INFORME DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO — N.º 3 • NOVIEMBRE 2017 —

LAS CLAVES DE LA

DERROTA DE ETA

Florencio Domínguez

LAS CLAVES DE LA

DERROTA DE ETA

Florencio Domínguez

INFORME DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO N.º 3 • NOVIEMBRE 2017 Director: Florencio Domínguez Responsable de Archivo, Investigación y Documentación: Gaizka Fernández Soldevilla © Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo C/ Olaguibel, nº 1. 01071 Vitoria-Gasteiz Depósito Legal M-4550-2017 / ISSN 2530-5328 Diseño: Miguel Renuncio Producción: Editorial MIC (www.editorialmic.com)

Las claves de la derrota de ETA

ÍNDICE Página Introducción.................................................................................................................... 9 1. El punto de partida................................................................................................... 11 2. ETA, en situación de debilidad estructural............................................................ 13 3. Acoso a la cabeza....................................................................................................... 16 4. La destrucción del aparato logístico....................................................................... 20 5. El declive del aparato militar................................................................................... 28 6. Golpes al aparato político......................................................................................... 32 7. Crisis internas............................................................................................................ 34 8. La ilegalización de HB.............................................................................................. 38 9. Unilateralidad forzada.............................................................................................. 43 10. Un enjambre de mediadores y similares.............................................................. 53 11. Conclusiones............................................................................................................ 61

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INTRODUCCIÓN Han pasado seis años desde que ETA anunció el abandono del terrorismo. Fue el 20 de octubre de 2011. La banda comunicó en esa fecha que ponía fin al uso de las armas, aunque hasta el momento se ha resistido a disolverse y a poner fin a una historia que empezó en 1958. ETA y lo que ha sido su entorno político pretenden presentar ese paso como resultado de una decisión voluntaria con la que abrían una nueva etapa para conseguir sus objetivos políticos, ahora sin emplear la violencia. Quieren disimular que fue una decisión forzosa, que fue la aceptación resignada de la derrota provocada por el Estado democrático mediante el empleo de las fuerzas de seguridad y la justicia con la colaboración de las autoridades de Francia. Cuando ETA anunció que abandonaba el terrorismo lo único que hacía era reconocer su impotencia para sostener su enfrentamiento contra el Estado, una impotencia que arrastraba desde una década antes, desde finales de 2001. A la banda terrorista le costó diez años asumir que había perdido su pulso con las instituciones democráticas, pese a que en ese tiempo en el seno de ETA algunas voces habían advertido de esa incapacidad y de su declive. Los sucesivos jefes de ETA, sin embargo, fueron dilatando el final confiando en que podrían remontar las dificultades y volver a ser la amenaza que habían sido en épocas anteriores. El declive no se detuvo a lo largo del periodo que transcurre entre 2001 y 2011 y ETA se vio obligada reconocer lo evidente: su incapacidad para mantener una actividad terrorista mínimamente eficaz. En esas condiciones anunció el fin del empleo de la violencia y volcó todo su esfuerzo en disimular su derrota. La actuación del Estado forzó a ETA a renunciar al terrorismo, pero, aunque no sea objeto de este trabajo, hay que mencionar la resistencia ejemplar desarrollada por los cargos públicos amenazados, por los grupos cívicos que se enfrentaron al terrorismo, por los intelectuales comprometidos en este combate ideológico, por todas aquellas personas que soportaron, en particular desde mitad de los años noventa, las pretensiones etarras de acallar las voces disidentes en el País Vasco. Aquellos militantes de partidos constitucionalistas que dieron el paso para ocupar los puestos dejados por compañeros asesinados, aquellos otros que hicieron frente a las amenazas y peligros para mantener en circunstancias adversas la representación popular que habían obtenido en los ayuntamientos o en otras instituciones, los que sacrificaron su bienestar personal y el de sus familias por defender sus ideas frente a los violentos, dieron un ejemplo político y moral que no debe ser olvidado. Conviene recordarlo porque no siempre se ha reconocido su sacrificio o, al menos, no se ha reconocido como merecen tantos comportamientos ejemplares. Hay que mencionar también a las víctimas del terrorismo, a las registradas en este último periodo de la historia de ETA y a las anteriores porque todas ellas conInforme del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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fiaron en el Estado de Derecho y porque su sufrimiento contribuyó y sigue contribuyendo a la deslegitimación de la violencia etarra. Desde el dolor, las víctimas y sus allegados siguen prestando un inestimable servicio a la sociedad y aportando un valor ético fundamental sin el que es imposible la convivencia. Su presencia pública sigue siendo necesaria en un escenario sin ETA para mantener la memoria viva del pasado y para contribuir a afianzar una nueva sociedad en la que el terrorismo quede deslegitimado ante las nuevas generaciones gracias al testimonio permanente de los afectados directamente por la violencia y de sus allegados. La victoria policial sobre el terrorismo es, por otra parte, el resultado del trabajo continuado de los sucesivos gobiernos que hicieron frente a una banda terrorista que prolongó su actividad durante décadas. Tres iniciativas políticas adoptadas entre 2000 y 2003 tuvieron un papel clave en la posterior derrota de ETA: el Pacto Antiterrorista negociado entre los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, la Ley de Partidos y la ilegalización de HB como consecuencia de la aplicación de esa ley. Hay que mencionar también que la cooperación policial y judicial de Francia fue un factor decisivo en la derrota de ETA. Sin la ayuda de las instituciones francesas no habría sido posible acabar con la banda terrorista de la forma en que se ha hecho.

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1. EL PUNTO DE PARTIDA El 17 de septiembre de 1998 ETA anunció una tregua que entraba en vigor al día siguiente, una tregua que era el resultado de un acuerdo con el PNV y Eusko Alkartasuna. Catorce meses más tarde, como resultado de desacuerdos con las dos formaciones nacionalistas, la banda anunció que el 3 de diciembre de 1999 se acababa esa tregua. Falló el primer atentado programado para ese mismo mes en Madrid, pero el 21 de enero de 2000 se hizo efectiva la ruptura de la tregua con el asesinato en la capital de España del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. La banda puso en marcha una dura ofensiva terrorista a lo largo del año 2000 en el que llevó a cabo un total de setenta atentados con un saldo de 23 muertos y 103 heridos. Había que retroceder hasta 1992 para registrar una cifra mayor de víctimas mortales. La tregua había sido aprovechada por la organización terrorista para llevar a cabo una importante reorganización interna, crear un gran número de células operativas y dar adiestramiento a sus componentes. El resultado fue una potente ofensiva que se prolongó durante dos años: en 2001 se contabilizaron otros 59 atentados con 15 víctimas mortales y 179 heridos. Para tener una idea del nivel de la actividad terrorista en el bienio 2000-2001 baste comparar con épocas anteriores y posteriores. Un examen de la evolución anual de los atentados y de los asesinatos cometidos por ETA durante las últimas dos décadas del terrorismo permite distinguir varias fases que reflejan diferente capacidad de la organización terrorista. En general, es una capacidad descendente, aunque en ocasiones se advierte algún pico de recuperación temporal. Sin retroceder más atrás, se puede apreciar una etapa clara que abarca el periodo comprendido entre los años 1992 y 1998, otra más breve que incluye los años 2000 y 2001 y una tercera que va de 2002 hasta 2011. La capacidad de actuación de la banda, medida por sus resultados, es diferente en cada uno de esos periodos. En el periodo 92-98 ETA comete una media de 54 atentados con 13 asesinatos al año. Viene después el paréntesis representado por la tregua del último trimestre del 98 y todo el año siguiente. La reanudación de la actividad terrorista es muy potente y se manifiesta en el bienio 2000-2001, con un pico en el gráfico que refleja un incremento de su actividad. Las cifras de 64,5 atentados y 19 muertos por año son indicativas de la virulencia con que ETA volvió a la violencia después de catorce meses de paralización. Sin embargo, entre 2002 y 2011, ambos incluidos, el ciclo de actividad etarra está en declive, con una media anual de 24 ataques y 2 víctimas mortales. Para encontrar otra época de actividad tan baja como en la etapa final de la banda habría que retroceder hasta principios de los setenta cuando arrastraba una profunda crisis que terminó en el cisma entre ETA-militar y ETA-político militar. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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Los datos de los dos años posteriores a la ruptura de la tregua de 1998-1999 muestran un alto nivel de actividad terrorista como resultado de la reorganización de la banda durante el periodo del alto el fuego. La capacidad de ETA, sin embargo, comenzó a ser frenada por las FSE (Fuerzas de Seguridad del Estado) en 2001. En los cuatro meses finales de ese año cometió una media de 3,7 atentados al mes, frente a los casi nueve que había sido capaz de llevar a cabo en el mismo periodo del año anterior. Los servicios antiterroristas tenían informaciones que apuntaban a que ETA pretendía llevar a cabo una intensificación de atentados a partir del otoño de 2001, pero la banda no sólo fue incapaz de materializar esa ofensiva terrorista, sino que ni siquiera pudo mantener el nivel de los meses anteriores. La actuación policial había dado una respuesta adecuada a ETA y le había arrebatado la iniciativa. Las detenciones realizadas en 2001 habían permitido desmantelar a los comandos autores de tres cuartas partes de los atentados que se habían registrado en el año anterior. Además, al acabar 2001, habían sido neutralizadas las células responsables de ocho de los quince asesinatos cometidos en ese año. ETA había hecho durante los catorce meses de la tregua iniciada en 1998 un esfuerzo de reclutamiento y organización de células similar al que había llevado a cabo a finales de los setenta y primeros años de los ochenta que habían hecho posible los llamados años de plomo. Desde finales de 1999 hasta finales de 2002 la banda terrorista organizó más de cincuenta células operativas que materializaron Actividad de ETA, 1990-2011

Fuente: elaboración propia

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la ofensiva de los dos años posteriores a la ruptura de la tregua. Sin embargo, la acción policial fue tan intensa como la de la propia banda: un tercio de ese medio centenar de comandos organizados por ETA fueron desmantelados antes de que hubieran llevado a cabo su primer atentado. Al llegar el año 2002 ETA no sólo había perdido la iniciativa, sino que se encontraba a la defensiva y desorientada por su incapacidad para recuperar el nivel de violencia de los años anteriores. En ese año cometió 35 atentados —la mitad que en 2000— que dejaron cinco personas asesinadas.

2. ETA, EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD ESTRUCTURAL Lo ocurrido en los años 2001 y 2002 provocó la debilidad estructural en la que se encontró la organización terrorista durante los años siguientes. La intensidad de la labor policial (en 2001 se produce la captura de 206 presuntos miembros y colaboradores de ETA, la segunda cifra más alta sólo superada por el emblemático año 1992) causó una sangría de miembros veteranos en el seno de la banda, de miembros con experiencia en el funcionamiento de los comandos y de cuadros dirigentes de las estructuras de Francia. ETA tiene que renovar los puestos vacantes echando mano de militantes que no tenían experiencia en las actividades de los comandos, aunque hubiera muchos que tenían antecedentes por violencia callejera. La organización terrorista concentró a los cuadros veteranos en dos aparatos, el militar y el logístico, que, por otra parte, eran los más atacados por la acción policial, pero con sucesivas caídas la banda fue perdiendo esos cuadros veteranos, debilitándose de manera progresiva. Un análisis realizado por el dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, en 2008, sitúa el origen de la decadencia de la banda en el momento en el que las FSE logran parar la ofensiva posterior a la tregua y arrebatar la iniciativa al grupo terrorista: “A partir del 2002 se debilitó progresivamente la estructura en la clandestinidad (...). En los años 2000-2003 cayeron militantes con mucha experiencia militar (...). El declive que vino a partir de 2001 era lógico”1. Como consecuencia de las sucesivas operaciones policiales, ETA se ve obligada a recurrir a activistas sin experiencia, lo que agudizó el debilitamiento de la organización, tal y como se reconoce en el citado análisis elaborado por Garikoitz Aspiazu: “Comenzamos a inflar la infraestructura de personas que carecían de experiencia militar, lo que resulta inexplicable desde el punto de vista de una or Documento intervenido por la Policía francesa el 20 de mayo de 2008 entre el material informático ocupado a los miembros del aparato político capturados en Burdeos encabezados por Francisco Javier López Peña.

