28
INFORMACION GENERAL
I
Domingo 16 de mayo de 2010
FRAUDES CON ACCIDENTES DE TRANSITO s UN NEGOCIO MILLONARIO
“Caranchos”, estafas no sólo de película Continuación de la Pág. 1, Col. 5 tagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Pablo Trapero, las “aves negras” no están solas; tienen una red de colaboradores que les facilitan conseguir clientes. Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, los “caranchos” no podrían concretar las estafas sin la complicidad de médicos, camilleros, choferes de ambulancias, empleados de funerarias y policías. “Se puede decir que la actividad de los «caranchos» goza de muy buena salud, más allá de que se descubrieron varios estudios de abogados que estafaban a víctimas de accidentes de tránsito y compañías de seguros. Esta gente cuenta con un aceitado mecanismo, integrado por empleados infieles de cocherías, hospitales y uniformados”, explicó a LA NACION el abogado penalista José María Vera, que representa a Medina. El fraude con accidentes de tránsito a compañías de seguro impulsó la reacción de las empresas damnificadas. No hay estadísticas consolidadas para dimensionar el problema. Pero aquellos que integran el mercado de seguros mencionan que son fraguadas el 10 por ciento de las denuncias. Un perito que intenta hallar la verdad sobre un accidente detecta en promedio tres casos de fraudes cada mes. Por la cantidad de accidentes de tránsito en los que intervienen las aseguradoras no pueden evaluarse todos en profundidad. La Superintendencia de Seguros de la Nación informó que en el período 2008/2009 se resolvieron 1.309.473 casos de accidentes viales, por los que se pagaron 2.275.681.022 pesos. El volumen de causas vuelve imposible que los peritos se dediquen a investigarlas todas a fondo. Pero están determinadas ciertas falencias comunes en declaraciones fraudulentas, que permiten focalizar esfuerzos en casos sospechosos. “La tecnología perfeccionó a los grupos que se dedican a cometer fraudes con accidentes de tránsito. Ahora, los falsos certificados médicos son casi perfectos. Pero hay formas de detectar el engaño”, explicó a LA NACION el liquidador de seguros José Luis Navissera Lanza. El abogado que estafó a Medina fue identificado por fuentes judiciales como Luis María Salsamendi. Está a la espera de ser enjuiciado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 porteño por administración fraudulenta. No sólo fue a juicio por el caso del motoquero, sino también por otra decena de hechos similares. (podría caberle una pena máxima de tres años de prisión y de seis años si los jueces consideran que hay agravantes) En mayo de 2007, Salsamendi fue detenido, acusado de haber ordenado matar a su ex cuñado, el abogado Jorge Matelman, agregaron los voceros consultados. El año pasado el juez de instrucción porteño Pablo Ormaechea y la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal desbarataron una organización que estafaba a compañías de seguro.
“El rompehuesos” Contrataban por 200 pesos a indigentes o personas infectadas con el virus del VIH, las dopaban y, con un martillo, les quebraban una pierna. Por eso, a uno de los detenidos lo bautizaron “el Rompehuesos”. Después, contrataban a un automovilista para que atropellara a la persona que ya estaba herida. Los investigadores descubrieron que los “atropellados” eran siempre atendidos en los mismos hospitales de la zona oeste. La banda tenía contactos con médicos y abogados. En 1997, el por entonces juez de Lomas de Zamora Hugo van Schilt –hoy integrante de un tribunal oral– investigó a 31 comisarías bonaerenses sospechadas de haber actuado en connivencia con estudios de abogados y fraguado sumarios judiciales de accidentes de tránsito. Se sospechaba, en ese momento, que 12 aseguradoras habían sido estafadas en 15.000.000 de dólares. En los pasillos de diferentes juzgados se asegura que el abogado Gabriel Novaro, que se hizo famoso por atrincherarse en su casa de Barrio Parque, fue en su momento un “carancho” muy conocido.
