CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES SENADO X LEGISLATURA

Núm. 47

7 de mayo de 2012

COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS RAMÓN TORRES COLOMER Sesión celebrada el lunes, 7 de mayo de 2012 ORDEN DEL DÍA Debatir — Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la sucesión de prácticas fraudulentas de importaciones de productos hortofrutícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Núm. exp. 661/000001) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. — Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para evitar el desperdicio alimentario. (Núm. exp. 661/000026) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA. — Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Estratégico para la acuicultura, así como a potenciar dicho sector productivo. (Núm. exp. 661/000034) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. — Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar e impulsar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), y a garantizar la financiación de éste. (Núm. exp. 661/000041) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

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7 de mayo de 2012 Se abre la sesión a las diecisiete horas.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Antes de comenzar con el orden del día, me gustaría hacer algunas puntualizaciones de orden. En primer lugar, podemos debatir y votar una por una cada moción o, por el contrario, si sus señorías están de acuerdo, debatir seguidas todas las mociones y votarlas al final -por si alguien precisara de movilidad-, votación que no se realizará antes de las siete de la tarde. En segundo lugar, los tiempos de intervención serán de diez minutos para los proponentes de cada moción y de diez minutos para los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y habrá otro turno de cinco minutos para el grupo proponente, con el fin de que, en caso de haber enmiendas, pueda manifestar si las acepta o no. En todo caso, el proponente dispondrá de otros diez minutos de intervención como grupo parlamentario. El tiempo de intervención en Pleno es de veinte minutos, pero en este caso me parece mucho. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento.) MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SUCESIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Núm. exp. 661/000001) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la primera moción, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la sucesión de prácticas fraudulentas de importaciones de productos hortofrutícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintero. El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Esta moción que hoy debatimos —sustanciada también durante la legislatura pasada— surge con la intención de poner fin al fracaso que ha supuesto la legislación actual en materia de control fitosanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias; o más bien, al fracaso de la aplicación de la legislación existente. Consideramos que los Gobiernos han sido muy indulgentes en la aplicación de la normativa. El hecho de que Canarias haya sido un coladero en la entrada irregular de determinados productos ha provocado la aparición de plagas —catalogadas en más de ochenta— que en muchas ocasiones ha puesto en jaque a un importante número de producciones. Son incontables las denuncias presentadas desde las instituciones y por los propios agricultores; reclamaciones que han sido obviadas y cuyas quejas han tratado de acallar con promesas que nunca se han cumplido: promesas de mayor inspección, de aumentar las cuantías y de aplicar la normativa con más rigor, lo que hasta ahora, desgraciadamente, no se ha llevado a cabo. Eso lo sabe quien lo padece, pero sobre todo quienes se aprovechan de las debilidades del actual sistema para saltarse una y otra vez los controles existentes en Canarias. Los importadores que introducen productos de manera ilegal actúan con impunidad ante la incapacidad mostrada —en este caso, en la aplicación de la legislación— para controlar con contundencia esta situación. La Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987 —orden de aplicación obligatoria en las islas que tiene ya más de veinticinco años—, que contempla las especiales condiciones fitosanitarias de Canarias como territorio insular, fija las medidas de protección contra la introducción en el archipiélago de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales. La orden, que permanece en vigor, establece las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales entre las islas Canarias. Sin embargo, señorías, la realidad dista mucho de los objetivos que persigue esta moción. Las prácticas fraudulentas en importaciones de productos hortofrutícolas se suceden casi a diario en los puertos y aeropuertos canarios. Se trata de prácticas fraudulentas que, tal y como indico en la exposición de la moción, atentan contra el medio ambiente por la introducción de plagas y enfermedades difíciles de controlar y erradicar —dada la progresiva retirada de materias activas que para combatirlas impone la Unión Europea— y contra la seguridad alimentaria, por alterar la trazabilidad de los productos en cuestión.

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Por tanto, consideramos —y en ello coincidió conmigo el ministro de Agricultura en una reciente comparecencia— que no se han cumplido los objetivos de la referida orden ministerial, principalmente, porque su régimen sancionador es insuficiente —dicho por el ministro—, ya que las sanciones administrativas impuestas no disuaden a los importadores hortofrutícolas que cometen este tipo de fraude. Me permitirán que les haga un pequeño símil. Según respuesta del propio Gobierno el pasado año, la multa máxima que se había impuesto era una sanción administrativa —el equivalente a una multa de aparcamiento, que podemos cometer diez mil— de 3000 euros. Sin embargo, un contenedor de estas frutas puede obtener un beneficio de 40 000 euros. Por otra parte, se requisan muy pocos contenedores de productos hortofrutícolas de entrada ilegal en Canarias, y una vez incautados, la multa es tan pequeña que les vale la pena porque los beneficios que obtienen son muy elevados; como se trata de una sanción administrativa pueden multarles veinte veces al día, que no tendrán ningún problema. Por lo tanto, la sanción no supone ninguna medida disuasoria, pues los beneficios que obtienen son mucho mayores que los costes de la propia sanción. Por ello presento esta moción, para instar al Gobierno: 1. A que cumpla la legislación vigente y a que introduzca las sanciones que sean pertinentes para poner fin a una situación que se ha prolongado durante muchísimo tiempo, yo diría que ante la pasividad de la Inspección, que es la que tiene que controlarlo. Propongo que se aumenten las cuantías de la sanciones administrativas actuales, como mínimo hasta el valor real a precio de mercado de la mercancía incautada, así como la correspondiente destrucción de esta junto con aquella otra que la acompaña en el contenedor durante el transporte a las islas Canarias o en la cámara frigorífica donde se encuentre almacenada y se detecte el fraude. 2. La cuantía de la sanción a que hace referencia el punto anterior debe ser aumentada en la misma cantidad para destinarla a combatir, de manera natural con productos biológicos, algunas de las plagas y enfermedades que estas prácticas fraudulentas han introducido en Canarias. 3. Hacer las modificaciones necesarias para que en caso de reincidencia el importador implicado sea juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y contra la salud pública. Y, por último, indemnizar al sector agrícola por los daños que estas prácticas fraudulentas están ocasionando en las producciones canarias. El sector primario canario está sufriendo más que ningún otro las consecuencias de la profunda recesión económica que se vive en España. Los productos que subsisten, pese a la adversidad económica, no solo se tienen que enfrentar a un mercado cada vez más inaccesible y en el que juegan en desventaja con respecto a las importaciones de otros países —hay que recordar la ultraperiferia de Canaria y los costes de transporte que ello supone—, sino que también debe hacer frente a las plagas causadas por la ausencia de férreos controles fitosanitarios y a un sinfín de factores que ponen en serio riesgo la continuidad de estos productos en Canarias. Evidentemente, la austeridad aplicada por el Gobierno en una etapa de recesión es otro duro revés para el sector primario. En este caso, no pido ni subvenciones ni ayuda, ni que esta moción incremente un euro los Presupuestos Generales del Estado. No le costaría dinero al Gobierno, simplemente demandamos una mayor sanción y que estas sanciones se destinen, por una parte, a paliar los efectos negativos que está sufriendo el sector agrícola y, por otra, a un mayor control y mayor inspección de la entrada de productos ilegales en Canarias. Termino, señor presidente. Debo señalar que esta moción fue presentada en la legislatura pasada y hubo un debate en el que todos los partidos votaron a favor. Se marcaron algunas normas pero no se ha cumplido ninguna de ellas. En esta situación, los agricultores canarios —las cuatro cooperativas de agricultores canarios que se han visto afectadas me han trasladado esta moción— podemos ver cada semana como en los mercados más grandes de Tenerife —tanto el Mercatenerife como el Mercagrancanaria— existen productos ilegales, todo ello a pesar de que tenemos la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987, que regula esta materia, la cual tendríamos que hacer cumplir. Evidentemente, estamos haciendo una competencia desleal a nuestros agricultores. Canarias tiene una estructura agrícola pequeña y no puede competir con las grandes cantidades, por lo que la entrada de productos ilegales en Canarias, bien de Latinoamérica o de África, a unos costes de producción mucho más baratos, aparte de provocar este daño fitosanitario y de salud pública —porque no tienen todos los controles de trazabilidad que se les exigen a los agricultores canarios— también está haciendo un flaco favor a la agricultura, porque los precios de estas frutas, como puede ser la piña tropical, caen desorbitadamente, con lo cual la producción en Canaria no garantiza que los agricultores puedan vivir de ella. El daño que se está haciendo es muy grave, y en la situación económica en que se encuentra la agricultura por los ajustes del Gobierno, consideramos que tenemos que ser más duros en el control.

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7 de mayo de 2012 Por todo ello, pido a todos los grupos que apoyen esta moción. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero. ¿Tiene intención de intervenir usted como portavoz de su grupo? (Denegación.) ¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegación.) No interviene. ¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegación.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegación.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abreu.

El señor ABREU EXPÓSITO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, apoyo la moción del senador Quintero, dada la importancia que el Gobierno de España ha dado siempre a Canarias por su situación territorial. Ponemos hoy de manifiesto este apoyo precisamente para evitar que los especuladores —en este caso en Canarias— y la entrada por puertos fronterizos de mercancías que ponen en riesgo el sistema medioambiental y la salud y atentan contra la seguridad alimentaria, alteren la trazabilidad en muchos territorios de los productos que llegan a Canarias. Me gustaría destacar que esta práctica fraudulenta de algunos importadores no solo supone amplios beneficios para quienes los realizan, sino que estos son capaces de poner en riesgo la salud y las condiciones de vida de los canarios con tal de obtener amplios beneficios para la economía particular, además de poner en riesgo la economía de muchos canarios que tienen en el sector primario su medio de vida. Por lo tanto, es necesario aplicar las máximas sanciones posibles, porque está en juego la salud y el entorno medioambiental de Canarias. En el año 2010 tuvo lugar la última reunión de la comisión de seguimiento en virtud de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, con objeto de hacer un seguimiento y alcanzar una mayor coordinación y comunicación entre el ministerio y esa comunidad autónoma. Se hizo hincapié en los puertos de las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, ampliando horarios, reforzando la inspección y dotándolos de más medios materiales. No obstante, es insuficiente, y todo lo que se detecta es simplemente multado con cantidades insignificantes en relación con los beneficios que se obtienen. Por lo tanto, apoyamos la moción e instamos al Gobierno a que contemple la posibilidad de incrementar esa sanción, dado los amplios beneficios que obtienen quienes llevan a cabo estas prácticas fraudulentas. Sin más, solicitamos el apoyo a la moción de Coalición Canaria. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Abreu. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora De Haro. La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, una vez leída detenidamente la moción que presenta el Grupo Parlamentario Mixto a través de Coalición Canaria, y después de la intervención del senador Narvay Quintero, no puede sino estar de acuerdo con el fondo de la cuestión. Esta moción se plantea con la finalidad de que se inste al Gobierno a tomar determinadas medidas destinadas a contemplar las especiales circunstancias de Canarias en materia fitosanitaria. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, como digo, está de acuerdo con la necesaria protección de Canarias y en contra de la introducción de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales. Así lo ha manifestado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete, en su comparecencia en esta misma sede y en esta misma sala el 12 de marzo de 2012, en la que informó de las líneas generales de la política de su departamento, y estableció que la lucha contra la introducción de plagas era una prioridad para el ministerio del que era titular. Igualmente, como canaria, conozco perfectamente la situación en el archipiélago canario, en las siete islas. No obstante, compartiendo la preocupación, no podemos compartir las medidas que propone por considerar algunas de ellas inadecuadas, por carecer de competencias el Estado —como explicaré a continuación—, y sobre todo por entender que algunas de las medidas ya se contemplan y que lo que solicita el senador y el grupo proponente va en perjuicio de la propia protección de la vegetación contra las plagas en materia de sanidad vegetal.