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ganización armada, y mucho menos aún cuando nos estamos refiriendo al mismo motor principal de aquel modelo (...). De hecho, una persona con experiencia militar puedes colocarla en cualquier estructura o subestructura, no sucede lo mismo con uno que carece de la misma”. El mismo etarra añadía que “se apostó por situar a personas que carecían de experiencia militar de forma permanente y sin medida en aquellos departamentos en los que dicha experiencia no resultaba necesaria (¿?). Se pensaba que existía un “equilibrio”, manteniendo Lohi [logística] y ESA [aparato militar] fuertes y compuestos por gente de experiencia. Con el tiempo, se ha visto que, además de resultar falso ese equilibrio, resulta letal que una Organización armada busque ese equilibrio”. La voluntad de ETA de mantener una actividad terrorista más elevada no se pudo materializar y por eso en diferentes documentos intervenidos en los años posteriores se registran continuos lamentos de los miembros de la banda, así como crisis internas por no poder hacer más atentados. La captura de las células etarras cuando todavía no han actuado, aparte de evitar atentados a corto plazo, tiene otro efecto en el seno de la banda como es el hecho de que se impide a sus miembros adquirir la experiencia y cualificación como terroristas que tenían sus antecesores. ETA tuvo que funcionar durante sus últimos años con comandos que en muchas ocasiones tenían una corta duración con el resultado de una limitada capacidad de actuar. La propia banda reconocía esta situación en la ponencia oficial sometida a discusión interna durante el debate desarrollado entre los años 2007 y 2008: “La evolución de los últimos años ha mostrado claramente que hemos tenido dificultades estructurales para hacer frente a la represión de una manera eficaz. Estaba a la vista que no hemos valorado en su justa medida la incapacidad que generaba un funcionamiento agotado y no hemos puesto los medios para llevar a cabo una reestructuración general”2. ETA admitía en ese documento el “debilitamiento progresivo” y las dificultades que tenía para llevar a cabo una reestructuración por no haberlo hecho a tiempo: “En el momento en que la estructura era más fuerte y cuando ya reflexionábamos sobre el agotamiento, no hemos sido capaces de renovar los recursos y ponerlos a disposición de un cambio profundo”. “No es ningún secreto que la presión policial ha creado grandes dificultades”, señalaba la ponencia de ETA que reconocía que “las dificultades estructurales” condicionaban su capacidad y “eficacia operativa”. Las claves de lo ocurrido hay que buscarlas, por un lado, como es obvio, en la eficacia de las FSE y, por otro, en los comportamientos organizativos de la banda. Informe de conclusiones de la asamblea 2008, intervenido el 10 de abril de 2009 entre el material ocupado al miembro de ETA Ekaitz Sirvent, en París.

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Un aspecto —la persecución policial— y el otro —la vida interna de ETA— están estrechamente ligados. Las fuerzas de seguridad impiden un funcionamiento óptimo de la organización terrorista, pero decisiones equivocadas sobre las características organizativas del grupo y de sus militantes contribuyen también al fracaso de ETA y facilitan la acción policial. Un factor relevante de la intensidad de la campaña de ETA posterior a la tregua del 98-99 había sido la captación de un importante número de activistas que se habían encuadrado en la banda y con los que habían constituido decenas de células operativas con las que habían desarrollado la ofensiva terrorista posterior. La clave de la neutralización de esos planes fue, precisamente, la captura de un elevado número de activistas, reduciendo la base humana de la banda y desmantelando las células que se habían constituido durante la tregua y en los meses posteriores a su ruptura. La disminución de efectivos se tradujo en una reducción inmediata de la capacidad de atentar de ETA. Desde el año 2000 hasta el 2011, ambos incluidos, fueron detenidas un total de 1.415 personas acusadas de formar parte de ETA, de las cuales 907 ingresaron en prisión. Otras 235 quedaron en libertad bajo fianza o con medidas de control, es decir, con cargos. El resto quedó en libertad sin acusaciones. Estos datos muestran que en el 80,70% de las detenciones las FSE aportaron indicios suficientes para sostener una acusación en los tribunales. Ese porcentaje es un indicador del grado

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de selectividad con que actuaron los cuerpos policiales, lejos de las detenciones indiscriminadas de los años setenta y primera mitad de los ochenta. En la cifra de arrestos mencionada no se incluyen las detenciones vinculadas a los grupos de implicados en las redes de violencia callejera que operaron en el País Vasco como complemento de la actividad de ETA, aunque sí están las relacionadas con los grupos del entorno político de la banda terrorista que fueron ilegalizados. La evolución del número de detenciones de presuntos miembros de ETA queda reflejada en el gráfico de la página anterior.

3. ACOSO A LA CABEZA Las operaciones contra los grupos de ETA que operaban en territorio español realizadas por el CNP (Cuerpo Nacional de Policía), la Guardia Civil y la Ertzaintza sirvieron para realizar una tarea de contención de la actividad terrorista, limitando el número de atentados y manteniendo a raya la capacidad de actuación de la banda. Sin embargo, la clave en la derrota de ETA fue la destrucción de su capacidad de encuadramiento instalada históricamente en territorio francés. Las estructuras de la banda en Francia permitían el funcionamiento eficaz de ETA. Sus diferentes aparatos se ocupaban del reclutamiento de nuevos militantes, de su adiestramiento, de su ubicación en una u otra célula con otros terroristas para operar juntos, de la financiación de sus actividades, de proporcionarles armas y explosivos, de controlar y supervisar su actividad impartiendo órdenes, de darles refugio si lo necesitaban. ETA fue eficaz mientras esas estructuras de encuadramiento fueron capaces de canalizar a los potenciales terroristas, de integrarlos en sus aparatos y de hacer que funcionaran. Sin esas estructuras, la potencialidad violenta de sectores de población no se hubiera traducido en actividad terrorista, como ocurre a partir del momento en que se frena la ofensiva etarra posterior a la tregua de 1999. Esa afirmación queda confirmada por los hechos: en diciembre de 2002, el entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, reveló que la Ertzaintza había elaborado un censo de unas 300 personas relacionadas con la violencia callejera que en los dos años anteriores habían huido de sus domicilios3. Existía el riesgo de que esas personas se incorporaran a ETA y la reforzaran, pero en aquellas fechas la banda terrorista ya no tenía capacidad para encuadrar a semejante número de huidos. Eso hizo que advertencias de Arnaldo Otegi sobre el riesgo de que la ilegalización de HB sirviera para nutrir las filas de ETA4 no pasaran de ser un titular periodístico sin consecuencias reales. Declaraciones recogidas en El País y El Mundo del 30 de diciembre de 2002. El Correo, 27 de mayo de 2002.

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La neutralización de las células que actuaban en España fue uno de los factores significativos en el control de la actividad de ETA y en la reducción de su actividad terrorista, pero no fue el único factor ni, probablemente, el más relevante. Una clave fundamental en la derrota de ETA lo constituyeron los golpes sistemáticos dados a los núcleos de dirección de la banda y a sus estructuras de encuadramiento situadas en Francia. Las actuaciones contra los jefes de ETA y la aceleración de las operaciones policiales contra la cúpula etarra fueron factores que contribuyeron decisivamente a la debilidad de la banda y a hacer imposible su recuperación. Los nuevos dirigentes ocupaban el puesto de los detenidos, pero se encontraban con que su presencia activa al frente de las estructuras de mando era muy breve, dificultando su control efectivo y haciendo imposible una dirección eficaz. Desde los años setenta a los noventa, ETA pudo contar con jefes que permanecían al frente de sus aparatos durante muchos años, lo que daba estabilidad a su tarea, facilitaba la existencia de equipos de dirección homogéneos y un control eficaz de los diversos resortes de la organización terrorista. Tener una dirección permanente y a salvo a lo largo del tiempo fueron dos de las fortalezas de la banda terrorista. Cuando esas fortalezas se quiebran, el resultado es una debilidad estructural. La eficacia policial se mide no sólo por lo cuantitativo, por el elevado número de arrestos de cada año, sino también por lo cualitativo. La intensidad de la presión policial en Francia se tradujo en una caída acelerada de cuadros dirigentes. Los jefes de ETA cada vez duraban menos tiempo al frente de sus aparatos porque eran detenidos al cabo de poco tiempo y eso se traducía en provisionalidad en la cúpula etarra, en menor cualificación de los líderes y en un descenso de la capacidad de acción del grupo. Las operaciones contra la estructura de ETA en Francia a partir de 2000 provocaron el descabezamiento sistemático del grupo dirigente de la organización terrorista. La banda se vio obligada a sustituir a sus jefes con nuevos cuadros con menos experiencia a costa de una pérdida de eficacia. La sucesión de arrestos afectó a la capacidad operativa de ETA e, incluso, a la capacidad de la banda para renovar los cuadros caídos. Hay un periodo, el que va de 2000 a 2004, en el que todos los aparatos de ETA sufren un deterioro espectacular por la captura de sus líderes, como se explicará más adelante con detalle. Esa es la etapa en la que se gesta la derrota de la banda, aunque tarde todavía varios años en materializarse de manera clara. Eran pérdidas muy graves para la organización terrorista por tres motivos. El primero de ellos es la entidad de los arrestados, que representaban la columna vertebral de ETA. No son golpes que se superen con facilidad. Cuando es detenido un jefe de primer nivel los sustitutos tienen que comenzar una tarea de recuperación de contactos, de citas, de restablecimiento de lazos entre los miembros de Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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una banda que están dispersos en la clandestinidad y que a veces dependen de un encuentro fijado con meses de antelación. Hacerse con el control puede ser en ocasiones una tarea de muchos meses, meses en los que la banda se ralentiza y no funciona con el ritmo que desearían sus responsables5. El segundo factor que acentúa la gravedad de la detención de los jefes etarras es la celeridad de las capturas. Después del arresto de los jefes, la banda se ve obligada a revisar sus procedimientos y sus mecanismos de seguridad para intentar descubrir dónde está el fallo que permite tales golpes policiales. “Se ha puesto en marcha una profunda reestructuración como consecuencia de las últimas caídas”, se refleja en el acta de la reunión de la Ejecutiva de ETA celebrada en abril de 2004. Informaciones similares se reflejan en las actas de otras muchas reuniones de la cúpula etarra: “El objetivo principal de la reunión ha sido adoptar medidas que hagan frente a los golpes represivos acaecidos en la estructura de la Organización”6. “Como consecuencia de las caídas acaecidas ha habido cambios en Zuzendaritza Batzordea (Comisión de Dirección). Para equilibrar las consecuencias de las caídas también se tienen que readecuar algunas estructuras”7. En tercer lugar, el arresto a un tiempo del jefe y de su lugarteniente, como ha ocurrido en varias ocasiones, es un obstáculo adicional en las tareas de recuperación de la normalidad. El lugarteniente es el que está llamado a suceder a su jefe cuando es detenido y, por tanto, es quien mejor conoce sus actividades y sus contactos. Pero si caen ambos a un tiempo, quien tenga que ocupar su puesto tiene una dificultad extra. No hay que olvidar, por ejemplo, que la crisis de Bidart, en 1992, no fue sólo porque se capturó a la cúpula de ETA en marzo de ese año, sino también porque cuatro meses más tarde se arrestó a sus sucesores. En el aparato militar contrasta, por ejemplo, el periodo de nueve años de Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, al frente de esta estructura hasta su arresto en Un ejemplo de la ralentización de los procesos internos lo refleja la siguiente carta de un miembro de ETA escrita tras la captura de Susper: “Hola amigos: Esto es una nota para Susper. Soy Rizos. Tenía cita con Susper, que se debía de hacer el 29 de diciembre, a la vista de cuáles fueron las circunstancias - la detención de Susper..., pensé no asistir a la cita. De la misma manera también decidí no utilizar las citas de seguridad previstas en enero y febrero. Como considero que ya ha pasado suficiente tiempo he decidido aparecer a la cita de seguridad de marzo. Por tanto, asistiré a la cita fijada para el cuatro de marzo. El sitio y los demás detalles ya estaban concretados, así que asistiré en esos términos. Por tanto, si hay posibilidad de que alguien venga a por mí para retomar el hilo, pues bien”. Documento intervenido en Oloron Sainte Marie el 26 de marzo de 2003 a raíz de la captura de Domingo Aizpurúa, Pitxas. 6 Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva (o Consejo de Dirección) de ETA de noviembre de 2002. 7 Acta de la reunión de la dirección de ETA de febrero de 2004. 5

