Actualidad Política Revista de análisis político de Guatemala

06 Enero 2014

Imagen del gobierno sufre desgaste Por Ana Lucía Blas La reforma electoral: Escasos avances y grandes pendientes Por Hugo Novales Contreras

La revista Actualidad Política recoge reflexiones y propuestas que contribuyan a analizar objetivamente la situación política, económica y social de Guatemala; promover la cultura democrática y participación de la sociedad civil; y fortalecer a las instituciones democráticas. Los artículos incluidos en la revista Actualidad Política buscan aportar elementos de discusión oportunos en el contexto actual. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) es un tanque de pensamiento, no lucrativo, de carácter privado. Surgió en 1979, fue fundada en 1982 y adquirió personalidad jurídica en 1988. Está integrada por personas inspiradas en principios de respeto a la dignidad humana y la participación social, interesadas en la reflexión, análisis e investigación de la realidad nacional. Las opiniones contenidas en Actualidad Política son propias de los autores de cada artículo y no expresan necesariamente las de ASIES. Equipo de edición Departamento de Investigaciones Sociopolíticas José Carlos Sanabria Arias Karin Erbsen de Maldonado Ana Lucía Blas Arana Hugo Novales Contreras Gabriell Duarte Corrección de estilo Ana María de Specher Diagramación Cesia Calderón

Para mayor información consultar la página de ASIES en www.asies.org.gt Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 10ª calle 7-48 zona 9, Apdo Postal 1005-A, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. PBX: +(502) 2201-6300; o enviar un FAX +(502) 2360-2259. Todos los derechos reservados © 2014 Impreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de la República Federal de Alemania y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Think Tank (TTI) www.idrc.ca/thinktank. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista del IDRC o su Consejo de gobernadores, ni de la Iniciativa Think Tank (TTI).

Actualidad Política Revista de análisis político de Guatemala

Editado por Departamento de Investigaciones Sociopolíticas (DISOP)

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Índice Editorial

Por José Carlos Sanabria

Imagen del gobierno sufre desgaste Por Ana Lucía Blas

La reforma electoral: Escasos avances y grandes pendientes Por Hugo Novales Contreras

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Editorial En el 2013, la imagen del gobierno comenzó a desgastarse ante la población. ¿Terminó la luna de miel? ¿Han afectado los señalamientos de corrupción publicados en los medios de comunicación, o es que los ciudadanos no perciben resultados de las acciones que el Ejecutivo impulsa? El primer artículo de este sexto número de la revista Actualidad Política, hace un repaso por la dinámica sociopolítica que caracterizó el 2013, y plantea algunas perspectivas para el 2014. El año que termina fue también un año en el que las tensiones sociales locales, relacionadas con la concesión de licencias para exploración y explotación de recursos naturales por parte de proyectos mineros e hidroeléctricos, generaron movilizaciones y manifestaciones sociales. Esto evidencia la necesidad de hacer un balance de los costos y beneficios que este tipo de proyectos dejan al país y promover un modelo de desarrollo más incluyente. El Congreso de la República también sufrió un importante desgaste frente a la ciudadanía, debido a la escasa producción legislativa, las dificultades para sobrellevar una agenda legislativa y el entrampamiento provocado por el uso desmedido de la interpelación. El deterioro de este organismo contribuye al desgaste institucional de la democracia en el país. En relación a las perspectivas de la dinámica socio-política para el 2014, el primer artículo de esta revista resalta la importancia y trascendencia que tiene el trabajo de las comisiones de postulación que presentarán nóminas de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Jefe del Ministerio Público y Contralor General de Cuentas de la Nación. En aras de promover el fortalecimiento institucional, la independencia y autonomía de los poderes del Estado, es fundamental e importante fiscalizar y observar el trabajo de dichas comisiones. En el segundo artículo de este número se analiza la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que rápida y sorpresivamente avanzó en sus tres lecturas en el Congreso, y se encuentra en manos de la Corte de Constitucionalidad, que debe dictaminar sobre su contenido. La iniciativa contiene algunos avances, pero deja importantes desafíos para el fortalecimiento democrático e institucional de los partidos políticos. [ vii ]

Los dos artículos presentados en este número invitan a promover acciones que contribuyan al fortalecimiento institucional del sistema político guatemalteco, especialmente en el 2014, por medio del seguimiento y observación del trabajo de las comisiones de postulación, de cara a la elección de autoridades en instituciones que atienden temas de seguridad y justicia, control y fiscalización, y organización de eventos electorales. Nuestro mayor deseo es que la revista Actualidad Política sea un aporte para la discusión, reflexión y debate, así como un insumo para tender puentes de diálogo y entendimiento mutuo entre los actores estatales y sociales involucrados, para alcanzar acuerdos que ayuden a superar los retos que tenemos como sociedad.

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José Carlos Sanabria A rias es coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES.

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Imagen del gobierno sufre desgaste Ana Lucía Blas1 Cuando cumplió un año de gobierno, Otto Pérez Molina gozaba del 70% de aprobación ciudadana (Contreras, 2013). Esa calificación contrastó con las obtenidas por gobernantes anteriores en su primer año de gestión: Álvaro Colom, 44 %; Óscar Berger, 38.3 %; Alfonso Portillo, 29.4% (EFE, 2013). La aprobación, sin embargo, ha comenzado a disminuir. En especial, la violencia y la falta de empleo preocupan a la población (El Periódico, 2013a). La imagen del gobierno ha comenzado a desgastarse, en su segundo año de gestión. En enero del 2013, en su discurso de primer año de gestión, el presidente resaltó que este sería el año de la transparencia y el empleo. Así, ofreció contribuir a generar el desarrollo rural sostenible, conocer la propuesta de política salarial integral, incrementar el empleo formal y, por otro lado, promover el fortalecimiento de los órganos de fiscalización y control, en particular de la Contraloría General de Cuentas. Empero, el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 otorga a Guatemala una puntuación de 29, en una escala en la que cero representa el mayor grado de corrupción2. En el 2012 Guatemala fue calificada con 33 puntos, lo que refleja que este año se considera que la corrupción es mayor. Cabe señalar, sin embargo, que este índice se construye con base a percepciones, por lo que podría ser más un reflejo de la opinión publicada en medios de comunicación, que de la opinión general. Pese a que las noticias sobre señalamientos de corrupción han sido constantes durante este período, especialmente relacionadas con la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, las encuestas de opinión muestran que esto no preocupa tanto a la ciudadanía como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. En ese sentido, la disminución del apoyo ciudadano al gobierno podría atribuirse a que no se perciben resultados en el cumplimiento



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Investigadora del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas (DISOP) de ASIES. Dinamarca y Nueva Zelanda, que ocupan el primer lugar como países menos corruptos, tienen 91 puntos, mientras Somalia y Corea del Norte, apreciados como más corruptos, tienen 8 puntos.