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Tenemos que partir de la base de que la especificidad del régimen fitosanitario de las islas Canarias viene definido por las características agroclimáticas de las islas, ya que al ser estas diferentes a las de la península hacen necesario un control fitosanitario en frontera diferenciado para proteger las producciones agrícolas canarias y preservar la biodiversidad del medio canario. Por este motivo —como mencionaba el senador proponente—, se estableció la Orden de 12 de marzo de 1987, en la que se establecían para las islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. Pero con posterioridad a esta orden de marzo de 1987 se han dictado otras normas. La actual norma fitosanitaria comunitaria es la Directiva 2000/29 CE, que, entre otros aspectos, reconoce la singularidad canaria en el ámbito fitosanitario, y fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 58/2005. Además, es muy interesante destacar que entre las obligaciones establecidas en la Orden de 1987 y en la normativa comunitaria se han de establecer controles fitosanitarios para los vegetales y productos vegetales que se importen a Canarias desde países terceros y desde países miembros de la Unión Europea, incluidos los productos que vienen de la España peninsular. Y también hay una norma posterior muy importante en esta materia, la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, en cuyo artículo 10 se regula la introducción en el territorio nacional de vegetales, productos vegetales y otros objetos, para cuya circulación se requiere un documento fitosanitario procedente de países terceros, cualquiera que sea su posterior destino aduanero, y establece que su entrada se realizará únicamente a través de los puntos de entrada autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente—. En el caso de Canarias, los puntos de entrada autorizados son, por un lado, los aeropuertos de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y por otro, los puertos, que en este caso serían los de El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuál es el instrumento fundamental, según el Grupo Popular, con el que cuenta el Ministerio de Agricultura para el cumplimiento y la ejecución de la normativa mencionada y el consiguiente control fitosanitario en frontera? Entendemos que son los servicios de inspección de sanidad vegetal en los puntos de entrada, como ya he señalado. Dichos servicios realizan un control fitosanitario sobre vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países y de la Unión Europea, incluyendo los de la península. Dadas las especiales características del territorio canario en el ámbito fitosanitario y el potencial riesgo —que además es evidente, por la existencia de numerosas plagas—, es una prioridad del ministerio que las inspecciones se lleven a cabo con el máximo rigor. Dichas inspecciones son realizadas sobre mercancías que pretenden ser introducidas, bajo supervisión aduanera y con arreglo al artículo 37.1 del Código Aduanero Comunitario. No obstante, se escapa del ámbito de la competencia del ministerio el control de las mercancías introducidas ilegalmente, es decir, que no han sido declaradas en aduana. En el caso de los vegetales y productos vegetales que sí se hayan declarado y sobre los que existan dudas razonables sobre su origen o sean mercancías prohibidas se llevan a cabo las pertinentes averiguaciones en cuanto a su trazabilidad. Pues bien, el Grupo Parlamentario Mixto plantea en su moción, en primer lugar, que se aumente la cuantía de las sanciones administrativas actuales. El Grupo Parlamentario Popular entiende que parte de un error de hecho, pues señala que la cuantía máxima es la que establece la Orden de 1987 y considera como máxima la cantidad de 3 000 euros. Sin embargo, tenemos que indicar que la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, anteriormente mencionada, establece en sus artículos 58 y siguientes cuál es la cuantía de las sanciones administrativas, muy superior a la señalada por el senador proponente. La cuantía máxima será de 3 000 euros, como señala, pero para las infracciones leves; será de 120 000 euros para las infracciones graves, y de hasta 3 millones de euros para las infracciones muy graves. Incluso se establece la posibilidad de que este límite superior se duplique cuando el beneficio para el infractor sea superior a dicho límite. Como digo, estamos hablando de una cuantía de hasta 6 millones de euros en algunos casos. Por tanto, entendemos que el error no está en la pequeña cantidad de las sanciones, ya que existe una norma que establece sanciones muy superiores; lo que se debe hacer es incentivar o llevar a cabo la estricta aplicación de las normas. Rechazamos el punto primero de su moción por entender que ya están reguladas sanciones muy superiores. En cuanto a la destrucción, entendemos que está contemplada en el artículo 11.1.b) de la Ley de sanidad vegetal; también está contemplada como medida cautelar en el artículo 48, y como sanción en el artículo 60 de la misma norma.

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El segundo punto de la moción va a ser rechazado por el Grupo Parlamentario Popular por el mismo motivo, y me remito a la explicación dada, que la cuantía de las sanciones administrativas actuales está tipificada de acuerdo a la gravedad de la infracción. Además tenemos en cuenta que la competencia relativa a la lucha y erradicación de las plagas es compartida, puesto que también tiene competencias el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. En cuanto al tercer punto de la moción, que prevé hacer las modificaciones necesarias para que el importador implicado sea juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud pública, entendemos que sería necesaria la modificación de la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, que en dicha norma se observan actos relativos a sanidad vegetal y que los relativos a salud pública, como se pretende, no son competencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; en todo caso, correspondería tratarlo a la comisión correspondiente, de Sanidad, por tratarse de una materia de salud pública. Respecto a la indemnización del sector agrario por los daños que estas prácticas fraudulentas están ocasionando, este grupo rechaza la medida por cuanto que podemos afirmar que la Orden de 12 de marzo de 1987 cumple con el objetivo de protección fitosanitaria del territorio canario. Es cierto que regularmente el ministerio autoriza excepciones a la orden en lo referente a la introducción de mercancías, pero para ello es necesario un informe previo favorable del Gobierno canario —que no se ha producido—, a petición de los operadores canarios. Dadas estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular señala que entonces se podría plantear la necesidad de la revisión de la citada orden. En resumidas cuentas, aun protegiendo y considerando fundamental y prioritaria la lucha contra las plagas —como señaló el ministro el 12 de marzo en esta misma sede—, especialmente en un territorio como el canario, que por sus características requiere especial protección, entendemos que la solución pasa por otras medidas, que serían: en primer lugar, la aplicación estricta de la norma ya existente, y, en segundo lugar —como ya se solicitó en el propio Parlamento de Canarias el 26 de marzo del presente año, a solicitud del propio Partido Popular y se aprobó por unanimidad de todos los grupos—, la necesidad de cubrir una plaza que estaba vacante en el puerto de Santa Cruz de La Palma. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que depende dicha plaza, se han comprometido y están realizando todas las gestiones para cubrir la plaza de inspector fitosanitario en el puerto de La Palma. Por otro lado, sería necesaria la coordinación con el Gobierno de Canarias y la posible renovación del acuerdo existente desde abril de 2008 entre la Administración central y el Gobierno de Canarias, renovación que no ha sido solicitada por el Gobierno de Canarias. Entendemos fundamental este acuerdo en materia de lucha fitosanitaria y, sobre todo, que las competencias sean ejercidas coordinadamente tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias como por el Gobierno de la nación. Termino señalando el compromiso del Partido Popular en la lucha contra las plagas en general, y en particular y habida cuenta de la situación y las características de la comunidad autónoma canaria, el compromiso firme por la lucha contra la introducción de las plagas en el archipiélago canario, en el ámbito de la competencia del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EVITAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. (Núm. exp. 661/000026) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA. El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción: Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para evitar el desperdicio alimentario. A esta moción se han presentado dos enmiendas: una de Convergència i Unió y otra del Grupo Popular. Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Boya. El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Esta es una moción anterior a la que se vio en el Pleno. Es cierto que estos días atrás se produjo un debate en una sesión plenaria, por lo que seguramente no es necesario que nos extendamos en su

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defensa. En todo caso, quisiera señalar algunos de los puntos importantes de esta moción, sobre todo la lógica y la importancia que tiene en este momento plantear esta cuestión respecto de un tema tan importante como es el de la gestión de los alimentos, que hoy va más allá de lo que es estrictamente una cuestión administrativa o técnica, pues casi podríamos decir que se trata de una cuestión moral y ética porque nos debatimos entre dos caras de una moneda: una, una sociedad de opulencia y, otra, una sociedad que presenta situaciones de grave dificultad para cumplir con un derecho básico como es el acceso a la alimentación. Esto sucede, por supuesto, tanto en nuestros ámbitos más inmediatos como en la gestión —digámoslo así— planetaria de la propia alimentación. Ante unas cifras que son realmente de escándalo y que —como ustedes recordarán— sitúan el desperdicio alimentario entorno a los 80 millones de toneladas de alimentos al año, lo que supone alrededor de 179 kilos por persona, es decir, prácticamente el 50% de la producción de alimentos en Europa, es realmente necesario tomar conciencia de esta situación. Lo hizo en su momento el Parlamento Europeo con la aprobación de una resolución en este mismo sentido. Por tanto, nuestras administraciones han de corresponder a esta preocupación y salir al paso de este desperdicio para ver en qué ámbitos se sucede esta falta de eficiencia en el trato de los alimentos. Es obvio que en todo el proceso de la cadena alimentaria, tanto en las cosechas y en la distribución como en los hábitos de consumo, se produce desperdicio. En el campo podemos cifrar el desperdicio de recolección de las cosechas en casi un 50%. También son destacables los porcentajes de las empresas de distribución y los originados por los hábitos propios que tenemos como consumidores, fruto, seguramente —como decía al principio de mi intervención—, de esta sociedad de la opulencia. En esta moción planteamos tomar una serie de medidas que salgan al paso de este problema y busquen la eficiencia a fin de corregir estos excesos, así como una lógica en la gestión de nuestros alimentos. Los puntos que plantea la moción son seis. En primer lugar, estudiar todas aquellas modificaciones pertinentes en las normativas españolas relacionadas con la conservación y gestión de los alimentos para evitar el desperdicio alimentario. En segundo lugar, como hay un mal funcionamiento de nuestros mercados y en la relación entre productores y consumidores, es también necesario fomentar una relación directa entre estos productores y consumidores impulsando los llamados mercados de proximidad y, sobre todo, valorando y haciendo pedagogía de la importancia que tienen los agricultores en nuestra sociedad. Hemos de salir al paso también —este es un tema más complejo que tendremos ocasión de debatir en esta comisión— de una relación perversa entre comercializadores y productores, dado que del aumento que han sufrido los alimentos en el conjunto de nuestro país, únicamente el 25% ha repercutido en la renta de los agricultores. Por tanto, tenemos desajustes importantes, pero si impulsamos estas medidas para fomentar los mercados de proximidad, el trato entre unos y otros puede ser más justo y lógicamente se puede fomentar también la calidad. En tercer lugar, hay que incidir en los aspectos relacionados con los embalajes, con los etiquetados, evitar la confusión de los consumidores y, por tanto, también el deterioro y desaprovechamiento de gran cantidad de alimentos que no consumimos por las dudas que se plantean en este etiquetado. En cuarto lugar, estudiar medidas de control y también, por qué no, medidas de sanción para todas aquellas empresas que no cumplan con los principios de preservación y aprovechamiento de los alimentos, combatiendo, por tanto, las malas prácticas comerciales que fomentan el desperdicio. En quinto lugar, hay que facilitar la intervención, pues es inmoral ver cómo los alimentos van a parar a los contenedores de las puertas de los supermercados y son absolutamente desaprovechados cuando, posiblemente, cerca de esos contenedores hay comedores sociales donde son necesarios esos alimentos para personas que necesitan de los bancos de alimentos. Por último, hay que impulsar —esta es una de las cuestiones fundamentales de esta moción— el fomento de la cultura contra el desperdicio alimentario y, por tanto, hacer pedagogía en nuestras escuelas para que este proceso que hemos sufrido durante estas últimas décadas se invierta y todos los ciudadanos tengamos una actitud más cívica y responsable ante el consumo de alimentos. Gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana para defender su enmienda.