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febrero de 1985, con el poco tiempo de mando de los últimos jefes de la banda. Dentro del periodo examinado en este trabajo, hay que señalar que José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, fue jefe de los comandos de ETA entre 1993 y 1999, etapa en la que la banda mató a 66 personas. Le sucedió Xabier García Gaztelu, Txapote, desde marzo de 1999 a febrero de 2001, casi dos años en los que ETA mató a 25 personas. Después se fueron sucediendo Juan A. Olarra Guridi (un año y medio), Ibón Fernández Iradi (tres meses) y Gorka Palacios (un año), que, en conjunto, suman 20 asesinatos más. En diciembre de 2003 se hizo cargo del puesto Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y en casi cinco años de su liderazgo ETA causó siete muertos. Le sucedieron por periodos muy cortos Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegi, Mikel Carrera Sarobe, Ata, detenido en 2010, y Alejandro Zobarán, Xarla. Cuatro jefes, en apenas tres años. La aceleración de los ritmos se aprecia también a partir de 2001 en el aparato logístico. Isidro Garalde, Mamarru, estuvo al frente de esta estructura durante nueve años hasta su captura en 1985. Su sucesor, José María Erostarbe, Fitipaldi, aguantó otros siete años hasta su detención en 1992. Le sucedieron Julián Achurra, Pototo, durante cuatro años, Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, durante los cuatro siguientes, Asier Oiartzabal, Baltza, que apenas duró un año antes de ser detenido en 2001, Félix Esparza Luri, Ana, durante tres años, Juan Cruz Maiza Artola, durante otros tres años, los mismos que duró Ibon Gojeaskoetxea y, finalmente, Izaskun Lesaka, dos años. Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, permaneció doce años en la cabeza del aparato político, desde 1992 hasta 2004, superando incluso a Josu Ternera que había estado una década en ese puesto. Sin embargo, en la década siguiente, ocuparon esa responsabilidad cuatro dirigentes de ETA: Javier López Peña, Aitor Elizarán, Iratxe Sorzabal y David Plá. La detención de Mikel Antza, el 3 de octubre de 2004, junto con su pareja Soledad Iparragirre, Anboto, responsable de la gestión económica y de la extorsión de ETA, constituye uno de los golpes más importantes dados a la banda terrorista en su década final. Y no solo porque Antza era el número uno de ETA y por su largo periodo de mandato, sino porque en la misma operación se descubrieron los zulos estratégicos de la banda en los que se encontraron grandes cantidades de armas (incluidos dos misiles), explosivos y el archivo histórico de ETA. Si el periodo 2000-2004 es clave para la erosión de las estructuras de dirección en ETA, la etapa que se abre tras la ruptura de la tregua de 2006 resulta relevante porque pone de manifiesto la impotencia de la banda para desarrollar un nivel importante de actividad terrorista mientras que, por el contrario, las FSE llevan la iniciativa con importantes actuaciones policiales. La impotencia constatada de ETA a partir de ese momento comienza a hacer mella en sus filas y ello conduce a que se cuestione la continuidad del terrorismo. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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4. LA DESTRUCCIÓN DEL APARATO LOGÍSTICO La lucha contra ETA ha sido una tarea de años en los que, poco a poco, se han ido cortando ramas hasta conseguir secar el tronco principal del grupo terrorista. Ante la dificultad de cortar de una vez el tronco de una organización sumergida en la clandestinidad, se ha ido realizando una tarea de poda sistemática para conseguir acabar con la planta. Ha sido una tarea lenta, pero eficaz. El aparato logístico tradicional de ETA quedó destruido como consecuencia de una serie de operaciones policiales que se desarrollaron entre el año 2000 y 2004. Durante ese tiempo, aparte de capturar a un buen número de dirigentes y militantes encuadrados en esta estructura, se desmanteló la red de grandes zulos que ETA estaba utilizando desde hacía más de veinte años. Los servicios policiales aprovecharon la localización de algunos de estos escondites para mantenerlos bajo vigilancia, controlando el reparto de armas y explosivos y así llegar hasta los comandos y desmantelarlos. La mayoría de las operaciones realizadas contra el aparato logístico de ETA fueron efectuadas de forma conjunta por la Guardia Civil y los servicios de información franceses, entonces RG (Renseignements Généraux) y ahora DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure). Ambos cuerpos policiales aplicaron una estrategia de trabajo a largo plazo, tratando de conseguir información y pistas de investigación para maximizar los resultados en las operaciones antiterroristas. En la misma época, el CNP, que trabajaba con la Policía Judicial francesa, estaba centrado en el aparato militar y aplicaba una estrategia de presión constante a los jefes de esta estructura de manera que las caídas continuas impidieran el funcionamiento normal o la recuperación de las estructuras dañadas. Aunque eran estrategias diferentes, el resultado conjunto fue muy positivo para la lucha antiterrorista. La primera de las operaciones con las que comenzó el cerco de la logística etarra se produjo en septiembre del año 2000 con la captura del jefe de esta rama de la banda, Iñaki Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería y Gorosti, y otras 21 personas. Gracia había sido uno de los dos personajes claves en la reconstrucción de ETA tras la crisis de Bidart en 1992. El otro fue Mikel Antza. Durante meses, Iñaki de Rentería y Antza se dedicaron a recorrer Francia estableciendo contactos con los etarras que estaban diseminados por el país y dándoles ánimos ya que los miembros de la banda se encontraban desmoralizados y afectados por lo que en el seno de la organización terrorista se bautizó como el síndrome de Bidart. Los dos dirigentes, además de elevar la moral de los etarras, comenzaron la reestructuración de ETA. Expertos franceses de la lucha antiterrorista consideran que de no haber sido por Mikel Albisu y Gracia Arregi, ETA difícilmente se hubiera recuperado de la crisis de Bidart. Ocho años después de Bidart, Rentería era el jefe del aparato logístico, pero su historia como dirigente de ETA terminó el 15 de septiembre de 2000 cuando fue 20

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capturado junto con otros miembros de la misma estructura. Además de las detenciones, la redada se saldó con el desmantelamiento de la oficina de falsificación de documentos que operaba en un piso de Bayona desde hacía una década y que estaba dirigida en aquel momento por Rosario Delgado Iriondo. También se neutralizó un taller de electrónica, se capturó al que en aquel momento era el principal experto en explosivos y se arrestó a los encargados del reparto de los explosivos. La captura de Iñaki Gracia Arregi y sus compañeros, al margen de lo que supuso por sí misma, fue importante porque abrió líneas de investigación que condujeron, primero, al descubrimiento de “Txernobil”, un importante zulo que ETA había construido dos décadas antes, y más tarde a la captura de Mikel Albisu Iriarte. El segundo golpe contra la logística se produjo un año después, exactamente en septiembre de 2001, y en esa operación fueron capturados el nuevo jefe de este aparato, Asier Oiartzabal, Baltza, que había sustituido a Iñaki de Rentería, y otros cinco componentes de la estructura. Las detenciones se llevaron a cabo cuando los investigadores se dieron cuenta de que los etarras estaban preparando un asalto a una empresa de explosivos. Dos años después de la captura de Iñaki de Rentería, el 16 de julio de 2002, la policía francesa puso al descubierto “Txernobil”, uno de los grandes zulos construido a principios de los años ochenta bajo una casa de la localidad de Rivière, en las Landas. “Txernobil” era una de las joyas del aparato logístico al que acudían casi exclusivamente los jefes de esta rama de ETA para meter o sacar el armamento que necesitaban y también para guardar importantes cantidades de dinero. El acceso a este zulo se hacía en medio de grandes medidas de seguridad, medidas que resultaron inútiles porque la instalación subterránea ya había sido descubierta por los servicios de información franceses, Renseignements Généraux, y la Guardia Civil siguiendo la pista de Iñaki de Rentería y durante largo tiempo la habían mantenido bajo vigilancia para controlar las entradas y salidas y para llegar hasta los comandos de ETA siguiendo las entregas de material. La importancia del zulo queda puesta de manifiesto por el material encontrado en su interior: 50 fusiles de asalto Cetme, varios miles de cargadores de esos fusiles, 46 ametralladoras UZI, cientos de piezas desmontadas de armas automáticas, casi 75.000 cartuchos del calibre 7,62 para los fusiles de asalto, 167 granadas de fusil de la marca Mecar, 142 roquetas anticarro de la misma marca, 33 lanzagranadas, también Mecar, guardados en sus correspondientes cajas de transporte; más de 400 kilos de explosivos procedentes del robo cometido en 1999 en Plévin; 3.500 detonadores, etc. En enero de 2003, RG y la Guardia Civil localizaron en la localidad de Estialescq una casa en la que fueron detenidos dos miembros de ETA. La vivienda, utilizada por el aparato logístico, guardaba numerosa documentación sobre esa estructura etarra. En ella había residido el que en esa fecha era el nuevo responsaInforme del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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ble de la logística, Ignacio Esparza Luri, Ana, miembro también de la ejecutiva de ETA. Las investigaciones sobre la logística etarra llevaron a los agentes a localizar en Cahors otra vivienda donde se ocultaban los componentes de los Daltones, una célula que utilizaba el nombre de los forajidos hermanos Dalton, personajes del cómic de Lucky Luke, y cuya función era aprovisionar al aparato logístico, tanto de material necesario para la falsificación de documentos como productos para la elaboración de sustancias explosivas o placas de matrículas para los automóviles robados. El 30 de julio de 2003 fueron detenidos los tres integrantes de la célula: en el interior de la casa se encontraron tres figuritas de Lucky Luke, junto con cerca de 500 kilos de explosivo, una troqueladora de matrículas, armas y una planta de marihuana de gran tamaño. Los datos de contabilidad intervenidos en Estialescq ofrecían una radiografía sobre la composición de una parte del aparato logístico a finales de 2002. No era una imagen completa, pero mostraba una red formada por al menos ocho células de dos o tres miembros cada una, encargadas de realizar tareas especializadas para el aparato, desde el suministro de armas y explosivos a la compra de material para falsificar documentos. Daltones, Rastas, ADI, FAL, Ttakun, Ega-Belate, Zitzoiak, Dinos (de dinosaurios) eran los nombres de esas células que, poco a poco, fueron cayendo en manos de las fuerzas de seguridad. 2004 fue el gran año negro del aparato logístico que sufrió un descalabro del que no logró recuperarse. A partir de entonces, la estructura encargada de suministrar a ETA armas, explosivos y documentos falsos no volvió a alcanzar el nivel que había tenido, ni volvió a disponer de las infraestructuras tan sofisticadas que había tenido durante décadas. Las operaciones contra la logística de ETA en 2004 se iniciaron con la captura de su número dos, Ibón Elorrieta, y terminaron con el desmantelamiento de la red de zulos estratégicos de la organización terrorista. Una sucesión de operaciones llevadas a cabo de forma controlada fue golpeando a una de las estructuras fundamentales de la banda. La cadena de actuaciones comenzó, de forma aparentemente casual, la tarde del 9 de febrero en una carretera del municipio de Touvérac correspondiente al departamento de Charente, a medio camino entre Burdeos y Limoges. Una brigada de agentes de aduanas había establecido un control en la zona. A las cinco de la tarde los aduaneros dieron el alto a una furgoneta Renault Kangoo que circulaba en dirección sur-norte. El vehículo no atendió las órdenes de los funcionarios e inició una fuga que se prolongó durante diez kilómetros, hasta la vecina localidad de Oriolles, donde los aduaneros lograron interceptar a los fugitivos. El conductor del vehículo resultó ser Ibón Elorrieta Sanz y su acompañante Luis Enrique Gárate Galarza, alias Alicia, un veterano miembro de la banda, que tenía como responsabilidad el diseño y fabricación del armamento pesado, tipo morteros, de la organización. Los dos etarras, con responsabilidades en la logística, 22

