructuró, como, por ejemplo, el que se tituló «Significado de la democracia económica y social dentro de un sistema de democracia política», o el de «Participación y movimientos vecinales», o el de la «Participación en los movimientos culturales». Los diez artículos que el presente número recoge, analizan distintos aspectos de la democracia económica y social. DOCUMENTACION SOCIAL no se identifica necesariamente con los planteamientos expresados en los trabajos firm ados por sus autores.

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Democracia y Participación. Secularización del pensamiento y cambio de valores en la sociedad española José Sánchez Jiménez Proftsor de Hiilorla Contemporánei

INTRODUCCION: LA DESIGUALDAD COMO BASE Y COMO JUSTIFICACION SOCIAL. La profesión de «democracia» aparece y resulta clara cuando se está luchando por su conquista. Desde unos presupuestos globales en los que quedan absolutamente negadas, aun a nivel teórico, la libertad, la justicia y la lucha por la igualdad, el ideal democrático es una estrategia, una forma de decir «no», o, mejor dicho, de luchar intensiva y .exten­ samente contra la desigualdad, la injusticia y la coerción (1), El problema es distinto cuando la autocracia cae, o cesa, y es necesario determinar y realizar —que siempre es más complicado— la igualdad, y la justicia; cuando resulta igualmente compleja la defini­ ción, la delimitación conceptual y básica de sus contenidos. El primero y principal problema en este sentido está o reside en la permanencia de desigualdades; o, si se quiere, en la contrucción de liber­ tades desde la reducción y supresión de formas de desigualdad diver­ sas. Casi con toda seguridad podría de entrada afirmarse que la desi(1) G. A lmond y S. V era , The Civk Culture, Princenton Univ. Press, 1963, Cap. 9. Tb L. P e y S. vera , PoUtkal Culture and Politkal Development, Princenton Univ. Press, 1965, Conclusión. *

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gualdad es causa y resultado del resto de carencias que todos los grupos humanos padecen. Ciertamente las desigualdades humanas, a lo largo de la historia, han sufrido mermas notables a partir de cuantas influencias dieron lugar al mundo moderno. Pero al mismo tiempo surgieron o se man­ tuvieron nuevas distancias que permiten todavía hoy en cualquier tipo de sociedad real y durable la presencia de separaciones y hasta enfrenta­ mientos aparentemente ligados a las expresiones rico/pobre, poderoso/humilde, culto/ignorante o dirigente/dirigido (2). De esta manera la desigualdad se presenta y se justifica como un fenómeno histórico, variable según las comunidades y los tipos de asociación de sus gentes (3). También es verdad que momentos y periódos cercanos al presente testifican de manera más contundente la reducción de desigualdades, el acercamiento de los grupos, la adquisición por parte de las clases subordinadas de un conjunto de derechos económicos y políticos que permitieron una más segura participación y el logro de ciertas garan­ tías de libertad. Aunque no es menos cierto que la disminución de desigualdades en ciertos ámbitos supuso la permanencia de otras dife­ rencias o el nacimiento y refuerzo de desigualdades anteriormente no constatadas. Cuando Toccqueville hacía su análisis de la democracia en América, aparte de alabar e insistir en la aproximación intergrupal que podía hacer posible el igualitarismo social, tuvo buen cuidado en avisar que ese igualitarismo en desarrollo soportaba y aun protegía o potenciaba nuevas formas de desigualdad (4). (2) K . D avies y W . M oore , Principies os Stratifkation, dentro de la obra dirigida por R. B endix and S. M. LiPSET, Class, status and Power, Free Press, N. York, 19 66 (hay trad. cast. de Euramérica, Madrid). (3) S. G iner , «Clase, poder y privilegio en la sociedad corporativa», en Papers, Revista de Sociología (20), Península, Barcelona, 1983, pp. 14-26 especialmente. Tb. S. M oore , Crítica de la democracia capitalista, Siglo X X I, Madrid, 1974. (4) I. T ocqueville, La democracia en América, trad. esp. en Guadarrama, Ma­ drid. Esta obra consta de dos partes y se publica en dos momentos, en 1835 la primera parte, en la que estudia la influencia de la democracia en las instituciones, y en 1840 la segunda, especialmente dedicada al análisis de las instituciones sobre las costum­ bres. Su concepción de la democracia aparece cargada de dudas, y sabe separar la libertad, la legalidad y el respeto al derecho de la influencia que la propiedad ejerce en la relación humana. En su juicio sobre los sucesos parisinos en febrero de 1848 destaca

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o dicho de otra forma, la reducción de desigualdades, de cierto tipo de desigualdades, es compatible con la aparición de formas nue­ vas, más complejas y quizás difusas, pero no menos graves y distorsio­ nantes. La desigualdad real, pues, como consecuencia de un orden econó^ mico, político y cultural también desigual, es mantenida y potenciada cuando se justifican papeles, posturas, comportamientos y, en defini­ tiva, privilegios anejos a formas de poder, de autoridad, de prestigio, propiedad e ingresos (5). En la nueva estratificación social, aquella que pertenece a un capi­ talismo maduro y que parece haber superado el concepto de «clase social», se perpetúan las desigualdades, predominantemente a través de la nueva ordenación ocupacional y de la integración social en las nuevas estructuras corporativas (6). Estas, en definitiva, no son otra cosa que asociaciones organizadas jerárquicas con una integración in­ terna y con unos objetivos concretos que pasan habitualmente por la consecución de los máximos resultados. I.

DE LA DEMOCRACIA A LA PARTICIPACION: LA LUCHA POR LA IG U ALD AD .

La expresión democrática recibió globalmente su espaldarazo a lo largo del siglo XIX; pero su encarnación, su realización, siquiera mínima, en la sociedad, con el intento de abarcarla plenamente, es un fenómeno y una aspiración que se va realizando a lo largo del siglo XX, al menos en un determinado número de países, y dentro de sus propias fronteras, puesto que a nivel internacional este ideal continúa inmaduro y lejano (7). aquella afirmación suya atenta a las diferencias provocadas por la propiedad privada: «La propiedad se había convertido en una especie de fraternidad para quienes gozaban de ella ». (5) A. T ournaire , La Societépost-industrielle, Denoel, París, 1969, pp. 24 1 y ss. (6) S. G iner y M. PÉREZ Y ruela , La sociedad Corporativa, Centro de Investiga­ ciones Sociológicas, Madrid, 1979, passim. (7) R. G irault , Diplomatie européenne et Impérialisms, 18 7 1 -1 9 1 4 , T. I, Masson, París, 1979. Tb. W . J . M omsem , La época del imperialismo, Europa 1883-1914, Si­ glo X X I, Madrid, 19 7 1.

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El siglo X IX, basicámente en Occidente, elevó a slogan^ preñado de ideales honestos, el lema de la «libertad» y la «igualdad»; pero logró a la vez contenerlo dentro de los estrictos límites de la propiedad privada, sin determinar en momento alguno su justificación ni su ética. El doctrinarismo liberal supo ligar la igualdad a las diferencias, la igualdad jurídica a las desigualdades económicas y sociales; y consiguió institucionalizarla a nivel constitucional a través del voto o de la distinción entre votantes e incapacitados o no hábiles para el ejercicio de este derecho (8). El voto pues, expresión de la voluntad y de la soberanía limitó a identificó con los que gozaban de propiedad para ejercerlo; y la representación de todos quedó ligada a la práctica polí­ tica de unos pocos que eran además los que veían y proyectaban, en cuanto el ejercicio del sufragio lo permite, el futuro de un pueblo desde un prisma interesado en la defensa de sus propiedades o de sus capacidades para poseer y mandar. El paso, evolutivo o drástico, del sufragio censitario al sufragio universal supuso y exigió, en el intermedio, lucha por la participación, la defensa de unos derechos, los más vitales, los derechos económicos, cifrados en un salario capaz para la supervivencia y todavía muy lejos de conseguir un nivel vital y de justicia idóneo. A partir de aquí el proceso asociativo del mundo del trabajo, reafirmado y potenciado mediante la acción global y estratégica del movimiento obrero, abrió pistas primero para la ampliación del sufra­ gio, y más adelante para su conversión en sufragio universal. En España se implanta el sufragio universal en 1890. Pero esto no supone la realización del ideal democrático de igualdad. La política (8) L. DÍEZ del C orral , El liberalismo doctrinario, Instituto de EE. Políticos, Madrid, 19 56, 2.^ ed., esp. el capítulo VII. Cfr. J . Solé T ura y E, A j a , Constitucio­ nes y períodos constituyentes en España (18 0 8 -1 9 3 6 ), Siglo X X I, Madrid, 1977. La aplicación de los principios del doctrinarismo, en el sentido apuntados, queda precisa­ mente recogida en este resumen de Solé Tura y Aja: «En resumen, el régimen moderado se consolida porque concede a la oligarquía agraria y fínanciera las riendas del poder, permite a la burguesía, que mantiene un segundo plano dentro del Estado, una acumulación de capital segura gracias a la regulación estrictísima del orden público y a la represión sobre el movimiento obrero, así como a ciertas mejoras en la infraestructura económica» (pág. 45).

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caciquil continuó actuando; y la acción de sus recursos económicos y de su dominio psicosocial permitió mantener los mismos objetivos de control legal y gubernativo mediante el engaño, el soborno, el fraude electoral acostumbrados. A decir verdad, y según expresión de la prensa conservadora de la época, la gran propiedad y la nobleza confia­ ron — y lograron— que el sufragio universal les continuase favore­ ciendo: C u riosam en te — y com o Cánovas p red ijera— el hinchar el sufragio ap licán d olo con las reglas del sistem a no traía dem ocratización, sino otras form as de caciquism o en que el poder económ ico ganaba p osi­ ciones en relación a las que tenía con el sufragio censuario (9).

Sin embargo, la causa o explicación de la no participación electoral de la distorsión de la misma no reside únicamente en el viciado sis­ tema caciquil o en la preocupación de las clases dirigentes por el control de la vida pública. Está o radica en algo más profundo y preocupante: en la escasez o carencia de opinión; en la imposibilidad de participar cuando no se goza todavía de la conciencia de igualdad o de la posibilidad y necesidad de lograrla. En una España predominantemente rural el sistema caciquil tiene su explicación y su juego. De hecho, ley y realidad conviven en oposi­ ción; y el grupo dominante local, los «notables», respaldado por con­ diciones especialmente ventajosas, no necesitará domeñar o someter la ley a sus intereses y caprichos, sino que las posibilidades de dominio se reparten entre grupos aparentemente opuestos y siempre acordes en la complementariedad y potenciación de personales y grupales intereses u objetivos. Podía existir una ley con objetivos de mayor honestidad; pero ésta no estorbaba los presupuestos ni los fines de los grupos locales dominantes. De esta manera caciquismo venía a significar una oligarquía rural local constituida en grupo político dirigente, a veces sin proponérselo de una forma consciente, que acumulaba en sus manos cargos adminis­ trativos, profesiones liberales, acceso a la capital y a los responsables de (9) J . VARELA O rtega , Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Alianza, Madrid, 1977, p. 4 2 1.

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la política provincial, etc. A veces, y con harta frecuencia, resultaba innecesario el propio fraude, puesto que dominaban, como lo más normal, la ignorancia, la apatía, la indiferencia y el escepticismo. Cuando Maura quisó más adelante acabar con el caciquismo e imponer la moralidad por decreto debió acudir a la penalización de las absten­ ciones como forma o intento de atraer a los electores hacia las ur­ nas (10). La trascendencia del movimiento obrero en favor del cambio de la democracia, de su extensión a sectores antes no protagonistas de la misma, y de su conversión de liberal en social, no ha sido todavía suficientemente valorada ni siquiera estudiada o interpretada. La puesta en práctica del sufragio universal y la necesidad de contar con el voto de las masas para acceder a los órganos del poder obligó por un lado a los partidos políticos burgeses a promocionar en sus programas electorales y en sus organigramas de partido los derechos sociales, las reivindicaciones laborales y la importancia del trabajador en la configu­ ración de la sociedad; y permitió, por otra parte, la actividad política de organizaciones sindicales, la creación de partidos políticos obreros y la lucha por la conquista de escaños que permitiera en un primer momento la presencia en los parlamentos de intereses o carencias pro­ letarios, y más adelante, si fuera posible, la práctica del gobierno por vía parlamentaria, esto es, como consecuencia de mayorías parlamenta­ rias que permitieran la formación o participación en los gobiernos. Solamente entonces, y ciertamente de forma muy reducida, la democracia pudo cambiar de apellido —que no de nombre— y lla­ marse «social» en atención y como respuesta a los ideales o reivindica­ ciones sociales propuestos. En los programas políticos burgeses y rei­ vindicaciones sociales ciertamente; pero también comenzó a detectarse la diferencia entre programa y realidad, la preocuación por lo social en las fechas próximas a las elecciones, y, lo que es más grave, la confu­ sión o cambio de la libertad por el bienestar. Ello era a la vez el resultado de la nueva cultura y de las maneras de hacer en el cambio de la política y de la convivencia social de los hombres, instituciones e ideas nacidos o acuñados en esa época de desarrollo técnico, de concen(10) 4 5 6 -6 8 .

R. C a r r , España,

1808-1973, Ariel, Barcelona, 1982, pp. 353-64 y

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tración económica y de valoración de lo concreto que justifica e identi­ fica a la llamada «generación de materialismo» (11). Estos fueron los frutos —es una forma de hablar— del liberalismo o, si se quiere, de la democracia liberal, que no puede entenderse en este contexto como la pura expresión de una forma de hacer política y de organizar la convivencia; sino como el resultado de una «lucha por la existencia» que comenzó primero revolucionando una estratificación social antigua, de connotaciones estamentales; siguió dando el prota­ gonismo a una burgesía revolucionaria que supo afincarse en el poder mediante el control y dirección de tener, de la riqueza, y consiguió dominios propios que llegaron a identificarse con las propias esencias nacionales. Y cuando las fronteras territoriales quedaban cortas sabía recurrir al control de otros medios geográficos y políticos por vía del comercio, de las guerras o de cualquier otro sistema o método de distribución y redistribución colonial (12). Como resultado, pues, de la participación no surge la igualdad, sino nuevas y más profundas diferencias y desigualdades. Cuando el capitalismo crece y se convierte en gran-capitalismo, se están echando las bases para una nueva estructura mundial que sabe traducir a un nivel internacional las diferencias, las desigualdades, las estratificadones típicas de cualquier nación, de Occidente que supo y pudo lograr su revolución industrial y su modelo capitalista. He aquí, pues, el haber de este liberalismo en su marcha hacía la civilización y el pro­ greso, tal como lo resume en una lograda síntesis Carlton J. H. Hayes: «T odo este lib eralism o, donde quiera que florecía, tenía características com unes: so licitu d p or la lib ertad personal, especial­ m en te p or la lib ertad de prensa, cu lto casi religioso a la ciencia y la enseñanza secular, robusto an ticlericalism o, curiosa especie de na­ cionalism o y sublim e confianza en los grandes beneficios de prosperi­ dad m ate ria l, que p od ría conseguirse gracias al G o b iern o p arlam en­ ta rio y la p ráctica rigurosa del lib eralism o económ ico» (1 3 )

(11) C arlton J . H. H ayes , ¡J na generación de materialismo (1871-1900), EspasaCalpe, Madrid, 1946, espec. los capítulos III, IV y V. (12) J . M. V idal V illa, Teorías del imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1976. J . M.^ JOVER, 1898. Teoría y práctica de la redistribución colonial, Fund. Universitaria Española, Madrid, 1979, passim. (13) C arlton J . H. H ayes , 0/>. at., p. 78.

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1.

Dem ocracia y representación política: La «democracia sin el pueblo».