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El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente. En este caso lo primero que quiere hacer el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió es centrar el tema en un elemento importantísimo, pues a todos nos afecta directa o indirectamente. Más allá de la cuestión ética y estética, tenemos que establecer unas medidas de aplicación lo más directas posibles porque podemos filosofar sobre cualquier tipo de medidas, pero esto es lo que tenemos que hacer. Primero, filosofía, pero, después, tenemos que establecer unas pautas de comportamiento y unas medidas que sean aplicables lo más rápido posible. Una de las razones por las que hemos presentado la enmienda es porque nos parece necesaria la colaboración de las diferentes administraciones, no tan solo de la Administración General del Estado, sino de todas las administraciones, sean autonómicas, municipales o supramunicipales. Convergència i Unió pide, por tanto, un esfuerzo de coordinación y de colaboración a todas las administraciones para que surjan medidas aplicables, pero que surjan ya. Otro tema que quiero poner encima de la mesa es que sería bueno que se diera una definición exacta de lo que se entiende por «desperdicio de alimentos», porque hay una cierta nebulosa respecto de esta cuestión que, al fin y al cabo, no nos ayuda a centrar el asunto que tratamos. De la moción presentada por la Entesa queremos poner en valor que hay algunas empresas que están trabajando ya para que las medidas para controlar el despilfarro de alimentos produzcan un cambio en esta tendencia. Hablamos, por ejemplo, de empresas de nuestras tierras que transforman productos alimentarios que provienen de la retirada, facilitando así su aprovechamiento y la entrega en los bancos de alimentos. Que no se haga una presunción de culpabilidad de toda la cadena alimentaria. Estoy seguro de que todos los entes que participan en esta cadena tienen voluntad explícita para que el despilfarro de alimentos se reduzca, pero, por favor, seamos ágiles, pongamos los elementos necesarios y tomemos las medidas pertinentes para que esta iniciativa pueda llegar a término. Gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Moya. La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación a la moción de Entesa pel Progrés de Catalunya relativa al desperdicio de alimentos, que es el asunto que debatimos en este momento y que, sin lugar a dudas, está en consonancia con la moción que se aprobó en el Pleno anterior. Como han podido observar, nuestra enmienda de modificación coincide en varios aspectos con muchos de los puntos de la moción presentada por la Entesa, y tiene la siguiente redacción: La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado insta al Gobierno a, en primer lugar, fomentar la relación directa entre productores y consumidores, impulsando iniciativas de comercialización directa o de radio corto y valorando las aportaciones de los pequeños agricultores a un proceso más sostenible de la gestión alimentaria. En segundo lugar, estudiar medidas de control y sanción para las empresas que no cumplan los principios de preservación y aprovechamiento de los alimentos, combatiendo las malas prácticas comerciales que fomentan el desperdicio. En tercer lugar, facilitar la intervención para la recuperación de alimentos desechados aún consumibles para ser introducidos en cadenas de aprovechamiento solidario con personas necesitadas. En cuarto lugar, impulsar las medidas adecuadas en el fomento de la cultura contra el desperdicio alimentario, especialmente en el ámbito escolar. En quinto lugar, fomentar iniciativas a lo largo de la cadena alimentaria que fomenten la eficiencia logística y optimicen el proceso de distribución de alimentos. Y, en sexto lugar, favorecer la interlocución entre los agentes de la cadena alimentaria para adaptar la producción a la demanda real del mercado. Como habrá podido comprobar el portavoz de la Entesa, el señor Boya, no estamos de acuerdo con los puntos 1 y 3 de la moción ―y a continuación explicaré el porqué―; sin embargo, estamos de acuerdo con los puntos 4, 5 y 6 de su moción y, además, proponemos dos puntos nuevos, en concordancia con lo aprobado en el Pleno, como decía anteriormente. Con respecto al punto 1 de la moción de la Entesa, su señoría sabe que la normativa específica de los alimentos no regula aspectos que se refieran a su conservación, ni en el ámbito europeo ni en el nacional, ya que este es un aspecto íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria y, desde la implantación en la Unión Europea del paquete de reglamentos en materia de higiene de los alimentos del año 2004, la responsabilidad de la seguridad alimentaria reside en los operadores de empresas alimentarias. En consecuencia, las normas no pueden descender a prever las condiciones de conservación de los

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alimentos porque el operador es el responsable de determinar si el producto en cuestión requiere condiciones especiales de conservación durante su vida comercial y, en su caso, con objeto de garantizar que se encuentre en condiciones óptimas hasta la hora del consumo. Por lo tanto, consideramos que es un problema que, al afectar a todos los eslabones de la cadena alimentaria, debe abordarse de manera global, tal y como han planteado la FAO y el Parlamento Europeo. En este sentido, como su señoría conoce, en la conferencia que se celebró en Madrid se promovió la Resolución del Parlamento Europeo aprobada el 19 de enero pasado, que será justamente la base para la directiva que tiene previsto elaborar la Comisión Europea. Esta directiva debe recoger con toda su amplitud cualquier aspecto que incida en esta problemática, entre los que destacan el etiquetado, la gestión de la cadena alimentaria, envases y embalajes, etcétera. Con respecto al punto 2 de la moción, proponemos una nueva redacción ―que sería el punto 1 de nuestra enmienda― en la que simplemente sustituimos la frase «los mercados de proximidad» por «impulsando iniciativas de comercialización directa o de radio corto». En cuanto al punto 3 de la moción presentada por la Entesa, en lo que afecta al etiquetado de los alimentos, como su señoría también conoce, la normativa se encuentra armonizada en la Unión Europea. Actualmente es aplicable la Directiva 2013/CE, traspuesta a nuestro derecho interno por el Real Decreto 1334/1999 y, además, se da la coincidencia de que dentro de tres años, es decir, en 2014, será sustituida por el recientemente aprobado Reglamento de la Unión Europea 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor final que unifica toda la normativa horizontal en la materia. Ambas normas obligan a indicar en el etiquetado de los alimentos la fecha de duración mínima o, en el caso de alimentos muy perecederos, la fecha de caducidad. Además, deben indicarse las condiciones especiales de conservación en los alimentos que lo requieran. Toda la información en el etiquetado tiene, como sus señorías conocen, un beneficio tanto para la seguridad alimentaria como para la reducción de pérdida de alimento. Como decía, los puntos 4, 5 y 6 de su moción quedarían tal y como están, aunque pasarían a ser los puntos 2, 3 y 4 de la enmienda del Grupo Popular. Por otro lado, proponemos dos puntos nuevos, los números 5 y 6 de la enmienda. En el punto quinto planteamos la necesidad de fomentar iniciativas a lo largo de la cadena alimentaria que fomenten la eficiencia logística y optimicen el proceso de distribución de alimentos. El ministerio, como también conocen sus señorías, a través del Observatorio de Precios de los Alimentos, asumió el compromiso de estudiar las cadenas de valor y el proceso de formación de precios de, en concreto, 38 alimentos. Así, se han hecho análisis sobre los componentes de la cadena y los costes asociados en cada uno de los procesos de comercialización, que pretende servir de instrumento explicativo y analítico del proceso de formación del precio de los alimentos. Por tanto, a través del conocimiento de las cadenas de valor se trata de mejorar su eficiencia, eliminando elementos que no aporten valor. Finalmente, en el punto número 6 de nuestra enmienda planteamos la necesidad de favorecer la interlocución entre los agentes de la cadena alimentaria para adaptar la producción a la demanda real del mercado. Como sus señorías saben, la OPA se creó en el año 2000 como instrumento metodológico y foro de análisis que aporta conocimiento al proceso de formación de precios en la cadena alimentaria con el fin de contribuir a la transparencia de los mercados. En concreto, entre sus funciones se encuentra el fomento del diálogo y la interlocución entre los representantes del sector. Además, desde 2008 se han potenciado sus funciones y se está utilizando como foro permanente de diálogo y encuentro entre los agentes de la cadena alimentaria, así como instrumento de conocimiento y transparencia. Por otro lado, el Magrama, a través del Panel de Consumo Alimentario, tiene como uno de sus objetivos el estudio del consumo en hogares y establecimientos públicos, basado fundamentalmente en encuestas entre los consumidores y los responsables de compras de dichos establecimientos con el fin de conocer la demanda real del mercado. Señorías, el Grupo Popular pretende con esta enmienda mejorar la moción y conseguir el objetivo que todos deseamos que es, ni más ni menos, evitar el desperdicio de alimentos. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Moya. Para fijar su posición sobre las enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Popular, tiene la palabra el senador Boya.

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El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Sí, mi grupo parlamentario aceptará las enmiendas propuestas porque creo que mejoran la moción original. En el caso del punto 1, como han visto, el redactado original planteaba estudiar y modificar; y, en el punto 3, cuestiones relacionadas con embalajes y etiquetado. Es cierto que hay casos muy flagrantes en este ámbito, pero también lo es que esta moción abarca un campo muy amplio y, por tanto, estos elementos de concreción no entran en contradicción con el objetivo final. Por tanto, repito, aceptaremos las enmiendas del Grupo Popular y de Convergència i Unió. Solo me resta decir que en la propuesta no hay ninguna voluntad de criminalización de empresas, simplemente se constata una realidad, y la filosofía que se puede desprender del texto, lógicamente, no está en absoluto reñida con la agilidad administrativa y, en este caso, serán los Gobiernos quienes tendrán que poner en marcha sus mecanismos para llevar a cabo lo que aquí se plantea. Gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Algún portavoz desea intervenir? ¿Grupo Mixto? (Denegación.) Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis. El señor CAZALIS EIGUREN: Arratzalde on. Señor presidente, señorías, por supuesto estoy de acuerdo, aunque he de decir que me da un poco de pena que se pierda el punto 3. Esta mañana hemos estado hablando de etiquetados, que es algo muy importante a la hora de identificar las fechas y demás, pues el etiquetado ha de ser claro y destinado al consumidor, tanto si este es alemán, español, danés o de donde sea, porque no tiene por qué entender exactamente igual cada una de las etiquetas. Por tanto, se podría hacer un esfuerzo. En cualquier caso, me da más pena la cuestión de los embalajes y no ya desde el punto de vista medioambiental del desperdicio de embalajes sino porque las magdalenas, por ejemplo, vienen de 30 en 30 y es complicado comérselas todas sin que se seque ninguna, lo que significa que quizá 25 de las 30 se pueden ir a la basura. Insisto, me da algo de pena perder esa oportunidad pero, como no puede ser de otra manera, estamos de acuerdo y votaremos a favor. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya quiere aprovechar su turno de portavoces? (Denegación.) Muchas gracias. ¿Por el Grupo de Convergència i Unió? (Denegación.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Cruz. La señora CRUZ SALCEDO: Gracias, presidente. Buenas tardes. Efectivamente, el tema del desperdicio y la pérdida de alimentos representa un problema con derivadas económicas, éticas, medioambientales, de solidaridad, culturales, etcétera. Aunque es verdad que existe diferencia entre los países industrializados y los países en desarrollo, en los primeros el problema —así lo dicen los estudios— se da a nivel de las ventas al por menor y por el consumidor; sin embargo, en los segundos, el 40% de las pérdidas ocurren en las fases de poscosecha y procesado. Este asunto es de actualidad ya que el año 2014 ha sido declarado Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos, con el objetivo fundamental de sensibilizar a la población. También es un tema de interés político porque, como se ha dicho, se ha visto en el Pleno del 11 de abril a iniciativa en ese caso de UPN, y en esta comisión a iniciativa del Grupo de Entesa. Además, cuando el acuerdo del Pleno se hizo público, todos los miembros de la comisión recibimos una carta de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, la FIAB, fechada el 23 de abril, en la que, al hilo de la propuesta aprobada en el Pleno, nos hacía llegar algunas de sus inquietudes o incluso algunas de sus iniciativas con el objeto de minimizar el desperdicio de alimentos. Interesa, como parece que así se va a producir, que todos los grupos políticos con representación en el Senado nos pongamos de acuerdo para que el Gobierno ponga