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habían estado alojados hasta cuatro días antes en un piso de Poitiers que habían tenido alquilado entre el 24 de enero y el 5 de febrero. Un poco antes de abandonar el piso de Poitiers, Elorrieta había alquilado, el 29 de enero, otra casa en Limoges. La furgoneta, que transportaba, entre otras armas, dos tubos de mortero de ochenta centímetros de largo y un lanzador de proyectiles Jotake, un mortero fabricado por la propia banda, procedía de la localidad de Saint Michel, junto a la frontera de Navarra, donde ETA tenía en ese momento una fábrica de explosivos. El arresto de Ibón Elorrieta permitió averiguar rápidamente que el dirigente etarra y una mujer, ambos con documentación falsa, habían alquilado el 29 de enero una vivienda situada en el número 12 de la calle Théodore de Banville de Limoges. Los agentes franceses entraron en la casa al amanecer del día 11 y detuvieron en su interior a otros dos miembros de ETA, componentes de una célula encargada de proporcionar vehículos y viviendas al aparato logístico. Los dos etarras habían estado haciendo limpieza de otra casa abandonada por ETA y se habían trasladado al piso de Limoges con todo el material que habían retirado del primer inmueble. Gracias a ello la policía se incautó de una gran cantidad de documentos, una parte de los cuales correspondían al aparato de falsificación. Lo peor para el aparato logístico, sin embargo, estaba todavía por llegar. Las investigaciones que desde hacía años desarrollaban la Guardia Civil y los servicios de información franceses (RG) sobre esta estructura etarra condujeron a la localización y captura, el 2 de abril de 2004, de Félix Ignacio Esparza Luri, que había sustituido al frente de la logística a Asier Oiartzabal, detenido en septiembre de 2001. La policía sorprendió al dirigente etarra cuando salía de su casa, en Saint Paul lès Dax, en las Landas. Fue la primera de una serie de detenciones que se llevaron a cabo rápidamente. Once horas después del arresto de Esparza, en una pequeña localidad situada al sur de Angulema, eran capturados Alberto López de la Calle, Mobutu, un veterano miembro de la banda terrorista que había pasado por todas las estructuras, y su pareja, Mercedes Chivite Berango. Ambos formaban la célula más activa en la adquisición de armas y explosivos en el mercado negro internacional identificada en los documentos internos como Ega-belate. Datos parciales de la contabilidad de esta pareja reflejan el gasto de más de 35.000 euros en compras de armas y otro material durante dos trimestres de 2002. Otros datos correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2001 y septiembre de 2003 revelaban que los dos etarras habían dispuesto de cien mil euros para compras. Cuarenta y ocho horas después de la captura del jefe del aparato logístico, la operación se amplió con el descubrimiento en la localidad de Saint Michel —un pequeño núcleo cercano a la frontera con Navarra— de la casa en la que ETA tenía instalada desde hacía cinco años una fábrica de armas y explosivos. En la casa fueron detenidos el etarra responsable de la instalación, un experto en explosivos, y un ciudadano francés propietario de la vivienda. La casa “Lakoa” escondía 1.860 Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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detonadores, 765 kilos de diferentes sustancias explosivas, 90 granadas anticarro, antipersonas, de mano y Jotake, 21 armas de fuego, un mortero artesanal, un lanzagranadas RPG-7, decenas de telemandos, temporizadores, etc. Unos días después del desmantelamiento de las instalaciones de Saint Michel, la operación contra la logística de ETA conseguía un nuevo éxito con el descubrimiento del taller de electrónica de la banda y la captura de la célula denominada los Dinos encargada de la gestión de esa infraestructura. La instalación funcionaba en una casa de la localidad de Châtellerault, localizada al norte de Poitiers. A ese lugar se habían trasladado el 1 de febrero anterior. El control que los investigadores de la Guardia Civil y de RG habían llevado sobre el aparato logístico de ETA queda de manifiesto en las imágenes que grabaron del jefe de esa estructura, Félix Esparza Luri, acudiendo con un coche a una pista forestal para tener una cita y realizar un traspaso de material de un coche a otro. La grabación está hecha a una distancia de cinco o seis metros. Las imágenes, cercanas y nítidas, permiten identificar al dirigente etarra con claridad. A finales del mes de abril se reúne la dirección de ETA para analizar las consecuencias de los golpes policiales sufridos que, entre otras cosas, han provocado el arresto de uno de los integrantes de la cúpula. Hacen balance de daños y llegan a la conclusión obvia de que “las caídas que ha habido dan a entender un seguimiento minucioso”8. “Se tiene que hacer una profunda reestructuración como consecuencia de las últimas caídas”, constata la ejecutiva de ETA que, en junio, vuelve a reunirse para estudiar de nuevo, ahora con un poco más de perspectiva, el alcance de las operaciones policiales y tomar medidas como “reforzar y reorganizar los departamentos y la estructura”. “Debido a las caídas no se han superado del todo los problemas que ha habido en las comunicaciones internas de las estructuras de la Organización. Además, la información política ha caído en manos del enemigo”, indican. Entre las varias decisiones que toman para reforzar la seguridad está el acuerdo de suspender las visitas de familiares y amigos a los miembros de ETA que viven en clandestinidad o la modificación de los sistemas de citas internas. Un control de carreteras de la Gendarmería sirvió para ampliar la presión sobre el aparato logístico. El 14 de julio, en el departamento de Charente Maritime, una pareja que viajaba con un niño se saltó el control policial y se dio a la fuga. Los agentes salieron en persecución de los fugitivos hasta rodearlos en un bosque de la comuna de Saint Romain de Benet, donde se entregaron. Eran dos miembros de una célula denominada Zitzoiak que se dedicaba también a la compra de material electrónico. Los dos habían estado residiendo durante varios años en México an Documento tipo acta firmado por Comité de Dirección y fechado en junio de 2014, intervenido por la policía francesa.

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tes de regresar a Francia para incorporarse a las actividades del aparato logístico. Esa misma circunstancia se había producido en el caso del jefe de la estructura, Esparza Luri, de Gárate Galarza y de José Ceberio, encargado de la fábrica de explosivos de Saint Michel. Es decir, una parte importante de la responsabilidad del funcionamiento de la logística de la banda entre 2001 y 2004 había recaído en los hombros de un grupo de etarras que habían regresado de México. En el juicio celebrado contra los dos componentes de Zitzoiak en el año 2009, un capitán de la Subdirección Antiterrorista de París ofreció algunos datos sobre la actividad del aparato logístico. En 2002, esa estructura de ETA tenía un presupuesto mensual de 48.000 euros. Tras las detenciones de los dos años siguientes, el presupuesto se había reducido a 19.000 euros al mes9. “Esa disminución, relativamente importante, se puede explicar por las numerosas detenciones practicadas en 2003 y 2004 que redujeron en un tercio los efectivos —explicó el oficial de la SDAT—. De los 61 miembros adscritos a la logística en noviembre de 2002, 19 fueron arrestados y otros 20 identificados”. La última, pero no menos importante, operación contra la logística de ETA en 2004 fue la denominada Santuario, que tuvo lugar el 3 de octubre. Fue también el resultado de las investigaciones realizadas por RG y la Guardia Civil. La redada se realizó en siete localidades diferentes, una de ellas Salies de Béarn, donde se capturó al máximo dirigente de ETA, Mikel Antza, y a su pareja, Marisol Iparragirre, Anboto, responsable de las finanzas de la banda. Los dos dirigentes etarras vivían en una casa de Salies de Béarn desde mediados de 1999. En el año 2000, una pista surgida de las investigaciones sobre Iñaki de Rentería había llevado a aquella casa, pero no se había detectado nada sospechoso en un primer momento. El dato, sin embargo, quedó en la cartera de los investigadores y fue reactivado unos años más tarde con el resultado sorprendente de que en la vivienda se ocultaban los jefes de los aparatos político y financiero de la banda. La redada sacó a la luz cinco zulos ubicados en diferentes localidades en los que había una gran cantidad de armamento, además del archivo histórico de la organización terrorista. Este último estaba en un zulo denominado “Txori” (pájaro) o “Txoriak” (pájaros) construido bajo la casa que una pareja de colaboradores de la banda tenía en la localidad de Saint Pierre d’Irube. Era una instalación en funcionamiento desde 1997 y en la que se almacenaba el que la propia banda terrorista consideraba su archivo histórico. En Briscous, bajo la casa de otro matrimonio de nacionalidad francesa, se encontró un misil Igla de origen ruso. Un segundo misil del mismo modelo se localizó en otro zulo construido bajo una casa de Urrugne. Eran dos de los misiles que habían llegado a manos de ETA, gracias al IRA, en el año 1998. No funcionaban El Correo, 9 de diciembre de 2009.

