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POLITICA

I

QUERELLA POR EDITORIALES SOBRE LA AMIA

Miércoles 5 de agosto de 2009

DERECHOS HUMANOS s POLEMICA DECISION JUDICIAL

FRANQUICIAS ILEGALES

Separan al juez Bonadío de la causa contra LA NACION

Piden que vaya a juicio la causa de los autos Lo solicitó la fiscal del caso, Rivas Diez

La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la defensa por “temor fundado de parcialidad” La Cámara Federal apartó al juez Claudio Bonadío de las causas iniciadas por Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, contra dos directivos de LA NACION. El tribunal consideró que era fundado el “temor de parcialidad” de los acusados con respecto al juez. Las querellas iniciadas por Stiuso contra Bartolomé Mitre y Julio Saguier, director y presidente del directorio de S.A. LA NACION, respectivamente, fueron por opiniones vertidas en columnas editoriales que cuestionaron la actuación de la Secretaría de Inteligencia (entonces, SIDE) en la causa por el atentado en la AMIA. Bonadío tuvo a su cargo el expediente por las irregularidades en la investigación del ataque a la mutual judía hasta que lo apartaron. Varias columnas de LA NACION cuestionaron, a lo largo del tiempo, el desempeño de este magistrado, uno de los jueces más denunciados en el Consejo de la Magistratura. En su fallo sobre la recusación, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler consideraron que estaba en juego la garantía que tiene todo ciudadano a ser juzgado por un tribunal imparcial. En la práctica, esa garantía se ve vulnerada, explicaron los camaristas, siempre que “existan motivos que justifiquen la desconfianza” de los acusados en el juez. Ese temor de parcialidad –advirtieron– “no puede ser mitigado o neutralizado por otros medios que no sean el apartamiento del magistrado”. En este caso, la Cámara entendió que como Bonadío fue juez del caso por las irregularidades en la causa AMIA, “la defensa de los querella-

dos podría verse condicionada a la hora de efectuar sus eventuales alegaciones” por “temor de ofender a quien fue el instructor de esa causa o bien brindar una versión distinta de la que él ya se pudo haber formado”.

El tono de Bonadío Pero eso no fue todo. La Cámara sostuvo además que la propia conducta de Bonadío, que no había aceptado la recusación, fortaleció la postura de la defensa. “El tono escogido por el doctor Bonadío para ventilar las dudas que sobre él se dijo tener no hizo más que robustecerlas”, afirma el fallo. Los jueces advirtieron que Bonadío tuvo “un modo de dirigirse al letrado defensor que en sí mismo es susceptible de generar en los querellados cierta sensación de intranquilidad”. El juez hizo referencia a la supuesta falta de memoria del abogado Pablo Lanusse y llamó a su escrito “pasticcio”, relataron los camaristas. Eso, a juicio del tribunal, “no es por cierto inofensivo”. La táctica judicial de Stiuso consistió en presentar dos querellas separadas, pero por la misma causa, contra Mitre y Saguier. De esta forma, en caso de ser condenados, los acusados podrían terminar en la cárcel: la primera condena por calumnias e injurias es de prisión en suspenso; es decir, no se cumple efectivamente. Pero la segunda es de cumplimiento obligatorio. Luego del apartamiento de Bonadío, las querellas volvieron a sortearse y, según informaron fuente judiciales, fueron asignadas al juzgado de Ariel Lijo.

TRAS LOS COMICIOS DE JUNIO

Kirchner vuelve al Gran Buenos Aires Por primera vez después de la derrota del 28 de junio, Néstor Kirchner regresará al corazón de la región que determinó su derrota electoral: el conurbano bonaerense. Será mañana, a las 19, en la Casa de la Cultura de Quilmes. El ex presidente se sumará a los encuentros de los intendentes de la populosa Tercera Sección electoral (sur del conurbano), que después del revés electoral se reúnen cada jueves para acordar políticas comunes. “La presencia de Kirchner está confirmada”, dijo ayer a LA NACION el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, organizador del encuentro. Para los jefes territoriales, la visita de Kirchner no es una reunión más. Será el regreso tras la obsesiva campaña y la derrota electoral y el primer intento de reacomodar el poder perdido. Los intendentes lo recibirán con un reclamo: mantener, como sea, la