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en marcha las iniciativas que se recogen en los acuerdos de ambas mociones, iniciativas que además la FAO ha dicho que son puntos de partida muy importantes para cambiar la actitud de los consumidores. Al Grupo Socialista le parece que esta moción concreta los acuerdos que tomamos en el Pleno de abril y, por lo tanto, ahonda en los tres asuntos más generales que se proponían en aquella moción, que eran los estudios, las políticas de responsabilidad social y empresarial y la búsqueda de soluciones al desperdicio de alimentos. Así pues, haciendo caso al dicho de que lo que abunda no daña, y por el avance que esta moción de la Entesa significa en el trabajo que hoy, desde la comisión, encomendamos al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista la va a apoyar. Además, el Gobierno, en este caso coordinado con las administraciones territoriales, ya que Entesa acepta la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, tiene que poner en marcha desde el año que viene un programa que esté orientado a reducir en el año 2025 la cantidad de comida que se desperdicia, que en España, como ya se ha dicho, es de una media de 180 kilos por persona y año, siendo nuestro país, en términos absolutos, el sexto país que más comida tira en Europa, por detrás de Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. Además de los acuerdos que propone la moción de Entesa, cuatro de ellos están recogidos en este documento al que he hecho mención de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, tres de ellos datan del Informe de la FAO y tres de ellos están también en las conclusiones del Informe de enero de 2012 del Parlamento Europeo. Respecto al fomento de la relación directa entre productores y consumidores, la FAO recomienda en este informe que acabo de mencionar vender los productos agrícolas a los consumidores de la forma más directa posible. Por ejemplo, a través de la venta en mercados por parte de los campesinos, incluso en las propias granjas. Respecto a la transformación y el transporte, también la FIAB habla de trabajar en la mejora de estos procesos de transformación y transporte. En cuanto a las medidas de control y sanción para combatir las malas prácticas comerciales que fomentan el desperdicio, el Informe del Parlamento Europeo establece que se deben adoptar medidas que permitan, por ejemplo, la aplicación de descuentos a los productos próximos a caducar, medidas que quizá pueden evitar el desperdicio. Esta práctica, como todos ustedes conocen, se está poniendo en marcha. La FIAB —la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas— nos dice, además, que la industria alimentaria ya ha aplicado algunas prácticas para evitar esta generación de residuos. Por ejemplo, afirma en su documento que utilizan el 100% de la materia prima agraria usando las partes que no forman parte del producto principal, bien como subproducto o como materia prima energética. Igualmente señala que las industrias alimentarias minimizan los residuos a través del ecodiseño del producto, incidiendo en el envase. Respecto al acuerdo para facilitar la recuperación de alimentos desechados aún consumibles para personas necesitadas, es una exigencia del Parlamento Europeo, que en su informe nos pide que se fomenten programas de redistribución de alimentos a los ciudadanos sin poder adquisitivo. Aquí juega un papel fundamental la red de bancos de alimentos que el Grupo Parlamentario Socialista considera un recurso de justicia social, y donde llegan, como saben, alimentos adecuados, en términos de inocuidad, sabor y valor nutritivo. Además, el documento que nos envía la FIAB también contempla, entre las medidas para minimizar el desperdicio, este fomento de programas de redistribución de alimentos, como por ejemplo entregar a los bancos de alimentos productos a punto de caducar. En cuanto al fomento de la cultura contra el desperdicio alimentario —muy importante sobre todo en el ámbito escolar—, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, reconoce que hace falta más educación y más conciencia por parte de los compradores, cuestión que, en nuestra opinión, empieza en la escuela. La educación en la escuela puede ser, igual que las iniciativas políticas, un punto de partida para cambiar la actitud de los consumidores. La FIAB también nos habla de fomentar la información, la educación y la concienciación del ciudadano. Por ejemplo, nos dice que en España los consumidores todavía no conseguimos planificar de manera adecuada la compra de alimentos. Las cifras que se han dado son desoladoras. Como se ha dicho, un tercio de los alimentos que se producen cada año en el mundo para el consumo humano van a la basura, según la FAO. Respecto al aspecto económico, creemos que sería beneficioso para el sector agrícola ya que, como se ha dicho también, los costes de producción de los agricultores han subido un 40%. Sin embargo, a pesar de que los precios de los alimentos para los consumidores también han subido, los ingresos de los agricultores no dejan de caer. Hay otro dato que a mí, cuando me puse a preparar este asunto, me pareció demoledor y es, si me apuran, un dato económico, pero también muy ilustrativo. El sector de la

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hostelería está perdiendo en alimentos mal aprovechados 255 millones de euros al año, reconocido por la Federación Española de Hostelería y Restauración, que dice que en las cocinas de los 85 000 restaurantes de toda España se desperdician más de 63 000 toneladas de comida al año. Una buena parte por una mala previsión al hacer la compra, otra buena parte durante la preparación de las comidas y otra buena parte la que los comensales nos dejamos en los platos. Respecto al aspecto ético del desperdicio de alimentos, está claro que reducirlo contribuiría a paliar el hambre y la desnutrición en el mundo, donde más de 70 millones de personas sufren pobreza. Además, cada año los consumidores en los países ricos desperdician la misma cantidad de alimentos que la producción total del África subsahariana. En cuanto al aspecto medioambiental, está claro que reducir el despilfarro de alimentos comportaría un uso más eficiente de las tierras y una mejor gestión de los recursos hídricos, y además haría disminuir la producción de gases de efecto invernadero. En el aspecto solidario de justicia social ya hemos hecho referencia a los bancos de alimentos como entidades que recogen alimentos excedentarios de comercios, empresas o particulares para su reparto entre la población necesitada. En cuanto al aspecto cultural y educativo, nos parecería también muy importante introducir una asignatura sobre alimentación en los niveles de enseñanza para concienciar de este problema porque un 60% de lo que los particulares despilfarramos se podría evitar. Es cierto que toda la cadena alimentaria es responsable de este derroche, desde la producción, donde se pierde el 39%, hasta la distribución, donde se pierde el 5%, la restauración que, como hemos visto, es el 14%, o los particulares, que somos los que más desperdiciamos, un 42%. La cadena alimentaria, por lo tanto, tiene que tener como objetivo reducir este desperdicio de alimentos y compatibilizarlo, además, con la venta de productos en las mejores condiciones para los consumidores, garantizando la seguridad alimentaria. Es necesario, pues, que tanto la industria agroalimentaria como los ciudadanos adoptemos un modelo alimentario más sobrio, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por último, es imprescindible que los Estados elaboren estrategias y medidas concretas, como hemos dicho, para reducir a la mitad el despilfarro de alimentos de aquí al año 2025. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cruz. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Moya. La señora MOYA MORENO: Gracias, señor presidente. Efectivamente, señorías, el desperdicio de alimentos es una realidad reconocida a nivel mundial, que afecta, como todos sabemos, a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, y en los que están involucrados, en mayor o menor medida y por distintas razones, todos los integrantes de la cadena alimentaria, es decir, productores, fabricantes, minoristas, empresas de catering y consumidores. Esta situación, sin lugar a dudas, constituye un desafío para todas las partes interesadas, en especial para las autoridades, ya que un menor desperdicio de alimentos tendría consecuencias beneficiosas para el sector agrícola a nivel mundial y contribuiría de forma significativa a mejorar el abastecimiento y la lucha contra la malnutrición en el mundo en desarrollo. A escala internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, elaboró en mayo de 2011 un informe —que todos conocemos— sobre este asunto, y en el ámbito europeo la lucha por conseguir minimizar el derroche de alimentos es una prioridad en el plan de trabajo político de las distintas instituciones de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, en el Pleno del pasado 19 de enero adoptó una resolución —que también conocemos todos— sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, estrategias para mejorar la eficacia de la cadena alimentaria en la Unión Europea. La resolución del Parlamento Europeo destaca, entre otras, la necesidad de que tanto la industria como los ciudadanos adopten un modelo alimentario más sobrio, más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente, y solicita a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que elaboren estrategias y medidas concretas para reducir a la mitad el despilfarro de alimentos a lo largo de la cadena de abastecimiento de aquí al año 2025. Por tanto, mejorar la eficiencia del sector y sensibilizar a la opinión pública sobre un asunto que todavía se ignora en muchos aspectos es fundamental. Entre las propuestas están: optimizar el tamaño de los envases; aclarar las fechas límite de consumo; introducir objetivos en los Estados miembros para reducir los residuos alimentarios o introducir una asignatura sobre alimentación en todos los niveles de

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enseñanza para concienciar sobre este problema. El informe del Parlamento Europeo, como sus señorías saben, no es vinculante, pero supone un aldabonazo importante en la conciencia de todos los europeos. La Comisión está estudiando medidas para reducir la cantidad de alimentos desechados a lo largo de la cadena alimentaria y tiene previsto elaborar varios proyectos legislativos. En principio, ha comenzado a analizar la situación con todos los sectores alimentarios, con vistas a minimizar el desperdicio de alimentos y optimizar el envasado de los productos sin comprometer la seguridad para los consumidores. En definitiva, señorías, para tener éxito en lograr reducir el desperdicio de alimentos es fundamental involucrar a todos los actores de la cadena alimentaria, así como a los consumidores y centrarse en las diferentes causas. Un paso importantísimo es la sensibilización sobre el derroche de alimentos. Es preciso incrementar la concienciación para lograr un cambio de conducta a largo plazo y reducir el desperdicio de alimentos. De ahí que la formación desde la escuela sea fundamental. Por tanto, señorías, con esta y con las mociones aprobadas con anterioridad, esperamos que entre todos aportemos un granito más de arena al objetivo común mundial, que no es ni más ni menos que evitar el desperdicio de alimentos en todo el mundo. Se interviene tanto a través de la Unión Europea como a través de los ministerios de los distintos países que la conforman y, en concreto, en España el Ministerio de Sanidad, a través de la AESAN, y el Magrama pretenden, con las medidas que vayan a tomarse y con las que en un futuro se tienen que aplicar, combatir el hambre en el mundo y mejorar el nivel de nutrición de la población. Y ojalá que las cifras alarmantes del nivel de pobreza que aquí se han dado, casi 90 millones de personas, de aquí a unos años se reduzcan; que sean menos las personas que lo están pasando mal y que ese 50% de alimentos que se pierde también disminuya. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ACUICULTURA, ASÍ COMO A POTENCIAR DICHO SECTOR PRODUCTIVO. (Núm. exp. 661/000034) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. El señor PRESIDENTE: La siguiente moción insta al Gobierno a elaborar un plan estratégico para la acuicultura, así como potenciar dicho sector productivo. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta moción. En primer lugar, para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Larriba. La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La producción acuícola española se ha desarrollado fundamentalmente a lo largo del siglo XX. Hasta los años cuarenta eran pequeñas empresas familiares con cultivos muy determinados, como el mejillón en las bateas al abrigo de los muelles comerciales del puerto de Barcelona, que fueron una experiencia muy útil para que los gallegos desarrollaran después, en un ámbito natural excepcional como las rías, el cultivo del mejillón en bateas. Como digo, eran muy pocos los cultivos que se desarrollaban: la trucha, el mejillón o los pescados y moluscos que se cultivaban en los esteros de la Bahía de Cádiz. Pero la demanda crecía y el déficit de productos pesqueros por la sobreexplotación de los caladeros y por la reducción de las capturas favoreció el desarrollo de la acuicultura con objeto de mantener el producto en el mercado. Los avances en las tecnologías aplicadas a la producción de crías y los sistemas de recirculación de las aguas en las instalaciones favorecieron que a partir de los años noventa se incorporaran nuevas especies a las explotaciones, como el rodaballo, muy desarrollado en el norte de España, especialmente en Galicia, y la dorada y la lubina, en el sur, en Canarias o en Levante, con una diversificación de cultivos enorme, que ha llegado actualmente a incluir hasta las plantas acuáticas. Estas nuevas especies, que cuentan con alto valor nutricional y económico, gozan también de gran aceptación por parte de los ciudadanos y con una amplia presencia en los mercados. Según la FAO, en 2030 más de la mitad de los productos marinos consumidos vendrán de la acuicultura, que se convertirá en una de las principales fuentes de proteínas para el ser humano. Los 8000 kilómetros con los que cuenta, aproximadamente, el litoral español, sin duda proporcionan amplias posibilidades para el desarrollo de la acuicultura, que es una actividad que supone una gran oportunidad para la generación de riqueza, para la creación de empleo estable y para el equilibrio de la