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de las ofertas de gobierno, agrupadas en los tres pactos con los que se comprometió el presidente Otto Pérez Molina al tomar posesión del cargo: pacto de seguridad y justicia, pacto contra el hambre, y pacto fiscal, así como promoción de la transparencia en la gestión pública, para rescatar la institucionalidad del Estado del desorden y la corrupción. Esto se podría explicar porque los resultados de las medidas gubernamentales no siempre son evidentes en el corto plazo. Por otro lado, en materia de seguridad, que es la oferta a la que más se asocia al Partido Patriota (PP), pese a algunos avances en capturas y desarticulación de bandas, no se ha tenido éxito en frenar la delincuencia. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entre enero y julio de 2013 murieron de forma violenta 3,150 personas, lo que supone un aumento de 7.36% en comparación con el mismo período del año anterior. En cambio, datos de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que entre enero y julio de 2013 hubo solo 100 capturas de personas vinculadas con crímenes. Además, han ocurrido hechos que preocupan por los niveles de violencia que ponen de manifiesto, así como la penetración y fuerza del crimen organizado, que desafía directamente al gobierno. Tal es el caso de lo ocurrido en junio, en Salcajá, Quetzaltenango, donde ocho agentes de la PNC murieron y el subinspector, César Augusto García Cortez, fue secuestrado y posteriormente hallado muerto, en un ataque directo a la subestación del lugar. Según las investigaciones, el ataque se debió a que esos agentes de la policía robaron US$740 mil al presunto capo del narcotráfico, Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien fue capturado en octubre recién pasado en México. Otros 18 supuestos integrantes de su banda han sido aprehendidos. Estos hechos resaltan la necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la población, para que sean capaces de enfrentar a los grupos del crimen organizado. Cabe recordar que ASIES, en conjunto con las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, ha promovido desde el 2011 una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que busca, entre otras cosas, la regulación de un cuerpo civil de seguridad del Estado, que otorgue rango constitucional a la PNC para asegurar su estabilidad en cuanto a integración y funciones,

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y se busca avanzar en el proceso de garantizar el carácter civil que debe tener la dimensión interna de la seguridad, tal como lo establecen los Acuerdos de Paz. Por otra parte, aunque el Ministerio de Gobernación elaboró una Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, aún no ha sido puesta en marcha. La política se enfoca en delitos que generan mayor vulnerabilidad y victimización directa –los cometidos contra mujeres y niños—, para asegurar la protección de la vida, prevención de la violencia contra la mujer y resguardo al patrimonio. A lo anterior se suman las tensiones sociales locales, relacionadas con la concesión de licencias para exploración y explotación de recursos naturales por parte de proyectos mineros e hidroeléctricos. Las movilizaciones sociales muestran descontento con el modelo de desarrollo del país, que no es incluyente. El rechazo a grandes proyectos, como la minería, se debe a que representan altos costos para las comunidades, sin que estas perciban beneficios, y a que el gobierno no brinda información oportuna ni realiza las consultas necesarias a la población, antes de autorizarlos. El debate sobre los beneficios que ese tipo de proyectos dejan al país está abierto. Las regalías que pagan son bajas, en comparación con las ganancias que esas empresas multinacionales obtienen, por lo que surgen dudas sobre a quién benefician y qué intereses las promueven, así como el poder que esos grupos de interés tienen para influir en las políticas públicas. Además, podrían causar daños ambientales mayores a los previstos. En este sentido, es necesaria una discusión nacional, incluyente, acerca de cuáles son las prioridades de desarrollo del país, y cuáles son las mejores vías para lograrlo.

OPOSITOR ES Y A LI A DOS El desgaste de la imagen del gobierno se ha reflejado también en el Congreso de la República, donde los bloques buscan distanciarse del PP. Sin embargo, parece que se trata de una distancia en público, frente al

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electorado, pues en momentos clave la mayoría de bloques ha apoyado iniciativas de interés para el Ejecutivo, superando inclusive el obstáculo que supone la interpelación al ministro de Cultura, Carlos Batzín, que dirige el bloque Libertad Democrática Renovada (LIDER) desde el 30 de noviembre de 2012. La interpelación es un acto político y una forma de control del Legislativo hacia el gobierno (Mijangos, 2009: 291). De acuerdo con el artículo 166 de la Constitución Política de la República, “Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas”. En los últimos años, las interpelaciones se han convertido en una herramienta para impedir que el Pleno discuta iniciativas de ley, especialmente cuando estas son promovidas por el Ejecutivo. Empero, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), emitida en febrero pasado para posibilitar la elección de presidentes de las comisiones de trabajo del Legislativo, ha permitido sentar precedente para interrumpir las interpelaciones y aprobar iniciativas de ley en torno a las que existen acuerdos. Se ha cuestionado, sin embargo, si son necesarios 105 u 80 votos para interrumpir el interrogatorio, y se teme que se haya incurrido en ilegalidades cuando no se contó con mayoría absoluta para ello. De esa manera se ha solventado el entrampamiento de la agenda legislativa que suponía el abuso de la interpelación. Pese a esto, el bloque LIDER no ha desistido de su interrogatorio a Batzín, y mantiene en lista de espera interpelar a Cynthia del Águila, ministra de Educación. Tomando en cuenta los escasos resultados del interrogatorio al ministro de Cultura, cabe cuestionar la intención detrás de estos prolongados ejercicios. Lo que la interpelación sí ha dificultado es el debate público, en el Pleno del Congreso, de las iniciativas. La negociación se ha movido a oficinas privadas de los diputados, en particular la del presidente del Congreso, Pedro Muadi, lo que crea suspicacia acerca de lo que se negocia y las prebendas que podrían recibir los congresistas a cambio de su voto. Además, la prisa con que terminan aprobándose los decretos, ha ocasionado que algunos contengan errores e inconsistencias que las hacen objeto de acciones legales que afectan su implementación. [4]