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porque habían sido saboteados en su origen. En la casa de Saint Michel descubierta en abril había un análisis del considerado “ingeniero” de ETA, alias Ioritz, explicando el fallo que tenían las armas en el mecanismo de disparo. El balance del material recuperado en esa redada ascendió a 1.290 kilos de explosivo, 458 armas de fuego, entre subfusiles, fusiles y pistolas, 277 granadas, 30 morteros Jotake, un lanzagranadas, 100.000 cartuchos de munición, más de diez mil detonadores y otros diez mil metros de cordón detonante. Aparte, claro, de los dos misiles, y casi 30.000 euros y 48.640 dólares en efectivo. Se descubrió también una casa en la localidad de Domezain Berraute donde, durante los últimos cinco años, se habían celebrado regularmente las reuniones de la dirección de ETA. A partir de 2004, el aparato logístico de ETA no volvió a ser ni sombra de lo que había sido. La banda renunció a los grandes zulos ubicados en el País Vasco francés o las Landas y optó por diseminar sus armas y explosivos en pequeños escondites a lo largo del territorio francés. Aumentó la precariedad del aparato logístico con la consiguiente pérdida de operatividad para ganar en supuesta seguridad. El 29 de noviembre de 2006, una investigación de la Policía Nacional española con la Policía Judicial gala condujo al arresto del nuevo jefe de la logística, Zigor Garro, y de otros cinco miembros de esta estructura. Menos de un año más tarde, el 26 de julio de 2007, era capturado el sustituto de Garro, Juan Cruz Maiza Artola, mientras que en varias operaciones realizadas ese mismo año se procedió al arresto de casi una decena de miembros de la logística etarra. Entre las operaciones de ese año destaca la localización de una instalación en Cahors donde se fabricaban coches bomba y otro tipo de artefactos para cometer atentados en España y donde se capturó a Luis Ignacio Iruretagoyena, considerado uno de los principales expertos en fabricación de explosivos, con una amplia experiencia que había adquirido tras pasar varios años con la guerrilla salvadoreña. Con una ETA ya muy debilitada, en agosto de 2009, una operación del Cuerpo Nacional de Policía con la Policía Judicial condujo al descubrimiento de una veintena de zulos ocultos en zonas de monte de varios departamentos franceses y a la incautación de más de 1.600 kilos de explosivo, poniendo de manifiesto que el plan de repartir los arsenales en pequeños escondites de buena parte del territorio galo tampoco era una buena solución. Varios miembros de ETA, además, fueron capturados cuando acudieron a algunos de esos zulos, lo que evidenciaba el estrecho control policial sobre esos escondites. La banda terrorista quemó entonces su último cartucho: trasladar a Portugal y España algunos de sus servicios logísticos que tradicionalmente habían estado ubicados en Francia. El resultado, sin embargo, se saldó con un fracaso. En enero de 2010, se descubrió en Portugal una fábrica de explosivos que ETA había instalado en la localidad de Óbidos y se intervinieron más de 1.400 kilos de ese material. 26

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En 2011, la Guardia Civil localizó en Guipúzcoa una infraestructura creada por ETA al mismo tiempo que la de Portugal también para fabricar explosivos. La operación se saldó con la incautación de casi dos mil kilos de explosivo y se completó con la captura en Francia de los dos etarras que en ese momento eran los jefes de la logística. Suponía el fin efectivo de esta infraestructura, aunque en años posteriores fueron detenidos algunos terroristas con funciones residuales, tales como falsificación de documentos o robos de coches, dentro de la logística.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia. Cantidades en kilos

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5. EL DECLIVE DEL APARATO MILITAR Cuando ETA estaba todavía en plena tregua de 1999, aunque preparando la ofensiva posterior, fue capturado en Francia, en operación de RG y la Guardia Civil, el jefe del aparato militar, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. La estructura quedó entonces en manos de su lugarteniente, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, convertido en nuevo jefe, que tenía como su mano derecha a un activo Juan Antonio Olarra Aguiriano, alias Jon y Otsagi. Txapote fue detenido el 22 de febrero de 2001 en Anglet, en una operación del CNP con la PJ, por lo que el aparato militar de la banda quedó bajo la jefatura de Olarra y de su adjunta, Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga. Los nuevos jefes vieron cómo a lo largo de 2001 la intensidad de la ofensiva terrorista iba perdiendo fuerza, aunque todavía los etarras tuvieron capacidad para cometer un buen número de atentados con sus correspondientes víctimas. El desgaste de la banda no obedecía sólo a la captura de un jefe tan significativo como Txapote, responsable entre otros asesinatos del de Miguel Ángel Blanco, sino a una ofensiva policial particularmente eficaz contra los comandos que operaban en España. En el año 2000 fueron desarticuladas diez células, seis de ellas comandos “liberados” y cuatro “legales”. En 2001 los datos de las operaciones policiales fueron todavía mejores y, en paralelo, la actividad terrorista fue inferior. Fueron desmantelados un total de 17 comandos etarras. ETA echó el resto en esos dos años en los que cometió 129 atentados que dejaron un balance 38 víctimas mortales, pero el coste para la organización terrorista fue muy importante, tanto que su capacidad de actuación en la década siguiente no se acercó, ni por asomo, a la demostrada en sus dos años anteriores. Los etarras fueron conscientes enseguida del alto precio que habían pagado por esa ofensiva como lo evidencia una “cantada”, un escrito de autocrítica enviado desde la cárcel por un miembro del “comando Ekaitza”, al poco tiempo de ser detenido en el año 2002: “Soy consciente, que el [aparato] militar de la Organización, después de la tregua, ha apostado a por todas... teniendo un resultado que hace muchos años no se veía, un montonazo de ekintzas [atentados], en apenas los dos primeros años desde el fin de la tregua. Les hemos dado bien de caña, pero a nosotros y a este pueblo nuestro le ha salido caro todo”10. La situación de ETA a lo largo de 2002 no sólo no mejoró, sino que fue experimentando un paulatino deterioro. Los jefes del aparato militar, Olarra y Múgica, en el verano de ese año pasan a estar controlados en una operación conjunta de la Autocrítica localizada por la policía francesa en un piso de la localidad de Bergerac el 26 de noviembre de 2002. La vivienda había estado ocupada por Jon Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.

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Policía francesa y la Comisaría General de Información del CNP, que habían localizado la vivienda utilizada por los dos etarras en la localidad de Talence, cercana a Burdeos. El 2 de septiembre se produce la captura de los responsables del aparato militar y, con pistas obtenidas tras estos arrestos, pocos días después se detiene en la localidad de Bagnères de Luchon a los dos miembros del comando Argala, responsables del atentado con coche bomba que estalló en la casa cuartel de Torrevieja (Alicante) causando dos muertos. Este atentado, por cierto, fue el detonante que puso en marcha el proceso de ilegalización de HB. Los dos máximos jefes del aparato militar habían caído en una sola operación y, junto a ellos, los integrantes de una de las células más activas que tenía en ese momento la banda terrorista. Sin contar con la información y las líneas de trabajo que la policía obtuvo gracias al control de las entradas y salidas del piso de Talence y que en los meses sucesivos iban a proporcionar otros importantes resultados. El impacto de esta operación en las filas de ETA fue muy importante. La ejecutiva de la banda terrorista se reunió en el mes de noviembre para analizar la caída de Otsagi. “El objetivo principal de la reunión ha sido adoptar medidas que hagan frente a los golpes represivos acaecidos en la estructura de la Organización”, se indica en el acta correspondiente11. Los jefes etarras estudian las operaciones policiales de los últimos meses y deciden “analizar las consecuencias que pueden tener y el origen de todas esas caídas. Se tomarán medidas para canalizar los cambios necesarios en la estructura. Se llevará a cabo un nuevo diseño de las citas de seguridad propias de la Organización”. La dirección de ETA acuerda reforzar el aparato de seguridad y poner al frente de esa estructura a un veterano con mucha experiencia como Félix Ignacio Esparza Luri que, además, era el responsable de la logística. Para prevenir posibles infiltraciones procedentes de la kale borroka decide no integrar en las filas de ETA a los fugitivos que se escondan en Francia para eludir su arresto por su implicación en actividades de violencia callejera. La cúpula etarra valora cuál es la situación del aparato militar en ese momento y, sucintamente, lo refleja con pocas pero contundentes palabras: “provisionalidad, falta de seguridad, desconocimiento a un cierto nivel”. Para reforzarlo acuerda trasladar a varios militantes a la estructura del citado aparato. A pesar del esfuerzo realizado para reforzar la seguridad, no parece que la banda fuera capaz de determinar dónde estaba el fallo que permitía a la policía dar aquellos golpes. La reunión de la dirección de ETA en noviembre de 2002 es aprovechada por los jefes de la banda para hacer un análisis de situación de las diversas estructuras y efectuar lo que bautizan, apropiadamente, como “recuento de personal”. Según Acta de la reunión de la ejecutiva de ETA intervenida por la policía francesa el 21 de enero de 2003 en una vivienda de la localidad de Estialescq.

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los datos que aparecen en el acta de esa reunión, ETA tenía en aquel momento 1.031 miembros, de ellos 514 estaban encarcelados y otros 517 se encontraban en libertad. El aparato militar, con 271 efectivos, concentraba más de la mitad de los militantes en activo. A mucha distancia le seguían el logístico, con 61 miembros, el político, con 49, el encargado del control de los presos, con otros 47 militantes, el aparato relaciones internacionales, con 38, extorsión, 24, acogida de huidos, con 21, propaganda, con seis12. La suma de los miembros de ETA que estaban en activo a finales de 2002 era todavía muy importante y los recursos económicos y materiales con que contaba la banda estaban a la altura de esa situación. Potencialmente tenía por tanto capacidad para desarrollar una actividad terrorista intensa, pero a la hora de la verdad no conseguía materializar ese nivel de violencia por la presión policial sobre las estructuras de dirección y encuadramiento, por un lado, y por la generalización de medidas de seguridad activas y pasivas (extensión de los servicios de escolta a los objetivos, dotación de vehículos blindados, uso de inhibidores de frecuencias, etc.) adoptadas por los responsables de la seguridad pública. Además de los golpes contra la cúpula del aparato militar, esta estructura sufrió un deterioro por la abundancia de operaciones contra sus comandos, por tercer año consecutivo. Una veintena de células operativas fueron desmanteladas, siete de ellas grupos “liberados”. El trienio 2000-2002 se cerró para ETA con la pérdida de casi 50 comandos, 459 detenidos y con graves pérdidas entre los dirigentes y cuadros. Esos datos marcaron la diferencia entre estar a la ofensiva, llevando la iniciativa y protagonizando una dura campaña de atentados, y encontrarse a la defensiva. La captura de Olarra y Múgica no fue, sin embargo, el último golpe que se iba a llevar la dirección etarra ese año. El 19 de diciembre, en una operación del CNP con la PJ francesa, fue arrestado Ibón Fernández Iradi, Susper, y gracias a los datos que le fueron incautados se capturó ese mismo día a otros ocho miembros de ETA. Además, en la vivienda que ocupaba el dirigente de la banda se descubrió una lista de nombres codificados de supuestos miembros y colaboradores de la banda terrorista. Era la cantera de ETA ya que la mayoría habían sido captados, pero estaban a la espera de que se les asignaran misiones concretas. Cuando Susper informa a sus compañeros de dirección del material incautado por la policía en tres ocasiones menciona que estaba en clave: “Carpetas de captación (todos los nombres que había estaban en clave)”13. Sí, estaban en clave, pero la clave fue desencriptada por la Documento intervenido en soporte informático el 19 de diciembre de 2002 en la localidad de Tarbes a raíz del arresto de Ibón Fernández Iradi, Susper. 13 “Cantada” (documento de autocrítica) de Susper explicando las circunstancias de su arresto y los efectos intervenidos por la policía. Incautada el 21 de enero de 2003 en la localidad de Estialescq. 12