obra pública. Después de las amenazas de castigos por los cortes de boleta y los problemas financieros, los caciques están preocupados. También dedicarán especial atención a las urgencias económicas. Temen no poder pagar sueldos y que falten planes sociales. El resto de la reunión esperan escuchar análisis políticos. “Necesitamos que Kirchner nos diga cómo ve este escenario político”, exigió un intendente. El ex mandatario eligió para volver la zona donde logró su mejor performance. Será dos días después de que el gobernador Daniel Scioli reuniera a buena parte de los barones del conurbano en la asunción de Baldomero Alvarez de Olivera como ministro de Desarrollo Social. Scioli también acaba de encontrarse con los jefes comunales del norte del Gran Buenos Aires, donde a Kirchner peor le fue.

Nacha Guevara da consejos La diputada electa Nacha Guevara reconoció ayer que el kirchnerismo sufre un desgaste “propio del poder” y de “errores que se han cometido”, y le recomendó al matrimonio presidencial “que escuchen más y no se alejen de las bases”. En declaraciones a Radio Mitre, Guevara también elogió el “entusiasmo” de Néstor Kirchner y “la capacidad de trabajo” de la Presidenta, y dijo de la Sociedad Rural: “Es una parte de esta comunidad que tiene derecho a expresarse como quiere. La única bronca que puedo tener con la Rural es que soy vegetariana y no me gusta que maten a las vacas”.

Hielo

Por NIK

ARCHIVO

La Corte Suprema respaldará un fallo de la jueza Servini de Cubría

Desaparecidos: la Corte avalará un allanamiento Lo hizo la Justicia para identificar el ADN de niños apropiados ADRIAN VENTURA LA NACION La Corte Suprema avalará un allanamiento que fue realizado en los años 90 por la jueza federal María Servini de Cubría: sobre la base de los cabellos allí secuestrados y un estudio de ADN, decidirá que Guillermo Prieto Gualtieri, en rigor, es hijo de desaparecidos. El fallo, que se conocerá el martes próximo, no apuntará a cambiar la identidad de ese hombre, hoy mayor de edad, sino a dar por válida la medida de prueba. Según pudo averiguar LA NACION, el tribunal, que ayer fijó la agenda para los próximos meses –en breve también resolverá sobre tenencia de drogas–, decidirá que la Justicia no puede obligar a una persona a someterse a una extracción compulsiva de sangre para determinar su identidad, pero sí avalará el procedimiento realizado en el domicilio de Gualtieri para secuestrar material genético (contenido en cabellos, cepillos de dientes y ropas allí encontrados). A partir de ese allanamiento, Servini de Cubría resolvió que aquél es hijo de Alfredo Zalazar y María Peralta, una pareja que fue secuestrada en 1976. Altas fuentes del tribunal confiaron a LA NACION que seis de los siete ministros tienen una posición clara en favor de avalar esos procedimientos para hacer efectivo el derecho a la verdad y determinar la identidad de una persona, aunque los votos de los jueces tienen notorios matices. La diferencia fundamental, que no alterará esa mayoría, sin embargo, re-

side en que dos de los seis jueces de ese sector no compartirían que esa prueba pueda ser usada contra los padres apropiadores en el juicio oral. En disidencia total votará el ministro Carlos Fayt, que se inclinará por considerar que ni la extracción de sangre ni el allanamiento son caminos apropiados. La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo considera que un niño de nombre Guillermo, nacido en 1976, y su hermano Emiliano, alumbrado dos años después, fueron entregados por oficiales de la Armada al matrimonio Prieto Gualtieri. En un primer momento, la jueza Servini ordenó que los médicos extrajeran compulsivamente sangre de quienes entonces eran menores de edad. Pero luego, ante los cuestionamientos vinculados con la violación de la intimidad y de la integridad personal, dispuso un allanamiento en su domicilio. En 1996, la Cámara Federal respaldó la medida y el estudio de ADN ordenado por la magistrada.