Aunque teóricamente la democracia se concibe como una expresión de convivencia y se piensa en ella deseando encontrar el ideal humano, en su todavía reciente pasado se identificó durante mucho tiempo con una forma de gobierno concorde, como acaba de indicarse, con un determinado tipo de sociedad: la sociedad capitalista industrial desa­ rrollada ('14). En este contexto fiie donde la democracia encontró su gestación, su nacimiento y su desarrollo a través de determinadas instituciones políticas y otras formas de permanencia y estabilidad. Ciertamente que el punto de partida existió; y el paso del cuadro monárquico y aristocrático al de la representación nacional debió ma­ durar mucho y en profundidad hasta hacer plenamente posibles los rasgos definitorios de estas democracias liberales: representación popu­ lar basada en elecciones libres, separación de poderes como garantía del control parlamentario sobre los gobiernos; creación y ordenación de normas jurídicas basadas en la legalidad y en la igualdad. En síntesis, siempre se trataba de salvar lo más temido: un poder político dema­ siado fuerte capaz y proclive a contrarrestar las libertades ciudada­ nas (15). ‘ El primero de los rasgos citados, el de la representación popular, es uno de los más definitorios teóricamente hablando. Se hace práctica­ mente posible mediante la elección; pero la teoría y la práctica liberal de las elecciones testimonian riesgos y generan vías complejas de realiza­ ción política. Como mediadores entre los electores y los elegidos se desarrollan los partidos políticos; y como manera de evitar los inconve­ nientes de la representación, por temor sobre todo a las masas popula­ res, se generan teorías capaces de ocultar referencias políticas divergen­ tes y aun opuestas. Y así desde la representación fraccionada, ya admitida por J . J . Rousseau en su «Contrato social», hasta la representación nacional tan querida para la burgesía liberal enemiga de la aristocracia y ajena a las masas populares, pasando por todas las tentativas para (14) M. D uverger , Instituciones políticas y derecho constitucional, Ariel, Barcelona, 1970, p. 70 de la 5.^ ed. en castellano realizada sobre la 11 francesa. (15) J . Ferrando B ad ÍA, Democracia fren te a autocracia, Tecnos, Madrid, 1980, págs. 185 y ss.

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restringir el derecho del voto, o por la práctica de diferentes sistemas electorales que dosifican la representación conforme a complejos datos de proporcionalidad, se anduvo a la vez luchando y procurando, a partir de ideologías e intereses divergentes, la defensa de derechos individuales adscritos a unas formas de propiedad, la posibilidad de acceso al voto a grupos sociales cada vez más amplios e informados de la realidad política nacional, o la necesidad de atraer a los amplio sectores populares cuyo voto significaba en primer lugar una presencia en la vida política y un compromiso que iba más allá del pago de unos impuestos. En este sentido la maduración de la democracia, o su conversión de liberal en social, supuso, sociológicamente hablando, una «democracia con pueblo»; pero a un nivel muy rudimentario y mínimo que podría concretarse en la pura expresión de unas opiniones políticas. Quedan en e$e caso muy importantes parcelas de «autócrata» casi siempre ligadas al poder económico, a los cuadros de la burocracia administrativa y fiincionarial, y a las luchas intereses, preferencias y conquistas en el seno de los propios partidos políticos. Esto último, sobre todo, es lo que más directamente ha influido en esa llamada «apatía de las masas», «apatía democrática» que va más allá del descontento, de la ignorancia y de la pura abstención electoral (16). Debería, por tanto hablarse, según la expresión de S. Giner, de la «larga marcha hacia la democracia», que ha debido superar la primera etapa de representación y voto restringidos, la segunda de ampliación del sufragio y olvido, o no apoyo, de los intereses y derechos de todos, para luchar por una nueva, amplia, participativa, cuyo objeto básico y pontenciador esté en la conquista de «mayores espacios de poder pra los ciudadanos» (17).

(16) F. M orillo, Estudios de Sociología Política, Tecnos, Madrid, 1970, pp. 35-50. Tb. W . A bendroth y K. Lenk , Introducción a la ciencia política. Ana­ grama, Barcelona, 1971, pp. 49-90. (17) S. G iner , Democracia, participación y cambio social, en DCX^UMENTACION SOCIAL (50), enero-marzo de 1983, pp. 7 y ss. Esencial para la consideración del tema en su dinamismo y desarrollo no exacto del conflicto tanto teórico como práctico, la obra de C. P ateman , Participación and Democratic Theory, Cambridge, 1970.

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2.

Política dem ocrática y participación.

El auténtico problema, incapaz por otra parte de una solución definitiva, es la extensión de la democracia y la cada vez más perfecta consecución de sus objetivos. Y ello es así porque sigue vigente la necesidad de pasar de una forma de gobierno que tuvo su punto de partida en la ilusoria preocupación por la igualdad, a la identificación de la democracia con una forma de vivir y convivir; un régimen de libertad política cuya ordenación y distribución del poder logren abolir el autoritarismo, la intolerancia, el abuso, la injusticia y la violencia entre sus miembros. De entrada, pues, la nueva política democrática exige o conlleva un cambio en el sentido de la democracia; esto es, la «democracia gobernada» de ayer, en la que el pueblo abandona su soberanía, —o la cede a sus representantes constituidos en poder político, es —o deber ser sustituida por la «democracia gobernante», por la participación ciudadana: la única y eficaz garantía frente al abuso hegemónico esta­ tal, frente al complejo mundo de los partidos y frente a los poderes y a las presiones reales que condicionan, completamente o sustituyen la acción de parlamentarios, gobernadores y jueces (18). La política democrática lleva a, o exige, la participación, y no sólo a la hora o en el momento del voto o cada vez que sus representantes actúan en la creación, aplicación o defensa de cualquier principio legal. Y una definición de democracia dejará de ser estable o de contentarse con la conceptualización fría y teórica. En el «Diccionario de las Ciencias Sociales» se ofrece una definición abierta, creadora, en perma­ nente perfeccionamiento si se aplica y se proyecta como una exigencia en desarrollo, como un punto de partida en progresiva construcción: «Las posibilidades con que cada ciudadano cuenta de actuar, lib rem en te, sea com o in d ivid u o , sea agrupadam ente, en la tom a de decisiones que' van a afectar su existencia» (1 9 ).

Los escollos básicos para la puesta en práctica de los contenidos de esta definición pueden ser dos: que se dificulten las posibles formas de (18) (19)

G. B ordeau , La déniocratie, E. du Seuil, París, 1966, passim. Diccionario de las Ciencias Sociales. Trad. española de la Edit. Aguilar, Madrid.

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participación libre, o que domine la «apatía política» y el mismo pueblo renuncie a un derecho y un deber que resultan vitales para la misma convivencia. O una combinación de ambos, en cuya composi­ ción tienen especial relevancia el autoritarismo en sus más variopintas manifestaciones, y la consiguiente evasión o «conformidad automá­ tica» colectiva de que habla E. From cuando analiza las razones del «miedo a la libertad» (20). Una democracia orientada hacia la madurez y segura en su estabili­ dad debe renunciar a los escollos indicados; y ha debido igualmente buscar, proyectar y edificar sus propios cauces de socialización (22). Y ésta puede renunciar, a la hora de concretarse y reafirmarse en la sociedad, a ser «democracia gobernante», participativa, antipasiva y, si se quiere, verdadera y eficazmente «politizada». En este sentido parece oportuna la definición que ofrece S. Giner como completa y eficiente: «P articip ación es toda acción in d ivid u al o agrup ativa que p re­ ten d e estar presente y tom ar p arte sobre la m archa de los aconteci­ m ien tos p o lítico s o de la organización glob al de la sociedad, ya sea a n iv el local o nacional, para in flu ir en la elección y control de los gob ern an tes, en la activid ad p o lític a o a d m in istrativa y, en d efin i­ tiv a , en las decisiones que se vayan a tom ar m ediante una serie de p ro ced im ien tos leg alm en te reconocidos y aceptados p or los propios gob ern an tes» (2 2 ).

,

Se trata, pues, de un proceso más que de una institución; y trata de ganar progresivamente terreno, de modo que el poder sea cada vez más eficaz en cuanto más apoyado y controlado desde sus propias bases. Un ideal en suma, de construcción permanente. 3.

La participación política es necesaria, aunque insuficiente.

Sin democracia política no hay siquiera cauce para la convivencia libre de los ciudadanos. Esto es tan patente que la condena de dictadu(20) (21)

E. Fromm, El miedo a la libertad, Paidos, Buenos Aires, 1971, pp. 177 y ss. F. M orillo, Oh. cit., pp. 26 a 30.

(22)

S. G iner, Oh. at., pág. 29-

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ras, regímenes autoritarios y otras formas de atentar contra la libertad resultan hoy, de forma más o menos global, drásticamente condena­ das. Y hasta tal punto la preocupación o la moda democrática es natural que los propios sistemas, instituciones o personas que ejercen o actúan autoritariamente justifican sus comportamientos en aras de una mejor y más amplia libertad. No obstante, un dato —más aún, un proceso— Va resultando cada vez más claro en las sociedades contemporáneas cuarido se enjuician los resultados de la acción política, se sopesan los puntos oscuros en el desarrollo de los problemas y se observan la lentitud o la inoperancia de la participación política indicada. Este proceso podría sintetizarse así: 1. Ciertamente que es menos mal un funcionamiento democrá­ tico; naturalmente preferible a otro que no lo sea. 2. La democracia política, con todos sus fallos y lastre, ha permi­ tido un desarrollo de la convivencia comparativamente mejor que cual­ quier otro sistema ensayado. 3. La democracia política no supone una norma y global partici­ pación en el sentido más arriba indicado, sino que es concorde y compatible con situaciones de desigualdad, de injusticia y de arbitra­ riedad, que ha permitido a ciertos pensadores y no precisamente reac­ cionarios concluir que las democracias hoy continúan siendo «poliar­ quías» aun en el sentido y en el contexto puramente político. 4. El esfuerzo sociopolítico realizado a lo largo de los dos últimos siglos para lograr la igualdad jurídica y política ha sido eficaz; pero se mantienen o aparecen, y cada vez más, diferencias y desigualdades que hacen inviable hoy una convivencia democrática eficaz y progresiva; a lo mejor por su connotación idealista. Quizá ello se deba a uso predominantemente político del término y a la preocupación por hacerlo realidad en países y situaciones que ni siquiera han alcanzado —o perdieron— este umbral. Ciertamente —y en ello la literatura marxista tuvo un protago­ nismo eficaz— la democracia política necesita para ser eficiente de una democracia económica', una democracia cuyo fin político primordial pase por una mejor y más equitativa destribución de la riqueza junto a una progresiva nivelación de las oportunidades económicas. Desde esta

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perspectiva marxista y a nivel teórico, lai democracia política carece de valor en sí misma de no convertirse en cauce y acicate para la nivela­ ción económica y social indicadas. Sin esta preocupación no pasaría de ser una «super estructura de la explotación capitalista», que reduce la democracia política a una democracia capitalista y burgesa. No quiere decir, sin embargo, que la práctica democrática histó­ rica no baya si^Hiesto un avance hacia la aproximación; pero no, por supuesto, hacia la nivelación. El mismo Tocqueville se maravilló del aspecto social de la democracia norteamericana; pero desde su contexto y su imagen europeos. Y esto fue lo que le incitó a buscar la expresión nueva de «democracia social», tan profusa y desvaídamente empleada desde las primeras aplicaciones del sufragio universal. Pero también esta expresión, «democracia social», perdió su efica­ cia por razones de interés político o por causa de su polarización industrial; esto es, cuando vino a significar la «democracia en la fá­ brica» , el autogobierno de los trabajadores de industria, que se plan­ teaba, dentro de las ilusiones de un socialismo corporativo, como una realidad que debía perfeccionarse y coronarse a nivel nacional en una «democracia funcional». Era un deseo, un ideal alicorto, que acabó siendo destrozado, sobre todo después de la segunda Guerra Mundial por una nueva concepción del mundo industrial, y de la vida en síntesis, sustitutiva de aquella en la que la imagen del hombre era el sujeto absoluto cuya realización exigía los valores supremos de razón, libertad y salvación. La nueva concepción ofrece una concepción, o mejor una defini­ ción, del hombre más instrumental: un sujeto-objeto de organización que decida su existencia más allá de su personal v o lu n t a d 3). En esta nueva sociedad ha crecido, diríase que en «tierra de nadie», la realidad tecnocrdtica. A la diálectica de las ideologías, capitalista o socialista, ha sucedido la política de potencias y de bloques. Se ha precipitado una crisis de la política, y se ha instalado, finalmente, en la vida econó­ mica, para trascenderla, la «revolución generencial», desplazando al (23) J . G albrait H, El nuevo Estado industrial, Ariel, Barcelona, 1970. Tb. M. G arc ÍA-Pelayo , Burocracia y Tecnocracia, Alianza, Madrid, 1974, esp. pági­ nas 36 y ss.

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poder y a la misma ciencia hacia fines económicos y políticos conjunta­ mente (24). Nace así, se impone, sin posibilidad de duda, la tecnología, la organización razional (burocracia), la programación y la planificación. La misma investigación científica, en razón de los medios que utiliza y de los resultados a que llega, posee un cariz económico, social y político incuestionables. Y por su ligazón con la activiad empresarial que utiliza sus resultados y los convierte en beneficios crecientes (25), contribuye a crear una comunidad de intereses entre el Estado propia­ mente dicho y los sistemas industriales públicos y privados (26). Según las conclusiones de García Pelayo, estamos abocados a una estatalización de la sociedad, pero también a una socialización de Estado; y como consecuencia, a la difuminación de límites entre ambas realidades. Sistema industrial y sistema estatal resultan ser partes inte­ grantes de un sistema general más complejo más un metasistema. El juego, pues, de la democracia en la organización de la conviven­ cia queda en cierto modo en entredicho cuando se pone en peligro, en cuanto imposible, la misma participación más arriba señalada. La má­ quina del poder en la organización de la convivencia plantea muchas situaciones como dadas, y parece obligar —y no se trata de una postura cínica— , a la apatía e indiferencia políticas como la normal forma de evitar la frustración de expectativas entre los ciudadanos (27). La participación, en consecuencia, no sólo dehe ser una característica de la democracia política, sino un camino hacia la igualdad social. Sólo así, y desde estos condicionamientos económicos y sociales, la demo­ cracia puede generar estabilidad y progreso. (24) M. G arcía -P elaYO, Ob. d t., concretamente el epígrafe «Civilización tecno­ lógica», en las páginas 34-54. Tb. C. M o y a , Burocracia y sociedad industrial, Edicusa, Madrid, 1972, esp. p. 269. H. M ARCUSE, El hombre unidimensional, Seix Barral, Barcelona, 1970, pp. 64 y ss. (25) En este sentido era en el que D. Packard, presidente de la norteamericana «Helwett Packard Company», reconocía que cada dólar aplicado a la investigación se recupera ampliamente multiplicado. (26) M. G a RCÍA-PelayO, Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza, Madrid, 1980, pp. 157-66. (27) J . M.^ M aravall , La política de la transición, 1973-1980, Taurus, Madrid, 1982, p. 107.

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II.

MODERNIDAD Y SECULARIZACION DEL PENSAMIENTO.

La conformación democrática de una cualquier país, en la ya larga historia de este proceso en Occidente, ha supuesto la ruptura, evolu­ tiva o drástica, con el peso de una repetición acostumbrada a que se ha solido llamar tradición. Esta ha sido considerada en el caso español, de forma permanente y sobre todo en épocas o coyunturas políticas con­ servadoras, como una prueba de verdad, de objetividad, de rectitud y acierto. De esta manera y puesto que las coyunturas conservadoras han sido las más usuales, se ha dado un especial proclividad a la permanen­ cia y a la repetición. , Pero la vida es progreso aunque el pasado continúe existiendo en la presente. Es más; si por un azar el pasado —la tradición— quedase anulado, dejaría simultáneamente de ser posible el progreso, las mis­ mas revoluciones son en este sentido más tradicionales de lo que se acostumbra a creer, puesto que puede probarse históricamente u obser­ var en el hoy que los intentos de cambio drástico que encierran, se insertan en un proceso más amplio y resultan ser expresión del con­ flicto que el propio cambio engendra es constraste con los intereses de la permanencia (28). . 1.

La tradición como peso y como recurso.

Una de las primeras conclusiones de la psicología aplicada a la comprensión y explicación de las colectividades llevó a K. G. Jung, después de repetidos experimentos, a que «negar el pasado y no tener conciencia sino del presente sería pura mentira», puesto que lo que el presente tiene sentido sólo es aquello que permanece entre el ayer y el mañana. El hoy es, pues, un proceso; y consiguientemente el resultado de una transición, de un cambio. Sin embargo el recurso al pasado, el refugio en él parece dominar y volverse más vital cuando la sociedad, o los hombres dentro de ella. (28) R. D ahrendorf , Sociedad y libertad, Tecnos, Madrid, 1966, Cap. V. Tb. L. COSSER, Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, Amorrortu, Buenos Aires, 1970, esp. la tercera parte.