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policía española. En los años siguientes, un total de 176 sospechosos cuyos nombres aparecían en las listas de Susper fueron detenidos. En septiembre de 2009, un total de 58 personas que figuraban en los “papeles de Susper” habían sido condenados ya por los tribunales y una cifra idéntica estaba en esa fecha pendiente de juicio. El resto había quedado en libertad. Para encontrar una operación policial de este calibre basada en documentación intervenida habría que retroceder hasta las redadas registradas en 1987, a raíz de la captura de Santi Potros en Francia y el descubrimiento poco después de los ficheros del aparato político en un chalet que ocupaba Josu Ternera. Susper logró fugarse de la comisaría, pero un año más tarde, el 4 de diciembre de 2003, fue capturado de nuevo. Apenas cinco días después se produjo el arresto en Lons de otros cuatro etarras responsables de la dirección de los comandos de la banda y de su adiestramiento. La cabeza del aparato militar volvía a quedar desmantelada. Aunque hasta 2008 no volvió a ser capturado el máximo responsable del aparato militar, en los años que van desde 2004 hasta el arresto de Txeroki la estructura que articula a las células operativas de ETA sufrió una erosión constante debido, no sólo al desmantelamiento de comandos en España, sido a las detenciones de lugartenientes del máximo responsable, como el caso de Joseba Segurola (2005), José Antonio Aranibar y Oihán Barandalla, ambos en 2007, y otros cuadros medios arrestados en territorio francés. El 17 de noviembre de 2008, en una operación de los servicios de información franceses y la Guardia Civil, con la colaboración del CNI, cayó en manos de la Policía Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y apenas tres semanas más tarde, el 8 de diciembre, fue arrestado su sucesor, Aitzol Iriondo. Con estas detenciones se abrió un proceso acelerado de caídas de los máximos responsables del aparato militar: en abril de 2009 se produjo la captura de Jurdan Martitegi, en febrero de 2010 la de Ibon Gojeaskoetxea y en mayo de ese mismo año la de Mikel Carrera, Ata. La provisionalidad del liderazgo se dejaba notar en la pérdida de capacidad terrorista de la banda. Un examen de los datos relativos a la desarticulación de células armadas en España desde 2005 hasta 2011 muestra que en ese tiempo fueron desmantelados, bien por detención o porque sus miembros se habían visto obligados a huir, un total de 24 comandos. Al igual que ocurre en el periodo anterior, entre 2000 y 2004, buena parte de los grupos caen en manos de las fuerzas de seguridad antes entrar en acción. Así, trece de los 24 comandos (el 54%) fueron desmantelados antes de haber podido cometer su primer atentado, mientras que los once restantes (46%) cayeron después de haber perpetrado una o varias acciones terroristas. Eso demuestra que ETA seguía sin corregir una de las principales insuficiencias que era la de Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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conseguir un número importante de grupos experimentados operando durante un tiempo. El periodo medio de duración de los comandos que actuaron en esta etapa fue de veintiún meses desde su constitución hasta su captura. Sin embargo, hay que señalar la presencia de un grupo singular, el comando Elurra, responsable, entre otros, del atentado contra el aparcamiento de la T-4 en Barajas, el 30 de diciembre de 2006. Su singularidad reside en la larga duración que tuvo esta célula, nada menos que 68 meses, desde que comenzó a operar como grupo de reparto de material hasta que fue desmantelada. Si se excluyera del cómputo al comando Elurra, la vida media del resto de las células se reduciría a doce meses. Las actas de las reuniones de la dirección de ETA reflejan la adopción de continuas medidas de seguridad para hacer frente a la situación. En la de junio de 2004, por ejemplo, anuncian la puesta en marcha de “una profunda reestructuración como consecuencia de las últimas caídas”. No es la única medida: “El Comité de Dirección ha decidido suspender las visitas con los familiares y los amigos, debido a las medidas de seguridad. Se examinarán las excepciones”, indica el documento. En el acta de la reunión del mes de julio del mismo año se vuelve a reiterar la cancelación de las visitas a los miembros de ETA instalados en Francia.

6. GOLPES AL APARATO POLÍTICO La falta de dirigentes de referencia se dejó notar en ETA a raíz de la captura del jefe del aparato político, Mikel Antza, el 3 de octubre de 2004, con el que se pone fin a una larga etapa en la cúpula de la banda. El arresto de Mikel Antza y de Soledad Iparragirre, responsable de la extorsión, descabezaba el aparato político. Ninguno de los sucesores al frente de esa estructura alcanzó la influencia ni la autoridad de Antza. No sólo eso: el aparato político se convirtió en fuente de conflictos internos en los años posteriores a su captura. El arresto de Antza y su compañera, resultado de una investigación desarrollada por la Guardia Civil junto con los servicios de información franceses (DGSI), dejó fuera de juego al jefe político de ETA y a la responsable del dinero de la banda y proporcionó un importante volumen de información a las fuerzas de seguridad. Pero antes de esa operación tanto el aparato político como las estructuras encargadas de la extorsión en el seno de ETA y las de recogida de información habían sufrido diversos golpes tras la ruptura de la tregua en el año 2000 que habían ido provocando el desgaste de estas ramas de la banda. Uno de los primeros golpes contra esa estructura tuvo lugar el 6 de octubre del año 2001 con la captura de Vicente Goicoechea Barandiarán, Willy, en la localidad francesa de Bourréac. Willy, según reveló la fiscalía francesa durante el juicio cele32

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brado un par de años más tarde, era la “mano derecha” de Mikel Antza y formaba parte de la dirección de ETA14. Una segunda estructura del aparato político, la encargada de la extorsión, sufrió un golpe importante el 10 de enero de 2003 en la localidad de Dax (las Landas), donde fueron capturados tres miembros de ETA que fueron interceptados por la policía francesa cuando viajaban en un vehículo y transportaban 72.000 euros recién cobrados a un empresario vizcaíno con el que acababan de mantener una cita. Los tres detenidos fueron condenados por los tribunales de París a sendas penas de 15 años de cárcel. El aparato de extorsión de ETA, conocido en el argot interno como Gezi (acrónimo en euskera de la expresión “viva el impuesto revolucionario”), sufrió otro golpe tres meses después de la captura de los tres miembros de la banda que habían recogido el dinero del empresario vizcaíno extorsionado. Ocurrió el 4 de abril de 2003 en la localidad de Talence, próxima a Burdeos, donde la policía municipal capturó por una infracción de tráfico a Aitor Kortazar. Otros dos etarras que le acompañaban lograron darse a la fuga. Secuestraron a un conductor y le obligaron a llevarlos hasta Bayona. A Kortazar se le incautó numerosa documentación sobre las actividades de extorsión. ETA, al hacer balance de su captura, señaló que en el material informático que le había sido ocupado al detenido había “información muy importante sobre el aparato” de extorsión. Entre esa información se intervino una carta enviada a la patronal guipuzcoana, Adegi, en octubre de 2002, en la que se les instaba a pagar la extorsión. Otro documento intervenido en Tarbes ese mismo año revelaba que se habían solicitado 200 millones a Adegi, pero que estaban dispuestos a aceptar el pago de 150. Expertos de la policía francesa aseguraron durante el juicio contra Kortazar que en 2001 ETA había enviado 144 cartas de extorsión, mientras que en sólo tres meses de 2003 el número de misivas enviadas ascendió a 256. También señalaron que en 2001 el presupuesto de ETA era de 1,7 millones de euros, en 2002 fue de 1,6 millones y en nueve meses de 2004 fue de 1,04 millones. El azar facilitó a la policía francesa la incautación en diciembre de 2003 de una importante documentación sobre las actividades de la red de extorsión. Una patrulla de la Gendarmería sorprendió en una pista forestal de la localidad de Taller, en las Landas, a cuatro individuos que ocupaban dos automóviles. Cuando los agentes se acercaron para identificar a los sospechosos, estos se dieron a la fuga, aunque abandonaron uno de los coches. En ese vehículo se encontraron más de un centenar de cartas de extorsión que iban a ser enviadas a empresarios del País Vasco, Navarra y Zaragoza con cantidades que oscilaban entre 18.000 euros, la más baja, y 200.000, las más altas. Diario Vasco, 20 de junio de 2003.

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Las huellas encontradas permitieron identificar a los cuatro etarras como Zigor Merodio, Iñaki Arietaleaniz, Ainhoa Ozaeta y Ekaitz Sirvent, todos ellos integrantes del aparato de extorsión en aquel momento y posteriormente condenados. Los primeros meses de 2003 fueron un tiempo de actividad policial intensa que se tradujeron en sacudidas en casi todas las estructuras de ETA en territorio francés. En el mes de mayo cayó en manos de la policía el grueso del equipo que se encargaba de la recogida de información y de su informatización de manera sistemática. Ainhoa García Montero, antigua miembro del “comando Buruntza”, era la jefa de esta estructura. Con ella fueron capturados el 9 de mayo otros tres miembros de ETA. Constituían el núcleo dirigente del aparato que se había llamado “mattinsalto” (saltamontes) y que luego había sido rebautizado como “pianistas”, un aparato que recopilaba toda la información que recogían sobre el terreno diversos colaboradores legales, la centralizaba, la procesaba informáticamente y luego la facilitaba a las otras estructuras de ETA, unas veces para que la utilizaran en la extorsión y otras para que realizaran atentados. El archivo central de datos se conocía en ETA como el Data Gune Zentral (DGZ) y a él recurrían los otros aparatos cuando necesitaban información. Ese archivo contenía información sobre miles de ciudadanos españoles, muchos de los cuales fueron informados por el Ministerio del Interior de los datos que la banda tenía sobre ellos. El aparato político volvería a ser descabezado el 20 de mayo de 2008 como resultado de una investigación de la Guardia Civil y la DGSI. Los agentes franceses capturaron en una vivienda de Burdeos al jefe de esa estructura, Francisco Javier López Peña, alias Thierry y Zulos, junto con el resto del núcleo dirigente del aparato, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola. Un año más tarde, el nuevo jefe del aparato, Aitor Elizaran, fue arrestado en Francia prolongando la situación de interinidad de esa estructura y de falta de un liderazgo consolidado al frente de ETA que tuvo otras consecuencias políticas de las que se hablará más adelante.