Intereses en juego En estas causas están en juego intereses contrapuestos: el derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos, el interés del Estado en establecer la verdadera identidad de las personas, la intimidad e integridad de las personas involucradas y su derecho a conservar la identidad de la familia apropiadora, con la que se criaron. Pero la cuestión también tiene consecuencias penales: aun cuando se avale un allanamiento para secuestrar material genético y determinar cuál es la verdadera identidad de una persona, ¿pueden usarse esos elemen-

tos como prueba de cargo, en un juicio oral, contra el apropiador? Para cuatro de los seis jueces, sí; para los otros dos que integran la mayoría, no. La Corte se pronunció por primera vez en este tipo de casos en 1996 y aceptó la extracción compulsiva de sangre para determinar la filiación de un niño que había sido comprado por una pareja. Siete años después, el máximo tribunal se pronunció en el caso Evelyn Vázquez Ferrá y rechazó la prueba compulsiva de sangre. En este caso, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, en disidencia, votó en favor de hacer la extracción compulsiva. Ahora, el caso Prieto Gualtieri, que tiene a estudio la Corte, está repartido en dos expedientes. En el caso Prieto I, sobre extracción compulsiva, la Corte confirmará el fallo Vázquez Ferrá y dirá que no se puede obligar a una persona a someterse a esa prueba contra su voluntad. En el caso Prieto II, el mismo día, avalará el allanamiento, que permitió corroborar la identidad por la vía indirecta de un estudio de ADN. Es previsible que si Fayt se mantiene en disidencia, los seis jueces restantes integren la mayoría, aunque con distintos argumentos, en un fallo que, se prevé, será extenso. Dos de los jueces, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni, están en la posición mayoritaria, que consideraría que el caso puede tener consecuencias imprevisibles en muchas causas penales, recela de establecer un criterio constitucional con carácter amplio. Por eso, se inclinarían por aplicar un criterio de ponderación, para resolver estos conflictos caso por caso.

Regresó Fernández Meijide y provocó una fuerte polémica Cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y recibió críticas del Gobierno LAURA CAPRIATA LA NACION Graciela Fernández Meijide volvió a la exposición pública con un libro bajo el brazo, pero, sobre todo, con una fuerte polémica a sus espaldas. Todo empezó cuando, al hablar de su libro, que presentará mañana, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, puso en duda que hayan existido 30.000 desaparecidos, y pidió referirse estrictamente a los 9000 casos documentados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que ella integró. “¿Con qué derecho [se habla de 30.000 desaparecidos] cuando había un conteo de 9000? ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad”, había dicho Fernández Meijide a Clarín, criticando los cambios al prólogo del informe de la Conadep que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Su afirmación mereció ayer una dura réplica del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde (la acusó de intentar publicitar su libro), y provocó malestar en los organismos de derechos humanos, que también cuestionaron su propuesta de reducir las condenas a militares acusados, a cambio de obtener información sobre desaparecidos. En diálogo con LA NACION, ayer Fernández Meijide reivindicó ese proyecto, pero intentó aplacar la polémica por la cifra de los desapa-

Protagonistas

GRACIELA FERNANDEZ MEIJIDE EX MIEMBRO DE LA CONADEP

“El número de 30.000 desaparecidos puede ser simbólico o puede ser cierto, pero hay que manejarse con la cifra documentada”

EDUARDO LUIS DUHALDE

SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

“El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final está en poder de los asesinos” recidos. “No voy a entrar en ninguna controversia porque mi ánimo no era ése”, dijo, entre sorprendida y contrariada por el rumbo que tomó la discusión. En su casa de Belgrano los teléfonos no paraban de sonar. “El