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vive la crisis, el fracaso, la impotencia o la falta de satisfacción que lo conseguido engendra. En estos momentos es cuando la tensión hacia el futuro intenta contraerse y la búsqueda del propio pasado intentan sustituir cuanto suene a cambio y mudanza. A ello se le llamada «refugio en la tradición». Ciertamente la autoconciencia de tradición opera en el hombre actual, quizá como contraposición dialéctica a la tensión de futuro que le viene impuesta, y genera una lucha interna, de manifestación colec­ tiva, testigo de que el poder del pasado sobre el hombre subsiste aun en el caso de la más radical revolución. Y así la búsqueda actual de una salida hacia nuevas perspectivas frente a la homogeneidad cultural y estructurante de hoy intenta recuperar los valores primeros de la liber­ tad, ese libre albedrío que ilusiona a un hombre cuando desea verse mínimamente condicionado. La fuerza de la tradición y el conocimiento del pasado tienen fuerza de presente; y en este sentido actúa y se manifiesta como un peso, como un modelo para el presente. Influye condicionando y sancionando mo­ dos de hacer y de vivir; crea sistemas de trabajo y formas de comporta­ miento; impide la celeridad del cambio mediante mecanismos de san­ ción o de presión social; y lo que es más importante, se funda en una «religión, con todo el peso y el lastre que ello supone y con toda la lucha por la permanencia que el orden jerárquico establecido exi­ ge (29). El problema surge cuando se impone la confusión; cuando el re­ cuerdo del pasado queda ahí, aislado, como un recurso para evitar los nuevos esfuerzos que la adaptación al cambio siempre suponen. El precipitado cultural que la tradición crea viene a corroborar su permanencia y mediante apoyos del más variado tipo, racionales, emo­ cionales o trascendentes, pretender generar en costumbre, en uso, asegurando así el paso a la estabilidad, a la permanencia, al nocambio. Tiende a crear en el inconsciente colectivo definiciones, defen­ sas, justificaciones que abusan del recurso al derecho, natural o divino, para imponer sus tesis. No es otra cosa que la expresión de Thomas (29) J . C aro B aro JA, Estructura y tradición: dos vocablos usuales en las ciencias antropológicas, en «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (XXVII), 1970, pp. 27 y ss.

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cuando afirmaba la frecuencia con que llamamos natural a todo aquello a lo que estamos acostumbrados. Si se intenta luego más críticamente profundizar en la costumbre y explicar su inició — la ida al pasado como señal y testimonio de verdad— se demuestra que esa «época inmemorial», ese «siempre-se-hizo-así», esa «dimensión ancestral» de la tradición... es mucho más corta de lo que se pretende, que incluso arranca de fecha relativamente moderna (30). Cuando así sucede la tradición ha dejado de ser un peso, un patri­ monio; y se convierte en recurso, en fraude, desde el que se consagra y trata de justificar una manera de actuar o de vivir que, bajo la pura «autoridad del pasado», pretenden resistirse a un cambio, a un pro­ greso, cuya realización permite y significa la seguridad de que el grupo humano y la sociedad en que se inserta viven, progresan, proyectan y consiguen. Téngase finalmente en cuenta que cuando la tradición se ofrece o se traduce como recurso o como lastre, viene a significar reacción; y significa y comporta algo más complejo y resistente que la propia rutina a la que con excesiva frecuencia se le da el mismo contenido semántico (31). 2.

Convergencia y sincronía entre modernidad y secularización.

Desde la segunda mitad del siglo XVIÍÍ se viene abundando sobre­ manera en un enfrentamiento de manifestaciones ideológicas, políticas y literarias entre lo viejo y lo nuevo, lo conservador e innovador, lo tradicional y lo revolucionario o renovador, lo fiel o religioso frente a lo impío o descreído. La lucha, en enfrentamiento, se manifiesta, en ese momento como conflicto. Un conflicto entre el Antiguo Régimen y la sociedad mo­ derna, entre absolutismo y democracia, entre autoridad y poder y derechos humanos. Era, según la expresión de J. Herrero, el propósito de reemplazar la violencia por métodos racionales y de reducir a discu(30)

J. C aro Baroja , Op. at . , p. 29.

(31) J. H errero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Edicusa, Madrid, 1971, Introducción de extraordinario interés en el sentido aquí apuntado.

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sión parlamentaria las decisiones políticas previamente efectuadas por el poder absoluto del monarca» (32). Si se mira desde una lejanía, de siglos ya, el choque entre lo viejo y lo nuevo, se puede perfectamente concluir la bondad de la moderni­ zación social y política que se exige; una modernidad con base en la razón y en los plurales mecanismos persuasivos que permitan el mejor vivir, y con apoyo en una ética encerrada ahora en esa expresión secula­ rizada de la caridad entre los hombres que es la solidaridad, la igual­ dad, la voluntad general expresada en el voto y condicionante de cualquier interés no recto. La bondad y la ética de los planteamientos y soluciones rousseaunianas parecen fuera de toda duda. Y sin embargo la reacción terminará maldiciendo, cuando no persi­ guiendo a esta razón y a esta ética, bien en nombre de principios divinos bien mediante la condena de las mismas como inspiración de Satán. Se crea, como mecanismo emocional, el mito; se estructuran sus elementos y se les montan sus cauces de difusión hasta lograr su triunfo mediante la victoria que supone la contrarrevolución, la con­ dena, el anatema religioso y la condena y exilio políticos. Lo ha sintetizado a la perfección J . Herrero en la obra más arriba apuntada: «El m ito fu n d am en tal, a cuyo alrededor se agrupa la constela­ ción de im ágenes que form an el arg um en to p rin c ip a l... es el de la existen cia de una conspiración universal de las fuerzas del M al contra el B ien . Esas fuerzas, cuyo ú ltim o origen es Satán, se organizan en el sig lo X V III en una trip le conspiración: la conspiración de los filósofos, q u e, adorando la Razón, la utilizan para d estru ir la Fe y de esta form a entregarse al in m un d o lib ertin a je, que es un verdadero fin ; la conspiración de los jansenistas que se proponen llevar el satánico ideal de libertad a la Iglesia m ism a ...; finalm en te la conspi­ ración masónica, que se propone la ejecución práctica de esos p erver­ sos p rin cip io s de razón, derechos humanos y libertad...» (33).

Obsérvese detenidamente la trilogía contra la que montan el mito y la condena: razón, libertad, derechos humanos. Y, aunque sea sólo a título de anécdota, recuérdese cómo el Roma sorprendió el lema revo(32) (33)

J . H errero, Oh. cit., p. 23. J . H errero ,

Ihidem.

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lucionario francés que con sus pretensiones de libertad, igualdad y fraternidad trataba de atacar el «orden natural querido por Dios». Necesariamente había de producirse en el siglo XIX de manera casi generalizada y progresiva convergencia —y hasta sincronía e su conquista de modernidad y secularización. En este superficial y rápido paso por los cauces de la modernidad en contraste con la reacción, y más adelante con las posturas integristas, destacan los enfrentamientos de la Iglesia con el Estado (34), la propaganda anticlerical y las luchas de muchos eclesiástico contra el liberalismo (35), la alianza del Trono y el Altar posterior al Trienio junto con el deseo de restablecer la Inquisición abolida en 1820, (36). Tras diversos «afifaires» sucedidos en los inicios del segundo tercio del siglo XIX, como la desamortización, la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede a punto de ser coronadas con un cisma, se observa, ya en plena década moderada, un ambiente de comprensión y de tolerancia que responden tanto al carácter más conservador y más tradicional de la política como al talante de Pío IX en la primera etapa de su pontificado, en la que se hizo posible finalmente el Concordato de la Santa Sede y España en 1851. Porque después se van a suceder, en el mismo Pontificado tres manifestaciones en las que teórica o prácticamente quedarían condenadas las principales libertades moder­ nas; la encíclica Quanta Cura, el Syllabus y la célebre «Cuestión romana» que, en expresión del profesor J. Pabón, «concertó, du­ rante un cierto tiempo, todo el debate religioso-político español del siglo XIX» (37). (34) M. R evuelta G onzález, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1973. Tb. L. DEL M oral R uiz , Hacienda y Sociedad 1820-1823, Ins. de Estudios Fiscales, Madrid, 1977. Igualmente A. G il N ovales, Las sociedades patrióticas (1820-23). Las libertades de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos, Tecnos, Madrid, 1973. (35) 1. M. Z a val a , Masones, comuneros y carbonarios. Siglo XIX, Madrid, 1971. Tb. la obra de J. A. Ferrer B enimelli sobre la masonería. (36) L. A lonso T ejada , El ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VIL Juntas Apostólicas, Conspiradores realistas, Madrid, 1969. (37) J. Pabón , España y la «cuestión romana», M. y Crédito, Madrid, 1972. J. M. C uenca Toribio, Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica contemporáneas: la jerarquía eclesiástica (1789-1963), Córdoba, 1978.

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Las tres épocas de la historia española en las que la secularización del pensamiento y las propuestas de modernidad han mantenido mayor concordancia ofrecen características diversas y han resultado también temporalmente diferentes. La primera coincide con el Sexenio revolu­ cionario (1868-74) y supuso, concretamente en 1869, nuevas reticen­ cias por parte de la Iglesia a una Constitución que garantizaba el ejercicio privado y público de cualquier otro culto religioso, amén de un matrimonio civil concorde con la libertad religiosa (38). La se­ gunda coincide con los años de la II República, la más radical apuesta por la modernidad de nuestra historia contemporánea hasta el mo­ mento, que llevará igualmente a una tensión profunda cuando se bus­ que el reconocimiento de la separación de la Iglesia y el Estado. En diciembre de 1931, y como respuesta al texto constitucional, los obispos publicaban una carta colectiva que denunciaba el laicismo del Estado, la supresión del presupuesto y la disolución, en determinadas condiciones, de determinadas órdenes religiosas (39). La tercera época, la actual, exigiría un estudio más profundo y detenido. Los presupuestos de modernización del concilio Vaticano II han pesado en muchos prelados; la situación de la Iglesia española es hoy más compleja, crítica y plural; y las resistencias colectivas por parte de la Jerarquía a cambios legales, orientación del voto, juicio sobre educación y enseñanza, etc., conoce, y presenta a afirmaciones y decisiones individuales y partidistas, una dosis de respeto, crítica y colaboración dignas de tenerse en cuenta. Hasta aquí puede dar la impresión de que se liga en exceso la modernidad a lo profano y la tradición o reacción a lo eclesiástico. No fue, sin embargo, realmente así, al menos en su totalidad. Lo que sí parece deducirse porque así ha sucedido, y en parte (38) A. C arro M artínez, La Constitución española de 1869, Madrid, 1952. L. SÁNCHEZ P ortero , «Matrimonio civil en España. Pasado, presente y futuro», en Razón y Fe (188), 1973, pp. 373 y ss. (39) V. M. A rberola, La Semana Trágica de la Iglesia en España (1951), Barce­ lona, 1976. Tb. V. M. A belona, Aquella España Católica, Sígueme, Salamanca, 1975. V. C árcel O rtiz , La 11 República y la guerra civil, dentr de la obra dirigida por R. G arcía V illoslada, Historia de la Iglesia en España, BAC, Madrid, 1979.

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continúa, es la religación entre religión y verdad, práctica o concep­ ción religiosas y anquilamiento, búsqueda en la trascendencia de auto­ ridad y verdad para posturas y comportamientos cambiantes de por sí. Casi podría afirmarse que la tradición entendida como lastre, como reacción, buscó el apoyo en lo religioso, en el dogma que siempre presupone un punto de llegada, un fin más que un punto de partida y de búsqueda. 3.

Presupuestos para una secularización del pensamiento.

Sociológicamente hablando —y de ello se trata ahora— se entiende por secularización un proceso mediante el cual una estructura social, habitualmente aislada, normalmente sacralizada, se trasnforma en otra abierta, accesible, no sagrada (40). Es un proceso; y por consiguiente un camino, siempre abierto, dinámico, en gestación. En esto coincide con el normal desarrollo de la ciencia, de la técnica; y no conoce más reglas, entiéndase en su desa­ rrollo mismo, que las propias y las del entorno en que se sitúa. Se trata, pues, de un proceso consciente, que se apoya en la capacidad de atención y captación de una élite con función de liderazgo que ha sabido liberarse de ataduras de pasado y al mismo tiempo permanece ser integrada en su mismo medio. A partir de este intento de definición podría con cierta premura concluirse que esta secularización de por sí no supone ni exige posturas anticlericales, antiteístas o ateas más que cuando el clérifo, la insti­ tución eclesiástica o los defensores del dogma se empeñan fanática­ mente en confundir religión y ciencia, sociedad terrena y mundo so­ brenatural, dando carácter definitivo a todo el ropaje cultural con que habitualmente las diversas religiones y creencias acoge o envuelven su complejo mensaje (4l). Ver el término en el Diccionario de Ciencias Sociales, ya citado. P. H onin GSHEIM, Conocimiento de la religión, en I. L. HOROWITZ, Historia y elementos de la sociología del conocimiento, Eudeba, Buenos Aires, 1968, pp. 211 y ss. (40) (41)

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Por el contrario, la secularización presupone: a) El respeto y el apoyo en un principio de libertad, sin más límites que los que puedan surgir de la razón, de la objetividad, de la demos­ tración. b) Una movilidad mental, consiguiente o concorde con el mismo avance de la ciencia o de la demostración en que se apoya. c) La suficiente capacidad de planificación, concorde con la compleja manifestación de la ciencia, optimista con los resultados del proceso científico, humilde para aceptar la ayuda desde otros medios, procesos y sectores, abierta a la duda, a la colaboración, a la crítica y al cam­ bio (42). De tenerse en cuenta la crítica realizada en la primera parte de este ensayo a las formas de expresión democrática actuales y al olvido que la democracia política tiene de las exigencias económicas y sociales para su permanente y progresiva construcción, debe igualmente inferirse que expresiones como «secularización», «religión», «tradición», etc., pueden hoy aplicarse a procesos de cambio y de modernidad que lucharon por abrirse camino en la nueva sociedad, que más adelante se instalaron en la misma hasta generar control y hasta hegemonía, y que hoy con frecuencia practican políticas de dogmatismo, de intolerancia a nuevas ideas, movimientos, anhelos de cambio y apertura. La tenta­ ción de intolerancia continúa; y se ha sido y se es intolerante cuando se ha superado las etapas de permisión, aceptación e imposición científi­ cas, técnicas, sociales o culturales. III.

CONCLUSION: HACIA UN CONSTANTE CAMBIO DE VALORES SOCIALES

Lo que no supone ciertamente una relativización de los valores es su cambio, su dinahiismo en el sentido más arriba indicado. En nuestra reciente democracia, según ha escrito J. M. Maravall, hay un doble componente cuya conexión, entendimiento y hasta con­ flicto han supuesto una maduración de la convivencia bastante satisfac(42) D. NuÑl:Z RülZ, Im mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, Túcar, Madrid, 1975.

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tofiamente lograda. En él se suman y cabría decir que se potencian las reformas hechas y mantenidas desde arriba, y las progresiones, surgidas y activadas desde abajo (43). Obsérvese, por otra parte, que la presión de abajo se reduce desde el momento en que se obtienen, y con cierta prisa, reivindicaciones dura y permanentemente mantenidas primero en clandestinidad y más tarde en los momentos del desconcierto social inherente el mismo cambio. El cambio fiie antes nacional que regional o local, y mantuvo una fragilidad clara, concretada en las dificultades para un gobierno estable de la sociedad; y la aplicación de la democracia a la vida municipal no llegó hasta el mes de abril de 1979. ^;Cuándo acaba, finalmente, una transición política? No parece existir todavía más que accidentalmente, la posibilidad de una respuesta descargada de emociones o desprovista de perjuicios. En este sentido es en el que aquí se habla de «constante cambio», porque una democracia social, según el juicio de Maravall antes citado, exigiría, de entrada al menos de forma drástica, y más adelante de manera progresiva y hasta dialéctica, esos tres objetivos: a) La puesta en práctica de las condiciones para una democracia política estable y madura; esto es, la desaparición, la imposibilidad de cualquier tentación involucionista. Posiblemente deberá ser, por su peso negativo en la posible convivencia, la más urgente y mantenida preocupación de un poder político que además de mandar debería insistir en convencer al ciudadano de la honestidad de la vocación y de la práctica políticas. h) La consolidación de unas opciones sociales abiertas capaces de aglutinar democracia y participación, reforma e igualdad, bienestar y educación en libertad. ‘ c) El apoyo a los movimientos sociales reivindicativos y a las posiciones ideológicas de los individuos en general (44). En vida práctica y corriente de esta democracia, nacida en medio (43) J. M.^ (44) J. M.^

M aravall , Oh. át., Cap. M aravall , Ibídem.

I.

