16 de mayo de 2013 Ocupaciones irregulares superaron en número a las urbanizaciones formales El fenómeno de los asentamientos irregulares ha crecido más en los últimos 15 años que en cualquier otro período de Ciudad Guayana. César Noriega Ramos [email protected] El ritmo de construcción de viviendas del sector público va a un paso más lento que el de los constructores de casas y ranchos en ocupaciones irregulares. Hasta 2010, los asentamientos irregulares estaban compuestos por 22 mil 237 unidades, de las cuales 60 por ciento son casas y 40 por ciento ranchos. Hasta ese mismo período, la Gobernación del estado Bolívar había construido 4 mil 200 viviendas. A dos años del impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el gobierno regional casi triplicó el ritmo de los cuatro años precedentes, culminando 11 mil 587 unidades de 2011 a 2012. En ese monto se suman las del programa Sustitución de Ranchos por Vivienda, e incluye a viviendas construidas en todo el estado Bolívar. Aun así la suma de las viviendas construidas antes y después de la GMVV, es 40 por ciento menos que las construcciones irregulares edificadas por familias sin techo. Las cifras se recogen de un censo de las ocupaciones irregulares en siete parroquias del municipio Caroní. La investigación fue desarrollada a mediados de 2010 con el propósito de diagnosticar este fenómeno y crear un plan de acción conjunto entre el gobierno local y el extinto Ministerio de Obras Públicas. A la vuelta de tres años se ha avanzado muy poco en mejorar la calidad de vida de los ocupantes, así lo reconoció la concejala Erika Vilera, presidenta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda del Concejo Municipal de Ciudad Guayana. Dentro de las 175 ocupaciones irregulares identificadas en 2010, Vilera estimó que sólo 30 han podido solucionar la carencia de servicios públicos y sobre todo porque los propios habitantes han aportado para construir infraestructura pública, una responsabilidad del Estado. “Son muy pocas las urbanizaciones, cuando se crea Ciudad Guayana era pequeña, crece a tan gran magnitud por las invasiones no por adjudicaciones directas de alguna institución”, dijo Vilera. De esta forma se fundaron populosos sectores en zonas destinadas a usos públicos, tales como el barrio Primero de Mayo, las comunidades alrededor del Cerro El Gallo, ambos en la parroquia Chirca o grandes asentamientos irregulares que en pocos años han surgido en el eje suroeste de la avenida Atlántico.

Hábitats emergentes El estudio reflejó que la gran parte de las ocupaciones irregulares en Caroní se crearon en los últimos 15 años. En el lapso de cuatro años, Yelitza Santiago, 32 años, ha visto como se multiplicaron las 20 familias, que originalmente se establecieron en la ocupación Luces de Puerto Ordaz II. Ahora el asentamiento alberga cientos de casas, que ya forman varias manzanas a lo largo de calles de tierra. Luces de Puerto Ordaz II creció en la UD-245, parroquia Universidad enmarcada entre la avenida Paseo Caroní y la Prolongación de la Avenida Norte-Sur. Esta comunidad se fundó en 2010 y en ese entonces había 50 casas también se dejaba constancia del riesgo representado por un cárcava. La comunidad organizada sufragó el tendido eléctrico y el agua potable. Santiago aportó una cuota de 8 mil a 10 mil bolívares para conectarse con los servicios. Aunque aún no cuentan con una red de aguas negras, ni calles pavimentadas. El transporte público es una necesidad que parece aún más inalcanzable que las cañerías. Todos los días, Santiago debe caminar por una trocha de tierra, cortada por un arroyo que baja del cerro, hasta llegar a la parada de autobús más próxima. Otro vecino de la zona, Elvis Aguilar, de 52 años, fue testigo directo de los riesgos que corren los ocupantes ilegales. Hace cuatro años empezó a levantar su casa de bloques y ocurrió un accidente eléctrico que le dejó quemaduras a su hijo de diez años. Afortunadamente, el niño se recuperó de las heridas y volvió a su vida normal. Aguilar también es un exponente de la incesante migración de los campos a las ciudades. Trabajaba la tierra en el caserío campesino La Mona de Hierro en el municipio Piar. Aunque la tierra es productiva y propicia para dar muchos rubros la falta de oportunidades obligó a Aguilar a labrarse un mejor futuro en la ciudad. Así se sumó a los miles que engrosan los cinturones de miseria de Ciudad Guayana. Construcción frenada El cóctel de materiales de construcción escasos, retrasos en la asignación de permisos de construcción y la erosión del poder adquisitivo del venezolano mantiene raquítico los emprendimientos privados de vivienda, así lo reconoció Oscar Gómez, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Bolívar. Desde la puesta en marcha de la GMVV la actividad de la construcción ha crecido a un ritmo de dos dígitos, en 2012 creció en 12,6 por ciento. Pero ha sido una expansión desigual ya que el sector privado de la construcción acumula más de cuatro años en caída, según cifras de la Cámara Inmobiliaria de la Construcción.

