Desde la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular expresamos nuestra profunda preocupación y repudio por la intempestiva intervención de la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual Argentina, organismo creado en el marco de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y que ha contribuido decisivamente a impulsar y profundizar la democratización de las comunicaciones, el reconocimiento y la defensa de los derechos de las audiencias, la expresión pública de una pluralidad de voces y el ejercicio del derecho a la comunicación en el territorio argentino. Encontrándose acéfala desde noviembre de 2016, su intervención mediante el nombramiento de Emilio Jesús Alonso por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, persona sin antecedente alguno en la materia y bajo un procedimiento irregular, pone una vez más en evidencia el desprecio de la Alianza Cambiemos por la comunicación entendida como bien social y constituye un nuevo ataque a las garantías ciudadanas que a través del desarrollo de la comunicación comunitaria, alternativa y popular buscamos acompañar y fortalecer desde las universidades que integramos la Red. Se busca confundir al pueblo argentino argumentando la optimización del funcionamiento administrativo y político de los organismos del Estado. En cambio, lo que advertimos con preocupación es el sistemático debilitamiento de los espacios desde los cuales se desarrollan acciones para impulsar modelos de comunicación acordes a los proyectos emancipatorios de América Latina, como es el caso de la Defensoría del Público. Conocemos el trabajo que la Defensoría ha realizado a lo largo de estos años de funcionamiento. Hemos visto cómo a través de una política pública clara y comprometida, garantizada por la labor de trabadores con alta calificación técnica y profesional, se han acompañado las demandas y necesidades de los medios del sector no lucrativo -radios y televisoras comunitarias, alternativas, cooperativas, populares, de pueblos originarios- de todas las zonas del país como así también de sus audiencias.
Por ello, amparadas/os en la potente tradición latinoamericana en relación a la comunicación comunitaria, alternativa y popular, expresamos nuestra preocupación por la vulneración del derecho a la comunicación de amplios sectores de la población que tal medida supone; en tal sentido, exigimos la suspensión de la intervención y la continuidad de las condiciones de funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta tanto se nombre un/a nuevo/a defensor/a del público, autoridad máxima del organismo, respetando los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley Nacional N° 26.522, exigiendo idoneidad y una trayectoria en el campo de la comunicación por parte de quien resulte postulado para ocupar el cargo, además de una efectiva participación de la ciudadanía en su selección.
Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular– RICCAP (La RICCAP es una red conformada por espacios académicos de las Universidades Nacionales de Salta, Salta-sede Tartagal, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Río Negro, Comahue, Entre Ríos, Tucumán, Chilecito y San Juan. También por el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (CABA) y por la Universidad Nacional de la República (Montevideo, Uruguay).
29 de septiembre de 2018