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de una crisis mundial, de una conflictividad interna y de una falta de modelo a imitar, puede darse el peligro o la tentación de creer logrado el objetivo. Cabría el convencimiento de que han desaparecido muchas condiciones y factores de conflicto. Podría aun decirse y creerse lograda la igualdad política entre los españoles. Sin embargo, esta sociedad moderna, democrática, simpatizante o realmente abierta a la «tecno estructura» (Galbraih), a la masificación del bienestar, continúa siendo —y a veces incrementa— una sociedad desigual, unas veces de forma crasa, y otras de manera estructurada, jerárquica. Cuando se han logrado reducir determinados niveles de desigualdad típicos de la división, en clases, ha, ido aumentando una desigualdad nueva, jerarquizada en sus planteamientos y traducida a la realidad mediante «redes ocupacionales» que actúan como nuevos cri­ terios de «cierre y acceso al poder», «privilegio e ingresos» (45). Aunque la sociedad entera aparezca algo más abierta, las instituciones corporativas, los grupos o colegios profesionales, las escalas diversas de educación, salarios, participación política, etc., generan escalas nue­ vas, desigualdades que se traducen en una nueva gradación económica y social pese a la presunción de igualitarismo a todas luces repetida. El carácter dinámico de cualquier tipo de sociedad obliga a tener siempre en cuenta las divergencias entre el ideal de la igualdad y la creciente jerarquización profesional y ocupacional aludida. Esta última resulta ser efecto de la misma complejidad humana, de la especialización y multiplicación de funciones sociales necesarias, de modo que en la nueva sociedad postcapitalista volverá a repetirse, con otras palabras, lo que la sociedad tradicional defendía y apoyaba: la igualdad va «con­ tra naturam»; supone y genera la injusticia, la negación del esfuerzo, el premio a la iniciación y la vagancia. ■El cambio de valores más arriba indicado no supone ni lógicamente exige la relativización y la transitoriedad de los comportamientos. Por el contrario, lo que el dinamismo social plantea para no morir ni engañar es la negación de la permanencia, la insatisfacción con conse­ guido, la renuncia a posturas decisorias de poder o la creación de desigualdades de rango o partido, de monopolio del poder. La nueva sociedad — la sociedad corporativa estudiada recientemente (45)

S. G iner DE G rad o , Clase, p o d er..., ya cit., p. 39.

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por Giner y Pérez Yruela (46)— encierra en su identidad esta contra­ dicción entre valoración de la igualdad y continuación de las desigual­ dades consecuentes con los diversos mecanismos o imperativos de jerarquización, la inflación burocrática y hasta la reglamentación decisiva de la vida ciudadana. Se superaron y hasta desligitimaron múltiples formas de desigual­ dad; pero, por encima de la justificación del mérito, de la especialización científica y técnica como expresiones de una complejidad y diver­ sidad sociales, surge una expresión nueva de dominación de clase cuyo conocimiento y crítica exige la duda perenne, o mejor aún, la renuncia a aceptar como definitivos valores del presente que no pasaban, hace unos años lustros, de resultar ideales. El relativo acercamiento de clases y grupos sociales no ha acabado con una reproducción clasista todavía hoy intensa, del mismo modo que continúa la acumulación de riqueza en reducidos grupos de ciuda­ danos y se siguen cultivando relaciones de amistad, colaboración y potenciación mutuas entre las altas escalas de profesiones liberales, milicia o alto fiincionariado. No se ha superado, pues, sino un modo concreto, histórico, cambiante, de estratificación y de lucha de clases. Por ello urge evitar el conformismo procedente de cierto «conser­ vadurismo social» que pretende autoconvencerse de que resulta impo­ sible lo que sólo es no deseado y no querido. Como somera conclusión a cuanto se ha desarrollado, y de modo sencillo y directo en pro de una mejor compresión y más eficaz re­ cuerdo, cabría repetir: 1. ® La permanencia actual de desigualdades hace imposible la creencia firme en una democracia progresiva y duradera. 2. ^ La democracia política es necesaria, pero no suficiente para una lucha contra las desigualdades y una aproximación a la igualdad. 3. ° Los sistemas dominantes de propiedad privada y de poner sin autoridad desvían la preocupación y la consecución de una sociedad libre e igual. (46) S. G iner y M. PÉRZ Y ruela, La sociedad corporativa, Centro de investiga­ ciones Sociológicas, Madrid, 1979.

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4. ^ La nueva sociedad postcapitalista, corporatizada, encierra pe­ ligros sociales desestabilizadores que amenazan un porvenir humano. 5 . ^ La sumisión ciega al progreso, a la técnica, a la superproduc­ ción, a la acumulación de material bélico, significan la nueva depen­ dencia de la fuerza frente a la razón y la libertad. Permítasenos, por fin, y con el único motivo de dejar abierto el interrogante, la duda o la sorpresa, repetir la inquietud expresada por S. Giner en su citado análisis de la desigualdad y el conflicto social en el mundo de hoy: «Es injustificable aplazar la solución de la injusticia de clase, del privilegio y del poder sin autoridad con la excusa de que los otros problemas son más apremiantes, pues está claro que los últi­ mos son en muy gran medida consecuencia de los primeros. Menos justificable es abrazar el neoconservadurismo pseudocientífíco de los sociobiólogos, economistas antiigualitarios y de pesimistas filosófi­ cos para argumentar en favor de la desigualdad injusta. Lo que parece perentorio en cambio es mantener el énfasis sobre las dificul­ tades estructurales reales que halla la sociedad moderna para evolucionar hacia un universo tan Ubre como igual (47).

(47)

S. G iner, Clase, poder..., Conclusión, pp. 56-57. El subrayado es nuestro.

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Desigualdad económica y social en España a partir de la transición Francisco Javier Santiago de Pablo Economista.

Hablar de desigualdad económica y social en España desde la transición democrática es cosa harto difícil y problemática, principal­ mente porque este tipo de fenómenos evolucionan muy lentamente, y los años transcurridos no pueden avalar un cambio significativo en uno u otro sentido. Merece la pena sin embargo analizar con el mayor detalle y profun­ didad posibles, cuál ha sido el escenario socio-económico que había cuando la transición comenzó, y cuáles han sido las condiciones econó­ micas nacionales e internacionales que han acompañado la instauración y afianzamiento del actual régimen de libertades democráticas. Porque el caso es que en España han coincidido durante la última década dos fenómenos de capital transcendencia. Uno ha sido la desa­ parición súbita y pacífica de un régimen dictatorial periclitado, y el otro la crisis económica sin precedentes que afecta a todos los países del mundo. Entre estos dos fenómenos no existe, ni puede siquiera imaginarse, relación alguna de causa/efecto. Sin embargo ambos fenómenos se han entrelazado e interrelacionado de tal manera, que se puede decir que no ha habido toma de decisión alguna en la que no haya entrado en consideración la crisis económica y el afianzamiento de las libertades democráticas.

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I.

LA SITUACION ECONOMICA EN VISPERAS DE LA CRISIS Y LA DEMOCRACIA.

España había tenido un desarrollo similar al resto de los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero con marcadas diferencias, especialmente en sus comienzos. Por razones políticas, España que no había sufrido los destrozos de la Segunda Guerra Mun­ dial, pero sí los desastres de su cruenta guerra civil, no participó en los planes de recuperación del resto de los países de Europa. En aquellos duros años España jugó la baza de la autarquía económica al estar aislada del resto del mundo. A mediados de los años cincuenta, vuelta España a la comunidad de naciones, y hasta mediados de los años setenta, el país disfruta de dos décadas ininterrumpidas de desarrollo, en un contexto mundial y europeo de euforia económica. A lo largo de estos cuatro lustros, España crece y se acerca con paso firme a las naciones más desarrolladas de Europa Occidental. De 1955 a 1975, el Producto Interno Bruto (PIB) crece a un ritmo anual de 5,8 % en términos reales, en pesetas constantes (1). La renta per cápita creció en el mismo período, en términos reales, en un 4,4 % anual, multiplicándose en cerca de dos veces y media el poder adquisitivo de los españoles a lo largo de estos veinte años (2). Desde el punto de vista de la desigualdad económica y social, el desarrollo económico español tuvo efectos positivos por cuanto los datos indican que se cerraron un tanto las brechas de rentas, y el desequilibrio regional tendió a corregirse. Así por ejemplo, las regiones que tuvieron la tasa más alta de crecimiento en la renta per capita, fueron aquellas que comenzaron el periodo con rentas más bajas: Extremadura, Murcia, Castilla-La Man­ cha y Andalucía. Y por el contrario el crecimiento relativo de la renta per capita fue más bajo en las regiones más prósperas: Madrid, Cata­ luña y el área del País Vasco y Navarra (3). Desde el punto de vista del ámbito rural y urbano, el desarrollo de estas décadas supuso un abandono continuo de parte de la mano de (1)

B anco

de

B ilbao ,

Renta Nacional de España y su distribución provincial, Serie

Homologada 1955-1975. p. 34. (2) Ihid, Tablas R25 y R27, pp. 85 y 87. ( 3) I h u l. •'

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obra dedicada a la agricultura, y su trasvase ininterrumpido a la indus­ tria y al sector servicios, tanto de España como del extranjero, puesto que fue la mano de obra agrícola el principal componente de las corrientes migratorias en nuestro país. Si se observan las cifras de la estructura de la Población Activa por sectores económicos para estos veinte años, se ve que España redujo a la mitad el porcentaje de su población activa dedicada al sector prima­ rio (del 46 % en 1955 al 23 % en 1975). Todas las regiones sin excepción disminuyeron sus efectivos humanos en el sector agrícola, pero algunas regiones como Valencia, Murcia y Canarias destacaron en esta evolución al reducir en menos de la mitad su población agrícola: Valencia pasó del 49 al 17 %, Canarias del 59 al 22 %, y Murcia del 55 al 24 %. Otras regiones en cambio disminuyeron muy poco su población agrícola, como Galicia que pasó del 64 al 51 %, o Extrema­ dura que pasó del 64 % en 1955 al 48 % en 1975 (4). Paralelamente a este trasvase de mano de obra agrícola a otros sectores económicos, se produjo en España el abandono progresivo de las áreas rurales: el éxodo del campo a la ciudad. Fenómeno que ha sido común a todos los países del mundo. La corriente migratoria fuera del ámbito rural era inevitable. Un país no podía seguir utilizando la mitad de sus recursos humanos en proveer de alimentos y materias primas agrícolas a la otra mitad de la población, sin que la eficacia del sistema económico se resintiera. Por eso, tan pronto se abrieron oportunidades de trabajo no agrícola dentro y fuera del país, la población rural comenzó a disminuir, porque la mano de obra agrícola era de hecho redundante, sobrada. Prueba de ello es que la producción agrícola no se vió afectada por la disminución de operarios, al contrario el PIB del sector primario creció un 46 % en pesetas constantes durante el período 1955-1975 (5). De igual modo la renta per capita agrícola creció de forma conside­ rable gracias a estos factores analizados: el crecimiento en términos reales del valor de la producción agrícola, y la disminución de efectivos humanos en la obtención de ese producto. Por aún así y todo el sector agrícola sigue siendo el peor remune(4) (5)

Ihid, Tabla R6, p. 66. Ihid, Tablas R12 y R13, pp. 72 y 73.

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rado en comparación al resto de la economía. Unas pocas cifras esclare­ cerán este punto. En 1955 el 46 7c de la Población Activa trabajaba en la agricul­ tura para obtener la quinta parte (20 %) del PIB español. Veinte años después, la mitad de esa población activa (23 %) trabajaba en el campo para obtener la décima parte (9,8 7c) del PIB nacional. En términos reales, en pesetas constantes y no devaluadas, el producto agrícola había crecido cerca del 50 % en este período. También había crecido en pesetas constantes la remuneración del trabajador en este sector, incrementándose en más de dos veces y media su poder adquisi­ tivo entre 1955 y 1975. Aún así y todo en 1975, la producción o remuneración media por empleo en el sector agrícola, seguía siendo poco más del 40 7c de la media por empleo a escala nacional (6). Si se comparaba la agricultura española con la de otros países de niveles de desarrollo cercanos, era evidente que todavía tenía que liberar más mano de obra de este sector, so pena de condenar a muchos miles de ciudadanos al estancamiento económico y social. Hay otros aspectos de la desigualdad económica de este período menos estudiados y para los que no existen bases estadísticas muy seguras. Parece ser un hecho incuestionable que la sociedad española llegó al año 1975 con una mayor igualdad económica y social que la que existía por ejemplo antes de la guerra civil. El crecimiento de la clase media es un hecho hasta constituir el grupo social más numeroso y base de la estabilidad social. Lo que sí se puede percibir con evidencia numérica es el aumento de puestos de trabajo asalariados y la paralela disminución de empleos no asalariados. Pero esto se debe no tanto a la proletarización de la sociedad española, cuanto al trasvase de mano de obra del sector agrí­ cola (donde constaba como «no asalariada») a otros sectores económicos donde los puestos de trabajo son asalariados y mejor remunerados que los de «autónomos» del campo. En 1955 poco más de la mitad (54 7c) de los empleos eran asalariados, dos décadas más tarde siete de cada diez empleos (71 7c) eran asalariados. En las regiones más prósperas, Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, son las que tienen índices más altos de empleo asalariado mientras que Galicia erá con su 42 % (6)

Ihtci, Tablas R12 y R l4 , pp. 72 y 74.

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de empleos no asalariados, seguida de lejos por Castilla-León (54 %), un raro ejemplo de resistencia al cambio (7). Cabe añadir por último que durante todo este periodo del desarro­ llo, las estructuras de la economía española habían ido evolucionando cada vez más hacia un modelo de economía de mercado liberal. Pero sin embargo la influencia decisiva de un régimen autoritario no había permitido el desarrollo completo de la economía de mercado ni la homologación de las estructuras económicas con las que reinaban en el resto de Europa Occidental. La estructura económica española adolecía a grandes rasgos de los siguientes defectos: — Intervencionismo estatal excesivo en todo lo referente a la ma­ nipulación de precios y salarios, llegando a veces a alterar artificial­ mente el índice de Precios al Consumo (IPC). La falta de libertad sindical es quizás el aspecto más negativo de este intervencionismo. — Un sistema fiscal obsoleto y en la práctica regresivo, donde el fraude al fisco era enorme y el peso de los impuestos indirectos excesivo. — Proteccionismo comercial exagerado que daba a pie a prinvilegios, junto a un complicado sistema de licencias, exenciones, etc. — Desde el punto de vista de la desigualdad económica y social, la estructura del sistema económico tiene una importancia capital. En un sistema de economía de mercado se produce amplias desigualdades que sólo pueden corregirse a través de mecanismos de equilibrio y redistribución de rentas, como spn las medidas antimonopolio, la eliminación de privilegios, las libertades de sindicación y de huelga, la introducción de un sistema impositivo progresivo, etc. II.

LA DESIGUALDAD ECONOMICA DESPUES DE LA TRANSACION

El final del régimen que emergió tras la guerra civil comenzó con el asesinato político del Jefe del Gobierno el 20 de Diciembre de 1973. Por esos mismos días la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) efectuaba la primera subida del precio de los crudos, dando comienzo a la crisis económica de alcance mundial. (7)

Uncí, Tabla RIO, p. 70.