7. CRISIS INTERNAS Aunque ETA tarda una década en sacar las consecuencias prácticas de su derrota y en tomar la decisión de abandonar una actividad terrorista que no podía desarrollar de forma mínimamente eficaz, lo cierto es que en el seno de la banda la impotencia provocó varias crisis a lo largo de ese decenio. Los miembros de ETA se daban cuenta de la incapacidad de la organización para desarrollar un mínimo nivel de violencia que condicionara al Estado. Algunos de ellos promovieron protestas internas que fueron acalladas por procedimientos disciplinarios. La mayoría 34

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protestaba porque querían que ETA saliera de la crisis y cometiera más atentados, no porque quisieran abandonar las armas15. La primera manifestación de la insatisfacción de las bases de ETA se produjo en el otoño de 2001, cuando comenzaban a percibirse los límites de la capacidad de la banda. Cinco componentes del subaparato conocido como Nasa-Eroski, el encargado de comprar armas y explosivos en el mercado negro, firmaron un escrito conjunto enviado a los jefes de ETA reclamando más debate interno de los militantes en el seno de la banda y la celebración de una asamblea para debatir tanto “las líneas políticas como sobre funcionamiento interno también”. “Si el enemigo y la situación son duros, nosotros lo somos más aún”, afirmaban. A mediados de 2003 se produjo otro conflicto interno mucho más grave, bautizado en los papeles de ETA como la “crisis ESA” (ESA eran las siglas de Ekintza Saila —Departamento de Acción—, nombre dado en esas fechas al tradicional aparato militar). Seis cuadros medios de esa estructura encabezados por Txeroki y Carrera Sarobe elaboraron sendos escritos en los que expresaban su insatisfacción por la situación de ETA y su falta de resultados. Carrera Sarobe se mostró —como haría en la crisis de 2008— como el más vehemente y duro de todos ellos. Aseguraba en su escrito que “la planificación de las ekintzas (atentados) se hace a la ligera”, al tiempo que lanzaba críticas contra el jefe del aparato político, Mikel Antza. La dirección de la banda aplicó medidas disciplinarias para romper el grupo y sofocar la crisis provocada por la falta de capacidad del grupo terrorista16. El siguiente foco de conflicto apareció en agosto de 2004 y lo protagonizaron desde la cárcel Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y otros cinco presos. Reconocían la práctica derrota de la organización terrorista y consideraban que ETA no iba a volver a estar en condiciones de hacer frente al Estado, por lo que llegaban a pedir el abandono de las armas. Afirmaban que no se podía practicar la “lucha armada” a base de comunicados y resumían la situación de ETA indicando que “nunca en la historia de la organización nos hemos encontrado tan mal”. Incluso, la dirección de ETA no tenía más remedio que reconocer que existía “una preocupación generalizada entre los militantes debido a la falta de ekintzas [atentados]”, tal y como se recoge en el acta de la comisión ejecutiva celebrada en junio de 2004. La crisis más importante de la década tiene lugar entre 2007 y 2008 y enfrenta a los aparatos militar y logístico, por un lado, con el político por otro. Es un con Sobre las crisis de ETA entre 2001 y 2008 véase Florencio Domínguez. La agonía de ETA. La Esfera de los Libros. Madrid. 2012. Pág. 93 a 126 y 235 a 270. 16 Documento titulado Crisis ESA. Procedimiento-decisión. Intervenido en 2004 a Mikel Antza. 15

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flicto que, en principio, se suscita como una lucha por el poder entre dos facciones de ETA —una encabezada por Txeroki y Ata y la otra por Thierry y el resto de miembros de la estructura política—, pero en el que están latentes los graves problemas de organización interna que arrastra la banda y que la paraliza, tal y como reconoce Mikel Carrera, uno de los dirigentes implicados en la contienda: “No es ningún secreto la falta de cohesión existente en la dirección, la incapacidad para elaborar líneas comunes. Llevamos una temporada de año y medio con el bloqueo para arriba, el bloqueo para abajo, y antes otro tanto o más”17. En la lucha por el control de ETA las partes se intercambian acusaciones en las que se ponen de manifiesto las graves deficiencias que se dan en el funcionamiento ordinario de la banda: “La Organización últimamente adolece de una dirección efectiva. Nos encontramos en una situación de colapso total”18. La crisis se cerró en el mes de mayo de 2008 gracias a que la operación policial en la que se capturó a Thierry y sus compañeros quitó de la pugna a una de las partes y dejó la organización en manos de la facción que lideraban Txeroki y Ata. El último conflicto interno se había producido poco después de la ruptura de la tregua que ETA había mantenido en 2006. La banda había volado el alto el fuego por los aires con el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de ese mismo año, que causó dos víctimas mortales. La tregua, bajo la que se habían desarrollado las conversaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, se rompió y la banda volvió a reanudar la actividad terrorista. A diferencia de lo que había ocurrido en 1999, ETA no fue capaz de articular una gran ofensiva mientras que las Fuerzas de Seguridad sí que supieron atajar los intentos de la banda de echar un pulso al Estado después de la ruptura de la tregua. Funcionó el plan B del Estado para acosar a ETA y a su entorno hasta hacerles asumir la inviabilidad de la continuidad del terrorismo. La propia ETA tuvo que reconocer el fracaso de sus planes para conseguir más impacto con los atentados tras la tregua: “En la situación de enfrentamiento que se abrió con la ruptura del proceso de negociación, no se hizo una previsión real de la ofensiva que llevaría adelante el enemigo, no se acertó en la medición de las fuerzas”19. Documento titulado Es hora de hablar claro, elaborado por Mikel Carrera Sarobe, Ata, fechado el 27 de enero de 2008. 18 Carta elaborada en marzo de 2008 por todos los miembros de los aparatos militar y logístico contra los responsables del político en la que les comunican a estos últimos su expulsión de ETA. 19 Documento titulado Informe de conclusiones de la Asamblea de ETA 2008, localizado entre el material informático intervenido a los miembros del aparato político detenidos en Burdeos el 20 de mayo de 2008. 17

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Los documentos de ETA revelan que quienes han llevado la iniciativa no han sido precisamente ellos (“ha habido un desequilibrio entre los ataques represivos del enemigo (algunos de grandes dimensiones políticas) y la respuesta armada”), lo que les había impedido “llevar a cabo una gran acción cualitativa”. “En el sentido cuantitativo, tampoco hemos tenido capacidad para mantener en todo momento una permanente vía armada, puesto que hemos tenido grandes desórdenes respecto a la intensidad de la actividad armada”, afirman20. A la altura de 2007 la convicción de que ETA no estaba en condiciones de crear graves problemas al Estado ni de tener una mínima incidencia política empezaba a dejarse sentir en las filas de la banda terrorista. Eso se percibe en algunas de las enmiendas presentadas al debate abierto por la banda en 2007. El autor de un documento bautizado como Enmienda General número 2 señala que en las condiciones actuales “la lucha armada actual no tendrá la capacidad para acumular la fuerza necesaria”21. Otro etarra, autor de la Enmienda General número 5, considera no sólo que “la actividad de ETA se ha convertido en perjudicial para la consecución de los objetivos estratégicos”, sino que “la represión de los Estados nos ha superado”. Añade que, por un lado, “la cantidad y calidad de nuestras ekintzas [atentados] es penosa (desde hace unos años). Y por otra parte la represión de los Estados nos vence”. “La posición del enemigo es cada vez más fuerte”, señala el autor de la Enmienda General número 6, mientras que el responsable de la enmienda número 7 constata que “tenemos claro que hoy en día ETA no es un problema para el enemigo, no hay más que ver cómo caen los miembros y cuál es el camino de la organización (acciones armadas) en los últimos años”. A su vez, la enmienda número nueve concluía asegurando que “la lucha armada que está practicando la Organización no tiene capacidad para hacer ceder a esos dos Estados. Por otra parte, tampoco parece que tenga capacidad para hacer frenar el declive de estos últimos años”. “No es posible de modo alguno que haya Organización con las detenciones de los pikolos [Guardia Civil] que soportamos —escribe un etarra, autor de la enmienda 25—. Ni Organización ni mucho menos proceso”. Otros muchos escritos de esa misma época realizaban análisis similares, pero a pesar de la aparición de esas voces en el seno de ETA, la banda ratificó en ese momento la continuidad del terrorismo y necesitó todavía cuatro años más para asumir su incapacidad y poner fin a su historia terrorista. Documento titulado Evolución del proceso de liberación y situación política. Lectura dinámica de la evolución histórica del proceso de liberación, incautado en abril de 2009 a Ekaitz Sirvent, miembro del “aparato político” de ETA. 21 Esta enmienda y las siguientes aparecen en el documento titulado Asamblea de ETA, de 2008. Reúne las ponencias y los textos presentados por miembros de ETA para la segunda parte del debate interno abierto en 2007. 20

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8. LA ILEGALIZACIÓN DE HB Otro factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de describir las circunstancias de la derrota de ETA fue la ilegalización de HB, de Batasuna y de las sucesivas siglas que fue utilizando el entorno político del grupo terrorista para tener presencia en la vida pública dentro de la legalidad. El consenso alcanzado entre los dos grandes partidos nacionales a raíz del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo del año 2000 hizo posible que en 2002 se aprobara la Ley de Partidos, que condujo a la ilegalización de HB al año siguiente a causa de sus connivencias con la organización terrorista. Al mismo tiempo quedaron fuera de la ley las otras siglas instrumentales que había creado la izquierda abertzale (Batasuna, Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak). En los años siguientes se aplicaría la misma medida a diferentes nombres a los que recurrió la izquierda abertzale para sortear la ilegalización. La ilegalización venía a complementar una estrategia antiterrorista que se había puesto en marcha en 1998 con el inicio de la persecución legal de las siglas políticas afines a ETA, que hasta entonces operaban en connivencia o a las órdenes de la banda terrorista. Estas actuaciones contribuyeron a limitar las posibilidades de actuación política del entorno de ETA. Las principales operaciones policiales realizadas en este terreno desde la puesta en marcha de esta estrategia en 1998 hasta el abandono del terrorismo por parte de ETA fueron las siguientes: Año 1998 • Trama de finanzas. El 25 de mayo, el Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo la detención de una decena de personas y el registro de las sedes de varias empresas en las que se intervino una voluminosa documentación para investigar la vinculación financiera con ETA y KAS. • Cierre de Egin. En una segunda parte de la operación contra la trama de finanzas, el Cuerpo Nacional de Policía procedió a la entrada y registro del diario Egin, que fue cerrado por orden del juez Baltasar Garzón. Una quincena de antiguos administradores y responsables del periódico fueron detenidos o comparecieron ante el juez. Año 1999 • Estructura de relaciones internacionales. La detención por parte de la Guardia Civil del dirigente de HB Mikel Egibar Mitxelena, el 9 de marzo, dio lugar a otros arrestos de varias personas acusadas de estar encuadradas en esta estructura de ETA. En el marco de esta operación se llevó a cabo un registro en la sede de HB de San Sebastián. 38

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Año 2000 • Aparato internacional. El 29 de enero fueron detenidas once personas acusadas de integrar el “aparato de relaciones internacionales” de ETA. • Ekin. El 13 de septiembre fueron detenidas veinte personas del grupo Ekin acusadas de formar la estructura política de ETA en España. • Piztu. El 5 de octubre fueron detenidas diez personas acusadas de formar parte del denominado proyecto Piztu (encender) encaminado a extender la desobediencia civil siguiendo consignas de ETA. Año 2001 • Haika. El 6 de marzo de 2001 se produjo la detención de quince dirigentes del grupo juvenil acusados de formar parte de ETA. La cifra de acusados se incrementó en los meses siguientes hasta superar la treintena. • Gestoras pro Amnistía. Operación realizada el 31 de octubre con la detención de trece dirigentes de la organización acusados de integración en banda armada. Tanto Haika como las Gestoras fueron declaradas ilegales por el juez Garzón. Año 2002 • Segi. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el 8 de marzo a una docena de miembros de la organización juvenil que había sustituido a Jarrai. • Finanzas de Batasuna. En el mes de abril, agentes del CNP detuvieron a una quincena de personas acusadas de formar parte de la estructura de finanzas de Batasuna. Algunos de los acusados estaban relacionados con la administración de las herriko tabernas, por lo que se instruyó un sumario específico sobre estos locales, el 35/2002, que concluyó en 2015 con el decomiso de más de un centenar de herriko tabernas y la condena de cerca de cuarenta acusados. • Suspensión de actividades de Batasuna. Fue dictada por el juez Baltasar Garzón en el mes de agosto, mientras, en paralelo, el Gobierno ponía en marcha el procedimiento contemplado en la Ley de Partidos para ilegalizar a este grupo. Año 2003 • Askatasuna. Cuatro personas acusadas de ser directivos de la organización de apoyo a los presos fueron detenidas y encarceladas en mayo de 2003. Año 2007 • Dirigentes de Batasuna. Agentes del CNP capturaron el 4 de octubre a 21 dirigentes de Batasuna, la mayoría de los cuales fueron encarcelados por orden del juez Baltasar Garzón.