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Durante el año se lograron acuerdos para aprobar bonos y préstamos necesarios para financiar parte del presupuesto del Estado de 2013, la Ley de Equipos Terminales Móviles, Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, así como iniciativas que formaban parte del paquete de transparencia presentado por el gobierno, entre las que se incluyen: la Ley Nacional de Aduanas; reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras. Asimismo, superó tres debates y fue remitida a la CC para dictamen correspondiente, la iniciativa 4387, que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Aunque se reconoce la apertura del Legislativo al realizar audiencias públicas para considerar propuestas de la sociedad civil, muchas de las cuales fueron recogidas en la iniciativa, la misma no logra atender los desafíos del sistema electoral y de partidos políticos. Pese a que la iniciativa supone algunos avances, también podría representar grandes riesgos, especialmente para la autoridad electoral. De igual manera, deja pendiente la necesaria democratización interna de los partidos políticos, clave para la institucionalización y fortalecimiento de los mismos, y para mejorar el vínculo entre esas organizaciones y la ciudadanía. Por otro lado, no se consiguió aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2014, aunque se mencionó que el Ejecutivo estaba dispuesto a ceder la aprobación de este, a cambio de apoyo para préstamos y bonos para este año. Así, el próximo año se mantendrá vigente el presupuesto de 2013, de Q66 mil 985 millones, menor a los Q70 mil 564 millones solicitados, lo que podría suponer dificultades para la ejecución de programas y actividades previstos para el próximo año, además de que deja la puerta abierta para que se efectúen transferencias y asignaciones de recursos no justificadas o poco transparentes. Resalta que en el proyecto de presupuesto 2014 se contemplaban menos recursos para el Ministerio Público, y el de Gobernación, y por tanto, para planes de reducción de la criminalidad. En conjunto, los sectores de seguridad y justicia habrían tenido una reducción de Q223.6 millones. El Pacto de Seguridad, Justicia y Paz se propuso reducir la tasa de hechos [5]

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delictivos, de homicidios, prevenir la violencia en adolescentes y mejorar el acceso a la justicia a las mujeres, objetivos que será difícil cumplir sin recursos suficientes. El gobierno enfrenta el reto de mejorar la recaudación tributaria para financiar ese presupuesto, pues la deuda pública se encuentra en un estado crítico, al representar cerca de 200% de lo recaudado. Este año se estimaba recaudar Q50 mil 375 millones, pero hasta junio, la SAT recaudó solo Q1 mil 410 millones, estimando que el total de recaudación del 2013 será de Q48 mil 965.7 millones. En cambio, los bloques legislativos sí lograron acuerdos para integrar la Junta Directiva del Organismo Legislativo para el año 2014. Resalta que, pese a la aparente falta de apoyo por parte de otros bloques, y a que se mencionaba la posibilidad de una junta en la que no participara el PP, este mantendrá una importante presencia en la directiva del Legislativo. También lo tendrá la alianza del partido TODOS3 –que incluye a la GANA—, al ocupar tres espacios en esa junta. Cuadro 1 Conformación de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, 2014 Cargo Presidente Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente Tercer Vicepresidente Primer Secretario Segundo Secretario Tercera Secretaria Cuarto Secretario Quinto Secretario

Diputado Arístides Crespo Juan Alcázar Jorge Mario Barrios Falla Manuel Barquín Aleksander Castillo Christian Boussinot Ana Regina Guzmán Alfredo Rabbé Pedro Gálvez

Fuente: Elaboración propia con datos de www.congreso.gob.gt

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El partido TODOS se alió con los partidos GANA, Unionista y Victoria.

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Bloque PP PP TODOS GANA PP TODOS PP Independiente PRI

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Gráfica 1 Bloques que integran la Junta Directiva del Organismo Legislativo, 2014

PP TODOS GANA PRI INDEP Fuente: Elaboración propia con datos de www.congreso.gob.gt

Llama la atención, asimismo, el papel que tienen en esa junta diputados ligados al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) –ahora Partido Republicano Institucional (PRI)—. El presidente del Congreso en el 2014 será Arístides Crespo, quien antes de pertenecer al PP fue uno de los cuadros fuertes del FRG. Pedro Gálvez, aunque se incorporó recientemente al PRI, lo representará en la directiva, a pesar de que este bloque solo tiene dos diputados en el Legislativo. Además, participa en la directiva Alfredo Rabbé, hermano de Luis Rabbé, ministro de Comunicaciones durante el gobierno del FRG (2000-2004) –aunque pertenecía a un ala mayormente vinculada con el presidente Alfonso Portillo—. Luis Rabbé es cuñado del mexicano Ángel González, propietario de canales de televisión abierta y emisoras de radio guatemaltecas. Esta configuración es importante, principalmente si se toma en cuenta que el próximo año el Congreso elegirá, de las nóminas que remitan [7]