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El impacto de la crisis del petróleo hizo reaccionar a todos los países. La subida de precios en proporciones desmesuradas iba a poner en serio peligro todas las economías, al aumentar la factura de las importaciones más allá, para algunos países, de su capacidad de com­ pra, y para todos más allá de lo que sus economías podían racional­ mente absorber a corto plazo. Todos los países reaccionaron y tomaron medidas para hacer frente a la crisis petrolera. Todos, menos España. La debilidad política de un régimen que estaba a punto de desapa­ recer no permitió a ningún gobierno enfrentar la crisis desde su co­ mienzo. Las consecuencias de la crisis, inflación, paro, crecimiento de la deuda exterior, etc., eran inevitables se hiciera lo que se hiciera. Las sufrieron todos los países, aun aquellos que mejor y más rápidamente respondieron. Pero no era esto lo más importante. Lo más importante era iniciar sin pérdida de tiempo la adaptación de la industria a las nuevas circunstancias, la búsqueda de fuentes alternativas de energía, y el desarrollo de nuevas tecnologías que sustituyeran a las que ya esta­ ban obsoletas. En una palabra, lo que los países más desarrollados han llevado a cabo en estos años de crisis generalizada ha sido una gigan­ tesca reconversión industrial. España está recién comenzando ese pro­ ceso. La causa fundamental de esta inoperatividad en el terreno econó­ mico e industrial radica en la transición política que vino impuesta por circunstancias ajenas a todos. Si alguien hubiera planificado una transi­ ción política como la realizada, la hubiera alejado lo más posible de los años fatídicos en que los precios del petróleo subieron a cotas astronó­ micas creando dificultades económicas gravísimas. Pero no fue así. Y los distintos gobiernos tuvieron miedo a poner en práctica medidas económicas restrictivas, de las llamadas antipopulares, quizás por sen­ tir sin bases sociales suficientes, o por temor más o menos justificado a complicar aún más la compleja situación de la transición. Sea como sea, el hecho fue que las reformas de la transición fueron casi exclusivamente políticas, y que la estructura económica que preva­ lecía antes del 73 ha permanecido prácticamente intocada. La reforma fiscal iniciada tras la transición todavía permanece den­ tro de un esquema «recaudatorio», es decir con la meta puesta más en acrecentar los recursos económicos del sector público (necesidad grave sin duda) que en repartir las cargas fiscales de manera más justa entre

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todos los ciudadanos. El carácter regresivo de los impuestos perma­ nece. Lo mismo puede decirse respecto al intervencionismo público en materia de precios y salarios, monopolios, comercio de estado, etc. Ha habido disminución, pero en líneas generales, se mantiene la postura de un estado intervencionista, con un cierto tufo a modos y maneras paternalistas un pasado cercano. La única ruptura total ha sido en materia laboral. Las libertades sindicales fueron uno de los puntos esenciales de la reforma y transi­ ción políticas, y que se llevaron a cabo de forma inmediata. Pocas son las cifras publicadas hasta ahora que nos permitan cons­ tatar los adelantos o estancamientos que se han podido producir en materia de desigualdad económica y social en estos pocos años del nuevo régimen de libertades democráticas. La lentitud con que las estadísticas se hacen públicadas en España, junto con la lentitud con estos fenómenos de cambio de estructura se manifiestan, hará poco menos que imposible, como se dijo al comienzo, encontrar base empí­ rica fiable para cuanto hasta aquí se ha señalado. Porque en realidad a partir de 1973 el único factor que de verdad puede haber influido en la evolución de la desigualdad económica y social, es la crisis económica con sus secuelas de paro, inflación y estancamiento de rentas. Siguiendo con la misma fuente de datos, durante los siete años transcurrido entre 1973 y 1979 (ambos inclusive), se observa un creci­ miento medio anual de la economía española, en términos reales, del 2,71 %, menos de la mitad que en años anteriores, y teniendo en cuenta que todavía el año 73 fue un año de expansión económica (8). De forma paralela la renta per capita creció a tan solo el 1,37 % anual, y los españoles en general y como media, vieron crecer su poder adquisitivo durante este período en poco más de un‘ocho por cien­ to (9). La desigualdad regional entre las diversas comunidades autónomas sufrió alteraciones significativas. Así por ejemplo, Galicia con una renta per capita de las más bajas en 1973, creció al ritmo más alto (8)

B anco

de

B ilbao ,

Renta Nacional de. España y su distribución provincial, ¡979,

Tabla 7, p. 39.

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(3,28 % anual), mientras que el País Vasco que tenía una de las rentas más altas en 1973 vió disminuir en un —2,17 % anual su renta per capita, de modo que para 1979 la población vasca había perdido un 12,3 % de su poder adquisitivo en términos reales. Baleares con una renta per capita inicial elevada se había quedado estancada (—0,14 % de tasa anual) al final del período. En general sigue el proceso igualatorio entre las diversas comunidades autónomas y reseñado para los años de desarrollo, con la única excepción de Madrid que sigue creciendo, a ritmo moderado, pero sin interrupción, a pesar de las crisis y los cambios (9). El proceso de disminución de empleos en el sector agrícola se mantiene, y así del 24,9 % que había en el 73 se pasa a un 20,4 % en el 79, de media nacional, una disminución en términos relativos del 21,5 % (11). Navarra, Extremadura y La Rioja son las comunidades que porcen­ tualmente más mano de obra agrícola pierden en estos años: alrededor de una tercera parte de sus efectivos. Galicia entra en la década de los años ochenta con todavía el 45 % de su población activa dedicada a tareas agrícolas (11). La corriente migratoria del campo a la ciudad, a los centros indus­ triales nacionales y extranjeros sufre un brusco parón. Lps países euro­ peos receptores de emigrantes, acuciados ahora por el paro, cierran sus fronteras a la emigración, a aún llegan a utilizar diversos incentivos y recursos para fomentar el retorno de los emigrantes a sus países de origen. Por primera vez en muchas décadas España no puede exportar mano de obra, y el paro crece a pasos agigantados. Para 1979 había ya 1.274.700 parados, más de tres veces y media el número que había a comienzos del periodo. Hay que hacer notar también que el crecimiento de la Población Activa que en décadas anteriores había sido constante, se estanca e incluso disminuye ligeramente (un —0,36 % en el periodo). Es decir, a causa de la crisis, la población ocupada disminuye y el número de personas en paro aumenta de forma espectacular, pero es que además el número de personas en activo, que tienen o buscan empleo, dismi(9) (10)

(11)

Ihid, Tabla R l l , p. 4^. Ihtd. Ihid, Tabla R4, p. 36.

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nuye también porque las circunstancias adversas desaniman de la bús­ queda de empleo al contingente femenino y a los más jóvenes, la tasa de paro pasó del 2,7 % en el año 1973 al 9,5 % en 1979. En estos momentos supone el 18,57 % (2.452.848 personas), habiéndose du­ plicado en estos últimos cuatro años (12). La proporción de empleos asalariados se mantiene en los límites de antes de la transición (71 %), sin duda porque la crisis económica ha limitado drásticamente la oferta de puestos de trabajo remunerados (13). Nada se ha dicho de otro fenómeno económico y social que ha cobrado notable importancia en estos últimos años. Se trata de la economía sumergida, o lo que es lo mismo del mercado oculto, pero por eso no menos real, de trabajo y capital. No existen cifras sobre estas actividades económicas, precisamente por su carácter clandestino. La verdad es que en zonas geográficas concretas y en sectores industria­ les determinados se conocen espectaculares aumentos de producción con reducciones drásticas de plantillas laborales, sin que cambios tec­ nológicos y fantásticos avalen estas alteraciones. La explicación yace en nuevas y ocultas realciones laborales, donde las fábricas se dispersan por las ciudades, y el antes trabajador asalariado pasa a ser una especie de «trabajador autónomo por cuenta ejena», en realidad un jornalero industrial, figura que se creía prácticamente desaparecida del mundo laboral hispano. La influencia de esta economía sumergida es muy grande a la hora de valorar las cifras del paro, de los salarios, etc. Ciertamente tiene una influencia definitiva a la hora de enjuiciar las desigualdades econó­ micas y sociales. Puede ser que en España se esté comenzando a dar una situación en la que coexisten tres tipos de personas económica­ mente activas: a) las que ocupan un puesto de trabajo asalariado o no asalariado, que pagan impuestos y gozan de todas las bendiciones oficiales; b) las que ocupan un puesto de trabajo clandestino, que prácticamente no pagan impuesto ni cotizan a la Seguridad Social; y c) las que no cuentan con un puesto de trabajo de ninguna índole y se hallan sumidos en una total marginación. (12) Ihid, Tabla 3, p. 35. Ciñas de paro correspondientes al mes de febrero de 1984, publicadas por «El País» el 18 de marzo de 1984. (13) Ihicl, pp. 181-183.

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Una interpretación sociológica de la crisis española de los años ochenta Miauel Roiz Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Dr. en Sociología

INTRODUCCION

Este trabajo representa una prolongación de la tesis planteada en nuestro artículo publicado en DOCUMENTACION SOCIAL (1) res­ pecto a la situación en la estructura social y en la vida comunitaria de los distintos grupos, clases y estratos que componen nuestra sociedad española en 1983/4. Planteábamos ya allí los extensos y profundos problemas políticos que se podían crear por el desfase entre desarrollo político y desarrollo económico y social. En el primer caso, es evidente el progreso que ha representado realizar una transición política modélica, y aunque no exenta de con­ flictos (dos intentos de golpe de estado y numerosos atentados terroris­ tas) ha resultado un éxito para sus conductores y también para las instituciones y el pueblo español. Este paso ha permitido que a partir del 20 de octubre de 1982 se haya podido consolidar la democracia política gracias a las reformas sociales y —en cierto sentido también— gracias a la colaboración de una buena parte de las instituciones jurídi(1) Cf. «Estratificación, pobreza y cambio en España en los años ochenta», Rev. DOCUMENTACION SOCIAL, número ^O, 1983.

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cas y administrativas, así como de las organizaciones sindicales y pa­ tronales. Esta situación ha permitido que se haya democratizado la vida política y que se haya extendido el igualitario político, aunque sólo a ciertos niveles. En el segundo aspecto, el del desarrollo económico y social, a los desfavorables efectos de la crisis económica que arrastramos desde 1974, se ha asociado el aumento de la desigualdad económica, consoli­ dándose una estructura piramidal de clases con mucha distancia unas de otras, observándose además un freno a la movilidad vertical e incluso horizontal y la extensión —en algunos casos generalizada— de la pobreza y de la marginación económica y social. Además, se ha observado que esta es muy grave en determinadas provincias y regio­ nes, así como entre aquellos estratos ocupacionales y subgrupos de edad y sexo más tocados inicialmente por la crisis: trabajadores sin cualificación pero también titulados universitarios; sector de la cons­ trucción aunque también en servicios, etc. Decíamos ya entonces que este desfase debe de salvarse y elimi­ narse, ya que en otro caso se iban a crear conflictos laborales, sindicales e institucionales cuyas repercusiones políticas podían afectar a la propia consolidación democrática. En un año, en 1983, ya se han producido algunos de estos conflictos (2). A continuación, realizamos una interpretación de la crisis española en los años ochenta, considerando que la estructura social y sus compo­ nentes (situación de los grupos ocupacionales y educacionales en la pirámide de estratificación; procesos de movilidad vertical y horizon­ tal; adscripción de miembros de distintas clases y grupos sociales en los centros de poder, etc.) reflejan las transformaciones económicas y políticas resultantes. Es dudoso que nuestra democracia política se apoye actualmente en la participación general. La realidad española y la dirección del cambio de esta realidad no es nada gratificante para un sociólogo que desde (2) Entre ellos, destacamos los procedentes de la política de reconversión indus­ trial, de la reforma educativa (LODE) y universitaria (LRU), etc., a nivel estatal y los procedentes de las políticas lingüísticas y culturales e informativas a nivel de Cataluña y Euzkadi, o de la política de reforma agraria en Andalucía, por ejemplo.

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1966 ha podido ir observando la evolución de la sociedad y de la estructura social. Nadie puede negar la fuente, casi impresionante, crisis social y económica que vivimos. Y también la magnitud de sus defectos. Esta situación de crisis frena la aportación —y dentro de ella la participación— de recursos humanos intelectuales nuevos, en especial de los jóvenes; produciéndose una cierta desorientación e incluso desor­ ganización social a nivel general de la sociedad española. Para que la democracia y la política —hoy obstaculizada— se extiende a los ámbitos económico y social, se debe de plantear un programa de rearme moral y político, ya que a pesar de la paulatina aplicación y desarrollo de la constitución de 1978 y de la consolidación del sistema democrático de partidos; se mantienen e incluso emergen nuevos fenómenos de desigualdad. Y también se consolida, el sistema de explotación capitalista del trabajo y de los recursos naturales, por lo que se puede observar una rigidez en el sistema de estratificación social. Además, las condiciones económicas y sociales no facilitan el aprovechamiento educativo, artesano y técnico de muchos españoles. Se desvela la existencia de diversas contradicciones entre el poder legal, claramente democrático, y los poderes reales o fácticos de ám­ bito militar, económico, financiero, empresarial, educativo y religioso, con contenidos claramente capitalistas, por un lado, o conservadores, por otro; así como una confusa intervención sindical que o bien se subordina al poder político para mantener el poder adquisitivo de los salarios o bien cae en la pura utopía revolucionaria. Aparte de exigir que aumente la lucha de las organizaciones políti­ cas respecto a la transformación paulatina pero firme de las estructuras productivas que permiten la explotación laboral, y de las actuales relaciones capitalistas de producción, hay que tener un nuevo sentido de lo que debe ser la «modernización» nacional y regional. Destacamos el gran papel que puede tener la democratización informativa; la adap­ tación de la aportación ideológica y táctica de los nuevos movimientos sociales y políticos; la actitud y denuncia de situaciones concretas de injusticia por parte de la Iglesia y sus instituciones, y la fluidez y facilitación de la comunicación directa entre grupos, estratos, clases y organizaciones de diverso tipo. A continuación desarrollaremos los puntos enunciados.

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SITUACION Y OBSTACULOS A LA DEMOCRATIZACION GENERAL Podemos asegurar que en la actualidad tenemos garantía política respecto de la democracia. A nivel formal poseemos instituciones par­ lamentarias elegidas y controladas democráticamente por el pueblo, y un poder monárquico y otro legislativo que lo refrendan y garantizan. Sin embargo, no existe garantía de una democratización progresiva de la sociedad española, como tampoco la hay respecto a la empresa, el sistema productivo y ni siquiera de la Administración nacional y regio­ nal. Los deseos y aspiraciones de esta democratización, expresados por los españoles tanto directamente (en manifestaciones y asambleas) como indirectamente (en respuestas a encuestas, o en testimonios de intelectuales y artistas, por ejemplo) no se han cumplido y tampoco se están cumpliendo, quizá porque el esfuerzo del poder ejecutivo se está concentrando en poner en funcionamiento unos aparatos administrati­ vos obsoletos cuando no cerrados a la realidad (3). Como decía C. Giner de Grado (4), toda la historia de las demo­ cracias ha oscilado entre el predominio de las formas representativas y la participación permanente de los cidudadanos en las acciones políti­ cas; lo que justificaría en parte que nuestra democratización real —a nivel de la empresa, las facultades universitarias, los talleres de obra, las escuelas e institutos, los cuarteles, las parroquias, etc.— , sea tan pequeña e incluso tan vulnerable a cualquier reacción autoritaria. En la actual situación política y social creemos que España está más cerca de una situación democrática sociológicamente formal que real; y es básicamente más representativa que participativa, y confor­ mista que crítica... Esta «democracia gobernada», que según G. Burdeau hoy ha casi sustituido a la «democracia gobernante» que incluiría la participación casi total, absoluta, deseada y crítica de los ciudada­ nos, ^no contrasta con la creciente oligarquización e incluso personali­ zación del poder a diversos niveles, no sólo el político, o quizá justa(3) Por ejemplo, una buena parte de la actividad universitaria y de investigación científica y tecnológica no está adaptada a nuestro tiempo y menos a la tercera revolución industrial. (4) Artículo «Democracia, participación y cambio social», en Rev. DOCUMEN­ TACION SOCIAL, número 50, 1983.

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mente en la política oculta en la empresa, la banca, el sindicato o partido? Y, además, esta situación, ^;no contrasta con las exigencias del Estado Social de Derecho respecto a la participación ciudadana y la necesidad de defender los derechos ciudadanos a todos los niveles y de exigir nuevos derechos según la evolución social u política? (5). Además, el sentido democrático de la vida que debería de impreg­ nar las relaciones sociales, culturales, productivas, políticas y comuni­ cativas; debería también de penetrar en las familias, organizaciones, clubes, en las comunidades y aulas; y se puede concebir como una actitud político-vital y casi una «razón vital» (6), como filosofía social. Este sentido permitiría reconstruir democráticamente aquellas es­ tructuras de convivencia más dañadas —algunas profundamente— por la persistente acción autoritaria y dictatorial del franquismo y por el paternalismo y patronazgo falangista y del Movimiento; y que aunque parezca mentira fueron escasamente afectadas por el proceso de «transi­ ción política 1978/82»; y que hoy se recuperan y reconstruyen bajo otras formas el calor de sus partidos muy conservadores. No han desaparecido; e incluso quieren extenderse al amparo del entusiasmo provocado por el rearme moral-conservador de una parte de la Iglesia católica y por la reacción capitalista-imperialista de Reagan (7). Además, la observación de la realidad española que puede hacer un sociólogo comprometido con la tranformación social y crítico hacia el pasado y el presente, tanto a partir de sus propios resultados como a los numerosos resultados aportados por los estudios sobre la estructura social de España de los últimos diez años (8), no es nada gratificante. (5) D íaz ElÍAS, Estado de derecho y sociedad democrática, Edicusa, Madrid, 1966. (6) En el sentido de J. Ortega y Gasset y tal como Jo interpretó J. F errater M ora : «Método que le permite a la vida orientarse». Cf.: Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970, p. 533(7) Algunas de estas fuerzas están magistralmente analizadas por SALVADOR G iner , «La estructura social de España», en Horizonte Español ¡972, Ruedo Ibérico, París, 1972. Y subsisten en el mundo cooperativo y de la empresa privada, en las cátedras universitarias y en fundaciones y asociaciones culturales, por poner sólo ejem­ plos evidentes. (8) Aunque últimamente se ha diversificado el número de investigadores de nuestra realidad sociológica, destacamos los estudios de J. F. Tezanos, V. Pérez Díaz, J . Cazo ría, y J . A. Garmendia.