“La participación del sector privado en la GMVV es en el suministro de componentes de la vivienda, o kits de vivienda pero no tenemos participación directa en la construcción de los proyectos habitacionales”, puntualizó Gómez. Entre las metas de construcción de vivienda del ejecutivo regional se incluyen mil 140 apartamentos en la parroquia Unare, que ejecutan con financiamiento de la banca pública y privada. Otro ente público ejecutando proyectos habitacionales este año es la Corporación Venezolana de Guayana, a la cual el Gobierno Nacional le asignó 826,7 millones de bolívares. Con estos recursos se están levantando obras habitacionales en el sector El Pedregal (UD-299), en Salto Aponwao (UD-247) e Inés Romero (UD-128), que en conjunto totalizan 693 viviendas unifamiliares. Uno de los reclamos recurrentes de la comunidad organizada en torno a proyectos habitacionales es la falta de respuesta de las instituciones públicas en la construcción de los servicios. Tan sólo esta semana, una parte de los 3 mil 200 personas de las asociaciones pro-vivienda de Río Sipapo (UD-298) manifestaron en la vía pública por la falta de respuesta de las instituciones en la dotación de servicios públicos. “La construcción de macroservicios está completamente paralizada”, dijo Gómez, de la Cámara regional de la construcción. “Porque los gobiernos de todos los niveles les sale más barato construir casas que construir los servicios básicos que permitiría construir urbanizaciones a mayor escala”. Dimensión del problema Familias en ocupaciones irregulares De las siete parroquias censadas las tres con mayor número de familias viviendo en ocupaciones irregulares, fueron: parroquia Unare con 12.995 familias, Chirica con 2866 familias y Universidad con 2775 familias. En total se identificaron 24 mil 257 familias viviendo en asentamientos irregulares. ¿Cómo se distribuyen las ocupaciones irregulares por tipo de vivienda? Hay una distinción entre Puerto Ordaz y San Félix en el tipo de viviendas que se construye. En las ocupaciones irregulares registradas en las cinco parroquias de San Félix predominan los ranchos sobre las casas mejor constituidas. En Chirica las ocupaciones están constituidas casi en un 90% de ranchos, que representa 1281 unidades familiares. Por encima del 60 por ciento de ranchos se ubican las ocupaciones de las parroquias Vista al Sol, Simón Bolívar y 11 de abril.

En Puerto Ordaz, los ocupantes irregulares tienden a construir más casas que ranchos. En Unare, que alberga el mayor número de familias viviendo en asentamientos no planificados en toda Ciudad Guayana, las casas representaron 72 por ciento, o 9290 unidades. En Universidad y Cachamay, este indicador alcanzó 67 por ciento y 88 por ciento, respectivamente. ¿Disponibilidad de servicios públicos? En cuatro de las siete parroquias analizadas fue mayor la cantidad de ocupaciones sin acceso a ningún servicio público. Los asentamientos irregulares de Vista al Sol en 88 por ciento carecieron totalmente de servicios públicos. Le siguieron Chirica (84 por ciento), Unare (75 por ciento) y Cachamay (59 por ciento). Las ocupaciones irregulares con menor acceso a todos o al menos un servicio público se registraron en Chirica con 16 por ciento, le sigue Unare con 25 por ciento. En cambio la prestación de servicios básicos fue mayor en asentamientos ubicados en 11 de abril (95 por ciento), Simón Bolívar (80 por ciento) y Universidad (55 por ciento). ¿Cuál ente es el propietario de los terrenos ocupados? Los terrenos sobre los que han crecido ocupaciones en Ciudad Guayana pertenecen abrumadoramente a la Corporación Venezolana de Guayana. Otro propietario frecuente de estos lotes fue el gobierno municipal. Un caso singular fue el de Chirica en donde de 37 ocupaciones censadas, 26 se fundaron en terrenos de propiedad privada. ¿Cuántas ocupaciones están en zonas de riesgo? La mitad de las ocupaciones censadas en la parroquia Unare tenían un factor de riesgo en sus cercanías. Entre las ocupaciones de las siete parroquias monitoreadas el riesgo más extendido fue el de las cárcavas con 50 por ciento, le siguieron los asentamientos amenazados por un combinación de riesgos (tendido eléctrico, drenajes y cárcavas) con 25 por ciento. En menor orden de relevancia se situaron los riesgos por un tendido eléctrico inadecuado, con 14 por ciento y por último los drenajes con 11%. ¿Cómo se distribuyen las ocupaciones en cuanto a su tiempo de construcción? En la última década se iniciaron la mayoría de las ocupaciones analizadas. En la parroquia Unare, el 94 por ciento de los asentamientos irregulares surgieron en los últimos 15 años. En Vista al Sol la totalidad de las ocupaciones se fundaron en un lapso de 15 años. Mientras que en 11 de abril el 94 por ciento empezó a establecerse seis años atrás. ¿Cuántas y cuáles UD por parroquia han sido pobladas por ocupaciones? En la parroquia Unare registró 13 Unidades de Desarrollo ocupadas, siendo el número más alto entre las parroquias de Caroní, entre las cuales la UD-328, al suroeste de Puerto Ordaz,

se establecieron 10 comunidades. La UD 124, en Chirica, alberga a 19 asentamientos irregulares, establecidas en un lapso de cuatro a 20 años.