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balanza comercial española en el sector pesquero. Constituye, además, una actividad respetuosa con el medio ambiente y con la tan deseada sostenibilidad. La Red Natura, que es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea y que engloba las áreas de conservación de la biodiversidad en Europa protegiéndolas del impacto adverso que pueda tener la actividad humana, permite, sin embargo, la instalación de este tipo de industrias en sus parques. Como digo, la acuicultura se desarrolló de manera exponencial hasta el año 2009, en que comenzó a estancarse, entre otras causas, porque es un sector que ha carecido de planteamientos estratégicos globales. Para superar esta crisis, no nos cabe duda de que se hace necesaria una implicación conjunta del sector y de las administraciones. Estamos convencidos de que España posee actualmente recursos naturales, humanos y empresariales suficientes para ser uno de los principales y más rentables países productores de acuicultura. Por su parte, la Comisión Europea está reconociendo el potencial que tiene esta actividad para el desarrollo económico y para la creación de empleo, y por eso le otorga un papel importante —por primera vez, todo hay que decirlo— en el reglamento de reforma de la política pesquera común. En este reglamento se indican las líneas de los planes estratégicos plurianuales que todos los Estados miembros deberán establecer y que tienen por objeto: promover la competitividad del sector apoyando su desarrollo e innovación; impulsar la actividad económica; promover la diversificación y la mejora de la calidad de vida en las regiones costeras y rurales, y garantizar condiciones equitativas a los operadores acuícolas en lo que respecta al acceso a las aguas y a los espacios. Por todo ello, señorías, creemos oportuno y necesario promover esta moción para que se debata en estas primeras sesiones de esta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y esperamos contar con el acuerdo de todos los grupos políticos. Con esta moción instamos al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, elabore el necesario plan estratégico para la acuicultura en España, un plan que asegure competitividad y diversificación en este sector y que potencie su actividad como sector productivo de futuro y no solo por la apremiante y necesaria creación de empleo, sino también para que se amplíe y consolide nuestro liderazgo en esta materia, liderazgo que no debemos perder. La drástica reducción del 53,3% del presupuesto para la política pesquera en el período anterior del Gobierno socialista, entre los años 2004 y 2007, impidió desarrollar planes completos de mejora y desarrollo del sector pesquero. No se pasó del dicho al hecho. Todo se quedó en el dicho. El plan estratégico de acuicultura 2007-2015, que definía objetivos de producción de 70 000 a 150 000 toneladas respectivamente, se incumplió y se quedó estancado en 48 000, muy por debajo del objetivo que se había marcado para el año 2007. Los indicadores de la actividad económica del sector acuícola español se mantienen invariables en los mismos valores a lo largo del período 2009‑2011. No han crecido. Me refiero, por ejemplo, al número de establecimientos dedicados a la acuicultura, al consumo humano y a los puestos de trabajo generados. Sin embargo, sí que se ha incrementado notablemente, en más de un 50%, el valor añadido de la actividad. Este dato justifica por sí mismo la necesidad de potenciar este sector, que se manifiesta como un claro generador de riqueza. En estos momentos de recesión económica es fundamental atraer inversores para la actividad, y no podemos dejar que se nos escapen inversiones que generan riqueza y empleo. Por eso pedimos a los grupos políticos el apoyo a esta moción. Muchas gracias, presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo. El señor FIDALGO AREDA: Buenas, señor presidente. Señorías, nuestro grupo comparte los objetivos que se formulan en esta moción, aunque sean muy genéricos y, de alguna forma, de guante blanco para el Gobierno. Esta moción viene a recoger la línea y el trabajo que hemos desarrollado los grupos parlamentarios en relación con la posición común que vamos a formular todos juntos, en consenso, en relación con la política pesquera común. No obstante, en relación con los objetivos que se plantean, y en honor a la verdad, queremos mejorar la propuesta de resolución. Para ello hemos redactado una enmienda que deje el punto dos tal y como está en la moción y retoque el punto uno en los siguientes matices. En primer lugar, pretendemos que se diga que se actualice el vigente plan estratégico, porque hay que decir que en estos momentos el Gobierno de España tiene un plan estratégico de la acuicultura en el horizonte del año 2015 que ha sido confeccionado por la Cetmar, el Centro Tecnológico del Mar, que nosotros los gallegos bien conocemos, y que es motivo de

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trabajo actualizado todos los años para exponer los nuevos datos y objetivos que hay que plantear en función de las distintas circunstancias. Desde el año 2006 España tiene plan estratégico de acuicultura, y aun en el año 2010 ha sido actualizado sobre la base del acuerdo que había con la Secretaría General del Mar. Por lo tanto, hay un plan acordado con el sector, estudiado y consensuado con los organismos competentes en la conferencia sectorial, que tiene nueve líneas estratégicas y diversas actuaciones. En consecuencia, creemos que ese debe ser el plan del Gobierno de España hasta el año 2015, por lo que se debe actualizar teniendo en cuenta, como decimos en la moción, la política pesquera común. Eso sí, le queremos poner un horizonte: antes de que acabe el año 2012 entendemos que debe estar realizado y, desde luego, también pretendemos que esta comisión tenga noticia e información sobre ello en coherencia con el trabajo de consenso que estamos realizando. Nos llama la atención —probablemente en el turno de portavoces tengamos algo más que decir— que el Gobierno actual no sea coherente con esa planificación. Nosotros lo que no queremos es que se hagan planes sin actuaciones concretas detrás. El Gobierno actual pretende recortar en la Ley de presupuestos la tercera parte de transferencias a comunidades autónomas, dejarlo solo en 500.000 euros una partida que en el presupuesto anterior tenía tres veces más, es decir, 1.500.000 euros, aparte de los 11 millones que había en el FROM para objetivos similares y otra serie de contenidos y partidas. Evidentemente, nuestra actitud en esta fase del debate pretende ser constructiva. Creemos que debemos hacer un texto conjunto que se adapte a la realidad y que pueda ser aceptado por todos los grupos. Si, en todo caso, hubiera alguna palabra que corregir, también ofrecemos nuestra disponibilidad para elaborar un texto de transacción que sea cómodo para todos. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo. Senadora Larriba, tiene la palabra para expresar si acepta la enmienda o no. La señora LARRIBA LEIRA: El Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar esta enmienda de modificación que propone el PSOE. En primer lugar, porque le marca plazos al Gobierno y —tal y como han manifestado el presidente Mariano Rajoy y el ministro Arias Cañete, creo que con absoluta claridad— la apuesta del Gobierno es hacer de la acuicultura un sector pesquero competitivo. En consecuencia, no consideramos que, manifestada con tanta claridad en esta Cámara esa intención, debamos ser nosotros quienes les marquemos los plazos. En cuanto a la PPC, el señor ministro también ha informado a esta Cámara de que una de las líneas prioritarias de su gabinete es precisamente la adaptación de la regulación de la pesca en España a la normativa comunitaria. En Galicia, por poner un ejemplo, con un Gobierno del Partido Popular, esto ya se ha hecho. Por tanto, confiamos en que el Gobierno tiene la intención de hacerlo. Por último, en su moción se refiere a que se dé cumplida información. Para el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno se está conduciendo con una indudable transparencia. Está diciendo verdades muy duras, especialmente las referidas a nuestra situación económica, y no solamente en las Cámaras, sino a todos los ciudadanos. No está en el ánimo de esta senadora abrir ningún debate, pero no vemos la necesidad de reclamarle al Gobierno esta transparencia, como tampoco creemos que el Grupo Socialista esté en posición de exigírsela cuando hace solo unos meses fueron capaces hasta de ocultar el déficit público de este país. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora. Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No quiere intervenir. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis. El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Dos palabras. En principio, nosotros nos vamos a abstener porque la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en pesca, aguas interiores, marisqueo y acuicultura y tenemos un programa de acuicultura dentro del plan estratégico de pesca del País Vasco que está vigente. La situación de la acuicultura en el País Vasco probablemente no tiene nada que ver con otras muchas, aunque sí con alguna del Cantábrico.