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Los cambios que podemos captar desde 1974 a la actualidad son casi todos negativos respecto a poder eliminar desigualdades económicas y sociales (por ingresos y consumo; las posibilidades de educación y empleo; y también posibilidades de promoción cultural). Se podría decir, además, que a la gravedad de las situaciones de desigualdad ya existentes, se añaden otras nuevas desigualdades. Todas ellas funda­ mentadas tanto en los efectos de la coyuntura económica desfavorable como — lo que nos interesa más— en algunos rasgos de la estructura social y económica existente desde hace muchos años, incluso de si­ glos. Posiblemente, el origen de estas desigualdades se podría encon­ trar en la propia constitución de la burguesía española como clase global y en las formaciones de las burguesías regionales (9). A pesar de más de siete años de lucha por la transición política y de otro años de consolidación democrática, se han recuperado todas —o por lo menos la mayoría de las fuerzas fácticas de la economía y sociedad españolas: los banqueros y financieros de la Gran Banca; los empresarios de la C.E.O.E, de la C.E.I.M. y de Fomento de Trabajo; los altos profesionales de la C.E.O.P.C., por ejemplo, y cuyo influjo én la política y la sociedad —además— es directo. Al aceptar la política socialista expresan también que siguen con el ejecutivo (10), sin duda; pero que tampoco tiene miedo a ser desposeídos por el poder legal ni por las fuerzas económico-sociales como los sindicatos y lo^ propios partidos políticos de izquierda. Podemos decir, pues, que subsisten los mismos mecanismos de poder económico que existían y se formaron durante la transición y el final del franquismo; por lo que el sistema de producción (y también de explotación) capitalista se mantiene y reproduce. Esta situación afecta directamente a la extensión de la marginación laboral (de los jóvenes), al crecimiento del desempleo y pobreza y a la agravación de la situación económica y social de las clases populares (campesinado, obreros sin cualificación, artesanos, etc.). (9)

Sobre la génesis histórica de nuestra estructura social nos remitimos a: de L a r a , La España del siglo XIX y La España del siglo XX. Laia, Barcelona, 1978 y 1979 respectivamente. (10) Ejemplo de que existe un control del ejecutivo se puede ver en todo el proceso de control y posterior nacionalización de Rumasa.

M. T u ÑÓN

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También es cierto que con diversos gobiernos democráticos, por un lado se han extendido los mecanismos de defensa de los derechos humanos, laborales y sociales, en parte por factores jurídicos y en parte por la propia concienciación de la sociedad y de las clases dirigentes. También el propio capitalismo español ha ido eliminando de su seno aquellos mecanismos de explotación más inhumanos, algunos incluso —como en el ámbito laboral campesino— procedentes del siglo pa­ sado. La misma situación política democrática ha exigido la sustitu­ ción del paternalismo estatal o patronal en las condiciones laborales, por pactos empresarios-sindicatos-trabajadores, que han permitido «humanizar» un poco la empresa española. Pero, por el contrario, no se han tocado profundamente los mecanismos de formación del benefi­ cio empresarial; ni los procesos estructurales de creación de la desigual­ dad laboral y social. Incluso un sector importante de la clase dirigente empresarial y financiera ha saludado con efusión, e incluso gratitud, las medidas socialistas de reconversión industrial, racionalización adminis­ trativa, tecnologización de la industria nacional y nacionalización de empresas en crisis (11). Por otro lado, las condiciones económicas y laborales desfavorables, no facilitan el aprovechamiento de los recursos humanos jóvenes for­ mados con el presupuesto nacional. Y además, a pesar del indudable aumento numérico de estudiantes de nivel medio y universitario, aquellos que han estudiado en la escuela pública están desfavorecidos cualitativamente en comparación con los que han estudiado en la escuela privada, primero para llegar a niveles superiores de estudios (12) y posteriormente respecto a poder tener acceso a un primer em­ pleo. La mayor o menor disponibilidad familiar para gasto en educa­ ción aparece como el factor básico; y desde luego es muy desfavorable a las familias asalariadas, en especial en estos años de crisis. La desigualdad educativa a su vez facilita la desigualdad económica y social; y también el libre desarrollo y promoción de los hijos del pueblo español. Y además, el fracaso escolar de muchos de éstos, es el (11) Medidas que ya se habían tomado en décadas anteriores en países europeos como Gran Bretaña, Francia y Bélgica, por ejemplo. (12) Resultados de la «Encuesta de la Comisión de Estudios de la Inspección Básica del Estado en Madrid», Cf. El País, 16 enero 1983.

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campo propicio para la delincuencia o la caída en la marginación laboral y económica. Frente a un sistema relativamente flexible de estratificación social en la década de los años setenta (13), nuestros últimos datos sociológi­ cos (14), verifican el hecho de que estamos ya en un sistema rígido de estratificación social, en el que la sociedad no puede descubrir ni integrar los talentos de sus miembros, en especial de los jóvenes más audaces e innovadores debido a la imposibilidad objetiva de facilitar la movilidad ascendente, así como la presión de otros miembros de la sociedad respecto a la preservación de su situación en la pirámide (15). Subsisten también las «bolsas de pobreza urbanas y rurales», en especial las 140 «hurdes» de que habla Barrenechea y en las que viven seis millones de españoles con niveles de renta inferiores a la media nacional (16). En estas zonas no se pueden desarrollar, por mucho que lo quiera la izquierda, actitudes y posiciones democráticas y participativas plenas y extensas. La pobreza alberga la miseria intelectual, el «alma del hambriento» de que habla Josué de Castro que «disgrega la personalidad y reduce o llega a inhibir las relaciones normales frente a la solicitud del medio ambiente, que sean extrañas a la satisfacción del instinto de nutrición» (17). Además, la participación de los salarios en el valor global de la producción de bienes y servicios españoles, tanto en 1982 como en 1983 ha bajado respecto a otros años, mientras que ha aumentado el valor del beneficio empresarial (18), por lo que somos los trabajadores los que estamos permitiendo el saneamiento y recapitalización de la empresa privada y pública. Y que además, tenemos cada vez menos (13) T ezaNOS, J . F., Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfran­ quista, Edicusa, Madrid, 1978.

(14) C f : «La persistencia del campesino en la estructura social de España», en Revista DOCUMENTACION SOCIAL, núm. 51, 1983, y «Estratificación, pobreza y cambio en la España de los años 80», Ob. cit. . (15) C f: M. M. T umin , «Algunos principios de estratificación: un análisis crítico», en B enDIX, R ., y L ipset, S. M ., Clase, status y poder, Euramérica, Madrid, 1972. (16) C f : periódico El País, 12 diciembre 1982. (17) C astro , J . de. Geopolítica del hambre, Guadarrama, Madrid, 1972, p. 160. (18) C f : B anco de B ilbao, La renta nacional de España y su distribución provin­ cial, 1982, y periódico El País, 15 noviembre 1983.

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recursos para nuestro mantenimiento económico y para obtener un mínimo ascenso social para nuestros hijos. Por el contrario, hay que destacar que el cambio político ha apor­ tado facilidades para los trabajadores, en especial en el campo cultural, que se ha ampliado a grupos que antes no tenían acceso ha incidido bastante en la vida cotidiana y en el uso del tiempo libre y ocio del pueblo español, gracias a la ampliación de la oferta institucional, tanto estatal como de los organismos autonómicos y municipales, y a la di versificación de actividades y campos; lo cual repercute tanto en la democratización como en la participación general. Además, estamos viviendo una situación de progresiva desorgani­ zación económica con el importante aumento de la economía sumer­ gida; por cierta desinstitucionalización de las relaciones laborales y económicas. Lo cual implica la existencia de una amplia desobediencia laboral y boicot al sistema económico, en especial entre los jóvenes. A ello se unen factores de desorganización social, con el descenso de la institucionalización familiar de las parejas jóvenes e incluso adultas, y con la reducción de muchas personas en grupos marginados lúdicos e incluso viciosos; y lo que es muy grave, con cierto nivel de desorgani­ zación política, debido a la escasa participación en organizaciones sin­ dicales y políticas. Al relativo desencanto con la democracia, y cierto pesimismo respecto a la eficacia de la posible participación. El grado de felicidad del español medio es bastante limitado. La propia opinión pública, recogida en encuestas, expresa sus preocupa­ ciones principales, que siguen siendo en 1982 y 1983 similares a las de 1980, es decir: el paro, el terrorismo y el aumento de precios por la inflación (19). Y además, el nivel de angustia de nuestros compatriotas sigue siendo muy importante, si observamos las veces que han llamado al «teléfono de la esperanza» y también por diversos estudios. Los problemas de pareja, soledad y crisis existencial así como la falta de asistencia social y con enfermos por dogradicción, aparecen como los más relevantes. Según los propios médicos, una buena parte de la (19) Cf.; «Barómetro de opinión pública», del Centro de Investigaciones Socio­ lógicas, Madrid, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núms. 12 (1980), 19 y 20

(

1982) .

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población sufre depresión (20). Los intentos de suicidio realizados siguen siendo muy relevantes, en especial entre las mujeres jóvenes y solteras y entre los hombre maduros (21). Muchos jóvenes y adultos no encuentran justificación a sus vidas, no pueden integrarse a la universi­ dad o la empresa, no quieren —por ello— participar en la vida asoci*.tiva. Y además, los condicionamientos sociales y culturales: frecuente situación de desempleo en la familia, problemas de incomprensión familiar y de pareja, consumo y adición a mensajes evasivos de los medios audiovisuales y a la pornografía cinematográfica del video e impresa, conducen frecuentemente a comportamientos extremos: de marginación o bien de conformismo total. La crisis mundial agudizada por el enfrentamiento Este-Oeste y Norte-Sur, la crisis social y el surgimiento de una Nueva Moral (hedonista y excéptica); así como la crisis ideológica, fomentada por la confusión de contenidos políticos dentro del propio sistema democrático-liberal en el que no se sabe ya qué partido es realmente revolucio­ nario, y cuál otro reformador o reaccionario, frena las posibilidades de ideologización del ciudadano y las creencias en su propio protagonismo dentro de la democracia política española. Sin embargo, también hay signos de un renacimiento, no sólo cultural, literario, teatral o artístico —que es indudable— ; sino tam­ bién creativo a nivel general, pudiéndose decir que estamos en el umbral de un progreso científico y técnico similar al de los años anteriores a la Segunda República Española. Aunque el proceso de transformación de nuestra sociedad es evi­ dente, la dirección del mismo no es tan enorme respecto a objetivos progresistas. Hay fuerzas reaccionarias en los campos cultural y reli­ gioso, en la universidad y en la empresa. Y estamos ya inmersos —por el bendito papel de la televisión— en una moral de éxito individual, de promoción a costa de cualquier cosa y de competitividad a ul­ tranza... El rechazo a cualquier status adscrito se sustituye por la aceptación de la valía personal y familiar para obtener puestos, dinero. (20)

Estimado en dos millones de adultos. Cf. B anco DE B ilbao, Libro blanco de

la depresión en España, Gabinete Bernard Krief, Madrid, 1982. (21) Informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cf.: El País, 19 octubre 1980.

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poder y riqueza, lo cual dinamiza la estructura real. Pero que sólo pueden ejercerse en determinadas capas —muy minoritarias: la clase política y empresarial— y en determinadas estructuras territoriales y regionales: grandes capitales y zonas industriales y turísticas, por ejemplo. Nuestra modernización, en el sentido sociológico más que tecnoló­ gico (22), es limitada; e incluso a niveles generales podríamos aventürar que es incompleta y parcial, habiendo afectado mucho más a la estructura productiva y política que a la social, que se mantiene fuerte­ mente anclada en el mar de la tradición. La situación descrita, claramente indicadora de crisis social, ame­ naza además, con afectar al sistema político y a los objetivos económi­ cos, educativos y culturales. Sobre todo, creemos que existe un pro­ blema de credibilidad ciudadana en la transformación y modernización global que pueda realizar un gobierno socialista, que aunque con gran voluntad e incluso energía, todavía no ha percibido el poder de la reacción y de los enemigos agazapados en la alfombra de la riqueza y del poder efectivo.

A LG U N A S CONDICIONES PAR A LA DEMOCRATIZACION DE LA V ID A ESPAÑOLA

Aunque España es en 1984 uno de los países formalmente más democráticos del mundo, con mecanismos de participación popular similares a los de la mayoría de los países occidentales, la situación de crisis ya detallada, grave por la desigualdad que institucionaliza y provoca, afecta al propio sistema de representación parlamentaria, que puede ser dañado no sólo por el posible aumento del absentismo de voto, sino incluso por la duda respecto a la eficacia democrática para eliminar las múltiples desigualdades económicas y sociales que nos rodean. Aunque en nuestro país estas actitudes todavía no están tan gene(22) 1975.

S olé, Carlota, Modernizaaón, un análisis sociológico. Península, Barcelona,

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ralizadas como en otros países europeos, Italia, por ejemplo (23), debido a que salimos como quien dice recientemente del túnel del autoritarismo político; hay signos que permiten decir que pueden acentuarse y extenderse. Hay que concienciar a los políticos y a las fuerzas políticas de que hay que perfeccionar el sistema representativo de modo que permita una mayor participación directa de los ciudadanos y de las organizacio­ nes políticas, sindicales, culturales y cívicas. Y asimismo, de que deben preocuparse y luchar para eliminar las desigualdades al precio que sea, incluso político, como única forma de hacer creíble un sis­ tema que por su naturaleza liberal se presta a la crítica externa y a la duda moral (24). Y para eliminar las desigualdades hay que operar sobre la estruc­ tura productiva y sobre los centros de poder económicos y financieros, con prudencia y rigor, pero también con decisión e incluso diríamos audacia. Lo cual no quiere decir que prediquemos tácticas revoluciona­ rias. El socialismo español es básicamente reformista; no debemos de esperar cambios radicales, aunque quizá sí profundos y reales, incluso suficientes para satisfacer las limitadas aspiraciones de una buena parte del mundo trabajador, campesino, obrero y funcionarial. Dentro de ello, es necesario oponerse a cualquier aumento de la colonización económica de países como los Estados Unidos o Japón. Aunque la dependencia económica capitalista de las empresas multina­ cionales permite la estabilidad; el precio que han pagado la justifica en la mayoría de las veces. Hay que buscar medios y procesos de desarro­ llo que sin dejar de articularse con los del mercádo mundial; también permitan un desarrollo autóctono y la progresiva independencia em­ presarial, financiera y de tecnología. Respecto al papel de los intelectuales en ofrecer soluciones y justi­ ficaciones, hay que presentarles una nueva idea de lo que puede ser «la modernización de España». Sin poner en duda que el concepto de (23) Esta crisis de la democracia por insuficiencia de la participación ya ha sido ampliamente tratada a nivel periodístico por el catedrático Manuel Núñez Encabo. Cf. artículo «Democracia representativa y democracia participar iva», periódico El País, 4 enero 1983. (24) Ya lo apuntaba hace unos años J . L. LÓPEZ A ranguren . Cf. «La moral social», en BOLTRA y otros. Nuestra sociedad, Vicens Vives, Barcelona, 1980.