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comisiones de postulación, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y del Tribunal Supremo Electoral. Tales magistrados tendrán a su cargo la continuidad del juicio contra Efraín Ríos Montt, así como organizar las elecciones generales en el 2015 y velar por la legalidad de las mismas. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de una carrera judicial, que permita mayor independencia e imparcialidad de jueces y magistrados. Además, resalta la necesidad de que las comisiones de postulación sean transparentes al seleccionar candidatos, y actúen con independencia de intereses particulares. En ese sentido, tomando en cuenta que en 2014 se elegirá a magistrados de la CSJ y salas de apelaciones, magistrados del TSE, y fiscal general, ASIES ha propuesto alternativas que permitirían mejorar la selección de candidatos de funcionarios y autoridades mediante comisiones de postulación. En particular, se ha planteado que se califique a los aspirantes e integre la lista de candidatos elegibles utilizando el Recuento de Borda (votación por consenso). Este recuento consiste en una lista de preferencias donde cada candidato obtiene puntos según el puesto que ocupa en la misma. La primera gran ventaja es que vincula los criterios de selección directamente con el voto de cada comisionado. La segunda, y más importante, es que reduce drásticamente la influencia de intereses particulares o sectoriales. A diferencia de la mayoría calificada, donde solo tiene sentido votar por los candidatos que tienen posibilidad de conseguir una mayoría, en el Recuento de Borda cada integrante es libre y responsable de listar sus preferencias (Brolo, 2013: 2 y 3). Actualmente, la decisión final de las comisiones de postulación se toma por mayoría calificada, con lo que importan menos las apreciaciones de los integrantes de la comisión sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, ante la importancia de votar por los candidatos que tengan posibilidad de obtener una mayoría calificada. En consecuencia, es fácil para intereses particulares o sectoriales cooptar el proceso, ya que lo único que deben hacer los interesados es condicionar las decisiones de un número suficiente de integrantes de la comisión, para que el candidato deseado sea la única opción capaz de conseguir la mayoría (Brolo, 2013: 2).

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Para implementar este sistema de votación, no hace falta reformar la Ley de Comisiones de Postulación. Al formular su reglamento, los integrantes de cada comisión postuladora pueden establecer que seleccionarán a los candidatos por medio de esta fórmula, por lo que lo único que se requiere es voluntad. Estos procesos de elección de autoridades cobran mayor relevancia si se toma en cuenta la judicialización de la política evidenciada en el pasado evento electoral de 2011 que podría sentar precedentes negativos para la democracia guatemalteca. En ese sentido, resalta el caso de Nebaj, Quiché, donde tendrán que repetirse las elecciones municipales, en enero del 2014, debido a un fallo de la CC a favor de Virgilio Bernal, quien no fue incluido en la papeleta para los comicios del 2011, pues no llenaba los requisitos para ser candidato. La repetición de la elección no solo ha generado polarización entre la población del lugar, sino que crea dudas sobre la legalidad del proceso que se ha seguido para dar marcha atrás a los resultados electorales del 2011, así como sobre la legitimidad de lo actuado por el alcalde Raymundo Cobo, quien ocupa el cargo actualmente. Por otro lado, existen varios vacíos acerca de la forma en que deben repetirse los comicios, pues partidos que participaron en la contienda pasada, como CASA y ADN, ya fueron cancelados por no haber alcanzado el umbral electoral. Asimismo, hay candidatos que participarán con partidos distintos: Cobo, por ejemplo, pertenecía a la UNE-GANA en 2011, pero ahora lo hace a TODOS. Este caso podría sentar precedentes perversos, que podrían afectar al sistema electoral y de partidos políticos y, en general, al desarrollo democrático en el país. Por esto, es importante una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que atienda los problemas de fondo de esas organizaciones y tienda a fortalecerlas e institucionalizarlas, y que existan controles y sanciones suficientes para garantizar el respeto a la ley y a la voluntad popular expresada a través del voto.

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PA RTIDOS CONTINÚA N EN CA M PA ÑA La posición asumida por los bloques legislativos es consecuencia del interés electoral de los partidos políticos, que con suma anticipación han comenzado a promocionar candidaturas. Aunque las justifican como actividades de proselitismo, los partidos TODOS, UNE, CREO y LIDER ya promueven a “precandidatos” presidenciales, durante sus giras por todo el país. Aunque el PP aún no ha anunciado a su “precandidato” –debido a tensiones entre distintas corrientes dentro del partido, en torno a quién será el próximo candidato presidencial—, parece estar apostando por Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia lanzó una campaña en medios de comunicación para dar a conocer resultados de la gestión de Sinibaldi en ese ministerio. En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a imponer multas a algunos partidos, por campaña anticipada, no logra frenar esa actividad. Los partidos sancionados generalmente impugnan las multas, y siguen largos procesos en tribunales, hasta que consiguen librarse de ese castigo. Aunque la reforma electoral que se aprobó en el Congreso y espera dictamen de la CC aumenta las multas para los partidos que incumplan con la ley, contiene el riesgo de debilitar al Tribunal, al obligarlo a rotar anualmente su presidencia y asignarle nuevas responsabilidades, sin el correspondiente aumento presupuestario.

PER SPECTI VAS PA R A EL 2014 En el 2014 se prevé que la campaña electoral se intensifique, lo que dificultará aún más la consecución de acuerdos en el Congreso de la República, especialmente si se toma en cuenta el desgaste en la imagen del gobierno, que ha ocasionado el aparente distanciamiento del resto de partidos representados en el Legislativo. Este desgaste podría atribuirse a

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que no se perciben resultados en seguridad y economía, que preocupan a la población y que formaron parte de las ofertas del gobierno. El Ejecutivo también enfrentará retos en materia fiscal, para poder financiar el presupuesto del Estado. Asimismo, será necesario efectuar reacomodos al plan de gastos del 2013, que se mantendrá vigente el próximo año. Esto, sin embargo, podría abrir la puerta a mayor endeudamiento público, lo que sería crítico, y a transferencias y asignaciones poco transparentes. Será importante, sobre todo, que la sociedad civil fiscalice los procesos de elección de autoridades, a partir de nóminas de candidatos presentadas por comisiones de postulación. En el 2014 el Congreso elegirá a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y Tribunal Supremo Electoral, y el Presidente de la República deberá elegir al futuro Fiscal General. Ante la trascendencia de esos cargos, ASIES ha propuesto reformar la Ley de Comisiones de Postulación para evitar la influencia de intereses particulares o sectoriales en esas elecciones.

