178

178

Vivimos en un modelo de producción que no necesita de toda la mano de obra de la que dispone, por ende nuestro mercado de trabajo tiene un problema de desempleo estructural que ninguna de las políticas laborales desarrolladas en la reciente historia ha sido capaz de eliminar.

2015

De la inclusión activa a la activación inclusiva

El alto nivel de desempleo, especialmente intenso entre las personas de referencia del hogar, los hogares con todos los activos desempleados y los hogares sin ingresos plantean retos de presente inaplazables para las políticas laborales. Avanzar en las políticas laborales que promuevan una activación inclusiva y que respondan al creciente problema de los trabajadores pobres, constituye el tema central de las políticas de empleo.

Monografía

De la inclusión activa a la activación inclusiva

La evolución del empleo y del trabajo en un mundo globalizado. Cambios culturales y alternativas. Begoña Pérez Eransus

Activación, competencias laborales y empleabilidad: infrarreconocimiento y estigmatización de los colectivos vulnerables. Fernanda Caro Blanco y María Antonia Carbonero

La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España. Sergio Torrejón Pérez

Pobreza, desigualdad y salarios.

Enrique Martín-Serrano y Alfonso de Lara Guarch

El impacto de las políticas activas de mercado de trabajo en España. Miguel Ángel Malo y Begoña Cueto

El retiro temporal como política igualitaria transformadora. Alfredo Alfageme y Begoña García-Pastor

Flexibilidad y reformas laborales. Jose Ingnacio Pérez Infante

Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado. Almudena Moreno Mínguez

Activar a los ni-ni. Contenidos, retos y controversias de la garantía juvenil. Alessandro Gentile y Enrique Hernández Díez

Una estrategia sindical para reducir las desigualdades sociales: fortalecer la negociación colectiva, apostar por el pleno empleo, impulsar la democratización de la economía.

ISBN: 978-84-84406167

ISSN 0417-8106

Bruno Estrada López

Últimos títulos publicados Euros

.

N.º 153 Acciones para un futuro sostenible  ....................................................................................................................... 12,70 N.º 154 Dilemas de la Política Social  ............................................................................................................................................ 12,70 N.º 155 Crisis del medio rural: procesos sustentables y participativos  .................................. 12,70 N.º 156 Ciudadanía del consumo: hacia un consumo más responsable  ................................ 12,80 N.º 157 Nueva estrategia Europea: ¿Hacia qué modelo social?  ........................................................... 12,80 N.º 158 Consecuencias económicas y sociales de la crisis mundial  ............................................. 12,80 N.º 159 Ciudadanía Universal y Democracia a Escala Humana  ......................................................... 13,10 N.º 160 Voluntariado: presencia y transformación social  ............................................................................. 13,10 N.º 161 Miedo, inseguridad y control social  ...................................................................................................................... 13,10

178

N.º 162 L  a discriminación étnica hacia la población inmigrante: un reto para la cohesión social  ................................................................................................................................................................

13,10

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGÍA APLICADA

N.º 163 La educación formal y los procesos de inclusión social  ........................................................ 13,10

2015

N.º 164 Los valores culturales ¿factores de desarrollo humano?  ....................................................... 13,10 N.º 165 Los bienes comunes: cultura y práctica de lo común  ................................................................. 13,10

Director: Sebastián Mora

N.º 166 De la coyuntura a la estructura: los efectos permanentes de la crisis  .............. 13,10

Director Técnico: Raúl Flores

N.º 167 Vivir sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir: Teorías  .... 13,10

Edición:  Cáritas Española.

Editores

N.º 168 V  ivir sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir: Propuestas y experiencias  ......................................................................................................................................................

Embajadores, 162. 28045 Madrid Tel. 914 441 000 – Fax 915 934 882 [email protected] www.caritas.es

N.º 169 Transformaciones del mercado laboral en el tercer milenio  .......................................... 13,10

Suscripciones: Distribución:

 ervicio de Publicaciones S Embajadores, 162. 28045 Madrid Tel. 914 455 300 – Fax 915 934 882 [email protected]

13,10

En librerías Distrifer Libros Valle de Tobalina, 32, naves 5 y 6 Tel. 917 962 709 – Fax 917 962 677 28021 Madrid

N.º 170 R  eflexiones para una agenda política: debates estructurales y desigualdad social  ........................................................................................................................................................................................................................

13,10

N.º 171 Reflexiones para una agenda política: algunas propuestas  .............................................

13,10

N.º 172 La agenda internacional del desarrollo tras el año 2015  ....................................................... 13,10 N.º 173 El malestar de la democracia: la desafección política  ................................................................

13,10

N.º 174 Innovación Social  ...............................................................................................................................................................................

13,10

N.º 175 Servicios Sociales:incertidumbres y retos  ....................................................................................................

13,10

N.º 176 La vivienda: un derecho desahuciado  ..................................................................................................................

13,10

Condiciones de suscripción y venta:

N.º 177 La protección de la dependencia: ¿un pilar de barro?  ..................................................................

13,10

Precio de este número: 15,00 euros (América: 13,10 euros más gastos de envío) Suscripción a cuatro números: España: 32,00 euros

N.º 178 De la inclusión activa a la activación inclusiva  ......................................................................................

13,10

(IVA incluido)

Próximo título N.º 179 Dilemas del Sistema Nacional de Salud ......................................................................................................... 13,10

De la inclusión activa a la activación inclusiva Coordinación del número:

Francisco Lorenzo Gilsanz y Pedro Fuentes Rey

objetivos

DOCUMENTACIÓN SOCIAL es una revista de ciencias sociales y de sociología aplicada. Desde su inicio en 1957 aborda las cuestiones referidas al desarrollo social combinando el análisis y el diagnóstico riguroso con la formulación de propuestas para su aplicación. Este objetivo se concreta en tres ejes temáticos. El primero es el análisis de la estructura social y la desigualdad, en el que se abordan los temas relacionadas con la pobreza y la exclusión, los procesos de desigualdad social y los colectivos desfavorecidos. Como segundo, los actores sociales, el Tercer Sector y su papel, así como sus políticas y sus propuestas referidas a los ámbitos del desarrollo social, en especial a las estructuras sociales y a la desigualdad. Y el tercero, las estructuras internacionales y sus efectos en el desarrollo y en la pobreza en el mundo, así como la cooperación internacional y el papel de los organismos multilaterales para el desarrollo. Todos los artículos publicados son evaluados de forma anónima. DOCUMENTACIÓN SOCIAL está incluida en Latindex, ISOC, Sociological Abstrac, RAS, Dialnet, Psicodoc, Sumaris CBUC, Ulrich’s, Dice, Resh y en el listado de Revistas Fuente en Sociología (IN~RECS).

178 Director: Sebastián Mora. Servicios Generales de Cáritas Española

Director Técnico: Raúl Flores. Fundación FOESSA

Consejo de Redacción:  Jaime Atienza. Intermón Oxfam. Pedro José Cabrera Cabrera. Dpto. de Sociología y Trabajo Social. Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Almudena Cortés Maisonave. Dpto. de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid. Mercé Darnell. Cáritas Diocesana de Barcelona. Antonio Elizalde. Universidad Bolivariana de Chile. Félix García Moriyón. Universidad Autónoma de Madrid. Auxiliadora González Portillo. Universidad Loyola Andalucía. Germán Jaraíz Arroyo. Universidad Pablo Olavide. Manuela Mesa Peinado. Presidenta de la Asociación Española de Investigaciones para la Paz. Teresa Montagut Antoli. Dpto. Teoría Sociológica. Universidad de Barcelona. Víctor Renes. Servicios Generales de Cáritas Española. Enrique del Río Martín. Director PROEMPLEO Sociedad Cooperativa. Imanol Zubero. Dpto. de Sociología. Universidad del País Vasco. Consejo asesor:  Julio Alguacil Gómez. UC3M. Rafael Aliena. UV. Ana Arriba. UAH. Juana Aznar. UMH. Julio Bordas. UNED. Olga Cantó Sánchez. Univ. Vigo. María Antonia Carbonero. Univ. Illes Balears. Concha Carrasco. UAH. Pedro Castón Boyer. UGR. Pedro Chaves Giraldo. UC3M. Delia Dávila Quintana. Univ. Las Palmas de Gran Canaria. Natividad de la Red. UVa. Coral del Río. Univ. Vigo. Gonzalo Fanjul. +Social. Josefa Fombuena. UV. Carlos García Serrano. UAH. Jordi Garreta Bochaca. UDL. Emilio Gómez Ciriano. UCLM. Jorge Guardiola. UGR. Jordi Guiu. UPF. Enrique Lluch Frechina. Univ. CEU Cardenal Herrera. Graciela Malgesini. EAPN-ES. Miguel Ángel Malo. USAL. Vicente Marbán. UAH. Pau Mari-Klose. UB. Flavio Marsiglia. School of Social Work – SIRC Director. Bibiana Medialdea. UCM. Fausto Miguelez. UAB. Francisco Javier Moreno Fuentes. CSIC. Antonio Moreno Mejías. Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía. Rosalía Mota López. U. Comillas. Ricardo Pagán Rodríguez. UMA. Jesús Pérez. UNEX. Begoña Pérez Eransus. Univ. Pública de Navarra. Jorge Rodríguez Guerra. ULL. José Juan Romero. ETEA. Esteban Ruiz Ballesteros. UPO. María Rosario Sánchez Morales. UNED. Sebastián Sarasa. UPF. Constanza Tobío Soler. UC3M. Teresa Torns. UAB. Fernando Vidal. U. Comillas. Cristina Villalba Quesada. UPO. Juan José Villalón Ogáyar. UNED. Ángel Zurdo. UCM. Redacción de la Revista:  Embajadores, 162 1ª planta 28045 Madrid

Tel. 91 444 10 11 [email protected]

DOCUMENTACIÓN SOCIAL no se identifica necesariamente con los juicios expresados en los trabajos firmados. Los artículos publicados en esta revista no pueden ser reproducidos total ni parcialmente sin citar la procedencia. ©  Cáritas Española. Editores ISSN: 0417-8106

ISBN:  978-84-8440-616-7

Depósito Legal:  M. 4.389-1971

Preimpresión e impresión: Gráficas Arias Montano, S. A. •  28935 Móstoles (Madrid)

Sumario

Sumario

-

Presentación

7

Monografía

1 La  evolución del empleo y del trabajo

en un mundo globalizado. Cambios culturales y alternativas.  Begoña Pérez Eransus  ..........................................................................................................

15

2 Activación, competencias laborales y

empleabilidad: infrarreconocimiento y estigmatización de los colectivos vulnerables. Fernanda Caro Blanco y María Antonia Carbonero  ............................

37

3 La flexibilidad por la vía externa: los

factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España. Sergio Torrejón Pérez  .............................................................................................................

4 Pobreza, desigualdad y salarios.

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch  ..............

55

87

5 El impacto de las políticas activas de

mercado de trabajo en España.

Miguel Ángel Malo y Begoña Cueto  .........................................................................

105

6 El  retiro temporal como política

igualitaria transformadora.

Alfredo Alfageme y Begoña García-Pastor  ..........................................................

121

Documentación Social  178

3

Sumario

7 Flexibilidad y reformas laborales.

Jose Ignacio Pérez Infante  ....................................................................................................

139

8 Hacia una revisión de las políticas de

empleo joven: la historia de un fracaso anunciado. Almudena Moreno Mínguez  ............................................................................................

183

9 Activar a los ni-ni. Contenidos, retos

y controversias de la garantía juvenil.



Alessandro Gentile y Enrique Hernández Díez  ................................................

207

10 Una estrategia sindical para reducir

las desigualdades sociales: fortalecer la negociación colectiva, apostar por el pleno empleo, impulsar la democratización de la economía.



Bruno Estrada López..................................................................................................................

225

Documentación

1 Políticas laborales en transformación.................. 

243

Reseñas bibliográficas 

1 Pour la sociologie. 

 Bernard Lahire  ...........................................................................................................................

251

2 Métodos y técnicas de investigación en trabajo social.



Neus Caparrós Civera y Esther Raya Díez  ....................................................

3 ¿Para que sirve realmente…? La ética.

Adela Cortina  ..............................................................................................................................

4

Documentación Social  178

259

262

-

Presentación

Durante el proceso de preparación del número hemos ido hablando de él con el título provisional de «políticas laborales en transformación». Con cada vez más insistencia los agentes que intervienen de una u otra manera en el diseño y la ejecución de las políticas públicas en favor del empleo, vienen reclamando cambios en ellas, ante la evidencia de que su grado de «éxito» es, cuanto menos, escaso. Podríamos afirmar que las políticas de empleo están en crisis. Otra cosa es el grado de conciencia de esta, y el grado de certidumbre en torno a cuál ha de ser la orientación de esas «nuevas políticas». Probablemente, tanto la conciencia como la certidumbre son escasas. Escasez de conciencia y exceso de incertidumbre motivados por multitud de factores, pero esencialmente por que vivimos el presente de un futuro que muchos dibujan como de cambio de era, y al vivir en el presente, ese futuro es difícil de vislumbrar y de percibir con nitidez. Los árboles de lo cotidiano no nos dejan ver con claridad el bosque de lo que se nos avecina. Y quienes lo hacen se mueven necesariamente dentro del mundo de lo profético, con sus riesgos y virtudes. Este número de documentación social no van tan lejos, más bien se mueve entre algunos de esos árboles, que son, a la vez, obstáculo para ver y signo de lo que veremos. Pero quizá conviene señalar algunos elementos de ese marco de incertidumbre en el que se mueven los debates que se suscitan con los diferentes artículos y miradas que aquí se expondrán. Documentación Social  178

5

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Presentación

Presentación

Mirando al pasado Una mirada al pasado, mucho más certera por cuanto adivinar lo que ya pasó es un ejercicio más asequible, nos enfrenta a la pregunta por el futuro del empleo. El impacto que las tecnologías han tenido en la productividad de cada empleo y en el cambio de modelo productivo hacen evidente que ya no es necesario el pleno empleo para seguir produciendo y creciendo. Las propuestas que desde esta constatación proponían el reparto del empleo, tienen ya más de veinte años de antigüedad. La salida de la crisis de los años setenta se sustanció, entre otras características, con la reducción del peso de la masa salarial en los procesos de producción, o dicho de otra forma, reduciendo el salario de los trabajadores, y no solo el directo, sino también el indirecto por la vía de la reducción de las prestaciones sociales del estado del bienestar. Reducción salarial que hubo de ser compensada con el endeudamiento privado, como manera de mantener el ritmo de consumo necesario para absorber el crecimiento de la productividad, y por tanto de la producción. Con todo, aún permanece, un sector de trabajadores bien pagados y en buenas condiciones conviviendo en el mismo espacio. Con lo que otro de los efectos de este proceso ha sido la dualización del mercado de trabajo, situación en la que resulta difícil ver y ver-se no ya como clase, sino siquiera como «colectivo» al que le beneficien el mismo tipo de políticas. Todo esto en el marco de una cultura en la que seguimos afirmando el valor (ontológico) del trabajo humano como una de las fuentes más sustantivas de dignidad, y por tanto, como un derecho y un deber de ciudadanía. Y en el de una organización social que sigue vinculando el ejercicio de bastantes de los proclamados como derechos sociales al tener, o no, un empleo que proporcione los ingresos necesarios para proveernos de ellos en el mercado. Haciendo con ello un ejercicio de identificación entre trabajo y empleo, cuando el segundo no es más, ni menos, que la manera socialmente definida en que en este periodo de la historia, organizamos el primero. Así nos encontramos con un modelo de producción que no necesita de toda la mano de obra de la que dispone. Que divide a aquella a la que efectivamente emplea en al menos dos grupos diferentes. Y con una cultura, esta sí compartida, que valora el trabajo y lo identifica con el empleo.

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Documentación Social  178

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Presentación

Presentación

Proyectando el futuro Hecho este somero recorrido por algunos rasgos de la reciente historia del empleo, nada nos permite afirmar cual serán las salidas que se den en el futuro. Todo lo más nos atrevemos a formular algunas preguntas. La distinción que hemos hecho entre trabajo y empleo nos resulta especialmente significativa para formular las preguntas. ¿Será nuestra cultura capaz de cambiar la actual identificación entre ambas? ¿Daremos al trabajo el lugar ontológico y al empleo el organizativo, o por el contrario lo mantendremos identificado? Si lo hacemos, salidas del tipo reparto del empleo, o renta básica universal (igualmente con un largo recorrido histórico por más que los actuales avatares de la política la hagan aparecer como novedosa) podrán abrirse camino en un futuro. De lo contrario no. ¿De la dualización del mercado de trabajo surgirán organizaciones sindicales/políticas con suficiente fuerza y centradas en el «precariado» que articulen políticamente los intereses de estos trabajadores? ¿Y de los expulsados del empleo? Y si es así, ¿tendrán capacidad de alianza con los que ocupan el mercado de trabajo decente? ¿La incipiente conciencia ecológica llegará a tener la fuerza necesaria como para parar la espiral de crecimiento sostenido, y de consumo depredador, o por el contrario el modelo permanecerá intacto mientras no entremos en la crisis de escasez por agotamiento del planeta? Muchas incertidumbres y muy pocas seguridades.

Y mientras tanto aquí… Hablaremos ahora de la realidad de España, sin olvidar por ello que está se enmarca en la realidad global, y está determinada por ella. Y lo hacemos con una mirada descriptiva del presente, de como esos elementos de los que hemos hablado se sustancian hoy en nuestra realidad, y son punto de partida para muchos de los debates que los diferentes artículos plantean. La crisis económica en la estamos inmersos ha tenido un fuerte impacto en el empleo, elevando la cifra de parados en una proporciones por todos conocidas y en un grado realmente intolerable. Pero más allá de la crisis, conviene recordar que nuestra tasa de desempleo nunca ha descendido del 10%, ni siquiera en los momentos en que nuestra economía crecía por encima de la europea. Dicho en otros términos, nuestro mercado de trabajo tiene un problema de desempleo estructural que ninguna de las políticas desarrolladas en la reciente historia ha sido capaz de eliminar. Documentación Social  178

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Presentación

Presentación

El proceso de deterioro salarial de los trabajadores en general se ha ido dando con fuerza también en nuestro país. La llamada moderación salarial ha sido la constante en todos los procesos de negociación colectiva que se han dado desde los Pactos de la Moncloa en adelante. O lo que es lo mismo unas subidas salariales medias que igualan o superan por muy poco el IPC, que por ejemplo no tiene en cuenta ni el precio de los combustibles ni, sobre todo el de la vivienda, se traduce en un proceso de perdida sostenida del poder adquisitivo. El frenazo en los procesos de construcción de las estructuras protectoras del estado del bienestar, y el retroceso en lo conseguido, es algo que no tiene discusión objetiva posible. También se han producido los fenómenos relacionados con la dualización del mercado de trabajo, de la misma manera que en el resto de nuestro entorno, pero con la excepción de un gran sector de población vinculado al boom del ladrillo, cuya instalación en el sector bien pagado de los trabajadores fue tan llamativa como efímera. Siendo en este aspecto lo más llamativo la irrupción de la figura sociológica del «trabajador pobre», es decir aquel que a pesar de trabajar, las condiciones en las que lo hace no le permiten vivir en las condiciones mínimas exigidas en el entorno, e incluso a mantenerlos dentro de los parámetros definitorios de la exclusión social. De tal forma que la figura del mileurista ha pasado en poco tiempo de ser un referente de un trabajo mal pagado a una posición envidada por muchos asalariados. En nuestro entorno las propuestas de renta básica pierden por goleada frente a otras que hablan de renta mínimas. Nuestra cultura mantiene hoy la creencia de que es el empleo la mejor y única manera de acceder a los derechos. Por lo que la mejor salida, en ese marco, es volver a una situación de «pleno empleo» y, mientras tanto, desarrollar políticas de protección bajo mínimos para los que no accedan.

Y así, las políticas laborales… No está escrito en ningún lado la salida que al final se haga realidad. Las crisis, en el sentido más etimológico de la palabra, son incertidumbre y oportunidad. Por eso lo que hoy se haga es muy importante, aun no teniendo garantías de que, efectivamente, va a conseguir influir con seguridad en el futuro. Lo importante a lo que nos enfrentamos, más allá de las cuestiones que escapan a nuestro control, es la realidad de las personas y los hogares que en estos momentos está sufriendo las consecuencias de esos procesos de cambio, y a las que no se puede abandonar sin más, ni confiar sin más en que las salidas que se den, cuando se den, ya se ocuparan de su situación. 8

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Presentación

Presentación

El presente monográfico consta de diez artículos que reflexionan en torno a las políticas laborales y a su capacidad para generar inclusión social dentro del actual contexto del mercado laboral y un mundo cada vez más global. Así en el primer artículo relacionado con La evolución del empleo y del trabajo en un mundo globalizado. Cambios culturales y alternativas, Begoña Pérez Eransus nos presenta un análisis sobre el futuro del empleo en nuestro país. En un contexto de renovación política y agitación social se retoma el debate sobre este tema y se renuevan las propuestas de reparto del empleo, establecimiento de rentas ciudadanas o reconocimiento social de actividades como el cuidado, la educación o la acción voluntaria. La relación entre desempleo y precariedad laboral guardan relación directa con la forma en la que los modelos de bienestar gestionan la crisis de empleo y por tanto en función de la capacidad presión de los actores sociales. Nos encontramos con el debate (en ocasiones excesivamente maniqueo y reiterado a lo largo de las últimas décadas) entre la cultura del esfuerzo como única opción o la protección de aquellos que quedan fuera. El cambio cultural debe venir de la mano de amplias alianzas sociales que defiendan la sustitución del empleo como valor central por una nueva ética social anticapitalista. A continuación, Fernanda Caro Blanco y María Antònia Carbonero Gamundi nos presentan Activación, competencias laborales y empleabilidad: infrarreconocimiento y estigmatización de los colectivos vulnerables. La nueva regulación laboral alcanza también a las políticas de inserción laboral de colectivos vulnerables, que incorporan la flexibilización del trabajo, la mercantilización de las personas y la individualización de las responsabilidades. La Activación se presenta como el paradigma para garantizar la empleabilidad de las personas y su adaptación a los requerimientos del Mercado de Trabajo. Pero el discurso de la empleabilidad y las competencias se ha ido introduciendo en las políticas de inserción, de forma que la empleabilidad se interpreta de acuerdo con una perspectiva individualizadora y culpabilizadora que invita ahondar en el infrarreconocimiento y en la estigmatización de los colectivos vulnerables sin que se planteen alternativas transformadoras ligadas a este concepto. Por su parte, el tercer artículo de este monográfico nos adentra en el carácter procíclico que definen al empleo en España. En La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España, Sergio Torrejón Pérez aborda la extrema sensibilidad que muestra el empleo a los cambios en la producción en nuestro país. El objetivo del mismo es tratar de contrastar los argumentos de las principales teorías que abordan las causas de que el uso de contratos temporales favorezca que los ajustes a las condiciones de la demanda se realicen a través de la cantidad de empleo. En Pobreza, desigualdad y salarios, Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch parten de las consecuencias de «la Gran Recesión» en términos Documentación Social  178

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Presentación

de generación de desempleo y de empleo precario. En España se ha tratado de salir de la crisis, buscando la competitividad de la economía devaluando el factor trabajo, sin modificar la estructura productiva. Esto ha provocado el incremento del porcentaje de población trabajadora en riesgo de pobreza. Una situación que rompe con la orientación que pretendía buscar un mejor modelo productivo, que basase su competitividad en valor añadido, que permita incrementar los salarios y establecer medidas redistributivas que luchen contra las altas tasas de pobreza. Así, en el presente artículo se hace un repaso de cómo interactúan las diferentes variables (pobreza, desigualdad y salarios) que intervienen en esta compleja relación de modo que, a partir dicho análisis, puedan extraerse conclusiones y propuestas de actuación que vengan a corregir la situación actual. Miguel Á. Malo y Begoña Cueto realizan una primera revisión sistemática de las evaluaciones con grupo de control disponibles de políticas activas en España. En El impacto de las políticas activas de mercado de trabajo en España llevan a cabo una revisión que incluye 12 investigaciones que suponen un total de 144 evaluaciones. Agrupando las evaluaciones en intermediación laboral, creación directa de empleo, cursos de formación e incentivos a la concentración, se encuentran siempre impactos positivos en promedio. La creación directa de empleo aumenta hasta 10 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a un empleo, los cursos de formación entre 5 y 6 puntos, y los incentivos a la contratación algo menos de 4. No obstante, todos los efectos tienen una importante dispersión, de manera que cabe la posibilidad de que los impactos de estas políticas sean nulos. La principal consecuencia es que todas estas políticas deberían focalizarse bien en colectivos muy concretos con diseños que maximicen el impacto. En el sexto artículo de este monográfico (El retiro temporal como política igualitaria transformadora) se aborda una propuesta de redistribución del trabajo a lo largo de la vida consistente en el disfrute voluntario de periodos de retiro temporal remunerado a cambio de retrasar proporcionalmente la edad de jubilación (RT). Así, Alfredo Alfageme y Begoña García-Pastor argumentan, desde planteamientos sociológicos, el potencial de esta propuesta como política de igualdad, desde tres frentes al menos: como política de no discriminación por razones de edad, como política de igualdad de género, y como política compensadora de desigualdades económicas o «de clase». José Ignacio Pérez Infante, en Flexibilidad y reformas laborales analiza la relación existente entre las reformas laborales aprobadas a lo largo de la última crisis económica y la flexibilidad laboral, en concreto, la flexibilidad salarial. Para ello, en primer lugar se tiene en cuenta cuál es el modelo ideal de mercado de trabajo que considera la economía convencional, en concreto los supuestos e hipótesis fundamentales del mercado de trabajo y

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Presentación

Presentación

las consecuencias en los resultados sobre el empleo, el paro y los salarios de la existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, que lo alejan del mercado ideal de trabajo perfectamente competitivo. De este análisis se deriva la necesidad de reformas laborales que flexibilicen y desregularicen el mercado de trabajo en distintos aspectos o facetas. Este es el camino que han seguido casi todas las reformas laborales aprobadas desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y, en concreto, las aprobadas a lo largo de la última crisis económica. Pero, como se estudia en el artículo, los resultados reales de las reformas laborales distan mucho de los resultados previstos por los defensores de esas reformas. A continuación, nos encontramos con dos perspectivas complementarias sobre un tema de actualidad. En primer lugar, Almudena Moreno Mínguez (Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado) se adentra en la cuestión del desempleo juvenil desde el análisis de la idoneidad y eficacia de las políticas públicas activas de empleo juvenil desarrolladas en España. Sobre la base de una revisión de la literatura comparada sobre el desempleo juvenil, se analiza empíricamente las características que definen el desempleo juvenil en España, así como la efectividad de las políticas activas de empleo desarrolladas para combatir el desempleo juvenil desde una perspectiva crítica. Por su parte, Alessandro Gentile y Enrique Hernández Díez (Activar a los ni-ni. Contenidos, retos y controversias de la garantía juvenil) complementan el análisis centrando su artículo en la Garantía Juvenil, la cual ha recogido los esfuerzos europeos más importantes, en términos financieros y políticos, para fomentar la integración socio-laboral de los jóvenes en estos últimos años de crisis económica. La implementación de esta política activa ha sido acompañada por grandes expectativas sociales en nuestro país. Sin embargo, las altas tasas de desempleo que se registran todavía entre los menores de 29 años de edad dejan manifiesto que esta medida no ha tenido los efectos esperados. Por último, Bruno Estrada López nos ofrece Una estrategia sindical para reducir las desigualdades sociales: fortalecer la negociación colectiva, apostar por el pleno empleo, impulsar la democratización de la economía. Dado que el trabajo es hoy, mucho más que en el pasado, algo crecientemente diverso y complejo se plantea una dificultad indudable para la acción colectiva. Por ello, en la acción sindical deben reflejarse los intereses del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena, de los autónomos, de los parados, de los precarios, de los pensionistas. Lo que obliga a poner en primer plano aquellas políticas económicas que defiendan el estado del bienestar, que impulsen el pleno empleo y la democratización de la economía, particularmente de la inversión.

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Presentación

Presentación

Dada la cantidad de artículos seleccionados para engrosar el monográfico, en esta ocasión se ha decidido no incorporar la Tribuna Abierta. En la sección Documentación, ofrecemos el acceso a dos informes prospectivos sobre el empleo en el mundo: Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014: el desarrollo a través del empleo y Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: el empleo en plena mutación. Pedro Fuentes Rey

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Monografía 1 La  evolución del empleo y del trabajo en un mundo

globalizado. Cambios culturales y alternativas.  Begoña Pérez Eransus  ...............................................................................................................

15

2 Activación, competencias laborales y empleabilidad:  infrareconocimiento y estigmatización de los colectivos vulnerables.



Fernanda Caro Blanco y María Antonia Carbonero Gamundi  ......

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3 La  flexibilidad por la vía externa: los factores que

impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España.



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Sergio Torrejón Pérez  ..................................................................................................................

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Pobreza, desigualdad y salarios. Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch  .................

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Miguel Ángel Malo y Begoña Cueto  .............................................................................

6





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E l retiro temporal como política igualitaria transformadora. 121

Flexibilidad y reformas laborales. José Ignacio Pérez Infante  ........................................................................................................

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 acia una revisión de las políticas de empleo joven: H la historia de un fracaso anunciado. Almudena Moreno Mínguez  ................................................................................................

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105

Alfredo Alfageme y Begoña García-Pastor  ..............................................................





E l impacto de la políticas activas de mercado de trabajo en España.



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 ctivar a los ni-ni. Contenidos, retos y controversias A de la garantia juvenil. Alessandro Gentile y Enrique Hernández Díez  ...................................................

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10 Una estrategia sindical para reducir las desigualdades

sociales: fortalecer la negociación colectiva, apostar por el pleno empleo, impulsar la democratización de la economía. Bruno Estrada López  ...................................................................................................................

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1 La evolución del empleo y del trabajo en un mundo globalizado. Cambios culturales y alternativas Begoña Pérez Eransus Profesora Titular de Universidad [email protected]

Fecha de recepción: 9/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario

1.  Destrucción y polarización del empleo en la economía global.   2.  Los modelos de bienestar dan distintas respuestas a la crisis de empleo en función de la capacidad de presión de los actores sociales.   3.  Una lectura intergeneracional de los costes de las transformaciones del mercado laboral en España.   4.  Una lectura de clase social sobre los costes de las transformaciones del mercado laboral en España.  5.  Los debates sobre la pérdida de centralidad del empleo en la sociedad.   6.  La persistencia de la cultura del empleo.   7.  La centralidad del empleo también está presente en la cultura de los servicios sociales.   8.  Nueva ética social y el espíritu del anticapitalismo.   9.  Bibliografía

RESUMEN Desempleo y precariedad laboral son dos fenómenos presentes en los mercados laborales de nuestro entorno. Sin embargo, su incidencia está determinada por la forma en la que los modelos de bienestar gestionan la crisis de empleo y, por tanto, en función de la capacidad presión de los actores sociales. En nuestro país el impacto de estos procesos recae en las generaciones más jóvenes y en las partes más bajas de la estructura social en forma de inactividad o explotación laboral. En un contexto de renovación política y agitación social se retoma el debate sobre el futuro del empleo y se renuevan las propuestas de reparto del empleo, establecimiento de rentas ciudadanas o reconocimiento social de actividades como el cuidado, la educación o la acción voluntaria. No obstante, la cultura del esfuerzo a través del empleo sigue estando muy presente, no solo en los grandes grupos electorales, sino también en la definición de nuestros políticas sociales incluso en la cultura institucional de los servicios sociales. No parece justo dejar el peso de la transformación a los más débiles de nuestra sociedad. El cambio cultural debe venir de la mano de amplias alianzas sociales que defiendan la sustitución del empleo como valor central por una nueva ética social anticapitalista.

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Palabras clave: Empleo, trabajo, desempleo, precariedad, exclusión, servicios sociales. ABSTRACT Unemployment and precarious work are common trends in our labour markets. Nevertheless their impact is defined by the way welfare states face employment crisis and so the level of pressure made by social agents. In our country most impact of both processes address young generations and lower levels of social structure taking shape of inactivity and labour exploitation. Nowadays context of political renewal and social boiling favours reconsidering debates about the future of employment and old proposals are renewed: time work reduction, guaranteed basic income or social recognition of activities other than work: as care, education or voluntary work. But effort through employment culture is still rooted in our society. Not only is an important valour for electoral majorities but also it defines our social policies, especially those concerning personal social services. It doesn’t look fair leaving social transformation to the most vulnerable. Cultural change should be built over wide social alliances in defence of substituting employment as core value by a new anticapitalist ethic. Key words: Employment, work, unemployment, precarious job, social exclusion, personal social services.

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  DESTRUCCIÓN Y POLARIZACIÓN DEL EMPLEO EN LA ECONOMÍA GLOBAL

El incremento de desempleo de larga duración y la progresiva precarización de una parte del empleo son tendencias presentes en la evolución actual de los mercados laborales occidentales. El origen de ambas tendencias se encuentra, más allá del actual contexto de crisis, en los procesos de transformación que se inician en la década de los setenta en el paso a una economía globalizada: las innovaciones tecnológicas liberan mano de obra de los procesos productivos; el abaratamiento de los intercambios comerciales internacionales favorece la exportación de procesos productivos a países en vías de desarrollo con mano de obra más barata; la economía financiera, con mayores posibilidad de beneficio y menor demanda de empleo, aumenta su protagonismo en detrimento de la economía productiva. Por este motivo, la crisis actual no ha hecho sino acelerar un proceso previo de expulsión de mano de obra de los sectores tradicionales de empleo y un consiguiente aumento del desempleo de larga duración que afecta tanto a trabajadores de sectores obsoletos como a las nuevas generaciones de jóvenes que esperan su entrada al mercado laboral. Paralelamente se produce una demanda de flexibilidad por parte de las empresas a los gobiernos nacionales con el fin de mejorar sus posibilidades de competencia en los mercados internacionales. Por tanto, aunque también se traduce en necesidades de inversión o investigación y desarrollo, en muchos contextos adopta la forma de desregulaciones que favorecen el abaratamiento de la contratación (facilidad para la temporalidad de los contratos, abaratamiento de despidos y disminución de los salarios y las cotizaciones). En definitiva, la demanda de flexibilidad de las empresas en algunos mercados laborales como el nuestro se ha traducido en un deterioro de las condiciones laborales. El incremento del desempleo sitúa en una posición de debilidad a las asociaciones sindicales cada vez más fragmentadas, por ello, el desequilibrio de las fuerzas de los actores firmantes del pacto social, que dio lugar a la mejora de la calidad del empleo y las políticas sociales, propicia ahora un contexto proclive al avance de las demandas empresariales. Por todo ello, desempleo y precariedad, aunque con impactos diferenciados en cada región, constituyen dos fenómenos presentes de manera estructural en los mercados laborales de los países europeos. La generación de nuevo empleo se está limitando, casi exclusivamente, al sector servicios y parece no satisfacer, ni en volumen ni en perfil, al conjunto de la demanda desplazada de otros sectores. Este nuevo empleo se ubica, por Documentación Social  178

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un lado, en el sector de servicios a las empresas: servicios financieros, informáticos, publicitarios, logísticos. Puestos caracterizados por demandar un nivel de cualificación y especialización creciente que somete a la demanda laboral a una intensa competencia meritocrática. Por otro lado, se desarrolla el sector de servicios destinados a las personas: de restauración, ocio, cuidados y domésticos. Aunque este ámbito es diverso, en general destacan por encima del resto los puestos que requieren escasa cualificación. Estamos, por tanto, ante una progresiva polarización del nuevo empleo creado. En contexto de desregulación laboral, queda en manos de los empleadores el establecimiento de los niveles de recompensa salarial y estabilidad de cada puesto y, por tanto, muy ligados al nivel de cualificación y desempeño del trabajador/a. Como resultado se producen recompensas altas asociadas a puestos que requieren elevada cualificación mientras que, en el otro extremo, los puestos poco cualificados se caracterizan por su inestabilidad y baja remuneración. La vinculación entre desempleo y pobreza es estrecha y ampliamente analizada por las ciencias sociales. Sin embargo, el nuevo fenómeno emergente en la dinámica actual del empleo lo constituyen los/as pobres que trabajan (working poor). El acceso al empleo constituía desde hace un siglo uno de los lazos más estables de integración y el mecanismo de acceso al bienestar para las clases bajas en Europa. Sin embargo, el declive de los salarios y las condiciones provocan que éste no sea ya una garantía de integración. La existencia de este colectivo no encuentra encaje en las formas de protección europeas construidas sobre la cultura del merecimiento y la recompensa del trabajador/a. Frente a la homogeneidad que caracterizaba a la clase trabajadora en las economías domésticas, en el actual contexto, se produce un alto grado de diferenciación de las condiciones laborales y, por tanto, de sus intereses. Los intereses de los/as trabajadores/as antiguos/as están ligados al mantenimiento de los logros conseguidos: reconocimiento de antigüedad, promoción y protección en la jubilación; los/as trabajadores/as nuevos/as cualificados/as buscan la mejor remuneración y la conciliación; los/as no cualificados/as, la estabilidad; los/as trabajadores/as pobres, la supervivencia; y los/as desempleados/as oportunidades de acceso al mercado laboral.

 LOS MODELOS DE BIENESTAR DAN DISTINTAS RESPUESTAS A LA CRISIS DE EMPLEO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

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La capacidad de algunos Estados para intervenir en el mercado laboral está siendo decisiva a la hora de gestionar la actual crisis económica, al igual 18

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que lo fue en la crisis de los setenta. También ahora el papel de los agentes sociales, patronal y sindicatos sigue siendo clave a la hora de gestionar las demandas de flexibilidad y mantenimiento de la protección laboral. Como resultado, la incidencia del desempleo y la precariedad es muy distinta en la tradicional clasificación de escenarios de bienestar acuñada por G. EspingAndersen (1993, 2000). Los países del llamado modelo socialdemócrata cuentan con economías acostumbradas a cambios frecuentes en sus sistemas productivos, por lo que ya anteriormente les ha compensado combinar flexibilidad en la contratación con niveles salariales altos y una garantía de protección generosa en el desempleo. En el cambio a una economía globalizada y, en respuesta al aumento del desempleo, se opta por la renovación de los pactos entre gobiernos socialdemócratas, patronal y fuerzas sindicales que gozan de un elevado nivel de afiliación. Mediante un nuevo proceso de negociación se buscó responder a la demanda de flexibilidad de las empresas (facilidad en los despidos, aumento de los contratos a tiempo parcial). A cambio, las empresas se comprometían a mantener niveles salariales elevados para el conjunto del empleo, también el empleo a tiempo parcial y temporal. El Estado, como mediador, se comprometía a actuar como empleador directo mediante el desarrollo de un amplio sector de servicios sociales en los ámbitos de atención a personas mayores, educación infantil, etc., a promover procesos de innovación y desarrollo para las empresas y a mantener una protección social generosa y opciones de formación y reciclaje para los desempleados. Es en este escenario en el que originalmente se acuña el concepto de flexiseguridad para hacer referencia al resultado del compromiso adquirido a tres bandas empresa, sindicato y Estado. Posteriormente este término ha sido utilizado en otros países de la Unión Europea para designar prácticas diversas en las que la parte «seguridad» pierde valor. Además de la importancia del papel de los actores sociales en este modelo, tampoco es desdeñable el peso de las características de su tejido productivo que integra industria de alta tecnificación y unos servicios a empresas y personas también caracterizados por la calidad y la especialización. En ambos casos, la demanda de un elevado nivel de cualificación de buena parte de la fuerza de trabajo hace que la temporalidad de los trabajadores no resulte beneficiosa y, por tanto, la utilización de la temporalidad y los bajos salarios no haya sido tan extendida. Este modelo ha sabido responder de una manera más eficaz a la destrucción de empleo y ha trasladado el riesgo que conlleva la flexibilidad laboral al conjunto de la clase trabajadora. En este escenario los procesos de precarización y desempleo están teniendo menor impacto en la cohesión social (Gallie y Paugam, 2000). En los países del modelo de bienestar liberal la superación de la crisis de empleo de los setenta y también de la iniciada en 2008, se produce a través de

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una nueva apuesta por modelo de crecimiento económico mediante estímulos a las empresas. En el caso específico de Estados Unidos la respuesta a la progresiva destrucción de empleo industrial se produce gracias a un importante desarrollo del sector servicios: servicios cualificados a empresas y servicios personales y de ocio (lo que han denominado como la industria del entertainment). La gran capacidad de presión política de las empresas a través de los lobbies y una mayor debilidad de las organizaciones sindicales favorecen un contexto proclive a la extensión de la flexibilidad en todas sus formas: el fomento de investigación y desarrollo, pero también a través de las formas que externalizan el riesgo al trabajador en forma temporalidad y bajos salarios. El progresivo aumento en este contexto del colectivo de trabajadores pobres explica por qué, en este país, elevadas tasas de pobreza conviven con tasas muy bajas de desempleo. El régimen de bienestar corporatista, al que responden la mayor parte de países europeos, es el que mayores dificultades está encontrando en hacer frente a la destrucción de empleo y competencia a escala global. El retraso de la incorporación de los jóvenes a través de la apuesta por la formación o la utilización de fórmulas de prejubilación han logrado contener el crecimiento del desempleo sin tener impacto real en la creación de empleo. En estos países existe una amplia trayectoria de regulación del empleo basada en la concertación entre patronal y sindicatos vinculados a la industria. Como resultado de ello, la regulación de empleo es considerada rígida por parte de las empresas. Desde el punto de vista del trabajador, el mantenimiento de un nivel elevado de regulación ha permitido frenar la destrucción de empleo fruto del descenso de demanda económica y buscar otras alternativas vía flexibilidad interna (reducción de horas, salarios, formación e innovación). En países como Alemania se añade el hecho de que el perfil del sistema productivo requiera un mayor esfuerzo formativo por parte de la empresa y no haga atractiva para los empresarios la sustitución continua de mano de obra (Düll y Düll, 2002). En los últimos años, la fuerza sindical se ha debilitado debido a la fragmentación de las organizaciones por motivos, políticos, identitarios o religiosos y por un proceso de descentralización de las negociaciones a niveles de sector y empresa. Ambos procesos explicarían que, en los años más recientes, también en estos países comience a extenderse la precariedad laboral afectando mayoritariamente a mujeres, jóvenes y minorías étnicas. Por ello en la actualidad estos mercados laborales se caracterizan por una fuerte diferenciación entre los que se encuentran dentro del mercado de trabajo primario cualificado y altamente protegido y los que quedan fuera de él. La especificidad del modelo de bienestar mediterráneo también puede ser identificada en referencia a las dinámicas de cambio de su mercado laboral. En

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estos países una mayor debilidad sindical y tejidos productivos menos competitivos están dado lugar a procesos de destrucción de empleo y desregulación laboral más intensos. En estos países, la flexibilidad que permiten las contrataciones temporales frente a los fuertes constreñimientos de las contrataciones estables ha llevado a los empresarios a optar de manera generalizada por la temporalidad. Esto da lugar a un modelo de regulación laboral muy dualizado que incluye fuertes dificultades para el despido de los antiguos con una creciente proporción de empleo temporal y de baja retribución (Polavieja, 2003). Fruto de un desarrollo económico tardío y limitado existe un menor grado de afiliación sindical que en el resto de los países europeos y también aquí se ha producido una pérdida de capacidad de presión debido a una mayor sectorización y descentralización de la estructura sindical. En el caso de España, el desarrollo económico que se produjo en las décadas anteriores a la crisis vino de la mano de atraer la implantación de industria de montaje europea mediante una mano de obra más barata. Junto a ella, hostelería, industria agroalimentaria y construcción forman parte del núcleo fuerte de un mercado laboral que, en términos generales, favorece la fácil sustitución de los/as trabajadores y, por tanto, la utilización de contratos temporales. Ello explicaría por qué ya antes de la crisis iniciada en España la extensión de la precariedad laboral afectaba a un tercio de la fuerza laboral, en gran medida de manera estructural. A partir de 2008, el descenso de actividad económica se ha traducido en una destrucción masiva de este tipo de empleo, afectando principalmente a jóvenes y extranjeros. Precisamente el intenso impacto de la crisis económica en la sociedad española en términos de desempleo y precariedad es clara muestra de la importancia de la influencia de los actores sociales en el comportamiento del mercado laboral. La apuesta por distintas formas de competitividad en la economía global, el modelo de flexibilidad empresarial adoptado, la forma en la que se distribuyen los riesgos del descenso de actividad económica entre los distintos grupos de la clase trabajadora son algunas de las cuestiones que permiten identificar diferentes formas de afrontar las consecuencias comunes de la globalización.

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 UNA LECTURA INTERGENERACIONAL DE LOS COSTES DE LAS TRANSFORMACIONES DEL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA

Europa ha comenzado a elaborar una lectura intergeneracional de los efectos de la destrucción de empleo a la luz de la elevadas tasas de paro juvenil. Documentación Social  178

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En nuestro país el fenómeno adquiere tintes dramáticos, el 49,6% de los menores de 25 años se encuentran en desempleo, 30 puntos por encima de la media europea (20%) (EPA-Eurostat, 2015). Resulta también específica de nuestro país la combinación perversa de dos tendencias: precariedad-desempleo y burbuja inmobiliaria. Ambas cuestiones obstaculizan los procesos de autonomía de la juventud española. Los costes de este modelo social incapaz de ofrecer oportunidades laborales a las nuevas generaciones se manifiestan de distintas formas y con distintas intensidades. Una de ellas es la realidad de miles de jóvenes en España que continúan en circuitos formativos de estudios de posgrado, idiomas y prácticas, siendo conscientes de la falta de oportunidades laborales y de su nivel de sobrecualificación para aquellas a las que acceden de manera intermitente. Una parte de este colectivo acaba viendo en la emigración a países europeos la salida a años de frustración en la búsqueda de empleo. Se encuentran también entre las personas afectadas las «expulsadas» del mercado laboral en la crisis (García Serrano, Malo, 2015). Jóvenes que habían accedido al empleo en contexto de crecimiento, en sectores no cualificados como construcción, manufactura o servicios y que ahora se encuentran en desempleo cuentan con pocas opciones de que la experiencia laboral desempeñada sea valorada en nuevos posibles nichos de empleo. Compartiendo espacio y escasas expectativas con el anterior grupo se encuentra la situación de los denominados «ni-nis», jóvenes que ni estudian ni trabajan. Algunos ya han trabajado, pero muchos de ellos nunca han accedido a su primer empleo y, o bien han abandonado los estudios de forma prematura, o bien no han continuado estudios posobligatorios por falta de recursos económicos en sus familias. Conviene recordar aquí que ha sido ampliamente evidenciada la influencia de la herencia social familiar en el rendimiento educativo de los menores y los jóvenes (Esping-Andersen y Palier, 2010). En nuestro país, la ausencia de apoyos económicos en periodo postobligatorio incrementa la importancia de la protección familiar y el capital social en las posibilidades de cualificación y determina las opciones de inserción laboral en este contexto de competencia extrema por puestos de trabajo escasos. Por tanto, la clase social familiar determina de manera contundente el futuro de estas generaciones. Probablemente sea el devenir de estos grupos de jóvenes y menores de familias en situación de pobreza y exclusión el que determine su condición de generación «perdida».

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 UNA LECTURA DE CLASE SOCIAL SOBRE LOS COSTES DE LAS TRANSFORMACIONES DEL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA

Ni el desempleo ni la precariedad reparten democráticamente sus efectos nocivos sobre el conjunto de la sociedad, por el contrario, se concentran de manera dramática en las partes más débiles. Tanto la incorporación de la mujer al empleo como las posibilidades de los jóvenes están fuertemente influenciadas por la clase social del hogar. Esto incluye el nivel del empleo de la persona principal y los niveles de cualificación de sus miembros. De este modo, encontramos hogares en los que todos los miembros del hogar acceden al empleo, incluso con niveles parejos de cualificación. Mientras que en el polo opuesto, hogares a los que al desempleo y el escaso nivel de cualificación de la persona principal se suman también el desempleo y/o la inactividad del resto de sus miembros (Gregg y Wadsworth, 1996; Sarasa, 2001; Cantillon, Marx, et al. 2000). En España los Informes Foessa VI y VII (2011, 2014) que analizan el impacto social de la crisis demuestran el acusado efecto de estos procesos en nuestro país. Los hogares en los que ninguna persona en edad activa tiene empleo son quienes presentan mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza severa y exclusión. También se ubican con más probabilidad en el espacio social de exclusión el colectivo de trabajadores pobres: en cuatro de cada diez hogares en situación de exclusión hay alguna persona ocupada (VII Informe Foessa, 2014). Este grupo, además, ha visto empeorar considerablemente sus condiciones laborales y de vida a lo largo de la crisis. Dentro de este empeoramiento se evidencia una clara intensificación de la explotación laboral, trabajar más horas por menos salario en el mismo puesto o combinar diversos empleos, precarios o irregulares, como estrategia de supervivencia (Cap. 3, VII Informe Foessa, 2014).

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 LOS DEBATES SOBRE LA PÉRDIDA DE CENTRALIDAD DEL EMPLEO EN LA SOCIEDAD

La crisis del empleo iniciada en los años setenta propició el inicio de un debate sobre el futuro del empleo. En dicho debate se encuentran, por un lado, quienes cuestionan el diagnóstico y defienden la capacidad del sistema de recuperarse de las crisis económicas y favorecer la generación de empleo. Por otro lado, están quienes defienden que nos encontramos ante un escenario real de pérdida de centralidad del empleo tal como lo Documentación Social  178

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hemos conocido en décadas pasadas. Entre ellos, algunos ponen el énfasis en advertir sobre los riesgos y otros apuestan por desarrollar más la parte propositiva, viendo en este contexto negativo, la oportunidad de un cambio de modelo hacia el reconocimiento social de las personas más allá de su participación en el empleo. Repasemos con más detalle algunas de estas posiciones.

5.1. El paradigma liberal y la confianza en el crecimiento económico como generador de empleo El paradigma neoliberal ocupa un espacio creciente en la toma de decisiones gracias a la capacidad de presión que tienen las grandes empresas sobre los gobiernos nacionales. Esta postura sigue defendiendo que el apoyo del Estado a las empresas generará crecimiento económico y, por tanto, nuevo empleo. En ese sentido se presiona para que los gobiernos apoyen a las empresas en mejorar su competitividad. Sus demandas toman forma de ayuda económica directa, incentivos al consumo, promoción de I+D, disminución de impuestos y costes salariales o de la desregulación del empleo. En este argumentario también se incluye una crítica al gasto en la protección económica del desempleado por su ineficacia y por su efecto disuasorio, apelando a la responsabilidad individual de los desempleados a adaptarse a un escenario más competitivo. Para ello se fomentan políticas destinadas a promover el emprendimiento, se anima a la emigración a lugares donde se demande mano de obra o se pide adaptar las cualificaciones a la especialización progresiva del mercado laboral. Las recientes reformas laborales en nuestro país nos sirven de evidencia de la debilidad de la tesis liberal como solución al problema del desempleo y la precariedad. La desregulación laboral no conlleva, por sí sola, la generación de empleo. La disminución de costes laborales es una forma de flexibilidad que ayuda a la mejora de la competitividad de aquellas empresas que pretenden hacerlo a través del ahorro de costes del proceso de trabajo. Sin embargo, la persecución continua de este ahorro también les lleva a optar por trasladar procesos de producción a países en vías de desarrollo con mano de obra más barata. Por otro lado, los inversores persiguen maximizar el beneficio y esto cada vez es más fácil en ámbitos que no siempre están ligados a la economía productiva. En última instancia, tampoco las recetas neoliberales hacen frente a la cuestión del incremento de la precariedad laboral. Si los países fueran capaces de generar empleo, la elevada cualificación de una parte del mismo haría que el empleo no vaya a parar a aquellos hogares que más lo necesiten (hogares 24

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pobres en empleo), sino a aquellos que más cualificación tengan, probablemente personas que forman parte de hogares en los que ya hay algún empleo (hogares ricos en empleo). Queda para los hogares de menor cualificación la alternancia entre inactividad y precariedad.

5.2. El paradigma de la inversión social como renovación del pacto entre capital y trabajo Entidades como la OIT, OCDE o la propia UE se han sumado en la defensa de este paradigma que defiende la adecuación de las políticas sociales al nuevo contexto de economía global. Esto supone adaptarse a un escenario de aumento de las cualificaciones necesarias para una economía cada vez más competitiva. Se aboga por la inversión en políticas de activación que vayan desde la educación temprana y la cualificación de los más jóvenes, para evitar así la transmisión intergeneracional de la pobreza, hasta la adaptación constante de los desempleados a los requerimientos de nuevos escenarios de empleo mediante dispositivos de cualificación a lo largo de la vida. También se plantea la activación como principal herramienta de lucha contra la exclusión social (Morel, Palier y Palme (eds.), 2012). Este paradigma plantea renovar el pacto que dio lugar a la extensión de los llamados estados de bienestar conciliando los intereses del capital y del trabajo. Precisamente por ello, es objeto de críticas que van al núcleo mismo de su planteamiento por su inviabilidad. Por el contrario, quienes defienden que la acumulación de riqueza por parte del capital es un fenómeno imparable, no confían en que la cualificación de la mano de obra sea suficiente para evitar el empobrecimiento progresivo de una parte de la población.

5.3.  Paradigmas que asumen la pérdida de centralidad del empleo El propio Keynes publicó ya en 1930 una obra bajo el título Las posibilidades económicas de nuestros nietos vislumbrando un futuro en el que el crecimiento económico constante y las nuevas tecnologías permitirían prescindir de mano de obra y conseguir iguales o mejores beneficios. Desde una perspectiva que ahora se nos hace ingenua, Keynes interpretaba que en este escenario podrían reducirse las jornadas de trabajo hasta 15 horas por semana, liberando el resto de horas para el tiempo de ocio, relaciones sociales y familiares. No se equivocó en la predicción sobre los avances tecnológicos; sin embargo, sí lo hizo al no prever la constante búsqueda de incremento del beneficio del capital. Tampoco vaticinó el aumento de necesidades de consumo de bienes y servicios mercantiles que solo pueden ser cubiertas mediante jornadas elevadas de trabajo. La mejora de las nuevas tecnologías no ha supuesto un descenso Documentación Social  178

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de las horas para los trabajadores, sin embargo, sí ha conllevado la destrucción de puestos en determinados sectores y mercados laborales nacionales. La previsión marxista de la evolución del capitalismo sí se acerca más a lo acontecido. El capital busca la inversión en nuevos nichos de negocio y cuando estos dejan de aportar un elevado margen de beneficio (porque suben los precios del trabajo o porque se incrementa la competencia) abandonan el sector, expulsando mano de obra y buscando la inversión en uno nuevo. De este modo, la presencia de una bolsa de desempleados permanente (ejército de reserva) permite mantener siempre el precio del trabajo a la baja y favorecer la obtención de mayores beneficio en el nuevo sector (Marx, 1946). Precisamente el éxito actual del analista social Thomas Pikkety (2014) radica en dimensionar la acumulación progresiva del capital y sus efectos en la desigualad social creciente. El espejismo de unas décadas en las que las rentas de trabajo ascendieron permitió a la sociedad europea alcanzar ciertas cotas de igualdad. Sin embargo, el capitalismo patrimonial en la economía global muestra una capacidad vertiginosa de acumulación en pocas manos en detrimento de las clases trabajadoras, que pierden su tradicional forma de acceso a la riqueza: el empleo. Ante los efectos tan devastadores del actual cambio de ciclo capitalista han cobrado fuerza las posiciones que defienden la urgencia del cambio de modelo económico capitalista para hacer frente a la problemática del desempleo y la precariedad laboral. Muchas de estas alternativas resultan complementarias entre sí, ya que abordan distintos aspectos de lo que podría ser un modelo social distinto al capitalista: formas más justas de reparto del empleo, redistribución de la riqueza y reconocimiento social de otras actividades más allá del empleo. A continuación, vamos a detenernos a describir algunas de ellas.

5.4.  Propuestas de reparto del empleo Andre Gorz en su obra Metamorfosis del trabajo (1991) prevé un futuro en el que el trabajo escaso sea repartido entre todas las personas y estas puedan tener acceso a una parte de la riqueza pero también más tiempo libre para el ocio y las relaciones sociales. Como requisito establece repartir además del trabajo, la protección y un cambio cultural sobre la forma de entender el tiempo libre. Gorz propone liberar a la sociedad del yugo del consumismo capitalista y enfocar el potencial del tiempo libre hacia actividades voluntarias destinadas al bien colectivo. Plantea construir un nuevo valor social en torno al reconocimiento de tareas cualificadas que sean socialmente útiles.

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También Rifkin en su obra El fin del trabajo (1996) defiende la necesidad de apostar por un espacio no mercantil de intercambio de bienes y servicios en el que las personas que quedan fuera del empleo remunerado puedan sentirse socialmente útiles. Complementa su propuesta la necesidad del establecimiento de una renta mínima que garantizara la subsistencia de toda la ciudadanía. En la actualidad diversas redes sociales y políticas asumen la defensa del reparto de empleo con argumentos de lucha contra el desempleo y la precariedad; con el fin de poner freno a la producción y consumo de masas que destruye los recursos naturales; favorecer la igualdad en el desempeño de tareas de cuidado y domésticas; potenciar la participación política y mejorar las relaciones sociales y la salud mental de la población (NEF, 2015). Tal como señalan sus propios defensores estas propuestas deben superar resistencias, no solo las cercanas al capital, sino las de los propios trabajadores y sus representantes. En países como el nuestro, los bajos salarios impedirían comenzar por opciones de reparto sin enfrentar primero la cuestión de una protección económica decente. También se han forjado críticas a esta propuesta por el hecho de que el reparto del empleo pueda reforzar las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

5.5.  Propuestas de establecimiento de una renta ciudadana universal También en la década de los años ochenta se ubica el origen de las diversas propuestas que defienden la creación de rentas para toda la población independientemente de su condición, edad o vinculación con el mercado laboral. Entre los pioneros, Van der Veen y Van Parijs (1988) plantearon un modelo de renta mínima garantizada para toda la ciudadanía, de carácter individual y que no estuviera sujeta a la comprobación de medios económicos, ni a la realización de ningún tipo de contrapartida. Según su propuesta, esta renta podría sustituir a muchas de las prestaciones asistenciales existentes (de jubilación, discapacidad, desempleo) unificarlas, facilitar su gestión y dignificarlas. De tal manera que todo el mundo tendría un mínimo garantizado, por encima del cual podría elevar sus ingresos en función de su trabajo, cotizaciones o seguros privados. Son muchos los debates asociados a esta propuesta. En relación con la financiación, se encuentran las opciones más ambiciosas que la vinculan a una tasa impuesta a las transacciones financieras internacionales (también llamada tasa Tobin), así como quienes la vinculan a reformas de los impuestos progresivos de renta o a nuevos impuestos especiales. A pesar de que la mayor parte de las propuestas no conllevan condicionamientos, Atkinson (1991) planteaba que ésta estuviera condicionada al deseo de participar activamente en algún tipo de actividad socialmente útil (voluntariado).

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Con este propósito de defender la instauración en Europa de una red mínima de garantía de ingresos basada en el concepto de ciudadanía, surgió la red Basic Income European Network formada a nivel europeo por redes nacionales. En nuestro país la Red Renta Básica desarrolla una intensa actividad intelectual, política y social.

5.6. Propuestas para la superación de la separación entre trabajo y empleo: revalorización de actividades socialmente útiles El movimiento feminista ocupa un lugar esencial en la crítica al sistema capitalista por haber devaluado el trabajo reproductivo y doméstico. El trabajo es mucho más que lo que está definido como empleo. La asalarización de una parte de la población en el paso a una la sociedad industrial dio valor únicamente al trabajo fabril, mientras que el resto de los trabajos desempeñados por las mujeres quedó sin recompensa económica y también sin reconocimiento social. La evolución de esta desvalorización del trabajo reproductivo y doméstico ha dado lugar a una situación de desprotección de las mujeres, no solo desde el punto de vista del reconocimiento social, sino también en el acceso desigual a las políticas sociales definidas por la contribución previa. Posteriormente la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral no ha supuesto un reparto equitativo de las funciones reproductivas y domésticas. Este hecho ha originado nuevas situaciones de desigualdad caracterizadas en este caso, por las sobrecarga de trabajo y las dificultades de conciliación, promoción, etc. Además, la incorporación de las mujeres al mercado laboral coincide en el tiempo con las aquí descritas tendencias de destrucción y polarización del empleo, por ello la precariedad laboral tiene una clara lectura de género. Entre las alternativas defendidas desde este movimiento se encuentran el establecimiento de mecanismos de protección ciudadana más allá de la participación en el mercado laboral o la promoción de un salario por el desempeño de las tareas de cuidados. Al igual que el movimiento feminista, Przeworski (1988) proponía el establecimiento de un reconocimiento social (y de protección social) de actividades no remuneradas pero socialmente útiles, tales como el trabajo doméstico o el cuidado de personas mayores. En esta misma línea Chapon y Euzéby (2003) proponen la instauración de un estatus profesional a nivel europeo que equipare en derechos y protección (seguridad social) a las personas activas en el mercado laboral ordinario con aquellas que realizan actividades domésticas, de atención a personas dependientes, de formación o de voluntariado. Cantillon y Van den Bosch (2000) definen la propuesta originada por un volumen importante de actores del tejido social que plantean construir una nueva con-

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cepción de ciudadanía que trascienda el ámbito productivo y tenga en cuenta el reconocimiento de derechos individuales y sociales a las personas que se encuentran al margen del mismo. De este repaso se deriva que hay un cierto recorrido académico y también social en torno al debate sobre el futuro del empleo. No se ambiciona en este trabajo describir la diversidad de propuestas políticas y sociales que defienden la necesidad de transformación de un modelo económico que somete a explotación laboral a una parte de la población y a la inactividad al resto. Tan solo destacar que muchas de ellas tienen en común la defensa de formas de organización social y económica que favorezcan la mejor redistribución de la riqueza. Algunas de ellas están tomando forma en el plano local y regional a través de iniciativas de producción cooperativa, comercio justo, empresas sociales, banca ética, propiedad común y otros. El actual contexto de agitación política, social e intelectual provocado por la intensidad de la crisis puede ser un buen contexto para la generación de alianzas sociales y políticas que, en distintos niveles, local, regional, global lleguen a multiplicar el efecto de estas propuestas.

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  LA PERSISTENCIA DE LA CULTURA DEL EMPLEO

Quizá sean buenos tiempos para el inicio de una transformación cultural que permita concebir la pérdida del centralidad del empleo en nuestra sociedad. Sin embargo, los cambios culturales son lentos y las resistencias muy fuertes. El empleo remunerado sigue siendo altamente valorado en una sociedad en la que las generaciones demográficamente más numerosas se han forjado en la cultura del empleo. Esta cultura se originó en un contexto de crecimiento económico y bajas tasas de desempleo favorecido por el desarrollo de la industria de producción en serie. En él, el nivel de presión ejercido por la clase trabajadora industrial propició una mejora de los salarios y los niveles de protección social. Las patronales nacionales vieron la conveniencia de suscribir dicho pacto, no solo por favorecer un clima de orden que favoreciese la producción, sino porque las mejoras salariales mantenían los niveles de consumo de masas. De este modo, el desarrollo económico y social y la estabilidad de las economías domésticas favorecían que el empleo ininterrumpido desde la juventud hasta la jubilación del cabeza de familia varón proporcionara protección y bienestar de la mayor parte de familias en Europa. Es por ello que el empleo se ubica en el centro de una cultura en la que la participación en el mercado ha favorecido el

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ascenso social, el consumo y por tanto se ha convertido en fuente de reconocimiento social y autoestima. La importancia de la centralidad del empleo es asumida también como valor en la definición de las políticas sociales. Pensiones, prestaciones de desempleo y sistemas sanitarios son concebidos como recompensa al esfuerzo de los trabajadores y son orientadas a los trabajadores y sus familias bajo una lógica de contribución previa. El valor del empleo como mecanismo de integración se manifiesta de forma clara en las situaciones de pérdida o no acceso al mismo. El desempleo, no solo supone la falta de ingresos económicos, sino también la falta de reconocimiento de derechos de protección social, representación. Impide el acceso o mantenimiento de la vivienda y dificultades para participar del ocio y la sociedad del consumo. A ello se une también de manera frecuente la pérdida de autoestima y el deterioro de las relaciones sociales y familiares. En esta crisis tenemos evidencias de cómo la pérdida del empleo puede suponer el inicio de un proceso de caída vertiginosa hacia la exclusión social (Martínez Virto y Lasheras, (2013). De hecho, muchos de estos procesos se interrelacionan entre sí de manera perniciosa: la falta de ingresos empeora la alimentación y la autoestima, ambos tienen impacto en la salud física y mental y todo ello, en las relaciones sociales y familiares. Los/as jóvenes que no han accedido a su primer empleo han sido socializados en esta cultura del empleo. La inserción laboral continuamente pospuesta origina en ellos/as un sentimiento de frustración y expectativa familiar no cumplida. El nivel creciente de polarización del empleo genera sentimientos paralelos de frustración al no alcanzar nunca el nivel preciso para los puestos más cualificados, por un lado y estar sobrecualificado para los puestos precarios. Si a ello unimos los elevados precios de la vivienda y la imposibilidad de iniciar proyectos autónomos, a la frustración se une la dependencia familiar no deseada y la incomprensión generacional. «Yo a tu edad ya me había ido de casa», «Con mucho menos hemos vivido», «Ahora queréis todo hecho». Son discursos de personas socializadas en un contexto de disponibilidad de empleo, precios de vivienda mucho más bajos, en los que realmente el esfuerzo laboral, aunque mal retribuido al principio, sí les llevó a una situación posterior de bienestar. El escenario de la juventud actual es radicalmente distinto y con pocos visos de volver a un contexto similar al de décadas pasadas. Tampoco puede decirse que las personas que se hallan en la parte más baja de la pirámide social se encuentren al margen de la cultura dominante del empleo. Frente a perspectivas conservadoras que asociaban la pobreza a la inactividad o la dependencia, hemos visto como en la actualidad las personas

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que integran el espacio social de la exclusión o bien han perdido el empleo y buscan nuevas oportunidades, o bien su empleo precario no les permite superar la línea de pobreza (Foessa, 2014). El empleo también sigue manteniendo un lugar central en el acceso a las políticas sociales. Paradójicamente, a pesar de la destrucción de empleo y la precarización, las reformas laborales van en la línea de promover la responsabilidad individual a través del emprendimiento o la cualificación. Se refuerza la necesidad de contribución previa en el acceso a la protección social y se establecen nuevas obligaciones para los desempleados.

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 LA CENTRALIDAD DEL EMPLEO TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LA CULTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales como parte de las políticas sociales no se encuentran ajenos a la cultura del empleo. Por el contrario, en este sistema más joven y desarrollado en pleno proceso de cuestionamiento del gasto social, la controversia en torno a la protección de las personas que se encuentran al margen del empleo es omnipresente. Frente a la protección de las personas mayores, los niños o las personas con discapacidad, destinar fondos públicos a las personas en edad de trabajar siempre ha sido objeto de debates sociales que se intensifican en contextos de crisis. El miedo a que las personas se hagan dependientes de las ayudas y no se esfuercen en buscar empleo siempre ha estado vinculado a los programas de renta mínima e inserción social. Como respuesta a estos cuestionamientos sociales la mayor parte de los programas de renta mínima incorporan la lógica de la contrapartida laboral en su funcionamiento. El compromiso de los perceptores a buscar activamente empleo y a aceptar cualquier oferta laboral o formativa que se les plantee es un condicionamiento del cobro de la prestación y, por tanto, su incumplimiento puede dar lugar a un proceso sancionador y/o al cese de la protección económica. En paralelo a esta lógica de la contrapartida, también tiene largo recorrido histórico en la intervención de los servicios sociales un visión del empleo como herramienta para favorecer la integración social de personas en situación de exclusión social (Pérez Eransus, 2005). En este caso, no tanto desde la lógica de la contrapartida, sino del doble derecho, se plantea que el empleo tiene potencialidades de integración más allá de la económica. El sentimiento de utilidad, la cualificación, las relaciones sociales y el acceso a los derechos sociales y de representación, son algunas de estas potencialidades que permiten a las personas en situación de exclusión mejorar su autoestima y sus condiciones de vida. Durante décadas, tanto los servicios sociales de la red

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pública como las entidades de iniciativa social han desarrollado este recurso a través de la promoción de diversos mecanismos de formación, intermediación laboral y contratación protegida. En la actualidad, las dinámicas del mercado laboral y los efectos de la austeridad en la red de servicios sociales han transformado significativamente el escenario de trabajo de intervención social con personas excluidas. El elevado volumen del desempleo hace que la inserción social a través del empleo sea un recurso del que los servicios sociales no pueden disponer. Por otro lado, una parte significativa del empleo ha perdido su potencial integrador. Resulta por tanto sorprendente que, a pesar de la profunda transformación que afecta a nuestro mercado laboral, no hayamos acometido una transformación de las lógicas de intervención en los servicios sociales. Se sigue utilizando la lógica de responsabilización individual en el acceso al mercado laboral. A los perceptores de ayudas se les pide firmar acuerdos de incorporación social con el compromiso de buscar activamente empleo (BAE), se les hace demostrar esta búsqueda mediante la presentación de sellos de empresas que acreditan que el perceptor/a verdaderamente ha acudido a pedir trabajo y se persigue el fraude de los perceptores que realizan trabajos informales. La utilización de los acuerdos de inserción como mecanismo de intervención social tenía su justificación en otra época, en la que se produjeron experiencias profesionales exitosas con familias a las que, a cambio de ayuda económica, se les exigía un compromiso de utilización del sistema educativo y sanitario. La potencialidad en este caso venía de la capacidad de negociación que otorgaba a las profesionales el hecho de que hubiera servicios educativos y sanitarios disponibles. No se produce esta misma capacidad en el terreno laboral. En este caso los perceptores suscriben acuerdos en los que se comprometen a buscar activamente algo inalcanzable, el empleo. Por otro lado, aunque lo consigan, no significa que mejoren sus condiciones de vida ni que dejen de necesitar el apoyo de los servicios sociales. Esta situación genera impotencia tanto en profesionales como en personas atendidas. Por ello es preciso un cambio de cultura, en este caso institucional, que nos lleve a un replanteamiento de la acción de los servicios sociales adaptándolo a la realidad de las transformaciones del mercado laboral. Un primer paso puede ser separar definitivamente la lógica de garantía de ingresos de la lógica de la inserción laboral. Como sociedad no queda claro que seamos capaces de reemplazar el empleo destruido y, si lo hacemos, el nivel de competencia por el trabajo escaso priorizará a las personas más cualificadas y dejará fuera a las

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más débiles. Subordinar el derecho a la protección de las necesidades básicas a la consecución de un empleo tan escaso no tiene sentido. En segundo lugar, si seguimos defendiendo el potencial integrador del empleo, debemos asegurarnos de que utilizamos como recurso mecanismos de empleo que realmente permitan superar el umbral de la pobreza. Es decir, diseñemos dispositivos de formación o empleo que favorezcan la cualificación necesaria para que el acceso al mercado laboral permita superar la franja de la precariedad. No es preciso inventar nada, hay décadas de experiencia en el ámbito de los servicios sociales y la economía social que permiten identificar los recursos más eficaces. Programas de empleo protegido, cualificación becada, reserva de puestos en la administración, empresas sociales y cláusulas sociales que ayuden a su promoción son algunos de estos recursos. Mientras en España muchos de estos dispositivos ven peligrar su existencia afectados por las estrategias de reducción del gasto público, en otros países europeos la lógica de colaboración público-privado ha dado lugar a la extensión de estos. En el caso francés se ha construido en torno a este tipo de empresas sociales un nuevo sector económico de servicios a la dependencia que supone una parte significativa del PIB y del nuevo empleo creado. Los debates en torno a la necesidad de desarrollar una renta ciudadana que favorezca la supervivencia económica de los hogares más pobres sin duda suponen un avance en la transformación social. Sin embargo, la mayor parte de nuestra sociedad sigue otorgando un fuerte valor al empleo. No parece justo dejar la responsabilidad de la transformación cultural a los más débiles. El empleo sigue teniendo un fuerte peso de reconocimiento social y en la autoestima de las personas. La mayor parte de los usuarios/as de servicios sociales acuden allí pidiendo empleo, no ayudas económicas. No podemos pedir a los más excluidos que sean los primeros en construir su identidad y su forma de participación social en torno a mecanismos distintos a los del empleo. Tampoco es fácil que la sociedad vaya a ser más proclive a un cambio de valores comenzando con los escalafones más bajos de la estructura social. En este sentido podríamos decir que, hoy por hoy, no es fácil convencer a una parte importante de los/as contribuyentes de que hay grupos de población que vayan a recibir ayudas económicas estando permanentemente alejados del empleo. El cambio social y cultural requerido debe ser profundo y, por tanto, solo puede ser motivado por amplias alianzas sociales configuradas, tanto por los grandes grupos de afectados, jóvenes y excluidos como por actores sociales que sean capaces de liderar y movilizar el cambio, partidos políticos, movimientos sociales, profesionales y entidades sociales.

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  NUEVA ÉTICA SOCIAL Y EL ESPÍRITU DEL ANTICAPITALISMO

La experiencia histórica nos muestra que las respuestas más eficaces a los desajustes originados en la deriva de los mercados laborales son colectivas. Los efectos de los cambios de ciclo capitalista solo pueden ser contrarrestados por soluciones respaldadas por grandes mayorías sociales. Por ello las medidas que responsabilización del individuo en su salida del desempleo o la precariedad no supondrán un freno al incremento de las desigualdades. Se hacen precisas soluciones colectivas frente a los riesgos. Los sistemas nacionales de seguridad social, sanidad o educación hicieron frente de manera solidaria a los riesgos que preocupaban a la clase trabajadora en las economías fordistas. Podemos buscar ahora mecanismos que canalicen también ahora la solidaridad entre distintos grupos sociales: entre población adulta y joven, entre trabajadores/ as estables y precarios/as y entre trabajadores/as y desempleados/as. Afortunadamente son muchos los actores sociales en defensa de un cambio de modelo. Aunque el origen de la crítica al capitalismo provenga de motivaciones e ideas distintas, la búsqueda de alternativas tiene mucho en común. Desde el feminismo, el ecologismo y un enorme entramado de movimientos sociales anticapitalistas se defienden propuestas alternativas a un modelo de producción y consumo de masas. En torno a estas alianzas puede estar surgiendo una nueva ética social anticapitalista que defienda el reconocimiento social de otros valores más allá del empleo retribuido. En este caso, la pérdida de centralidad del trabajo sí podría dar lugar a un progresivo protagonismo de otros valores como la igualdad, el reparto, los cuidados, la educación, las relaciones sociales, el respeto por el medioambiente, el comercio justo, la economía social, la autonomía o el cuidado de la salud física y mental.

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2 Activación, competencias laborales y empleabilidad: infrarreconocimiento y estigmatización de los colectivos vulnerables Fernanda Caro Blanco

Profesora colaboradora, Servicios Sociales y Trabajo Social. Universitat Illes Balears [email protected]

María Antònia Carbonero Gamundi Profesora titular de Sociología. Universitat Illes Balears [email protected] Fecha de recepción: 11/11/2015 Fecha de aceptación: 16/12/2015

Sumario 1. Introducción.  2.  La inserción de las personas vulnerables a través del empleo: individualización, contraprestación y estigmatización.   3.  La empleabilidad como mala distribución, infrarreconocimiento y estigmatización.   4. La empleabilidad como negación de la explotación.   5.  Mirando debajo de la alfombra.   6. Activación, empleabilidad y competencias en las políticas de inserción de personas vulnerables.   7.  La empleabilidad como derecho y la acción en la comunidad como parte de la empleabilidad.   8.  Bibliografía.

RESUMEN La nueva regulación del trabajo, que impone el nuevo capitalismo, que incorporan la flexibilización del trabajo, la mercantilización de las personas y la individualización de las responsabilidades se ha extendido también a las políticas de inserción laboral de colectivos vulnerables. La Activación se presenta como el instrumento clave, centrándose en garantizar la empleabilidad de las personas y su adaptación a los requerimientos del Mercado de Trabajo. Además, con la valoración de las competencias laborales, las políticas de empleo y de inserción minimizan su interés en luchar contra las causas estructurales de la vulnerabilidad. El objetivo del presente trabajo es analizar cómo el discurso de la empleabilidad y las competencias se ha ido introduciendo en las políticas de inserción. Aplicando el Enfoque de los Marcos Interpretativos al análisis de textos de empleo e inserción, señalamos algunas de las dificultades que las acciones centradas en el fomento de las competencias y de la empleabilidad comportan para los colectivos vulnerables. La idea central del estudio es mostrar que la empleabilidad se interpreta de acuerdo con una perspectiva individualizadora y culpabilizadora que invita ahondar en el infra-reconocimiento y en la estigmatización de los colectivos vulnerables sin que se planteen alternativas transformadoras ligadas a este concepto.

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Palabras clave: Vulnerabilidad, activación, competencias, empleabilidad, infrarreconocimiento.

ABSTRACT The new regulation of labour prescribed by this new form of capitalism –incorporating flexibility of labour, commodification of people and individualization of responsibilities– has also extended to policies seeking to insert vulnerable groups into the labour market. Activation is presented as the key instrument, focusing on ensuring employability and their adaptation to the demands of the labour market. The aim of this paper is to analyse how the discourse of employability and skills has been applied in insertion policies. Using a frame analysis approach, we noted some of the difficulties that actions focused on building skills and employability imply for vulnerable groups. The main idea of the study is to show that employability is interpreted according to an individualizing perspective that deepens the under-recognition and stigmatization of vulnerable groups, without the transformative alternatives that are linked with this concept also arising.

Key words: Vulnerability, employability, recognition, activation, skills.

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  INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación busca identificar en qué medida el discurso que centra la inserción de las personas, y aún de los grupos más vulnerables, en la búsqueda de su empleabilidad y en la mejora de sus competencias se ha ido introduciendo en las políticas de inserción social. La idea central del presente estudio es mostrar en qué medida la empleabilidad se interpreta de acuerdo a una perspectiva individualizadora que hace responsable y culpabiliza a las personas vulnerables de su situación de vulnerabilidad social. Se fundamenta en tres conceptos que actúan como marco teórico y guían la búsqueda de propuestas alternativas para la inserción social y laboral de colectivos vulnerables: infrarreconocimiento, estigmatización y negación de la explotación. Se parte de la idea según la cual, en el transcurso de la segunda modernidad, las políticas sociales y laborales dirigidas a colectivos vulnerables inciden en el infrarreconocimiento (Fraser, 2008 y 2011) y la estigmatización de estos grupos, que a su vez han dejado de ser considerados una clase social explotada para ser conceptualizados como colectivos en situación de exclusión (Boltansky y Chiapello, 2002). La activación aparece como el instrumento clave que guía las políticas de empleo y las políticas de inserción en el marco de los países de la Unión Europea. Según plantea Pérez Eransus (2005), en el contexto europeo, las políticas de activación ponen el énfasis en la necesidad de mejorar las capacidades individuales de las personas que se encuentran al margen del Mercado de Trabajo, a fin de mejorar su empleabilidad. De esta forma se coloca el empleo en el centro de las políticas asistenciales y se conciben estas como un instrumento para alejar a las personas de la situación de dependencia respecto a la protección social. Los estudios que se refieren a los efectos de la activación en las políticas actuales de empleo son abundantes. En el contexto español Luis Moreno y Amparo Serrano (2007) han abordado el tema de la activación desde el punto de vista de las políticas de bienestar europeas. Serrano (2000) introduce una perspectiva crítica en el concepto de empleabilidad utilizado en la estrategia europea de empleo, en la cual profundiza en obras sucesivas, en el 2005 y 2009 como las más significativas, relacionando este concepto con el paradigma de la activación. A esta perspectiva crítica se suman los trabajos realizados por Crespo, Serrano y Revilla (2009), desde los que se abordan aspectos relacionados con la psicologización y la moralización que comportan las políticas de activación en el mundo del trabajo (Crespo, 2009; Crespo y Serrano, 2011). Por su parte, Begoña Pérez Eransus ha investigado,

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de manera específica y en obras sucesivas, el papel que la activación ocupa en las estrategias de lucha contra la exclusión (2004, 2009 y 2010), relacionando esta (la activación) con los programas de rentas mínimas (2005 y 2006). Sin embargo, son todavía escasos los estudios que focalizan la atención en la interpretación de la empleabilidad específicamente en los colectivos vulnerables y en las posibilidades de una interpretación crítica de este concepto aplicando esta a las políticas de inserción, no tanto a las políticas de empleo. La perspectiva de la activación y de la empleabilidad permite ahondar en la clasificación entre los pobres que merecen apoyo o «pobres empleables», que muestran actitudes y habilidades para «activarse» a través de la formación y la búsqueda activa de empleo, y los «no empleables», a los que se deriva a un sistema de protección asistencial. La activación tiende a transformar las necesidades sociales en factores de responsabilidad individual respecto a la situación de pobreza o exclusión que se vive, por lo que la empleabilidad, desde esta interpretación, supone la individualización de responsabilidades. No se trata de un fenómeno nuevo y quizá por ello el paradigma de la activación ha encontrado un campo abonado en los servicios sociales. A lo largo de la historia de la acción social, las políticas y acciones dirigidas a las personas consideradas pobres, vulnerables o excluidas han incidido en la estigmatización de estos colectivos, a partir de considerar el merecimiento o no de estos a recibir asistencia, y se han guiado por la individualización de la responsabilidad de las personas respecto a su situación de dificultad. El presente artículo analiza, a través del enfoque de los marcos interpretativos, el discurso de la empleabilidad y las competencias en diversos textos de carácter técnico e institucional referidos a la inserción por el empleo de colectivos vulnerables. Se trata de parte de los resultados de una investigación más exhaustiva(1) en la que se identifican los distintos paradigmas desde los que se aborda la integración social y laboral de estas personas. En el texto que se presenta a continuación abordamos, únicamente, los aspectos referidos al infrareconocimiento, la estigmatización y la negación de la explotación que implica la visión, actualmente dominante, de la empleabilidad y de las competencias como elemento central de las políticas de integración. El artículo busca contribuir al conocimiento del riesgo que la conceptualización hegemónica de la activación, la empleabilidad y las competencias, representan para las personas en situación de vulnerabilidad so(1)  La investigación a la que nos referimos es la tesis doctoral de Fernanda Caro Blanco («Discursos y estrategias de los agentes de inserción por el empleo de colectivos vulnerables»), de la que son directores el Dr. Laparra (UPNA) y las Dras. Carbonero (UIB) y Pérez Eransus (UPNA). Defendida en marzo de 2016.

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cial, a la vez que propone la configuración de una nueva concepción de la empleabilidad que implique reconocimiento. Se aborda, en primer lugar, el papel de los principios de individualización, contractualización y estigmatización en la historia de la inserción de las personas vulnerables; en segundo lugar las propuestas de Nancy Fraser acerca del infrarreconocimiento y la subordinación de los grupos vulnerables, relacionando esto con la sustitución del concepto explotación por el de exclusión sobre el que alertan Luc Boltansky y Eve Chiapello, desde el que la empleabilidad se convierte en el dispositivo idóneo para hacer operativo el modelo inclusión/exclusión. A continuación, se detalla la metodología utilizada, haciendo especial referencia al enfoque de los marcos interpretativos. Los resultados de la investigación se presentan a partir de identificar, en los textos trabajados, cómo la búsqueda de empleabilidad y la propuesta de mejora de las competencias se interpretan en clave individualizadora, dando lugar a la culpabilización, al infra-reconocimiento y a la estigmatización de las personas en situación de vulnerabilidad. Se concluye esbozando algunas propuestas acerca de una distinta visión de la empleabilidad que, desde el reconocimiento, proponga modelos no estigmatizadores de inserción laboral de colectivos vulnerables.

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 LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES A TRAVÉS DEL EMPLEO: INDIVIDUALIZACIÓN, CONTRAPRESTACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN

En los inicios del siglo xxi, a partir de los acuerdos adoptados en el ámbito de los países de la Unión Europea en la última década del siglo xx, se establece una estrecha relación entre las políticas de empleo y las políticas de inserción(2). Se considera la activación como eje central tanto de la políticas de empleo como de las políticas de inserción, basando estas en tres principios fundamentales: individualización, énfasis en el empleo y contractualización (Moreno y Serrano, 2007). Sin embargo, estos principios ya se incorporan en la creación del moderno sistema público de servicios sociales español, nacido a partir de la transición democrática. Un claro ejemplo han sido los programas de rentas mínimas de inserción que nacen con un marcado carácter activador, a través de la individualización, la contractualización y la contraprestación. Simultanear políticas activas de mercado laboral con políticas de inserción supone, para Pérez Eransus (2005: 119), desplazar la idea de responsabilidad (2)  El compromiso adoptado en la Cumbre Luxemburgo (1997) da lugar a la presentación de los planes nacionales de acción para el empleo, mientras que el Tratado de Niza (2000) empuja a los estados miembros a presentar sus respectivos planes nacionales de acción para la inclusión social.

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social pública para poner el énfasis en la necesidad de mejorar las capacidades individuales de las personas que se encuentran al margen del mercado laboral, mejorando su empleabilidad. Las políticas de activación plantean cuestiones que van más allá de la mera intervención en el mercado de trabajo. Implican la redefinición del diagnóstico de los problemas del desempleo, la formación y la exclusión social, lo que representa un proceso de transformación de los ejes sociales y morales entorno a los cuales se articula la cuestión social en la Europa de inicios del tercer milenio (Moreno y Serrano, 2007: 41). Frente al sujeto protegido propio de las sociedades industriales fordistas, se introducen nuevas categorías: empleabilidad, activación, flexiseguridad, que suponen una nueva representación de lo que significa la vulnerabilidad (Crespo, Prieto y Serrano, 2009: 9-21). Estos nuevos «marcos» enfatizan en la subjetividad, en la voluntad de los individuos para forjar su propio destino. El objetivo de la activación serán las competencias, motivaciones y actitudes individuales, siendo el sujeto individual el eje nuclear de las intervenciones, y por tanto parte del problema (Serrano et al., 2012: 45). Las competencias dan respuesta a la pregunta de qué es capaz la persona en términos de empleo a partir de sus trayectorias de trabajo y formación. La suma de las competencias acumuladas por un salario concreto representa la empleabilidad de la persona. Las ganancias o las pérdidas de empleabilidad se revelan cuando al terminar un proyecto o contrato, las personas retornan en busca de una nueva contratación (Boltansky y Chiapello, 2002: 501). Las políticas de inserción, dirigidas principalmente a la inserción por el empleo, están más centradas en asegurar la empleabilidad que en proporcionar empleo o en garantizar la integración, para lo cual utilizan acciones destinadas a fomentar habilidades dirigidas a crear individuos empleables, adaptables y flexibles, dócilmente apolíticos, puestos bajo tutela profesional y centrados en su individual itinerario de inserción. Sin embargo la idea de individualización del problema de la pobreza, y la creencia de que intervenir sobre las conductas era la vía para mejorar las situaciones de dificultad de los pobres no es algo nuevo, fue un eje central en las propuestas de las organizaciones de caridad de carácter laico que proliferaron en el siglo xix, bajo el influjo de las ideas de tipo humanista (Moix, 1991), como fué la Charity Organization Societies (COS). Por entonces, a través de las propuestas liberales, se pasa de un tratamiento benéfico-paternalista de las personas pobres propio de la Baja Edad Media y el Renacimiento, a una etapa que se caracteriza por un estado provisor que busca incorporar la concepción

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de derechos a la acción social (Susín, 2000: 16-18). En ambas subyace, sin embargo, una visión moral enjuiciadora del pobre que atribuye a la acción social una naturaleza estigmatizadora, moralizante y disciplinadora. Begoña Pérez Eransus (2005) hace referencia al concepto de pobres capaces como una aportación de las sociedades industriales que señalan la diferencia entre estos y aquellos considerados incapaces, como eje central en la provisión de socorro. Además, la COS propone ayudar únicamente a aquellos y aquellas que puedan llegar algún día a mantenerse por sí mismos (los actuales empleables), puesto que para los no insertables se reservan las casas de trabajo o workhouses, que incorporaban una férrea disciplina carcelaria para aquellos que necesitaban redimirse a través del trabajo. De esta manera, asistencia, trabajo y disciplina vienen siendo los tres ejes sobre los que se organiza tanto la antigua como la moderna acción social. Una de las principales y más mond, importante miembro de la cial fue su propuesta de trabajar familias (Banda, 2004), concepto actualidad: las competencias.

novedosas aportaciones de Mary E. RichCOS y principal precursora del trabajo socon las potencialidades de las personas y que nuevamente remite a otro de mayor

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 LA EMPLEABILIDAD COMO MALA DISTRIBUCIÓN, INFRARRECONOCIMIENTO Y ESTIGMATIZACIÓN

El paradigma de la activación establece un dispositivo, a partir de la valoración de las competencias, que clasifica las expectativas laborales de las personas otorgando un valor que va desde la nula o poca empleabilidad a una empleabilidad máxima. Las personas con baja empleabilidad son por definición vulnerables o en riesgo de exclusión del empleo, y puesto que el empleo es el eje sobre el que pivota el modelo de ciudadanía, estas personas son en la práctica excluidas de una participación plena en la sociedad. La remuneración del trabajo es el indicador principal de empleabilidad, pero la remuneración se evalúa únicamente a partir del tiempo de trabajo empleado y la valoración en el mercado de titulaciones y se deja para la persona (o subsidiariamente el Estado o las organizaciones humanitarias) la formación y el mantenimiento de las cualificaciones que la hacen apta para realizar el trabajo (Boltanski y Chiapello, 2002). Entre estas cualidades, como base de la socialización, la primera es haberse podido desarrollar física y psicológicamente como persona adulta, resultado Documentación Social  178

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de crecer en un contexto de cuidado, atención y afecto tanto por parte de la familia como de las demás redes primarias. A la persona que dicho contexto no le ha favorecido, se le atribuye un déficit de empleabilidad, haciéndole responsable de este. Pero, paradójicamente, a la persona que debido a las tareas de cuidado a las que se ha visto obligada, no ha podido disponer de credenciales educativas o de experiencia laboral suficiente, también se le atribuye una baja empleabilidad. En otras palabras, se penaliza la falta de oportunidades derivadas del contexto social y relacional de la persona, pero se penaliza también la dedicación a las tareas de cuidado que son una precondición para producir futuros trabajadores socializados. De acuerdo con la visión multidimensional de la justicia de Nancy Fraser, podemos decir que la baja empleabilidad de las personas vulnerables y/o excluidas implica, por una parte un tipo de injusticia derivada de la escasez de recursos económicos (mala distribución), pero implica también una injusticia derivada del infra-reconocimiento en el ámbito sociocultural y de mala representación en lo político (Fraser, 2008). La injusticia debida al infrarreconocimiento se produce, según Fraser, cuando la no participación como iguales en la sociedad obedece a patrones institucionalizados que configuran a las personas como no merecedoras de respuesta o estima (Fraser, 2011b: 277). Mientras que la mala representación tiene lugar cuando la no participación en paridad deriva de las limitaciones o exclusiones de determinados colectivos a tener voz o influencia en la formulación de las políticas públicas. Estas dimensiones pueden ser analíticamente diferenciadas pero en la práctica no actúan independientemente una de otra, por lo que los remedios a la injusticia no pueden basarse en la consideración aislada de una de ellas. Huyendo de lo que Fraser considera visiones psicologizantes que interpretan el infrarreconocimiento como una cuestión de falta de identidad individual y grupal, su enfoque aborda el reconocimiento como una cuestión de estatus social. El mal reconocimiento, por tanto, no tiene que ver con la estigmatización de la identidad de grupo, sino con la subordinación social que impide participar como par en la vida social. El mal reconocimiento no es, por tanto, «una deformación psíquica ni un daño cultural […] sino una relación institucionalizada de subordinación social» (Fraser, 2011: 216), es decir, una acción institucional premeditada que, además de devaluar las actitudes y creencias de un grupo de personas, le detrae del reconocimiento del estatus de miembro de pleno derecho de una colectividad. El infrarreconocimiento se hace efectivo a través de leyes y políticas sociales que discriminan o estigmatizan a determinadas personas o colectivos, aunque también

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puede ser institucionalizado informalmente mediante costumbres o prácticas sociales aceptadas por la generalidad. En el caso de las personas con baja empleabilidad, está claro que el infrarreconocimiento de las tareas de trabajo no remunerado (en la familia o en la comunidad) repercuten negativamente en su empleabilidad. Esto ocurre en un doble sentido, debido, por una parte, a su pasado, al déficit de tiempo y dedicación a la formación y/o experiencia profesional y, por otra, a su presente-futuro, debido a su estatus (de madre, cuidadora, voluntaria volcada en la comunidad, etc.) que plantea unas expectativas de posible bajo rendimiento en un contexto de trabajo flexible y dedicación exclusiva a la empresa, tal como se propugna desde la nueva gestión empresarial. Para las personas vulnerables el infra-reconocimiento (pasado) va unido a la estigmatización (presentefuturo) a través de la medición de su «empleabilidad».

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  LA EMPLEABILIDAD COMO NEGACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

Desde la perspectiva crítica de Luc Boltanski y Eve Chiapello (2002) la empleabilidad, con sus mecanismos para determinar, medir y evaluar competencias, se ha convertido en el dispositivo por el que se hace operativo el modelo de exclusión/inserción. Tal como presentan estos autores en El nuevo espíritu del capitalismo, este sistema económico siempre ha buscado formas de obtener la colaboración de los asalariados en la realización del beneficio capitalista. Así, si en el capitalismo industrial se consigue esta implicación mediante la integración colectiva y política de los trabajadores en el orden social y vinculando el progreso económico y tecnológico a un objetivo de justicia social (concertación social), en el nuevo capitalismo se consigue mediante la idea del desarrollo de un proyecto de realización del sujeto individual que se vincula al culto al rendimiento personal y a la exaltación de la movilidad. Boltansky y Chiapello consideran que el debilitamiento de la crítica social hacia el sistema capitalista se apuntala en la desaparición del concepto de clase, lo que ha dado lugar a sustituir la idea de desigualdad y explotación por la de exclusión. Para estos autores, el concepto excluido busca la explicación del alejamiento de estos de la sociedad en su propia debilidad, no siendo atribuida a la acción interesada de otros actores, que obtienen un beneficio de la baja empleabilidad de estas personas. Esta visión aparece como claramente contrapuesta al modelo de las clases sociales, en el que la miseria del proletariado es explicada a partir de responsabilizar a la burguesía de la explotación

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sufrida por los primeros. Desde la visión que aporta el concepto de exclusión, los excluidos no son víctimas de nadie y, sin embargo, sobre ellos se «señala una negatividad sin pasar por la acusación» (2002: 446). De acuerdo con este argumento, el modelo de inclusión/exclusión refleja el espíritu del capitalismo globalizado (al que llaman conexionista), en el que la inclusión responde a la capacidad para establecer y pertenecer a numerosas, amplias y globales redes de las cuales obtener beneficios. En este capitalismo conexionista se obtiene beneficio de las personas y colectivos anclados en lo local, con poca movilidad y poca empleabilidad. Aquí tiene lugar la explotación: sin estas personas y sus redes locales no sería posible el mundo empresarial conexionista. En otras palabras, hay explotación porque la inmovilidad de unos (léase baja empleabilidad en los términos que nos ocupan) permite la movilidad de los otros. Desde estas premisas, se puede decir, que los «inmóviles son explotados con respecto a los móviles en la medida en que el papel que desempeñan en tanto que factor de producción no se reconoce como se merece, y porque su contribución a la formación del valor añadido no se retribuye al nivel que debiera para que el reparto pudiera ser considerado equitativo» (Boltanski y Chiapello, 2002: 470).

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  MIRANDO DEBAJO DE LA ALFOMBRA

El presente trabajo parte de la utilización de una metodología de investigación de base cualitativa. El material utilizado es la información y el lenguaje, a partir de un análisis del contenido y del significado. Se ha utilizado un modelo interpretativo desde el que analizar los significados, para lo cual recurrimos al enfoque de los marcos interpretativos (EMI), utilizado en España sobre todo a raíz de los estudios de Bustelo y Lombardo (2007) referidos a las políticas de igualdad de género. Las propuestas que hace el EMI se refieren a analizar los discursos de los distintos agentes, así como los textos, generalmente oficiales, en los que se significa, diagnostica y pronostica el problema. Bustelo y Lombardo (2007:185) proponen utilizar la herramienta de las «preguntas guía» para poder guiar el análisis de textos y discursos según determinados criterios. Las autoras aplican estas preguntas guía al análisis de las políticas de igualdad, que aquí hemos adaptado al análisis de las políticas de inserción por el empleo de colectivos vulnerables. Como Bustelo y Lombardo proclaman, el EMI ha resultado ser un enfoque que nos ha permitido afinar la mirada sobre los discursos y estrategias de inserción por el empleo, y nos ha llevado a mirar qué hay debajo de la alfombra de las 46

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políticas de inserción social. Para ello, aportamos referencias al diagnóstico y al pronóstico (soluciones) que se identifican en los textos trabajados. Se han analizado textos referidos a empleo, a inserción por el empleo de colectivos vulnerables y a inclusión social. Se han trabajado un total de 52 documentos, en los que se incluyen normas, textos institucionales y textos de carácter técnico. En el presente trabajo se utilizan citas textuales únicamente de algunos de ellos, entre los que se incluyen: textos referidos a políticas sociales de carácter general como el Plan Nacional de Reformas 2011 del Gobierno de España, cuya importancia radica en el hecho de marcar las políticas de empleo y las políticas de inclusión futuras; textos referidos a políticas de empleo, tanto estatales como autonómicas, como la Ley 56/2003 de Empleo, aprobada en el Congreso de los Diputados, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y el Plan de Empleo Illes Balears 2014; textos referidos a inserción social como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión 2008-2010, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión 2013-2016 y la Ley 44/2007 del Régimen de las Empresas de Inserción; y también textos de carácter técnico dedicados de manera específica a la inserción por el empleo de colectivos vulnerables, elaborados por entidades pertenecientes al llamado tercer sector de acción social, y considerados mayoritariamente como buenas prácticas en inserción: la Guía Metodológica de Competencias Transversales del Programa Sócrates y diversas entidades europeas del tercer sector, el Marco Teórico de Metodología de Competencias de la Fundación Surt, el programa Inserqual: Qualitat en l’acompanyament sociolaboral, presentado por Fundación Luis Vives, Fundación Pere Tarrés y Fundación un Sol Món, y el Manual de Cláusulas Sociales de la Fundación Gatzelan.

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 ACTIVACIÓN, EMPLEABILIDAD Y COMPETENCIAS EN LAS POLÍTICAS DE INSERCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES

El análisis de los textos referidos a las políticas de inserción laboral de colectivos vulnerables muestran que los enfoques centrados en la promoción de competencias y en la búsqueda de empleabilidad resultan una estrategia que las instituciones consideran idónea para la inserción sociolaboral de estos grupos. Parten del marco establecido por las políticas activas de empleo, en el que la activación se configura como un instrumento clave para garantizar la empleabilidad de las personas y su adaptación a los requerimientos del mercado de trabajo. Pero esta concepción de empleabilidad representa una dificultad más para los colectivos vulnerables, que no ven acrecentadas sus oportunidades reales

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de empleo, ni minimizados los factores que les hacen vulnerables ante el mercado de trabajo, sino que se aumenta su estigmatización y se reduce el reconocimiento de sus trayectorias vitales y laborales, puesto que estas se consideran las responsables de la reducción de su empleabilidad. Aplicar a los colectivos vulnerables el enfoque de la empleabilidad y las competencias, tal como se interpreta desde una orientación individualizadora, puede significar situar a estas personas en un callejón sin salida, puesto que además de carecer de empleo, o de tener un empleo insuficiente o precario, su perspectiva es la de una baja o nula empleabilidad, por lo que quedan emplazados a redirigir esta situación o a ser considerados «desechables» laboral y socialmente. La visión individualizadora, la contractualización, la adaptabilidad a los requerimientos del mercado, la adquisición de competencias consideradas idóneas, en las que se incluyen las actitudes, se identifican como ejes del discurso hegemónico en los textos analizados. Así por ejemplo en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión (PNAin, 2013-2016) se identifica explícitamente la vulnerabilidad social con la baja empleabilidad y esta con la escasa formación de la persona cuando se interroga sobre quién es el grupo problemático y cuáles son los factores principales que influyen en la vulnerabilidad: «El desempleo está afectando a las personas menos formadas […] En suma, la especial vulnerabilidad de las personas menos formadas (menor empleabilidad) se está agravando con la crisis económica y laboral» (p. 27). En correspondencia con este diagnóstico, la solución que se propone en Plan Nacional de Acción para la Inclusión (PNAin, 2013-2016) es incidir sobre la empleabilidad de los colectivos vulnerables a partir de acciones que fomenten la adquisición de competencias, incorporando a estas políticas una perspectiva claramente individualizadora. Adaptar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad social, intensificando la acción en función de su nivel de empleabilidad, fomentando la adquisición de competencias básicas de empleabilidad, mediante itinerarios de empleo y apoyo personalizado (p. 42).

La asunción de competencias es considerada un objetivo necesario para conseguir ser empleable. En este sentido, también los textos de carácter técnico, algunos de los cuales están considerados buenas prácticas en inserción, avalan esta necesidad que debe asumir el individuo de formase en competencias, relacionando, de manera directa, las situaciones de «problemática social» con la motivación, las habilidades sociales y las actitudes. De manera específica, la Guía Metodológica de Competencias Transversales, que forma parte del

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Programa Sócrates y está redactada por diversas entidades europeas del tercer sector, describe la formación en competencias como: Un modelo metodológico que considera la construcción de las competencias transversales como un proceso complejo, centrado en la persona como eje del aprendizaje y que se orienta al desarrollo de sus recursos personales –capacidades, habilidades y actitudes– y de su capacidad de movilizarlos en situaciones reales de trabajo (p. 6).

Desde esta visión, el empleo deja de ser entonces un problema social para convertirse en una cuestión personal que implica la capacidad de saber gestionar la individual e intransferible trayectoria de inserción. Esta adecuación a los requerimientos del mercado de trabajo requiere formar a las personas no solo mejorando su cualificación profesional, lo cual podría integrarse en el ámbito de los conocimientos y las habilidades, sino también en aspectos que trascienden lo puramente laboral para entrar en el ámbito de lo personal: las actitudes y, por tanto, los valores. Estas propuestas claramente se plantean en clave individualizadora, lo cual se acrecienta cuando se hace referencia a los colectivos vulnerables, añadiendo así un claro sesgo moralizante. No deja de sorprender estas propuestas en un texto como es la Ley 44/2007 de Régimen de las Empresas de Inserción: Estas personas particularmente desfavorecidas, en situaciones de marginación o de exclusión, encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo […] presenta para ellas numerosos problemas debido a la desmotivación personal, al desconocimiento o abandono de los hábitos sociales y laborales básicos, así como a la carencia de niveles educativos mínimos y la falta de adaptación profesional (p. 51331).

Y puesto que la visión es individualizadora, las propuestas para favorecer la inserción laboral de las personas y aún de los colectivos vulnerables ante el mercado de trabajo son también de carácter individualizador, y esta es una directriz que se recoge en un texto tan significativo como es la Estrategia Española de Empleo (2012-2014): De forma generalizada se diseñarán, elaborarán y realizarán Itinerarios Individuales y Personalizados de Empleo a las personas desempleadas, a través de información y orientación profesional para el empleo y el autoempleo, para la mejora de su cualificación profesional y de su empleabilidad (p. 121104).

La prioridad que los discursos hegemónicos ponen en la necesidad de que los grupos vulnerables se adapten a los requerimientos y necesidades del mercado de trabajo y del mundo empresarial, deja las necesidades de las personas en un lugar secundario. Además, parece que las estrategias de integración

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están dirigidas a fomentar esta adaptación sobre la base de cambios en los individuos que, en tanto en cuanto busca incidir sobre los comportamientos, implican una prescripción moral. Prescripciones morales que están muy relacionadas con la adquisición de competencias, como se propone en el Marco Teórico de Metodología de Competencias, propuesto por entidades del tercer sector social para la integración de colectivos vulnerables, desde el que se requiere a las personas «capacidad para modificar los propios patrones de conducta y adaptar el comportamiento a nuevos contextos y situaciones cambiantes» (p. 37). Así, se buscan y valoran cualidades personales, en el entendido de considerar que la falta de estas es lo que dificulta la inserción laboral, tal y como se propone en el mismo texto: «Ser fiable (mantener criterios de honestidad e integridad). Conocimiento de las propias fortalezas y debilidades. Confianza en los propios valores y capacidades. Sociabilidad, capacidad de adaptación. Intercambio y cooperación» (p. 43). Empleabilidad y búsqueda de competencias ligadas a las actitudes de las personas conforman un discurso en el que lo normativo está representado por los llamados emprendedores, mientras que se identifica como problemáticos a los individuos considerados incapaces de adaptarse a los nuevos requerimientos que no modifican actitudes consideradas perniciosas que les hacen dependientes de las prestaciones sociales. En este sentido, algunas de las propuestas, como las que se plantean en el Plan de Empleo de Illes Balears, se refieren a: Aumentar el espíritu emprendedor de los alumnos de formación reglada de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller y formación profesional. Sensibilizar y promover que los alumnos universitarios consideren el emprendimiento como una salida laboral viable en su ámbito de conocimiento. Formar a los profesores del sistema educativo en temas de emprendimiento y empresa, para que puedan transmitir estos conocimientos a sus alumnos de forma práctica y lúdica (p. 96).

Esta concepción hegemónica de la empleabilidad contrasta con otra visión, minoritaria pero presente, que no coloca la capacidad de integrarse en el mercado de trabajo únicamente en el individuo, sino también en el propio mercado. Si bien es cierto que se hace referencia a las competencias que una persona posee y que deben permitirle encontrar empleo, condiciona estas a las características del mercado laboral: «Empleabilidad es la probabilidad que tienes una persona de encontrar trabajo de acuerdo a sus competencias personales y profesionales en un determinado contexto laboral. Esta probabilidad depende tanto de factores internos (personales) como externos (mercado de trabajo)» (p. 14). Se trata del Programa Inserqual, que se presenta como una metodología

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de acompañamiento laboral. Ciertamente, no es una visión que se pueda considerar alternativa, pero al menos desfocaliza la responsabilidad en el propio individuo en situación de exclusión. A esta visión minoritaria se suma aquella que, ante la evidencia de un mercado laboral que no genera empleo, considera que los requerimientos de la empleabilidad representan una gran dificultad para las personas más vulnerables. Así lo propone el Manual de Cláusulas Sociales de Fundación Gatzelan: Las actuales tasas de empleo y actividad muestran que no solo los colectivos desfavorecidos tienen dificultades de acceso al empleo, sino también la población considerada «normalizada», lo que evidencia una competitividad en el mercado laboral, de la que obviamente salen perjudicadas las personas más vulnerables (p. 13).

Lo cierto es que parece inevitable, también desde los textos en los que se asume mayoritariamente el discurso hegemónico, un reconocimiento de la dificultad que comporta, para los colectivos vulnerables, cumplir con los requerimientos de la empleabilidad. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión (2013-2016) se debate en esa contradicción: «El desfavorable contexto económico empeora, aún más, las oportunidades del empleo de las personas más vulnerables y alejadas del mercado laboral, y que parten de por sí de unos menores niveles de empleabilidad» (p. 40). De esta manera, parece ineludible que la dificultad para ser empleables coloca a estos individuos ante el riesgo de pasar rápidamente de ser vulnerables a excluidos y, en consecuencia, estigmatizados.

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 LA EMPLEABILIDAD COMO DERECHO Y LA ACCIÓN EN LA COMUNIDAD COMO PARTE DE LA EMPLEABILIDAD

Una visión distinta de la empleabilidad podría conducir a una mayor justicia redistributiva. Esta nueva concepción debe partir del reconocimiento de la persona en situación de vulnerabilidad como individuo que forma, o debe formar, parte activa de una sociedad. Con respecto al empleo, esta nueva visión de la empleabilidad supone considerar aquellos aspectos que han conformado el recorrido vital de una persona como aspectos valiosos, lo que supone considerar en la misma medida el tiempo en el que se ha estado ocupando un empleo con el tiempo de formación y aun con el tiempo dedicado a tareas reproductivas, de cuidado, de voluntariado en la comunidad o de activismos sociales. En este sentido, huyendo de visiones individualizadoras, el compromiso, o la responsabilidad, no debe depositarse únicamente en la persona objeto de

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integración. Cabría exigir entonces la obligación social de que el empleador contribuyera al desarrollo de la empleabilidad del empleado temporal durante el tiempo estipulado, dicho en otras palabras que al término de su contrato este viera enriquecida su cartera de competencias. La principal implicación para la acción a la que estos resultados inducen, es al diseño de nuevos modelos de inserción laboral basados en el derecho de empleabilidad que recuperen la socialización de los riesgos que comporta el desempleo y devuelvan centralidad al ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía. El derecho de empleabilidad formaría parte de lo que se ha denominado derechos de emisión social. De ese modo, el tiempo de participación activa en la comunidad sería reconocido en términos de empleabilidad. En este sentido vienen ya trabajando profesionales y organizaciones que defienden propuestas de economía alternativa y solidaria, propuestas que han perdido apoyo institucional en los últimos años pero que se reclaman como imprescindibles en la consecución de un modelo social y unas prácticas sociales realmente transformadoras y al servicio de las personas. Un incipiente discurso alternativo, que contradice la limitada visión hegemónica, incorporando nuevas formas de participación, en las que la ciudadanía deja de ser consumidora pasiva de servicios para convertirse en agente activo de la comunidad, y desde esa visión es reconocida. Sin plantear que el objetivo último de las políticas de inclusión sea exclusivamente o principalmente la empleabilidad (y la inclusión por el empleo) es innegable que se requiere una transformación del propio concepto de trabajo productivo que incorpore estos elementos. Repensar la empleabilidad para que incorpore estas actividades es una tarea urgente y necesaria. En este sentido, la estrategia del empoderamiento de las personas y colectivos vulnerabilizados no sería contrapuesta a la empleabilidad, sería complementaria, ya que a través de la ciudadanía activa, de la participación en tanto que pares en la sociedad, se adquirirían derechos y se reconocerían actividades que incidirían en su empleabilidad.

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 BIBLIOGRAFÍA

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3 La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España(1) Sergio Torrejón Pérez(2) Departamento de Sociología III, Universidad Complutense de Madrid [email protected]

Fecha de recepción: 10/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario

1. Introducción  2.  Marco teórico: las teorías de segmentación.   3. Análisis.   4. Conclusiones.  5.  Bibliografía  6.  Anexo

RESUMEN Una de las características que definen al empleo en España es su carácter procíclico. Esto es, la extrema sensibilidad que muestra a los cambios en la producción. Esta particularidad se relaciona normalmente con el hecho de que la flexibilidad se haya canalizado fundamentalmente por la vía externa, ya que el uso de contratos temporales favorece que los ajustes a las condiciones de la demanda se realicen a través de la cantidad de empleo. Sin embargo, donde no se ha establecido un consenso es a la hora de interpretar las causas que han generado esta inercia. Se exponen en este trabajo los argumentos de las principales teorías que abordan esta cuestión, que se diferencian en función de la importancia que otorgan a los siguientes factores: de oferta, demanda o culturales. El objetivo es el de tratar de contrastar esos argumentos con el análisis de la dinámica del mercado de trabajo en las últimas décadas para tratar de establecer cuál de las interpretaciones parece más consistente con la evidencia empírica.

(1)  Este trabajo forma parte del proyecto de investigación CIEDES –Ciclo económico, desigualdad y polarización social–, financiado por la Dirección General de Investigación Científica (Ministerio de Ciencia e Innovación, ref. CSO2011-30179-C02-01) y dirigido por Olga Salido Cortés. El autor agradece el apoyo recibido tanto a la institución financiadora como a los miembros del grupo de investigación, de cuyos valiosos consejos, aportaciones y críticas se ha nutrido el contenido de este trabajo. (2)  ORCID ID: Orcid.org/0000-0001-8623-856X

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Palabras clave: Segmentación, empleo, temporalidad, flexibilidad, estructura productiva.

ABSTRACT One of the main characteristics that define employment in Spain is its procyclical nature, i.e. its extreme sensitivity to changes in production. This characteristic is often associated with Spain’s reliance on external flexibility, primarily through temporary contracts that favour external adjustments in employment in response to changes in demand. However, the causes of that inertia remain contested. This paper critiques some of the main theoretical approaches that try to explain this phenomenon and differ for the importance they give to three key aspects: supply, demand and culture. Specifically, this paper aims to evaluate the extent to which the various theoretical perspectives explain employment dynamics in Spain over the last decades through an analysis of the empirical evidence.

Key words: Segmentation, employment, temporary employment, flexibility, production structure.

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  INTRODUCCIÓN

El empleo en España ha oscilado mucho en torno a los cambios en la demanda productiva, mostrando una gran facilidad para crear empleo en etapas expansivas y destruirlo en etapas recesivas. Un potencial que se ha magnificado en las dos últimas fases del ciclo. De ahí que se sostenga que el empleo en España se caracteriza por haber consolidado su carácter procíclico (CES, 2012, p. 386). Un concepto se define por el hecho de que «la elasticidad empleo-producción –calculada como la variación porcentual del empleo con respecto a la variación porcentual de la producción–, es en España superior a la unidad, un valor mucho mayor que el del promedio de la Unión Europea, que no supera la cifra de 0,5» (García Serrano, 2011, pp. 162-163). Se presume de forma intuitiva que la relación entre la evolución de la producción y del empleo sea positiva en la mayor parte de países. Lo que caracteriza al caso español, sin embargo, no es el sentido de la relación, sino la fuerza de la misma. Algo que hace que un mercado de trabajo que estaba caracterizado desde hacía décadas por un comportamiento convulso (Garrido, 2010, p. 49) sufra de unas fluctuaciones tan estrechamente ligadas a la evolución de la producción y el ciclo (CES, 2012, p. 31) que no tienen parangón con lo que ocurre en el resto de los países del entorno (Cachón, 1995, p. 216; García Serrano, 2011, p. 162). Las dos últimas fases del ciclo son ejemplo paradigmático de ello. Desde mediados de los noventa, España empezó a experimentar su propio «milagro», con el mayor crecimiento de la ocupación de entre los países de la UE. Tras el estallido de la crisis ha ocurrido justo lo contrario, mostrando la destrucción de empleo más intensa, cuando “limitadas disminuciones del PIB se acompañan de profundas crisis de empleo” (Garrido, 2010, p. 49). El propósito de este trabajo es el de valorar, a la luz de la evidencia, qué factores explican ese comportamiento. El carácter procíclico del empleo se relaciona a menudo con la temporalidad. Como muestra un estudio del Banco de España, durante el periodo 20052007 la probabilidad de caer en situación de desempleo era cuatro veces mayor para los trabajadores temporales que para los indefinidos o autónomos. Una proporción que se ha elevado hasta las diez veces en años de crisis. Pero también es mucho mayor la probabilidad de entrar al empleo a través de trabajos temporales: en el periodo 2005-2007 el 80% de las entradas al empleo se llevaban a cabo de este modo (cit. en CES, 2012, p. 386). Esta probabilidad no ha hecho más que incrementarse con la crisis: el 91,9% de los contratos registrados en todo el 2014 fueron temporales, obteniendo en los años previos Documentación Social  178

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proporciones similares que oscilan en torno a 9 de cada 10 contratos(3). Estos datos confirman lo que señalaban Dolado et al. (2002, p. 291): los contratos temporales contribuyen a facilitar la rotación del empleo. Por eso, muchos autores consideran que el elevado nivel de temporalidad que ha sufrido España en las últimas décadas está claramente asociado a las fluctuaciones tan enormes de la ocupación y el paro (García Serrano, 2011, p. 175; Toharia y Malo, 2009, p. 11), ya que estos contratos incrementan la volatilidad del empleo (De la Rica, 2010, p. 20; Dolado et al., 2002, p. 282) y hacen que se consolide su carácter procíclico. Esto se debe a que la temporalidad ofrece la posibilidad de disponer de plantillas inestables con las que poder realizar ajustes a bajo coste en situaciones de dificultad económica. De este modo se favorece el desarrollo de la flexibilidad externa, generando una preferencia por los ajustes por la vía de la cantidad y limitando la posibilidad de adaptar las condiciones de trabajo a la situación de la economía mediante otras fórmulas de flexibilidad interna (García Serrano, 2011, p. 163). Sin embargo, a pesar de que hay un amplio consenso a la hora de relacionar la temporalidad con la extrema sensibilidad del empleo al ciclo económico, la discusión sobre las causas que impulsan ambos fenómenos y sobre la forma en que operan en esa relación los diferentes mecanismos causales ha generado un largo debate. El propósito de este trabajo es el de contribuir con el análisis a obtener una mayor claridad en el mismo. Para lograrlo, el trabajo se organiza del siguiente modo: en la primera parte se desarrollan los argumentos de las principales teorías que interpretan las causas del desarrollo de la flexibilidad externa y la elevada temporalidad, que se diferencian fundamentalmente por la importancia que otorgan a diferentes factores: de oferta, de demanda o culturales. En la segunda parte se trata de contrastar los argumentos expuestos con el análisis de la evolución de algunos de los principales componentes del mercado de trabajo en las últimas décadas, con el propósito de juzgar cuál de las interpretaciones parece más consistente con la evidencia empírica. Finalmente a modo de conclusiones se resaltan las principales aportaciones del trabajo y las líneas de acción que sugieren para atajar con el problema.

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  MARCO TEÓRICO: LAS TEORÍAS DE SEGMENTACIÓN

Las teorías de segmentación se diferencian de la teoría neoclásica en que consideran que no hay un solo mercado de trabajo regido por unas mismas reglas, sino que el comportamiento de los actores en el mercado de trabajo difiere de un segmento a otro, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus propias normas de funcionamiento (Peck, 1996, p. 46). De hecho, en España se (3)  Según datos del Movimiento Laboral Registrado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, online en: www.empleo.gob.es/series.

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habla con frecuencia de la existencia de un mercado de trabajo dual (De la Rica, 2010, p. 20; Felgueroso y Jiménez, 2010, p. 19; Huguet, 1996, p. 91). Un concepto basado en la teoría de los mercados segmentados de Doeringer y Piore (1985), que explica la existencia de mercados internos y externos. En los primeros el empleo y el sueldo no se fijan por las leyes de la oferta y la demanda, sino que en esas decisiones intervienen también las instituciones con una serie de normas de tipo administrativo que dotan de protección al empleo. En los mercados externos no existe nada de eso en cambio, sino que las decisiones sobre la cantidad y el precio del trabajo dependen del libre juego de las fuerzas del mercado. Sobre la base de estas consideraciones analíticas, Doeringer y Piore distinguen entre el segmento primario, caracterizado por la existencia de mercados internos, y el segmento secundario, caracterizado bien por su ausencia o por estar aquellos poco desarrollados (1985). Como consecuencia, los empleos del segmento primario cuentan normalmente con salarios elevados, estabilidad, mayor protección y oportunidades de promoción; mientras que el segmento secundario se caracteriza por la inestabilidad, unos niveles salariales más bajos y escasas posibilidades de promoción (Piore, 1969). En España esa dualidad se ha institucionalizado con el uso de diferentes modalidades de contratos, pero… ¿qué es lo que explica su desarrollo? Las dos primeras generaciones de teorías de segmentación comparten su carácter monocausal: el modelo dual de Doeringer y Piore (1985) sostiene que lo que segmenta el mercado de trabajo son los requisitos técnicos de los diferentes trabajos, mientras que la teoría radical de autores como Reich, Gordon y Edwards (1973) se centra en la importancia de las relaciones de poder y estrategias de control de los trabajadores. Fueron las teorías contemporáneas las que empezaron a concebir el problema como uno multicausal (Peck, 1996, p. 57). Y es que no se puede obtener una comprensión profunda del fenómeno si no se valoran diferentes factores y contrastan los argumentos de las principales teorías que se enfrentan en el debate, cuyo contenido se expone a continuación.

2.1.  La teoría de segmentación de oferta La teoría de segmentación de oferta se inspira en el modelo insiders-outsiders de Lindbeck y Snower (1988) y considera que lo que determina la prevalencia o ausencia de mercados internos en cada uno de los segmentos es la normativa laboral. En el caso español la dualidad se habría institucionalizado a través de una normativa que establece notables diferencias entre los diferentes tipos de contratos. Los indefinidos cuentan con una mayor prevalencia de mercados internos: están muy regulados y mantienen una fuerte protección al empleo, motivo por el que se considera que dotan de rigidez al mercado de trabajo. Los temporales, sin embargo, están menos regulados y protegi-

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dos. Los trabajadores indefinidos además se aprovecharían de su situación de fuerte protección frente al despido para hacer presión y elevar sus salarios por encima del nivel de equilibrio de mercado. De forma que sería la rigidez y el elevado coste asociado a los contratos indefinidos lo que hace que los empresarios se vean obligados a recurrir a los contratos temporales, que cuentan con salarios más bajos y un grado de protección al empleo menor. Como se ha expresado, la elevada temporalidad favorece la volatilidad del empleo, al permitir que se puedan llevar a cabo ajustes por la vía de la cantidad a un bajo coste. Para evitar transiciones al empleo estable, que implicarían un incremento de los costes futuros en caso de ajuste, los ajustes de la fuerza de trabajo en la empresa se llevan a cabo con mayor frecuencia sobre los trabajos temporales (Sala et al., 2012, p. 6). Además, la temporalidad trae consigo otra serie de problemas: promueve una menor inversión en formación y capital humano (Albert et al., 2005, p. 82; Dolado et al., 2002, p. 291) y refuerza el carácter dual del mercado de trabajo (Dolado et al., 2002, p. 291), favoreciendo la creación de empleo de peor calidad y sesgándolo hacia trabajos mal remunerados y de baja productividad (Sala et al., 2012, p. 21). Esto se debe a que los contratos temporales se adaptan mejor al tipo de empleos intensivos en mano de obra, de carácter eventual, que no requieren de formación continua y tienen una baja productividad, de forma que los incentivos a la temporalidad favorecen su desarrollo(4). Esto acaba generando un nuevo estímulo al desarrollo del carácter procíclico del empleo, ya que de este modo se contribuye al crecimiento del tipo de actividades más sensibles a los cambios de ciclo. Prueba de ello se obtiene al ver como el ajuste de empleo con la crisis se ha centrado sobre los empleos de baja productividad, cuando pequeñas variaciones del PIB se ven acompañadas de una caída considerablemente mayor de la ocupación (Carabaña y Salido, 2010, p. 18)(5). En síntesis, sería la brecha entre los costes de los diferentes tipos de contratos lo que impulsa la temporalidad, favoreciendo a través de este tipo de contratos las actividades de menor productividad. Ambos fenómenos se retroalimentan y contribuyen a la consolidación del carácter procíclico del empleo. Por tanto, la solución para hacer frente a este problema debería incidir en una reducción de la brecha existente entre ambos tipos de contratos. O, expresado de la manera en que lo hacen Lindbeck y Snower, para dejar de desincentivar la contratación estable haría falta reducir el poder de los insiders y aumentar el de los outsiders (4)  De hecho, en los países desarrollados los contratos temporales son mantenidos de forma desproporcionada por los trabajadores que cuentan con un nivel educativo menor, así como en los empleados en ocupaciones de baja cualificación (OECD, 2002). (5)  Según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (PIB a precios de mercado, con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario) y de la EPA, del segundo trimestre del 2008 al segundo del 2009 el PIB cayó un 3,78%, mientras que el empleo lo hizo en un 7,23%.

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(2001, p. 184). La reducción de los costes de despido en los contratos indefinidos no solo contribuiría a una mayor creación de empleo, sino que al hacer más atractiva la contratación estable contribuiría a reducir el nivel de temporalidad. En la medida en que se estrecha la brecha existente entre ambos tipos de contratos, la diferencia entre uno y otro dejaría de actuar como el incentivo determinante que favorece la contratación temporal y penaliza la de carácter estable.

2.2.  La teoría de segmentación de demanda Esta teoría sostiene que la desigualdad en el mercado de trabajo está relacionada fundamentalmente con las características del modelo productivo. Las diferencias entre segmentos serían el resultado de la institucionalización en el mercado de trabajo de una segmentación existente en el ámbito de la producción (García Serrano, 2011, p. 165). De hecho, según la teoría de los mercados segmentados de Doeringer y Piore (1985), los diferentes segmentos se diferencian porque se nutren de ocupaciones con características diferentes. Es la naturaleza de los diferentes tipos de trabajo lo que explica la existencia de esa segmentación, que en el caso de España se ha institucionalizado a través de los diferentes tipos de contratos (Toharia y Malo, 2009, p. 14). Mientras que los empleos del segmento primario se adaptan mejor a las características de los contratos indefinidos, la naturaleza del tipo de tareas del segmento secundario hace que estas sean más proclives a la temporalidad. Porque tienen carácter eventual o de duración determinada y son poco productivas, de forma que las empresas no dan prioridad a la estabilidad de los trabajadores que se encargan de estas actividades de menor valor, sino que, al contrario, los ajustes suelen llevarlos a cabo de forma prioritaria sobre ellas (García Serrano, 2011, p. 165; Toharia y Malo, 2009, p. 13). En síntesis, la segmentación entre indefinidos y temporales se estructura sobre la base de una segmentación ocupacional entre trabajos productivos y no productivos; las diferencias entre indefinidos y temporales no se deben en exclusiva al tipo de contrato, sino que el empresario cuenta con los diferentes tipos de contrato para puestos de trabajo de naturaleza distinta (Sala et al., 2012, p. 21; Toharia y Malo, 2009, pp. 13-14). De lo que se deduce que cuanto mayor sea el peso de las ocupaciones del segmento secundario en una región más elevado debería ser su nivel de temporalidad. En este sentido, ya señalaba Miguélez que desde los ochenta hubo en España un aumento espectacular de este tipo de ocupaciones (1995). Otros autores han resaltado, asimismo, que desde mediados de los noventa el crecimiento se sostuvo con la especialización en sectores de baja productividad (Andrés y Doménech, 2010, p. 9), siendo España el país europeo que cuenta con una de las mayores proporciones de trabajadores en los servicios no cualificados (Bernardi y Garrido, 2008, p. 304; Bernardi y Martínez-Pastor, 2010, pp. 301-302).

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Todas estas contribuciones apuntan a un mismo hecho: un fuerte desarrollo del segmento secundario en las últimas décadas en España. Como resultado encontramos que el peso de sectores de baja productividad y naturaleza eventual como el turismo, la agricultura y la construcción es comparativamente mayor que en otros países, constituyéndose algunos ellos como motor del crecimiento económico. Dadas las características de este tipo de ocupaciones la oferta de empleo puede satisfacerse en muchos casos con contratos temporales. Por ello se puede esperar que, cuanto mayor sea la importancia relativa de estos sectores, más frecuente será también el recurso a la temporalidad (Cachón, 1995, p. 216), que se presenta como la opción más adecuada para cubrir las necesidades de un tipo de empleo muy sensible a los cambios de ciclo. Lo que haría el contrato temporal, en definitiva, es institucionalizar en el ámbito del mercado de trabajo una segmentación existente en el ámbito de la producción (Pérez Infante, 2010; Prieto, 1989; Recio, 1995; Toharia y Malo, 2000).

2.3.  La «cultura de la temporalidad» Se argumenta también que el recurso a los contratos inestables responde a la extensión de una cultura de la temporalidad, convertida en la lógica que inspira el modo de gestionar la fuerza de trabajo en las empresas (Cachón, 1995, p. 233). En España esto se debería, fundamentalmente, a dos hechos. La consolidación a partir de mediados de los ochenta del modelo de flexibilidad en el margen (Cruz, 2006, p. 9; Toharia y Malo, 2000, p. 307). Un modelo que promovía la flexibilidad por la vía externa a través de la descausalización de los contratos temporales: ya no era necesario que respondieran a necesidades temporales de la producción. Para tratar de atajar el nivel de desempleo se permitió su aplicación generalizada, mientras que no se promovieron otras medidas de flexibilidad interna (García Serrano, 2011, p. 163). El modelo permaneció inalterado hasta 1992, por lo que en ese periodo las empresas aprendieron a recurrir a los contratos temporales para crear nuevos empleos y mantener unas plantillas inestables con las que poder hacer ajustes en caso de necesidad (García Serrano, 2011, p. 165), ya que su menor protección minimiza el riesgo de las empresas de sobrecargar las plantillas con una mano de obra que puede resultarles excesiva y gravosa en momentos de dificultad económica (Miguélez, 1995). Además, esta estrategia puede tomar especial relevancia en un país que sufre de un elevado desempleo y crisis recurrentes. El hecho de que haya un clima de incertidumbre económica y alta protección al empleo indefinido favorece la temporalidad, debido a dos efectos (Polavieja, 2006, p. 72): que los empleadores perciben un mayor riesgo al corto y medio plazo de tener que llevar a cabo ajustes en sus plantillas, por lo que tratan de protegerse frente a esa incertidumbre recurriendo a los contratos de menor coste (Cebrián, 2005, p. 274); y al efecto incentivador, que 62

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permite extraer una mayor capacidad productiva de los trabajadores, debido a su deseo de mantener el empleo o convertir su contrato en uno estable. Estos motivos explicarían que los empresarios hayan asimilado un método de gestión que responde a una estrategia empresarial defensiva, basada en la búsqueda de la minimización de costes a corto plazo y desincentivando la innovación técnica y organizativa (Cachón, 1995, p. 233) y el empleo estable y de calidad. Y es que aunque el paradigma de la flexibilidad se ha extendido en las últimas décadas en todos los países del entorno, cada país ha canalizado sus necesidades de flexibilidad de un modo. Por ejemplo, Italia cuenta con un nivel muy elevado de autoempleo (Miguélez y Prieto, 2009, pp. 282-283), lo que permite reducir el peso de los asalariados. El modelo alemán se ha centrado más en la flexibilidad interna, mediante la reducción de jornadas laborales y la contención salarial (Lasheras y Pérez Eransus, 2012, p. 20; Miguélez y Prieto, 2009, pp. 283-284). El modelo francés, en cambio, lo ha hecho a través del desempleo parcial y la reducción del tiempo de trabajo (Carbonero et al., 2012, p. 57). La peculiaridad del caso español es que ha canalizado todas sus necesidades de flexibilidad por la vía externa, siendo la temporalidad prácticamente la única forma de flexibilidad desarrollada. Aun subrayando que fueran determinados cambios legales y económicos los que abrieron la espita a la generalización del uso de contratos temporales, lo que permite hablar de una cultura de temporalidad es el hecho de que aunque se haya intervenido sobre tales causas no se ha logrado atajar el problema. Esto pone de manifiesto que las normas sociales, una vez que se asientan, pueden independizarse de las condiciones que las generan. Los contratos temporales se impulsaron con la idea de facilitar la creación de empleo en una época de elevado paro, de forma que en la segunda mitad de los ochenta y primera de los noventa se extendieron notablemente hasta alcanzar una tasa de casi el 35% en 1995(6). Fue entonces cuando se empezó a advertir de algunos de sus inconvenientes: su relación con la extensión del empleo de baja calidad y su capacidad para dotar de una gran volatilidad al empleo, entre otros. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas reformas del mercado laboral, compartiendo la mayor parte de ellas un objetivo común: reducir la brecha existente entre el coste laboral de realizar un contrato indefinido y uno temporal (Toharia y Malo, 2009, p. 9). A pesar de los esfuerzos la evolución del empleo temporal ha puesto de manifiesto la resistencia del mercado de trabajo a las reformas legislativas, resaltando con ello su ineficacia (Ortíz, 2013). A pesar de que la economía creciera, se redujera el desempleo e incluso introdujeran otras alternativas de flexibilidad laboral, las prácticas empresariales en la gestión de sus plantillas se encuentran ya tan asentadas que la recuperación (6)  Según datos de la EPA, INE.

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del principio de causalidad en la contratación temporal no produce los efectos esperados en el mercado de trabajo, de forma que tal inercia logró consolidar la llamada «cultura de la temporalidad» (Cruz, 2006, p. 22). De hecho, tras la sucesión de todas ellas, la normativa actual es muy similar a la de otros países. Lo que sí que fue una peculiaridad histórica es que durante ocho años se permitiera la contratación temporal no causal de forma generalizada. Por ese motivo, el recurso a la temporalidad llegó a entroncarse en las prácticas sociales y empresariales, resultando luego muy difícil de erradicar (García Serrano, 2011, p. 166). A pesar de que se reinsertara el principio de causalidad, es de conocimiento común que en España se puede hacer un contrato temporal para cualquier tipo de actividad. Que esto siga siendo así se debe a varios hechos, como que la penalización en caso de demostrarse judicialmente el uso fraudulento y abusivo de este tipo de contratos es muy tímida; que las posibilidades de que el afectado presente una reclamación judicial son ínfimas, ya que los costes del procedimiento judicial y la defensa no compensan la posible indemnización; o que el número de inspecciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es demasiado reducido como para resultar efectivo. Son muchos los incentivos del contexto actual que favorecen una situación de fraude generalizado en el uso de la contratación temporal. Es tal la permisividad, tan escasos los instrumentos legales para corregirlo y es una práctica que ha estado presente tanto tiempo que casi nadie resalta que en muchos casos se trata, simplemente, de una práctica ilegal.

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 ANÁLISIS

3.1. La rigidez del mercado de trabajo español: una crítica La rigidez del mercado de trabajo se ha definido como «la dificultad de ajustar el volumen de empleo –a costes asumibles por las empresas– a las condiciones cambiantes de la demanda» (Vilar, 2012, p. 3). La teoría de segmentación de oferta asume que es esa la causa principal de la escasa dinámica de la economía y el elevado nivel de desempleo, problemas que afectan a muchos de los países europeos frente a la flexibilidad y mayor dinámica de los anglosajones (Giersch, 1985; Siebert, 1997). Sin embargo, los datos de los gráficos siguientes muestran que en el caso español no existe una gran dificultad para ajustar el volumen de empleo a los cambios en la demanda, siendo el mercado de trabajo capaz de crear y destruir empleo con enorme facilidad. Del segundo trimestre de 1994 al segundo de 2008 el número total de asalariados aumentó en casi 8 millones. En cambio, desde esa fecha y tras cinco años de crisis se redujo casi 3 millones, volviendo a un nivel de ocupación similar al de inicio de la década. Esta dinámica contradice la idea de que el mercado de trabajo es 64

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rígido, siendo prueba de su flexibilidad la facilidad con la que se ajusta el volumen de empleo a los cambios en la demanda (Martínez García, 2013, p. 70). Pero cuando se habla de la dualidad del mercado de trabajo español se resalta que esa desigualdad es fruto de la coexistencia de dos tipos de contratos claramente diferenciados según su nivel de protección. La rigidez caracteriza fundamentalmente a los indefinidos. Por eso es necesario diferenciar estos de los temporales a la hora de analizar la dinámica del empleo asalariado. Gráfico 1. Evolución del número de asalariados, según tipo de contrato. En miles(7) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Total

Indefinido

Temporal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE.

Gráfico 2. Evolución interanual del nº de asalariados según tipo de contrato. En porcentaje (%) 55 45 35 25 15 5 –5

–15 –25

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Indefinido Temporal Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE. (7)  Los datos de cada año se corresponden con los del segundo trimestre. Los datos de los restantes análisis elaborados a partir de datos de la EPA también se refieren al mismo trimestre, salvo que se indique lo contrario.

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Desde mediados de los noventa al 2008 tanto el número de indefinidos como de temporales creció de forma prominente y sostenida. Las principales diferencias se observan tanto en el periodo previo como en el posterior. La creación de empleo temporal a finales de los ochenta y principios de los noventa fue muy fuerte: de 1987 a 1991 la cantidad de trabajadores temporales se incrementó en un 150%, mientras que la de indefinidos cayó un 4,2%. Todo el empleo que se creó en ese periodo (en el que se estaba consolidando el modelo de flexibilidad en el margen) fue temporal. Al contrario, el impacto de la crisis actual afectó primero los asalariados temporales. El empleo temporal empezó a acusar un descenso interanual en el año 2006, mientras que con el indefinido no ocurrió hasta el 2008. Pero con la crisis la diferencia no ha sido solo temporal, sino también de intensidad: desde el año 2008, en cinco años de crisis el número de indefinidos ha caído un 10%, mientras que el porcentaje en el caso de los temporales asciende al 35,4%. Esto se debe a que el ajuste de la crisis se ha llevado a cabo de forma prioritaria sobre empleos de baja productividad de sectores de la burbuja, que en gran proporción estaban cubiertos con ese tipo de contratos. Estos motivos son los que explican que en el Gráfico 2 se observe que las fluctuaciones del número de asalariados son mayores en el caso de los temporales, siendo muestra de la mayor volatilidad de estos contratos. Pero esto no implica, por simple contraposición, que los indefinidos sean necesariamente rígidos. Aunque no sean tan sensibles a los cambios de ciclo, al cubrir en mayor medida actividades de mayor productividad y valor para la empresa, la protección de los indefinidos no actúa como barrera frente a la contratación y el despido. Al menos eso sugieren los siguientes datos: en 1994 había casi 6 millones de asalariados con contrato indefinido en España, una cantidad que a lo largo de toda la etapa expansiva (hasta el 2008) llegó a doblarse. Si acotamos el periodo a los últimos 5 años de la etapa expansiva (del segundo trimestre del 2003 al segundo del 2008), se registraron un total de 9.331.447 nuevos contratos del tipo(8). En cambio, el stock aumentó en tan solo 2.349.400. ¿Qué pasó con el resto de nuevos contratos? Si tenemos en cuenta que en ese mismo periodo se sumaron un total de 1.197.393 altas acumuladas de pensiones por jubilación(9), nos quedamos con un saldo de 5.784.654 contratos que no terminaron cubriendo puestos de naturaleza permanente. Es decir, que de los más de 9 millones de nuevos contratos indefinidos registrados esos cinco años, casi 6 millones terminaron extinguiéndose a lo largo del periodo. Esto ilustra sobre de la facilidad con la que el mercado de trabajo ha creado y destruido empleo indefinido, evidenciando que ni se (8)  Datos del Movimiento Laboral Registrado, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (9)  Datos sobre Prestaciones Contributivas del Sistema de Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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usa siempre para cubrir actividades de carácter estable ni actúa a modo de barrera frente al despido, y poniendo en cuestión la idea de que es un contrato muy rígido. Muchos de esos contratos han estado incentivados por los beneficios que se extraen de bonificaciones de las cotizaciones sociales como las establecidas en el Acuerdo Para la Estabilidad del Empleo de 1997, que tenían por objeto fomentar la contratación indefinida (Cebrián, 2005, p. 277). De hecho, según datos del Eurostat, de las partidas destinadas a políticas activas de empleo, a la que se ha dedicado más recursos en España en los últimos años es a la subvención a la contratación, frente a lo que ocurre en otros países, en los que la principal partida beneficiada es la correspondiente a la formación(10). Hay análisis que confirman que esta estrategia no incentiva la creación de empleo, sino que permite que los empresarios se decanten por contratos subvencionados a la hora de cubrir puestos que ya pensaban ofertar, haciendo que muchos de estos contratos finalicen fácilmente cuando termina el periodo en que la empresa obtiene beneficio de tales subvenciones (Cebrián, 2005, pp. 284-285; Toharia et al., 2008, p. 270). Además, al dar por finalizada la relación salarial, muchos de esos puestos de trabajo son cubiertos de nuevo con contratos temporales. Pero además de tener en cuenta los efectos de la política de empleo, la dinámica del empleo indefinido puede explicarse por el hecho de que su nivel de protección se ha ido reduciendo en las sucesivas reformas. Como señalan Toharia y Malo, un propósito común a casi todas las reformas que se han llevado a cabo en las últimas décadas es el de tratar de reducir la brecha existente entre el coste de hacer un contrato temporal y otro indefinido (2009, p. 9). De forma que, a la par que han aumentado las restricciones y el nivel de protección de los temporales (eliminando algunas de las figuras que lo impulsaron, limitando el encadenamiento de estos o incrementando la indemnización por despido de 8 días por año trabajado a 12), se ha seguido incentivando la contratación indefinida: a base de bonificaciones, nuevos tipos de contratos con menores costes y cargas sociales, reduciendo los costes de tramitación y transacción asociados al despido o reduciendo finalmente los días de indemnización por despido (de 45 a 33 días por año trabajado). Como resultado podemos ver, como muestran datos de la OCDE(11), que el grado de rigidez del empleo indefinido se ha reducido notablemente en España: (10)  Datos comparativos sobre el gasto en políticas de empleo a nivel europeo se pueden ver en la siguiente fuente: Eurostat, Public expenditure and participant stocks on LMP: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LMPEXP. (11)  Tanto los datos brutos como notas metodológicas con información acerca de la construcción de los indicadores se encuentran en el siguiente enlace: www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm.

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Gráfico 3. Rigidez de la protección al empleo de los despidos individuales: contratos regulares o indefinidos (1985 y 2013) 6 5

5,00

4

3,55

3 2,18

2,05

2

2,20

3,18

2,58

2,59 2,38

2,76 2,51

2,87 1,44 1,40

1,03 1,03

1

1985

2013 Italia

Irlanda

Portugal

Alemania

Reino Unido

Francia

Dinamarca

España

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.

En 1985 España tenía un valor del indicador superior al de la media de la muestra elegida (2,64). En efecto, en un punto inicial la protección de los contratos indefinidos era superior a la de la media de los países del entorno. Sin embargo, con el transcurso de los años ha sufrido la segunda mayor reducción de su valor tras Portugal, hasta obtener un valor inferior al de la media en 2013 (2,20). Un momento en el que su valor se coloca solo por encima del de países que son paradigma tradicional de la flexibilidad en las relaciones laborales en Europa, como Reino Unido e Irlanda. En este escenario, los contratos indefinidos distan de adecuarse al tipo ideal de contrato rígido que supone una barrera frente al despido y penaliza la aplicación de contratos estables. La facilidad con la que se han formalizado y deshecho contratos del tipo desautoriza el argumento de que es muy rígido, ya que el hecho de serlo debería lastrar su dinámica, tal como dicta uno de los argumentos centrales de la teoría de segmentación de oferta. Al poner en cuestión que el empleo indefinido en España sea realmente rígido pierde consistencia uno de los argumentos centrales de la teoría de segmentación de oferta: que es la brecha entre contratos lo que penaliza la aplicación de los de carácter estable e incentiva la temporalidad. A pesar de que esa brecha se ha ido reduciendo, el nivel de temporalidad no se ha mostrado sensible a tales cambios.

3.2. Segmentación productiva y desigualdad en el mercado de trabajo Tras la sucesión de numerosos cambios legales, el grado de protección al empleo en España es ahora similar al de otros países del entorno, mientras que el nivel de temporalidad es considerablemente mayor. Además, la normativa laboral 68

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es en lo fundamental la misma en todo el territorio nacional y la tasa de temporalidad varía sustancialmente en las distintas regiones. Estas consideraciones, junto con la evidencia del apartado anterior, restan credibilidad al argumento de que las características de las leyes son causa de la segmentación del mercado de trabajo y el exceso de temporalidad. Y obligan a considerar otro tipo de factores. Como señalan numerosos estudios (Dolado et al., 2002; Dolado y Jimeno, 2002; Hernanz, 2003; Malo y Toharia, 1999; Toharia, 2002; Toharia y Malo, 2000), puede que la segmentación del mercado de trabajo esté más relacionada con las características de la demanda de trabajo que con la existencia misma de contratos temporales, debido a que la temporalidad afecta más en determinados sectores y colectivos y se ha expandido más en determinadas regiones. Para examinar la relación entre el desarrollo de la temporalidad y las características de la demanda de trabajo utilizo datos que ilustran sobre uno de los principales aspectos de esa dimensión estructural: el contenido de tareas de los empleos. A través de variables de distintas bases de datos (European Working Conditions Survey, Emopean Social Survey, PIAAC y ONET) he creado una serie de índices que permiten distinguir tareas de carácter físico, intelectual, social, referidas al modo de organización del trabajo y al tipo de herramientas o tecnología empleada(12). La unidad de análisis utilizada son los empleos, entendidos, tal como establece el «jobs approach» (Eurofound, 2008, 2011, 2013, 2014; Fernández-Macías, 2010, 2012), como la combinación de ocupaciones (ISCO) y sectores (NACE) al nivel de dos dígitos. Como resultado se obtiene una clasificación en la que se indica, para cada empleo, la puntuación que obtiene en cada uno de los índices. Esto permite caracterizar a cada uno de ellos a través de la naturaleza de las tareas que implica su puesta en práctica. Como el número de empleos resultante es muy elevado, se ha llevado a cabo un análisis clúster que los agrupa en cinco conjuntos en función de su similitud en cuanto al contenido de tareas. Esta información la se ha combinado con otra procedente de la EULFS, lo que me permite poner en relación los grupos de empleos con variables clásicas del mercado de trabajo. De este modo se puede observar la incidencia de la temporalidad en cada uno de los grupos de empleos en tres series que cubren el ciclo económico completo(13). Además, para que la caracterización de los grupos de (12)  El desarrollo de estos índices es fruto de la colaboración que he llevado a cabo en el desarrollo de la propuesta de Eurofound para el European Jobs Monitor –gracias a una estancia de investigación del MINECO (Ref. EEBB-I-15-10504)–, y se corresponde con una versión previa a la final. Los resultados de esta ultima se exponen ya en la última versión de sus informes anuales (Eurofound, 2016). Para aclarar todas las cuestiones sobre el método hemos elaborado un artículo en el que se describe de forma detallada el proceso de operacionalización (Eurofound, próximamente). (13)  La principal limitación de este procedimiento es que, debido a los problemas de homogeneidad entre las diferentes versiones de las clasificaciones NACE e ISCO, que han ido sufriendo sucesivos cambios, no se puede disponer de una serie homogénea que cubra todo el periodo, sino que esta se divide en tres en función de las clasificaciones utilizadas en cada uno de ellos y la información disponible para las mismas (dado que las diferentes bases de datos de las que se extraen las variables/indicadores contienen diferentes versiones de ISCO y NACE). Sin embargo, una de las encuestas utilizadas (la EWCS) tiene información de todas las clasificaciones de

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3

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Monografía

empleos sea más completa, se ha añadido para cada uno de ellos su valor medio del Índice no Pecuniario de Calidad de Empleo(14). Para facilitar la interpretación de los siguientes gráficos, se adjunta en el Anexo una serie de tablas con la información completa del contenido de tareas de cada grupo de empleos, así como unas tablas resumen que sintetizan la información más relevante para caracterizarlos. Gráfico 4. Evolución de la tasa de temporalidad en los diferentes grupos de empleos (1995-2007)

50 45 40

1

35

2

30 25

3

20

4

15

5

10 95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EU LFS, EWCS y ESS2.

Se observa en la serie más larga, referida al último periodo expansivo de la economía, que hay dos grupos de empleos destacan sobre el resto por soportar mayores niveles de temporalidad. Estos se corresponden con los de mayor contenido físico, que requieren de un uso intensivo de maquinaria y tienen mayor carácter rutinario. Que son, de entre los cinco grupos, los de menor calidad del empleo. En cambio, los grupos de empleos intensivos en tareas intelectuales, con un mayor carácter social, mayor autonomía y que requieren de un uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación presentan a lo largo de todo el periodo unos niveles de temporalidad mucho menores. ISCO y NACE que se han utilizado a lo largo del periodo, por lo que los indicadores que se extraen de ella están presentes en toda la serie el periodo, garantizando cierta consistencia. Aunque luego cada uno de los tres periodos combina algunas variables distintas, el marco teórico y conceptual en que se basa la construcción de los indicadores es el mismo, por lo que no hay diferencias sustantivas. (14)  Indicador multidimensional de la calidad de empleo compuesto a partir de los siguientes criterios: las habilidades exigidas en el trabajo, la autonomía de que está dotado, el apoyo social, el estatus contractual y la estabilidad, las oportunidades formativas y de desarrollo de una carrera, los riesgos físicos y psicosociales asociados o el tiempo de trabajo. La construcción de este indicador se ha basado en la información contenida en los siguientes documentos (Fernández-Macías et al., 2014; Muñoz de Bustillo et al., 2011), donde se explicita el sentido y el procedimiento de construcción del mismo.

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La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España

3 Monografía

Gráfico 5. Evolución de la tasa de temporalidad en los diferentes grupos de empleos (2008-2010).

45 40 35

1

30

2

25

3

20

4

15

5

10

08

09

10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EU LFS, EWCS y ESS5.

Gráfico 6. Evol ución de la tasa de temporalidad en los diferentes grupos de empleos (2011-2014)(15) 35 30 1 25

2

20

3 4

15 10

5 11

12

13

14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UE LFS, EWCS, PIAAC y ONET.

En el periodo 2008-2010 la panorámica es similar: son los dos grupos de empleos intensivos más en mano de obra (con un componente físico más importante, más rutinarios y que exigen de un mayor uso de maquinaria) y de peor calidad los que tienen un mayor nivel de temporalidad. Aquí, como pasaba en el caso anterior, el grupo más relacionado con los servicios a terceros, cuya com(15)  A lo largo de toda la serie los datos se corresponden con la media anual, excepto para 2014, que se ha elaborado con la media de los dos primeros trimestres.

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3

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Monografía

posición es más heterogénea, se mantiene en una posición intermedia, dejando a los dos grupos de empleos de servicios avanzados (de componente intelectual, relacionados con el uso de nuevas tecnologías y dotados de mayor autonomía) en la parte más baja del gráfico. Finalmente, en el Gráfico 6, referido al periodo 2011-2014, podemos ver que el patrón es en lo esencial el mismo. En definitiva, aunque las dinámicas al alza o la baja varían según el grupo de empleos y la etapa del ciclo, se ha mantenido a lo largo de todo el periodo una constante: la temporalidad incide mucho más sobre los empleos manuales, físicos, de carácter rutinario y peor calidad que sobre los de mayor, caracterizados por su contenido intelectual, estar vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tener un componente social más importante y estar dotados de mayor autonomía. La conclusión que se extrae es clara: el desarrollo de la temporalidad está relacionado con las características de la demanda de trabajo en general y la actividad del segmento secundario en particular. Para completar el ejercicio de análisis se examina si esa relación se cumple en el caso de España. Los indicadores de tareas solo pueden extraerse con datos a nivel nacional, por lo que hay que utilizar otro indicador para poner en relación la temporalidad con el desarrollo de los empleos del segmento secundario en las diferentes comunidades. Para ello he recurrido de nuevo a la EPA y la variable referida al nivel educativo de los trabajadores, identificando al segmento secundario como la serie de empleos ocupados por trabajadores con menor formación(16). Una vez se dispone de esos datos se muestra la relación entre la tasa de temporalidad en las comunidades autónomas y el peso que tienen en cada una de ellas las ocupaciones del segmento secundario. El Gráfico 7 muestra que a medida que aumenta el peso del segmento secundario en cada comunidad tiende a aumentar también su tasa de temporalidad. La composición de la estructura productiva explica parte importante de la variación del nivel de temporalidad, por lo que parece que las características del empleo condicionan con su dinámica y comportamiento. Sin embargo, aunque el valor del coeficiente de correlación expresa una relación significativa fuerte, el análisis muestra que este factor no es capaz de explicar por sí mismo toda la variabilidad del fenómeno. Las características de la demanda de trabajo condicionan la dinámica del empleo y la distribución de los tipos de contratos, pero es necesario explorar otros factores que ayuden a comprender la excepcionalidad del caso español. (16)  El segmento secundario se ha definido de la siguiente manera: en primer lugar, como hacen Hurley et al. (2013), se asigna un valor de 0 a los niveles educativos correspondiente al nivel ISCED 2 e inferiores; un 0,5 a las categorías de ISCED 3 y 4 y un valor de 1 a las categorías de ISCED 5 y superiores. De este modo se puede obtener la media del nivel educativo de los trabajadores de cada grupo ocupacional, considerándose del segmento secundario aquellos con un nivel educativo menor, cuyo valor es inferior al del 60% de la media.

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Gráfico 7. Relación entre la tasa de temporalidad y el peso de las ocupaciones del segmento secundario en las diferentes CC.AA. (17) (2006TII) (18)

Coeficiente de correlación de Pearson: 0,577* Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE.

3.3. La excepcionalidad del caso español: una cuestión de hábitos adquiridos Las características de las leyes no explican el recurso abusivo a la flexibilidad externa. Las características de la demanda de trabajo sí están relacionadas, pero sin embargo, la parte de la variabilidad del fenómeno que no es capaz de explicar debe estar relacionada con otros hechos, como que la temporalidad es comparativamente alta en todos los sectores; que se ha desarrollado mucho en el sector público –nutrido sobre todo de actividades de carácter estable– o que países con una estructura productiva similar tienen unos niveles de temporalidad considerablemente menores. ¿Pueden ser factores de tipo cultural los que expliquen la excepcionalidad del caso español? Si analizamos la evolución de la temporalidad de diferentes cohortes en relación a su momento del ciclo vital (Gráfico 8) podemos apreciar que esta se va reduciendo a medida que avanza la edad de los individuos –lo que invita a pensar en la temporalidad como estrategia de inserción laboral, algo que se alivia con la edad (González y Garrido, 2005, p. 103)–. Sin (17)  1 = Andalucía; 2 = Aragón, 3 = Asturias, 4 = Baleares, 5 = Canarias, 6 = Cantabria, 7 = Castilla y León, 8 = Castilla-La Mancha, 9 = Cataluña, 10 = Comunidad Valenciana, 11 = Extremadura, 12 = Galicia, 13 = Madrid, 14 = Murcia, 15 = Navarra, 16 = País Vasco y 17 = La Rioja. (18)  Se ha elegido el año 2006 para excluir los efectos de la crisis sobre la distribución del tipo de empleo y analizar la dinámica del empleo temporal en el momento de esplendor de la economía, evitando la distorsión que puede introducir el hecho de que la crisis haya centrado su ajuste sobre sectores con mucha temporalidad.

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embargo, algunos datos rompen con esa tendencia. Esto se percibe claramente en los casos de las cohortes de nacidos antes de 1968. El recorrido del primer dato de cada una de esas cohortes al siguiente mantiene una trayectoria ascendente. Esto se debe a que refleja, para cada una de esas cohortes, la evolución del dato de 1987 al de 1992, mostrando como en ese periodo la temporalidad se expandió de forma significativa en todas las cohortes, aunque afectara a cada una de ellas en una etapa del ciclo vital diferente (no solo a jóvenes). Gráfico 8. Evolución de la tasa de temporalidad por grupos de edad y para diferentes cohortes 80

1938-42

70

1943-47

60

1948-52

50

1953-57 1958-62

40

1963-67

30

1968-72

20

1973-77

10

1978-82

0

1983-87 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

1988-92

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE.

Pero no es que la temporalidad se expandiera en todas las cohortes y grupos de edad, sino también en todos los sectores (Tabla 1). Desde mediados de los ochenta, el fuerte impulso de la temporalidad afectó a todos los sectores, independientemente del tipo de naturaleza de sus actividades. De 1987 a 1994 la tasa de temporalidad en los sectores de los servicios y la industria se incrementa en más del doble. Esto es, un incremento relativo mayor que el vivido en los sectores de la construcción y la agricultura, donde su incidencia ya era de por sí muy elevada.

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Tabla 1.  Tasa de temporalidad por sector de actividad, sector y año Año

Edad

Agricultura

Edad

Construcción

Servicios Edad

Sector de Actividad

Edad

Industria

Edad

Total

1987

1994

1997

2004

2007

2013

16-29

62,1

78,6

83,0

76,0

73,3

73,4

30-44

46,0

56,7

60,3

60,0

57,3

65,9

45-64

38,2

50,7

51,5

48,8

46,9

43,6

Total

47,9

61,0

64,6

61,0

58,7

59,4

16-29

29,4

60,8

63,2

43,0

45,5

43,0

30-44

7,0

20,2

22,8

18,4

19,1

14,7

45-64

3,5

8,4

10,4

7,0

8,6

7,9

Total

12,6

27,9

30,8

22,2

22,7

15,9

16-29

46,2

77,7

75,9

68,7

66,0

49,0

30-44

30,7

57,8

62,2

57,6

55,1

36,8

45-64

26,9

45,1

46,5

44,9

42,6

27,2

Total

34,4

60,8

62,1

58,2

55,6

35,2

16-29

27,8

60,8

58,5

50,6

48,7

48,2

30-44

8,8

23,5

23,1

25,2

25,7

21,9

45-64

5,8

14,1

11,7

12,8

14,9

12,2

Total

14,5

32,4

30,3

28,6

28,4

22,3

16-29

32,0

63,2

62,4

52,5

51,7

48,5

30-44

12,1

26,9

27,9

28,9

29,3

22,9

45-64

9,7

17,2

16,6

16,2

17,6

13,1

Total

17,9

35,1

34,8

32,1

31,8

23,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE.

Estos datos sugieren que la descausalización de los contratos temporales favoreció la asimilación de una cultura de la temporalidad que se ha extendido en todos los ámbitos y sectores (Cruz, 2006, p. 23). Prueba de ello es que en los años previos a la crisis fuera en el sector público (especialmente en el caso de las mujeres), nutrido de ocupaciones de carácter estable, donde más se extendió la temporalidad (Gráfico 9). De hecho, esto contribuyó de forma decisiva a que la tasa de temporalidad no se redujera sustancialmente a lo largo del periodo (Fernández-Gutiérrez y Díaz-Fuentes, 2009).

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Monografía

Gráfico 9.  Evolución de la tasa de temporalidad por sexo y tipo de sector 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mujeres s. privado Mujeres s. público

Hombres s. privado Hombres s. público

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

De modo que la temporalidad se ha llegado a constituir como el principal recurso de las empresas ante situaciones de un incremento de la demanda. Aun a día de hoy, ante un aumento de la demanda relevante y de cierta duración un 65,8% de las empresas muestran una preferencia por la contratación de nuevo personal a través de contratos temporales, frente a un 20,9% que contrataría nuevo personal con indefinido, un 8,6% que incrementaría el número de horas trabajadas y un 4,5% que aumentaría la subcontratación a otras empresas: Tabla 2. Empresas, según reacción a un aumento de la demanda, por sector de actividad (2013) Contratación de nuevo personal indefinido

Contratación de nuevo personal temporal

Incremento Aumento de del nº de la subcontrahoras traba- tacióna otras jadas empresas

Otros

Industria

14,9

70,9

6,6

7,1

0,4

Construcción

12,8

73,6

1,9

11,6

0,2

Comercio y reparación de vehículos

23,2

67,5

7,4

1,6

0,3

Transporte y almacenamiento

19,5

69,5

5,5

5,3

0,1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

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La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España

Contratación de nuevo personal temporal

Incremento Aumento de del nº de la subcontrahoras traba- tacióna otras jadas empresas

Hostelería

14,1

73,5

11,2

1,3

0,0

Información, comunicaciones, actividades financieras, de seguros e inmobiliarias

34,9

52,4

7,7

5,0

0,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas

26,1

61,3

9,2

3,3

0,1

Actividades administrativas y servicios auxiliares

21,8

63,1

11,9

2,8

0,4

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios

20,7

60,2

16,2

2,8

0,1

Total

20,9

65,8

8,6

4,5

0,2

Monografía

Contratación de nuevo personal indefinido

3

Otros

Fuente: Encuesta Anual Laboral.

Lo relevante es que esta preferencia se mantiene independientemente del tipo de actividad económica. En definitiva, el hecho de que se haya tratado de incentivar la contratación estable y de penalizar la temporal a través de reformas no ha logrado reducir de forma significativa su uso y preferencia. De hecho, hasta ahora lo único que se ha conseguido al revertir la normativa y recuperar el principio de causalidad de los contratos temporales ha sido que estas prácticas constituyan la generalización de prácticas fraudulentas.

4

 CONCLUSIONES

Las conclusiones que se extraen del análisis sugieren algunas líneas para la acción con el fin de atajar con la elevada temporalidad y la fuerte volatilidad del empleo. Con respecto a la regulación laboral, dado que no parece que haya un tipo de contrato tan rígido que actúe a modo de barrera frente a la contratación y lastre la dinámica del empleo, es presumible que nuevas reformas que tratan de abaratar el despido resulten tan poco efectivas como hasta ahora. En vez de continuar haciendo más atractivos los ajustes cuantitativos convendría desarrollar formas de flexibilidad interna que permitan establecer un uso más equilibrado de las diferentes formas de flexibilidad de que pueden disponer las empresas. Documentación Social  178

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Monografía

Respecto a las políticas de empleo, no parece aconsejable destinar una gran suma de recursos a bonificaciones y subvención del empleo, que se han demostrado ineficaces en el propósito de generar nuevo empleo estable. Quizá lo más adecuado sea reorientar el gasto y tratar de converger con los países del entorno destinando más recursos a políticas activas de empleo. La formación favorece la estabilidad y el aumento de la productividad en el empleo, además de impulsar el reciclaje y favorecer la transición de trabajadores de unos sectores a otros, facilitando los cambios de modelo productivo en caso de que sea necesario y/o aconsejable. Como así parece que resulta si tenemos en cuenta que las características de la demanda de trabajo están relacionadas con el desarrollo de la temporalidad. La actividad de sectores de alta productividad y valor añadido está relacionada con el empleo estable y de mayor calidad. Por tanto, el cambio de modelo productivo es un objetivo que por ambicioso –exige de labores de regulación en diversos ámbitos: regulación industrial, del suelo y la vivienda, políticas de I+D, etc.– debe de dejar de considerarse prioritario. Finalmente hay que tener en cuenta que el recurso a la temporalidad se ha convertido en un hábito adquirido que se aplica en muchos casos al margen de los supuestos que dicta la ley, por lo que los esfuerzos por que haya un cumplimiento exhaustivo de la normativa y se restaure el uso causal de contratos temporales no debe pasarse por alto. Antes que pensar en nuevas estrategias habría que empezar por tratar de restituir la utilización legalmente adecuada de los contratos temporales.

5

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Sergio Torrejón Pérez

Monografía

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80

Documentación Social  178

La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España

3 Monografía

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Documentación Social  178

81

Sergio Torrejón Pérez

 ANEXO

2b. Resolución de problemas

2bi. Recopilación y evaluación de info

2bii. Creatividad

3. Social

3a. Cooperación

3b. Servicios

4a. Autonomía

4b. Trabajo en equipo

4c. Rutinaria

5a. Uso de maquinaria mecánica

5b. Uso de TIC

Tabla 1. Puntuación de cada grupo de empleos en cada uno de los tipos de tareas. 1995-2007

2. Intelectual

Monografía

6

1a. Fuerza

3

1

36,6

72,9

72,9

73,8

67,4

73,7

74,5

63,9

61,3

78,3

24,6

29,2

68,1

2

22,5

80,1

80,0

74,8

79,1

62,0

58,8

59,4

81,4

31,9

25,3

34,5

79,8

3

81,6

56,9

57,0

50,9

63,7

32,2

45,0

30,2

59,8

42,0

54,5

75,3

24,0

4

38,0

37,3

36,6

39,8

38,4

57,1

33,4

70,7

49,8

29,1

57,2

37,4

65,3

5

66,5

17,7

18,1

21,0

19,5

26,7

34,2

30,6

19,8

47,2

79,5

71,5

23,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EU LFS, EWCS y ESS2.

Tabla 2.  Caracterización de los grupos de empleos. 1995-2007

82

Índice no pecuniario de calidad de empleo

Peso al inicio del periodo

1

0,65

2

3

Tipo de tareas

Principales empleos

18,32

Intelectuales, de escaso componente físico. Marcado carácter social,especialmente exigencia de cooperación. No rutinarias. Mucho trabajo en equipo y alta autonomía. Poco uso maquinaria y alto de TIC.

Profesionales de la enseñanza en el sector de la educación/Personal de servicios de protección en trabajo social y de salud/Profesionales asoci ados de las ciencias de la vida y la salud en trabajo social y de salud.

0,68

10,58

Las tareas más intelectuales y de menor componente físico. No rutinarias. Las de mayor autonomía, sin exigir mucho trabajo en equipo. Uso bajo de maquinaria e intensivo TIC.

Otros profesionales en la Administración Públ ica, Defensa y Seguridad Social/Otros profesionales asociados en comercio al por mayor intermediarios/ Gerentes de pequeñas empresas en hoteles restaurante.

0,52

17,27

Las tareas más físicas y que Trabajadores de la extracción requieren de un uso intensivo de y operarios de construcción en maquinaria (no TIC). el sector de la construcci ón/ Trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca en el sector de la agricultura, la caza y actividades de servicios relacionados/Operarios del metal, máquinas y relacionados en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

Documentación Social  178

La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España

Peso al inicio del periodo

4

0,61

5

0,47

Monografía

Índice no pecuniario de calidad de empleo

3

Tipo de tareas

Principales empleos

15,93

Bajo contenido físico e intelectual. Importante contenido social, sobre todo servicios. No requieren de mucho trabajo en equipo y si de un uso importante de TIC.

Modelos y personal de ventas en comercio al por menor, excepto vehiculo de motor /Gerentes de empresas pequeñas en el comercio al por menor, excepto vehícuos de motor/Trabajadores de oficina en otras actividades de negocio.

37,90

Importante contenido físico. El más bajo contenido intelectual. Tareas sin un componente social importante, muy baja autonomía y muy rutinarias. Requieren de un uso intensivo maquinaria (no TIC)

Personal de servicios de protección en hoteles y restaurantes/ Conductores y operarios de equipos pesados en transporte por tierra y vía tuberías/Operarios del metal, máquinas y relacionados en manufacturas de productos fabricados de metal.

Fuente: elaboración propia.

1. Física

1a. Fuerza

2. Intelectual

2a. Procesamiento de info codificada

2b. Resolución de problemas

2bi. Recopilación y evaluación de info

2bii. Creatividad

3. Social

3a. Cooperacción

3b. Servicios

4a. Autonomía

4b. Trabajo en equipo

4c. Rutinaria

5a. Uso de maquinaria mecánica

5b. Uso de TIC

Tabla 3. Puntuación de cada grupo de empleos en cada uno de los tipos de tareas. 2008-2010

1

26,4

27,2

77,1

76,2

69,8

70,0

66,0

59,5

60,6

55,6

68,3

53,1

30,2

35,6

74,6

2

43,3

53,8

46,7

30,5

62,7

65,1

60,5

74,1

64,1

76,6

52,0

61,8

28,7

37,7

53,4

3

86,6

81,5

35,7

22,2

54,3

44,8

63,1

28,9

44,7

22,5

59,1

38,6

61,8

78,1

23,0

4

77,2

71,0

15,8

26,1

15,5

20,7

15,5

19,6

31,8

24,4

17,2

46,6

81,7

79,5

19,7

5

56,9

61,6

27,6

37,3

24,3

24,6

29,1

67,8

39,3

78,1

27,7

49,6

69,4

36,7

38,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EU LFS, EWCS y ESS5.

Documentación Social  178

83

3

Sergio Torrejón Pérez

Monografía

Tabla 4.  Caracterización de los grupos de empleos. Versión 2008 Índice no pecuniario de calidad de empleo

Peso al inicio del periodo

1

0,68

2

Tipo de tareas

Principales empleos

38,75

Las tareas menos físicas y de mayor componente intelectual. Componente social relevante, sobre todo debido a la exigencia de cooperación. Mucha autonomía en el trabajo. Tareas poco rutinarias, que no exigen mucho empleo de maquinaria y si un uso intensivo de TIC.

Profesionales de la enseñanza en el sector de la educación/Otros profesionales asociados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social/Profesionales de las ciencias de la vida y la salud en actividades de salud humana.

0,61

5,52

Bajo contenido físico y contenido intelectual relevante, no tanto por requerir del procesamiento de información como por tener desarrollados los aspectos creativos y de resolución de problemas. Las tareas de mayor contenido social, tanto por exigir de cooperación como por estar fuertemente orientadas a los servicios. Exige de mucho trabajo en equipo, cierto manejo de TIC y son las tareas menos rutinarias.

Profesionales asociados de las ciencias de la vida y la salud en actividades de salud humana/ Personal de servicios de protección en la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social/Personal de servicios de protección en actividades de trabajo social sin alojamiento.

3

0,54

14,49

Tareas con un componente físico muy importante. De la dimensión intelectual toma importancia sobre todo el aspecto de resolución de problemas por la vía de la creatividad. Tareas poco sociales y que requieren del uso de maquinaria (no TIC).

Trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca en producción animal y de cultivos, caza y servicios relacionados/ Trabajadores de la extracción y operarios de la construcción en actividades especializadas de construcción/Trabajadores de la extracción y operarios de construcción en construcción de edificios.

4

0,46

21,55

Tareas físicas, que no exigen de esfuerzo intelectual ni social. Las menos autónomas, más rutinarias y que exigen un mayor uso de maquinaria (no TIC).

Conductores y operarios de equipos pesados en transporte por tierra y vía tuberías/Ocupaciones de ventas y servidos elementales en la educación/Operarios del metal, maquinaria y relacionados en manufacturas de productos fabricados de metal.

5

0,56

19,69

Fuerte contenido social, sobre todo servicios. Poco autónomas y rutinarias. No exige un importante uso de maquinaria ni de TIC.

Modelos y vendedores en comercio al por menor, excepto vehículos de motor/Personal de servidos de protección en actividades de servicios de comida y bebida/Personal de servicios de protección en acti vidades de salud humana.

Fuente: elaboración propia.

84

Documentación Social  178

La flexibilidad por la vía externa: los factores que impulsan el marcado carácter procíclico del empleo en España

3 Monografía

1. Física

1a. Fuerza

1b. Destreza

1c. Percepción

2. Intelectual

2a. Procesamiento de info codificada

2ai. Procesamiento de info verbal

2aii. Procesamiento info numérica

2b. Resolución de problemas

2bi. Recopilación y evaluación de info

2bii. Cratividad

3. Social

3a. Cooperacción

3b. Sevicios

4a. Autonomía

4b. Trabajo en equipo

4c. Rutinaria

5a. Uso de maquinaria mecánica

5b. Uso de TIC

Tabla 5. Puntuación de cada grupo de empleos en cada uno de los tipos de tareas. 2011-2014

1

22.8

20.0

17.2

66.2

82.6

82.7

83.2

80.0

81.7

78.5

81.9

74.9

68.9

74.1

80.7

62.6

25.3

25.3

83.1

2

70.9

50.9

72.8

90.1

75.0

72.0

70.0

65.5

75.3

79.0

67.8

70.3

80.6

63.8

56.0

80.9

40.0

68.0

67.9

3

74.5

76.5

73.5

47.0

37.9

31.0

31.0

30.5

45.6

41.2

46.5

39.3

41.7

37.7

43.3

47.3

56.9

66.9

31.8

4

70.8

75.6

72.3

36.3

11.7

13.1

13.1

13.0

10.4

12.4

11.1

14.8

23.9

14.6

16.8

32.0

78.8

77.3

11.2

5

24.7

32.8

32.5

20.1

39.4

49.8

49.8

58.7

30.2

37.9

32.3

49.2

40.3

56.7

40.2

34.0

56.6

27.1

52.1

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EU LFS, EWCS, PIAAC y ONET.

Tabla 6. Caracterización de los grupos de empleos. 2011-2014 Índice no Peso al pecuniario inicio del de calidad de periodo empleo

Tipo de tareas

Principales empleos

1

0,71

23,91

Las tareas menos físicas y más intelectuales. Alto contenido social. La mayor autonomía, importancia del trabajo en equipo y las menos rutinarias. Las que requieren un menor manejo de maquinaria y un mayor de TIC.

Profesionales de la enseñanza en el sector educativo/Profesionales asociados de negocios y administración en la Administración Pública, Defensa y la Seguridad Social/Profesi onales asociados de negocios y administración en comercio al por mayor, excepto vehículos de motor y motocicletas

2

0,64

8,26

Tareas con el componente físico importante, no por exigir de fuerza sino de una destreza y percepción agudas. Alto contenido intelectual y social (especialmente cooperación). También en estas toma importancia el trabajo en equipo. Son tareas poco rutinarias y que se desarrollan con un manejo importante tanto de maquinaria como de TICs.

Profesionales de la salud en actividades de salud humana/ Profesionales asociados de la salud en actividades de salud humana/Profesionales científicos e ingenieros asociados en actividades de construcción especializada.

3

0,54

27,29

Alto contenido físico, ahora sí por exigir de mucha fuerza y además de destreza. Intensivas en uso de maquinaria.

Trabajadores agrícolas cualificados en producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionadas/Trabajadores de la construcción y relacionados en actividades de construcción especializadas/Trabajadores de servicios personales en el setor de servicios de comida y bebida

Documentación Social  178

85

3

Sergio Torrejón Pérez

Monografía

4

0,50

21,74

Alto contenido físico, sobre todo por exigir de fuerza y destreza. Las menos intelectuales y sociales. Muy poca autonomía, poco trabajo en equipo y muy rutinarias. El manejo de maquinaria es clave, y apenas usan TIC.

Conductores y operarios de equipos pesados en el sector del transporte terrestre y por tuberías/ Limpiadores y ayudantes en servicios a edificios y actividades de jardinería/Limpiadores y ayudantes en actividades de hogares como empleados de personal doméstico.

5

0,60

18,80

Tareas poco físicas. Cierta importancia del procesamiento de información codificada, tanto verbal como sobre todo numérica. Tareas enfocadas a servicios. No exige prácticamente manejo de maquinaria y sí algo de TIC.

Trabajadores de ventas en comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas/Oficinistas en la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social/Trabajadores de ventas en comercio al por mayor, excepto vehículos de motor y motocicletas.

Fuente: elaboración propia.

86

Documentación Social  178

4 Pobreza, desigualdad y salarios Enrique Martín-Serrano Jiménez Sociólogo. Adjunto a la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas

Alfonso de Lara Guarch Actuario. Técnico en la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas Fecha de recepción: 12/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario 1. Introducción.  2. Pobreza.  3.  Desigualdad.   4. Pobreza laboral.  5.  Conclusiones.  6.  Bibliografía.

RESUMEN La crisis económica iniciada en 2008 ha sido enfrentada por una política económica y de empleo que ha priorizado la búsqueda de la competitividad de la economía sobre la base de la devaluación del factor trabajo, sin modificar la estructura productiva. Esta decisión ha provocado diversas consecuencias sobre el empleo, los salarios, y la distribución de la renta. Se trata de «nuevos» fenómenos (pobreza laboral, desigualdad, exclusión social…) que transcienden la propia crisis y amenazan con convertirse en estructurales hasta el punto que, de no corregirse, podrían incluso consolidarse como el cimiento de un nuevo modelo social y económico.

Palabras clave: Economía, crisis, pobreza, desigualdad, pobreza laboral.

Documentación Social  178

87

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

ABSTRACT The economic crisis that began in 2008 has been confronted by an economic and employment policies has prioritized the search for competitiveness of the economy by devaluation of labor, without change in the production structure. This decision has led to several consequences on employment, wages and income distribution. They are «news» phenomena (Labor poverty, inequality, social exclusion…) that transcends the crisis and threaten to become structural to the extent that, if will not corrected, could even establish itself as the foundation of a new social and economy model.

Key words: Economy, crisis, poverty, inequality, working poverty.

88

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

1

  INTRODUCCIÓN

En 2008 comenzó una de las crisis económica y social más graves que hemos conocido y que todavía padecemos, la que se empieza a denominar «La Gran Recesión». Esta crisis ha tenido importantes consecuencias en el tejido social del país. Millones de personas perdieron sus empleos con un importante riesgo, en muchos de los casos, de que terminen derivando en situaciones de exclusión laboral si no se toman medidas correctoras. Otros millones tienen trabajos precarios que, pese al empleo, les sitúa en riesgo de pobreza. La estrategia con la que se ha enfrentado la crisis ha antepuesto el sistema a las personas, así, por ejemplo, mientras se destinaba más de 60.000 millones de euros en salvar el sistema financiero, decenas de miles de personas fueron desahuciadas de sus viviendas al ser incapaces de hacer frente a sus préstamos hipotecarios. En España se ha tratado de salir de la crisis, buscando la competitividad de la economía devaluando el factor trabajo, sin modificar la estructura productiva. Esto ha provocado el incremento del porcentaje de población trabajadora en riesgo de pobreza. Una situación que rompe con la orientación que pretendía buscar un mejor modelo productivo, que basase su competitividad en valor añadido, que permitiera incrementar los salarios y establecer medidas redistributivas que luchasen contra las altas tasas de pobreza. Para poder hacer esto último, se requiere una reforma fiscal de profundidad que permita a las administraciones públicas contar con suficientes recursos para hacer frente a la pobreza actual y futura. La primera mediante transferencias sociales, más allá de las prestaciones contributivas de desempleo y de seguridad social. La segunda mediante el refuerzo de servicios públicos estratégicos entre los que destacan la educación y la salud. En el presente artículo se hace un repaso de cómo interactúan las diferentes variables (pobreza, desigualdad y salarios) que intervienen en esta compleja relación de modo que, a partir dicho análisis, puedan extraerse conclusiones y propuestas de actuación que vengan a corregir la situación actual.

2

 POBREZA

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, publicada en mayo de este año, los ingresos medios de los hogares entre 2009 y 2013 se han visto reducidos desde los 29.634 hasta 26.154 euros. Como es lógico, la reducción de los ingresos de los hogares ha venido acompañada con una caída de los gastos de estos(1). (1)  INE. España en cifras 2015.

Documentación Social  178

89

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Gráfico 1.  Ingresos y gastos medios por hogar 31.000 30.000

Euros

29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000

2009

2010

2011

2012

2013

Ingresos

29.634

28.206

27.747

26.775

26.154

Gastos

30.187

29.435

29.130

28.143

27.098

Este gráfico muestra la evolución de ingresos y gastos medios por hogar, donde se ve que ambas variables han caído severamente a lo largo de la crisis. Resulta interesante observar cómo han reducido los hogares sus gastos. En el siguiente cuadro se observa la distribución de gastos medios por persona en 2007 y 2014 a precios corrientes y a precios constantes. Recordemos que llamamos precios corrientes a aquellos que toman el valor nominal de los productos a lo largo de un periodo de tiempo, mientras que los precios constantes son aquellos que en el mismo periodo descuentan la evolución de los precios de los mismos, por lo que la evolución es debida exclusivamente al mayor o menor consumo de dichos productos. De este modo comprobamos como las personas han reducido el consumo (precios constantes) especialmente en alcohol y tabaco, artículos de vestir, mobiliario, transportes, ocio y restaurantes, incrementándolo en comunicaciones y en enseñanza. Pero si lo vemos a precios corrientes, se ha incrementado fuertemente el gasto (a precios corrientes) en enseñanza, vivienda y suministros. Entrando en cada subgrupo de consumo destaca como el gasto a precios constante de electricidad ha descendido un 1% frente al incremento a precios corrientes de más del 47%, o como en todas las fases de la enseñanza se reproduce esta situación, especialmente agravada en el caso de la educación superior e infantil.

90

Documentación Social  178

105 Enseñanza no definida por el grado

104 Educación superior

103 Formación profesional y enseñanza de régimen especial de grado medio

102 Educación secundaria general

101 Educación infantil y primaria

062 Servicios médicos y paramédicos extrahospitalarios

045 Electricidad, gas y otros combustibles

044 agua, basura, alcantarillado, gastos comunitarios, etc.

91

Documentación Social  178

Monografía

Total 12. Otros bienes y servicios 11. Hoteles, cafés y restaurantes 10. Enseñanza 9. Ocio, Espectáculos y cultura 8. Comunicaciones 7. Transportes 6. Salud 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 3. Artículos de vestir y calzado 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas

Precios constantes Precios corrientes 80%

Precio constante Precio corriente 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

4 Pobreza, desigualdad y salarios

Gráfico 2. Evolución entre 2007 y 2014 de gastos familiares a precios corrientes y constantes. Encuesta de Presupuestos Familiares

Gráfico 3. Evolución entre 2007 y 2014 de determinados gastos familiares a precios corrientes y constantes. Encuesta de Presupuestos familiares

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Para hacer frente a esta situación, desde CC. OO. se ha propuesto en su propuesta de reforma fiscal la bajada de la imposición indirecta en productos alimenticios básicos así como en electricidad. Se debe corregir igualmente los incrementos de precios en educación, especialmente evidente en el caso de las matrículas universitarias. Este encarecimiento de la educación no es en absoluto un tema menor. Existe una relación inversa entre el nivel de formación y la tasa de pobreza: Gráfico 4. Evolución de la tasa de pobreza en función del nivel educativo. ECV 35,0 30,0

Total

25,0

Educación primaria o inferior

20,0 15,0

Educación secundaria primera etapa

10,0

Educación secundaria segunda etapa Educación superior

5,0 0,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Con carácter general podemos afirmar que a mayor nivel formativo, menor riesgo de pobreza. Se ha producido sin embargo un fenómeno curioso en esta crisis. A pesar de que el riesgo de pobreza ha tendido a crecer con carácter general en todos los niveles formativos, sin embargo ha descendido ligeramente en el caso de las personas en el tramo de educación primaria o inferior. No obstante, este fenómeno puede quedar explicado por el hecho de que este colectivo es el que concentra en mayor medida a personas mayores y, como veremos más adelante, se ha producido un descenso del riesgo de pobreza entre los pensionistas que explica este movimiento como consecuencia de la estabilidad que hasta este momento han venido presentando el cobro de las pensiones públicas.

92

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

Cuadro 1. Porcentaje de pensiones de jubilación con complementos en función del nivel educativo del pensionista Agregado

Pensiones con complemento %

No sabe leer ni escribir

54 %

Titulación inferior al graduado escolar

33 %

Graduado escolar

23 %

Bachiller, FP 2.º grado

10 %

Licenciados

12 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2013.

Lógicamente, la menor educación tiene consecuencia primero sobre el salario y posteriormente sobre el importe de la pensión. En las prestaciones de jubilación causadas en 2013, se encuentra una relación inversamente proporcional entre el nivel de incidencia de pensiones mínimas y el nivel de formación adquirido. El encarecimiento de la formación tiene graves consecuencias en el futuro, condenando a muchas personas a la pobreza salvo que se tomen medidas correctoras que permitan a los hijos e hijas de personas con menores recursos recibir una educación adecuada (gratuidad, becas, precios accesibles, etc.). Por otro lado, la caída de los ingresos medios ha llevado a una reducción del umbral de la pobreza, que, de acuerdo con las convenciones internacionales, se sitúa en el 60% de la mediana de ingresos de los hogares. El siguiente cuadro muestra la evolución del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal y para otro con dos adultos y dos niños, de acuerdo con la Encuesta de condiciones de vida: Cuadro 2.  Evolución del umbral de pobreza. Ingresos del año

2009

2010

2011

2012

2013

Hogar de una persona

8.763

8.358

8.321

8.114

7.961

Hogar de 2 adultos y 2 niños

18.402

17.551

17.473

17.040

16.719

Fuente ECV 2014.

A pesar de la bajada del umbral de la pobreza, la población en riesgo de pobreza ha aumentado, especialmente el último año. De todas formas, debemos tener en cuenta que de no haberse tenido en cuenta la caída del umbral, el porcentaje de población bajo dicho punto hubiese ascendido severamente. La OCDE publicó recientemente un estudio sobre la evolución de pobreza durante la crisis y este es uno de los gráficos más impactantes. Documentación Social  178

93

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Gráfico 5. Variación en tasa absoluta y relativa de pobreza entre 2007 y 2011 Cambios en tasa absoluta de pobreza

20

Cambios en tasa relativa de pobreza

15 10 5 0 –5 OECD33

Chile Israel Eslovaquia Polonia Finlandia Corea Bélgica Reino Unido Alemania Canadá Suecia Austria Dinamarca Australia Noruega Francia Portugal Chequia Eslovenia Japón EEUU Nueva Zelanda Luxemburgo Países Bajos Estonia Italia Hungría México Islandia Irlanda España Grecia

–10

España es el país de la OCDE, excluyendo a Grecia, donde más ha crecido el ratio de pobreza absoluta durante los años 2007 a 2011. Mientras que la tasa relativa de pobreza se ha incrementado en dos puntos porcentuales, la tasa absoluta lo ha hecho en 8 puntos. La diferencia se produce por la caída del umbral de pobreza y, si tenemos en cuenta que los ingresos por hogar han seguido disminuyendo entre 2011 y 2013, podemos prever que el porcentaje seguirá creciendo. Cuadro 3.  Evolución de riesgo de pobreza en función de la edad Año de la encuesta

2010

2011

2012

2013

2014

Ingresos del año

2009

2010

2011

2012

2013

Total

20,7%

20,6%

20,8%

20,4%

22,2%

Menos de 16 años

28,8%

27,2%

26,9%

26,7%

30,1%

16 y más años

19,2%

19,4%

19,2%

19,2%

20,7%

De 16 a 64 años

18,6%

19,3%

20,9%

20,8%

23,2%

65 o más años

21,8%

19,8%

14,8%

12,7%

11,4%

Resulta interesante la evolución por tramos de edad, donde vemos que la población en riesgo de pobreza ha subido casi 5 puntos porcentuales entre las personas de 16 a 64 años, donde se concentran las personas en edad de trabajar, y disminuye casi a la mitad la de los mayores de 65 años, que en principio son pensionistas. En el caso de los mayores de 65 años la subida obedece a dos motivos. Por un lado, a que las altas de nuevos pensionistas se producen con una pensión media superior a la de las bajas, pero además, a causa de la relatividad de la variable, al bajar umbral aunque la pensión no sufra variación, un hogar que estuviera bajo el umbral de la pobreza puede pasar a estar por encima de él. 94

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

De estos datos se extrae la conclusión de que ha habido un proceso de empobrecimiento de la población y que este ha afectado principalmente a la población en edad de trabajar, aunque también los niños han sido víctimas indirectas de este proceso, al quedarse sus padres sin empleo o con empleos de peor calidad. Los datos de pobreza infantil son especialmente impactantes y sugieren la necesidad de establecer políticas de lucha contra la misma.

3

 DESIGUALDAD

Para agravar la situación, además hemos de indicar que este proceso de empobrecimiento tampoco se ha repartido equitativamente. Extrayendo datos de contabilidad nacional, entre 2007 y 2013 el PIB nominal disminuyó en cerca de 24.000 millones de euros, pero al descomponerlo en función de su distribución vemos que los asalariados perdieron 32.000 millones de euros, los trabajadores autónomos cerca de 25.000 mientras que los empresarios, accionistas y rentistas aumentaron su renta en más de 33.000 millones de euros(2). Gráfico 6.  Reparto de las rentas en función de tipo de renta

El reparto de la tarta 2007

2013 Autónomos

Autónomos 11,6%

13,9% 53,7%

Trabajadores asalariados

32,4%

Empresarios, rentistas y accionistas

51,7%

Trabajadores asalariados

36,7%

Empresarios, rentistas y accionistas

Fuente: Gabinete económico de CCOO a partir de la contabilidad del INE.

En la ECV se muestra la evolución de los límites inferiores de cada uno de los deciles en los que se puede descomponer la población en función de su nivel de renta. El cuadro muestra la renta media por hogar, calculada como los ingresos totales del hogar divididos por las unidades de consumo. El límite inferior del segundo decil es aquel hogar cuyo ingreso medio es (2) Revista En clave de Economía n.º 2, 2015, pág. 54, disponible en versión digital: www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o36098.pdf.

Documentación Social  178

95

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

superior al 10% de los hogares, el del tercer decil al del 20% de los hogares, y así sucesivamente: Cuadro 4.  Evolución de los deciles de renta. ECV Decil/año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Segundo

6.559,1

6.295,7

5.995,1

5.657,6

5.567,0

5.097,8

Tercer

8.787,6

8.602,3

8.122,9

8.122,9

8.051,5

7.427,0

Cuarto

10.915,0

10.776,6

10.062,5

9.925,7

9.697,2

9.345,9

Quinto

12.848,0

12.648,5

11.955,3

11.855,1

11.583,1

11.227,6

Sexto

14.794,7

14.605,1

13.929,5

13.867,8

13.523,6

13.268,8

Séptimo

17.041,4

16.889,9

16.156,6

15.986,0

15.736,4

15.458,5

Octavo

19701,3

19.739,3

18.898,2

18.933,6

18.293,2

18.348,0

Noveno

23.464,7

23.201,0

22.728,2

22.700,1

21.926,3

22.083,0

Décimo

29.638,4

29.713,5

28.879,0

28.769,2

27.860,5

27.781,7

Para facilitar la comparación vamos a ponerlo en base 100 en el año 2009. Gráfico 7.  Evolución de deciles de renta 2009-2014. ECV 105,0

100,0

Segundo Tercer

95,0

Cuarto Quinto

90,0

Sexto Séptimo

85,0

Octavo Noveno

80,0

Décimo

75,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Este gráfico muestra claramente cómo han sido las personas con menos renta las que más han sufrido la pérdida de ingresos. Este proceso se ha incrementado especialmente el último año, lo que explica el aumento de la tasa de riesgo de pobreza. 96

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

Este proceso, además, se ha cebado con los sectores más desprotegidos de la sociedad, con una virulencia no comparable con otros países(3). Gráfico 8. Evolución de ingresos por país entre 2007-2011. OCDE in-it-togetherwhy-less-inequality-benefits-all Evolución de ingresos por país (2007-2011). 6%

Evolución ingresos

4% 2% 0% –2% –4% –6% –8% –10%

OCDE33

–14%

Grecia Islandia Irlanda España Estonia México Portugal Italia Japón Reino Unido Hungría Países Bajos Nueva Zelanda Eslovenia Luxemburgo Francia EEUU Dinamarca Alemania Chequia Australia Noruega Finlandia Turquía Canadá Bélgica Israel Corea Austria Suecia Chile Polonia Eslovaquia

–12%

Países OCDE

Este gráfico muestra la evolución de los ingresos en función del país y dentro de él, del 10% más pobre (en azul), la mediana (en rojo) y el 10% más rico (en verde). En España, la mediana cae un 4%, cuarto país con mayor caída de la OCDE, después de Grecia, Islandia e Irlanda, pero si nos centramos en el 10% más pobre su caída llega al 13%, similar al de Grecia, mientras que el 10% más rico su caída está en el entorno del 1%, como en la media de la OCDE. Nuevamente es evidente que el empobrecimiento de la sociedad se ha producido más en unas capas que en otras.

4

  POBREZA LABORAL

Anteriormente, habíamos observado los datos de riesgo de pobreza según la edad. A continuación y a partir de la misma muestra estudiaremos los datos en función de la actividad.

(3)  Informe de la OCDE «In it together. Why less inequality benefits all», 2015. Disponible en versión digital: www.oecd.org/social/ in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm.

Documentación Social  178

97

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Cuadro 5.  Evolución del riesgo de pobreza en función de la actividad Tasa de riesgo de pobreza Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total mayores de 16 años

19,1

19,4

19,5

19,7

19,3

20,8

Ocupados

11,6

11,7

11,7

11,6

11,7

14,2

Parados

31,3

35,6

36,0

38,1

39,9

45,1

Jubilados

19,2

16,6

15,9

12,5

10,7

9,0

Otros inacivos

27,5

27,1

26,3

26,3

23,4

23,9

Dentro de este cuadro, nos vamos a centrar en los dos colectivos más golpeados por la crisis, junto al de la infancia, los ocupados y los parados. Estos últimos están sufriendo el agotamiento de las prestaciones, con un continuo descenso de la tasa de cobertura, mientras que los primeros vienen sufriendo empleos cada vez más precarios. Entre los parados, solamente el 20% de los parados registrados mantiene prestaciones contributivas. Un 35% cobran prestaciones asistenciales, principalmente el subsidio, y por tanto de menor cuantía, y ya un 45% no tienen rentas de desempleo. Gráfico 9.  Tasa de cobertura(4)

Título del eje

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2004

2005

2006

2007

2008

(%) cobertura.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(%) cobertura contributiva.

Respecto a los asalariados, a continuación se observan la evolución de los salarios en términos reales:

(4)  Tasa de cobertura media entre enero y julio de 2015.

98

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

Gráfico 10.  Evolución de los deciles salariales en términos reales(5). 110 105

Decil 1 Decil 2

100

Decil 3 Decil 4

95

Decil 5 Decil 6

90

Decil 7 Decil 8

85

Decil 9 Decil 10

80 75

Media

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Varios datos nos acercan a este punto. En la propia encuesta observamos el crecimiento de los hogares con baja intensidad de trabajo: Cuadro 6.  Evolución de indicadores de pobreza Año de la encuesta Ingresos del año

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

Indicador AROPE

26,1%

26,7%

27,2%

27,3%

29,2%

Riesgo de pobreza (1)

20,7%

20,6%

20,8%

20,4%

22,2%

4,9%

4,5%

5,8%

6,2%

7,1%

10,8%

13,4%

14,3%

15,7%

17,1%

Carencia material severa Baja intensidad de trabajo (2)

El porcentaje de población con baja intensidad en el empleo(6) se ha incrementado en casi un 60% en cuatro años.

(5)  Gráfico elaborado a partir de datos del En Clave de Economía n.º 2, 2015, elaborado por el Gabinete Económico de CCOO. (6)  Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%.

Documentación Social  178

99

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Gráfico 11. Promedio de horas efectivas 39 37 35 33 total hombres

31

mujeres 29

25

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2

27

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Este gráfico muestra el promedio de horas efectivas de trabajo desde 2008 hasta la actualidad, tanto en hombres como en mujeres, ha ido disminuyendo, por el incremento de los contratos a tiempo parcial, así como las reducciones de jornadas.

Gráfico 12. Tasa de riesgo de pobreza en ocupados en función de jornada de trabajo. Eurostat 40,0 35,0 Tiempo completo. Zona euro Tiempo completo. Nuevos miembros Tiempo completo. España

30,0 25,0 20,0

Tiempo parcial. Zona euro

15,0

Tiempo parcial. Nuevos miembros Tiempo parcial. España

10,0 5,0 0,0

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

Parte de la mayor tasa de pobreza en los tiempos parciales en España respecto al resto de Europa se explica por la causa del tiempo parcial. Mientras menos del 30% de las mujeres en tiempo parcial en Europa lo hace involuntariamente, este porcentaje se duplica en el caso español. En el caso de los hombres, los porcentajes son de 52% y 79%, respectivamente.

Gráfico 13. Tasa de involuntariedad de contratos a tiempo parcial entre trabajadores de 25 a 49 años en 2013. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0

0,0

Grecia Portugal España Bulgaria Italia Rumanía Chipre Hungria Letonia Polonia Irlanda Lituania Francia Croacia Eslovaquia Finlandia Suecia UE-28 UE-27 Dinamarca Rep. Checa Eslovenia Estonia Reino Unido Alemania Luxemburgo Malta Austria Bélgica Países Bajos

10,0

Mujeres

Hombres

Fuente: INE procedente de Encuesta europea de fuerza de trabajo.

En cuanto a los trabajadores a tiempo completo vemos una tasa de riesgo de pobreza del 10%, semejante a la de los nuevos estados miembros y muy superior a la de la zona euro. Pero es en el caso de los trabajadores a tiempo parcial donde se detectan el cambio, si hasta el 2007 se mantenía el diferencial de 3 o 4 puntos porcentuales con la zona euro existentes con respecto a quienes trabajaban a jornada completa, con la crisis se dispara a más de 10 puntos porcentuales, a pesar del crecimiento del porcentaje en Europa. Estos contratos a tiempo parcial encierran los conocidos minijobs que están provocando la pobreza entre la masa asalariada y que en parte de Europa evitan la pobreza gracias a las transferencias sociales, pero que en un país con pocos recursos fiscales, como España, condenan a la pobreza a 1 de cada 5 trabajadores en estas condiciones, relación que tiende a aumentar. Documentación Social  178

101

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

Gráfico 14. Reducción de la tasa de pobreza por las transferencias sociales, excluidas las pensiones –40% –35% –30% –25% –20% –15% –10% –5% 0% 2005

2006

2007 España

2008

2009 Zona euro

2010

2011

2012

2013

2014

Nuevos miembros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Este gráfico muestra la reducción de la tasa de pobreza causado por las transferencias sociales, excluidas las pensiones, vemos que históricamente la reducción era inferior en España que en la zona euro y que solamente con el incremento del desempleo, y por tanto con el incremento de las prestaciones contributivas y no contributivas, se ha ido acercando a la media europea y de la zona euro. Otro fenómeno que incrementa la desigualdad y la pobreza laboral es la polarización del empleo. Se disminuye el porcentaje de empleos con salarios medios, yéndose a aquellos con salarios bajos o altos. Al incrementarse el porcentaje de personas con trabajos de salarios bajos aumenta el número de personas en riesgo de pobreza. En muchos de estos casos, los contratos de trabajo son precarios, con alta tasas de temporalidad o de reducida jornada de trabajo. En este punto no resulta menor el hecho de que en la actualidad más del 50% del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (donde se encuadran 3 de cada 4 trabajadores en nuestro país) tengan un contrato temporal o a tiempo parcial, de modo que podamos afirmar que el empleo estable ha dejado de ser la forma más habitual de trabajo por cuenta ajena.

102

Documentación Social  178

Pobreza, desigualdad y salarios

4 Monografía

Gráfico 15.  Polarización del empleo(7)

5

Gráfico Nº15. Polarización del empleo.5

En este punto no resulta menor el hecho de que en la actualidad más del 50% del total  CONCLUSIONES de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (donde se encuadran 3 de cada 4 trabajadores en nuestro país) tengan un contrato temporal o a

parcial, de modo que podamos afirmar que el empleo estable ha dejado de ser La denominadatiempo Gran Recesión ha traído consigo un incremento de la pola forma más habitual de trabajo por cuenta ajena. breza y desigualdad en los países desarrollados y, dentro de estos, algunos como España se han visto especialmente afectados. 5

Boletín de Economía Española de Mayo de 2015 de Caixa Research. En España ya con anterioridad a la crisis mostraba una mayor tasa de po16 breza y desigualdad debido a un mercado productivo basado en productos y servicios de bajo valor añadido y a un sistema fiscal ineficiente e incapaz de financiar una verdadera política social, como demuestra la menor reducción de la tasa de pobreza una vez efectuadas las transferencias sociales distintas a las pensiones.

La actual crisis no hecho sino agravar este problema, aunque han sido particularmente las medidas para hacer frente a ella, entre otras la reforma laboral, las que han incrementado de manera sustancial el efecto de estas en el caso (7)  Boletín de Economía Española de Mayo de 2015 de Caixa Research.

Documentación Social  178

103

4

Enrique Martín-Serrano Jiménez y Alfonso de Lara Guarch

Monografía

de España. Los datos muestran que se ha producido una devaluación de los salarios, especialmente de los más bajos, a favor de las rentas empresariales. La crisis ha llevado a la pérdida de empleo de millones de personas, con grave riesgo de que se convierta en estructural y a un empeoramiento de las condiciones laborales con la reducción involuntaria de la jornada laboral, así como la reducción de los salarios por hora, incrementando de manera severa el riesgo de pobreza laboral. Para hacer frente a esta situación es necesario incrementar los recursos con los que cuenta el Estado, realizando una verdadera reforma fiscal, acercándonos a la media europea. Estos mayores recursos fiscales nos deben permitir financiar políticas sociales de corto, medio y largo plazo. Las primeras nos permitirían incrementar la efectividad de las transferencias sociales que redujera la tasa de pobreza –como la prestación de ingresos mínimos–, las segundas financiarían la formación de aquellas personas que en la burbuja inmobiliaria y financiera abandonaron prematuramente su educación y que ahora están condenadas, salvo que se tomen las medidas adecuadas, a formar parte de desempleo de larga duración o a empleos precarios. Por último, como medidas a largo plazo, se debe mejorar la política educativa, dotándola de mayores medios, pues está demostrado que resulta una herramienta esencial para la lucha contra la pobreza. Por tanto, se debe revertir lo ocurrido durante la crisis, que ha incrementado sensiblemente el precio de la educación, lo que va a aumentar el riesgo de pobreza de muchas personas, así como la desigualdad.

6

 BIBLIOGRAFÍA

CAIXA RESEARCH (2015): Boletín de Economía española. CC.OO – COMISIONES OBRERAS (2015): Revista En clave de Economía, nº2, Madrid: Gabinete técnico de la C.S de CC.OO. www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o36098.pdf INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2015): España en cifras. www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2015/ INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2014): Encuesta de Condiciones de Vida. www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1927&capsel=1924 OCDE – ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (2015): In it together. Why less inequality benefits all. www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefitsall_9789264235120-en#page1

104

Documentación Social  178

5 El impacto de las políticas activas de mercado de trabajo en España Miguel Á. Malo Universidad de Salamanca. [email protected]

Begoña Cueto Universidad de Oviedo Fecha de recepción: 13/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario

1.  ¿De qué hablamos cuando hablamos del impacto de las políticas activas?   2.  ¿Cómo de importantes son las políticas activas en España?   3.  Resultados: Principales características de las evaluaciones e impactos estimados.   4.  ¿Cuál es el impacto de conjunto?   5.  Discusión de los resultados y conclusiones.   6.  Bibliografía.

RESUMEN En este artículo, se realiza una primera revisión sistemática de las evaluaciones con grupo de control disponibles de políticas activas en España. La revisión incluye 12 investigaciones que suponen un total de 144 evaluaciones. Agrupando las evaluaciones en intermediación laboral, creación directa de empleo, cursos de formación e incentivos a la concentración se encuentran siempre impactos positivos en promedio. La creación directa de empleo aumenta hasta 10 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a un empleo, los cursos de formación entre 5 y 6 puntos, y los incentivos a la contratación algo menos de 4. No obstante, todos los efectos tienen una importante dispersión, de manera que cabe la posibilidad de que los impactos de estas políticas sean nulos. La principal consecuencia es que todas estas políticas deberían focalizarse bien en colectivos muy concretos con diseños que maximicen el impacto.

Palabras clave: Evaluación, grupo de control, cursos de formación, incentivos a la contratación, creación directa de empleo.

Documentación Social  178

105

5

Miguel Ángel Malo y Begoña Cueto

Monografía

ABSTRACT In this article, we present the first results of a systematic review of impact evaluations of active labour market policies, based on comparisons respect to a control group of non-beneficiaries. We review 12 researches including 144 impact evaluations. We aggregate active policies in four groups: labour market intermediation, direct job creation, training courses, and hiring incentives. On average, we find positive impacts on beneficiaries of these policies for all groups. Direct job creation increases 10 percentage points the employment probability, training courses do around 5-6 points, and hiring incentives do slightly less than 4. However, these average positive impacts have a significant dispersion. Then, null impacts of these policies are not excluded. The main implication of the result is focusing active policies on very specific groups of unemployed workers, designing policies in order to maximize impacts.

Key words: Evaluation, control group, training courses, hiring incentives, direct job creation.

106

Documentación Social  178

El impacto de las políticas activas de mercado de trabajo en España

5 Monografía

1

 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS?

Es un lugar común referirse a la importancia de las políticas activas para luchar contra el desempleo. Sin embargo, pocas veces ese juicio general está basado en un conocimiento claro del impacto de cada una de estas políticas sobre el acceso al empleo o los ingresos futuros sobre los beneficiarios. De hecho, el juicio más extendido entre los especialistas es que mientras que a nivel internacional se cuenta con multitud de evaluaciones del impacto de las políticas activas (y hasta se sistematizan en metaanálisis como los de Card y Kluve, 2009, Kluve, 2010 y Card et al., 2015), en España padecemos una escasez extrema de evaluaciones (Arranz et al., 2013; Rica, 2015). Conviene aclarar, no obstante, que en estos casos se está usando el término evaluación de una manera técnica. Dicho con otras palabras, nos estamos refiriendo a evaluaciones donde los beneficiarios de la política se están comparando con no beneficiarios que tienen las mismas características que los beneficiarios. Se trata, por tanto, de comparar a los beneficiarios de la política (llamado muchas veces «grupo de tratamiento») con un «grupo de control». El estándar ideal que siempre se persigue en esas evaluaciones es el de las condiciones de un experimento, es decir, que las personas estén en uno u otro grupo como si hubiese sido fruto del azar. Si se diera esa situación, entonces sus diferencias en resultados (por ejemplo, acceder algún empleo en el año posterior a enrolarse en un curso de formación) se debería a lo único que realmente diferencia a los grupos (en el ejemplo, haber hecho el curso de formación). Esto muchas veces no es sencillo, pero se puede diseñar la aplicación de las políticas de manera que se pueda considerar un experimento. A veces, por cuestiones éticas no es posible excluir a una serie de personas de una política por el mero hecho de hacer el experimento, pero sí que se hacen muchas veces experiencias piloto reducidas antes de lanzar un gran programa nacional. Esas son ocasiones en las que el diseño experimental puede aplicarse de manera muy efectiva. De hecho, en la última década se vive una especie de florecimiento de la evaluación experimental de diferentes políticas, en especial las relacionadas con la pobreza y el desarrollo(1). Afortunadamente, no solo pueden realizarse este tipo de evaluaciones cuando se hace un «experimento», sino que en muchas ocasiones a los datos disponibles (en especial de fuentes administrativas) se les pueden aplicar distintas metodologías estadísticas que (1)  Banerjee y Duflo (2012) es una revisión de cómo las evaluaciones experimentales se han utilizado para tomar decisiones sobre los programas de lucha contra la pobreza en todo el mundo. Glennerster y Takavarasha (2014) es una excelente introducción a la evaluación experimental, discutiendo en profundidad (y de manera práctica) cuándo es posible realizarlas y cuándo no.

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Monografía

permiten interpretar los resultados como si fuese fruto de la comparación de los beneficiarios con un grupo de control definido mediante un experimento. Aunque debe tenerse una cierta preocupación con la aplicación sin más de este tipo de metodologías (que requieren un conocimiento detallado del significado y recolección de los datos), sí que pueden utilizarse para medir el impacto que tiene la política sobre los beneficiarios de manera que esa medición no se vea entorpecida por otras variables. Es por esta razón, que tanto el impacto estimado por diseños experimentales como por estos otros métodos estadísticos tienen tanta importancia para la toma de decisiones. En este artículo, se presentan los primeros resultados de una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto disponibles en España en relación con las políticas activas de mercado de trabajo. Nuestra búsqueda muestra que no son pocas, sino que existe un número no desdeñable de ellas y comparable al de bastantes países europeos. Ahora bien, están muy concentradas en determinados tipos de evaluación, en el uso de datos administrativos de los servicios públicos de empleo y en ciertas comunidades autónomas. Aunque no es posible realizar un verdadero análisis estadístico en profundidad (un metaanálisis) del conjunto de investigaciones encontradas sí que es posible valorar el promedio de los impactos estimados, en especial para las políticas activas de formación y de incentivos para la contratación. El impacto es siempre positivo en promedio, pero esos impactos positivos tienen una elevada dispersión, de manera que el promedio es el resultado de impactos de tamaño muy variado incluyendo impactos nulos de las políticas. También reflexionamos la coherencia de lo encontrado con otros estudios con una perspectiva agregada, lo cual nos permite pasar a una reflexión de conjunto a partir de la cual se proponen una serie de recomendaciones sobre el futuro de las políticas activas.

2

  ¿CÓMO DE IMPORTANTES SON LAS POLÍTICAS ACTIVAS EN ESPAÑA?

Para poner en perspectiva todo nuestro análisis conviene detenerse un poco en cuánto supone el gasto en políticas activas en España y su evolución reciente. Los últimos datos de gasto en políticas de empleo publicados por Eurostat corresponden al año 2012. En los gráficos que siguen se muestran el gasto en políticas activas en términos de porcentaje de PIB (Gráfico 1) y de euros por persona que desea trabajar (Gráfico 2), en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Si atendemos a las cifras en términos de porcentaje del PIB, España se sitúa en el grupo de países con mayor nivel de gasto, por detrás de los países nórdicos, Holanda, Francia y Alemania. Dicho gasto se ha reducido durante el periodo de 108

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El impacto de las políticas activas de mercado de trabajo en España

5 Monografía

crisis, pasando de un 0,72% en 2007 a un 0,63% en 2012. Otros países que también han disminuido su gasto en políticas activas son Holanda, Francia y Alemania, destacando en especial este último que ha pasado de un 0,87% a un 0,69%. En cambio, los países nórdicos lo han aumentado. En particular, podemos señalar el caso de Dinamarca que incrementa su gasto de un 1,15% del PIB a un 1,98%. Gráfico 1.  Gasto en PAMT (en porcentaje del PIB) en 2007 y 2012 2,5

2007

2012

2,0

1,5

1,0

0,5

Estonia

Rumanía

Malta

Letonia

Eslovenia

Eslovaquia

Rep. Checa

Lituania

Reino Unido

Bulgaria

Hungría

Luxemburgo

Italia

Portugal

Bélgica

Polonia

Austria

Irlanda

España

Finlandia

Alemania

Francia

Suecia

Holanda

Dinamarca

0,0

Fuente: Eurostat.

En euros por persona, la situación de España cambia de forma sustancial. Nuestro gasto se situaba en torno a 2.500 euros por persona en 2007. Pero, además, el aumento del número de personas desempleadas (junto con el descenso del gasto) ha hecho que en 2012 se haya situado por debajo de los 1.000 euros (944). La situación relativa de España ha empeorado, alejándonos tanto de la media comunitaria como de los países con mayor nivel de gasto, pues la mayor parte de estos han aumentado su gasto por persona, en particular Dinamarca y Suecia, con cifras superiores a los 6.000 euros por persona. El gasto por persona de España se ha reducido en más de un 60%, la más alta de los países considerados. Solo comparable a lo ocurrido en Holanda o Irlanda, aunque en ambos países se superan los 3.000 euros por persona. Documentación Social  178

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Gráfico 2.  Gasto en PAMT (euros por persona que desea trabajar)

Fuente: Eurostat.

Finalmente, en el Gráfico 3 se representa la distribución por medidas del gasto en políticas activas. Junto a España se muestran dos países de la Unión Europea que se suelen usar como ejemplos de la importancia del gasto en estas políticas: Alemania y Finlandia. Gráfico 3.  Distribución del gasto en PAMT según medidas 0%

España

10%

20%

13,3%

30%

40%

23,8%

50%

60%

70%

34,3%

80%

90%

5,5% 5,3%

17,8%

4,1% Alemania

49,2%

32,3%

100%

4,8%

4,6% 5,0%

1,4% Finlandia

11,8%

Servicio Público de Empleo

52,2%

Formación

Creación directa de empleo

Fuente: Eurostat.

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15,3%

Incentivos al empleo Incentivos al autoempleo

10,3%

9,0%

Empleo protegido

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5 Monografía

Es inmediato que los tres países tienen modelos de gasto muy diferentes. Finlandia dedica la mayor parte a formación, distribuyendo el resto casi a partes iguales entre las restantes medidas, con la excepción de las ayudas a emprendedores que son una parte mínima. En Alemania, los servicios de empleo y la formación asumen más de tres cuartas partes del total, mientras que las restantes medidas son minoritarias. En cambio, en España, la parte principal está dedicada a las ayudas al empleo, seguidas de la formación. Además, debemos destacar que las ayudas al autoempleo suponen un 17,8% del total, siendo la partida que más ha crecido en los últimos años (en 2004 suponía un 5,4% del total). De hecho, supera al gasto en servicios de empleo. A pesar de la gran variedad que, incluso dentro del mismo tipo de medidas, presentan las políticas activas de empleo, estos datos nos permiten señalar que el modelo español no pasa por una orientación a los desempleados (mediante la potenciación de los servicios de empleo) o la (re)cualificación de los mismos (mediante formación), sino que apuesta por los incentivos al empleo o al autoempleo como forma de mejorar la inserción de las personas desempleadas (Malo, 2012). Los distintos modelos no pueden calificarse como positivos o negativos a priori, pues un mismo programa puede tener efectos positivos o negativos en función de sus características (destinatarios, forma de ejecución, etc.). Por ello, es fundamental, conocer cuál es el impacto de las diferentes medidas de políticas activas que se llevan a cabo(2).

3

 RESULTADOS: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES E IMPACTOS ESTIMADOS

La búsqueda sistemática realizada(3) ha dado lugar a 12 trabajos (artículos e informes) que contienen evaluaciones de impacto de políticas activas de mer(2)  Idealmente, no solo habría que hacer evaluaciones de impacto con grupo de control de las diferentes medidas activas, sino también compararlas de acuerdo con su coste-efectividad. (3)  La búsqueda se hizo a partir de palabras clave en Dialnet, Scopus y Google Académico (en español y en inglés). El objetivo era seleccionar evaluaciones de impacto experimentales, cuasiexperimentales o experimentos naturales. Así pues, se buscaron evaluaciones controlando por selección en los grupos de tratamiento y control. Solo se incluyen evaluaciones comparando con un grupo de control de no beneficiarios, no comparaciones entre programas. Tampoco se han considerado evaluaciones con grupo de control de programas dirigidos exclusivamente a colectivos específicos (como personas con discapacidad). Aparte de evaluaciones de programas concretos, también se han incluido evaluaciones basadas en métodos de diferencias en diferencias que buscaban estimar impactos generales de la puesta en marcha de algunas políticas activas. Posteriormente, se utilizó la propia bibliografía de los artículos encontrados para encontrar más investigaciones, en especial informes. A continuación, se revisaron los perfiles públicos de los autores de las evaluaciones encontradas por si contaban con algún trabajo más. También se revisaron las páginas web de los servicios públicos de empleo autonómicos. Después se procedió a agrupar algunas investigaciones encontradas de los mismos autores, realizadas con la misma base de datos sobre el mismo periodo de tiempo, a fin de seleccionar las que realmente ofrecieran resultados nuevos. En estos casos, optamos

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cado de trabajo en España. Como cada uno de ellos suele evaluar el impacto de varias políticas y sobre varios grupos (varones, mujeres, grupos de edad, etc.), esto supone un total de 144 evaluaciones. El Cuadro 1 muestra el número de evaluaciones elegidas en cada una de las investigaciones consideradas. Cuadro 1. Número de evaluaciones consideradas en las investigaciones revisadas N.º evaluaciones Arellano (2010)

Distribución (%) 12

8,3

Blázquez et al. (2012)

8

5,6

Borra et al. (2012)

8

5,6

Cansino y Sánchez (2011)

2

1,4

Clemente et al. (2012)

9

6,2

Clemente et al. (2014)

6

4,2

Cueto y Mato (2009)

9

6,3

18

12,5

6

4,2

Mato y Cueto (2008)

24

16,7

Méndez (2013)

36

25,0

Cueto et al. (2010) Gracía Pérez y Rebollo (2009)

Ramos et al. (2009) Total

6

4,2

144

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Sin tratarse de muchos trabajos tampoco puede considerarse que sean pocos. De hecho, en la revisión sistemática internacional de Kluve (2010) se puede comprobar que el país europeo en el que más estudios hay es Suecia con 23, pero que los demás países con mayor número de estudios están en torno a los 11 de Holanda y los 16 de Alemania. Así pues, ya no debería seguir siendo un lugar común decir que se cuenta con pocas evaluaciones de políticas activas en España. Ahora bien, más allá de la cantidad de evaluaciones España presenta dos diferencias fundamentales respecto de los países donde se realizan más evaluaciones: no contamos con ninguna evaluación experimental(4) (es decir, con grupo de control aleatorizado) y en ningún caso los artículos publicados presentan novedades radicales en cuanto a datos o metodologías. Lo primero supone una carencia importante, pues supone que los investigadores utilizan «lo que hay» para realizar por elegir solo uno de los trabajos, el más reciente y/o con más resultados de evaluación. Los 12 trabajos finalmente seleccionados (más los tres que contienen análisis de impactos agregados de políticas activas en España, que se discutirán más adelante) están citados en la subsección de bibliografía de trabajos revisados. Como solo se han considerado trabajos disponibles de forma pública, podrían existir más evaluaciones cuasiexperimentales en los servicios públicos de empleo autonómicos de carácter interno. El protocolo de búsqueda está basado en el procedimiento seguido en Kluve (2010). (4)  De las 144 evaluaciones, 93 aplican la técnica del Propensity Score Matching, 42 aplican diferencias en diferencias (dobles o triples) y 9 corrigen el sesgo de selección mediante el método de Heckman.

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las evaluaciones y que, incluso, rara vez (tan solo en Mato y Cueto, 2008, Cueto y Mato, 2009, y Borra et al., 2012) se utilizan encuestas para ampliar la información que ofrecen los datos administrativos y contar con información más amplia para la evaluación. Lo segundo se aprecia en los pocos trabajos que han conseguido llegar a revistas internacionales o a revistas nacionales con índice de impacto. Con todo, esto último puede ser un problema para los investigadores, pero no tanto para el objetivo de conocer la realidad española y de conseguir información que sea útil para el diseño de las políticas activas en España. De hecho, como casi todas las evaluaciones tienen como base datos administrativos, estas suelen tener detrás la colaboración con los servicios públicos de empleo autonómicos. En este sentido, las evaluaciones están concentradas en Aragón (15), Asturias (33), Cataluña (24) y Madrid (20)(5) y en la primera parte de la década de los años 2000. Por tanto, las evaluaciones corresponden sobre todo a un periodo de expansión económica y con dos excepciones (Cansino y Sánchez, 2001, y Borra et al., 2012, que usan datos de Sevilla) no hay evaluaciones con datos de servicios de empleo de comunidades autónomas donde el desempleo sea especialmente elevado. Mientras que lo primero puede crear un cierto sesgo a la baja en el tamaño de los impactos estimados (porque las políticas activas son más efectivas en tiempos de crisis; Card et al., 2015), lo segundo no debería afectar demasiado porque las evaluaciones revisadas también incluyen estimaciones de impacto para el conjunto de España. Hemos unido las evaluaciones en cuatro grandes grupos de políticas evaluadas: intermediación (mejora de la búsqueda de empleo), creación directa de empleo, formación e incentivos. La más evaluada es formación, seguida de incentivos (Cuadro 2). Como se vio en la introducción, estos dos grandes grupos de políticas activas son las que siempre han supuesto la mayor parte del presupuesto en España. En cuanto a los resultados evaluados, se aprecia que conseguir un empleo es el impacto más evaluado. Así, la probabilidad de tener un empleo en un cierto momento tras pasar por la política activa es el resultado que más se evalúa (55 evaluaciones). Además, la transición a un empleo durante un cierto lapso de tiempo es también de las más analizadas (51). El impacto sobre el empleo también se ha evaluado de otras formas en función de cómo esta información se encontraba en la base de datos correspondiente (meses trabajados tras enrolarse en la política activa o días transcurridos en situación de desempleo). Como muestra el Cuadro 2, el impacto sobre la probabilidad de tener empleo o haber conseguido un empleo en un cierto periodo tras la política, es (5)  Para España en su conjunto tenemos 42 evaluaciones, que proceden básicamente de investigaciones que utilizan técnicas de estimación llamadas diferencias en diferencias con datos que no suelen ser administrativos (Méndez, 2013) o no proceden de los servicios públicos de empleo (García Pérez y Rebollo, 2009). También se cuenta con una evaluación con datos administrativos de Sevilla, referido a los programas de formación en Casas de Oficio y Escuelas Taller (Cansino y Sánchez, 2011).

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siempre positivo en promedio: en la intermediación, esa probabilidad aumenta en casi 6 puntos porcentuales (pp); en la creación directa de empleo, llega a 10,5 pp; y en la formación a 5,6 pp. No es de extrañar que la probabilidad de acceder a un empleo sea mucho más elevada en las políticas de creación de empleo que en las de formación, ya que las primeras precisamente se basan en que proporcionan directamente un empleo a los beneficiarios. En cualquier caso, cabe preguntarse si un incremento de 5,6 a 6 pp sobre la probabilidad de acceder a un empleo es un impacto «grande» o «pequeño» de las políticas de formación y de intermediación. Resulta difícil contestar sin contar con datos que permitan complementar esta información con un análisis de costeefectividad para saber cuántos recursos hay que dedicar para conseguir estos incrementos en la probabilidad de encontrar un empleo. Un ejemplo numérico puede ayudar a valorar la cuestión. Imaginemos que el grupo de beneficiarios de la política consta de 100 personas y el de no beneficiarios (el grupo de control) de otros 100. Imaginemos que un año después en el grupo de no beneficiarios han encontrado empleo 50 personas. Como el grupo de beneficiarios es estadísticamente igual que el de control, también cabe esperar que 50 personas hayan encontrado empleo, pero en este grupo gracias a haber participado en la política de formación o de intermediación en realidad estarán trabajando 55 o 56 personas. No parece un impacto desdeñable. Ahora bien, teniendo en cuenta la información de los impactos mínimos y máximos estimados junto con la desviación típica, estos efectos positivos son promedios que no excluyen la posibilidad de impactos nulos (tanto en las políticas de creación directa de empleo como en las de formación)(6) . Esta última matización lo que significa, en términos del ejemplo, que aunque esperemos que en el grupo de 100 beneficiarios acaben encontrando un empleo entre 55 y 56 en lugar de 50, no se puede descartar que acaben encontrando un empleo solo 50 (igual que en el grupo que no fue beneficiario de las políticas). En lo que se refiere a las otras maneras de medir el impacto sobre el empleo, el impacto sobre el flujo de transición a un puesto de trabajo desde el desempleo es sensiblemente mayor en el caso de la formación (15,3 pp) que en el caso de los incentivos a la contratación (3,8 pp). En ambos casos, este promedio es el resultado de impactos de muy diferentes tamaños, pero el de la formación presenta menos desviaciones (aunque también incluye la posibilidad de que el impacto sea (6)  El valor negativo (–0,041) que aparece en el mínimo de formación se corresponde con el impacto estimado en Clemente et al. (2014; Cuadro 7) a los 3 meses de iniciados los cursos de formación. Este tipo de impacto negativo poco tiempo después de iniciado el curso de formación se conoce como el «efecto bloqueo» que a veces tienen los cursos de formación sobre los participantes. Al poco de iniciarse un curso, los beneficiarios no lo abandonan para aceptar una oferta de empleo que pueda llegarles, mientras que los miembros del grupo de control sí que suelen aceptar esas ofertas (pues no están realizando ningún tipo de curso y están plenamente disponibles). Incluso puede ocurrir que, una vez finalizado el curso, los formados no acepten las mismas ofertas de empleo que los no formados porque el curso ha aumentado sus expectativas en cuanto a qué empleos pueden aspirar. En Clemente et al. (2014) se aprecia que el mencionado efecto negativo desaparece a partir del cuarto mes de iniciado el curso.

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nulo). En cuanto a los meses trabajados, la creación directa de empleo en promedio aumenta en casi uno (0,9) esos meses trabajados, mientras que en el caso de la formación sobrepasa ligeramente el mes y medio (1,6 meses). En el caso de la creación directa, el promedio es bastante preciso y oscilaría entre un mínimo de 0,7 meses adicionales y 1,2. En el caso de la formación, no obstante, el impacto puede ser nulo. Respecto a los días en situación de desempleo, las políticas activas de formación disminuirían en algo más de tres meses (96,8 días) la permanencia en la situación de desempleo, teniendo este efecto, no obstante, una gran dispersión en torno a él (de acuerdo con su amplia desviación típica). Finalmente, el impacto sobre la probabilidad de conseguir un ajuste adecuado (en términos de cualificación) con la ocupación desempeñada, la formación consigue incrementar dicha probabilidad en casi 6 pp. El impacto sobre los ingresos es, de lejos, un resultado mucho menos evaluado (8 evaluaciones). Esto se debe no tanto a que este resultado no sea de interés, sino a que las bases de datos administrativas normalmente utilizadas (las de los servicios públicos de empleo) no incluyen esta información. Por tanto, los trabajos que evalúan el impacto sobre los ingresos o bien utilizan otras bases de datos o están basados en encuestas que recogen esta información de los individuos beneficiarios de las políticas y de aquellos que pertenecen al grupo de control. Los resultados muestran que las políticas activas de formación incrementan los ingresos en promedio, pero también que este impacto puede ser que sea nulo. Solo en una de las evaluaciones revisadas el efecto es significativo y positivo (80 euros adicionales al mes). Cuadro 2. Impactos estimados de las diferentes políticas activas de mercado de trabajo sobre distintas variables dependientes Políticas activas Búsqueda Creación directa

Formación

Incentivos

Total

Variable de Impacto Empleo Total Empleo Meses trabajados Total Emparejamiento ocupacional Empleo Ingresos Meses trabajados Días de desempleo Transición al empleo Total Transición al empleo Total Emparejamiento ocupacional Empleo Ingresos Meses trabajados Días de desempleo Transición al empleo Total

N.º Unidad de evaluaciones medida

1 pp 1 7 pp 3 Meses 10 4 pp 47 pp 8 Euros por mes 9 Meses 14 Días 9 pp 91 42 pp 42 4 pp 55 pp 8 Euros por mes 12 Meses 14 Días 51 pp 144

Media 5,92

Desv. típica

Mínimo Máximo 5,92

5,92

10,47 0,933

8,49 0,25

0,00 0,720

22,70 1,210

5,65 5,63 9,988 1,663 –96,831 15,28

3,03 7,07 28,25 1,53 152,62 8,98

1,30 -4,10 0,000 0,000 –467,000 0,00

7,90 27,60 79,900 4,080 –23,225 29,60

3,83

13,81

0,00

74,00

5,65 6,25 9,988 1,481 -96,831 5,85

3,03 7,30 28,25 1,35 152,62 13,74

1,30 –4,10 0,000 0,000 –467,000 0,00

7,90 27,60 79,900 4,080 –23,225 74,00

pp: puntos porcentuales.

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  ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE CONJUNTO?

La mayoría de las evaluaciones revisadas con anterioridad responden a programas específicos. Se trata de lo que se suele llamar evaluaciones «micro». Esto es importante porque podría suceder que un programa (por ejemplo, de cursos de formación a parados) incrementase la probabilidad de que los beneficiarios tuvieran un empleo un año más tarde en comparación con un grupo estadísticamente igual pero que no se beneficia de ese programa, pero que, a la vez, no aumentase la tasa de empleo agregada de la economía. ¿Cómo podría suceder algo así? Esto puede darse si el programa (por ejemplo, los cursos de formación) lo que hace es meramente cambiar de orden a los parados. Se trata de un efecto sustitución. En el caso de los incentivos a la contratación podría darse también un efecto desplazamiento, de manera que el incentivo monetario que facilita la contratación de los parados disminuyese los costes unitarios de producción de la empresa de manera que la hiciera más competitiva desplazando a otras empresas que no hubieran contratado a trabajadores con incentivos. Estas últimas empresas perderían cuota de mercado y no realizarían contrataciones que podrían haber llevado a cabo en otro caso. Así, a través de la competencia en el mercado de bienes, los incentivos pueden desplazar la contratación desde un tipo de parados a otros, dejando la tasa de empleo agregada de la economía constante. Por ello, no basta con realizar evaluaciones de impacto como las anteriores. También es necesario estimar el impacto agregado de las políticas activas de mercado de trabajo (conocido en ocasiones como evaluaciones «macro»). En España se han realizado unas cuantas estimaciones de este tipo. Siguiendo criterios semejantes a los seguidos para seleccionar las evaluaciones que hemos revisado tenemos, por orden cronológico, Davia et al. (2001), Alujas y López-Tamayo (2006) y Arranz et al. (2013). Estos trabajos coinciden en estimar efectos nulos o relativamente pequeños cuando son positivos tanto de los incentivos a la contratación como de la formación. En general, los resultados nulos parecen ser más frecuentes cuando se trata de medir el impacto sobre la tasa de paro (general o de larga duración) que cuando se mide el impacto sobre diferentes definiciones de flujo al empleo. En especial, Arranz et al. (2013), más reciente y que cubre un periodo más largo, 1987-2010, que los otros dos, incide especialmente en los nulos efectos que cabe esperar de las políticas generalizadas de incentivos a la contratación sobre el empleo agregado (indefinido o temporal). No obstante, estiman efectos positivos reducidos sobre el flujo del desempleo al empleo y desde el empleo temporal al indefinido (sobre todo, después de la reforma de 1997).

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  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las evaluaciones de impacto revisadas nos muestran en general efectos positivos de las políticas activas sobre diferentes resultados de acceso al empleo. Estos efectos parecen mayores para la formación que para los incentivos a la contratación. El tamaño estimado de los impactos, siendo positivo y no despreciable en promedio, en general no excluye la posibilidad de que los beneficiarios no vean mejorar sus resultados laborales gracias a las políticas. Dicho con otras palabras, aunque en promedio las políticas de formación sirven para mejorar las perspectivas de empleo, ese promedio esconde situaciones muy diversas que incluyen la posibilidad de no mejorar en absoluto. Lo mismo puede decirse de las políticas de incentivos a la contratación. Así pues, las evaluaciones de impacto no son contradictorias respecto de las estimaciones agregadas para el conjunto de la economía (las evaluaciones «macro» de la sección anterior). Nuestros resultados refuerzan algunas recomendaciones que están ahora encima de la mesa en cuanto a cómo deberían transformarse las políticas activas. En primer lugar, los incentivos a la contratación no parecen merecer el gran peso presupuestario que han recibido a lo largo de la expansión económica. Aparte de desviar parte de esas fondos a otras políticas activas que parecen más efectivas (intermediación, formación y creación directa de empleo), deberían focalizarse más en grupos de parados especialmente necesitados de mejorar sus resultados laborales. De esta manera, aunque finalmente el impacto sobre el nivel agregado de empleo sea relativamente pequeño, se habrá conseguido que se concentre en personas que estaban sufriendo graves problemas de integración laboral. En segundo lugar, la formación debería estar mejor diseñada y adaptada a las necesidades de los desempleados. Los resultados muestran impactos positivos que resultan de promediar resultados muy variados (incluidos impactos nulos). Casi con seguridad, este resultado tiene detrás la realidad de cursos muy distintos (unos muy efectivos y otros no). Cabe resaltar que saber qué es efectivo no se consigue meramente haciendo un seguimiento de los beneficiarios, sino comparando resultados de beneficiarios con resultados de no beneficiarios que son estadísticamente iguales a aquellos. Esto no es un prurito de investigadores que defienden su parcela de trabajo. Observar exclusivamente a los beneficiarios no informa de cuán efectivo es un curso de formación en comparación con no hacerlo y, en muchas ocasiones, incentiva a los organizadores a seleccionar como beneficiarios a los parados que mejores Documentación Social  178

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resultados cabe esperar que obtengan, es decir, aquellos parados que sin curso de formación también tendrían buenos resultados laborales. Por eso, resulta preocupante que el capítulo quinto de la reciente Ley 30/2015, de 9 de septiembre, del Sistema de Formación Profesional(7) no mencione una sola vez que tenga que haber evaluaciones con grupo de control y que las menciones a la evaluación es bastante claro que apuntan a observar solo los resultados laborales de los beneficiarios como herramienta clave para tomar decisiones sobre los cursos de formación. En tercer lugar, la ausencia de evidencia experimental es una grave limitación. Resulta urgente la realización de experimentos diseñados de forma fiable de principio a fin de manera que se pueda conocer el impacto de las políticas activas (en especial, la formación, la creación directa de empleo y la intermediación), contando con información de calidad recogida explícitamente para ello. España tiene los conocimientos y los recursos para hacerlo, aparte de tener un problema de desempleo de escaso parangón entre los países europeos. En cuarto lugar, las evaluaciones cuasiexperimentales (las que utilizan datos disponibles para definir a posteriori un grupo de control) están concentradas en muy pocas comunidades autónomas. Conviene que se extiendan a todas. Sería relativamente sencillo impulsarlas desde el Servicio Público de Empleo Estatal y coordinarlas a través de la organización administrativa existente de los servicios públicos de empleo. Esto tendría un coste reducido, pues los datos ya existen y lo único que se necesita es una extracción correcta de las bases de datos disponibles y un análisis que, hoy en día, es mucho más fácil de acometer gracias a diferentes paquetes estadísticos. Para finalizar, hay que recordar que las políticas activas son muy necesarias para combatir el desempleo que de forma tan grave afecta al mercado de trabajo español. Esto es crucial para quienes están en los extremos de su carrera laboral (jóvenes y mayores de 45 años) y para los colectivos más vulnerables (parados con bajo nivel de estudios, desempleados de larga duración, etc.). Sin embargo, disminuir de forma sensible la tasa de paro desde valores superiores al 20% hasta, por ejemplo, la mitad es una tarea en la que las políticas activas tienen que ser las compañeras de políticas macroeconómicas que traten al empleo como un objetivo al mismo nivel que, por ejemplo, el déficit público y no como un mero efecto colateral que traerá el crecimiento en algún momento futuro (Escudero et al., 2013). (7)  Dicha Ley se puede consultar en la siguiente dirección: www.boe.es/boe/dias/20 15/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf.

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 BIBLIOGRAFÍA

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Miguel Ángel Malo y Begoña Cueto

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*  Evaluaciones de políticas activas revisadas. †  Evaluaciones «macro».

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6 El retiro temporal como política igualitaria transformadora Alfredo Alfageme Universitat Jaume I [email protected]

Begoña García-Pastor Universitat Jaume I, UNED [email protected] Fecha de recepción: 17/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario

1.  El retiro temporal como política igualitaria transformadora.   2.  La perspectiva del curso vital.   3.  El retiro temporal a cambio de retrasar la jubilación RT.   4.  RT como política de no discriminación por edad.   5.  RT como política de igualdad de género.   6.  RT como política compensadora de desigualdades «de clase».   7.  Conclusiones: una propuesta con potencial transformador e igualitario.   8.  Bibliografía.

RESUMEN Se viene desarrollando recientemente una propuesta de redistribución del trabajo a lo largo de la vida consistente en el disfrute voluntario de periodos de retiro temporal remunerado a cambio de retrasar proporcionalmente la edad de jubilación (RT). Las personas podrían así dedicarse a lo largo de la vida a diferentes tareas, remuneradas o no (como la formación o el trabajo de cuidados), en función de sus deseos y necesidades. El objetivo de este artículo es argumentar, desde planteamientos sociológicos, el potencial de esta propuesta como política de igualdad, desde tres frentes al menos: como política de no discriminación por razones de edad, como política de igualdad de género, y como política compensadora de desigualdades económicas o «de clase».

Palabras clave: Retiro temporal, jubilación, curso vital, igualdad, aprendizaje a lo largo de la vida, conciliación.

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Alfedo Alfageme y Begoña García-Pastor

Monografía

ABSTRACT A recent proposal to redistribute the time people spend in work throughout the life course, known as temporary exit (TE), consists of giving workers the opportunity to take temporary periods of voluntary paid exit from employment over the life course, in exchange for a proportional delay in the age of retirement. Workers could accommodate personal and family needs and wishes (caring, learning and other activities) throughout the life course. The aim of this paper is to argue, from sociological approaches, the egalitarian potential of this proposal, in three ways: as a non-age-discriminatory policy, as a gender policy, and as a policy to compensate economic or «class» inequalities.

Key words: Temporary exit from employment, retirement, life course, equality, lifelong learning, work-life balance.

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El retiro temporal como política igualitaria transformadora

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  EL RETIRO TEMPORAL COMO POLÍTICA IGUALITARIA TRANSFORMADORA

Entendemos por «retiro temporal» (RT) el disfrute de periodos de abandono temporal, total o parcial, del empleo, percibiendo remuneración, a cambio de retrasar proporcionalmente la edad de jubilación o, de un modo más radical, como alternativa a la jubilación. Las y los miembros del equipo de investigación sobre Sociología del Envejecimiento de la Universitat Jaume I de Castelló venimos trabajando sobre esta propuesta desde hace ya varios años, apoyándonos principalmente en aportaciones provenientes de la sociología del envejecimiento, del curso vital y de género, y argumentando y discutiendo su adecuación, como política pública, a las sociedades europeas de nuestro tiempo. En este trabajo, proponemos una revisión del estado de la cuestión y una argumentación de las posibilidades del retiro temporal como política igualitaria o política compensadora de desigualdades sociales.

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  LA PERSPECTIVA DEL CURSO VITAL

Desde la perspectiva del curso vital, fundamental en esta investigación, se reconoce la centralidad del trabajo y el papel de las instituciones en la definición de un curso vital basado en la edad, que ha dado lugar a una división tripartita de la vida en etapas: formación, trabajo y retiro (Henretta, 2003; Settersten, 2006; Guillemard, 2009). Esta estructura trifásica del curso vital se puede considerar desfasada no solo por la amplia presencia de personas de edad avanzada que se encuentran en buenas condiciones de salud y capacidad en las sociedades actuales sino, especialmente acaso, por su carácter androcéntrico. El curso vital estructurado en tres fases se basa en la centralidad del trabajo remunerado, a partir de una división sexual del trabajo en un sentido más amplio (remunerado o no) instituida desde los inicios de la sociedad industrial. Tanto desde un punto de vista material como simbólico, esta organización social de tiempos y trabajos menosprecia el trabajo no remunerado, aunque sea igual de necesario, y a quienes lo desempeñan, que en su mayoría siguen siendo mujeres (Carrasco, Borderías y Torns, 2011). La necesidad de tiempos de abandono del trabajo remunerado, para realizar otros trabajos no remunerados, ha sido reconocida, entre otros, por la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Naegele et al., 2003). En un contexto de cambio estructural en que las etapas de formación y retiro se están alargando y las etapas de trabajo remunerado se están acortando, se reconoce especialmente la necesidad creciente de establecer periodos paralelos

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Monografía

de trabajo y no trabajo, ya sea por razones familiares, de formación o preparación para segundos o terceros empleos, u otras, lo que conduciría a su vez a una prolongación de la participación laboral a edades avanzadas (op. cit., p. 26 y ss.). Por otra parte, teniendo especialmente en cuenta las tendencias demográficas de nuestras sociedades, se ha propuesto también una redistribución del trabajo a lo largo del curso vital, sobre todo hacia edades avanzadas, lo que sería factible a partir de una expansión del trabajo a tiempo parcial tanto antes como después de las edades establecidas actualmente para la jubilación, y permitiría además a las personas adultas jóvenes dedicarse en mayor medida a la concepción y crianza de niños y niñas (Vaupel y Loichinger, 2006; Vaupel y Kistowski, 2008). A partir de estas consideraciones, nos parece evidente que, cada vez con mayor claridad, las políticas de juventud, o de envejecimiento, tienden a fundirse en políticas de curso vital. En palabras de Marshall (2001): «[…] there is a wealth of research knowledge –and also, increasingly, policy development– around issues such as education, the transition from education to initial employment, and problems of youth unemployment; and there is a large literature on retirement itself and on the transition from paid employment to full retirement. But rarely is it recognized that such age- or stage-specific phenomena are linked». A su vez, la perspectiva de género debe estar presente en todos los casos si no se quieren obviar situaciones y procesos relevantes y, a menudo, indispensables para comprender mejor y más ampliamente la complejidad de las realidades sociales.

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 EL RETIRO TEMPORAL A CAMBIO DE RETRASAR LA JUBILACIÓN

Una propuesta reciente, concreta y práctica, consiste en el disfrute voluntario de periodos de retiro temporal remunerado a lo largo de la vida a cambio de retrasar proporcionalmente la edad de jubilación (RT) y después de haber acumulado algunos años de cotización (ocho o diez años de empleo, por ejemplo, podrían dar derecho a un máximo de dos o tres años de retiro temporal remunerado). No se trata de un «recorte» sino de una alternativa a la jubilación temprana o a la jubilación en buenas condiciones de salud y capacidad. Recordemos que la esperanza de vida libre de discapacidades en la mayoría de países europeos se sitúa aproximadamente entre los 70 y 75 años de edad(1). Durante esa etapa comprendida entre la jubilación y la vejez –midcourse stage (Moen, 2006)–, la mayoría de las personas están en condiciones de mantener una vida activa en todos los sentidos, incluido, obviamente, el trabajo remunerado. Una previsión, por ejemplo, de continuar trabajando hasta los 70-75 años parece muy razonable teniendo en cuenta (1)  Véase el sitio web EurOhex. Advanced research on European health expentancies: www.ehemu.eu.

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el estado general de salud y capacidad de la mayoría de las personas europeas que rondan esas edades. La alternativa RT es defendible como política social focalizada en el curso vital y adecuada a nuestro tiempo, a la vista, por una parte, de las necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida (Alfageme, 2014) y, por otra, del reconocimiento igualitario de la necesidad de realización de tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico o de cuidados, también a lo largo de toda la vida (García-Pastor y Viñado, 2013). En definitiva, RT dotaría de mayor libertad a las personas que tienen que trabajar para sobrevivir (que son la mayoría) para organizar su vida en aspectos relevantes. En esta línea, la idea del retiro temporal, como alternativa parcial o total a la jubilación, ha sido argumentada a partir de bases filosóficas y sociológicas (Seguí-Cosme y Alfageme, 2008), y ha sido defendida como una alternativa adecuada para enfrentar procesos de edadismo y sexismo (Alfageme, García-Pastor y Viñado, 2012a). Más recientemente, la propuesta RT ha sido evaluada, utilizando una variante del método Delphi, por personas expertas españolas en ciencias sociales en general y en sociología de la vejez en particular (Alfageme, García-Pastor y Viñado, 2014). La opinión más extendida entre estas personas es que el derecho al disfrute de periodos de retiro temporal remunerado a lo largo de la vida estaría justificado sobre todo para tareas de cuidado o de formación, siempre con un carácter voluntario, y afectando a la jubilación moderadamente. Es conveniente destacar esto último, ya que cabe una propuesta más radical de RT basada en tres puntos: abolición de la jubilación, establecimiento de tiempos de retiro por tiempos de trabajo remunerado (dos o tres años por cada diez trabajados, por ejemplo) a lo largo de toda la vida, y regulación muy atenta de las prestaciones por discapacidad permanente. Esta propuesta, sin embargo, parece poco viable dado el arraigo cultural/institucional de la jubilación, incluso entre personas expertas en sociología de la vejez, conscientes sin duda de la arbitrariedad de la edad de jubilación y del riesgo de exclusión social que lleva consigo el retiro forzoso del trabajo remunerado (op. cit.). Por ello, la propuesta sobre la que trabajamos en las investigaciones que nos ocupan actualmente es más moderada, considerando, por ejemplo, un tiempo aproximado de cinco años de retiro temporal anticipado, a repartir a lo largo de la vida laboralmente activa, y de aplazamiento consecuente de la jubilación. Hemos de hacer referencia, antes de continuar, a las similitudes y diferencias entre RT y las políticas de renta básica (RB). Ambas propuestas se basan en una concepción de la libertad como autonomía (Raventós y Casassas, 2003; Seguí-Cosme y Alfageme, 2008). Sin embargo, RB se presenta como un derecho de ciudadanía, mientras que RT tiene un alcance más limitado y se vincula al trabajo remunerado. RB, por tanto, tendría un efecto más inmediato Documentación Social  178

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y directo sobre las desigualdades sociales y, en concreto, sobre la pobreza, mientras que RT propone una transformación estructural de la sociedad en un aspecto clave como es el trabajo en un sentido amplio, lo que habría de tener consecuencias igualitarias profundas, aunque no tan inmediatas, en el resto de ámbitos de interacción social (familia, relaciones de género, etc.). Las fuentes de financiación que suelen proponerse son también diferentes. Todo ello hace pensar en RB y RT como propuestas no alternativas, sino genuinamente complementarias.

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  RT COMO POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN POR EDAD

Idealmente, la jubilación coincidiría con la vejez o el ser mayor. Sin embargo, la diferenciación de semejante etapa de la vida es muy discutible. Incluso aceptando cierto grado de desvinculación (disengagement) ligado al envejecimiento de acuerdo con la vieja teoría formulada por Cumming y Henry (1961), no se justifica el establecimiento general de una edad de retiro, que siempre será una simplificación de las cosas. Desde hace décadas, las teorías de la dependencia estructurada de las personas mayores (Walker, 1980; Townsend, 1981) y de la economía política del envejecimiento (Minkler y Estes, 1984) han cuestionado, por edadistas (ageist), las políticas de jubilación. En este punto, nos parece conveniente desmontar algunos de los prejuicios probablemente más arraigados acerca de la capacidad y la disposición de las personas mayores hacia el trabajo. La investigación sugiere que trabajar a edades avanzadas ayuda a la mayoría de las personas a mantener su bienestar general (Calvo, 2006). Esto no tendría por qué extrañar a quienes, sin entrar a discutir la jubilación, abogan por un envejecimiento «satisfactorio» (Rowe y Kahn, 1998), «productivo» (Bass y Caro, 2001) o, en definitiva, un envejecimiento activo. Estos conceptos deben ser bien entendidos en tanto que, por ejemplo, el concepto de «envejecimiento activo» no engloba únicamente la promoción de actividades económicamente productivas o relativamente exigentes físicamente, sino también la creación de un conjunto más amplio de oportunidades y facilidades que no excluya a las personas que se encuentran en situaciones de fragilidad o dependencia severa (Walker, 2002; Walker y Maltby, 2012; Boudiny, 2013) y que, por tanto, es razonable que estén jubiladas, así como a personas que, teniendo derecho a ello, sencillamente prefieren jubilarse y cobrar una pensión. Por otra parte, el hecho de percibir el retiro como algo elegido y no obligado influye profundamente en la satisfacción psicológica de las personas (Calvo, Haverstick y Sass, 2007; Van Solinge y Henkens, 2008). Afloran cuestiones 126

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de género, ya que esta influencia parece ser mayor en el caso de los hombres (Nordenmark y Stattin, 2009). Con todo, la relación entre salud y retiro es compleja y bidireccional, y la investigación al respecto no es concluyente (Oksanen y Virtanen, 2012). Por su parte, las escasas investigaciones realizadas sobre empleadores y trabajadores mayores sugieren la existencia de relaciones complejas entre actitudes y prácticas, y apuntan hacia la necesidad de políticas de empleo que no discriminen a las personas mayores, y que presten atención a las capacidades individuales y no a los estereotipos de edad (Brooke y Taylor 2005; Loretto y White, 2006). Un buen ejemplo es el Age Barriers Project, en el que participaron varios países europeos, y que mostró que son posibles buenas prácticas en este sentido, de la mano, por ejemplo, de políticas de formación a lo largo de la vida (Walker, 2002). En esta línea, diferentes investigaciones han llegado a la conclusión de que, si de verdad se quiere conseguir que las personas mayores continúen en sus empleos, hay que proporcionar oportunidades reales y acordar una regulación más flexible del trabajo y del retiro (Siegenthaler y Brenner, 2000; Dychtwald, Erickson y Morison, 2004; Peterson y Murphy, 2010; Szinovacz, 2011; Oakman y Wells, 2013). Sin embargo, en un tono más radical y acaso más clarificador, la extensión lógica de las políticas de no discriminación por edad sería, en palabras de Walker (2002), «[…] the abolition of mandatory retirement ages (because age barrier retirement is age-discriminatory, and uniform pension ages make no sense in a era of diversity) and to have, instead, minimun pension ages. […] (a flexible decade of retirement is one possible model)». El mismo autor apuesta por una sociedad para todas las edades, mediante una estrategia de envejecimiento activo focalizada en el curso vital en su conjunto. RT apunta claramente en esta dirección, como una genuina política de curso vital que incorpora una forma concreta de flexibilización de la edad de jubilación y que, a su vez, sitúa en lugar preferente las necesidades y deseos de las personas a lo largo de la vida.

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  RT COMO POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Como decíamos, el curso vital estructurado en tres fases (aprendizaje, trabajo y retiro) se basa en la centralidad del trabajo remunerado, a partir de una división sexual del trabajo en un sentido más amplio (remunerado o no) instituida desde los inicios de la sociedad industrial, y esta organización social de tiempos y trabajos menosprecia el trabajo no remunerado. La relevancia constatada del género y de las circunstancias familiares para cualquier análisis de las relaciones entre los procesos de retiro y bienestar psicológico (Kim y Moen, 2002; Coursolle et al., 2010) nos parece muy ilustrativa. Cuestiones de Documentación Social  178

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género influyen en los procesos de retiro, si bien la relación es compleja dadas por ejemplo sus interacciones con cuestiones de clase social (Radl, 2012; 2013). Para comprenderlo mejor, es relevante no pensar exclusivamente en transiciones al retiro a partir de trayectorias típicamente masculinas (Loretto y Vickerstaff, 2015). Hace ya varios años que contamos con evidencias de que existen diferencias notables entre mujeres y hombres en cuanto a actitudes hacia el empleo y el retiro, diferencias que son a su vez relevantes para el diseño de políticas de empleo y pensiones (Ginn y Arber, 1996). Acorde con ello, según un estudio reciente, la calidad de vida a edades avanzadas en el caso de los hombres se corresponde más con una trayectoria laboral previa regular y con un retiro tardío, mientras que, en el caso de las mujeres, se corresponde con historias laborales y de trabajo doméstico más diversas (Wahrendorf, 2014). A pesar de las coacciones ejercidas históricamente mediante el sistema de género para masculinizar el trabajo remunerado y feminizar el no remunerado, la mayoría de mujeres siempre ha trabajado cobrando o sin cobrar, dentro y fuera del hogar (Borderías, Carrasco y Alemany, 1994). Su introducción formal masiva en el mercado laboral rompe progresivamente con la división sexual del trabajo característica de la sociedad industrial, desdibujando la frontera entre el trabajo productivo y el reproductivo desarrollados por los hombres y las mujeres, fuera y dentro de la familia respectivamente. En las sociedades postindustriales, no podemos continuar pensando en ambos tipos de trabajo como actividades humanas excluyentes, que pueden desarrollarse en ámbitos sociales independientes. Hoy en día, la mayoría de las personas empleadas, especialmente las mujeres, asumen al mismo tiempo las responsabilidades de trabajar para ganar un salario y atender el trabajo doméstico y de cuidado, tanto en lo relativo a los progenitores como a la descendencia. Dicotomías del tipo espacio público/privado, vida laboral/familiar, remunerado/no remunerado, para clasificar los trabajos que aseguran la subsistencia y ordenarlos jerárquicamente en virtud del sexo de quien los realiza, ya no son aplicables actualmente. Los cambios en los modelos de familia y la superación progresiva de la heteronormatividad difuminan los roles de género tradicionales y las diferencias de comportamiento real de hombres y mujeres (Tobío, 2012). Del modelo de hombre «gana pan» se ha pasado al de «sustentador universal», que incluye a las mujeres incorporadas, formal o informalmente, al mercado laboral. Sin embargo, no sucede lo mismo con la cuestión de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres con respecto al trabajo doméstico-familiar y de cuidado. Siguen siendo ellas las que más trabajan en casa y cuidan de los demás, a pesar de su presencia masiva en el mercado laboral. Los hombres todavía no se han corresponsabilizado masivamente de la parte que les toca del trabajo no remunerado. Frente a la figura de «sustentador

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universal» referida a ambos sexos, la de «cuidadora universal» continúa, en la práctica cotidiana, escribiéndose en femenino. Las «cuidadoras universales» sufren frecuentemente esa falta de corresponsabilidad social entre hombres y mujeres, sin poder todavía acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y, por tanto, persiste una desigualdad de género que impide avanzar en la construcción de sociedades más democráticas. En consonancia con los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, propios de las sociedades de nuestro tiempo, venimos defendiendo y desarrollando una propuesta de política de igualdad, centrada en la redistribución de los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado. Como tal política de igualdad de género, RT parte de la consideración del carácter androcéntrico de la estructura trifásica del curso vital: aprendizaje escolar -trabajo remunerado- retiro. La propuesta ha sido defendida como una alternativa adecuada para enfrentar procesos de sexismo (Alfageme, García-Pastor y Viñado, 2012a), generando debates interesantes (Ginn, 2012; Alfageme, García-Pastor y Viñado, 2012b). A la hora de regular el acceso a estos periodos de retiro temporal remunerado, así como de garantizar, una vez disfrutado el retiro, el regreso al empleo que se dejó, se podría considerar la posibilidad de dar prioridad a trabajadores y trabajadoras que experimenten determinadas necesidades (nacimiento de criaturas, cuidado de otras personas dependientes, formación, etc.). Cabe también la posibilidad de que el retiro temporal del empleo sea solo parcial, compatibilizando retiro temporal y empleo a tiempo parcial, y sendas remuneraciones, retrasando también proporcionalmente la edad de jubilación. La propuesta del RT para dedicarse a cuidar responde a los actuales modelos familiares de uno o más sustentadores universales, sean hombres o mujeres. Siendo compatible con las medidas para la conciliación que ya existen(2), y teniendo en cuenta que toda persona empleada podría utilizar el RT para cuidar de quien lo necesite, esta política pretende fomentar más sustancialmente la igualdad de género en el mercado de trabajo y en el hogar, y la libertad de elección de ambos sexos. Tanto hombres como mujeres tendrían más facilidades para distribuir tiempos o trabajos, en un sentido amplio, en función de sus deseos y necesidades a lo largo de toda su vida adulta. Muchas de las dificultades del diseño de políticas de conciliación que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres estriban en el hecho de que, de lo que en definitiva se trata, es de implicar a los hombres en el trabajo de cuidados, propiciando un proceso de transformación social desde el paradigma tradicional de la masculinidad hegemónica hacia otros modelos relacionales que parten de, o incluyen, nuevas masculinidades (Salazar, 2013: 36 y (2)  Entre estas y para el caso de España, destacamos las medidas para la conciliación recogidas en la Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres.

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ss.). Parece razonable que propuestas novedosas que pretenden incorporar a los hombres en las políticas de género, como RT, estén ligadas al empleo, recogiendo derechos individuales de conciliación, y considerando adecuadamente la duración y la remuneración de los permisos necesarios. La propuesta del RT, al plantear la necesidad de conciliar la vida laboral con la familiar como un hecho ineludible para todo el mundo, y no solo para las mujeres, pretende empujar a los hombres hacia el hogar, enfatizando la importancia del trabajo de cuidado y doméstico-familiar. De esta forma, se podría contribuir a la desestigmatización de las mujeres como «únicas cuidadoras universales» y aumentar su reconocimiento social como ciudadanas de pleno derecho que, además de los valores del cuidado, representan la transformación política hacia la igualdad de género.

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  RT COMO POLÍTICA COMPENSADORA DE DESIGUALDADES «DE CLASE»

Tratamos de plantear un nuevo marco legal más igualitario que atienda especialmente a la creación de oportunidades para las personas que necesitan trabajar para sobrevivir, utilizando buena parte de los recursos destinados al pago de las pensiones de jubilación. Desde la sociología del trabajo y a la vista de los cambios que viene experimentando el mercado de trabajo en el escenario postfordista, Alonso (2004) proponía también nuevas fórmulas de articulación de la actividad y la inactividad laboral, muy similares a RT: el funcionamiento de la jubilación se suavizaría y reajustaría en periodos mucho más dilatados, con derechos de libranza a cualquier edad, bajo ciertas condiciones, a lo largo de la vida. En cualquier caso, es evidente el papel que las políticas de aprendizaje a lo largo de toda la vida están llamadas a desempeñar, como políticas de igualdad, en la actual sociedad de la información o sociedad del conocimiento. En palabras de Guillemard (2013), «lifelong education should become a reality». Así, podemos analizar las potencialidades de RT como política facilitadora en este sentido y, por tanto, como política muy indicada para la superación de desigualdades educativas entre personas adultas, facilitando el acceso a la formación a las personas que están trabajando en empleos remunerados y que no pueden o no quieren renunciar a unos ingresos estables. Se trataría así de convertir la educación formal de personas adultas en un derecho realmente accesible para todas las personas, con independencia de su condición económica de partida. Se reconoce ampliamente la relevancia de la educación formal de cara a la superación de desigualdades sociales. En particular, es fundamental la educa130

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ción inclusiva en las primeras etapas de la vida, y sobre ello trabajan grupos de investigación educativa recibiendo financiación europea(3). Sin embargo, las autoridades educativas no siempre atienden las recomendaciones que emanan de la investigación científica de calidad, o no siempre se dispone de los recursos adecuados para llevar a cabo las acciones más pertinentes. Por ello, entre otras razones, persisten desigualdades educativas que, probablemente, podrían ser compensadas en etapas posteriores de la vida, en la edad adulta concretamente, siempre que el marco legal y las inversiones sean los adecuados para tal fin. En esta línea opera la propuesta que estamos analizando aquí. Por otra parte y con independencia de las desigualdades sociales debidas a la desigualdad de oportunidades educativas en las primeras etapas de la vida, podemos afirmar que, actualmente, existe un acuerdo claro acerca de las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, también por supuesto a edades avanzadas, en la llamada «sociedad de la información», caracterizada entre otras cosas por el dinamismo que impone la rapidez de los procesos de desarrollo tecnológico. Sin embargo, a pesar de este amplio reconocimiento, no parece que haya un acuerdo tan claro en cuanto al modo o modos de hacer frente a estas necesidades. Probablemente, las razones de esta falta de acuerdo tienen mucho que ver con las inercias históricas de la institucionalización del curso vital en tres fases (formación, trabajo y retiro). Por tanto, hay al menos dos vastos conjuntos de actividades cuya realización es necesaria a lo largo de toda la vida, en grados muy diversos, y condicionadas por una amplia gama de circunstancias. Nos hemos referido, por una parte, a las tareas de cuidado, y nos referimos ahora, por otra, a la formación. Aquella organización relativamente inflexible del curso vital tenía más sentido en sociedades poco cambiantes y también menos igualitarias. La sociedad de la información requiere mayor flexibilidad en este sentido, sin que ello suponga, como ocurre a menudo, una acentuación de las desigualdades merced a las desiguales posibilidades de acceso a los recursos educativos a lo largo de la vida adulta de las personas. De hecho, por ejemplo, no todos los programas educativos para personas adultas cumplen una función realmente emancipadora; muchos de tales programas reproducen, más que previenen, desigualdades sociales, y a menudo subyacen a los programas ciertos intereses de control que no tienen nada que ver con los intereses de las personas adultas que acuden a ellos (Cusak, 1999; Glendenning, 2000; Formosa, 2002). El resultado de la escolarización en las primeras etapas de la vida es la división social, ya sea por razón de las capacidades y deseos individuales (pers(3)  Véase la página web del proyecto INCLUD-ED, «Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education»: http:// creaub.info/included.

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pectiva funcionalista) o por los antecedentes sociales (teorías de la reproducción y similares). Como tantas veces, cada perspectiva permite comprender aspectos parciales de una realidad que es compleja y multidimensional, y no se deja abarcar bien desde planteamientos simples. Ambos enfoques, sin embargo, están atascados en cierto modo, en tanto que no consideran el potencial transformador y crítico de las escuelas, de los maestros y maestras, en la actual sociedad de la información. Sobre esto, como decíamos más arriba, trabajan equipos de investigación de reconocida excelencia en Europa (ver por ejemplo Aubert et al., 2008). Desde una perspectiva crítica del curso vital, en la que tenemos especial interés aquí, podemos afirmar que las divisiones sociales que, de una u otra manera, se producen a través de la escuela son especialmente relevantes, porque son en muchos casos definitivas, debido en gran parte a que la educación escolar solo es accesible, en la práctica y para la inmensa mayoría de las personas, en las primeras etapas de la vida. El sistema no subvenciona ni promueve suficientemente el acceso a las instituciones educativas formales por parte de las personas adultas, lo que supone desventajas relativas muy claras para las clases trabajadoras con menos recursos, que se ven a menudo confinadas, desde su juventud y para toda la vida, a la ignorancia del saber académico o sistemático y a trabajos considerados de baja cualificación y peor pagados. La Comisión Europea publicó en 2001 una comunicación titulada Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Para concretar el concepto de Life Long Learning, se partía de la definición establecida en el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, pero la fase de consultas reveló, al parecer, una inquietud generalizada ante la presencia demasiado dominante de las dimensiones de empleo y mercado laboral. Así, se fueron consensuando una serie de objetivos en torno a la realización personal y la integración social, además de los de empleabilidad y adaptabilidad, proponiéndose la siguiente definición de aprendizaje permanente: «all learning activity undertaken throughout life, within the aim of improving knowledge, skills and competences with a personal, civic, social and/or employment-related perspective» (Commission of the European Communities, 2001). Si no se tienen en cuenta las desigualdades sociales, las consideraciones críticas al respecto son evidentes. Las personas y las familias que más necesitan los ingresos procedentes del trabajo remunerado son las que, en la práctica, tienen menos posibilidades de aprendizaje formal a lo largo de la vida (salvo que puedan, de acuerdo con la propuesta RT que aquí estamos desarrollando, disfrutar de periodos de retiro temporal suficientemente prolongados y remunerados). Cabría esperar que, si las personas tuviésemos posibilidades, reconocidas y promovidas socialmente, de ordenar nuestro curso vital de modo diferente al convencional, lo haríamos, probablemente, en bastantes ocasiones. Esta cuestión está sien-

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do objeto preferente de investigación social(4). Pensemos, por ejemplo, en madres y padres con bebés recién nacidos a los que quieren dedicar una mayor parte de su tiempo; o en personas que decidirían dedicarse a cuidar a otras –a sus ascendientes mayores, pongamos por caso– por razones de dependencia. Pensemos, simplemente, en personas que optarían por retirarse temporalmente de sus actividades remuneradas para dedicarse a otras que no lo son, incluyendo entre estas, por supuesto, la formación. Todo ello se enmarcaría en un saludable proceso que ayudaría, además, a superar la monotonía vital y el burnout que experimentan tantas personas trabajadoras, redundando a menudo en niveles más elevados de satisfacción personal y rendimiento laboral (recordemos que, para algunas profesiones, se considera la posibilidad de disfrutar de periodos relativamente largos de descanso relativo, o años sabáticos). El establecimiento del derecho al disfrute de periodos temporales de retiro remunerado a lo largo de la vida empoderaría a hombres y mujeres de la clase trabajadora, dotándolos de mayor autonomía y capacidad de negociación en un aspecto relevante como es la distribución de los tiempos de trabajo (dentro o fuera del hogar), formación, descanso, etc., a lo largo de la vida. Ante la existencia de posibilidades reales de RT a lo largo de la vida, es de esperar que las instituciones educativas adaptasen su oferta a las nuevas situaciones. Las relaciones intergeneracionales en el ámbito escolar podrían ser una realidad. Se nos antoja muy saludable e interesante la posibilidad de romper con la triste imagen de trabajadores y trabajadoras, tanto del ámbito obrero como doméstico u otros, consternados por no haber tenido en su juventud las oportunidades formativas que hubieran deseado o que desean ahora. Para los sectores sociales menos favorecidos, la toma de conciencia de la importancia de la formación escolar llega tarde, lo que se compensaría, en parte al menos, si dispusieran de recursos (tiempo y dinero) para el aprendizaje formal en la etapa adulta. Estamos hablando de aspectos muy relevantes para la igualdad de oportunidades entre las personas y sectores sociales. En el caso de las universidades, iniciativas del tipo de los programas universitarios para mayores, a los que nos hemos referido en otras ocasiones (Alfageme, 2007; 2014), podrían realmente abrirse a todas las edades. A su vez, tendría mucho más sentido y sería realmente efectiva una regulación más flexible tanto del acceso como del funcionamiento de los estudios universitarios reglados, de modo que estén realmente abiertos a personas de cualquier edad y condición social.

(4)  El grupo de investigación sobre Sociología del Envejecimiento de la Universitat Jaume I ha desarrollado recientemente dos proyectos: uno financiado por la propia Universidad, titulado «Alternativas a la jubilación: Demanda potencial y viabilidad del retiro temporal del trabajo remunerado a lo largo de la vida», y otro financiado por el Instituto de la Mujer, titulado «Más allá de las medidas para la conciliación: El retiro temporal del trabajo remunerado como política de igualdad».

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 CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA CON POTENCIAL TRANSFORMADOR E IGUALITARIO

Defendemos, por tanto, la necesidad de abordar tanto la cuestión del aprendizaje como la del trabajo de cuidados a lo largo de la vida dentro de un conjunto amplio de actividades que las personas realizan a lo largo de sus vidas. La formación y el cuidado son actividades tan necesarias y dignas de valoración como el trabajo remunerado. Su consideración conjunta justifica mejor la necesidad de distribuir los tiempos de retiro remunerado a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de las personas, en lugar de concentrar el retiro en el tercio final. La propuesta RT es potencialmente transformadora y, como tal, puede parecer utópica o difícilmente realizable. Sin embargo, en nuestra opinión, es socialmente recomendable y económicamente viable, teniendo en cuenta que las posibilidades de regulación son amplísimas(5). Se trata de una política dirigida a las personas jóvenes y adultas de nuestro tiempo, cuya esperanza de vida libre de discapacidades ronda los 75 años y que, por ejemplo, podrían disfrutar anticipadamente, según sus deseos y necesidades, de hasta 8 o 10 años de retiro temporal remunerado, retrasando proporcionalmente la edad de su retiro definitivo. Sin embargo, aquellas estructuras tradicionales (la construcción del ya caduco curso vital trifásico) parecen muy arraigadas, desde la formación escolar en las primeras etapas de la vida hasta la jubilación en la fase final. Quizá por ello es difícil que las reformas parciales (como la generalidad de las medidas para la conciliación o los programas de formación de personas adultas y mayores) tengan resultados satisfactorios, o quizá ha llegado el momento de diseñar, valorar y poner en práctica políticas o reformas estructurales de mayor alcance. Desde nuestro punto de vista, es necesario un abordaje integral de los procesos de formación, trabajo y retiro a lo largo de toda la vida, considerando de forma relacional todo el conjunto de tareas (formación, trabajo remunerado, no remunerado y cuidados) que deben ser realizadas necesariamente a lo largo de la vida, y considerando a su vez la igualdad de oportunidades (5)  Somos conscientes de la necesidad de investigación más específica sobre la viabilidad económica de RT. Su implantación supondría una anticipación parcial de pagos de pensiones que se habrían de realizar más adelante y que, por tanto, ya no serían pagos por pensiones de jubilación, sino por retiro temporal. Esta anticipación del gasto tendría un sentido coyuntural evidente, dado el estadio sociodemográfico en que se encuentran actualmente la mayoría de países europeos, con la generación del baby boom en edad laboral. Así, además de crear empleo de forma inmediata, el esfuerzo presupuestario que supondría el adelanto de las prestaciones para financiar RT reduciría el gran esfuerzo que se prevé para el pago de pensiones de jubilación durante las próximas décadas. El papel del estado no sería por tanto el de mero pagador de subvenciones, sino que ejercería un papel genuinamente regulador, lo que podríamos considerar especialmente adecuado a los tiempos que corren.

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en todos los ámbitos como un requisito democrático. Venimos defendiendo que la propuesta RT podría resultar decisiva en esta línea transformadora y orientada a compensar simultáneamente desigualdades por razones de edad, género y clase social.

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7 Flexibilidad y reformas laborales José Ignacio Pérez Infante Economista [email protected]

Fecha de recepción: 16/11/2015 Fecha de aceptación: 14/12/2015

Sumario

1.  Introducción: la flexibilidad laboral, una constante de las reformas laborales.   2.  La flexibilidad laboral y la teoría económica convencional.   3.  Las reformas laborales y la flexibilidad laboral.   4.  ¿Cuál es el impacto de conjunto?.   5. Bibliografía.

RESUMEN El artículo analiza la relación existente entre las reformas laborales aprobadas a lo largo de la última crisis económica y la flexibilidad laboral, en concreto, la flexibilidad salarial. Para ello, en primer lugar se tiene en cuenta cuál es el modelo ideal de mercado de trabajo que considera la economía convencional, en concreto los supuestos e hipótesis fundamentales del mercado de trabajo y las consecuencias en los resultados sobre el empleo, el paro y los salarios de la existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, que lo alejan del mercado ideal de trabajo perfectamente competitivo. De este análisis se deriva la necesidad de reformas laborales que flexibilicen y desregularicen el mercado de trabajo en distintos aspectos o facetas. Este es el camino que han seguido casi todas las reformas laborales aprobadas desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y, en concreto, las aprobadas a lo largo de la última crisis económica. Pero, como se estudia en el artículo, los resultados reales de las reformas laborales distan mucho de los resultados previstos por los defensores de esas reformas.

Palabras clave: Reformas laborales, flexibilidad laboral, salarios y empleo.

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ABSTRACT The paper analysis the existent relation between labour reforms approved during the last economic crisis and the labour market flexibility, specifically, income flexibility. To do this, in first place, it keeps in mind which is the ideal model of labour market that conventional economy considers, in particular the assumptions and fundamental hypothesis of labour market and the consequences in the results about work, unemployment and salaries, of imperfections existed in the labour market, which distance it from the ideal labour market perfectly competitive. From this analysis arise the necessity of labour reforms which increase flexibility and deregulate the labour market on different aspects or facets. This is the way that have been followed almost all the labour reforms appróved since the Statute of Workers of 1980 and, in particular, the labours reforms approved over the last economic crisis. But, as it is studied in the article, the real results of labour reforms are far away from the planned results by the defenders of those reforms.

Key words: Labour reforms, labour flexibility, salaries and employment.

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Flexibilidad y reformas laborales

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 INTRODUCCIÓN: LA FLEXIBILIDAD LABORAL, UNA CONSTANTE DE LAS REFORMAS LABORALES

En artículos anteriores(1) señalaba que las distintas reformas que se habían puesto en marcha a lo largo de la crisis económica, las más destacadas las de 2010 y 2011, aprobadas por el PSOE, y la del 2012 y posteriores a esta, aprobadas por el PP, tenían una serie de elementos o características comunes. Entre estos elementos y características comunes de las reformas laborales destacaba su aprobación y desarrollo por el gobierno sin consenso con los interlocutores sociales; la aprobación, al menos inicialmente, por Real Decreto Ley por razones de urgencia y unilateralmente, como un acto de imposición política sin discutir mi mucho menos consensuar con otros partidos políticos; la aprobación bajo la presión de la Unión Europea y distintos organismos económicos internacionales; y, en suma, que esas reformas laborales se han demostrado totalmente incapaces no solo para favorecer la creación de empleo, sino, lo que puede resultar más paradójico según los objetivos declarados por los gobiernos que las aprobaron, para cambiar la dinámica de la dualidad del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos. Pero, también, un elemento común muy relevante aunque con diferente grado de radicalidad, ha sido la finalidad fundamental de esas reformas laborales, la mayor flexibilidad de las relaciones laborales y del mercado de trabajo, su tendencia a la desregulación y a la desprotección de los trabajadores. Por otro lado, desde 2010 las reformas laborales aprobadas formaban parte de una estrategia más global de política económica que incluye la austeridad fiscal con la finalidad de reducir el déficit público y la deuda pública. Como se señalaba en Pérez Infante (2015c), la mayor flexibilidad laboral, junto con la política de austeridad fiscal, se ha convertido en una obsesión o mantra en la que insisten organismos e instituciones, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI o la OCDE o el mismo Banco de España dentro de nuestras fronteras, que insisten continuamente, incluso a principios de 2016 cuando se escribe este artículo, en sus recomendaciones y presiones a los gobiernos de España, independientemente de cuál sea el signo político del gobierno correspondiente y de las numerosas reformas laborales ya aprobadas no solo desde el inicio de la crisis sino desde la misma aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980. Es cierto que no todas las reformas aprobadas en las últimas décadas y, en particular, desde el comienzo de la crisis económica tienen el mismo rango de (1)  Pérez Infante, 2013a y 2015c.

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ambición, radicalidad e intensidad en lo que a la flexibilidad y desregulación se refiere, destacando, entre todas ellas, la aprobada inicialmente por el gobierno del PP, apenas dos meses después de constituido, en febrero de 2012, por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, posteriormente convertido en la Ley 3/2012, de 6 de julio, con el mismo título que el Real Decreto Ley, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y después de la tramitación parlamentaria que introdujo algún cambio nada anecdótico, como el final de la ultraactividad a partir de transcurrido un período de un año desde el término de la fecha de la vigencia del convenio, cuando en la norma inicial, el Real Decreto Ley 3/2012, el periodo que debía transcurrir era de dos años. Pues, precisamente, el objetivo principal de este artículo es analizar como la finalidad prioritaria perseguida por las reformas laborales aprobadas durante la crisis es la flexibilidad laboral, haciendo especial hincapié en la de 2012(2), la más radical de todas ellas. También el artículo pretende analizar cómo se ha llegado a esas reformas, al convencimiento de los gobiernos que las aprobaron que había que profundizar e intensificar la flexibilidad laboral, que había que introducir nuevos cambios normativos que fueran en esa dirección, a pesar de que el empleo en España ha sido desde, al menos, mediados de la década de los ochenta del siglo pasado muy fluctuante, al ser uno de los países de la UE con mayor elasticidad empleo-producción tanto en las fases de crecimiento económico como en las de estancamiento y retroceso de la actividad económica, y de que los salarios reales percibidos por los trabajadores venían disminuyendo notablemente desde finales de 2009. Y para comprender la génesis de esta relación entre flexibilidad y reformas laborales parece oportuno citar un pasaje del Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz en el libro La gran brecha(3), que, al tratar de las causas explicativas de la Gran Recesión iniciada en EE. UU. a mediados de 2007, señalaba: «Pero, en mi opinión, la culpa es sobre todo de una mezcla de ideología y presión de los grupos de intereses, la misma mezcla que ha producido el aumento de las desigualdades…». Ya hemos indicado que el origen y la naturaleza de las reformas laborales y, en particular, de la de 2012 se explica en gran medida por las presiones e, incluso, imposiciones de determinadas instituciones y organismos económicos, ejemplo destacado de las cuales es la carta enviada al presidente Zapatero en agosto de 2011 y firmada por los gobernadores del Banco Central Europeo y el Banco de España de entonces, señores Trichet y Fernández Ordoñez, que provocó de forma inmediata cambios normativos en materia laboral de cierta relevancia en el mismo mes de agosto(4) y la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. (2)  Un análisis de las reformas anteriores puede verse en Pérez Infante, 1999, 2009 y 2013a. (3)  Stiglitz, 2015, páginas 30-31. (4)  Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto.

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En este contexto, también tuvieron un papel determinante las presiones de determinados interés internos constatadas en múltiples declaraciones y posicionamientos de notables representantes de la CEOE y del gran capital empresarial y bancario español, dirigidos a facilitar y abaratar el despido, debilitar la negociación colectiva y, en suma, aumentar el poder de negociación de los empresarios en detrimento del de los trabajadores. Pero, además, de la presión de los organismos económicos citados y de los grupos de interés internos, se necesitaba una ideología a favor que justificara la aprobación de esas reformas laborales y esa ideología la proporcionaba la economía convencional, de raíz neoliberal en su mayoría, que sustituyó y puso fin a partir de la crisis del petróleo de mediados de la década de los setenta del pasado siglo a la economía de raíz keynesiana, y que ha venido respaldando desde entonces pero, sobre todo, desde principios de la década siguiente, la de los ochenta del siglo xx, la política conservadora y neoliberal que, iniciada por los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Regan en EE. UU.(5), se ha mantenido durante las décadas posteriores por gobiernos de la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo tan distintos y diversos como los de Tony Blair en Reino Unido, Bill Clinton en EE. UU., George Busch, padre e hijo también en EE. UU., August Pinochet en Chile y Boris Yeltsin en Rusia o José María Aznar, e, incluso, Felipe González, en España(6,7). El planteamiento neoliberal se consolida como estrategia de política económica, suprimiendo todo atisbo de política keynesiana, a principios de la década de los ochenta del siglo pasado con el llamado «consenso de Washington», expresión acuñada por el economista neoliberal John Willianson, que, entre otros aspectos, primaba la disciplina fiscal y el freno al déficit presupuestario, la reducción del gasto público, la liberalización comercial, la liberalización financiera, la privatización de las empresas públicas y la desregulación de la economía. Todo ello reforzó la política neoliberal de la gran mayoría de los países y el desarrollo cada vez mayor dentro de la economía convencional de ese carácter neoliberal, del predominio del mercado sobre las actuaciones del sector público, del objetivo principal de la lucha contra la inflación y la eliminación del déficit público sobre la creación del empleo y, en última instancia, la desregulación y la flexibilización de los distintos mercados, entre ellos el financiero y el laboral. (5)  Margaret Thatcher gobernó en Reino Unido de 1979 a 1980 y Ronald Reagan en EE. UU. de 1981 a 1988. (6)  Una síntesis de la ideología neoliberal y de su plasmación en la política puede consultarse en Steger y Ray (2011) y un repaso muy ameno e interesante de los argumentos de los economistas neoliberales en Petrini, R (2010). (7)  Aunque el planteamiento de José María Aznar sea mucho más radical y extremista que el de Felipe González, y que en los gobiernos de este se desarrollara con una fuerza desconocida hasta entonces el estado del bienestar, la política económica desarrollada por sus tres ministros de economía, Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes, puede considerarse como de corte neoliberal. Por otra parte, la predominante en esa época en los países de la Comunidad Europea, primero, y Unión Europea, después, y en la estrategia de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo.

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Esta estrategia neoliberal fue dominante hasta los comienzos de la última crisis económica, iniciada en EE. UU. a mediados 2007 y transmitida con mayor o menor prontitud e intensidad al resto del mundo desarrollado, especialmente a Europa. A principios de la crisis y, de una forma más organizada y coherente a partir de la reunión del G-20 de noviembre de 2008, se produjo una interrupción de la estrategia neoliberal con una vuelta, regreso, según la terminología utilizada en Skidelsky (2009)(8), a la economía keynesiana de estímulos e incentivos económicos mediante la política fiscal, aumento de gasto público y reducción de impuestos. Pero este giro de la política económica, duró poco y se volvió a producir otro cambio muy sustancial de la política económica, sobre todo en Europa(9), retornando a la naturaleza neoliberal de las políticas de austeridad, reducción de gasto público, sobre todo sociales y en infraestructuras, y aumento de impuestos, aparte de la necesidad de nuevas reformas estructurales, entre las que las laborales no fueron, desde luego, las de menor importancia. España no fue ni mucho menos una excepción en esta evolución de la política económica a lo largo de la crisis económica. A mediados de 2009 el gobierno del PSOE estableció un conjunto de medidas fiscales de incentivos económicos de carácter claramente keynesiano, de estímulos a la actividad económica, incrementando el gasto público (Plan E), mientras que en materia de reformas laborales se limitaba a favorecer las suspensiones temporales de los contratos indefinidos y la reducción de la jornada para que las empresas con dificultades económicas utilizaran esos instrumentos en vez de despedir a los trabajadores(10). Pero en mayo de 2010, coincidiendo con el primer rescate griego, y después de intensas presiones de las instituciones europeas, el presidente Zapatero modificó radicalmente la política económica, sustituyendo las políticas fiscales keynesianas de incentivos a la producción y al empleo por la política opuesta de austeridad fiscal, de recortes de gastos públicos y aumento de impuestos. A la vez que aprobaba la reforma laboral de 2010(11) con notables modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en la dirección de una mayor flexibilidad laboral, aunque todavía no fuera tan drástica y contundente como la de 2012(12). A partir de entonces la política de austeridad y de flexibilidad laboral se acentúa e intensifica considerablemente. Primero en 2011, todavía con el gobierno del PSOE, con la reforma de la negociación colectiva y la aprobación de (8)  Robert Skidelsky es conocido principalmente por ser el autor de la biografía seminal de Keynes, escrita en 2003 y publicada en España en 2013 como Skidelsky (2013). (9)  En EE. UU. y en otros países emergentes se mantuvo una política de incentivos económicos. (10)  Estas normas se aprobaron primero por el Real Decreto Ley 27/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección por desempleo, que, después, con alguna modificación, se convirtió en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de igual título. (11)  Aprobada por el Real Decreto Ley 12/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma laboral del mercado de trabajo, que, posteriormente, se convirtió en la ley 35/2010, de 17 de septiembre, también de igual nombre. (12)­  En relación con la reforma laboral de 2010 puede consultarse Pérez Infante 2010a, 2010b y 2013a.

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nuevas normas en materia laboral(13) y con nuevos recortes en materia de gasto público y nuevos aumentos de impuestos y, sobre todo, con la citada reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que consolida el objetivo del déficit cero y la preferencia absoluta de la amortización y pago de intereses de la deuda pública sobre cualquier gasto público y, especialmente, social, como prestaciones por desempleo, pensiones y salarios públicos(14). Pero todos estos cambios tan profundos y sustanciales no fueron suficientes, ya que el nuevo gobierno del PP, a pesar de sus ofertas electorales en la dirección contraria, pero en coherencia con su ideología conservadora y neoliberal, y, no olvidemos, con las presiones crecientes de los organismos económicos internacionales y, sobre todo, de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Además, esas presiones se convirtieron en imposiciones con el rescate financiero de España de mediados del 2012, rescate del sistema financiero, pero rescate al fin de cuentas de la economía española, a pesar de la consideración del presidente del gobierno, señor Rajoy, de su gobierno y del partido que lo sustentaba como un mero préstamo europeo, encima barato y beneficioso como si de un regalo se tratara. Pues bien, a partir de enero de 2012 el gobierno del PP aprueba nuevos y muy importantes recortes de gastos públicos, en gran medida sociales, y nuevos aumentos de impuestos, tanto directos como indirectos, y en la materia que nos concierne la reforma laboral de 2012 y posteriormente otras numerosas reformas laborales en una dirección similar de flexibilización del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, que, en general, complementan, e, incluso, profundizan en esa misma dirección(15). En este contexto, el artículo pretende explicar la relación existente entre la flexibilidad y las reformas laborales aprobadas desde 2010, y, en concreto, de la de 2012, aunque esta relación sea más general y amplia, afectando a prácticamente a todo el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Para ello, en el segundo apartado del artículo se analiza la consideración de la flexibilidad en la teoría convencional, en el tercer apartado se plantea la traslación de la flexibilidad a las reformas laborales aprobadas durante la crisis, entre las que ocupa (13)  La reforma de la negociación colectiva se aprobó por el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva y los cambios en materia laboral de agosto de 2011 por el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (14)  Aprobada de forma urgente y perentoria después de un pacto entre el PSOE y el PP, sin que se ratificara por referéndum alguno, se publicó en el BOE de 27 de septiembre de 2011. La reforma del artículo 135 de la CE pretende la estabilidad financiera de las Administraciones Públicas que se reflejará en la existencia de equilibrio o superávit estructural de esas administraciones, es decir, un déficit estructural cero, en todo caso, como se reguló por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que impone la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública de los distintas Administraciones Públicas. (15)  Véase Valdés (2012 y 2016).

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un lugar destacado la de 2012, como ejemplo máximo de esa traslación, y en el cuarto apartado se insiste en el contraste entre los resultados previstos por los defensores de las austeridad y la flexibilización y desregulación laboral, ya que ambos forman parte de una estrategia más global, y los que efectivamente se produjeron.

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  LA FLEXIBILIDAD LABORAL Y LA TEORÍA ECONÓMICA CONVENCIONAL

Si hay una materia en la que el análisis de la teoría convencional está claramente ideologizado esta es la del mercado de trabajo. Y ello por la propia naturaleza de esa materia, las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, y por la mercancía intercambiada, que se compra y se vende, en ese mercado, la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de trabajar o disponibilidad para el trabajo del trabajador, de forma que a cambio de la utilización de esa capacidad de trabajo el empresario paga un salario, lo que supone una relación social, una relación entre personas con una posición muy diferente en el proceso de producción, el que organiza y dirige ese proceso, que es quien se apropia de su resultado, y el que realiza el trabajo para el que ha sido contratado. Pues bien, a pesar de esa naturaleza peculiar, el análisis de la economía convencional del mercado de trabajo es similar al de cualquier otro mercado, al tratar a la mercancía intercambiada en ese mercado como si fuera cualquier otra mercancía y la determinación del salario como si fuera cualquier precio(16). Es decir, a través de las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta de trabajo, haciendo abstracción de la naturaleza específica de la mercancía intercambiada, que, como se ha señalado, no es el trabajo realizado sino la fuerza de trabajo, como si ambas fuerzas y, por tanto, los empresarios y los trabajadores individualmente considerados tuvieran la misma capacidad e influencia y el mismo protagonismo, algo que no ocurre normalmente en el mercado de trabajo, pero que tampoco suele ocurrir en la mayoría de los otros mercados, que no son siempre lugares ficticios de coordinación sino lugares de relaciones de fuerza entre los participantes, como se señala en Fitoussi (2004)(17). Pero, además, como también se ha señalado, mientras que el resto de las mercancías ya han sido producidas, la mercancía que realmente se intercambia en el mercado del trabajo, se compra y se vende no es el trabajo realizado, (16)  El análisis efectuado en este apartado se basa, principalmente, en Pérez Infante (2013a), aunque también se desarrollan las ideas aquí expuestas en Pérez Infante (2013b y 2016). Un análisis similar se realiza en Guatmán Hernández e Illueca Ballester aunque desde una perspectiva de especialistas en derecho del trabajo. (17)  Pág. 93.

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sino la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, siendo el fruto de esa utilización, del trabajo realizado, el producto, bien o servicio, propiedad de empresario que ha contratado la fuerza de trabajo y a cambio de la cual ha pagado al trabajador un salario. La compra-venta de la fuerza de trabajo, algo que no puede abstraerse de la persona del trabajador, así como el proceso de conversión de la fuerza de trabajo en el trabajo realizado, implica, por consiguiente, como se ha señalado, una relación social entre empresario y trabajador, en muchas ocasiones desigual, que no existe en el mercado de cualquier otra mercancía, lo que entraña que el mercado de trabajo debiera analizarse como una institución social, como se defiende en Solow (1992), que precisamente se titula El mercado de trabajo como institución social, y no como una mera relación mercantil, entre mercancías (trabajo) y dinero (salario), como hace la teoría económica ortodoxa. Al hacer abstracción de las relaciones sociales entre empresarios y trabajadores, el análisis de la economía convencional se centra en las fuerzas del mercado, cobrando protagonismo, como ocurre en el análisis convencional de otros mercados de bienes y servicios, el modelo de competencia perfecta, que sería el mercado más eficiente, y cualquier imperfección de ese modelo o regulación del mercado lo alejaría de esa máxima eficiencia. Recuérdese la teoría de los mercados financieros eficaces, que desdeña cualquier tipo de regulación e intervención pública de ere mercado, y las consecuencias tan nefastas y negativas que ello produjo con la Gran Recesión. Pues bien, con ese planteamiento de protagonismo del mercado de competencia, el modelo «ideal» de mercado de trabajo será el de competencia perfecta, el que llevaría, al menos tendencialmente, a una situación de pleno empleo, y cualquier alejamiento de esa situación provocaría la existencia de paro. Está claro que el modelo «ideal» es una abstracción y una simplificación y que en la realidad pueden producirse desviaciones de ese modelo «ideal». Ahora bien, según el modelo neoclásico y neoliberal, en cualquier caso, la situación real será menos eficiente y más imperfecta que esa situación «ideal». Pero el problema está en si los supuestos simplificadores del modelo de competencia perfecta considera los aspectos y características esenciales del mercado de trabajo actual o no. Porque si los supuestos son contradictorios con la naturaleza de los mercados de trabajo reales de las sociedades actuales, el modelo «ideal» será simplemente «irreal» y el análisis que se realice y las conclusiones que se obtengan de ere modelo «ideal» dejarán de servir para explicar la problemática del mercado de trabajo, en concreto el nivel y la evolución del empleo y el paro y de los salarios. Documentación Social  178

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Veamos, por tanto, cuáles son esos supuestos del modelo «ideal» de mercado de trabajo. Existencia de un elevado número de empresarios y de trabajadores, que actúan individualmente o aisladamente cada uno de ellos, sin agruparse, organizarse o asociarse, representando cada uno de ellos una parte muy escasa del mercado y que, por consiguiente, cada uno de ellos (aislada o individualmente considerados) no tienen capacidad de influir o decidir sobre el mercado y, en consecuencia, sobre el salario. Homogeneidad total de los distintos intervinientes en el mercado, tanto por el lado de las empresas como de los trabajadores, es decir, todas las empresas demandan el mismo tipo de trabajador y los trabajadores tienen la misma cualificación e idénticas características y, por ello, no habría diferencias salariales. Y, por último, también todos los intervinientes tendrán una información plena o completa de las condiciones del mercado, es decir, cada empresario conocerá perfectamente las disponibilidades y características (por otra parte homogéneas) de los trabajadores, el potencial rendimiento de cada uno de ellos y los salarios que están dispuestos a percibir y los trabajadores conocerán perfectamente las necesidades de las empresas (por otra parte todas homogéneas) y los salarios que están dispuestos a pagar. Y el grado de conocimiento de empresarios y trabajadores sería idéntico y total y, por tanto, simétrico. Es tan perfecto su conocimiento que no se necesitará la existencia de servicios públicos de empleo ni de cualquier otra institución similar. Si estos supuestos se dieran realmente, el salario sería perfectamente flexible al alza y a la baja, de modo que, como en cualquier otro mercado de competencia perfecta, más o menos pronto (inmediatamente en los supuestos más extremos como es el caso de la existencia de expectativas racionales) se alcanzará la situación de equilibrio del mercado, que en el caso del mercado de trabajo implicaría el pleno empleo, porque, en esa situación de equilibrio el precio del mercado, es decir, el salario, igualaría, la demanda de trabajo (número de trabajadores y horas trabajadas que desean contratar las empresas) con la oferta de trabajo (número de trabajadores y número de horas trabajadas que están dispuestos a trabajar los trabajadores). Y ello sería así porque en los supuestos del mercado «ideal» de trabajo, al ser perfectamente flexible, cuando la demanda supere a la oferta el salario aumentará y cuando fuese la oferta la que superase a la demanda el salario bajará; todo ello hasta alcanzar, como se ha señalado, la situación de equilibrio en la que se producirá el pleno empleo. Con estos supuestos de la economía convencional si existiese paro sería voluntario, porque los trabajadores no ocupados solo estarían dispuestos a trabajar a un salario superior al del mercado, el del equilibrio, por lo que el paro involuntario será nulo, ya que todos los que deseasen trabajar a ese salario de equilibrio estarían ocupados, y ello pese a que existiesen trabajadores

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disponibles para trabajar y que busquen activamente empleo, aunque fuese a un salario superior al de equilibrio, trabajadores que, según los criterios de la OIT (y, por tanto, de la EPA) serían computados como parados, lo que, además, parece sintomático del alejamiento de la teoría económica de las preocupaciones reales de la sociedad. Por tanto, la existencia de un nivel importante y duradero de paro, como es el caso actual de España, en el análisis ortodoxo de la teoría económica sería una desviación que solo se podría explicar porque fuese voluntario o consecuencia de imperfecciones del mercado, como que no exista competencia perfecta o que los salarios no fuesen flexibles a la baja debido a factores tales como la regulación del mercado de trabajo o la existencia de sindicatos o de la propia negociación colectiva, lo que, por el contrario, más bien parecen ser características esenciales de las economías actuales y parece excesivo considerarlas como meras imperfecciones o perturbaciones del mercado de trabajo. Ahora bien, el problema puede encontrarse en que el modelo «ideal», que es una abstracción y, por consiguiente, una simplificación de la realidad, se base en supuestos no solo simplificadores sino contradictorios y antagónicos con esa realidad e, incluso, con la propia naturaleza del mercado de trabajo de las sociedades actuales. Es cierto, que algunos de los supuestos simplificadores pueden no ser excesivamente graves y pueden solucionarse con el análisis de casos particulares que consideran alguna modificación de los supuestos. Ese puede ser el caso del supuesto de existencia de un número elevado de trabajadores y de empresarios o el de homogeneidad de los trabajadores y de las empresas. Pero otros supuestos pueden atentar contra la propia naturaleza de esas sociedades actuales y de sus mercados de trabajo y la consideración de casos particulares no soluciona el problema, puesto que lo que serían «simplificaciones» son verdaderas adulteraciones de la realidad y esta realidad difícilmente podría considerarse como una «desviación» o una «imperfección» del modelo ideal, más bien la desviación e imperfección sería la del modelo y no la de la realidad misma. Ese sería el caso del supuesto de que los empresarios y los trabajadores actúan individual y aisladamente sin agruparse o asociarse, ya que lo que ocurre normalmente es que existan organizaciones empresariales y sindicatos, que juegan un papel muy relevante en el mercado de trabajo y que negocian entre sí sustituyendo, así, muchas veces, a las fuerzas del mercado y a la mera puja, propia de un mercado competitivo, entre demandantes y oferentes. En concreto, la existencia de sindicatos se ha convertido en un aspecto imprescindible y necesario de las sociedades capitalistas actuales, por lo que considerar tanto a ellos como a la negociación colectiva como un caso particular o hasta una imperfección o perturbación del mercado de traDocumentación Social  178

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bajo perfectamente competitivo más que una abstracción o una simplificación de la realidad parece una alteración de esta realidad impropia de un análisis económico que pretenda ser serio y riguroso, convirtiéndose, en suma, en la negación de la realidad misma. Además, al menos, otro supuesto del modelo «ideal» también implica una adulteración de la realidad que se caracteriza por relaciones sociales y laborales entre agentes o individuos con poder diferente, en concreto el supuesto de la plena, perfecta e igual información de todos los intervinientes en el mercado de trabajo, porque esa información puede ser muchas veces deficiente e insuficiente, pero, sobre todo, desigual y asimétrica, lo que acentúa más la diferencia de poder entre empresarios y trabajadores y esta «desviación» de la realidad tampoco parece que sea accidental, sino esencial y fundamental. Aunque algunos economistas, como Joseph E. Stiglitz, que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2001(18), junto con George A. Akerhoff y Michael Spencer, precisamente por la aportación que suponía la consideración de la información asimétrica en los mercados, plantean que los supuestos de competencia perfecta no solo en el mercado de productos sino también en el trabajo están muy alejados de la realidad. Lo que en el caso del mercado de trabajo cuestionaría la hipótesis de la flexibilidad salarial. En Stiglitz (1993) y en un capítulo que se titula las imperfecciones del mercado de trabajo(19) se analiza la importancia que en el mercado de trabajo, como en la mayoría de los mercados de productos, tiene la competencia imperfecta, considerando al mercado plenamente competitivo como un caso extraordinario. Stiglitz plantea que en el caso del mercado de trabajo la manifestación más evidente de la competencia imperfecta es la existencia de sindicatos y de que los problemas de información imperfecta y asimétrica tiene una mayor influencia en el mercado de trabajo que en los distintos mercados de productos. Pese a que el planteamiento de Stiglitz supone un notable avance sobre el análisis del modelo «ideal» del mercado de trabajo, este no llega a romper claramente con el análisis más convencional y ortodoxo, al considerar, en última instancia, la existencia de sindicatos y de información asimétrica como imperfecciones del mercado de trabajo al titular así el capítulo correspondiente. Lo que ocurre es que, en realidad, este tipo de análisis de la economía convencional no solo es patrimonio de los economistas neoliberales, neoclásicos, (18)  Conviene precisar, como se hace en Petrini (2010: 119-122), que el premio Nobel de Economía no existe, ya que no figura en las disposiciones testamentarias ni en la voluntad de Alfred Nobel, sino que nació en 1969 por voluntad del Banco Central de Suecia, que es la institución que lo otorga con el nombre de Premio Nobel del Banco de Suecia y no la Fundación Nobel como los restantes premios y no parece que un banco central tenga planteamientos muy objetivos en relación con el análisis económico. Pese a ello, el premio a Stiglitz es, sin duda, uno de los más meritorios por su planteamiento crítico hacia gran parte de la economía más convencional. (19)  Páginas 566-592.

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sino que también lo es de algunos economistas keynesianos, concretamente de los neokeynesianos. Siguiendo a un economista característico de la escuela neokeynesiana, como Oliver Blanchard(20), la explicación de los salarios reales (W/P) se fundamenta en una relación inversa con los desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo, es decir, con la tasa de paro (u) y en una relación directa con una serie de factores (englobados en z), que presionarán al alza de los salarios, por encima de los que se determinarían por los propias fuerzas del mercado, por esos desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo, factores que son exógenos al modelo y que, en realidad, se consideran como elementos perturbadores (rigideces o imperfecciones) que limitan o entorpecen la flexibilidad de los salarios: W/P = f (u, z)

(–)(+)

Entre estos elementos exógenos y perturbadores en la determinación del salario real se encontrarían, según los economistas neokeynesianos pero también los neoclásicos, fenómenos como la existencia misma del salario mínimo, de sindicatos y de la negociación colectiva, que influiría en un salario superior al explicado por la oferta y demanda de trabajo (por el nivel de la tasa de paro). Pero también se encontrarían dentro de los factores que presionarían al alza de los salarios otros distintos que pueden incidir directamente en los salarios, como la generosidad de las prestaciones por desempleo, que desmotivaría la búsqueda activa de empleo de muchos desempleados, excluyéndolos de la presión a la baja de los salarios, y las dificultades y costes de despido, que, además, de suponer un aumento de los costes laborales, pueden permitir una mayor capacidad negociadora de los trabajadores sobre los salarios. Asimismo, la rigidez de los salarios estarían relacionadas con la falta de ajuste entre oferta y demanda de trabajo, como la falta de información, las deficiencias de gestión de la colocación y de la formación profesional, así como las dificultades para la movilidad geográfica de los trabajadores. Es decir, en general, aparte de distintas deficiencias institucionales, los factores exógenos al modelo y perturbadores respecto de la formación de los salarios podrían agruparse en dos grandes núcleos, la existencia misma del derecho de trabajo y de la protección social y la existencia de sindicatos y de la negociación colectiva. Y ello porque el análisis ortodoxo, no solo neoclásico y neoliberal, sino también gran parte del neokeynesiano, prescinde de la consideración del mercado de trabajo como una institución social, que implica una relación social de poder entre empresarios y trabajadores (sindicatos, organizaciones empresariales y negociación colectiva) y no una mera (20)  Blanchard, Amighini y Giavazzi, 2012, págs. 149-176.

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relación merantil, y algún tipo de regulación (derecho de trabajo y protección social), en la que la situación más eficaz (cualquier otra será más «imperfecta» y «menos eficaz») vendría representada por una actuación aislada, no organizada, de trabajadores y empresarios, sin la existencia de sindicatos ni organizaciones empresariales, ni regulación estatal alguna, y en la que la determinación de los salarios se realzaría a través de las fuerzas del mercado sin que medie negociación ni consenso colectivo alguno. Una situación muy difícil de encajar en la realidad de los actuales países desarrollados. Ahora bien, este planteamiento implica también una determinada explicación de la tasa de paro (u). En este tipo de análisis económico la tasa de paro se descompone en la tasa de paro «cíclica» y la tasa de paro «natural», de «equilibrio» o «estructural» (en términos anuales desaparecería el componente estacional que, en cambio, formaría parte del paro mensual o trimestral). La tasa de paro «cíclica» se justificaría por una situación en que el crecimiento del PIB efectivo es inferior al PIB potencial o tendencial de la economía debido a una situación de coyuntura económica desfavorable, de forma que la tasa de paro cíclico aumentaría cuando la economía entrara en una situación de crisis o recesión y disminuiría cuando la economía entrara en una situación de expansión. Es un paro a corto plazo pues a largo plazo se alcanzará el PIB potencial y el paro cíclico tenderá a anularse. Entonces esa tasa de paro tendencial se considera natural, de equilibrio o estructural y se deberá bien al elevado coste del trabajo o bien a la intensidad de los factores que componen la variable exógena z, es decir, los que se consideran como imperfecciones del mercado de trabajo. Cuanto mayores sean los salarios y mayores esas imperfecciones o perturbaciones mayor será la tasa natural, estructural o de equilibrio del paro. Es decir, esa tasa será más elevada cuanto mayor sea la presión de los sindicatos, el poder de negociación de los trabajadores, la regulación del mercado de trabajo, la protección por desempleo o los desajustes entre oferta y demanda de trabajo como consecuencia de la falta de información, de las deficiencias de los servicios de colocación o de los problemas de la formación profesional. Por tanto, la tasa natural, estructural o de equilibrio del paro (u*), también llamada NAIRU (tasa no aceleradora de la inflación), se puede sintetizar como: u* = h(W/P,z)

(+)(+)

En última instancia la llamada tasa natural de paro se explicaría por las rigideces e imperfecciones del mercado de trabajo o, lo que es lo mismo, por el alejamiento de la competencia perfecta, el poder de los sindicatos, la in152

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cidencia de la negociación colectiva o la entidad de la regulación estatal del mercado de trabajo. Aparte de que puede ocurrir que la tasa de paro «natural» o de equilibrio aumente no solo cuando aumenta el salario o se intensifiquen las «perturbaciones» o «imperfecciones» del mercado de trabajo sino también cuando crezca el paro cíclico o coyuntural por un fenómeno conocido como «histéresis», motivado, entre otras razones, por el incremento del paro de larga duración que provocaría que una parte de los desempleados dejen de ser elegibles por parte de los empresarios, dejando de ser relevantes, para el mercado de trabajo y, por tanto, para presionar a la baja los salarios. Consecuente con la explicación de la economía convencional u ortodoxa, tanto la neoclásica o neoliberal como la neokeynesiana, los economistas y los distintos organismos económicos nacionales (Banco de España) e internacionales (BCE, EMI, OCDE y Comisión Europea) defienden como «medicina» para reducir el paro, en particular el paro de equilibrio, precisamente la reducción de esas «imperfecciones» y «perturbaciones» dirigidas a flexibilizar el salario y demás condiciones de trabajo, lo que supondría un menor poder de los sindicatos, un debilitamiento de la negociación colectiva y un desarrollo mayor de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda de trabajo, así como una menor regulación de las relaciones laborales y el mercado de trabajo, que conllevaría mayor poder de los empresarios con medidas dirigidas a facilitar y abaratar el despido, mayor posibilidad de modificar las condiciones de trabajo y los salarios y el endurecimiento al acceso y mantenimiento de las prestaciones por desempleo, así como la disminución de su cuantía y duración.

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  LAS REFORMAS LABORALES Y LA FLEXIBILIDAD LABORAL

Ya se ha señalado en el apartado anterior que el planteamiento de la economía convencional de que fuera de las circunstancias coyunturales o cíclicas el paro se explicaría principalmente por factores relacionados con la falta de «voluntad» de los parados de aceptar el salario de equilibrio, el que igualaría la oferta y la demanda de trabajo, y que anularía el paro «involuntario» y/o con las existencias de «imperfecciones» o «perturbaciones» del mercado de trabajo, que lo alejaran del modelo «ideal» de competencia perfecta y total flexibilidad de los salarios, lleva a esos economistas y a los organismos económicos nacionales e internacionales más influyentes y poderosos a recomendar reformas laborales de corte liberal, que propicie la «voluntad» de los parados de aceptar los salarios de equilibrio y que amortigüen o eliminen esas «perturbaciones» o «imperfecciones» del mercado de trabajo, de forma que el mercado de trabajo se acerque lo más posible al mercado de competencia perfecta. Documentación Social  178

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Y también se ha señalado en el apartado anterior que ello requeriría una mayor flexibilidad y desregulación del mercado de trabajo que facilitaría ante la existencia de paro una caída de los salarios de mercado, es decir, una devaluación salarial, lo que, a su vez, exigiría según los planteamientos de la economía convencional un mayor poder empresarial en detrimento del de los trabajadores y sus representantes o, lo que es lo mismo, un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos en favor del mercado, así como otras reformas laborales como las dirigidas a flexibilizar la contratación y facilitar y abaratar el despido, a favorecer las modificaciones de las condiciones de trabajo y, en concreto, los salarios, a reducir la generosidad de las prestaciones por desempleo o a liberalizar los servicios de empleo. Y eso es básicamente lo que se ha hecho a lo largo de la crisis con las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y 2011 y, sobre todo, con las aprobadas por el PP en 2012 y con los cambios posteriores que han consolidado esta última reforma, sin duda, la más radical de todas las aprobadas anteriormente(21). Aunque es cierto que, salvo muy pocas excepciones, como la reforma de 1998 del contrato a tiempo parcial, aprobada por el PP con el consenso de los sindicatos pero con la oposición de la CEOE y la CEPYME, que limitó y condicionó considerablemente esa forma de contratación, y la de 2006, consensuada por el gobierno socialista con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que tendió a favorecer la contratación indefinida en lugar de la temporal, prácticamente todas las reformas aprobadas desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 han ido, con mayor o menor intensidad, en la dirección de flexibilizar y desregular el mercado de trabajo. En efecto, casi todos los cambios introducidos en la normativa laboral desde 1980, incluido el propio Estatuto de los Trabajadores(22), tienen esa finalidad que, como se señala en Pérez Infante (2009), se puede agrupar en cinco tipos de medidas: • Flexibilización interna de las empresas, permitiendo modificar y adaptar las condiciones de trabajo a los cambios de la situación económica de las empresas. • Flexibilización externa de las empresas, favoreciendo la modificación del tamaño de las plantillas a través de la contratación y el despido cuando las circunstancias coyunturales de la economía y, en particular, de las empresas cambian. • Flexibilidad salarial, tanto monetaria como real, para ajustarse a la situación de la oferta y la demanda de trabajo. (21)  En Pérez Infante (2013a y 2015c) se repasaban las reformas laborales principales aprobadas a lo largo de la crisis económica. (22)  Aprobado por la Ley 8/1980, de 10 de marzo.

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• Endurecimiento y limitación de la protección por desempleo para, en principio, favorecer la búsqueda activa de empleo por parte de los parados. • Facilitar los ajustes cualitativos entre oferta y demanda de trabajo para evitar la existencia simultánea de personas paradas y puestos de trabajo vacantes. De las reformas aprobadas hasta el inicio de la última crisis económica en 2007 se podrían destacar cuatro(23): la de 1984, que flexibilizó considerablemente la contratación temporal, permitiéndola sin existencia de causa de temporalidad relacionada con la actividad o las características del puesto de trabajo; la de 1994, la más ambiciosa y amplia de todas las aprobadas hasta la crisis actual, que, entre otros aspectos, favoreció los despidos procedentes por causas objetivas, aumentó las competencias de la negociación colectiva en detrimento de la norma legal y favoreció la modificación de las condiciones de trabajo, y que, junto con unos cambios introducidos en 1992, recortó y endureció considerablemente la protección por desempleo; la de 1997, que estableció un contrato indefinido dirigido a determinados colectivos de trabajadores con una indemnización de despido improcedente inferior a la del contrato indefinido ordinario(24); y la de 2002, que creó el llamado despido «exprés», por el que el empresario podía despedir a cualquier trabajador reconociendo la improcedencia del despido, siempre que la indemnización sea la del despido improcedente y no la del despido procedente(25). Limitándonos al análisis de las reformas aprobadas a lo largo de la crisis económica, integradas, en su mayor parte, por medidas flexibilizadoras y desreguladoras, los cambios fundamentales pueden agruparse en función de la clasificación expuesta al principio de este apartado de la siguiente manera: Entre las medidas dirigidas a la flexibilidad interna de las empresas, la primera medida que aprobó el gobierno del PSOE fue en 2009, ya en Plena Gran Recesión, con la finalidad de favorecer la suspensión temporal de los contratos y la reducción de la jornada como alternativa a la extinción de los contratos, es decir, al despido. Para ello, se establecieron incentivos económicos a las empresas y el derecho a la reposición parcial de las prestaciones consumidas en los casos de suspensión o reducción de jornada si posteriormente se extinguiera definitivamente el contrato del trabajador. Pero la reforma laboral del PSOE de 2010, aparte de profundizar en las medidas aprobadas en 2009 para favorecer la suspensión temporal y la reducción de la jornada laboral, estableció medidas de flexibilidad interna más ambiciosas para facilitar la movilidad de los trabajadores en las empresa y las modi(23)  Para el análisis de las reformas laborales anteriores a la última crisis económica puede verse Pérez Infante (1999 y 2009). (24)  33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, en vez de 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades. (25)  20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

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ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Aunque será la reforma laboral de 2012 la que introduzca cambios muy sustanciales en este ámbito, en particular en lo que respecta a las modificaciones de las condiciones de trabajo, incluida la posibilidad de reducir la cuantía salarial. Distinguiendo dos situaciones, que las condiciones de trabajo estén acordadas en un convenio colectivo estatutario o de que no lo estén. Cuando estén previstas en convenio el cambio fundamental consiste en la ampliación de las causas, sobre todo las económicas, que pueden permitir la modificación de las condiciones de trabajo en la misma línea que en el caso del despido objetivo precedente, aunque, siendo suficiente, en este caso, con una disminución interanual de ingresos durante dos trimestres consecutivos. Pero en el caso de que las condiciones de trabajo no estén acordadas en un convenio o las condiciones sean superiores a las del convenio(26) el cambio es más drástico, ya que entonces las modificaciones de las condiciones de trabajo (incluida la cuantía salarial) podrán producirse por decisiones unilaterales del empresario sin necesidad alguna de acuerdo con los trabajadores o sus representantes(27). Aparte de que las causas para introducir esas modificaciones son muy amplias y muy poco concretas, bastando, sin mayor precisión, razones relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización técnica o de trabajo de la empresa, sin que sea necesario, como ocurría en la legislación anterior, que las modificaciones contribuyan a evitar una evolución futura negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de esta. Además, la reforma de 2012 introdujo otros cambios legislativos relacionados con la flexibilidad interna de las empresas que facilitó considerablemente la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores, la suspensión temporal del contrato y la reducción de la jornada, suprimiendo en en estos dos últimos casos, cuando tengan carácter colectivo, la autorización administrativa y ampliando las causas económicas que las permiten, como en el caso de las modificaciones de las condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo. En cuanto a las medidas de flexibilidad externa de las empresas, que afectan al tamaño de las plantillas, se introdujeron a lo largo de la crisis económica diferentes cambios que afectan tanto a la contratación (entrada en el empleo) como al despido (salida del empleo). En cuanto a la contratación, la reforma de 2010 aprobó medidas para reducir la dualidad del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos. A este respecto, varias de las medidas iban dirigidas a limitar la contratación temporal, fijando un tope (inexistente (26)  Acordadas, en cambio, por contrato individual con cada trabajador, en acuerdos o pactos colectivos (distintos a los convenios estatutarios) o en virtud de una decisión individual del empresario con efectos colectivos. (27)  En el caso de disconformidad del trabajador afectado por la modificación este podrá rescindir el contrato con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 9 mensualidades.

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hasta entonces) de tres años (ampliable a cuatro por convenio colectivo) de los contratos de obra o servicio determinado y elevando la indemnización por finalización de contratos temporales (salvo el de interinidad) de ocho a doce días de salario por año de servicio. Además, para limitar el empleo temporal se ampliaron las limitaciones al encadenamiento de los contratos temporales de un mismo trabajador en una misma empresa, establecidas en la reforma de 2006(28), añadiéndose la posibilidad de que el trabajador desempeñase distintos puestos de trabajo y extendiéndose al grupo de empresas, aunque el Real Decreto Ley 10/2011, el 26 de agosto), suspendió durante dos años, hasta el 31 de agosto de 2013, la aplicación de la prohibición del encadenamiento. Pero la reforma laboral de 2010 también introdujo algunas medidas de apoyo al empleo indefinido para intentar amortiguar la dualidad laboral, dirigidos a favorecer el contrato de fomento de la contratación indefinida, creado en 1997 (ampliado en 2001), y que tenía como característica principal, como se ha señalado, una indemnización por despido improcedente inferior a la del contrato indefinido ordinario. También en 2011 se establecieron algunos cambios en materia de contratación, como la ya citada suspensión temporal de la prohibición de encadenamiento de la contratación temporal y, también en la misma línea de flexibilización de la contratación, en el contrato para la formación, que pasó a denominarse contrato para la formación y el aprendizaje y que vio cómo se flexibilizaba considerablemente sus posibilidades de contratación hasta alterar características muy relevantes en este tipo de contratos destinado a personas muy jóvenes sin cualificación, como la edad máxima que se amplió hasta los 30 años. Por su parte, la reforma de 2012 ha sido de las pocas reformas laborales aprobadas después de la de 1984, que flexibilizó la contratación temporal no causal (sin causa de temporalidad), que no previeron medidas específicas que limitaran este tipo de contratación(29) para contrarrestar algunos de los efectos más negativos de la dualidad laboral. En cambio, sí contribuyó a flexibilizar aún más la contratación con la creación de un nuevo contrato, en principio, indefinido, para las empresas de menos de 50 trabajadores, denominado, sin sentido alguno, de emprendedores, fuertemente subvencionado y con un periodo de prueba de un año, durante el cual la empresa puede despedir al trabajador libremente, sin causa y sin indemnización alguna, lo cual supone (28)  Que obligaba a convertir un contrato temporal en indefinido cuando en un periodo de 30 meses el mismo trabajador hubiera estado contratado en la misma empresa y en el mismo puesto de trabajo con dos o más contratos temporales durante un periodo superior a 24 meses. (29)  La única modificación en relación con la contratación temporal de la reforma laboral de 2012 consistió en la finalización anticipada de la suspensión de la prohibición del encadenamiento de los contratos temporales, acordada por el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, el 31 de diciembre de 2012, cuando estaba prevista esa terminación el 31 de agosto de 2013, aunque se vio más que contrarrestada por la exclusión en la ley 3/2012 del periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 para el cómputo del periodo de los 24 meses y del periodo de referencia de 30 meses para la prohibición den encadenamiento.

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reforzar la precariedad del empleo y convertir en la práctica a ese nuevo contrato en un nuevo contrato temporal no causal(30). También en la línea de acentuación de la precarización laboral la reforma laboral de 2012 volvió a modificar el contrato para la formación y el aprendizaje en el mismo sentido de mayor flexibilización del Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, con medidas como la de que un mismo trabajador puede ser contratado (hasta la edad límite de 30 años, mientras que la tasa de paro supere el 15%) por este tipo de contrato por la misma u otra empresa con la única condición de que permita la obtención de una cualificación profesional diferente, lo que supone la posibilidad de encadenamientos sucesivos de estos contratos con el mismo trabajador. Y, asimismo, se produce un cambio muy relevante en el contrato a tiempo parcial que permite la realización en este tipo de contrato de horas extraordinarias adicionales a las ya existentes horas complementarias (que en 1998 habrían sustituido a las horas extraordinarias en los contratos indefinidos a tiempo parcial). Aunque posteriormente se volvieron a prohibir las horas extraordinarias, se extendieron y ampliaron notablemente la posibilidad de realizar las horas complementarias, que, incluso, se permitieron para los contratos a tiempo parcial temporales(31). Asimismo, dentro de la flexibilidad externa de las empresas durante la crisis económica se aprobaron importantes medidas destinadas a favorecer el despido, lo que puede ser contradictorio, en gran medida, con la aprobación de medidas dirigidas a mejorar la flexibilidad interna de las empresas con la finalidad de mantener su nivel de empleo. En este sentido, en 2010 se extendió la posibilidad del despido con una indemnización inferior a la del contrato indefinido ordinario, al generalizarse prácticamente, como ya se ha señalado, el contrato para el fomento de la contratación indefinida creado en 1997, aparte de explicitar la posibilidad de que en este tipo de contrato el despido improcedente, además, claro, de por declaración judicial, fuese reconocido por el empresario, aplicándose el despido exprés creado por la Ley 45/2002. Pero la reforma laboral de 2010 también aprobó otras medidas para favorecer el despido, redefiniendo las causas objetivas de despido procedente, en particular las económicas, al especificar que la situación de la empresa sea negativa por la existencia de pérdidas actuales o previstas o por la disminución persistente de los ingresos(32). Además, la reforma de 2010 en el mismo sentido (30)  El nuevo contrato estará vigente hasta que la tasa de paro no baje del 15%. En el cuarto trimestre de 2015 esa tasa ascendía al 20,9%. (31)  Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. (32)  También con el mismo propósito de facilitar el despido por causas económicas se redujo el periodo de preaviso del empresario al trabajador de 30 a 15 días.

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de facilitar el despido lo abarató al subvencionar el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), independientemente del tamaño de las empresas, ocho días de salario por año de servicio de los despidos objetivos procedentes, individuales o colectivos, y de los despidos improcedentes, excluidos únicamente los disciplinarios, siempre que el contrato se celebrara con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, y tuviera una duración superior al año. Esta medida, que supuso una extensión sin precedentes de la subvención del FOGASA(33), fue limitándose hasta su eliminación en 2014(34). En materia de despido son muy numerosas las medidas incluidas en la reforma de 2012, dirigidas a facilitarlo considerablemente tanto el procedente como el improcedente, en este caso a pesar de la supresión de la posibilidad del despido exprés creado en 2002 y que lo posibilitaba con el reconocimiento de la improcedencia del despido por el propio empresario. Dentro de estas medidas, la más sobresaliente, posiblemente, sea la reducción de la cuantía de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año de servicio, con la correspondiente reducción del tope máximo de 42 a 24 mensualidades(35), lo que supuso, además de abaratarlo, una importantísima rebaja de la relación entre el coste del despido improcedente y el del despido procedente(36), desde 2,25 a 1 antes de 2012 a 1,65 a 1 después, lo que también supuso una disminución muy importante de la relación del tope de mensualidades entre ambos tipos de despido de 3,50 a 1 a 2 a 1. Además, al abaratamiento del despido improcedente contribuye la desaparición de los salarios de tramitación, salvo, en el caso muy poco frecuente, de que el trabajador sea readmitido por el empresario. Y en lo que respecta al despido objetivo procedente se aprobaron también en 2012 dos importantes medidas: la sustancial ampliación de las causas al concretar que la disminución (interanual) de los ingresos ordinarios o las ventas a la que se refería la reforma de 2010 se produjera durante tres trimestres consecutivos, sin necesidad de que la empresa sufriera pérdidas actuales o las previera para el futuro, y la supresión de la necesidad de autorización administrativa en los despidos colectivos. Aparte, claro, de la creación de un contrato indefinido para las empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año, que permite en ese período el despido sin causa y sin indemnización alguna. (33)  Anteriormente se limitaban a las empresas menores de 25 años en los casos de despidos objetivos procedentes. (34)  La posibilidad de la indemnización del FOGASA en los supuestos de despido improcedente por causas objetivas se suprimió por el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, y, por otra parte, las subvenciones se limitaron a las empresas de menos de 25 trabajadores, como era la situación anterior a la reforma de 2010, por el Real Decreto Ley 3/2012 que aprobó la reforma de 2012. Finalmente, se suprimió en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 cualquier posibilidad de subvención del despido por el FOGASA. (35)  A la vez se suprimió el contrato de fomento de la contratación indefinida. (36)  Que mantiene su indemnización en 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades.

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En relación con la flexibilidad salarial muchas de las medidas ya señaladas de flexibilidad interna y externa de las empresas aprobadas en 2010 y 2012 la favorecen porque muchas de ellas aumentan el poder de negociación de los empresarios y reducen el de los trabajadores, presionando a la baja a los salarios. En este sentido, caben destacar medidas como la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, sobre todo en el caso de la reforma laboral de 2012 cuando esas condiciones no están acordadas en convenio colectivo o superan a las acordadas en convenio, la creación de un contrato con un periodo de prueba de un año, la mayor facilidad para la contratación para la formación y el aprendizaje y para la contratación a tiempo parcial y todos los cambios introducidos a lo largo de la crisis para facilitar y abaratar el despido. Pero, además, se han aprobado medidas directamente dirigidas a la flexibilidad salarial al permitir en el caso de circunstancias desfavorables de las empresas la modificación de las condiciones salariales. Así, la reforma de 2010 facilita los descuelgues salariales pactados en convenio colectivo cuando la situación económica de las empresas empeora y la reforma de 2012 insiste, como luego se explicará, en estas posibilidades del descuelgue salarial, amén de permitirlo más fácilmente al ampliar las causas que lo permiten, y posibilitar, además, la reducción salarial por decisión unilateral del empresario cuando esa reducción no implique descuelgue de lo previsto en un convenio colectivo. Pero también hay medidas dirigidas específicamente a debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores a través de modificaciones de la propia negociación colectiva. La reforma de 2011 se dedica exclusivamente a la negociación colectiva y modifica aspectos fundamentales de la misma. Algunos de los cambios se refiere a la estructura de la negociación colectiva, como el que establece la prioridad aplicativa de los convenios de empresa (o de grupos de empresa) en relación con los convenios de ámbito superior (sectoriales) en una serie de materias, entre las que figuran las salariales y las relativas a la jornada laboral, salvo que se establezca lo contrario en un convenio o en un acuerdo interprofesional ambos de ámbito estatal o autonómico, por lo que esa prioridad aplicativa no era absoluta, estaba condicionada a que no se pactara en otro ámbito lo contrario. Asimismo, en cuanto a la estructura de la negociación colectiva suprime la posibilidad establecida con la reforma laboral socialista de 1994 de que un convenio provincial modifique lo establecido en un convenio de ámbito superior (autonómico, interautonómico o estatal), aunque mantiene esa posibilidad para los convenios autonómicos. Además en la reforma de 2011 se introdujeron cambios importantes respecto a la vigencia de los convenios y al periodo máximo de negociación de un nuevo convenio cuando esa vigencia hubiera finalizado, aunque sin alterar el principio de ultraactividad (prórroga del contenido normativo del convenio

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que hubiera terminado su periodo de vigencia hasta que se firme uno nuevo) que se mantiene salvo pacto explícito contrario en el convenio(37). Y también la reforma de 2012, aunque más general que la de 2011, incluía modificaciones muy relevantes en la negociación colectiva. Las tres más relevantes son las que se refieren a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, el final de la ultraactividad y los descuelgues salariales de los salarios y de otras condiciones de trabajo. Por un lado, establece la prioridad aplicativa de los convenios colectivos respecto de otros convenios de ámbito superior en numerosas materias, entre las que figuran las salariales y las que se refieren a la jornada laboral, pero dotándola, a diferencia de la reforma de la negociación colectiva de 2011, de un carácter absoluto, sin ninguna restricción ni limitación, ya que descarta cualquier posibilidad, como sí hacía la reforma de 2011, de pacto en contrario en acuerdo interprofesional o convenio autonómico o estatal. Por otro lado, en 2012 se suprime la ultraactividad (mantenimiento de la vigencia de un convenio hasta la suscripción de otro nuevo que lo sustituya) cuando haya transcurrido un año desde la denuncia del convenio(38), decayendo en este caso la vigencia del convenio, y aplicándose, si lo hubiera, el convenio de ámbito superior que le corresponda. Y la tercera cuestión relevante en materia de negociación colectiva de la reforma de 2012 es la ampliación de las posibilidades de descuelgue salarial que, además se amplían a otras condiciones de trabajo, ya que se unifica la regulación de la modificación de todas las condiciones de trabajo. Aparte de esta unificación el cambio más notable consiste en la ampliación de las causas que permiten el descuelgue, principalmente de las causas económicas, de forma muy similar a la ampliación que se produce en el caso del despido, al ser suficiente con la disminución (interanual) de los ingresos ordinarios o de las ventas durante dos trimestres consecutivos(39). Por otra parte, aunque, a diferencia de las modificaciones de las condiciones de trabajo y salariales en los casos que no estén acordadas esas condiciones en los convenios colectivos, en los que pueden modificarse por decisión unilateral de los empresarios, se mantiene para proceder a las inaplicaciones de los convenios (37)  Pero se prevé que cuando se produzcan discrepancias entre las partes negociadoras que impidan alcanzar el acuerdo de un nuevo convenio en el periodo máximo de negociación (ocho meses si la vigencia era inferior a dos años o de catorce meses en los restantes casos) se deberían aplicar los procedimientos establecidos en los acuerdos interprofesionales autonómico o estatal para solventar esas discrepancias, incluida la posibilidad de que las partes negociadoras se sometan a un arbitraje. De hecho, esa posibilidad se dispuso en el Real Decreto Ley 7/2011 que fuera obligatorio mientras que los acuerdos profesionales no fijaran los procedimientos para resolver las discrepancias (para lo que se fijaba el plazo del 30 de junio de 2012). (38)  Esta es la situación después de aprobada definitivamente la reforma por la ley 3/2012, ya que el Real Decreto Ley 3/2012 exigía para el final de la ultraactividad el transcurso de dos años desde la terminación de la vigencia del convenio. (39)  Igual que en el caso de las suspensiones temporales de los contratos y de la reducción de la jornada laboral y un trimestre menos que en el caso del despido.

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la necesidad de alcanzar acuerdos entre las empresas y los representantes de los trabajadores pero se establece una nueva posibilidad para resolver las discrepancias entre los empresarios y los representantes de los trabajadores cuando persistan esas discrepancias, después de someterlas a la comisión paritaria del convenio o a los procedimientos establecidos en los correspondientes acuerdos interprofesionales estatales o autonómicos. Esta nueva posibilidad consiste en que cualquiera de las partes podrá someter al arbitraje de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o, en su caso, de la correspondiente comisión autonómica la solución de las discrepancias, lo que significa la intervención de las administraciones públicas (integrantes de esas comisiones) en esa solución. Pero, aparte de las medidas dirigidas a la flexibilidad interna y externa de las empresas y la flexibilidad salarial, también se aprobaron a lo largo de la crisis alguna otra medida relativa a los otros dos componentes relacionados con los elementos que, según los economistas convencionales, explicaría la existencia de un nivel de paro estructural o de equilibrio elevado, las prestaciones por desempleo y los desajustes cualitativos entre oferta y demanda de trabajo. En cuanto a las prestaciones por desempleo y como un recorte de gasto más y como consecuencia de la creencia del gobierno de que parte del paro puede ser de carácter voluntario por la generosidad de esas prestaciones, una semana después de aprobada definitivamente la reforma laboral de 2012 por la ley 3/2012, de 6 de julio, se aprobaron por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, varias medidas de recorte de las prestaciones por desempleo de notable importancia, entre las que sobresalen la reducción de la cuantía de la prestación contributiva a partir del séptimo mes de la prestación, al reducir el porcentaje que se aplica a la base reguladora (aproximadamente el salario medio de los seis meses anteriores al paro) para calcular esa cuantía del 60% al 50%, suprimir el colectivo de parados entre 52 y 55 años del subsidio indefinido hasta la jubilación, endurecer las condiciones de renta para la percepción del subsidio por desempleo, obligar al parado a sufragar en su totalidad las cotizaciones a la seguridad social en los supuestos de prestaciones contributivas (hasta entonces el 35% corría a cargo del Estado) y endurecer la renta activa de inmersión que se percibe cuando se agotan las prestaciones por desempleo. Y, por último, en relación con los ajustes cualitativos entre la oferta y la demanda de trabajo, aparte de la tradicional insuficiencia, que se agrava a partir de 2012 por el recorte de los recursos destinados a las políticas activas de empleo, especialmente para el caso de los servicios públicos de empleo y la formación profesional, se aprueban dos importantes medidas, también de carácter flexibilizador y, sobre todo, privatizador: una, en la reforma de 2010, la autorización de las agencias privadas de colocación lucrativas (hasta entonces solo se permitían, desde la reforma de 1994, las no lucrativas), y la otra,

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en la reforma de 2012, la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan actuar como agencias de colocación privadas, todo lo cual unido a la reducción de los recursos disponibles para los servicios públicos de empleo suponen un debilitamiento considerable de estos y un notable giro hacia la potenciación de las agencias privadas de empleo. La mayoría de las medidas que contienen las reformas laborales aprobadas durante la crisis económica, con muy pocas excepciones como las relacionadas con la limitación de la contratación temporal en la reforma de 2010 y algunas de las relativas a la vigencia de los convenios colectivos en la reforma de 2011, tienen, como se acaba de exponer, como finalidad directa la flexibilidad laboral en sus distintas facetas y en algunos casos la limitación y reducción de las prestaciones por desempleo, es decir, la desregulación de las relaciones laborales y el mercado de trabajo a favor del principio de libertad de empresa y en perjuicio del poder de negociación de los trabajadores y de sus representantes. O sea, esas reformas laborales parecen ir destinadas a potenciar el poder empresarial y a debilitar la «capacidad» de influir de fenómenos plenamente característicos de las sociedades actuales como el derecho de trabajo, los sindicatos y la negociación colectiva y que suelen considerarse en la economía convencional como «imperfecciones» o elementos «perturbadores» en relación con el modelo «ideal» del mercado de trabajo, «ideal» por su eficacia en conseguir el mejor aprovechamiento de los recursos productivos disponibles y, concretamente, según ese tipo de economía, el menor nivel de paro involuntario. Pero, aunque todas las reformas laborales aprobadas a lo largo de la crisis tengan como finalidad la flexibilización y desregulación laboral, la intensidad de todas ellas no es la misma, y la más radical de todas esas reformas, la más flexibilizadora y desreguladora, como se constata con su mera relación, es la aprobada por el gobierno del PP en 2012. Prácticamente toda las medidas de esa reforma van dirigidas a debilitar el poder de negociación de los trabajadores y a reforzar e incrementar el de los empresarios, lo que da a esa reforma de 2012 un carácter claramente desequilibrador y desigual. Y ello se observa claramente en medidas, tales como el contrato indefinido con un periodo de prueba de hasta un año, la creciente amenaza del despido, al facilitarlo y abaratarlo considerablemente, la posibilidad de los empresarios para cambiar unilateralmente a su favor las condiciones de trabajo y bajar los salarios cuando no estén fijadas en su totalidad por el convenio colectivo y, con especial intensidad, las modificaciones introducidas por esa reforma en la materia de negociación colectiva, que parecen diseñadas con el objetivo principal de debilitarla y de mitigar la capacidad de influencia de los trabajadores y de los sindicatos. Esto último es lo que se deduce de la descentralización de la negociación colectiva que impone la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, máxiDocumentación Social  178

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me en un tejido productivo en el que el 65% de las empresas tienen menos de seis trabajadores y el 85% menos de diez trabajadores, lo que significa que en muchos casos los trabajadores se encontrarán en una situación de considerable debilidad de negociación y dependencia respecto de los empresarios no existiendo, en consecuencia, en esos casos la posibilidad de una negociación auténtica, a parte de que en algunas de esas situaciones de empresas de muy reducido tamaño ni siquiera estarán legitimados los trabajadores para negociar(40). En el mismo sentido de debilitamiento de la negociación colectiva se encuentra la finalización de la ultraactividad cuando haya transcurrido un año desde el final de la vigencia. En este caso, la empresa puede quedarse sin convenio de aplicación (en el caso de que no hubiera convenio de ámbito superior aplicable y que no se hubiese suscrito uno nuevo), lo que en algunos casos puede suponer una mayor precarización de la situación para los trabajadores y, sobre todo, que el nuevo convenio se negocie en una situación de menor fuerza de los trabajadores, al no estar vigente el anterior y partir la negociación desde cero. Y, por último, la ampliación de las posibilidades de descuelgue por parte de las empresas, con el consiguiente retroceso salarial y/o de las otras condiciones de trabajo, también puede suponer una importante regresión en la capacidad negociadora de los trabajadores.

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  ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE CONJUNTO?

Los economistas convencionales y los organismos económicos (FMI, OCDE, BCE, Comisión Europea, Banco de España…) que presionan para la aprobación de las reformas laborales, así como los gobiernos que las aprueban, defienden sus efectos positivos sobre la economía, máxime cuando forman parte de una estrategia más global, como ocurre en España desde la primavera de 2010, que incluyen también intensas políticas de austeridad fiscal dirigidas a reducir sustancialmente el déficit y la deuda pública. Por una parte, porque esa reducción del déficit y de la deuda pública mejorará la confianza de los mercados en la economía y provocará la reducción del coste de financiación de esa economía por la caída de su prima de riesgo que ello conllevará, con lo que en una situación de crisis económica se estimulará la actividad económica y la creación de empleo(41). Y, por otra parte, la flexibilidad laboral que se derivará de las reformas laborales servirá para reducir los salarios y los costes laborales reales de las empresas, favoreciendo, también, la actividad económica y el crecimiento del empleo. (40)  El artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores determina que la representación de los trabajadores (y, por tanto, la legitimación para negociar convenios) en la empresa o en el centro de trabajo estará limitada a las empresas que tengan más de diez trabajadores o que teniendo entre seis y diez así la decidiesen por mayoría los trabajadores. (41)  Por estos efectos positivos que se suponen que tendrá la política de la austeridad fiscal sus defensores la han calificado de expansiva: austeridad expansiva.

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Pero la economía convencional que sustenta las estrategias basadas en la austeridad fiscal y las reformas estructurales, en concreto, la flexibilidad laboral, padece de una serie de problemas que afectan tanto a las hipótesis y supuestos subyacentes como a la lógica y consistencia de sus argumentos que la cuestionan y ponen de relieve, en el sentido de lo señalado por Stiglitz, la naturaleza ideológica de los planteamientos de la economía convencional y los intereses de clase que la apoyan, ya que, como se constatará, algunas de las consecuencias más evidentes parecen ser el aumento de las desigualdades económicas y sociales y el desequilibrio de las relaciones de poder en favor de los empresarios. En cuanto a la austeridad fiscal, en Blith (2014) se expone con brillantez la consideración como una idea peligrosa y se rebate con energía la proposición de que será beneficiosa para la economía tanto porque no combate las verdaderas causas de la crisis económica(42), sino más bien algunas de sus consecuencias, como por el carácter procíclico de este tipo de políticas que agravaría la situación depresiva de la economía, al basarse en recortes y reducción del gasto público, principalmente social y en infraestructuras, y en aumentos de los impuestos, que afectarán negativamente a la demanda agregada de la economía con el consiguiente retroceso de la actividad económica, la mayor destrucción de empleo y la acentuación creciente del paro, a la vez que se puede producir un notable deterioro del estado de bienestar y del nivel de protección social de los trabajadores. Aparte de que, al contrario del objetivo principal de esas políticas, esos efectos regresivos sobre la actividad económica y el empleo dificultarán la reducción del déficit público e impedirá el descenso de la deuda pública, que, incluso, como confirma el caso español desde 2010, puede llegar a aumentar hasta alcanzar porcentajes sobre el PIB difícilmente aceptables y sostenibles.(43) Centrándonos ahora en la concepción de la economía convencional del mercado de trabajo y en la defensa de la flexibilidad laboral, que es el objetivo del artículo, y profundizando algo más en lo ya expuesto en el segundo apartado, también se plantean importantes problemas y dificultades que (42)  La crisis fiscal más que causa de la crisis económica, como muchas veces se mantiene, es consecuencia de la misma por el efecto negativo que la disminución del PIB (de los ingresos) tiene en los impuestos y por la necesidad de aumentar determinados gastos públicos, como ocurre en el caso español, el crecimiento de las prestaciones por desempleo o el rescate público de determinadas empresas privadas como las del sistema financiero. En realidad las causas de la última crisis económica son muy diferentes y mucho más profundas que el mero desajuste fiscal, como, aparte de la transmisión internacional de la crisis de EEUU iniciada en 2007, el excesivo poder e influencia en la economía del sector financiero, el modelo productivo, en gran medida especulativo, con un peso relativo muy alto de la construcción, el enorme crecimiento del endurecimiento privado mucho más significativo al comienzo de la crisis que el público y la importancia creciente de la liberalización y desregulación de la economía, con medidas que resultaron tan dañinas como la liberalización del suelo y la paulatina desaparición de controles a la excesiva expansión financiera y crediticia de le economía. (43)  La deuda pública que representaba el 52,7% del PIB en 2009, antes de ponerse en marcha las políticas de austeridad, ha aumentado constantemente hasta alcanzar prácticamente en la situación actual el 100% del PIB.

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afectan a la consistencia y rigor de su análisis, a la validez de sus hipótesis y supuestos como representación de la realidad y, desde luego, a sus efectos y consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. En cuanto a las hipótesis y supuestos de la economía convencional en relación con el mercado de trabajo, la primera cuestión relevante que se plantea es su no consideración como una institución social y, por tanto, como una relación social específica y determinada entre empresarios y trabajadores, en vez de una relación entre una mercancía, el trabajo, y el dinero, el salario, como si de cualquier otra mercancía se tratara, relación que, además, en el caso de las sociedades actuales suele ser muy desigual y desequilibrada. Y eso afecta a la validez de la teoría para reflejar la realidad, puesto que en la mayoría de los casos el análisis de la economía convencional considera como meras imperfecciones o perturbaciones algunas de las características y fenómenos esenciales e indisolubles de las sociedades actuales, explicados por el desarrollo histórico de esas sociedades, como los sindicatos, la negociación colectiva, el derecho del trabajo y el estado de bienestar y la protección social. En consecuencia con las hipótesis y el análisis de la economía convencional el objetivo de las políticas sería que el mercado de trabajo real se parezca lo más posible al modelo «ideal», el que sería el más eficaz posible, y en el que las fuerzas del mercado actuasen lo más libremente posible sin imperfecciones ni perturbaciones, la regulación pública fuese la menor posible y se permita una elevada flexibilidad salarial. De ahí las reformas laborales que defienden la práctica totalidad de los economistas convencionales y de los organismos internacionales (con alguna rara excepción como la OIT). Pero, además, de la falta de consistencia del análisis convencional del mercado de trabajo y al alejamiento de la realidad de las sociedades actuales de sus hipótesis y supuestos, este tipo de análisis tiene otro problema muy importante que lo cuestiona, que son las consecuencias y efectos favorables que defienden de las reformas laborales y, en particular, de la flexibilización salarial, que ya hemos comentado anteriormente. Analicemos con un poco de detalle estas consecuencias y efectos favorables de las reformas laborales según los economistas convencionales. Por un lado, porque la reducción y eliminaciones de las rigideces e imperfecciones del mercado de trabajo, representadas por la z en la ecuación de Blanchard(44), provocaría una caída de los salarios reales para cada nivel de la actividad económica y para cada valor de la tasa de paro (u en la citada ecuación). Y, por otro lado, porque, teniendo en cuenta que la demanda de trabajo del conjunto de la economía es, según este tipo de análisis, decreciente con el salario real (más concretamente con el coste laboral (44) 

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W/P = f (u,z) (–)(+)

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real)(45) una caída de este facilitará el aumento de la producción y el empleo. Y ello porque la demanda de trabajo coincide con la productividad marginal, que también se supone decreciente por la ley de los rendimientos decrecientes, ya que el empresario aumentará la producción y el empleo hasta que el salario real sea igual a la productividad marginal: W/P = PMa(46). Pero estos resultados tan positivos para la economía de las reformas laborales y, en particular, de la flexibilidad salarial podrían no producirse, sino que, al contrario, podrían resultar desfavorables para la producción y el empleo porque el análisis de la economía convencional puede considerarse parcial, ya que se centra en una de las dos dimensiones que tiene el salario, el salario como coste laboral, marginando o no otorgando toda su relevancia a la otra dimensión social del salario, el salario como ingresos de los trabajadores y determinante de una parte importante de la demanda agregada de la economía(47). Porque puede ocurrir que al descender los salarios reales y producirse, por tanto, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores la demanda de estos (por ejemplo, de consumo) también se reduzca, con lo que la producción y la demanda de trabajo también puede disminuir. Es decir, la demanda de trabajo, que se supone decreciente por la economía convencional, no se mantendrá inalterable (como se deduciría de la hipótesis del ceteris paribus, de que todas las demás variables permanecerán constantes), sino que se desplazará hacia la izquierda, con lo que en realidad se producen dos efectos contradictorios: uno, positivo sobre la producción y el empleo por el movimiento a lo largo de una curva de demanda de trabajo decreciente como consecuencia de la caída de los costes laborales reales, y otro negativo sobre esas mismas variables por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que desplazará hacia la izquierda la curva inicial de demanda de trabajo. El efecto final de estos dos efectos contrarios no es seguro ni cierto sino que dependerá de cuál de los dos sea más intenso y predominante y puede ocurrir que sea negativo, en vez, de positivo, como se supone cuando se defiende la aprobación de reformas laborales flexibilizadoras(48), lo que implicaría que la demanda de trabajo (45)  El coste laboral por trabajador añade al coste salarial por trabajador las aportaciones empresariales a la seguridad social y otros pagos no salariales, como las indemnizaciones por despido. (46)  El aumento de la producción derivado de un aumento adicional de empleo (descendente por la ley de los rendimientos decrecientes). Con lo que al empresario le será beneficioso aumentar la producción y el empleo siempre que el aumento del producto supere al aumento del coste de un trabajador adicional. Y ello ocurrirá hasta que el coste de emplear a un trabajador más se iguale con la productividad marginal: w/p = PMa. (47)  Máxime cuando en economías como la española el empleo asalariado representa más del 80% del empleo total y el consumo privado en torno a las dos terceras partes del PIB nominal total. Aparte de que la propensión media y la marginal de las rentas medias y bajas son mayores que las de las rentas altas. (48)  El desplazamiento de la curva de demanda de trabajo a la izquierda por el retroceso de los ingresos supone una reducción de la producción y el empleo y el movimiento a lo largo de la curva de demanda de trabajo un aumento de la producción y el empleo, dependiendo el efecto final de cuál de los efectos parciales sea mayor, el del desplazamiento de la curva o el del movimiento a lo largo de la curva. En cambio, si se supone (ceteris paribus) que la curva de demanda de trabajo no se desplaza, porque no se tiene en cuenta

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agregada a largo plazo (teniendo en cuenta los desplazamientos temporales de las demandas de trabajo a corto plazo) sería creciente y no decreciente. Y todo ello porque en economía pueden existir paradojas cuando se trata de proyectar lo que puede ser correcto desde el punto individual, microeconómico, al agregado, macroeconómico, y, por tanto, que tiene en cuenta relaciones sociales más complejas. Y una de esas paradojas es la de la flexibilidad salarial(49), ya que la reducción de los costes laborales, puede ser beneficiosa para un empresario individual, aumentando la producción y el empleo, pero puede no serlo para el conjunto de la economía si la demanda de la economía retrocede como consecuencia de la disminución de los ingresos se los trabajadores que se producirá. Porque el conjunto de las empresas no aumentará su producción, aunque se reduzcan los costes laborales, si ese aumento de la producción no se ampara en un crecimiento paralelo de la demanda agregada. Ya que, en síntesis, la ley de Say, de que toda oferta genera su propia demanda, puede no cumplirse no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo en contra de las presunciones de la economía neoclásica. Y esta es una importante limitación porque puede ocurrir que las reformas laborales tengan unas consecuencias no previstas por sus defensores(50) y empeore la situación de la economía, su nivel de producción y de empleo, por lo que, además, si se tienen en cuenta las consecuencias restrictivas que pueden tener las políticas de austeridad sobre la demanda agregada, la situación de crisis económica puede agravarse notablemente(51). Veamos ahora lo que ha ocurrido en la economía española y el mercado de trabajo español en la época en que se aprobaron reformas laborales flexibilizadoras y, en particular, la de 2012, preguntándonos si, como defienden los economistas convencionales, la mayoría de los organismos económicos y el gobierno del PP (adviértase que para este las políticas de austeridad y las reformas laborales aprobadas por el gobierno socialista no habrían tenido ninguna consecuencia favorable para la economía española, sino todo lo contrario), y, en general, los defensores de las reformas laborales, la producción y el empleo ha aumentado, la capacidad generadora de la economía ha mejorado (por que es necesario un menor crecimiento del PIB para crear empleo) y si esa economía ha ganado competitividad internacional o si, por el contrario, los efectos y consecuencias han sido otros diferentes o, por lo menos, no tan claros y evidentes o no explicados por esas políticas y reformas. la dimensión salarial como ingreso de los trabajadores y solo se considera la dimensión salarial como coste laboral, la caída de los salarios supondrá siempre un crecimiento de la producción y del empleo. (49)  Véase al respecto el análisis de Solow (1992) y las consideraciones de Krugman (2012) en las páginas 60-63. (50)  El inolvidable profesor Luis Toharia solía decir que «Normalmente, los únicos efectos “grandes” que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó». Véase Toharia (2011). (51)  El efecto negativo sobre el empleo de las caídas salariales, en contra de lo previsto por los economistas convencionales, se explica con brillantez en Solow (1992), Flassbeck (2014) y Lapavitsas y Flassbeck (2015).

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La defensa de las consecuencias positivas de las políticas de austeridad y las reformas laborales aprobadas en los últimos años y, sobre todo, de la de 2012 suele respaldarse con el final de la recesión económica y el inicio de la recuperación económica a partir de mediados de 2013 que ha servido para que el PIB real, que descendió en 2012 el 2,6% y en 2013 el 1,7%, aumentara en 2014 el 1,4% y en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2015 el 3,1%, y que el empleo estimado por la Encuesta de Población Activa (EPA), que caía en 2012 y 2013 el 4,3% y el 2,8%, respectivamente, avanzara en 2014 el 1,2% y en 2015 el 3%. Este final de la recesión y del inicio de la recuperación económica en la que vuelve a crecer el PIB y el empleo, según el gobierno, se habría producido por la política económica del gobierno de ajustes y de reformas estructurales. En particular, la reforma laboral, por sí misma, al permitir soluciones alternativas al despido, como la flexibilidad interna (mayores posibilidades de modificar las condiciones de trabajo y, en concreto, de suspender temporalmente los contratos y reducir la jornada laboral) y la flexibilidad salarial (devaluación salarial y disminución de los costes laborales), habría conseguido mantener en importante medida el empleo y permitido aparecer nuevas oportunidades de empleo, lo que habría facilitado el aumento de la capacidad generadora de empleo de la economía o, lo que es lo mismo, que para crear empleo fuera necesario un menor crecimiento del PIB que antes de esa reforma laboral, lo que ya sería un mérito suficiente y notable de la norma aprobada a principios de 2012. Pues bien, no parece que con los datos hasta ahora disponibles se pueda explicar la mejora de la situación económica y del empleo a partir de mediados de 2013 por la política de austeridad fiscal y las reformas laborales aprobadas desde los principios de 2012(52), sino que más bien parece que esa mejora se tenga que explicar por factores ajenos a la economía española y por decisiones ajenas a las autoridades económicas españolas. En concreto, no parece que la mejora de la confianza en los mercados y la disminución de la prima de riesgo de la economía española se haya producido principalmente por las políticas del gobierno del PP, ya que todo ello no se hubiera producido si no hubiera mediado en el verano de 2012 la decisión del Banco Central Europeo de hacer todo lo necesario para salvar al euro y, en concreto, la determinación del banco de reducir las primas de riesgo de las deudas públicas española e italiana respecto del bono público alemán a diez años, que llegaron a superar a mediados de julio de ese año en ambos casos la cifra de seiscientos puntos porcentuales(53). (52)  La tasa de variación intertrimestral de los datos corregidos de variaciones estacionales y de calendario del PIB real, que venía descendiendo desde el primer trimestre de 2011, comenzó a aumentar desde el tercer trimestre de 2013. (53)  En realidad más que un conjunto de políticas de medidas fueron unas declaraciones de Draghi, el gobernador del BCE, de que «el BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, esto será suficiente», lo que sirvió para empezar a bajar las primas de riesgo española e italiana.

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Y, además, otra serie de factores totalmente ajenos a la política económica del gobierno del PP han favorecido ese cambio de la situación económica y del mercado de trabajo, entre los que figuran: la mejora desde inicios de 2013 de la mayoría de las economías más poderosas, como la norteamericana, las de algunos de los países más desarrollados de la UE y las de algunos países emergentes(54); la flexibilización temporal del cumplimiento del objetivo del déficit público del 3% del PIB nominal, que se retrasó en tres años en 2013 desde finales de ese año a finales de 2016, y que ha permitido cierto relajamiento en las políticas de ajustes fiscal y, en particular, de recortes de gasto públicos con relación a los años anteriores; la fuerte caída del precio del petróleo que se produce desde mediados de 2014, y que ha pasado de superar los cien euros del barril de Brent en 2014 a situarse, incluso, por debajo de treinta euros a principios de 2016; la política monetaria expansiva, sobre todo con la compra de deuda pública, anunciada a finales de 2014 y puesta en marcha desde principios de 2015; y la sustancial depreciación del euro, desde mediados de 2014, especialmente respecto del dólar norteamericano, pero también respecto de otras monedas, como la libra esterlina y el yen japonés, que ha intensificado el crecimiento de las exportaciones del área y, por tanto, de España. Porque en realidad el final en la primavera de 2010 de la política de incentivos fiscales (de corte keynesiano) que se había iniciado un año antes, en la primavera de 2009, y el paso brusco a una política de austeridad fiscal, que se acentuó a principios de 2012, y la aprobación de reformas laborales flexibilizadoras también a partir de la primavera de 2010 y que, asimismo, se acentuaron y radicalizaron desde el comienzo de la legislatura del gobierno del PP, coincidió con un notable empeoramiento de la situación económica, que había mejorado ligeramente desde mediados de 2009, y con una acentuación de la destrucción de empleo y de incremento del paro que también se habían moderado desde entonces. Así, a principios de 2011 la economía española vuelve a encontrarse en una situación de recesión económica, la segunda desde el inicio de la crisis económica, con reducciones intertrimestrales del PIB real, cercanas, incluso, a mediados y finales de 2012 al uno por ciento, lo que asimilaba la gravedad de la situación económica a la que tenía la economía española a principios de 2009. Y si esto es lo que ha ocurrido con la evolución del PIB, la del empleo y el paro ha sido, si cabe, más negativa y desfavorable, ya que, a pesar del final de la recesión económica en el segundo trimestre de 2013 y el inicio de la recuperación económica a partir de entonces, desde el comienzo de la crisis económica y hasta el cuarto trimestre de 2015, el último dato disponible de (54)  En los últimos meses se está produciendo cambios en las expectativas de crecimiento de muchas economías como en el caso de China, que pueden frenar el crecimiento económico mundial.

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la EPA, el empleo ha disminuido en cerca de 2,7 millones de personas, casi el 13% en términos relativos, y el paro, que casi se ha triplicado en ese periodo, ha crecido en prácticamente tres millones de personas, hasta rozarse al final del periodo la cifra de cinco millones de personas, con una tasa de paro del 20,9%, 13 puntos porcentuales por encima que la de antes del comienzo de la crisis económica. Además, el retroceso del empleo, que había alcanzado el máximo en 2009, el –6,7%, y que se había moderado sustancialmente en los dos años siguientes (–2% en 2012 y –1,6% en 2011), vuelve a acentuarse en 2012 (–4,3%) coincidiendo con la intensificación de las políticas de austeridad fiscal y con la aprobación de la reforma laboral de 2012, y todavía se mantienen las tasa de destrucción del empleo a unos niveles muy elevados en el primer trimestre de 2013 (–3,8), lo que hace muy difícil que pueda considerarse que los efectos de esas políticas sobre la economía española hayan resultado positivos como defienden los miembro del gobierno y los representantes del PP. Por su parte, el paro siguió creciendo hasta el primer trimestre de 2013, periodo en el que se alcanza la cifra del máximo histórico de la serie estadística disponible de la EPA de casi 6.300.000 personas desempleadas y la tasa de paro también máxima histórica de casi el 27% (el 26,9). Únicamente la recuperación económica, explicada por los factores ajenos a la economía española antes citados y no por los posibles efectos diferidos de las políticas de austeridad fiscal y las reformas laborales, influye en la mejora de la situación del mercado de trabajo, que se refleja en el aumento interanual del empleo desde el segundo trimestre de 2014 y en el descenso interanual del paro (también influido por el descenso de la población activa) a partir del primer trimestre de 2014, a pesar de lo cual resta mucho para que la situación del mercado de trabajo se asemeje a la anterior a la crisis económica. En cuanto al retroceso del PIB durante la crisis económica (que en términos interanuales se mantiene hasta el cuarto trimestre de 2013), este se explica en su totalidad por la contribución negativa de la demanda nacional (consumo privado + consumo público + inversión) porque la contribución positiva de la demanda externa (exportaciones-importaciones) durante la crisis ha sido muy insuficiente para contrarrestar la contribución negativa de la demanda nacional por dos factores principalmente. El primero, porque, al contrario de lo que ocurre con otros países, como Irlanda, en los que las exportaciones tienen un peso relativo en el PIB nominal muy elevado, de la mitad o más, en España apenas alcanza la tercera parte de esa magnitud, por lo que es muy difícil que la actividad económica pueda mantenerse gracias a la demanda externa si la nacional evoluciona muy negativamente. Y el segundo factor, porque el aumento de la demanda externa que puede explicarse por la mejora de la com-

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petitividad de la economía española no depende únicamente de factores relacionados con la estrategia del gobierno de austeridad y de reformas laborales sino que depende de otras muchas variables. En efecto, el descenso de los salarios y de los costes laborales(55) favorecido por la estrategia del gobierno puede no suponer necesariamente una mejora sustancial de la competitividad de la economía por cuatro razones primordiales: la primera, porque el descenso de los salarios puede compensarse por el aumento de otros componentes de los costes de producción, como los energéticos y de otras materias primas, financieros o impositivos: la segunda, porque, aunque descendieran los costes de producción, el precio unitario de producción podría no disminuir si las empresas aprovecharan para aumentar los márgenes empresariales, lo que puede ocurrir, sobre todo, en aquellos sectores con un cierto control monopolístico por parte de las grandes empresas(56); la tercera, porque los precios verdaderamente significativos para la competitividad de una economía son los relativos respecto de los precios de los países competidores(57); y, la cuarta, porque la competitividad de una economía depende, aparte de los precios relativos del país, de la evolución del tipo de cambio nominal del país (o del área monetaria a la que pertenece) respecto de las monedas de la países competidores y una apreciación de esa moneda puede neutralizar la posible mejora relativa de los precios del país en cuestión(58). Así, la posición de la competitividad exterior de un país, que se puede medir por el tipo de cambio efectivo real o índice real de precios relativos de la economía, no depende solo de los salarios, por lo que una economía con devaluación salarial no garantiza la mejora de su competitividad. Y eso es lo que parece que ha ocurrido en el caso de la economía española, sobre todo en relación con la Unión Europea, en concreto de 2010 a 2013. En efecto, si se consideran los precios de producción (que son los más idóneos para medir la competitividad de una economía) y se compara a la economía española con tres áreas diferentes, la zona del euro, el conjunto de la UE o el de los países desarrollados, la devaluación salarial no ha ido acompañada indisolublemente desde 2010 de la mejora de la competitividad. (55)  Los costes laborales verdaderamente relevantes para la competitividad de una economía no son los costes laborales por trabajador sino los costes laborales por unidad de producción, costes laborales unitarios, que se obtienen dividiendo los costes laborales por trabajador por la productividad por ocupado. (56)  En un mercado que no sea de plena competencia el precio del producto se obtendrá añadiendo al coste unitario de producción el margen de ganancia del empresario: P = g (1 + CLU + OCU), donde P es el precio unitario, g el margen de ganancia, CLU el coste laboral unitario y OCU otros costes unitarios de producción, como los energéticos, financieros, impositivos o de materias primas. (57)  PN/PE, donde PN es el índice de precios nacionales y PE el índice de precios exteriores. (58)  La apreciación de una moneda empeora la competitividad económica del país respecto al resto del mundo porque encarece los precios de exportación y abarata los de importación. Al contrario, la depreciación mejora la competitividad porque abarata los precios de exportación y encarece las de importación.

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Frente a la zona del euro, donde el tipo de cambio efectivo real coincide con el índice de los precios relativos (PN/PE), pues la moneda es única, la competitividad de la economía española empeora desde 2010 (encarecimiento relativo de los precios) con la única excepción de 2014. Frente a la UE ocurre lo mismo, con la diferencia que, en este caso, en 2012 empeora y en 2015 se mantiene constante la posición de la competitividad, porque, aunque empeora en los dos años la relación de los precios nacionales, más que se compensa en el primer caso y se compensa en el segundo con la depreciación del euro en ese año respecto del resto de las monedas europeas. Y frente al conjunto de los países desarrollados la evolución de la competitividad es algo más compleja, ya que el tipo de cambio efectivo real aumenta y, por tanto, empeora la competitividad solo en 2011 y 2013, mientras que ocurre lo contrario disminuyendo el tipo de cambio efectivo real y, en consecuencia, mejorando la competitividad en los restantes años, es decir, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Pero en estos años la mejora se explica totalmente, con la única excepción de 2014, por la depreciación del euro, ya que en todos esos años se encarecen relativamente los precios nacionales (PN/PE aumenta). Por consiguiente, en resumen, con la salvedad de 2014, la devaluación salarial no implica necesariamente mejora por sí misma de la competitividad de la economía española y si esa mejora se produce en algunos de esos años es por la depreciación del euro, algo que no está relacionado en absoluto con la política de austeridad y las reformas laborales puestas en marcha en España, más que por la influencia en el tipo de camino efectivo real de la caída de los CLU. Y es que, como se ha señalado, el descenso de esos costes se puede compensar con el aumento de los otros costes de producción, como los energéticos, financieros o impositivos; por el incremento de los márgenes empresariales, lo que ha podido ocurrir en los últimos años, a pesar de la situación de crisis económica, en algunos sectores muy estratégicos de la economía española en los que las grandes empresas tienen un notable control monopolístico; porque el descenso de los precios nacionales sea inferior al de los precios de los países competidores; o porque el el tipo de cambio nominal del euro se haya podido apreciar, ya que esta ha sido la evolución histórica del euro con la excepción de los últimos años desde la creación del euro(59). Y esta parece que es la situación en la mayoría de los años desde 2010 a pesar de la importante devaluación salarial que se ha producido como consecuencia de las últimas reformas laborales. Porque, además, al contrario de lo que se suele mantener por los economistas convencionales y los organismos económicos más influyentes, en España los costes laborales no representan siempre un papel dominante en la posición de la competitividad de la economía española y, en concreto, en el empeoramiento de la competitividad de (59)  Tcer = (PN/PE) tcn, donde tcer es el tipo de cambio efectivo real y tcn el tipo de cambio nominal.

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la economía española. De hecho, en los años anteriores a la crisis económica, así como en los primeros de esa crisis, como muestra un reciente estudio de la OIT(60) para el periodo 1999-2009, los factores fundamentales que explican el empeoramiento de la competitividad española no fueron los costes laborales sino la apreciación del euro durante esos años(61), ya que esta ha sido, como ya se ha indicado, con la excepción de los últimos años, la evolución predominante del euro desde la creación del euro, y los diferenciales de inflación motivados, según el citado estudio de la OIT, más que por los costes laborales por el efecto de la burbuja inmobiliaria y financiera en el aumento de los precios de los activos. Y, además, la excepción que supone en cuanto a la evolución de la competitividad de la economía española desde 2010 el año 2014, ya que en ese año se produce una mejora generalizada de la competitividad de la economía española, al disminuir el tipo de cambio efectivo real, podría explicarse principalmente, más que por la rebaja de los costes laborales reales que también se produce en esos años, por otros factores, como la importante atonía y regresión de la demanda interna acumulada de los años anteriores, más intensa que en otros países desarrollados, y muy relacionada, precisamente, con la devaluación salarial que venía produciéndose desde 2010 (si se consideran los salarios reales), por la sustancial depreciación del euro y por otros factores externos, como la caída del precio del petróleo que se produce desde 2014, porque esa caída influye en el abaratamiento relativo de los precios nacionales en mayor medida que en otros países competidores como consecuencia de la elevada dependencia energética de las importaciones de petróleo, muy superior que en la mayoría de esos países(62). Pero el gobierno del PP insiste en que el final de la recesión a mediados de 2013 y la mejora de la situación económica y del mercado de trabajo que se produce a partir de entonces es consecuencia de la estrategia puesta en marcha desde inicios de 2012 por el citado gobierno tanto en materia de austeridad como por la aprobación de la reforma laboral de ese año. Y ello a pesar de casi nadie niega la evidencia de la influencia de los factores externos, totalmente ajenos a esa estrategia, en esa evolución positiva. Y, aparte de lo que ya se ha dicho, una de las cuestiones en las que más insiste el gobierno y, en particular, (60)  En OIT (2014) se hace referencia a un estudio comparativo de los países de la zona del euro en el que se analiza la contribución de los costes laborales relativos de cada país, de la apreciación del euro y de los diferenciales de inflación en la competitividad exterior de cada país, para el periodo 1999-2009, concluyéndose que en el caso de España los costes laborales relativos (en comparación con otros países) contribuyen positivamente (mejorándola) a la competitividad de la economía española y como los factores principales que explican el empeoramiento de la competitividad de la economía española fueron la apreciación del euro y las diferencias de inflación. (61)  Desde la creación del euro es un hecho la fuerte apreciación de esa moneda respecto de otras como, por ejemplo, el dólar, con el que desde 2001 hasta 2014 pierde casi un 50% del valor inicial. (62)  Un análisis más detallado de la relación entre la devaluación salarial y la competitividad de la economía española puede verse en Pérez Infante (2013a).

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su presidente, el señor Rajoy, y su ministro de economía, señor De Guindos, es que la reforma laboral de 2012 ha sido la causa principal del aumento de la capacidad generadora de empleo de la economía española, de que el crecimiento del PIB necesario para crear empleo neto sea desde esa reforma menor que antes de la reforma; la economía tenía que crecer por encima del 2% para que aumentara el empleo hasta 2012 y desde la reforma de ese año bastan crecimientos inferiores al uno por ciento para que eso ocurra. Y ello se explicaría, según el gobierno, por las mayores posibilidades de flexibilidad interna y salarial que permiten modificar las condiciones de trabajo y relucir los salarios más fácilmente que antes como alternativa al despido, con lo que la destrucción de empleo sería menor. Analicemos con un poco de detalle esta cuestión. El crecimiento del PIB necesario para crear empleo neto, que se conoce como el umbral de creación del empleo (UCE), coincide con el crecimiento de la productividad por ocupado del conjunto de la economía(63), de forma que si el umbral se reduce el crecimiento del PIB necesario para crear empleo, será menor y si el umbral aumenta ese crecimiento necesario del PIB será, mayor. Y es cierto que el crecimiento de la productividad por ocupado, es decir, el UCE, es muy inferior a finales de 2015, que es cercano a cero (0,2% en el tercer trimestre) que a finales de 2011 (el 2% en el cuarto trimestre). Pero también es cierto que el crecimiento de la productividad era superior al 2% en 2012 (2,4%) y el primer semestre de 2013 (2,1%) y que solo disminuye cuando finaliza la fase de recesión económica y comienza la recuperación económica (1,7% en el segundo semestre de 2013, 0,3% en 2014 y 0,1% en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2015). Y eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente en la economía española, que cuando la economía mejora y crece más el avance de la productividad es muy escaso (en el periodo 2001a 2007, anterior a la crisis económica, de fuerte crecimiento económico, en algún año, incluso por encima del 4%, el incremento de la productividad nunca superó el 0,5%), mientras que, al contrario, ese crecimiento de la productividad se dispara cuando la economía española se encuentra en situación de crisis (2,7% en 2009 y 2010). Y ello porque el crecimiento de la productividad por ocupado y, por consiguiente, el crecimiento del PIB necesario para crear empleo es claramente anticíclico, siguiendo la dirección contraria al empleo, que es muy fluctuante en las empresas españolas, por ser esa la vía fundamental de ajuste de estas empresas cuando cambia la situación económica, en vez de lo que ocurre con las empresas de otros países, como Alemania, en las que la vía principal de (63)  La productividad se obtiene a través de la Contabilidad Nacional de España dividiendo el PIB real por el empleo equivalente a tiempo completo. Con los datos disponibles (índice encadenado) no se puede calcular el valor de la productividad por ocupado pero sí su variación, que es lo que necesitamos por ser esa variación el equivalente al umbral de creación de empleo.

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ajuste es otra diferente, como la jornada laboral. Y es que la causa de este comportamiento anticíclico del crecimiento de la productividad por ocupado se encuentra en el modelo productivo de la economía española, en el que predominan actividades económicas muy fluctuantes y puestos de trabajo muy inestables, y en la facilidad para la contratación temporal, que se refleja en una tasa de temporalidad muy elevada (la segunda de la UE después de Polonia). Aparte, claro, de que, si bien es cierto que la reforma laboral de 2012 ha permitido una mayor flexibilización interna y salarial también lo es que esa reforma laboral ha facilitado y abaratado el despido, lo que en una situación como la española ha servido para que la destrucción de empleo, no solo temporal, sino también indefinida, haya continuado siendo intensa después de la reforma laboral de 2012(64). Y si la estrategia del gobierno no ha servido para mejorar la situación económica y del mercado de trabajo si no hubiera sido por una serie de factores exógenos, totalmente ajenos a la estrategia de política económica y laboral seguida por el gobierno, cabría preguntarse si ha tenido algún otro efecto o consecuencia para la economía y la sociedad española. Y parece que, aparte de la tendencia generalizada de enorme deterioro del estado de bienestar y del nivel de protección social, tres fenómenos, no precisamente positivos y relacionados entre sí, han acompañado a la estrategia del gobierno, la acentuación de la precariedad del empleo, la reducción de la protección por desempleo y el aumento de la pobreza y de la desigualdad. En primer lugar, en cuanto a la precariedad laboral, la información disponible confirma que este fenómeno está asociado a la recuperación económica iniciada a partir de mediados de 2013 tanto por el aumento de la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados ocupados con contrato temporal), como el de la de parcialidad (porcentaje de total de ocupados con contrato a tiempo parcial), lo que, junto a unas condiciones de trabajo de estos tipos de empleo habitualmente diferentes a los de los indefinidos y a tiempo completo y unas posibilidades de ascenso y promoción también diferentes, significa un salario notablemente inferior(65). De hecho, aunque la tasa de temporalidad había disminuido sensiblemente a lo largo de la crisis económica(66), no por las reformas laborales sino por la mayor intensidad de la destrucción del empleo en actividades con tasas de temporalidad muy superiores a la media, como las del sector de la cons(64)  Véase los artículos Pérez Infante (2015a, 2015b y 2016). (65)  Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2013, última disponible, el trabajador asalariado temporal gana el 36,6% menos que el indefinido. Y, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del tercer trimestre de 2015, el trabajador a tiempo parcial gana el 61,5% menos que el trabajador a tiempo completo y el 37,7% menos si se calcula por hora trabajada. (66)  La tasa de temporalidad disminuyó desde el 34% en 2006 al 22,4% en el primer semestre de 2013, 11,6 puntos porcentuales.

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trucción y otros complementarios o auxiliares de este, esta tasa vuelve a aumentar desde el primer trimestre de 2013, el 21,9%, hasta el cuarto de 2015, el 25,7%, lo que significa un crecimiento de casi cuatro puntos porcentuales en menos de tres años, debido a que del crecimiento total del empleo asalariado que se produce en ese periodo, 1.001.800 ocupados más; 776.800, el 77,5%, son temporales y solo 225.000 empleos, el 22,5%, son indefinidos. Por su parte, la tasa de parcialidad, que se había mantenido muy estable con anterioridad a la crisis (sin que se alcanzara el 12%), comienza a crecer ligeramente desde su inicio por el intento de algunas empresas de mantener el empleo aunque no sea a tiempo completo, para crecer con más intensidad a partir de la reforma laboral de 2012 por la flexibilidad en la contratación a tiempo parcial que introduce esa reforma, hasta situarse en la actualidad en tasas en torno al 16%. Y ese crecimiento de la parcialidad desde el inicio de la crisis se refleja en que, mientras que el empleo a tiempo completo retrocede desde entonces en casi 3,3 millones de personas (3.237.500), el empleo a tiempo parcial ha crecido en casi 600.000 personas (578.300)(67). En segundo lugar, y en cuanto a la protección por desempleo, la tasa de cobertura(68) sufre un descenso muy notable, de más de 15 puntos porcentuales desde 2010, pasando de superar el 70% en la media de ese año hasta en torno al 55% a finales de 2015 (el 55,2% en noviembre), descenso que es superior a los seis puntos si se considera la evolución de los dos últimos años. Del mismo modo, la cuantía media de la prestación contributiva por desempleo cae en el 2,5% en los dos últimos años. Tanto el retroceso de la tasa de cobertura como el de la cuantía media de la prestación contributivas son, en parte, consecuencia de la aprobación por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, solo una semana después de aprobada definitivamente la reforma laboral por la Ley 3/2012, que introdujo una serie de recortes muy importantes en la protección por desempleo, ya comentados en un apartado anterior, que afectan principalmente a los beneficiarios del subsidio por desempleo y a la cuantía de la prestación contributiva por desempleo a partir del séptimo mes. Y, por último, en cuanto a la pobreza y la desigualdad se producen importantísimos incrementos de ambos fenómenos, que se convierten en dos de los problemas más graves que tiene actualmente la sociedad española y, que, además de cuestionar las proclamas de que España ha superado la situación de crisis económica (Stiglitz acaba de calificar la situación actual de la economía española de depresión), puede condicionar no solo la estabilidad futura de la (67)  La tasa de parcialidad creció desde una media del 11,6% en 2007 al 13,6% en 2011 y hasta el 15,7% en 2015. (68)  Porcentaje de parados registrados con experiencia laboral, añadiendo los demandantes de empleo incluidos en el subsidio agrario eventual de Andalucía y Extremadura (no incluidos en el paro registrado), que son perceptores de las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio).

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sociedad sino, incluso, su crecimiento económico. Los aumentos de la pobreza y la desigualdad se derivan, además de otras peculiaridades, como un sistema fiscal regresivo, de una serie de características y problemas que distinguen actualmente a la sociedad y economía española, y, en concreto, al mercado de trabajo español, como la reducción del estado de bienestar y de la protección social, la devaluación salarial(69), la precariedad laboral, y el aumento del paro, especialmente del de larga duración, compuesto por las personas que llevan, al menos, un año buscando empleo, que de representar menos del 20% del paro total en 2008 ha pasado a representar actualmente prácticamente el 60%, el 59,5% en el cuarto trimestre de 2015, triplicándose el porcentaje de antes de la crisis, al encontrarse en esa situación en el último trimestre casi tres millones de personas (2.845.300)(70). Por una parte, la pobreza ha aumentado considerablemente a lo largo de la crisis, ya que, según el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia Europea 2020)(71), la población residente que se encontraba en esa situación, que era era ya el 23,2% en 2007, antes de iniciarse la crisis económica, crece hasta el 26,7% en 2011, antes de aprobarse la reforma laboral y vuelve a crecer hasta el 29,2% en 2014, último dato disponible del indicador, lo que convierte a España, según EUROSTAT, en el país, después de Grecia, con mayor crecimiento de la población residente de la UE en esa situación y en el cuarto país de la UE, después de Rumania, Bulgaria, Grecia y Hungría, y el segundo, después de Grecia, de la zona del euro en importancia de la pobreza y la exclusión social. Y, por otra parte, la desigualdad, que también ha sufrido un impresionante avance durante la crisis económica, el mayor de toda la Unión Europea, ha convertido a España en uno de los países más desiguales de toda el área e, incluso, según recientes estimaciones, en el más desigual de todos. Y en este problema ha tenido una incidencia especial, aparte del aumento del paro y la disminución de la protección por desempleo, el fenómeno de la devaluación salarial, tanto por la pérdida que ha provocado en el peso relativo que representa la renta de los asalariados en la renta nacional como por la concentración del descenso salarial, tanto real como monetario, en los salarios más bajos. (69)  Para un análisis de la devaluación salarial en relación con la pobreza y la desigualdad puede consultarse Pérez Infante (2015a, 2015b y 2016). (70)  De las cuales más de dos millones de personas (2.083.900) son paradas de muy larga duración, que llevan, al menos, dos años buscando empleo, y que suponen el 43,6% del total de las personas paradas. (71)  Es la suma de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza, que tiene una renta inferior al 60% de la mediana de los ingresos, que tienen una carencia material severa, con carencia en, al menos, cuatro conceptos de una lista de nueve (como no poder permitirse vacaciones de una semana al año, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al menos cada dos días, no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada o no poder permitirse disponer de una lavadora), o baja intensidad en el empleo, que pertenecen a hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año.

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En cuanto a la evolución del peso relativo de la remuneración de los asalariados, lo que se conoce como la masa salarial, en la renta nacional, más concretamente en el PIB monetario o nominal(72), este baja desde el 51% que representaba en el tercer trimestre de 2009 al 47,1%, 3,9 puntos porcentuales menos, casi el 8% menos, en el mismo trimestre de 2015, seis años después. Una parte escasa de este retroceso del peso relativo de la renta de los asalariados, una décima porcentual, el 1%, se explica por el descenso de la tasa de asalarización(73) (porcentaje de asalariados sobre el empleo total), del 86,5% al 86,4%, y el resto, 3,8 puntos, el 7,5% del total, por el retroceso acumulado en el periodo considerado del coste laboral unitario real(74), que es consecuencia directa del proceso de devaluación salarial que se produce en España en los últimos años. Y en cuanto a la dispersión salarial y concentración de la devaluación salarial, del descenso de los salarios monetarios, en los salarios más bajos, los datos de la Estadística de deciles salariales de la EPA que publica el INE desde 2006 son contundentes. Según esta estadística, el salario medio del 10% que menos gana baja continuamente desde 2008 hasta 2014, que es el último dato disponible, cuando, como se ha señalado anteriormente, los salarios medios monetarios estimados para el conjunto de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral bajaban desde 2012, el salario medio de los que se encuentran entre el 10% y el 30% que menos gana baja desde 2011, y el de los que están entre en 30% y el 40% que menos gana se mantiene prácticamente constante desde ese año, mientras que, por el contrario, el salario medio del de los que se encuentran entre el 60% que más gana aumenta continuamente desde el inicio de la crisis, manteniendo la tendencia anterior. Es decir, que el problema de la devaluación salarial es un problema no generalizado, sino que es un problema que afecta principalmente a los salarios más bajos, y, sobre todo, al 10% de los asalariados que menos ganan, en el que la disminución salarial se produce casi desde el comienzo de la crisis. Y eso es lo que provoca que el salario medio de los que más ganan (el 10% que más gana), que suponía 7,3 veces el salario medio de los que menos ganaban (el 10% que menos ganaba) en 2007, crezca hasta 9 veces en 2010, 11 veces en 2013 y 11,2 veces en 2014, lo que significa un incremento del diferencial del 53% en siete años. Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que el proceso de devaluación salarial afecta también, principalmente, a los trabajadores que menos tiempo llevan trabajando en la empresa, sobre todo, a los trabajadores que han sido (72)  La remuneración de los asalariados sería el equivalente al coste laboral e incluiría los salarios brutos, las aportaciones empresariales a la Seguridad Social y otros pagos no salariales de los empresarios como las indemnizaciones por despido. (73)  En términos de empleo equivalente a tiempo completo de la Contabilidad Nacional de España. (74)  El porcentaje que representa la masa salarial o remuneración de los asalariados equivale al producto del coste laboral unitario real y la tasa de asalariados.

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contratados dentro de los últimos doce meses, en los que el salario medio disminuye continuamente desde 2008, llegando a acumular desde entonces un retroceso del 7,4%, mientras que en el caso de los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa el salario medio crece constantemente desde 2007, el 11,4% de crecimiento en el caso de los que llevan en la empresa al menos cinco años pero menos de diez años, y el 9,3% los que llevan al menos diez años en la empresa, los que hace que los trabajadores más antiguos (más de 10 años en la empresa) ganen en 2014 el doble que los que menos tiempo llevan en la empresa (menos de un año).

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8 Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado Almudena Moreno Mínguez Universidad de Valladolid. Departamento de Sociología y Trabajo Social [email protected]

Fecha de recepción: 11/11/2015 Fecha de aceptación: 21/12/2015

Sumario

1.  El desempleo juvenil en el contexto del mercado laboral español: hacia un diagnóstico.   2.  La efectividad de las políticas activas de empleo juvenil.   3.  Revisión crítica de la Garantía Juvenil.  4. Conclusiones.  5.  Bibliografía.

RESUMEN El elevado desempleo juvenil en España ha intensificado el debate sobre las causas que lo explican y las soluciones que se pueden aportar desde las distintas instituciones. El diagnóstico parece apuntar a la disfuncionalidad del sistema productivo español y a la limitada funcionalidad del sistema educativo para formar en competencias profesionales que favorezcan la inserción y empleabilidad de los jóvenes. Sin embargo son limitados los estudios que han reflexionado sobre la idoneidad y eficacia de las políticas públicas activas de empleo juvenil desarrolladas en España. Por tanto en base a una revisión de la literatura comparada sobre el desempleo juvenil, se analizarán empíricamente las características que definen el desempleo juvenil en España, así como la efectividad de las políticas activas de empleo desarrolladas para combatir el desempleo juvenil desde una perspectiva crítica. La perspectiva metodológica empleada en este artículo consistirá básicamente en presentar e interpretar los indicadores relativos al desempleo juvenil en perspectiva comparada, así como en aportar evidencias empíricas sobre la limitada efectividad de las políticas activas de empleo para reducir el desempleo juvenil, entre las que se encuentra la Garantía Juvenil. Los resultados apuntan, por un lado, a que el desempleo juvenil en España es un fenómeno estructural y, por otro lado, a que las políticas activas de empleo diseñadas resultan ser ineficaces, dadas las características de los jóvenes desempleados y el enfoque erróneo adoptado en las políticas activas de empleo.

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Palabras clave: Políticas activas de empleo, desempleo juvenil, garantía juvenil, mercado laboral.

ABSTRACT The high youth unemployment in Spain has intensified the debate on the causes that explain it and solutions that can be provided from different institutions. The analysis highlights the problems of the Spanish production system and the idea that the educational system is dysfunctional to improve skills and the employability of young people. However there are limited studies have reflected on the effectiveness of active public policies for youth employment developed in Spain. Based on a review of comparative literature on youth unemployment, we analyze the characteristics that define unemployment youth in Spain, as well as the effectiveness of active employment policies developed to tackle youth unemployment from a critical perspective. The methodological perspective used in this article is based on presenting and interpreting the indicators relating to youth unemployment in comparative perspective, as well as to provide empirical evidence about the limited effectiveness of active employment policies to reduce youth unemployment, such as the YouthGuarantee. The findings highlights that youth unemployment in Spain is a structural phenomenon and, on the other hand, that active employment policies are ineffective due to the characteristics of unemployed youth and the limited approach in active employment policies.

Key words: Active employment policies, youth unemployment, youth guarantee, labour market.

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 EL DESEMPLEO JUVENIL EN EL CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL ESPAÑOL: HACIA UN DIAGNÓSTICO

El incremento del desempleo juvenil, consecuencia de la crisis económica, con especial intensidad en España, ha propiciado un intenso debate académico e institucional sobre los factores explicativos y las medidas más adecuadas para reducir el desempleo juvenil (Banco de España, 2013; Blázquez, 2005; Dolado et al., 2013). La evolución del desempleo por grupos de edad evidencia que el grupo de edad más castigado ha sido el de los menores de 25 años. Una tendencia similar pueden observarse cuando se compara la evolución que ha tenido el desempleo de los «jóvenes adultos» (25 a 29 años), si bien con unos valores significativamente inferiores a los del grupo de menor edad. El empleo juvenil de 16 a 29 experimentó una pérdida en España de casi dos millones de personas entre los años 2008 y 2013, lo que representa un 67% de la población que ha perdido su trabajo en ese período (Rocha, 2012). Los estudios se han centrado fundamentalmente en analizar, por un lado, la disfuncionalidad del sistema productivo español (Garrido, 2012; Felgueroso, et al., 2010) y por otro lado en analizar las respuestas dadas desde el sistema educativo para formar en competencias profesionales que favorezcan la inserción y empleabilidad de los jóvenes (Ramón García, 2011; Dolado et al., 2000; Moreno Mínguez, 2013). Sin embargo son más bien escasos los estudios que han reflexionado sobre la eficacia de las políticas públicas activas de empleo juvenil desarrolladas en España. Para tal fin es preciso diagnosticar con precisión la problemática real del mercado laboral español y su incidencia sobre el desempleo juvenil. Los estudios comparados realizados a nivel internacional han puesto de manifiesto que la situación económica, la formación recibida y las políticas laborales pueden explicar en cierta forma las diferencias observadas entre países en el proceso de integración laboral de los jóvenes. Contamos con suficientes evidencias empíricas de que aquellos países más afectados por la crisis económica (los países del sur de Europa e Irlanda) se han caracterizado por una tendencia estructural de reducida demanda laboral, por una mayor probabilidad de experimentar desempleo de larga duración, una mayor probabilidad de inactividad y de experimentar leves retornos a la educación formal de aquellos jóvenes que han abandonado prematuramente el mercado laboral. Estos estudios subrayan la estrecha relación entre el papel de las instituciones del mercado laboral, los incentivos a la contratación, los salarios mínimos y los niveles de desempleo juvenil (Jimeno et al., 2003; Adison y Teixeira, 2003; Bertola, et al., 2007). Por otro lado numerosos estudios han documentado la

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relación entre el formato del sistema educativo y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, destacando que por un lado la configuración del sistema educativo puede favorecer o ralentizar el abandono escolar de aquellos jóvenes sin un título básico de educación secundaria (García Montalvo, 2013; Garrido, 2012). Por otro lado, aquellos sistemas educativos que han desarrollado un sistema de formación profesional (vocational training) competitivo y alineado con las demandas de las empresas han favorecido transiciones rápidas al mercado laboral entre los jóvenes, como en el caso de Alemania (Hanushek et al., 2011; Riphahan y Zibrowius, 2015). Al mismo tiempo, el incremento del fenómeno de la sobreeducación puede reducir las oportunidades laborales de los trabajadores menos cualificados debido a la saturación de los empleos (Quintini, 2011; Borhans et al., 2000; Martínez García, 2014). De acuerdo con Quintani (2011), Países Bajos, Grecia, España, Luxemburgo, Portugal y Suecia son los países con mayor grado de sobreeducación, lo que parece tener una repercusión negativa en la inserción laboral de los trabajadores jóvenes con menor cualificación. Por otro lado, las debilidades del mercado laboral español para emplear a los jóvenes han sido ampliamente estudiadas y diagnosticadas en numerosos estudios. Estas investigaciones apuntan a que el elevado desempleo juvenil se explica en base a factores de tipo estructural relacionados con el modelo productivo y con la formación, tales como la dualidad del mercado de trabajo, la destrucción masiva de empleo juvenil a partir de 2008, el elevado porcentaje de jóvenes sobrecualificados y el elevado abandono prematuro de lo estudios. También se ha destacado como una debilidad del sistema educativo la limitada efectividad de las políticas públicas en promocionar y favorecer el aprendizaje basado en el trabajo a través de la formación profesional (vocational training) (Dolado et al., 2013; García Montalvo, 2013; Moreno Mínguez, 2015; CEDEFOP, 2014; OCDE, 2015). Por otro lado se destacan también los factores relativos a las preferencias y la desmotivación de los jóvenes menores de 25 años para explicar el fenómeno de los ni-nis. Este fenómeno ha sido destacado por los principales organismos internacionales como uno de los elementos característicos del desempleo juvenil en España. En el Gráfico 1 se recoge la evolución del ratio entre el desempleo general y el desempleo juvenil en España desde el año 1983 en comparación con otros países europeos de nuestro entorno. Sorprendentemente en el caso español se observa cierta estabilidad en este ratio, lo cual parece estar indicando, por un lado, o bien que los efectos de la crisis han afectado por igual al desempleo juvenil y al desempleo total, o por otro lado que el desempleo juvenil ha sido un fenómeno estructural en el mercado laboral español acentuado ahora por los efectos de la destrucción de empleo generada por la crisis económica. En

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otros países como los nórdicos, Alemania o Reino Unido, la crisis sí que parece haber tenido un efecto claro en el incremento del desempleo juvenil comparado con el ratio de desempleo total. Los datos constatan que en términos comparados el ratio se mantiene estable y se sitúa en torno a 2 en todo el periodo considerado en España, a pesar de la volatilidad del desempleo y de los efectos de la crisis. El interrogante que suscitan estos datos es si nuestro país tiene un problema de elevado desempleo juvenil únicamente o se trata más bien de un problema de elevado desempleo total. Estos resultados parecen ser un indicio de que el problema del desempleo en España es un fenómeno estructural mantenido en el tiempo que afecta a todas las edades, lo cual estaría indicando que el mercado laboral español se caracteriza por tener deficiencias estructurales asociadas a la estructura productiva y a los ciclos económicos. Gráfico 1. Evolución del ratio de empleo total/juvenil 1980-2015 7,0

6,0

5,0

EU-15 Denmark Germany Greece

4,0

Spain France Italy

3,0

Portugal Finland Sweden

2,0

United Kingdom

1,0

0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

La Tabla 2 muestra varios indicadores descriptivos sobre la situación laboral de los jóvenes en los diferentes países europeos en 2013. La primera columna evidencia una sustantiva variación entre países en el ratio de desempleo para los jóvenes menores de 25 años, desde el 8% en Alemania hasta cerca del 40% en España, Italia y Grecia. De la misma forma el indicador referido al porcentaje de jóvenes desempleados de larga duración presenta unos valores que van desde el 5-7% en Finlandia y Suecia al 50% en España, Documentación Social  178

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Italia y Grecia. Estas diferencias entre países se podrían explicar en función del contexto institucional y económico de cada país. Sin embargo también se observan algunas características comunes al desempleo juvenil en todos los países considerados. Por ejemplo, el ratio entre el desempleo total y el desempleo juvenil evidencia que los jóvenes de media tienen más probabilidades de estar desempleados que los trabajadores de más edad, siendo las diferencias especialmente relevantes en Suecia, Italia o Reino Unido. Al mismo tiempo la probabilidad de ser un desempleado de larga duración es menor entre los jóvenes que entre los adultos. La diferencias en este indicador se pueden deber a la mayor movilidad laboral que hay entre los jóvenes y a la mayor probabilidad de que estos sean inactivos porque estén estudiando. De hecho en aquellos países con una formación profesional sólida orientada a favorecer la empleabilidad de los jóvenes como en Alemania o Países Bajos, donde este tipo de formación se computa como trabajo, tienen una tasa de inactividad y paro juvenil menor que en otros países donde este tipo de formación para el empleo es menos sólida, como el caso de España donde la inactividad es del 62,2%. La inactividad se asocia positivamente con otro indicador que es el relativo a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. El clúster de países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) presenta un elevado porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que ni trabajan ni estudian. Pero este porcentaje no necesariamente está reflejando que se trate de jóvenes sin estudios y desmotivados para trabajar. Es probable que un porcentaje de los mismos sean jóvenes que han finalizado sus estudios universitarios (en el caso español la media de finalización de los estudios universitarios son los 23 años) que están buscando su primer empleo y que, por tanto, se les incluye en la categoría de inactivos. Sería necesario un análisis riguroso de las características formativas, motivacionales y económicas que conforman este grupo de jóvenes para evitar confusiones. Los análisis realizados sobre las transiciones formativas laborales de los jóvenes han destacado que la probabilidad que tienen los jóvenes de ser empleados se correlaciona positivamente con el nivel educativo (Quintini et al., 2007; Caliendo y Schmidl, 2015). Según los cálculos realizados por Caliendo y Schmidl (2015), los jóvenes con educación secundaria tienen 1,7 más probabilidades de estar desempleados que aquellos que tienen un título universitario. En el caso de los países del sur de Europa y concretamente en España, el ratio de desempleo entre los que tienen estudios secundarios y universitarios solo difiere en un factor de 1,1 a favor de los que tienen estudios superiores, mientras que en el resto de los países de la Europa de los 25, el respectivo ratio difiere en un factor de 1,8 (Eurostat, 2013). En el caso concreto español, tal como se refleja en el Gráfico 2, se observan diferencias sustantivas por edad,

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siendo el porcentaje de desempleados en todos los casos mayor entre los jóvenes menores de 25 años. En cuanto al nivel educativo, la evolución temporal evidencia que el porcentaje de jóvenes desempleados con menor formación se ha incrementado considerablemente durante la crisis económica, en ambos grupos de edad, siendo especialmente elevado en los menores de 25 años (ver Gráfico 2). También cabe destacar que la crisis ha acentuado las diferencias según nivel educativo, siendo los más castigados por el desempleo aquellos jóvenes sin formación secundaria. Es evidente que a mayor formación menor desempleo en todos los grupos de edad, pero especialmente en los jóvenes de 25 a 29 años (ver Gráfico 2). Tabla 1. Indicadores laborales de la población joven ( 1 año juvenil/ (%) adulto

desempleo juvenil

juvenil/ adulto

Ratio de jóvenes/ adultos inactivos

Tasa de jóvenes que no trabajan ni se forman 32,4 33,7 33,1 22,0 13,4 15,5 10,9 12,9 10,6 10,3 18,7 19,4 9,5

55,5 40,0 58,3 38,1 13,0 19,6 9,1 23,5 9,2 7,8 23,7 24,0 11,0

2,3 3,5 2,2 2,5 2,1 3,0 3,1 3,9 2,0 1,6 3,2 2,8 1,9

39,4 53,3 52,0 36,3 10,1 5,3 11,0 6,9 14,8 23,0 30,8 27,3 17,0

0,8 0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4

62,2 72,8 71,6 65,0 38,3 48,2 43,0 45,5 40,7 49,2 69,0 62,7 30,0

4,8 3,2 4,4 5,6 3,1 3,6 3,2 5,0 3,6 4,0 4,7 5,4 2,4

15,8 20,7

3,0 3,6

23,0 28,8

0,8 0,7

74,1 41,6

5,9 2,9

8,2 19,1

26,8

2,2

41,2

0,6

60,3

3,1

22,0

Fuente: Caliendo y Schmidl (2015). Notas: El ratio de desempleo juvenil/adulto está basado en las tasas de desempleo juvenil (15-24 años) y la tasa de adultos (25-54 años). Las tasas de jóvenes que no están empleados ni en formación se ha calculado sobre la base de jóvenes inactivos de 20 a 25 años.

De acuerdo con los datos de Eurostat (2015), la crisis económica ha tenido efectos que van más allá de un aumento significativo en el desempleo juvenil. En primer lugar, las estadísticas muestran que durante los años de la crisis el porcentaje de de jóvenes que no están estudiando ni trabajando ha descendido en el grupo de edad de 15 a 19 años, aunque ha aumentado en el resto de grupos de edad. Esto apunta indirectamente a que los jóvenes menores de 19 años

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Almudena Moreno Mínguez

Monografía

permanecen más tiempo en la educación formal, e incluso muchos de ellos que han perdido el empleo como consecuencia de la crisis retornan a la educación después de haber abandonado y permanecido algún tiempo fuera de los circuitos formativos. Sin embargo el cambio más significativo en España, común a otros países del sur de Europa, ha sido el incremento de los jóvenes desempleados que no se están formando, como resultado del aumento del desempleo juvenil y la inactividad en lo grupos de edad de 20 años en adelante (ver Gráfico 3). Gráfico 2. Desempleo por nivel educativo y grupos de edad, 1995-2014 España Desempleo juvenil (%) jóvenes de 15 a 24 años. España, 1995-2015 70,0 60,0 Educación primaria (nivel 0-2)

50,0 40,0

Educación secundaria (nivel 3-4)

30,0

Educación terciaria (nivel 5-8)

20,0 10,0

13

11

20

09

20

07

20

05

20

03

20

99

01

20

20

97

19

19

19

95

0,0

Desempleo juvenil (%) jóvenes de 25-29 años. España, 1995-2015 70,0 60,0 Educación Primaria

50,0

(nivel 0-2)

40,0

Educación Secundaria (nivel 3-4)

30,0

Educación Terciaria

20,0

(nivel 5-8)

10,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

190

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13 20

11 20

09 20

07 20

05 20

03 20

99

97

01 20

19

19

19

95

0,0

Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado

8 Monografía

Gráfico 3. J óvenes que no están empleados ni formándose por edad (%). España, 2000-2014 35 30 25 15 a 19 años

20

20 a 24 años 15

25 a 29 años 30 a 34 años

10 5 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Si nos atenemos a la formación, en el Gráfico 4 se observa que para los jóvenes de 15 a 29 años a mayor formación, menor es la probabilidad de no pertenecer al grupo de los que no trabajan ni están en formación. De hecho, aunque el porcentaje ha aumentado con la crisis en todos los niveles educativos, en el caso de los jóvenes con educación terciaria, tan sólo el 3% ni trabaja ni se está formando. Gráfico 4. J óvenes de 15 a 29 años que no están empleados ni formándose por nivel educativo (%). España, 2000-2014 25,0

20,0

15,0

TOTAL Primaria

10,0

Secundaria Terciaria

5,0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

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Monografía

Sin embargo estos datos generales tienen matices y hay que interpretarlos atendiendo a la edad y a la situación formativa de los mismos. Si nos remitimos a la foto fija de 2007 y 2014, los datos evidencian los efectos devastadores que está teniendo el desempleo juvenil entre los jóvenes con más edad y menor nivel educativo, lo que advierte de las dificultades que estos jóvenes van a tener para volver a ser empleados si no se invierte en formación en estos colectivos de jóvenes que superan los 25 años (ver Gráfico 5). Estos gráficos aportan datos novedosos, ya que generalmente el análisis se focaliza en los jóvenes menores de 25 años. Gráfico 5. Jóvenes que no están empleados ni en formación (%), según nivel educativo y edad. España, 2007-2014 2007

30

2014

30

25

10

25 Terciaria 20 Secundaria 15 Primaria 10

5

5

20 15

0

15-19

20-24

25-29

30-34

Terciaria Secundaria Primaria

0 15-19

20-24

25-29

30-34

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

2

  LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO JUVENIL.

Para hacer frente al elevado desempleo juvenil se han desarrollado múltiples políticas activas de empleo juvenil con resultados desiguales y en algunos casos discutibles. El principal objetivo de las políticas activas de empleo (PAE) destinadas a los jóvenes es favorecer la integración laboral de los jóvenes desempleados, estabilizar su entrada en el mercado laboral y potenciar la formación para el empleo como paso intermedio para integrar a los jóvenes en el mercado laboral. De hecho la evidencia internacional ha subrayado la necesidad de garantizar la calidad del aprendizaje para el trabajo realizando evaluaciones periódicas (OCDE, 2014). A este respecto las transiciones formativas laborales de los jóvenes y las políticas favorecedoras de la integración laboral de los jóvenes desempleados han centrado la atención de los políticos para activar lo que se denomina políticas activas de empleo. Numerosas iniciativas se han desarrollado a la luz de estas políticas, tales como el denominado «New Deal for Young Peple» en el Reino Unido, «Junged mit Perspektive» en Ale192

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Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado

8 Monografía

mania, «Youth Employment Program» en Dinamarca o «Estrategia de Empleo Juvenil» en España. Más recientemente destaca la implementación de la Garantía Juvenil, política adoptada por la Unión Europea en 2013 para que todos los Estados de la Unión Europea implementen políticas activas de empleo que favorezcan la creación de empleo de calidad y oportunidades formativas para los jóvenes menores de 25 años que lleven más de cuatro meses en desempleo (European Commission, 2014). Las medidas adoptadas a través de las políticas activas de empleo se han basado básicamente en: políticas formativas, políticas de asesoramiento en la búsqueda de empleo, incentivos a la contratación y desarrollo de programas en el sector público. En el Gráfico 6 se observa la participación de los jóvenes en las PAE. Destaca el caso de España, donde el desempleo juvenil es elevado pero no así la participación de los jóvenes en las políticas activas de empleo a diferencia por ejemplo de Francia, que teniendo un desempleo juvenil mucho menor, la participación de los jóvenes en este tipo de políticas es más elevada que en España. Esto puede ser un indicador de que la importancia atribuida a este tipo de políticas no se corresponde con el conocimiento que tienen los jóvenes sobre las mismas o bien que las políticas activas de empleo diseñadas para los adultos no son operativas en la misma medida para los jóvenes (Caliendo y Schmidl, 2015). A este respecto Grubb (1999) evidenció para Estados Unidos que la efectividad de las políticas activas de empleo destinadas a los jóvenes en desventaja y centradas en la formación había sido muy limitada. En la misma línea los estudios de Martin and Grubb (2001), para los países de la OCDE, subrayaron que las políticas basadas en los subsidios para favorecer el empleo juvenil no habían conseguido estimular el empleo. Heckman y Rubinstein (2001) concluyeron que las PAE desarrolladas en Europa y Estados Unidos a través de varios programas de empleo juvenil habían fracasado en su intento de neutralizar el desempleo. Por su parte los estudios de evaluación de las PAE realizados en la última década han demostrado que las PAE tienden a beneficiar menos a la población joven que a la población adulta (Kluve et al., 2002; Kluve, 2010; Card et al., 2009). En definitiva estos estudios han puesto de manifiesto que no hay evidencias definitivas sobre la efectividad de las políticas activas de empleo en la lucha contra el desempleo juvenil. Por tanto, el Gráfico 6 presenta diferencias sustantivas en relación con la participación de los jóvenes desempleados en programas activos de empleo. Mientras en países como Países Bajos la participación es inferior al 10%, en Austria y Alemania supera el 100% (esto significa que los jóvenes participan en más de un programa de media). El caso de España está en torno al 27%, una paradójica reducida participación dado el elevado desempleo juvenil en España. Estos datos evidencian la diferente efectividad de estos programas de empleo juvenil Documentación Social  178

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Monografía

en los distintos Estados de bienestar europeos. Tal como señala Pastore (2015a), en los países del sur de Europa, los programas de formación que ofrecen los servicios públicos de empleo son bastante ineficientes. De hecho son escasas las actividades proactivas de formación que ofertan a los jóvenes, limitándose sus actuaciones a ofrecer a los jóvenes trabajos temporales de reducida calidad. Gráfico 6. Participación de los jóvenes en programas de Políticas Activas de Empleo, 2012 Irlanda Luxemburgo Países Bajos Francia Bélgica Alemania Austria Suecia Noruega Finlandia Dinamarca Portugal Italia España 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Fuente: Caliendo y Schmidl (2015). Nota: La proporción de jóvenes participantes en Políticas Activas de Empleo (PAE) se ha calculado como el número de participantes en PAE sobre el total de desempleados en ese grupo de edad. Este índice puede ser mayor que 1 debido a la participación múltiple en varios programas.

Otro indicador que muestra la reducida efectividad de estas políticas de empleo entre los jóvenes en los países del sur de Europa y concretamente en España es el ratio comparado de jóvenes y adultos que participan en estas actividades. En el Gráfico 7 se puede observar que los jóvenes están sobrerepresentados en este programa en comparación con los adultos en Alemania, Francia o Alemania, mientras que el indicador es menor en Dinamarca, Finlandia, Suecia o España. En el caso de los países del norte se explica porque el desempleo juvenil es reducido, pero en el caso de España la explicación habría que buscarla en la limitada efectividad de estos programas para emplear a los jóvenes y favorecer transiciones formativas laborales de éxito. Las políticas activas de empleo destinadas a los jóvenes en España se han basado básicamente en la estrategia de emprendimiento juvenil y en los incentivos empresariales para la contratación de jóvenes, más que en programas formativos de calidad y creación de empleo estable y de calidad (Cuadro 1, Ministerio de Empleo). La efectividad de estas políticas ha sido limitada de194

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Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado

8 Monografía

bido entre otras razones a que han generado más precariedad y no han conseguido estabilizar laboralmente a los jóvenes. Los estudios realizados a tal efecto han demostrado que la precarización temprana en el empleo genera a largo plazo situaciones posteriores de desempleo y menores salarios (Neumark y Wascher, 2006; Doiron y Gorgens, 2008). La precarización a largo plazo genera desmotivación y preferencias contradictorias respecto a la formación y el empleo. Numerosos estudios han demostrado que las políticas activas de empleo basadas en el asesoramiento proactivo y en programas formativos de aprendizaje para el empleo han tenido retornos positivos a largo plazo en la situación laboral de los jóvenes. Por ejemplo Saniter and Sielder (2014) demostraron que la introducción de centros ocupacionales de asesoría laboral en Alemania resultó ser una política laboral muy efectiva entre los jóvenes que habían abandonado la educación secundaria básica. Sin embargo el Gobierno español ha diseñado una estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para el periodo 2013-2016, cuyo objetivo es reducir el desempleo juvenil favoreciendo fundamentalmente la inserción laboral por cuenta propia a través del autoempleo (también denominado emprendimiento). Esta estrategia forma a su vez parte de las directrices de empleo de la Unión Europea. Las medidas desarrolladas para conseguir estos objetivos se recogen en el Cuadro 1. En conjunto se trata de 100 medidas que tratan de potenciar e incentivar la contratación de los jóvenes mediante incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes, al emprendimiento y la mejora de la intermediación. Gráfico 7. Ratio de jóvenes/adultos participantes en políticas activas de empleo Irlanda Luxemburgo Países Bajos Francia Bélgica Alemania Austria Suecia Noruega Finlandia Dinamarca Portugal Italia España 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuente: Caliendo and Schmidl (2015)

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Monografía

Cuadro 1. Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven (EEEJ)

Líneas de actuación de la Estrategia

Perspectiva de la oferta Educación

Perspectiva de la demanda Estimulos a la contratación

Formación

Flexibilidad en el empleo

 ejorar el conocimieno M de idiomas y el manejo de herramientas tecnológicas

Colaboración público-privada en la búsqueda de un puesto de trabajo

Fomento del emprendimiento y del autoempleo

Perspectiva institucional  estión de las G Administraciones Públicas Orientación y acompañamiento

Igualdad de oportunidades

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

También se ha definido un perfil concreto de los jóvenes a los que se dirigen estas medidas en función del tipo de formación que tienen estos jóvenes (sin formación, sin experiencia laboral o cualificados) (Cuadro 2). Cuadro 2. Perfiles de los posibles beneficiarios Sin formación  xtender los programas E formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y los programas formaivos con compromiso de contratación Desarrollo de programas para que los desempleados que abandonaron de forma prematura sus estudios puedan obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria Desarrollo de programas para que los desempleados que abandonaron de forma prematura sus estudios puedan obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria

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Sin experiencia o recualificación

Contrato PRIMER EMPLEO joven

Contrato GENERACIONES: incentivo a la contratación de personas con experiencia para su incorporación a nuevos proyectos de emprendimiento joven I ncentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa

Cualificados

Contrato en PRÁCTICAS. I ncentivos al contrato en prácticas para el primer empleo

Mejora de la protección social de las prácticas profesionales

Hacia una revisión de las políticas de empleo joven: la historia de un fracaso anunciado

Todos (Desempleados