número de 30.000 desaparecidos puede ser simbólico o puede ser cierto, yo no digo que no, pero por respeto a los desaparecidos hay que manejarse con la cifra documentada”, pidió la ex ministra de la Alianza, que ha militado en organismos de derechos humanos a partir de la desaparición de su hijo Pablo. Sobre su propuesta de disminución de penas, Fernández Meijide dijo que “hasta ahora los militares no han entregado un solo dato que permita avanzar”. Por eso consideró que si aportan material importante para identificar desaparecidos o niños apropiados, podría considerarse la reducción de penas, “como hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, lo que no significa impunidad”, aclaró. En su carta, Duhalde había dicho que “todos los días se avanza en los centenares de causas judiciales en trámite” contra represores, contradiciendo a la fundadora del Frepaso. En tres carillas, también enumeró las causas que a su criterio impidieron documentar la totalidad de las desapariciones, como el breve funcionamiento de la Conadep, las leyes del perdón que la sucedieron, los gobiernos autoritarios que se mantuvieron en varias provincias y la falta de familiares que pudieron reclamar resarcimiento. “Es triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas circunstancias, aunque seguramente sus afirmaciones le asegurarán un buen éxito editorial para el libro que ha escrito”, concluye la carta de Duhalde.

En los próximos meses, el principal acusado por el escándalo del tráfico de autos de lujo con franquicias diplomáticas podría enfrentar un tribunal: la fiscal María Luz Rivas Diez solicitó ayer la elevación a juicio oral y público de la causa contra el ex funcionario de Cancillería Jorge Matas. El fue, de acuerdo con la causa judicial, quien montó el sistema irregular de importación y nacionalización de autos que debían estar destinados al uso de diplomáticos extranjeros. Matas, ex director de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue procesado por el juez en lo penal económico Jorge Brugo en mayo de 2008 por 11 casos de contrabando. Además, estuvo preso y sufrió un embargo de casi 13 millones de pesos sobre sus bienes. Es por esos hechos que la fiscal pidió la elevación a juicio de esta parte de la investigación, que incluye como acusados –además de a Matas– a la firma Manrique Automotores Sacif y a su titular, Ricardo Eduardo Manrique. Todos están acusados del delito de “contrabando agravado”. En el caso de Matas, dos motivos agravan la figura: su condición de funcionario público y la falsificación de documentos en la que habría incurrido para posibilitar las maniobras. De acuerdo con la presentación de Rivas Diez, Matas tuvo “intervención directa y personal en el ingreso de automotores en violación al régimen de franquicias”. La maniobra detectada consistía en importar autos con exenciones impositivas propias de los diplomáticos, nacionalizarlos (habilitar para su venta) sin restituir los impuestos y venderlos en el mercado. Para eso, advirtió la fiscal, “Matas incurría en falsificaciones y ardides” en el trámite de las franquicias, como alteraciones de la fecha de ingreso de los autos o del inicio de las funciones de los diplomáticos. Rivas Diez consideró probado que todo pasaba por las manos de Matas, responsable de autorizar todas las importaciones y nacionalizaciones, así como encargado de informar a la Aduana los datos necesarios para que avanzaran los trámites. En paralelo con la causa del fuero penal económico que tramita Brugo, la justicia federal porteña investiga los mismos hechos. Esa causa está radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide. Ambos reclaman la causa para sí. Según Brugo, la causa le corresponde por tratarse de un caso de contrabando agravado, específico de su fuero. Según la justicia federal, debe intervenir Oyarbide porque él investiga un delito más grave: la presunta asociación ilícita. La Cámara Nacional de Casación Penal debe definir ahora cual de los magistrados seguirá adelante con el caso.

JUICIO POLITICO

El juez Solá Torino negó los cargos En el primer día del juicio político en su contra, el juez federal salteño José Antonio Solá Torino negó todos los cargos en su contra: dijo que no era cierto que hubiera cobrado un soborno para levantar la orden de captura que pesaba sobre un condenado por narcotráfico y afirmó que es víctima de una “infamia perversa” con intenciones “políticas”. Solá Torino fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y enfrenta ahora al Jurado de Enjuiciamiento, que podría destituirlo por “mal desempeño”. Dos miembros del Consejo ofician de acusadores en este proceso. Ellos son los senadores Ernesto Sanz (UCR) y Nicolás Fernández (Frente para la Victoria). Ayer, ambos insistieron en que Solá Torino obró al margen de la ley con la deliberada intención de favorecer a un condenado. El juicio seguirá hoy, con la declaración de los testigos. Después, las partes harán sus alegatos y el jurado dará su veredicto.