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modernización comience implica alcanzar niveles de desarrollo econó­ mico de nivel postindustrial y una urbanización generalizada similar a los de los países más avanzados de Occidente; hay que tener en cuenta también las diversas peculiaridades mentales y espirituales de nuestros pueblos y regiones; apoyarse en modelos de desarrollo intermedios, como vía para alcanzar el desarrollo pleno. No perdamos de vista la ideologización que ha sufrido el término «modernización», conceptualizado —y en cierto sentido impuesto— por los propios sistemas económicos y políticos capitalistas avanzados. La sociología norteame­ ricana es claramente tributaria del capitalismo avanzado y transnacio­ nal (24). Y también muchos de nuestros sociólogos nacionales y regio­ nales se muestran claramente partidarios de seguir los modelos nortea­ mericanos del desarrollo y la modernización; y sólo justifica dicha postura la falta casi total de una sociología autóctona y de raíces culturales propias, que sin embargo sí existía antes de 1936. Tal como se desprende de los estudios interdisciplinares efectuados sobre la situación de la comunicación e información en nuestro mun­ do (26), uno de los elementos clave de la democratización global y de la posibilidad de participación es el papel de las instituciones informa­ tivas (prensa, editoriales, radio, televisión), por su relevancia respecto a la defensa de la identificación cultural propia y al pluralismo respecto a lo ajeno; en contraste con una situación real en la que la dependencia de los países en vías de desarrollo, e incluso de algunos desarrollados, de las empresas informativas transnacionales es casi absoluta (27). En España el libre acceso de los ciudadanos a la información y a la comunicación en su doble sentido de emisión y recepción, está muy restringido por la propia estructura unidireccional de los principales (25) G oulder, a . : La crisis de la sociología occidental, Amorrortu, Buenos Aires, 1973, Y también toda la crítica de los teóricos latinoamericanos al desarrollo impuesto por los Estados Unidos. Cf.: J. C ardoso , G. G ermani, L. C osta-P into, R. Sta VENHAGEN.

(26) En especial en M cB ríDE, Un sólo mundo voces múltiples, F.C.E., México, 1982, respecto al Tercer Mundo en general. Y los estudios del I.L.E.T. (Instituto Latinoamericano de Estudios Transaccionales), de México, y del Centro de Estudios sobre Cultura Transaccional, de Lima; ambos respecto del área latinoamericana. (27) C f.; SCHILLER, H.: Comunicación de masas e imperialismo yanki, G. Gili, Barcelona, 1978.

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medios de información, así como por la propiedad estatal o privada de los mismos. A lo que se vincula la falta de práctica e incluso miedo a la participación, por parte no sólo de los individuos, sino incluso de organizaciones y grupos, en los procesos de emisión y difusión de información; debido a perjuicios tecnológicos y la falta de una «cultura de la participación informativa». Sin embargo, sólo con una política informacional democratizada y participativa, extensa, profunda, veraz y creíble, se puede alcanzar la modernización necesaria. Hay que defender y difundir una política de información plural y constante, tanto popular como contracomunica­ tiva, que permita contrastar opiniones públicas (de estructuras regio­ nales, medios y clases sociales) y significados diversos. Esta perspectiva implica que la sociedad, los grupos de presión y en especial la clase política, debe de aceptar la aportación, o sea, el contenido crítico, de Nuevos Movimientos Sociales como el pacifismo, el ecologismo, el feminismo y los movimientos de liberación homo­ sexual, por ejemplo. Al respecto, se está extendiendo cada vez más un verdadero «paci­ fismo español» que va aglutinando diferentes posturas ideológicas y sociales: así como movimientos feministas vigorosos, que van a arras­ trar a muchas de nuestras mujeres. Dentro de estas organizaciones se observa una extensa y real participación popular, que sin duda poten­ cia la democracia y el pluralismo; aunque corre el riesgo de convertirse en fenómeno político-social marginal debido a la desconfianza que producen los partidos políticos, incluidos de izquierda. Sin embargo, nosotros consideramos que son el embrión de movimientos de masas que pueden empezar a tener un papel predominante en la consolida­ ción de la democracia española; y que también pueden arrastrar con sus acciones a capas populares hasta ahora de escasa participación en la vida política y social. Ya en las encuestas nos informan de una actitud general de pacifismo y de aceptación general de nuevas posturas y actitudes críticas hacia el desarrollo y el consumo (28), sobre lo que ningún político perspicaz debe de dejar de reflexionar. (28) Encuestas: A: Sobre las actitudes de los ciudadanos de varios países europeos, de Estados Unidos y del Japón, sobre cuestiones políticas y económicas, y B: Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la O.T.A.N., Cf.; El País, 28 octubre 1983 y 29 noviembre 1983.

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También hay que analizar y profundizar en la^ declaraciones de grupos de intelectuales y organizaciones cívicas, cuya visión del futuro generalmente es más optimista y también más racional que la del político o del sindicalista. Algunos intelectuales ya han aprovechado estos últimos años la tribuna de la prensa y de las revistas, incluso algunas veces los libros, para destacar la necesidad de una moralización de la sociedad a través de modelos de la vida cotidiana opuestos a los de consumo; así como la sustitución de valores tradicionales por nue­ vos; y por la recuperación de unos intereses comunitarios (de solidari­ dad y apoyo mutuo), por encima de los individuales y competitivos, hoy posiblemente caducos. Determinados grupos confesionales y morales también pueden faci­ litar e incluso canalizar la democratización de nuestra vida española, al apoyar la libertad ideológica del cristiano y su lucha por una sociedad realmente pluralista (28). Estas actitudes, son muy relevantes en Es­ paña, donde la influencia de la Iglesia y de sus organizaciones inspiran y justifican —en buena medida— las acciones y reacciones de una derecha que llega a ser antidemocrática con tal de poder preservar sus derechos económicos y sociales. Hay también que crear —digo crear porque no existe— una polí­ tica cultural y comunicativa que permita que los diversos grupos, estratos, clases y estamentos, puedan encontrarse, discutir, buscar lo común, la identidad española y regional junto con la democrática; como otro proceso capaz de llegar a superar una sociedad en la que todavía prevalecen los compartimentos estancos y los intereses de pe­ queños grupos sobre los intereses generales (30). Una política de plena democratización política y social, que se oponga directamente a los obstáculos ya señalados, debería de operar (29) Por ejemplo, de «Cristianos por el socialismo». Cf.; «Documento mesiánico para una sociedad democrática», en el Décimo aniversario de su constitución en España, Madrid, octubre 1983. Cf.: Periódico El País, 24 octubre 1983. (30) Pensemos solamente en los enormes beneficios que saca la clase médica de la sociedad española en la actual situación de persistencia y refuerzo de la asistencia privada; a cambio de muy poca cosa, de una asistencia social incompleta y deficiente y de una privada que privilegia al menos los intereses pecuniarios de la profesión sobre los de la salud de los pacientes.

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sobre tres estructuras e impregnarlas de contenido participativo, que serían: A) El de las propias organizaciones políticas, sindicales, religio­ sas y cívicas. B) El de los intelectuales, líderes educativos; y minorías dirigen­ tes de las empresas. C) El de aquellos grupos de ciudadanos más sensibles al cambio y a la participación, como las mujeres, los jóvenes, los profesionales y los estudiantes). En resumen, se trataría de modelar, poco a poco, una política imaginativa y humanística. Frente al indudable poder en la actualidad de los políticos de formación y actividad técnica (ingenieros, en espe­ cial), jurídica y económica; se necesita la aportación de los profesiona­ les de las ciencias humanas (como sociólogos, psicólogos y filósofos) ya que son los únicos que pueden vincular la realidad con la utopía, a niveles no sólo económicos y productivos, sino también culturales y de la vida cotidiana. Se facilitaría así la movilización del pueblo español, por medio de una participación mayor y mejor; que apoyaría a los políticos y a la democracia conscientemente, y que se opondría a cualquier autorita­ rismo. X La democratización es en esencia participación elegida y responsa­ ble, pero también la voluntad y medios para eliminar desigualdades; y podría llegar a impregnar a la sociedad de abajo arriba y de arriba abajo, así como ilusionar nuevamente a los españoles en una etapa de crisis económica difícil de solucionar y amenazante para el futuro. Esta movilización tendría que buscar objetivos no sólo económicos sino también culturales, de identidad e incluso de proyección ideológica sobre el mundo occidental, Latinoamérica y el norte de Africa. La crisis española de los años ochenta es una crisis global, pero en la que nosotros queremos destacar los efectos sociales queridos y no queridos por la democracian política. La estructura social había sido ya dañada por la crisis política producida a la muerte de Franco. La crisis económica no ha hecho nada más que extender los efectos sociales negativos que también apuntaban en la propia formación económico-social del régimen autoritario, que había permitido una cierta movilidad a rastras de un extraordinario

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crecimiento capitalista, pero también coartando cualquier participación política. Ahora es el momento de «enderezar lo torcido» y gracias a la consolidación democrática que estamos viviendo, es posible la cons­ trucción de una democracia más participativa; en la que se dé cabida también a algunos elementos utópicos que corren subterráneos por la estructura social (igualitarismo, comunicatismo, solidaridad y movili­ zación, por ejemplo) lo cual es tarea —no lo olvidemos— tanto del gobierno y del régimen como de los partidos de oposición, sindicatos, organizaciones patronales y naturalmente organizaciones contracultu­ rales.

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La «Cogestión» como forma y experiencia de democracia económica Femando Bíanchí Expresídente Nacional de Ase

«Si no se consigue la participación de^ los trabajadores, sobre todo en los casos de empresas en crisis, se puede decir que los planes de reestructuración habrán fracasado en un 90 %.» (Antxon Pz. de Calleja, Economista, 1982) El término cogestión se aplica a la codecisión de los trabajadores, juntamente con los capitalistas, en los órganos de gestión económica de las empresas. La cogestión obrera está establecida desde hace años en Alemania occidental, y la legislación que señalaba su última modalidad fiie aprobada el 8 de mayo de 1976. Sus objetivos son: a) Participación del trabajador en las decisiones empresariales que afectan a sus intereses vitales, b) Humanización del trabajo como objetivo empresarial, c) Ser elemento estabilizador del orden económico y de la sociedad, como instrumento para lograr una colaboración leal entre trabajadores, sindicatos y empresas. La participación de los trabajadores se establece en Alemania en el «Consejo de Supervisión», que entre otras competencias tiene la de elegir el «comité de Dirección». Este «Consejo de Supervisión» podemos considerarlo, de alguna manera, como correspondiente a los Consejos de Administración de nuestras Sociedades Anónimas.

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Hasta ahora al tratar de la cogestión obrera, se suele hacer referen­ cia bien a la cogestión paritaria (50 % representantes del capital y 50 % representantes del trabajo, en los órganos de decisión económica de la empresa), o bien a la cogestión minoritaria (-1- 50 % representantes del capital y — 50 % representantes del trabajo.) E>esde ahora deberemos hablar también, de cogestión mayoritaria (-h 50 % representantes del trabajo y — 50 % representantes del capital). Im portancia de la cogestión ante el problema del Paro, y ante la N ueva Revolución Industrial Electrónica. Nadie duda ya de que el paro es uno de los problemas más graves con que se enfrenta nuestra sociedad desarrollada. En una reciente encuesta realizada por el Instituto Atlántico para Asuntos Internacio­ nales (1), el índice de mayor preocupación social fiie para el paro, con los porcentajes siguientes: España ..................................................... . República Federal de Alemania . . . . Holanda .................................................. . Francia ..................................................... . Reino Unido e Italia ........................ . Noruega .................................................. . Estados Unidos .................................... .

87 82 74 70 67 63 52

% % % % % % %

Al finalizar el año 1983 el paro en España alcanzó la cifra de 2.342.209 personas, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguri­ dad Social, lo que representa el 17,81 % de la población activa. Según el ministro Boyer, el paro crecerá este año en 160.000 personas, lo que hace que llegaremos al final de 1984 con una cifra de parados de 2.502.209 personas, el 19,02 %. El porcentaje más alto, con mucho, de toda Europa occidental. No debemos olvidar que la causa del paro existente en Europa y EEUU, se debe fundamentalmente a la competencia de los productos japoneses, que gracias a la ventaja que lleva el Japón en la utilización (1)

El País, 17-8-83.

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de la electrónica en sus procesos de fabricación, consigue un precio de coste muy competitivo con los costes de los fabricantes americanos y europeos, lo que permite exportar con ventaja a los mercados de EEUU, y Europa, quitando ventas a los fabricantes de estos países con el consiguiente aumento del paro. En Francia en 1981 se reunió la Asamblea Nacional bajo la presi­ dencia del señor Dassault, y en su discurso dijo: «La industria del automóvil marchaba muy bien hace unos años. Si sus ventajas bajan hoy es por una razón muy simple. Nuestros competidores japoneses disponen cada uno de 800 robots en lugar de 60 la Renault y ninguno la Peugeot. Ciertamente estos robots tienen el inconveniente de supri­ mir mano de obra, pero permiten disminuir los precios de coste. Para recuperar el tiempo perdido, Francia deberá producir hoy sus coches al mismo precio que aquellos del Japón. (2) El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Japón, Shigeo Nagano, recientemente en Madrid subrayó que la exportación es «un medio imprescindible de sustento para nosotros» pues es la fórmula para compensar la importación de recursos naturales inexisten­ tes en su país; pero reconoció que «nos hemos pasado un poco, y hoy el desequilibrio comercial con el resto del mundo es de 10.000 millo­ nes de dólares, fenómeno que nos critican, calificándonos de exporta­ dores de desempleo» (3). Esta competencia que presenta Japón con sus productos a los em­ presarios europeos, además de ser la causa fundamental del paro exis­ tente, presenta la característica de que para poder competir con sus productos, nuestros empresarios no tienen otra solución —dentro de una economía de mercado capitalista— que dar entrada a la tecnología electrónica utilizada por los japoneses, robots y ordenadores, con la consiguiente disminución de los puestos de trabajo. «Antes de 1.990 un tercio de los puestos de trabajo de oficina, el 25 % de los empleos del comercio y el 28 % de los servicios públicos, podrán ser automatizados. Según un estudio de Stanford Research Institute realizado para el Sindicato de trabajadores del automóvil de América, el 80 % de los (2) (3)

Le Monde, 4-7-81. El País, 5-10-83.

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puestos de trabajo obreros estarán automatizados en EEUU antes de fin de siglo» (4). Este espectacular avance de la nueva tecnología electrónica, hace prever al Club de Roma el futuro siguiente: «Para concretar, si de aquí a cuarenta o cincuenta años tenemos decenas, si no cientos, de millo­ nes de parados estructurales, ya sea de manera total o parcial, en esta cifra estarán incluidos mujeres, incapacitados, ancianos, inválidos y, sobre todo, jóvenes. Esperar que los ajustes espontáneos arreglen la situación de todos estos millones de personas, especialmente jóvenes, significará condenarlos a la frustración, patología social y rebeldía, tendencias que ya se han manifestado en forma de toxicomanías, al­ coholismo, violencia, delincuencia. Debemos percatarnos de que estos jóvenes, a excepción de los que cuentan con un gran nivel de prepara­ ción y están educados para un trabajo especial, sentirán que el mundo se les cierra. Carecerán de oportunidades para adaptarse al modelo de vida que han aprendido. Si la sociedad no les ofrece una alternativa real, estarán condenados a la enfermedad social, por ello, hay que dar con las medidas capaces de vencer este peligro» (5). Son ya numerosas las advertencias que se están dando de que para poder asumir de forma positiva esta nueva revolución industrial elec­ trónica, es preciso cambiar a un Nuevo Modelo de Sociedad con es­ tructuras distintas a las actuales de nuestra sociedad capitalista. El Comité Vasco de Tecnología en su comunicación n.° 4, expresa lo siguiente: «Es evidente que estamos asistiendo al fin de una era y al inicio por tanto de otra nueva, con la inevitable inestabilidad que supone la transición. Los sociólogos la llaman etapa postindustrial, y podría llamarse quizás la Era de la Tecnología... La Bioenergética, la Electrónica, la Física Nuclear, la Ingeniería Genética, la Informática... son campos que han empezado a dar sus frutos y que ofrecen aún posibilidades intuidas y no donimadas... Tendrá que aparecer una sociedad nueva, en la que, superadas las inercias y los miedos, se busquen con imaginación las estructuras que pueden aprovechar los nuevos logros, generando riquezas y empleos. Las nuevas máquinas no van a sustituir al hombre; serán o deberán ser instrumentos de libera(4) (5)

Projet, julio-agosto 83. Club de Roma, 1982.