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Por otra parte, sí entendemos que esto tiene que ir en consonancia con lo que vaya a surgir de la política pesquera común. En principio nosotros, por estas razones, nos vamos a abstener. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegación.) No quiere intervenir. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado. El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. Sin dudar de la bondad de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió votará en contra, y lo haremos de acuerdo con la Constitución española, que deja claro que la acuicultura es competencia exclusiva de las comunidades autónomas —hace un momento el compañero del Partido Nacionalista Vasco se refería a esto—. En esta línea, el estatut de autonomía de Cataluña desarrolla esta competencia en exclusiva, y sobre esas competencias exclusivas Cataluña está desarrollando un plan de competitividad del sector pesquero y acuícola que está dirigido a favorecer el desarrollo de la acuicultura. Consideramos adecuado el mantenimiento de los actuales mecanismos de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en el ámbito de la acuicultura, y creemos que es bueno establecer nuevas iniciativas de coordinación dirigidas a mejorar el desarrollo de la actividad acuícola. En esta misma línea, en el marco de la nueva política pesquera común de la Comisión Europea, y con el objetivo de preparar una mejor visión general de la acuicultura entre los Estados miembros, se ha iniciado un proyecto para recoger información y preparar un escenario de punto de partida. Para favorecer esta recogida de información, el Joint Research Centre de la Comisión mandó a las comunidades autónomas, a través de la Secretaría General de Pesca, un cuestionario de recogida de información en el cual Cataluña ha participado activamente. Por tanto, esto nos demuestra que los canales de información y colaboración con las comunidades autónomas, con el Gobierno de España y con la Unión Europea están establecidos. En consecuencia, no creemos que esta iniciativa aporte nada que no estén haciendo ya las comunidades autónomas y que, como he dicho, estamos haciendo en Cataluña. Por tanto, avanzo que votaremos en contra de esta iniciativa. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo. El señor FIDALGO AREDA: Gracias. Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista lamenta muchísimo la actitud del Partido Popular, como diría Van Gaal, negativa en todo. Es decir, teniendo en cuenta la actitud del Grupo Parlamentario Socialista en materia de pesca en este inicio de legislatura, me parece impropia y poco generosa la del Grupo Parlamentario Popular, por un cambio de palabras y por el plazo. Me imagino que el Partido Popular cuando hace una propuesta será con un plazo. ¿O es sine díe, para nunca, para siempre, para cuando quiera el Gobierno? Para eso, con nosotros que no cuenten. Evidentemente, el Senado tiene su dignidad, tiene que señalar objetivos y tiene que presentar propuestas concretas. Desde luego sin dotación, sine díe, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular se queda vacía. Y nosotros que por nuestra responsabilidad esperábamos apoyar esta moción, nos lo vamos a pensar. Como nos vamos a pensar nuestra actitud en esta comisión en relación con los asuntos de pesca, porque me parece que es falta de diálogo que por una palabra no lleguemos a un acuerdo en una moción que nosotros queremos votar a favor. Señoría, una cosa es decir que vamos a pensar, a planificar y a hacer papelitos y otra cosa es poner en marcha actuaciones. España ya tiene un plan, lo ha redactado el Centro Tecnológico del Mar, con el horizonte en 2015. Evidentemente yo entiendo que se tendrá que actualizar y, lógicamente, en función de las políticas que se acuerden en la política pesquera común, habrá que ir ajustando actuaciones. Pero ese plan tiene líneas estratégicas y marcos de actuación, en concreto cuatro ejes, nueve líneas estratégicas y cuarenta y cinco acciones concretas. Por tanto, con su derecho a revisar cualquier plan, lo que tiene que hacer el Gobierno es llevar a cabo actuaciones. Una cosa es predicar y otra dar trigo. El Gobierno en este ejercicio recorta hasta un tercio las transferencias a las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas van a perder millones de

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euros de los fondos europeos, del actual fondo de política europea aún vigente, hasta el año 2013, porque no hay aportación del Estado para esas actuaciones. Muchas empresas no podrán poner en marcha sus actuaciones por ese recorte. Por cierto, en Galicia desde que gobierna el Partido Popular se han puesto en marcha cero plantas de acuicultura. Con el anterior Gobierno sí había un plan para el sector y se apoyaron varios proyectos sectoriales. Yo no he venido a tratar el asunto de Galicia, pero evidentemente tengo que contestar de una forma radical en una cuestión en que las posiciones son muy claras. Señoría, España ya es una potencia en acuicultura. Es el primer productor de rodaballo; es el segundo productor en mejillón, después de China; es un productor importante en dorada, lenguado, etcétera. Por tanto, con su actitud se van a perder fondos europeos, el actual fondo, cuando lo que España y el sector necesitan en este momento son actuaciones y dotaciones presupuestarias. El Observatorio Acuícola se recorta un 57%, la cofinanciación de las comunidades autónomas para el fondo europeo, un 79%, los planes de cultivo marinos, un 73%. Por lo tanto, ya hay bastantes planes, y lo que hace falta son actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas, con el sector, y también irnos ajustando a las líneas de la política pesquera común. Lamento que el Grupo Parlamentario Popular tenga esa actitud tan negativa. Y desde luego, nosotros nos vamos a plantear muchas cosas en esta materia. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fidalgo. Tiene la palabra la senadora Larriba. La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente. El senador portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me habla de recortes, de actuaciones y no de planificaciones. Vuelvo a repetirle lo que acabo de decir en mi primera intervención. Para drásticas reducciones, la del 53,3% del presupuesto para política pesquera del anterior Gobierno socialista. Y para planes y no actuaciones, la nula ejecución del Plan estratégico de acuicultura que usted está alabando aquí. Un plan que estaba previsto que se desarrollase entre 2007 y 2015 con unos objetivos de producción determinados y que no llegaron ni siquiera a alcanzar los que se preveían para el año 2007, es decir, de las 70 000 toneladas a las 150 000 que ustedes anunciaban, no fueron capaces de pasar de las 48 000 toneladas. Por tanto, no diga que hay que dejarse de planes y pasar a la actuación cuando precisamente ustedes ejemplificaron la ausencia de actuaciones. Pero, como gallega, permítanme que les ponga un ejemplo de lo que conozco mejor, que es lo que ocurre en Galicia, para hablarles de la necesidad de reforzar la colaboración entre las administraciones autonómicas competentes y la Administración Central, entre otras cosas por este ejemplo que les voy a comentar: la planta de cultivo de rodaballo en Touriñán. Una planta que fue permitida y que contó con el plácet del Ministerio de Medio Ambiente, de la entonces ministra Cristina Narbona, que era absolutamente legal, y que el Gobierno bipartito de la Xunta, del que formaba parte el Grupo Parlamentario Socialista, no tuvo más razones —entendemos— que las políticas para vetar. Dicha planta de rodaballo ha tenido que instalarse en Portugal, en la localidad de Mira en el año 2009. Tres años después de su inauguración esta planta cuenta con más de 42 hectáreas, ha invertido más de 155 millones de euros y ha generado más de 250 puestos de trabajo directos. Es la planta de rodaballo más grande del mundo para la explotación de esta especie de pez plano. Como digo, una planta que era absolutamente legal, el Partido Socialista la vetó, y ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Galicia una importante pérdida de crecimiento y empleo, además en una zona económicamente deprimida de nuestro litoral como es la Costa da morte. Galicia fue un referente mundial en el desarrollo de tecnología aplicada a la acuicultura, hasta que el bipartito impuso un parón y un retroceso en la actividad investigadora y de capacitación de los profesionales del sector. En la actualidad el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo quiere servir de ejemplo también en esta materia porque está desarrollando una amplia apuesta por la acuicultura en su territorio. Está empeñado en mantener el liderazgo gallego en el marco internacional en tareas como la miticultura o la piscicultura de especies diversas. Por eso ha puesto en marcha en la Comunidad Autónoma de Galicia la denominada Estrategia Gallega de Acuicultura, con el objetivo de que en 2014 estén constituidos todos los ejes de esta planificación, que permitirán evolucionar de forma ordenada a la acuicultura de cara al futuro. Como digo, este modelo que se propone es dinámico, permite la tramitación ágil de los proyectos, es sostenible y equilibrado tanto en los aspectos medioambientales como en los socioeconómicos, de manera que las exigencias medioambientales y de integración paisajística puedan ser asumidas por los emprendedores y no comprometan la creación de empresas o la rentabilidad de los proyectos. Y también es un modelo

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integrador de las diferentes tipologías productivas y de los ámbitos espaciales. Por último, es un modelo que pretende estar coordinado con las otras actividades marítimo-pesqueras. Esta estrategia dará respuesta a esta necesidad que marca la reforma de la PPC de disponer de un plan plurianual antes del año 2014. La Administración y los científicos del sector ya están en ello y han aprobado el Comité Técnico de Acuicultura y el Plan de Acuicultura Litoral, dos instrumentos fundamentales en los que apoyar esta estrategia de desarrollo. Estos son los pasos que hay que dar. Por otra parte, el señor ministro de Agricultura en su comparecencia en esta Cámara prestó especial atención a la acuicultura. Se comprometió a reforzar la colaboración entre las administraciones competentes mediante planes nacionales para aprovechar de manera coordinada sus respectivos esfuerzos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y de acuerdo con la Estrategia 2020, con el reglamento base de la PPC, que por primera vez introduce la acuicultura, y con el nuevo fondo marítimo y de la pesca, promover una acuicultura innovadora, sostenible, competitiva y basada en el conocimiento, conscientes de que somos líderes en el sector y que tenemos que explotar esta posición de liderazgo para conseguir una mayor implantación. Sus declaraciones son las que han impulsado al Grupo Popular a la presentación de esta moción, y por ello lamentamos que no logre el respaldo de los miembros de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba.  MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR E IMPULSAR LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PDRS), Y A GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE ESTE. (Núm. exp. 661/000041) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. El señor PRESIDENTE: La siguiente moción, presentada por el Grupo Socialista, insta al Gobierno a desarrollar e impulsar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), y a garantizar la financiación de este. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cornejo. El señor CORNEJO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para debate en esta comisión, una moción sobre las políticas de desarrollo rural, con la intención de que estas políticas se desarrollen, se impulsen y se garanticen. La importancia del medio rural en España, como decimos en la moción, que integra a más del 20% de la población, que podríamos elevarlo al 35% si se incluyen las zonas periurbanas y que afecta al 90% del territorio, y el hecho de que en este inmenso territorio rural se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una gran parte significativa de nuestro patrimonio cultural, así como las nuevas tendencias observadas en la localización de actividades económicas y residenciales, confieren a este medio rural una relevancia mayor de la conseguida en nuestra historia reciente. El intenso desarrollo económico acontecido en nuestro país durante las últimas décadas, que ha dado lugar a un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de los ciudadanos, se ha concentrado, al igual que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, en el medio más urbano y, en menor medida, en la zona más rural. Este fenómeno característico del desarrollo económico moderno se manifiesta en la persistencia de un atraso económico y social relativo en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables. No debemos olvidar que de los 8112 municipios que hay en este país, 7891 se ubicarían en un entorno rural potencial; de ahí la importancia de las políticas que se diseñen para estos territorios. Pues bien, señorías, ante esas razones de importancia cuantitativa, hay que añadir también otra serie de razones que hacen que tengamos que proponer y propongamos el apoyo a las políticas de desarrollo rural. Como ustedes conocen, la política rural española —y también lo decimos en la moción— se ha venido apoyando, desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, fundamentalmente en la

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política agraria comunitaria y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros; por tanto, hay una dependencia de estas políticas. La constatación de que el medio rural español sigue mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano —algo que no se puede discutir, sobre todo y especialmente en determinadas zonas, también es cierto, no en todas uniformemente o de la misma manera—, puso en evidencia y de manifiesto las carencias de este modelo esencialmente agrarista. Pero también evidenció la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas, que para atender a territorios y poblaciones frecuentemente marginados debía pasar de un enfoque agrarista y sectorial a un enfoque fundamentalmente territorial e integral. Y ahí, señorías, están las razones que motivaron que el 13 de diciembre del año 2007 se promulgara la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, en la que se establecen las bases de una política rural propia como política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español y llamada a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas y de las políticas sectoriales convencionales, para procurar un desarrollo rural sostenible sobre el medio rural. La novedad de esta ley reside en el hecho que por primera vez todas las comunidades autónomas materialicen una política rural de Estado, basada en una acción coordinada y complementaria de las distintas administraciones públicas. Esto, sin lugar a dudas, significa un salto cualitativo para mejorar la cohesión y la vertebración de nuestro territorio, de la economía y, sobre todo, de la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. Este principio de coordinación y complementariedad constituye un elemento esencial que eleva la cuestión rural al rango de objetivo de Estado. Por tanto, la aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural sin lugar a dudas adapta las condiciones económicas, sociales y del medioambiente, complemento de los instrumentos de las políticas europeas en materia de desarrollo rural, y pretende ser un impulso de desarrollo de las zonas rurales, identificando las acciones y medidas que pueden ser aplicadas tanto por la Administración General del Estado, como por las comunidades autónomas. Por tanto, podemos decir que, a partir de la aprobación de esta ley, ha habido un arduo trabajo, costoso y difícil por parte de casi todas las comunidades autónomas. Bien es cierto que en estas décadas también han existido políticas de desarrollo rural llevadas a cabo por las comunidades autónomas, pero no igual en todas ellas, no en todas las comunidades autónomas se ha producido un avance en estas políticas en igualdad de condiciones. Por tanto, entendemos que es un verdadero instrumento, necesario, vital y fundamental para ese medio rural que en este país, como ya he dicho, representa casi un tercio de la población y el 90% del territorio. Esta ley se desarrolla a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de acuerdo con las comunidades autónomas; todas las comunidades autónomas, excepto una —según la información recibida en la página del ministerio—, han acordado y conveniado con el ministerio; todas han puesto en marcha el procedimiento laborioso y sobre todo de una amplia participación, donde, desde el respeto a cada una de las competencias de las distintas administraciones, surge un elemento vertebrador, porque en las convocatorias —y puedo hablarles del caso de Andalucía que conozco más profundamente— en cada zona, en cada comarca, en cada lugar han participado todas las instituciones, con independencia del color político, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades; han participado todos los sectores, todas las organizaciones agrarias, los sindicatos; es decir, no existen antecedentes de un plan de desarrollo rural con una mayor participación y consenso. El programa establece incluso las cuantías que tienen que figurar para cada una de las comunidades. Por tanto, tenemos la ley, tenemos el programa, tenemos los planes de zona y tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con programas serios y rigurosos, como el que se aprueba con esta ley, que nos permitan ser ciudadanos más iguales en este país. Señorías, voy terminando. Una pregunta, señor presidente, ¿puede haber réplica después del turno de portavoces? El señor PRESIDENTE: No hay réplica. El señor CORNEJO LÓPEZ: Como es la primera vez, me van a permitir que lo pregunte con el fin de aclararme. Después de que el Grupo Popular intervenga en el turno de portavoces, ¿yo no puedo intervenir?

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El señor PRESIDENTE: No. Usted intervendrá en el turno de portavoces, si lo cree oportuno, pero después de intervenir el grupo mayoritario, no. El señor CORNEJO LÓPEZ: Es cosa mía, usted ya me conoce. Desde luego, son cosas de funcionamiento, es así según el Reglamento, pero no entiendo que el que tenga la iniciativa no pueda, al menos, replicar al grupo que sustenta al Gobierno. De esta manera, difícilmente podría poner encima de la mesa mis argumentos. Pero así es y, como no queda otro remedio, así lo acepto. Acabo esta primera intervención diciendo que solicito de todos los grupos políticos el apoyo a lo que ya es una ley y que, por tanto, no debería —parece un poco contradictorio— traerse nuevamente, pero dados los distintos acontecimientos y manifestaciones —a los que luego, si tengo tiempo, podré hacer referencia—, creo importante decir que las comunidades que han consignado en sus presupuestos, los ayuntamientos y los colectivos están esperando esos planes de zona que fueron, como ya he dicho con anterioridad, altamente consensuados, y por tanto una respuesta del Gobierno y de esta comisión puede ser un impulso para que aprobemos por unanimidad el cumplimiento y los apoyos a la presente ley. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cornejo. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) ¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya. El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir brevemente para suscribir lo que acaba de exponer el senador Cornejo. Pensamos que esta Ley que conocemos con el nombre de desarrollo rural sostenible es un instrumento importante porque es absolutamente necesario impulsar instrumentos legales, administrativos y económicos para ayudar al desarrollo del mundo rural y de las zonas de montaña que —si me permiten la acotación— no siempre han sido tratadas con justicia desde el punto de vista de la equidad, del acceso a los servicios, de sus capacidades para desarrollarse económicamente y cuya visión, como ha dicho el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, ha quedado limitada a conceptos agrarios o agraristas, y se han olvidado otros ámbitos en los que se sustentaba la posibilidad de que sus habitantes, los ciudadanos que viven en esas zonas tuvieran acceso a un desarrollo integral y pudieran llevar a cabo sus proyectos de vida. Hemos vivido procesos de despoblación. Yo soy del Pirineo, una zona que ha pasado por momentos muy críticos en ese sentido, y aunque, como también se ha dicho, los programas de la Unión Europea han supuesto una inyección importante de recursos y de nuevas políticas, es obvio que no ha sido suficiente, por lo que consideramos que no podemos renunciar a un instrumento de estas características y queremos manifestar la necesidad absoluta de un marco legal que nos permita desarrollar estas políticas. En esta comisión llevaremos a cabo una discusión respecto a los costes de esta ley, pero creo que no sería necesario porque los recursos que se pueden destinar —aunque este sea un momento crítico— podrían ir de más a menos; la cuestión es el concepto y la voluntad que hay detrás de un proyecto de este tipo porque a lo que no le podemos poner precio es a la desertización del territorio, y esto sí que tiene unos costes inasumibles. Quiero citar el proyecto Ribagorza Románica, que es uno de los proyectos piloto de esta ley y que supuso la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas, en este caso, de Cataluña y Aragón; una zona que en este momento se encuentra con el cierre de la única estación de esquí de esa comarca, su principal motor económico, por tanto, con un ERE a sus trabajadores, con una crisis que ha afectado a sus iglesias, que son patrimonio de la humanidad, pero la mayoría cerradas en la actualidad por falta de recursos. Así pues, seguramente el único hierro candente que queda en esta comarca como un proyecto alternativo es el de la Ribargoza Románica, y si el Gobierno dejara esta ley en estado de hibernación este territorio ni siquiera podría tener la esperanza de recuperar el crecimiento y las perspectivas necesarias para retener a la población que ha desarrollado su vida en esas montañas. Para concluir, señor presidente, necesitamos las montañas y los espacios rurales vivos y activos. Esta ley fue un paso importante para canalizar proyectos en estas zonas, a menudo remotas, y hay que continuar insistiendo para ayudar a crear una imagen de la montaña y de las zonas rurales como lugares identitarios, de ocio; al mismo tiempo hay que promover un cambio ideológico trascendental para la puesta

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en valor de la montaña y del mundo rural como un espacio de calidad de vida y como un referente para aquellas personas que deciden vivir en aquellos lugares. Por todo ello, daremos pleno soporte a esta moción. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana. El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo parlamentario se ve en la disyuntiva de, por una parte, apoyar esta moción pero, por otra, denunciar, como ya hicimos en su momento, la promulgación de esta Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, por una intromisión flagrante en las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, queremos poner encima de la mesa esta visión centralizadora, patrimonio de diferentes formaciones políticas, como un elemento a tener en cuenta. También queremos ser críticos con la gestión realizada por las comunidades autónomas, y me refiero al Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010/2014, porque, por ejemplo, en Cataluña, la baja ejecución en el periodo 2007-2010 de 383 millones ha provocado que muchas de estas zonas, cuya puesta en valor ha reivindicado el senador Boya, no hayan tenido inversión suficiente debido a que los Gobiernos autonómicos no pusieron en marcha las aplicaciones presupuestarias correspondientes. Igualmente, queremos poner encima de la mesa la situación actual del presupuesto del ministerio respecto al Plan de Desarrollo Rural en lo referido a Cataluña, debido al techo de financiación, previsto en 24 millones de euros en los presupuestos, porque pensamos que es totalmente insuficiente, aunque hay que decir también que algunas cosas se están realizando de la mejor manera posible. La ejecución de estos planes de desarrollo rural en 2011 por el Gobierno de Cataluña ascendió a 131 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% en relación con el año 2010. Por tanto, repito, por una parte, denunciamos esta intromisión de la Ley 45/2007, como hicimos en su momento, pero por otra, aunque parezca un contrasentido, apoyaremos esta moción. Hay que decir que no todos los Gobiernos autonómicos han hecho las cosas bien y queremos pedir al Ministerio de Agricultura que intente poner en valor el desarrollo rural sostenible no solo de las zonas de montaña sino también, en el caso de Lleida, como ha dicho el senador Boya, del llano, de las zonas de secano, así como de otras zonas donde es necesario acometer políticas para evitar una despoblación y una descapitalización tanto de recursos humanos como de capitales, y aquí si que me refiero al Estado español. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana. Tiene la palabra el senador Cornejo. El señor CORNEJO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a los portavoces que han manifestado su apoyo a esta moción. Señorías, cuando uno profundiza en el trabajo que ha supuesto la elaboración de los planes de zona y el desarrollo del programa —no voy a decir que todas las comunidades autónomas hayan trabajado igual, ni quién lo haya hecho mejor o peor—, se da cuenta de que significa un trabajo intenso y dilatado. Y les puedo garantizar —existen actas de cada zona— que la comunidad andaluza, desde el año 2009 hasta noviembre del año pasado, ha realizado una labor de búsqueda de consenso, de tal manera que los 537 proyectos presentados al ministerio en 11 planes de zona han tenido el consenso unánime. Esta tarde miraba un cuadro sobre las alegaciones presentadas —como sus señorías conocerán, cualquier ciudadano o colectivo puede presentar alegaciones— y he visto que alguna comunidad tiene más de 500, mientras que otras, como Andalucía, solo tienen 11. La inmensa mayoría tiene pocas alegaciones, por tanto, la inmensa mayoría ha hecho un buen trabajo. Eso es muy importante porque puede ser la base del trabajo y de la coordinación entre las distintas administraciones. Yo conozco pocos planes y programas —y eso que he formado parte del mundo municipal, tanto del supramunicipal como del local, y de la comunidad autónoma— donde trabajen todas las administraciones y donde todos los sectores que tienen algo que decir, con respecto al ámbito del que estamos hablando, hayan puesto

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encima de la mesa su parecer o la importancia de su proyecto. Luego no es un proyecto de un Gobierno, no es un proyecto de un partido, es un proyecto de miles y miles de personas que han participado en su elaboración. No voy a ir más allá, pero aquí tengo datos que indican que se han celebrado más de 67 reuniones en una sola zona con más de 1000 participantes; con lo cual, no lo analicemos solo como un proyecto de algún Gobierno o de algún partido, sino como un proyecto de la sociedad civil, vertebrada en un territorio tan necesitado como el rural. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción? Porque hay voces que no coinciden en la misma melodía. Cuando el señor ministro compareció, tanto en el Congreso como en el Senado, para exponer las líneas estratégicas de la legislatura, avanzó que había habido algún tipo de problema con respecto al desarrollo rural; más tarde hablaré de que se ha consolidado presupuestariamente. ¿El problema no será la firma de 16 comunidades autónomas? ¿El problema no será que hay comunidades —y el presidente sabe perfectamente a qué me refiero— que se han reunido con el ministro recientemente y le dicen que sí a la cofinanciación? Empieza a no sonarme la música, esta melodía no conforma una partitura, son distintas partituras. Por un lado, tenemos un proyecto normativo que debemos cumplir y es cierto que estamos en un proceso de dificultades presupuestarias, y, por otro, también es cierto que los Gobiernos pueden priorizar las políticas. Por tanto, desde el punto de vista presupuestario, es cuestión de que sus señorías lo trasladen a sus compañeros y aprueben las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista para incorporar el crédito suficiente, donde se indica también en qué partida se produciría la baja, para responder a todas las comunidades autónomas que han firmado con el ministerio, que han firmado con el Gobierno —del color que sea— un proyecto como éste del que estamos hablando. Por dicho motivo, hemos presentado esta moción, porque nos preocupa y queremos dar un mensaje nítido y claro a todos los que han participado en este proyecto, no solo a las administraciones sino también a toda la sociedad civil. Si mal no recuerdo, el compañero de Convergència i Unió ha dicho que la cantidad que recoge el Programa de Desarrollo Rural Sostenible es de 28,3 millones de euros, pero debería recoger 200,3 millones. Por tanto, en esa comunidad a la que he hecho alusión, más otra a la que hizo una visita el ministro —ya son dos—, se comprometió con sus autoridades a sacar adelante los planes de zona. Pues bien, las dos que han llegado primero se lo han llevado, ya no queda nada. Los 28 millones de euros se los han llevado dos comunidades autónomas. Una de dos: o había que haber corrido más o no se ha previsto la obligación de responder a esta situación dando una solución, como digo, con los incrementos presupuestarios correspondientes. Por tanto, señorías, considero que hay razón de ser para presentar esta moción, no para darle la razón al Partido Socialista, no porque lo haya hecho muy bien el Gobierno del Partido Socialista, sino porque las comunidades autónomas, mayoritariamente del Partido Popular, y otras administraciones han participado. ¿Sabe su señoría que también las diputaciones provinciales, ayuntamientos y mancomunidades van a cofinanciar proyectos? ¿Que no solamente la cofinanciación es del Estado y de la comunidad autónoma, sino que también las administraciones locales, ayuntamientos, con dificultades económicas, tanto o más en proporción que el Gobierno de la nación, lo han consignado en sus presupuestos correspondientes por la importancia que supone? Señorías, y con esto termino señor presidente, comentaba a los compañeros cómo en pleno siglo XXI, en el Diccionario de la Real Academia figuran como acepciones ligadas al territorio rural las de tosco e inculto. Es un país en el que aún hay caminos que recorrer. Todavía lo rural es símil de inculto. Digo esto porque —y no voy a ser radical— al mundo rural todavía le queda un trecho por recorrer, y existen zonas, las más aisladas, las más escondidas, las más remotas, lugares que no se puede uno imaginar, que necesitan de proyectos y programas vertebradores, tanto desde el punto de visto económico y social, como político. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cornejo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cotillas. El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El mundo rural no es ni tosco ni inculto en este país. El mundo rural en este país lo que ha tenido es históricamente menos oportunidades que ese otro 20% del territorio que conforma las ciudades.

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Estamos debatiendo esta moción en el mes de mayo del año 2012 y, al leerla, he podido comprobar que ella misma marca lo que ha sido la gestión del Gobierno socialista en la última legislatura, en los últimos cuatro años: el fracaso absoluto de políticas dirigidas hacia el desarrollo rural. Si hablamos, cuatro años después de la aprobación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, de desarrollar e impulsar, si hablamos, dos años después de la aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de desarrollar e impulsar, y este Gobierno, al que apoya el Grupo Parlamentario Popular, lleva escasamente 120 días, estamos hablando claramente, señores del Grupo Socialista, del fracaso de su actuación, de la nula actuación que el Gobierno de España ha llevado a efecto en la legislatura anterior. Ha dicho su señoría que es un proyecto de la sociedad civil. Pues bien, la sociedad civil ha trabajado, ha sido capaz de ponerse de acuerdo, ha sido capaz de definir cuáles son sus retos, sus problemas, sus necesidades y las posibles soluciones, y el Gobierno socialista en estos cuatro años ha sido incapaz de estar al lado de dicha sociedad civil para eliminar las trabas, para eliminar los problemas y para cumplir con su obligación de desarrollar la ley, no solo desde el punto de vista de la administración, organizativo y legislativo, sino también desde la financiación, porque el incumplimiento de la ley ha sido total y absoluto en todos sus ámbitos por parte del Gobierno socialista anterior. Cuando se aprueba la tramitación del proyecto de ley, la previsión inicial marcaba un ritmo, un calendario. En la anterior moción hablaban ustedes de plazos, de financiación, de dotación presupuestaria, que es algo que no han aplicado nunca a sus propias decisiones. Hablaban del calendario 2008, 2009, 2010, 2011, de unos presupuestos de más de 500 millones de euros cada año, que después revisaron en el año 2009 en la exposición pública del Programa de desarrollo, donde ya disminuían sustancialmente esa aportación económica. Pero es que cuando se aprobó el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, ya solo hablaban de los años 2010 y 2011, solo hablaban de poco más de 180 millones de euros, y es que en este período de tiempo el gasto real ha sido casi cero. También en ese período de tiempo ustedes no han sido capaces de llevar a cabo la firma de ningún convenio, es decir, no han aprovechado el trabajo realizado por la sociedad civil. En el Presupuesto del año 2011 que ustedes aprobaron bajó la aportación presupuestaria de 181 a 164 millones, pero tampoco lo ejecutaron. Solo a finales de 2011 se firmó el convenio con La Rioja, donde la aportación no llega a 3 millones de euros. Sin embargo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 pusieron ustedes trabas, lo que impide llevar a cabo el trabajo realizado por la sociedad civil. Ustedes evitan poder firmar convenios con las comunidades autónomas que, aun teniendo elaborados planes de zona, no hayan cumplido con el déficit asignado a cada una de ellas. Por lo tanto, mucho hablar y poco dar trigo. Mucho hablar de plazos y de dotaciones económicas y poco de llevarlos a cabo y cumplirlos. Mucho de fracaso en el trabajo previo de esta propuesta que nos hacen hoy. Mucho de irresponsabilidad en cuanto al momento de presentarla y en cuanto a la exigencia de una mayor dotación económica, que ustedes no han sido capaces de hacer. En el momento actual de coyuntura económica, absolutamente triste y de desfase presupuestario, de déficit galopante y de un presupuesto, el del año 2012, que tiene que abordar no solo los compromisos de este año sino también el déficit oculto del año pasado: 25 000 millones de euros —que parecen poca cosa, pero son 25 000 millones de euros que hay que abordar este año—, ustedes proponen con irresponsabilidad un aumento de gasto que tape sus fracasos de gestión en años anteriores. Frente a esto hay un Gobierno serio, un Gobierno responsable al que apoya nuestro grupo parlamentario. Durante su comparecencia en esta misma sala el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente manifestó la clara voluntad del Gobierno de aplicar la ley para avanzar y actuar en las zonas más desfavorecidas, para evitar el abandono y el despoblamiento de una muy importante parte del territorio nacional y para garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos que viven en esos territorios. Porque, señoría, nosotros no hablamos de territorios, hablamos de personas. Nosotros no trabajamos para los territorios, trabajamos para las personas, independientemente de donde vivan. Y es nuestra voluntad ayudar a preservar y mejorar los recursos económicos, naturales, culturales y sociales de esa zona. Señorías, pertenezco a una zona, Castilla-La Mancha, eminentemente rural y agraria —aunque esta ley ha sacado a mi población del mundo rural—, y lamento mucho que el desarrollo rural y todo lo que signifique garantizar las oportunidades de vida en dicho territorio se realice sin tener en cuenta que los actores fundamentales son los agricultores y los ganaderos, las políticas forestales, las políticas pesqueras, agrícolas y ganaderas para estos territorios. No se puede fijar la población al territorio sin

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contar con los agricultores y con los ganaderos, con quienes explotan los montes y con quienes trabajan en la pesca en estos territorios rurales. Señorías, el Gobierno ha tenido que priorizar en los presupuestos, cumpliendo en primer lugar con el déficit presupuestario —que tenemos la obligación de llevar a cabo— y desarrollando una política de austeridad y de la mejor utilización de los escasísimos recursos económicos de los que dispone. Sin embargo, el Gobierno prioriza atender de manera significativa esas políticas cofinanciadas por la Unión Europea y también por las comunidades autónomas. Este año no nos podemos permitir el lujo, como ocurrió en 2009, de perder los fondos europeos destinados al mundo rural, por la inacción, la inactividad y la falta de compromiso del Gobierno socialista. No nos podemos permitir ese lujo. Este Gobierno lo tiene muy claro: va a dar prioridad a esos compromisos con los recursos de los que dispone y va a ser realista, porque hasta la fecha solo se ha podido firmar un convenio de colaboración con una sola comunidad autónoma. El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, señor Cotillas. El señor COTILLAS LÓPEZ: Termino, señor presidente. Solo hemos podido firmar un acuerdo con una comunidad autónoma. Y aunque es cierto que existen planes de zona acabados, este Gobierno es realista y con lo presupuestado va a apoyar a aquellas comunidades autónomas que han realizado su trabajo con la sociedad y están en disposición de poder firmar convenios porque han cumplido con su objetivo de déficit presupuestario. Todas las comunidades autónomas, todo el mundo agrario, todo el mundo rural —el 80% del territorio— sabe que el Gobierno de España va a apoyar la diversificación de la economía y la mejor utilización de los recursos y las políticas que lleven aparejadas la realización de las necesarias infraestructuras —transporte, sanitarias y educativas— para ofrecerles la igualdad de oportunidades. Y para dar igualdad de oportunidades al campo no se puede acabar un discurso diciendo que el mundo rural es inculto. (Rumores.) Todo lo contrario. El mundo rural es muy importante para el desarrollo de este país. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotillas. Pasamos a votar las mociones. (El señor Cornejo López pide la palabra.) Señor Cornejo. El señor CORNEJO LÓPEZ: Intervengo por alusiones. Yo no he acabado mi discurso diciendo que el mundo rural es inculto; eso es una barbaridad. Yo he dicho que el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que rural significa inculto. Y lo he hecho no para decir que el mundo rural sea inculto, sino para significar que aún sigue existiendo una brecha que entre todos hemos de corregir. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Senador Cornejo, está claro. (Pausa.) A continuación pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la sucesión de prácticas fraudulentas de importaciones de productos hortofrutícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 15. El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Moción del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para evitar el desperdicio alimentario. Sería conveniente que el senador Boya nos indicara cómo queda la moción, pues tenemos una duda con las enmiendas que se han aceptado. El señor BOYA ALÓS: Señor presidente, se han aceptado las dos enmiendas presentadas, tanto la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió como la del Grupo Parlamentario Popular.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Votamos la moción con las enmiendas incorporadas. Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan estratégico para la acuicultura, así como a potenciar dicho sector productivo. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no ha sido aceptada. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 10. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Por último, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a desarrollar e impulsar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y a garantizar la financiación de este. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 15; abstenciones, 1. El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. El señor FIDALGO AREDA: Señor presidente, antes de finalizar, quiero plantear una cuestión de orden. El señor PRESIDENTE: Exponga su cuestión de orden, aunque entiendo que no hay ningún desorden. (Risas.) El señor FIDALGO AREDA: Hay el desorden que voy a explicar. Este portavoz pidió un turno de intervención de voto. La Presidencia no me lo ha concedido, pero quiero hacer constar que creo que tengo derecho a dar una explicación de voto cuando cambio el sentido de este. Nada más. El señor PRESIDENTE: Senador Fidalgo, esta Presidencia entiende que usted en su intervención no expresó su voto. Dijo que pensaba votar a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado pero que no sabía lo que iba a hacer. Por lo tanto, si usted hubiese explicado su voto afirmativo o negativo y luego hubiese cambiado el sentido de su voto, podría hacer esa explicación de voto. Pero usted no decidió su voto y, por lo tanto, entiendo que no hay turno de explicación de voto. Doy las gracias a todos por su presencia. Se levanta la sesión. Eran las diecinueve horas y quince minutos.

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