Con la colaboración de Daniel Gallo
%),/%"%%")1"()1/
$-2-65$*-$) 6$-'$5$ )'')0#"$'(/'*$ -$-'.'$'$)16'$*-$'))1*--$1'5-
/+%
"! # )'/%1)"
'/2% $ )'')0#$5-$ '/'$$'$ $ 1*1/--$ -"$ *'*"$')-'$ -$5-$ 1-(-$
'$1-'3
)'/%" "
1"%''/())" '%(" - +$-$5-$ '/'$'$ $ ' 6151'$ ''$ -$ '-55-$'5$ 1*1/--$ *'*3
'& 5$'(/'*$5-$ 0')-$2 1)1$'$ 5'$)6'4'$ *-$-/ $"$ )$ $*-"$ )('$5'$ 1*-61')1 3
'$*-$'))1*--$1'5- ! %,
#0*0- $*-$1*-61')1-
"00#0 -$-16'$ -$-5$$*-$--$ 6$-$.'/ '*
/"()"1)/%( 4$ $'$, * )$*-$ 6)1)5-'
"
# 1"//)
1"()
5$ )'')0#$ -)1(-$5$ *' *-$ $ '))1*--$ *-$1$ )$)16'3
1"%,
-)-$'5$0-1*$ $'$5'$.'6151'$*-$5'$ )16'$*-$.16'$ -5$*-$)$5'$ 6-'$*-$-)1(1$
'$16'-$ 1*-61')1 3
5$ )'')0#$ 55-/'$'$ $ '-/5$)$5'$ )6'4'$*-$ -/ $$)('$ -5$)0- -"$-$ $5-$'/'$'$5'$ )16'3
.
. * *. * ) *-$-0) 5
* *. # #.
) '*-$-0) 5
# #. $
--$-1
GRUPO 44
Roberto Medina, víctima de un “carancho”, y su abogado, José Vera
GENTILEZA MATANZA CINE
Ricardo Darín y Martina Gusman, protagonistas de la exitosa película
Pelear cara a cara con los “cuervos” En Mar del Plata, una asociación reparte folletos en un hospital para evitar engaños a accidentados DARIO PALAVECINO CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA.– La casilla es de madera, precaria y con vidrios que, destrozados por desconocidos, fueron remplazados por cartones y por pedazos de madera como para que el frío otoñal no castigue duro a los integrantes de la Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Apravat). Desde hace cuatro años, la entidad se instaló en el acceso a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para asesorar a pacientes y evitar que abogados los usen en busca de jugosos réditos en eventuales juicios ante compañías aseguradoras. Aun así, por la pequeña ventana advierten la llegada de heridos y les acercan un folleto en el que, como prioridad, les sugieren no firmar
ningún poder a letrados antes de estar bien asesorados. “Es una maquinaria que no sólo sigue en pie, sino que cada vez funciona mejor”, asegura Ricardo Vega, licenciado en criminalística y presidente de Apravat, que sumó su colaboración en dos causas que terminaron con condenas a abogados que estafaron a víctimas. En uno de los casos, un tribunal condenó por defraudación por apropiación indebida a los profesionales Fabián López y Juan Carlos Aristegui y les impuso penas de uno y tres años de prisión en suspenso y ocho meses y seis años de inhabilitación profesional, respectivamente. Los jueces dieron por probado que los abogados de Francisco Castro, víctima de un grave accidente ocurrido en mayo de 2000, obtuvieron de éste un poder para demandar a una
compañía aseguradora. Le afirmaron que la indemnización lograda había sido de 190.000 pesos, monto del cual debía cederles el porcentaje pactado. Pero la intervención de Apravat permitió determinar que la cifra real era 352.000 pesos.
Un sistema poco hospitalario El segundo caso tuvo como condenado al abogado Pedro Carenzo, a quien se lo acusó de quedarse con la totalidad de los casi 80.000 pesos de la indemnización correspondiente a un niño fallecido en octubre de 1998 tras un accidente ocurrido en Balcarce. La pena fue de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación profesional. “Nos quieren echar de acá porque somos incómodos para un sistema que funciona puertas adentro del hospital”, aseguró a LA NACION Vega y
recuerda que nunca los recibieron en la dirección del HIGA, a pesar de los pedidos de audiencia presentados. Recuerda que, desde que comenzaron con la entidad hace casi dos décadas, recibieron acusaciones de ser pantalla de abogados que se aprovechaban de accidentados. “Con los casos que tuvieron condenas y la participación decisiva que tuvimos en ambas causas quedó demostrado de qué lado estamos”, dijo. En el caso que terminó con condenas a Aristegui y a López, Apravat fue una de los denunciantes. Y en el juicio al primero, fue el juez José Antonio Martinelli –entonces integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1– el que en su voto cuestionó con más dureza al imputado. “Su voracidad mercantilista –dijo– hace que aparezca razonable la asimilación popular del abogado con el cuervo.”
OPINION
Hay mucho trabajo por hacer MARCELO AIELLO PARA LA NACION En la Argentina se pagan cerca de 2500 millones de pesos por año en siniestros de automóviles, según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En el orden mundial, tomando como referencia cifras del Insurance Information Institute, por lo menos el 10 por ciento del total de los siniestros posee algún componente de fraude o están magnificados. Si nos referimos puntualmente a nuestro país, podemos decir que sólo se detecta entre un dos y un tres por ciento del monto pagado, con lo cual el potencial de crecimiento de la
detección de estos delitos es grande. Hay mucho trabajo por hacer. En este sentido, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) trabaja desde hace muchos años en la problemática del fraude. Hemos desarrollado el Sistema Integrado Sofía, que cruza bases de datos con el objetivo de detectar indicadores fraudulentos. Es decir, sabemos que la sinergia entre las compañías y el cruce de información es lo que da herramientas para determinar e investigar si algún siniestro es fraudulento o no. Y, desde Cesvi, más allá de administrar este sistema, lo que hacemos es crear un ámbito entre las compañías para que no sólo sea un cruce
de datos, sino también para compartir experiencias e información detallada, no sólo de lo que brinde la base de datos, sino respecto de los involucrados. Se detectan indicadores de posible fraude. Por ejemplo, que una persona haya participado de siniestros de forma reiterada está dando un indicador que después deberá ser analizado por la compañía y corroborar si fue realmente debido al infortunio o un posible fraude. Hay organizaciones que se dedican exclusivamente a esto. Una gran cantidad de los fraudes son cometidos por particulares que los realizan por primera vez, como el autorrobo o la magnificación de los
daños, por ejemplo. Pero la porción que en volumen de dinero se lleva la parte del león está organizada por bandas que, o bien provocan ellas mismas los siniestros o magnifican sus consecuencias. Incluso, llegan a mutilar a personas que, por necesidad o falta de información o de acceso a necesidades básicas, se prestan a este tipo de prácticas. Estas bandas delictivas, muy bien organizadas, tienen todos los eslabones de la cadena sólidamente unidos. Es sabido que involucran a algunos miembros de la policía, de hospitales y hasta de casas velatorias.
El autor es gerente de comunicación de Cesvi Argentina
DENUNCIO A UNIFORMADOS POR PROTEGER PROSTIBULOS
Teme una testigo represalias de la policía La mujer policía que acusó a un grupo de comisarios de vender protección a una serie de prostíbulos en la Capital y en el Gran Buenos Aires dijo que temía posibles represalias de los oficiales a los que denunció. Por tal motivo, en las últimas horas, el juez federal Ariel Lijo, quien el jueves pasado le tomó una declaración testimonial en la que la mujer aportó los nombres de todos los uniformados involucrados en la
supuesta red de corrupción, ordenó que la mujer policía sea custodiada por un grupo de uniformados de la Gendarmería Nacional. Luego de escuchar durante más de siete horas a la testigo, el juez Lijo ordenó un allanamiento en la División Trata de Personas de la Policía Federal, la dependencia en la que trabajaba la testigo Nancy Margarita Miño. En ese operativo, los investigado-
res judiciales secuestraron computadoras y documentación que serán confrontados con los dichos de la mujer policía. Después de analizar esos elementos, el juez Lijo evaluará la existencia o no de pruebas para fundar los pedidos de indagatorias de los comisarios señalados por la testigo. “Tenemos casos de policías que regenteaban prostíbulos. Sí, donde ellos eran los dueños. Mi jefe directo
en la división en la que trabajaba era propietario de dos o más prostíbulos en el Gran Buenos Aires”, manifestó Miño en su declaración. Ante el juez Lijo, la mujer policía sostuvo que en la División Trata de Personas “siempre se desestimaban las denuncias de prostíbulos en la Capital y se cobraban 50.000 pesos para no rescatar a una menor. Todos los prostíbulos tenían un precio. Debían pagar coimas a la comisaría de la ju-
Según los guionistas, el film plantea un dilema
) '-$*6)1)5-'
1)51'
-'
“Más que una mafia son casi una institución”
risdicción, a Delitos contra la Salud, a Drogas Peligrosas y a inspectores del gobierno de la ciudad”. La División Trata de Personas de la Policía Federal había sido creada hace casi dos años para combatir el mencionado delito. La decisión de Miño de denunciar a sus jefes se concretó en febrero, luego de realizar una serie de allanamientos a prostíbulos de la ciudad de Mar del Plata.
JOSE MARIA COSTA LA NACION “Si no estuviera este ‘carancho’ para cagarnos, yo no cobraría nada”, dice uno de los personajes en la película protagonizada por Ricardo Darín para, de algún modo, contextualizar esta realidad social. El último éxito del cine nacional, Carancho, logró instaurar el debate sobre una práctica que es hoy más habitual de lo que se supone. “En nuestras entrevistas nos dimos cuenta de que esto era más que una mafia, un mundo con sus propias reglas. Llamarlo una mafia queda corto, son casi una institución”, aseguró Marcelo Mauregui, uno de los guionistas del film. Durante una entrevista con LA NACION, el equipo de escritores de la película, que completan Alejandro Fadel, Santiago Mitre y Pablo Trapero (también director), explicó cómo se trabajó para llegar a relatar una historia creíble, que mostrara la metodología de trabajo de los “caranchos”, aquellos que se aprovechan de las víctimas de accidentes de tránsito. “Para lograr ese nivel de realismo –dijeron– tuvimos una etapa de más de un año de investigación. Hablamos con abogados que trabajan en el tema de los accidentes de tránsito, pero que no hacen lo del personaje de Darín en la película [uno de los ‘caranchos’].” Contaron que tuvieron contacto con otros actores que participan de esta mafia. “Abogados, médicos, punteros, agentes de aseguradoras y policías... Todos son patas fundamentales en este negocio que mueve millones de pesos cada año en nuestro país. Es algo mucho más común de lo que uno se imagina. Todo el mundo tiene accidentes de tránsito en la Argentina. Lamentablemente, ocurren de manera constante”, dijo Mauregui. “A mí siempre me conmueve la idea de pensar que la gente, después de ver esta película, saldrá del cine, subirá al auto y se pondrá el cinturón de seguridad ¡Ojalá que sea así!”, se esperanzó el guionista.
El fondo de la cuestión “Lo más complejo e interesante de indagar, para discutir, sobre todo en un ámbito legislativo, es ¿qué pasa con las víctimas en general? Las personas con un nivel de educación bajo, muchas veces no saben cómo deben actuar o reaccionar cuando son víctimas de un accidente de tránsito. En algún punto, uno se plantea un dilema porque dice: ‘¡Qué nefastos estos tipos!’, pero a la vez, si no estuvieran ellos, estas personas ¿qué cobrarían?, ¿quién las defendería?”, coinciden los escritores del libro cinematográfico “Yo no los defiendo, ni mucho menos. ¿Pero si no están estos tipos siniestros, quiénes ocupan ese rol?”, se preguntó Mauregui y argumentó: “Es muy fácil decir que esto es nefasto, pero es más complejo. Tratamos de plantear más que certezas ciertos interrogantes en la película. Plantearle la duda al espectador de si realmente son todos unos hijos de p... o no”. Los autores, además, reconocieron que en el film sólo se retrató una pequeña parte de ese inmenso mundo oculto en el que cada día participan centenares de personas voluntaria o involuntariamente. Los “caranchos” no actúan solos, hay toda una estructura detrás de ellos. Son a los accidentes de tránsito lo que los “buitres” a los hospitales, es decir, los abogados que impulsan causas por mala praxis desde la misma cama de los enfermos durante la internación.
Video. Mano a mano con Pablo Trapero. videos.lanacion.com.ar/video14629-1
Claves ➔ Las coimas: la mujer policía
denunció que algunos oficiales en la División Trata de Personas cobraban 50.000 pesos a los dueños de los locales para no rescatar a una menor, que era obligada a ejercer la prostitución.
➔ Todo tiene precio: la testigo
sostuvo, además, que todos los prostíbulos tenían un precio y sus dueños debían pagar a la comisaría de la zona para que no los controlaran. También se vendían los datos sobre los locales que serían allanados.