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ción y no de alimentación. Si son adecuadamente administradas, per­ mitirán que disfrutemos de una mejor calidad de vida, en esa nueva civilización que está empezando ya». (6) «El problema, pues, del tipo de sociedad y de relaciones sociales al que se aspire, es la clave para el uso benéfico y perfeccionador de la calidad de vida social que podría proporcionar la tecnología típica de la segunda mitad del siglo XX» (7). Ante esta situación es difícil preveer que el paro irá en constante aumento en los años futuros aunque la economía se reactive, porque está reactivación irá acompañada con la entrada de los robots y ordenadores en las fábricas. Ya nunca más habrá trabajo a jornada completa para todos. La entrada de España en el Mercado Común obligará a nuestras empresas, al entrar en el juego de la economía de mercado capitalista con Europa, EEUU y Japón, a aplicar la moderna tecnología electró­ nica para que sus productos sean competitivos con los japoneses, ame­ ricanos y europeos, que a su vez estarán fabricados en instalaciones bien automátizadas electrónicamente. Las decisiones, que ante esta perspectiva, habrán de tomarse a nivel de empresa y a nivel nacional, tendrán necesariamente una fuerte incidencia en el mundo del trabajo, y ante ésta situación, ¿no van a tener los trabajadores posibilidad de participar en tales decisiones, que van a afectar vitalmente a sus vidas y a las de sus fam ilias?. «Una gran mayoría de negocios e industrias tendrán que ser anpliamente reestructurados, y muchos no subsistirán a la innovación. El trauma de no pocos trabajadores será insoslayable. Gran parte de los jóvenes que ahora se preparan para sus profesiones, hallarán que tales oficios ya no existen, o existen de forma radicalmente modificada. Una sola cosa puede mitigar las dificultades: el gobierno y el sector privado deben empezar a planificar para el futuro y sin pérdida de tiempo, porque en lo que respecta a la revolución de la informática, el futuro es ya presente» (8). El catedrático español, economista, Julio Segura ha dicho: «El coste de la crisis es tan importante que resulta imposible pedir a los (6) (7) (8)

CVT, enero 1983. Tecnología, Comunicación y Democracia, 1981. ?H ?, Japón, 1982.

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trabajadores que soporten éstos costes para que la sociedad siga siendo como la anterior... Esto significa que dichos esfuerzos, necesarios, tendrán obligatoriamente, para ser asumidos, que ir acompañados de una profundización y cambios importantes en el tipo de democracia actual que aumenten la participación efectiva y el control sobre deci­ siones clave de los trabajadores en todo el proceso de producción y distribución» (9). La cogestión mayoritaria en la empresa, y la participación en las decisiones económicas a nivel nacional, son un derecho de los trabajadores.

Este derecho de los trabajadores, ante la claridad de los últimos documentos de la Iglesia, deberían ser siempre defendidos por los que profesan la fe cristiana, y por los partidos políticos de derechas que se dicen cristianos o que se basan en el humanismo cristiano,en unión con todos aquellos que quieren hacer de nuestro mundo una tierra de hombres liberados y hermanos. «En las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y «sui iuris» creados a imagen de Dios. Por eso, salvo siempre el papel de cada uno, propietario, contratista, capataz u obreros, y salvo la necesaria unidad de dirección de la obra, se procure, por procedimientos bien determinados, la activa participación de todos en la gestión de la empresa. Con todo, como en muchos casos no es a nivel de empresa, sino a niveles superiores, donde se toman las decisio­ nes económicas y sociales, de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos, déseles, aún en esto, su participación, por sí mismos o por delegados libremente elegidos» (10). «Prioridad del trabajo.—Ante la realidad actual, en cuya estruc­ tura se encuentran profundamente insertos tantos conflictos causados por el hombre, ...se debe, ante todo, recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del «trabajo» frente a l «capital». Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el «capital», siendo el conjunto de los medios de (9) J ulio S egura , 1982. (10) Gadium et spes, 1965.

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producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental. Este principio es una verdad evidente, que se deduce de toda experiencia histórica del hombre» (11). De la dictadura económica a la democracia económica a través de la democracia industrial.

Cuando en el mundo desarrollado occidental, y por lo tanto tam­ bién en España, se dice que existe una democracia, no se dice toda la verdad. Porque la realidad es que existe una democracia política pero no una democracia, sino una dictadura, económica. Dentro de la estruc­ tura capitalista occidental existe ésta dictadura económica ejercida por la oligarquía capitalista, formada por los grandes bancos y las grandes empresas, que dominan la estructura económica industrial y comercial, tanto nacional como internacional, por medio de su poder tecnológico y financiero. «Tan sólo la industria automovilística norteamericana deberá desti­ nar hasta 1985 la suma de 80.000.000.000 de dólares a la constmcción de plantas de producción más modernas y al desarrollo de mode­ los ahorradores de energía. Este montante es, en valor nominal, el doble de los gastado por la NASA en el proyecto Apolo, que en 1969 llevó el primer hombre a la Luna. Con un programa bautizado como «The Great Conversión», cuyo coste se eleva a 40.000.000.000 de dólares, el gigante de éste sector. General Motors, modernizará radicalmente su fabricación y sustituirá en la práctica todos sus modelos por otros menos consumidores de gasolina. Tras haber perdido a fines de 1982, cerca del 30 % de su cuota de mercado interior y exterior, básicamente en beneficio de los competidores japoneses, a los consorcios de fabricantes de automóviles norteamericanos apenas les quedaba otra elección que la de impedir, mediante una profunda renovación, el constante deterioro de su situa­ ción, y hacer retroceder de nuevo, y lentamente, a los mercados ex­ tranjeros a sus caminos habituales» (12). (11) (12)

Laborem exercens, 1981. Lucha dé gigantes, 1983.

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El dominio de las multinacionales y de la gran banca internacio­ nal, desgraciadamente, no es demasiado conocido, a pesar de su gran actualidad. Un par de ejemplos como muestra: «El Comercio mundial está dominado por medio millar de multi­ nacionales, cuya penetración se ha convertido en el generador de las crisis globales de desempleo creciente, inflación y estancamiento eco­ nómico. Esta es la opinión de F. Clairmonte, de la UNCTAD (comisión de la ONU para el Comercio y el Desarrollo), y de J. Cavanagh, de la OMS (Organización Mundial de la Salud), explicada en el último número de «Foro del Desarrollo, publicación bimensual de las Nacio­ nes Unidas (13). «La banca internacional crea un organismo propio para supervisar su política de concesión de créditos a países con riesgo. A la reunión de Nueva York, celebrada ésta última semana bajo la presidencia de Bill Ogden, vicepresidente del Chase Manhattan Bank, asistieron los diez bancos más importantes de Estados Unidos, así como los más representativos de la República Federal de Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido. Los 31 bancos representados en la reunión han decidido, en princi­ pio, crear un comité que se encargue de redactar la normativa por la que se regulará dicho organismo. La filosofía del grupo quedó bien matizada. ...y para algunos expertos, esta filosofía supone, de hecho, un control exhaustivo de las políticas económicas de cada país prestata­ rio y, teniendo en cuenta los volúmenes de endeudamiento de algunas naciones con la banca privada, una manera de imponer una condicionalidad adicional a cada operación que se gestione en los mercados priva­ dos de capitales» (14). Pero no creamos que la oligarquía capitalista en sus aspiraciones de poder se limita exclusivamente al campo económico; su influencia en las decisiones políticas de los Gobiernos de los países occidentales, y, por tanto, también en las del Gobierno socialista español, es bien conocidas, y es clara su aspiración a dominar el campo político interna­ cional. (13) (14)

DEIA, 7 -1 -8 3 . El País, 2 -1 1-8 2 .

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«Si se acepta que en las sociedades capitalistas post-industriales, la tecnología electrónica informacional proporciona bases materiales para una profunda reorganización, entonces es necesario reflexionar sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas que podrían sobrevenir. Parece seguro que estamos en presencia de un paso del capitalismo imperialista nacional hacía un transnacionalismo europeo-japonés nor­ teamericano, dentro del cual Japón emerge a ser hegemónica al borde del siglo XXL ^;Que consecuencias acarrea tal cambio para el Tercer Mundo? Es preciso recordar que la Comisión Trilateral está constituida por repre­ sentantes de las grandes corporaciones multinacionales y en consecuen­ cia no serían primordialmente los gobiernos de las potencias occidenta­ les quienes determinen el nuevo orden económico y político para el Tercer Mundo, sino las empresas multinacionales (que buscan influir poderosamente en los gobiernos occidentales). Se puede constar que éste nuevo imperialismo económico transnacional intenta constituirse como un poder político supranacional» (15). A pesar de todo el poderío anterior de las multinacionales y de la gran banca internacional, afortunadamente también existen fuerzas in­ fluyentes en los ámbitos nacionales e internacionales que no están de acuerdo con las estructuras que funcionan dominadas por la oligarquía capitalista. El prestigioso Club de Roma, enfocado el problema del cambio de sociedad que ya está en marcha por la aplicación de la microelectró­ nica, en el informe que ha publicado con el título «Microelectrónica y Sociedad para bien o para mal», dentro del su finalidad de «orientar y alertar a la opinión pública y a los Gobiernos de todos los países, en la esperanza de encontrar soluciones a los problemas de alcance global e interdependientes que afectan a la Humanidad, y movilizar las volun­ tades para impedir y superar los males de particular gravedad que amenazan a todos», afirma lo siguiente: «Para concluir insistiremos en que el auge masivo y penetrante de la microelectrónica ya está entre nosotros, para bien o para mal. Las promesas que ofrece de beneficios para todos y abolición de la pobreza son numerosas, pero también es enorme la degradación de la sociedad que pudiera resultar de su explo(15)

Mensaje, 19 8 1.

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ración insensata... Los métodos tradicionales sólo acarrearían beneficios considerables a unos pocos e insignificantes a la inmensa y frustrada mayoría. La microelectrónica sólo está auténtizada por la equidad, la democracia industrial y la posibilidad creativa de las personas. ...El avance de la microelectrónica debe ir encaminado hacía nuevos mode­ los de pensamiento. Significa el camino, bien hacía un mundo mecani­ zado, lleno de enajenación y resentimiento, bien hacía el enriqueci­ miento de la vida del individuo y fofnento de la diversidad cultural. La elección es, en todo caso, nuestra y no aguardará a nuestros suceso­ res» (16). Por su parte el Sínodo de los Obispos recientemente reunido en Roma, en su mensaje de reconciliación manifiesta: «En particular deploramos y condenamos: ...La injusta distribución de los recursos del mundo y esas estructuras con las que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La Iglesia jamás podrá aprobar estructuras económicas y políticas que perpetúan la injusticia. Utilizaremos, por ejemplo, la autoridad y la fuerza de que disponemos para obtener la reforma efectiva de las designaciones que existen entre el hemisferio norte y el hemisferio sur» (17). Cuando se habla de «estructuras económicas y políticas que perpe­ túan la injusticia», ¿no convendrá recoii^ar que «el campo de acción señalado por las Conferencias Generales del Episcopado Latinoameri­ cano abarca desde la reforma del orden socioeconómico con el rechazo del liberalismo y del colectivismo totalitario, hasta la reforma política, con la reivindicación de una mayor participación del pueblo en la vida política de la nación.^» (18). El Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, pronunció recientemente en la Facultad de Derecho de San Sebastián una confe­ rencia sobre «Derechos Humanos y Democracia en América Latina», en la que refiriéndose al continente latinoamericano como semblante más descarnado de los derechos humanos, dijo: «Estas violaciones de los derechos están ligadas a estructuras de dependencia que generan (16) (17) (18)

Club de Roma, 1982. Ciudad del Vaticano, 1983. Razón y Fe, 1980.

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subdesarrollo y desigualdades. Como modelo de sociedad, el único que se aplica es el liberal capitalista, modelo cuyo objetivo es el provecho y cuyo motor es la concurrencia. Ante esta crisis del sistema capitalista se hace necesaria una rees­ tructuración. ...N o es sólo una coyuntura difícil, que hay que salvar, sino que es necesaria la recomposición de todo el orden internacio­ nal» (19). Las Secretariados Sociales Diocesanos de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en su publicación «La lucha contra el paro dentro de un proyecto de cambio», dicen: «Cuáles son las causas de esta crisis profunda, prolongada y persistente? ...Sí, diremos, que el origen del problema es de índole estructural. Que la causas están en cierto modo ocultas, toda vez que subyacen a la realidad aparente. Y además, diremos que la profundidas de las causas estructurales, llega hasta la misma lógica interna del sistema capitalista, que no dudamos en afir­ mar es el gran causante de la crisis que padecemos,...» (20). Las anteriores denuncias de la estructura capitalista, el mensaje del Sínodo de los Obispos, la afirmación del Club de Roma «que el avance de la microelectrónica sólo será auténticamente revolucionaria si se caracteriza por la democracia industrial», todo ello unido a «la prefe­ rencia del “trabajo” frente al capital» en el proceso mismo de la producción» (Laborem exercens), y el derecho a «la activa participa­ ción de los trabajadores en la gestión de la empresa» (Gaudium et spes), ^no nos tiene que llevar «a todos» a luchar por la implantación de la cogestión en la empresa, como primer paso para llegar a una efectiva democracia económica?. Cuando decimos «a todos» nos referimos a los cristianos, a sus organizaciones, a los que detentan autoridad dentro de la Iglesia, a cuantos luchan por la justicia, a los sindicatos y partidos políticos, y a cuantos tienen algún poder en las estructuras económicas, políticas o culturales de nuestra sociedad. Y a los ejecutivos, es decir, a los que trabajan en puestos directivos de las empresas, que en reciente encuesta realizada por el Instituto de Economía de Mercado para dar con el «retrato robot» del ejecutivo (19) (20)

DEIA, 20-1-83. Editorial Diocesana Sn. Sn., 1983.

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español, «el 83 % se define como católico; y confirma que da mucha o bastante importancia a la religión en su vida una porción de ejecutivos aún más alta: el 85 %» (21). Y a los partidos políticos de derechas, en especial si se declaran basados en el humanismo cristiano, a pesar de que se declaren capita­ listas, es decir, partidarios del máximo beneficio, de la economía libre de mercado y del poder económico en manos de la oligarquía capita­ lista. La cogestión como instrum ento para lograr la colaboración en tre los trabajadores, sindicatos y empresas.

El objetivo anterior para la cogestión, que está señalado en la ley alemana del 8 de mayo de 1976, ^es objetivo importante ante la crisis actual, en sus dos vertientes de paro y cambio de sociedad?. Ante la gravedad de la situación actual es absolutamente necesario un esfuerzo colectivo que debe ser una «conjunción de esfuerzos en un acto de solidaridad colectiva: hay responsabilidades para la Adminis­ tración, los empresarios y los trabajadores, pero también para las instituciones como la Banca y Cajas de Ahorro, cuyo papel es determi­ nante para cualquier plan futuro» (22). Pero ^puede pedirse a los trabajadores que se unan a este esfuerzo colectivo sin que se les dé participación en las decisiones económicas tanto a nivel de empresa como a nivel nacional?. No es justo, ni tan siquiera lógico, que se esté pidiendo a los trabajadores que en su esfuerzo de colaboración acepten reducciones en su poder adquisitivo y reajuste en las plantillas en los planes de recon­ versión industrial, y a los sindicatos que colaboren con éstos plantea­ mientos económicos de tan alto coste social, sin que los trabajadores y los sindicatos tengan ahora la posibilidad de conocer a fondo el pro­ blema que se plantea y sus posibles alternativas, y poder discutir y participar en las decisiones sobre las medidas económicas a tomar, y más adelante participar equitativamente en los beneficios que puedan (21)

Actualidad Económica, 6-10-83.

(22) J osé M aría V izcaíno , Presidente de la Confederación de Empresarios Vascos, 19 8 1.

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producirse en el futuro desarrollo, promovido, por lo menos en parte importante, por sus actuales sacrificios. Por ello la implantación de la cogestión es una condición funda­ mental si se quiere, de verdad, buscar una salida a nuestra difícil y grave situación frente al paro, y si se quiere que nuestras empresas puedan organizarse con éxito ante el grave reto actual, no sólo de la nueva revolución industrial electrónica sino, también, de nuestra en­ trada en el Mercado Común Europeo. Hay una pregunta generalizada y que tiene que ver con el punto anterior; y en Japón ^cómo es la participación de los trabajadores en las empresas?. «En Japón, las empresas pertenecen, en un sentido muy real, a sus empleados. Los accionistas esperan simplemente por el capital que tienen colocado en la firma unos intereses acordes con los tipos vigen­ tes en el mercado. Todo lo que supere estos límites se reparte entre los trabajadores, que, además en épocas de dificultad económica, son tra­ tados con especial consideración, a costa de los accionistas y del perso­ nal dirigente. Dicho de otra forma: si la firma no marcha tan bien como antes, no hay reducción de plantillas. A mi parecer, las empresas japonesas han conseguido vincular el bienestar de cada uno de los trabajadores, con independencia del nivel que ocupan en la escala jerárquica, con la buena marcha de la firma, mucho mejor que sus competidores norteamericanos y que la mayoría de los europeos. ...Esto plantea preguntas verdaderamente fundamentales: