CARTA ABIERTA A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
El sindicato USTEA es la segunda fuerza sindical, en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria en Andalucía, y la primera fuerza sindical a nivel estatal, como Confederación de STES. Por ello, y en el ejercicio de la responsabilidad a la que nos obliga tanto nuestro papel de representantes de una parte del profesorado, como nuestra trayectoria de construcción y defensa de la escuela pública andaluza, nos dirigimos a la nueva Consejera de Educación, Dª Adelaida de la Calle, para exponele nuestro planteamiento sobre la enseñanza pública en Andalucía. Hemos abordado históricamente nuestro compromiso con la construcción y defensa de la escuela pública andaluza desde nuestra autonomía e independencia política y económica, lo que se ha venido traduciendo en una acción sindical atenta a la defensa de los derechos del profesorado y en demanda un sistema educativo de calidad. La calidad de la enseñanza pública solo puede darse en la medida en que construyamos una escuela inclusiva, que eduque en y para la igualdad, que atienda a la diversidad, reequilibradora de las diferencias sociales, en la que trabaje un profesorado bien considerado desde el punto de vista laboral, profesional y social. Una escuela, en definitiva, que garantice la educación como el derecho fundamental que es. Partiendo de estas premisas, creemos necesaria la adopción de medidas urgentes, de carácter político y normativo, que supongan un cambio radical en la política educativa hasta ahora desarrollada por la Consejería de Educación, principalmente en las dos últimas legislaturas. Consideramos especialmente dañinas para el sostenimiento y la existencia misma de la educación pública una serie de medidas que, tomando como pretexto los recortes en educación impuestos por el Ministerio del gobierno central, han aumentado los recortes y ampliados sus efectos negativos para el profesorado, el alumnado y las familias andaluzas. Para llevar a cabo una política educativa que dignifique la labor docente y al profesorado que la ejerce: 1.‐ Reorganizar el sistema de sustituciones, lo que significa tanto la eliminación de los cupos de horas por centro como la implantación de un sistema transparente y ágil de sustituciones, en el que no quepan ni la arbitrariedad ni la discrecionalidad, atento a las necesidades de los centros y que vele por los derechos del profesorado. 2.‐ Eliminar las penalizaciones económicas por enfermedad que se han impuesto al profesorado y con las que la administración educativa ha hecho gala tanto de su afán
recaudatorio como de la falta de respeto y la desconfianza que siente por el profesorado andaluz, al que encuentra sospechoso de trampear con sus obligaciones y su salud. Y todo ello mientras le hace soportar reducciones autonómicas de salario, no le reconoce determinadas enfermedades profesionales y le aumenta la jornada lectiva. 3.‐ Revisar del contenido de las dos horas de aumento en el horario lectivo que se le ha impuesto al profesorado de Secundaria, que ha pasado de 18 a 20 horas de clase semanales y ha aumentado considerablemente su carga docente: preparación de clases, número de grupos, aumento de alumnado y familias atendidos, etc…. Si dicho aumento ha sido una imposición del gobierno central, no lo es el contenido del mismo. En otras comunidades autónomas se han destinado estas horas a actividades lectivas complementarias y no a dar clase. Esta interpretación “andaluza” de la norma del gobierno central ha supuesto el despido de 4502 profesoras y profesores interinos, un golpe del que la educación pública sigue sin recuperarse, porque sigue suponiendo un deterioro tanto de la calidad de la enseñanza como de las condiciones laborales y profesionales del profesorado. Es necesario revertir estos despidos con un plan de contratación de profesorado interino. 4.‐ Ajustar a la legalidad el horario regular del profesorado de Educación Secundaria. Después de denunciar durante tres cursos la ilegalidad de la orden andaluza que establecía un horario regular de “25 horas como mínimo”, cuando la normativa estatal decía “un máximo de 25 horas”, USTEA acudió a los tribunales. La consejería ha respondido a la instancia judicial que reformará la normativa, pero todavía no lo ha hecho ni ha arbitrado el modo de llevar esta modificación a la práctica. 5.‐ Desburocratizar la labor docente y considerar al profesorado agente de su tarea docente, con autonomía y capacidad crítica, y no meros autómatas que ejecutan las instrucciones de la administración educativa, cada vez más imperativas y, al parecer, incuestionables. 6.‐ Evaluar las necesidades reales de los centros educativos en cuanto a ratios, atención a la diversidad, gastos de funcionamiento, dotación de recursos pedagógicos y materiales para el desarrollo de la tarea docente, atención a las familias, servicios educativos complementarios, etc… 7.‐ Contemplar los los criterios de conciliación de la vida laboral y familiar en el concurso de traslados, en la colocación de efectivos y en la práctica diaria, criterios que han quedado en papel mojado, ante la dureza de los recortes que viene sufriendo la educación pública. 8.‐ Devolver al profesorado andaluz las cantidades que le fueron sustraídas de manera ilegal e injusta. 9.‐ Negociar un acuerdo de garantías tanto para el profesorado interino como para todo el profesorado que pueda resultar afectado por el cambio en sus condiciones laborales y profesionales.
Para conseguir una enseñanza pública de calidad: 1.‐ Frenar y revertir la implantación de la LOMCE. En la situación actual, las llamadas por la administración educativa “medidas paliativas” han convertido a Andalucía en la vanguardia en la aplicación de la LOMCE. Es necesario abrir un periodo de transición en el que se revise a fondo lo realizado hasta ahora. 2.‐ Revertir paulatinamente los conciertos educativos con los centros privados. La educación privada concertada se considera “subsidiaria” de la pública. El mantenimiento de estos conciertos e incluso el aumento de los mismos según las zonas, supone un desvío de dinero público a una parte de la población que no lo necesita, en detrimento de la parte que más necesidades tiene. 3.‐ Frenar el deterioro de la Formación Profesional pública y su puesta al servicio de la empresa privada. Cese de la implantación de la FP Dual y En Alternancia. Implantación de ciclos suficientemente dotados y `para los que el profesorado reciba la formación correspondiente. Cese del cierre de ciclos de grado medio y superior en la enseñanza pública. Revisión de la implantación de la FPB. 4.‐ Organizar de manera coherente y con visión de futuro las Enseñanzas Artísticas. Organización de los Estudios Superiores de Música. Organización de los estudios superiores de Diseño. 5.‐ Trabajar de forma efectiva por una enseñanza laica, libre de adoctrinamientos. 6. ‐ Diseñar unos presupuestos para educación que rompan con la tendencia sostenida a los recortes. En el presupuesto de 2015 se exhibe un exiguo crecimiento del 1,77% respecto a 2014, mientras se oculta la cruda realidad: que el gasto consolidado en educación en Andalucía, en el periodo 2012‐2015 ha sufrido una caída del 9%. 7.‐ Hacer frente a las necesidades de las familias andaluzas a través de unos servicios educativos complementarios – aulas matinales, apoyos en educación especial, comedores escolares, gestión administrativa‐ adecuados a dichas necesidades y gestionados de modo que se revierta tanto la provatización de los mismos como la precarización de las y los trabajadores que los atienden. 8.‐ Abordar cambios estructurales y de gestión de la educación pública, entre los que citamos la eliminación de la administración paralela, constituida por un entramado de agencias, institutos, fundaciones y comisiones, que asumen funciones ya desempeñadas por otras unidades técnicas y de gestión. Desaparición de la AGAEVE y la APAEF. Para activar y hacer efectiva la participación de la comunidad educativa: 1.‐ Reorganizar los centros educativos de forma democrática y no jerarquizada, de modo que se pueda realizar un trabajo colaborativo, en el que participen todos los miembros de la comunidad educativa. Desarticulación de la actual estructura jerárquica y autoritaria. 2.‐ Establecer procesos de diálogo real y de negociación con las organizaciones sindicales representantes del profesorado andaluz.
3.‐ Usar de forma transparente y no sesgada las plataformas virtuales de participación habilitadas por la adminoistración educativa. 4.‐ Organizar de forma transparente los procesos selectivos y de colocación de personal. 5.‐ Establecer cauces de contacto formar con las juntas de personal en las delegaciones provinciales. Señora Consejera, desde USTEA creemos que algunas de estas medidas son urgentes, y todas necesarias para llevar a cabo la transformación que la enseñanza pública necesita en Andalucía. Si sus actuaciones políticas, y las del gobierno al que pertenece, están guiadas por este afán transformador, a través del diálogo y la participación, podrá contar con USTEA en este trabajo de largo recorrido. Le deseamos tino político y ánimo ante las dificultades. El empeño merece la pena, porque está en juego nada más y nada menos que un futuro digno para miles de docentes y de familias andaluzas.