Referencias: Brolo, J. (2013). Alternativas para elegir autoridades idóneas. Importancia de reformar la Ley de Comisiones de Postulación. En: Actualidad Política, número 5, octubre 2013. Guatemala. Recuperado el 9 de diciembre de 2013, de http://www.asies.org.gt/sites/default/files/articulos/ publicaciones/revista_no5_actualidad_politica_01_10_2013.pdf Contreras, G. (2013, 14 de enero). Población otorga aval pese a crisis. Prensa Libre. Recuperado el 5 de abril de 2013, de http://www. prensalibre.com/noticias/politica/Poblacion-otorga-aval-pese-crisis_0_847115307.html EFE. (2013, 14 de enero). El 70% de los guatemaltecos aprueba el primer año de gobierno de Pérez Molina. Recuperado el 25 de abril de 2013, de http://

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www.crhoy.com/el-70-de-los-guatemaltecos-aprueba-el-primerano-de-gobierno-de-perez-molina/ El Periódico (2013a, 23 de mayo). Aprobación de gestión presidencial de Otto Pérez Molina baja 20 por ciento. Recuperado el 28 de junio de 2013, de http://www.elperiodico.com.gt/es/20130523/pais/228683 _____ (2013b, 24 de junio). Autoevaluación del Gobierno evidencia caída en la aprobación de la gestión de Pérez Molina. Recuperado el 28 de junio de 2013, de http://www.elperiodico.com.gt/es/20130624/ pais/230141/ Mijangos Contreras, J. L. (2009). La interpelación. En: Mijangos Contreras, J. L., Salazar Guzmán, S. E., y Valverth Morales, V. M. Colección parlamentaria, LEGIS. Guatemala.

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Existe un consenso generalizado entre los actores políticos sobre la necesidad de hacer reformas profundas al régimen electoral y de partidos políticos en Guatemala. Ante las observaciones señaladas por las diversas organizaciones que monitorearon el proceso electoral de 2011, a pocas semanas de instalarse la legislatura 2012-16, la Comisión Específica de Asuntos Electorales (CEAE) del Congreso de la República promovió una serie de foros sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que sentaron la base para un intenso debate que se desarrollaría durante los dos años posteriores. De entre los distintos actores que participaron en dicho debate destacan el Consorcio conformado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la Universidad Rafael Landívar (URL), y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Convergencia Nacional por la Reforma Política (CONAREP), integrada por una decena de organizaciones políticas, sociales y académicas. Adicionalmente, tuvieron participación entidades muy diversas tales como el Grupo 212, red de organizaciones indígenas y de mujeres que busca mayor participación de actores subrepresentados a través de una reforma al artículo que norma la postulación de candidatos; el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que ha participado como observador electoral en casi todos los procesos electorales llevados a cabo desde 1986; y el Observatorio Nacional Indígena. El Consorcio identificó cuatro problemas fundamentales del sistema de partidos políticos guatemalteco: 1. Las decisiones producidas en el seno del sistema de partidos políticos son poco legítimas, debido a que los partidos carecen de confianza e



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Investigador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas (DISOP) de ASIES.

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involucramiento de los ciudadanos en decisiones como la designación de candidatos a elección popular y de autoridades políticas partidarias. 2. Los procedimientos utilizados para la distribución de los cargos de elección popular, y la creciente mercantilización de la postulación a dichos cargos, provocan la subrepresentación de corrientes políticas y grupos sociales. 3. El Tribunal Supremo Electoral carece de los instrumentos legales para regular las actividades de los partidos políticos e imponer sanciones. Especialmente respecto al uso transparente de financiamiento. 4. La organización del evento electoral es ineficiente, debido a dificultades relacionadas con los plazos y el acceso a recursos, lo cual es motivo de incertidumbre sobre el proceso electoral en su conjunto. En cada una de las áreas se identificaron propuestas de solución, mismas que fueron comunicadas en los diversos espacios que para el efecto fueron establecidos. El cuadro 1 muestra las soluciones propuestas para cada uno de los problemas.

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Cuadro 2 Propuestas de reforma electoral promovidas por el CONSORCIO Problema

Propuesta

Legitimidad de decisiones partidarias

• Establecer un umbral electoral efectivo de 5%, eliminando la disposición que permite a los partidos preservar su vigencia al obtener una diputación. • Incrementar el mínimo de afiliados requerido para la inscripción de un partido a 0.4% del padrón electoral ubicado en los municipios y departamentos donde se cuente con organización inscrita y vigente en el TSE. • Cancelar los partidos políticos que no participen en procesos electorales. • Limitar o impedir que un partido postule candidatos en localidades en donde no tiene organización partidaria inscrita. • Establecer un período mínimo de afiliación para que una persona pueda postularse a cargos partidarios y de elección. • Secretividad del voto en las asambleas partidarias. • Proporcionalidad en la integración de los órganos partidarios. • Establecimiento de un órgano especializado de formación política como parte de la estructura del partido. • Aumento del financiamiento público a USD3.00 por voto válido, y utilizar USD1.00 exclusivamente para formación y organización.

Distribución de cargos y representación de grupos sociales y corrientes políticas

• Modificar la fórmula para el establecimiento de los distritos electorales.

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Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral

• Que las resoluciones del TSE sean apelables únicamente ante la CC • Obligación de CGC, SAT, IVE, SIT y otras de cooperar con TSE • Fuerte capacidad de sanción. Endureciendo sanciones y precisar delitos • Reducir el número de postulantes para integrar el TSE • Detallar el procedimiento para su elección. • Separar funciones jurisdiccionales y administrativas (relacionadas con el proceso electoral). • Fortalecer el Instituto de Formación Cívico Electoral

Organización del proceso electoral

• Organizar elecciones por fases con suficiente tiempo: desembolso de fondos, integración de autoridades temporales, inscripción de candidatos y campaña • Depurar sistemática y permanentemente el padrón • Evaluar la pertinencia y viabilidad de separar las votaciones y realizar elecciones de medio período. • Integrar los órganos electorales temporales con elementos de pertinencia étnica, conocimiento del proceso y sin afiliación partidaria. • Regular la diferenciación entre campaña proselitista y campaña política.

Fuente: Elaboración propia con información de ASIES, URL, USAC.

A pesar de la gran diversidad de instituciones académicas y organizaciones sociales que participaron en la discusión, hubo puntos importantes de consenso. La mayoría de actores coincidieron en la necesidad de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, tanto en su capacidad organizativa [ 16 ]

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como sancionatoria; y la importancia de transparentar el financiamiento partidario. Algunos actores también tenían agendas específicas. El Grupo 212 y la CONAREP coincidían en la necesidad de establecer cuotas de participación electoral para mujeres e indígenas, situación que no era compartida por el Consorcio o las organizaciones del sector empresarial organizado. La democratización de los procesos de toma de decisión a lo interno de los partidos políticos era un punto prioritario para la CONAREP y el Consorcio, no así para las demás organizaciones. Por otra parte, Consorcio, CONAREP y CACIF coincidían en la necesidad de hacer reformas al régimen de financiamiento partidario, pero diferían en la naturaleza de dichas reformas y los objetivos que debían cumplir. La Comisión Específica de Asuntos Electorales, además de haber propiciado la discusión, demostró apertura para con las propuestas surgidas en ella, muchas de las cuales fueron incluidas en la Iniciativa 4783, la cual ha sido aprobada en tres lecturas por el pleno del Congreso de la República, y hoy espera opinión de la Corte de Constitucionalidad5. El haber abierto un espacio institucional para el debate sobre la reforma electoral, y el haber tomado en cuenta los productos de dicho debate para elaborar la iniciativa de reforma, constituyó un avance importante atribuible al trabajo de la CEAE. No obstante, aunque se evidencia la intención de integrar algunas de las propuestas provenientes de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa 4783 no cuenta con el apoyo de la mayoría de actores que se involucraron en la discusión que la CEAE promovió desde hace dos años. Posiblemente, esto se deba a que las propuestas prioritarias de cada organización fueron omitidas, o adoptadas de manera insuficiente o incongruente. A su vez, estas falencias pueden estar relacionadas con la manera en que la reforma fue aprobada. Durante el último año, el trabajo la bancada del partido Libertad Democrática Renovada llevó a cabo un proceso de interpelación en contra del Ministro de Cultura Carlos Batzín. El mismo se constituyó en un bloqueo



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Debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85) tiene rango constitucional, requiere, para su reforma un dictamen favorable de la Corte de constitucionalidad, según el artículo 175 de la Constitución Política de la República.

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del trabajo parlamentario que resultó en que las demás bancadas hayan optado por aprobar normas a través del procedimiento expedito reservado para legislación de urgencia nacional. Dicho procedimiento, que permite la interrupción de la interpelación, requiere de mayoría calificada equivalente a dos terceras partes de los diputados que conforman el Congreso de la República. Este requerimiento ha obligado al Partido Patriota a negociar la aprobación de la legislación que considera prioritaria con bancadas menores, tales como Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), TODOS, Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y Encuentro por Guatemala (EG), que se han visto beneficiadas con mayor capacidad de negociación. Así, en el contexto de un Congreso bloqueado, con la deliberación política limitada a espacios reducidos como Instancia de Jefes de Bloque –e incluso a oficinas privadas de diputados- la iniciativa 4783 fue una propuesta de algunas bancadas bisagra, apoyada por el partido oficial a cambio de la aprobación de una serie de préstamos vitales para el funcionamiento del Gobierno (Espina, 23/10/2013 y García, 25/10/2013), sin la necesaria discusión pública en el pleno.

L A INICI ATI VA La iniciativa 4783 contiene 60 artículos, y reformaría diversos aspectos de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos. A continuación se presenta un resumen de las reformas más relevantes que se proponen, sus aparentes intenciones y sus posibles consecuencias.6

M ÁS ORGA NIZACIÓN TER R ITOR I A L NO NECESA R I A M ENTE H ACE PA RTIDOS M ÁS FUERTES Uno de los problemas fundamentales del sistema de partidos políticos guatemalteco es su excesiva fragmentación y volatilidad. Adicionalmente,

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Algunas propuestas, tales como la modificación del número de diputados, y la asignación de cuotas a sectores subrepresentados, no fueron analizados por no estar incluidos entre las prioridades descritas arriba.

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la publicación Partidos políticos guatemaltecos: Organización territorial y funcionamiento interno (ASIES, 2013) evidencia los desafíos del sistema partidario en cuanto a la presencia de los partidos políticos en el territorio. Por un lado, los partidos políticos, en promedio, cubren apenas el 24.3% de los municipios guatemaltecos (Brolo, 2013: 03), manteniéndose cerca el mínimo de cobertura que la LEPP vigente exige -50 municipios, aproximadamente 15%- . Por otro lado, el funcionamiento de las filiales municipales encaja en el modelo de “partidos franquicia”, en el cual los órganos centrales de los partidos políticos ceden temporalmente la marca del partido a dirigentes locales, quienes tienen a su cargo la organización del partido en cada circunscripción; de esta manera, el partido alcanza los mínimos legales para su participación electoral a nivel nacional. Este arreglo tiende a finalizarse una vez pasadas las elecciones (Lemus, 2013: 26-27), contribuyendo así al fomento de prácticas no deseadas como el transfuguismo a nivel local, y en general a la debilidad de los partidos políticos y a la volatilidad del sistema. Así mismo, el que mantener un mínimo de organización inscrita le permita a los partidos políticos postular candidatos en todo el país, genera una dinámica en la que un porcentaje considerable de la organización partidaria se desarrolle sin cumplir con los procedimientos que estipula la LEPP, careciendo también de los recursos legales para participar de manera efectiva en la toma de decisiones a lo interno del partido, reduciendo los espacios democráticos que puedan existir en dichas organizaciones (Lemus, 2013: 26-27). Por esta razón, el permitir que los partidos postulen candidatos únicamente en las circunscripciones en donde cuenten con organización inscrita y vigente fue una de las propuestas que más apoyo recibió de parte de la sociedad civil organizada y la academia, particularmente por el Consorcio y la CONAREP. Además, ambas instancias propusieron reformas a los procedimientos internos establecidos en la actual LEPP, instando a que los órganos directivos municipales, locales y departamentales, se integraran utilizando una fórmula de representación proporcional de minorías. Adicionalmente, el Consorcio propuso la implementación del voto secreto en las asambleas partidarias. Dichas sugerencias buscan la democratización interna de los partidos políticos. Sin embargo, no fueron tomadas en cuentan.

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La iniciativa 4783 intenta abordar el primer problema –la escasa presencia partidaria en el territorio- al aumentar los requisitos de inscripción para los partidos políticos. El número de afiliados requerido se aumenta de 4 a 5% del padrón electoral (I. 4783, Art. 2). Además, se modifican los criterios para considerar vigente la organización partidaria. El mínimo de organizaciones departamentales inscritas pasa de 12 (55%) a dos terceras partes (15); el mínimo de organizaciones municipales requeridas para inscribir una organización departamental se aumenta de 4 a un equivalente al 25% de los municipios del departamento, siempre y cuando este número no sea menor a 4 (I. 4783, Art. 12). Así, si actualmente se requiere de 50 municipios organizados en 12 departamentos, ahora dicho número será, como mínimo, de 60, equivalente al 18%, 4 puntos porcentuales abajo del promedio actual. Sin embargo, se deja de lado el problema del funcionamiento interno de los partidos políticos: Un partido que cumpla con los requisitos mínimos de organización preserva la prerrogativa de postular candidatos en todo el territorio nacional. Además, no se tomó en cuenta ninguna propuesta tendiente a la democratización de los partidos políticos. La única medida de este tipo fue la reducción de la membresía mínima de los comités ejecutivos nacionales -que pasó de 20 a 15- (I.4783, Art. 10), así como limitar a dos períodos la posibilidad de reelección del Secretario General (I.4783, Art. 11). La contribución de la primera medida a la democratización interna es cuestionable, mientras que la segunda tiene un alcance limitado en un contexto en don de la vida promedio de los partidos políticos no excede los diez años (ASIES, 2011: 32). Una reforma con estas omisiones, no sólo no contribuye a la democratización de los partidos políticos, sino que, al aumentar el número de filiales municipales y departamentales inscritas requerido para participar, coadyuva a la profundización del modelo de partidos franquicia, acentuando la debilidad de los partidos políticos y limitando sus posibilidades de desempeñar adecuadamente sus funciones de articular y agregar intereses sociales.

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EL FINA NCI A M IENTO PA RTIDA R IO: AVA NCES INSUFICIENTES La iniciativa 4783 intenta suplir algunas deficiencias organizativas de los partidos políticos a través de modificaciones al régimen de financiamiento. Este enfoque resulta pertinente si se toma en cuenta que Lemus (2013: 34-35) identifica el costo monetario como uno de los obstáculos para el desarrollo de organización partidaria en el territorio. Se duplica el financiamiento público obtenido por los partidos políticos a través de la deuda política y se norma el destino de los fondos. El hecho de que actualmente la deuda política se entregue en cuatro fracciones anuales sugiere que la misma se use para sufragar los gastos relacionados con el funcionamiento ordinario de los partidos políticos; además, existe una obligación de los partidos de descentralizar los fondos recibidos, aunque no establece criterios claros para el efecto. La Iniciativa 4783 es más explícita y específica, al establecer que el 30% debe utilizarse para formación y capacitación de afiliados, 20% debe utilizarse para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional, y 30% para el funcionamiento y otras actividades del partido en los territorios en donde tenga organización vigente; dos tercios estarían asignados a los municipios, y un tercio a los departamentos. La iniciativa también pretende premiar a las filiales locales que registren un mayor número de afiliados, al utilizar dicho número como un criterio para la distribución de la deuda política (I.4783, Art. 6). En materia de campaña electoral, la iniciativa 4783 intenta reducir la aparente inequidad en la competencia generada por la concentración del financiamiento electoral proveniente de fuentes privadas, generalmente invertido en propaganda en medios de comunicación (Acción Ciudadana, 2012: 71-72). Se propone que el Tribunal Supremo Electoral contrate espacios en medios de comunicación de alcance nacional (específicamente emisoras de radio, canales de televisión y prensa escrita) y los distribuya equitativamente entre los partidos políticos participantes en la contienda electoral, y prohibir que los partidos políticos contraten espacios por su cuenta (I.4783, Art. 43). Aunque la iniciativa podría tener como [ 21 ]

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intención la reducción de la incidencia del financiamiento privado en los resultados electorales, presenta una serie de aspectos cuestionables. Al dotar de financiamiento público para una de las actividades que más fondos utilizan, pero dejar inalterado el límite de gastos de campaña, existe la posibilidad de que los partidos continúen recibiendo donaciones privadas y utilicen dichos recursos en actividades que signifiquen ventajas electorales significativas. En principio, la normativa no toma en cuenta la existencia y proliferación de los medios de comunicación locales7, ni el uso de medios electrónicos para la difusión de propaganda electoral. Sin embargo, existe también la posibilidad de que las donaciones privadas se utilicen en actividades más difíciles de fiscalizar, tales como la compra de votos. Existen pocos y muy limitados avances en materia de transparencia y rendición de cuentas. Posiblemente el más significativo sea el obligar a algunas instituciones del Estado -particularmente la Contraloría General de Cuentas (CGC), así como las superintendencias de Bancos (SIB), Telecomunicaciones (SIT) y Administración Tributaria (SAT)- a colaborar con el Tribunal Supremo Electoral en su labor de control y fiscalización del financiamiento partidario (I.4783, Art. 5). Además, se propone que las donaciones a los partidos políticos sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta -ISR- (I.4783, Art. 7) con la intención de incentivar a los donantes llevar un registro y declarar los aportes realizados. Permanecen los vacíos significativos en la LEPP, tales como la prohibición para que los candidatos o filiales locales obtengan fondos que no sean canalizados a través de los órganos centrales de los partidos políticos, y el control de los fondos de origen privado ejecutados en época no electoral. Fundamentalmente, y a pesar de que la experiencia demuestra que muchos partidos políticos no cumplen con la normativa sobre financiamiento existente actualmente, permanecen las dificultades que el Tribunal Supremo Electoral tiene para hacer que los partidos cumplan con la legislación pertinente.

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Berganza (2004: 37) señala la importancia de los medios de comunicación locales como fuente de información acerca de la política en algunos departamentos No se conocen estudios más recientes que aborden la influencia de los medios locales en los procesos electorales.

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L A GR A N AUSENCI A: EL FORTA LECIM IENTO DEL TSE El Tribunal Supremo Electoral, como árbitro de la competencia electoral, es un actor fundamental en el adecuado funcionamiento de los sistemas electoral y de partidos políticos en Guatemala. Muchas de las deficiencias del sistema, particularmente la falta de cumplimiento de la LEPP por parte de los partidos políticos, son atribuibles a las limitaciones en su capacidad de acción. Diversos actores, incluyendo al Consorcio, CONAREP y CACIF, propusieron la desconcentración de algunas de las funciones del TSE, señalando, con distintos enfoques y matices, la importancia de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas relacionadas con la organización de los procesos electorales. La iniciativa 4783 crea la Dirección General, unidad interna del TSE que estaría a cargo de la conducción técnica y administrativa de los procesos electorales y las actividades regulares del Tribunal, salvo aquellas relacionadas con su función jurisdiccional (I.4783, Art. 28). No obstante, cabe señalar que no queda clara la delimitación de sus funciones con respecto a las de la Dirección Electoral, descrita en la iniciativa como el “ente técnico y logístico de los procesos electorales” (I.4783, Art. 30). El que la distinción entre las funciones de ambos separación no se aclare con precisión podría generar conflictos innecesarios que tendrían el potencial de complicar el proceso electoral. Otra medida con respecto al Tribunal Supremo Electoral es el establecimiento de un sistema de rotación anual en su presidencia (I.4783, Art. 21). Actualmente, el magistrado presidente de dicho órgano es electo por el pleno, y la ley no establece la duración de su período. Esta propuesta debilita la presencia del TSE, al dificultar la implementación de procesos de largo plazo en el mismo. Adicionalmente, limita la capacidad de los demás magistrados de controlar el trabajo del presidente, quien ya no dependería de sus pares permanecer en sus funciones. Destaca en la propuesta un incremento a las sanciones a los partidos políticos, y el que las multas deducibles de la deuda política (I.4783, Art. 14 [ 23 ]

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y 15), lo cual en apariencia tiene la intención de facilitar al TSE su ejecución. Sin embargo, es cuestionable que los fondos que los partidos deben usar para funcionar adecuadamente y atender a la ciudadanía sean utilizados para pagar multas. Además, se otorga al Tribunal Supremo Electoral la posibilidad de apoyarse en instituciones de control del Estado para fiscalizar el trabajo partidario, pero se hace bajo reserva de confidencialidad (I.4783, Art. 5). El alcance de ambas reformas es sumamente limitado, debido a que el mayor freno a la capacidad sancionatoria y fiscalizadora del órgano electoral no está en su funcionamiento interno, sino en la posibilidad de que los partidos políticos se amparen de las decisiones del TSE ante otros entes, particularmente la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. En este sentido, la propuesta –apoyada tanto por el Consorcio como por CONAREP, además del mismo Tribunal- de eliminar la posibilidad de amparo ante la CSJ, estableciendo al TSE como un órgano efectivamente supremo, sujeto únicamente a la jurisdicción de la CC, restringida a asuntos constitucionales resalta como la gran ausencia en la iniciativa 4783. Sin un órgano electoral supremo, eficaz y fortalecido, cualquier reforma que se intente implementar para controlar las actividades de los partidos políticos puede ser considerada nula.

¿OPORT UNIDA D PER DIDA, U OPORT UNIDA D ABIERTA? La iniciativa 4783 fue aprobada con celeridad sorpresiva, y actualmente se encuentra pendiente de un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque su discusión y aprobación –aún con las dificultades mencionadas- constituyen avances en un tema que fue postergado por la anterior legislatura. Sin embargo, aún es posible, y sumamente necesario, introducir modificaciones. Si el dictamen del tribunal constitucional no fuere favorable, la iniciativa puede ser revisada en el Congreso de la República. Si sí obtuviera un dictamen favorable, aún tendrá que pasar por revisión presidencial. En ambos escenarios existen espacios de incidencia para introducir cambios pertinentes que tengan un impacto significativo en el desempeño del [ 24 ]

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sistema de partidos políticos y el funcionamiento del sistema electoral. La posibilidad de que estos cambios se introduzcan en un espacio tan reducido dependerá de la capacidad de los actores interesados en reformas relevantes –instituciones académicas, organizaciones de sociedad civil, Tribual Supremo Electoral y algunos miembros de los partidos políticosde movilizar recursos políticos en función de las propuestas que sean motivo de mayor consenso.

Referencias: Brolo, J. (2013) Escasa organización y afiliación partidaria en Guatemala. En Partidos políticos guatemaltecos: Cobertura territorial y organización interna. ASIES; Guatemala. Lemus, J. (2013) “Partidos franquicia”: la distorsión del modelo de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En Partidos políticos guatemaltecos: Cobertura territorial y organización interna. ASIES; Guatemala. García, E. (25/10/2013). Leyes electoral y de transparencia avanzan. El Periódico. Consultado en http://www.elperiodico.com.gt/ es/20131025/pais/236762 Espina, C. (23/10/2013). Analistas consideran incorrecto negociar leyes con préstamos. La Hora. Consultado en http://www.lahora.com.gt/ index.php/nacional/guatemala/actualidad/185719-analistas-consideran-incorrecto-negociar-leyes-con-prestamos Acción Ciudadana (2011). ¿Cuánto costó la campaña electoral?. Acción Ciudadana / Magna Terra Editories; Guatemala.

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