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Año 2008 • Miembros de Batasuna. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el 4 de febrero a dos dirigentes de Batasuna. Ambos ingresaron en prisión. El día 11 de febrero fueron arrestados un total de catorce dirigentes de Batasuna. Once de ellos ingresaron en prisión. Año 2009 • Batasuna. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el 23 de enero a ocho dirigentes de la izquierda abertzale acusados de continuar con las actividades de Batasuna. El 13 de octubre, en otra operación, el CNP detuvo a diez dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi. • Segi. El 29 de julio, la Guardia Civil realizó tres arrestos de sospechosos de participar en actividades de financiación de la organización ilegalizada Segi. En una segunda operación, desarrollada de forma conjunta por el CNP y la Guardia Civil, fueron arrestados 36 presuntos miembros de Segi que estaban reorganizando el grupo juvenil. Año 2010 • Halboka. El 14 de abril, la Guardia Civil arrestó a once personas acusadas de formar parte de la estructura de control de los presos. Entre los detenidos había tres abogados. • Ekin. La Guardia Civil arrestó el 14 de septiembre a nueve acusados de formar parte de Ekin. • Askapena. El CNP capturó el 28 de septiembre a siete dirigentes de la organización internacionalista Askapena. • Segi. El 22 de octubre el CNP detuvo a otros 14 miembros de Segi. El 16 de diciembre, en una operación continuadora de la anterior, se produjo el arresto de otros seis miembros de Segi y dos abogados de la izquierda abertzale. Año 2011 • Ekin. El 18 de enero, la Guardia Civil llevó a cabo la detención de seis presuntos miembros de este grupo y el CNP arresta a otros cuatro supuestos integrantes de Askatasuna y Ekin. La política de ilegalizaciones recibió su gran espaldarazo internacional en 2009 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la ilegalización decidida por los tribunales españoles. La decisión de la Corte de Estrasburgo supuso un mazazo para el entorno político de ETA, que confiaba en volver a la vida pública sin hacer ninguna rectificación, sin tener que distanciarse del terrorismo y en una situación similar a la del pasado, en la que habían podido 40

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jugar dentro de la legalidad mientras la banda terrorista desarrollaba su actividad criminal. La ilegalización de HB-Batasuna acabó provocando un conflicto de intereses, en especial a raíz del momento en que Estrasburgo confirmó la ilegalización, entre ETA y su brazo político. Los dirigentes del entorno político de ETA habían tenido desacuerdos con las actuaciones de la banda, pero se resignaron en silencio y acataron las decisiones de quienes controlaban las armas. Hasta que la corte europea no respaldó la ilegalización, quienes estaban al frente de Batasuna aceptaron con la resignación tradicional los dictados de la banda. Los dirigentes de la antigua Batasuna que aspiraban a volver a actuar en la legalidad fueron conscientes de que después de la sentencia del TEDH ya no podrían hacerlo a no ser que rompieran abiertamente con ETA y condenaran el terrorismo, lo que no entraba en sus previsiones, o la banda cesara en sus actividades. En el horizonte de ETA no estaba ni tolerar un desmarque de su brazo político ni mucho menos renunciar a las armas ya que en 2008 habían decidido continuar con la violencia. En la cúpula de lo que había sido Batasuna se afianzó entonces la idea de que la derrota de ETA era inevitable y de que la desaparición de la banda como consecuencia de la acción policial y judicial acabaría arrastrando a su brazo político, por lo que se hacía necesario tomar medidas ante esa situación. Hubo a partir de mediados de 2009 una sucesión de desencuentros en los que ETA no fue capaz de imponerse a su entorno político como había hecho en el pasado cada vez que alguien disentía de las líneas que marcaba la organización terrorista. La interinidad de los líderes de ETA que se ha mencionado hacía que su ascendencia política sobre los dirigentes de su entorno fuera mucho más limitada que en el pasado y, además, la banda no estaba en condiciones de realizar una actividad terrorista con la que acallar a su brazo político. Un factor que contribuyó a que se erosionara la autoridad de ETA ante los líderes de su entorno era la limitada cualificación política de muchos dirigentes de la banda, que en ocasiones no tenían a sus espaldas más trayectoria que la de haber quemado cajeros o autobuses y que, poco tiempo después de haber entrado en la organización terrorista, ocupaban puestos de responsabilidad a causa de las caídas de quienes ocupan los niveles superiores del escalafón. La debilidad de la dirección de ETA facilitó que los dirigentes de la antigua HB se atrevieran, por vez primera, a plantarle cara y a presionarle para que detuviera su actividad y de esa forma poder volver a la legalidad. La acción policial se convirtió en aliado estratégico de los dirigentes de Batasuna, reconvertida en Sortu. A medida que las actuaciones de las FSE capturaban a los dirigentes de ETA, mayor margen de actuación tenían los responsables de Sortu para independizarse de su tutela. Los focos más afines a ETA fueron neutralizados por las FSE haciendo inInforme del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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viable que la banda pudiera recuperar su control sobre el que había sido su brazo político. Así, en septiembre de 2010, la Guardia Civil, con la colaboración del CNI, desarticuló la dirección de Ekin que se había formado apenas un año antes. Una sucesión de operaciones desarrolladas entre 2010 y 2015 facilitaron que los dirigentes de Sortu aumentaran su control sobre los miembros de ETA encarcelados. Tras las operaciones contra la cúpula de la banda y Ekin, el último núcleo de poder de la organización terrorista quedó en lo que se conocía como “aparato de makos”, la estructura encargada de controlar a los presos. En abril de 2010 una operación contra esa estructura, denominada entonces Halboka, se saldó con once detenidos. Tres años más tarde, siguiendo la misma línea, se procedió a desmantelar la plataforma Herrira. La decapitación definitiva del “aparato de makos”, resultado también de la colaboración entre la Guardia Civil y el CNI, se consiguió con las operaciones Jaque, Mate y Pastor, desarrolladas entre 2014 y 2015, que neutralizaron la estructura de control de los presos y dejaron el camino libre para que Sortu pudiera ir marcando sus directrices a los miembros de ETA encarcelados. En enero de 2010, en mitad del debate que se estaba desarrollando en la izquierda abertzale, ETA planeó llevar a cabo un atentado espectacular que, de haberse consumado, hubiera cortocircuitado el proceso de discusión que tenía en marcha su entorno político. Se trataba, nada menos, que de hacer estallar un coche bomba en una de las torres Kio, de Madrid. El plan terrorista, previsto para el 14 de enero, se vino abajo el día 9 cuando una patrulla de la Guardia Civil interceptó en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago una furgoneta en la que dos etarras se dirigían a Portugal, donde iba a ser cargada de explosivos para ser posteriormente trasladada a Madrid. El vehículo tenía que convertirse en la bomba que iban a hacer estallar en las torres Kio. Este último fracaso llevó a ETA a declarar de forma secreta un “parón técnico” para concentrarse en su reorganización, un parón que se convertiría en definitivo —con la excepción del asesinato en Francia del policía Jean-Serge Nérin— por la incapacidad de la banda para recuperarse. La impotencia a la hora de desarrollar una mínima actividad terrorista se traducía también en una incapacidad para mantener el liderazgo sobre la antigua Batasuna y para imponer sus decisiones a unos dirigentes políticos cuya prioridad estaba en volver a la legalidad. Algunos miembros de ETA admitían para entonces que “con las condiciones existentes, la Organización sola no puede realizar una dirección política adecuada ya que no tiene un punto de vista general”22, según documentos aportados al debate abierto en 2007 en el seno de la banda. Informe de la Asamblea de ETA. 2008

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En el pasado ETA había tenido siempre la última palabra en las decisiones importantes que afectaban a la estrategia del conjunto de la izquierda abertzale y su liderazgo no había sido cuestionado por los dirigentes de su entorno político, que eran conscientes de la jerarquía y la asumían. Hasta mediados de 2011 la propia banda siguió atribuyéndose “la dirección de la estrategia político-militar”, tal como se escribía en los documentos del último debate interno, pero en el verano de ese año ETA renunció a la “dirección política” de la izquierda abertzale. Algunos meses después del inicio de la tregua, ETA envió una comunicación a sus militantes en la que reconocía que el ejercicio de la “dirección política” quedaba en manos de Batasuna ante la imposibilidad de que la desarrollara la propia ETA por culpa de la represión policial. La banda reconocía de manera oficial lo que ya era una realidad: que no tenía capacidad para marcar la línea que debía seguir su entorno político. El pulso iniciado en el verano de 2009 se cerraba formalmente así, dos años más tarde. El reconocimiento de ETA tenía una gran importancia simbólica pues siempre había sido “la vanguardia” dirigente del movimiento revolucionario vasco y ese papel había sido reconocido por su entorno que, de esa forma, admitía su supeditación a los designios de la banda. “La Organización [ETA] es el principal responsable del desarrollo de la estrategia político militar dentro del movimiento de liberación. Por tanto, históricamente le corresponde la dirección política y desarrollar la función de vanguardia”, había escrito Txeroki en 2008. Tres años más tarde esa idea era ya parte de un pasado que no iba a volver. ETA ya no tenía posibilidades de ser la “vanguardia” que había sido. A ETA, que había cesado su actividad externa en febrero de 2010 para dedicarse a reorganizarse y poder protegerse de los golpes policiales, sólo le quedaba anunciar el final oficial. La conferencia internacional celebrada en San Sebastián el 17 de octubre de 2011 fue la maniobra escenificada para endulzar el amargo final de la derrota de la banda terrorista. Tres días más tarde ETA anunciaba “el cese definitivo de su actividad armada”.

9. UNILATERALIDAD FORZADA ETA y su entorno trataron de presentar la renuncia al terrorismo de la banda como una decisión voluntaria y unilateral, obviando que había sido forzada por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y de Francia, así como por la actuación de la justicia. ETA no dejó la violencia porque hubiera evolucionado políticamente o porque hubiera negociado un acuerdo, sino porque la presión policial le había conducido a la incapacidad operativa y a la inoperancia política. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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Lo mismo ocurrió con el desarme y la situación de los presos, terrenos en los que ETA se movió y dio pasos calificados de unilaterales cuando fracasó en sus intentos de negociar con los gobiernos de España y Francia. La unilateralidad esgrimida fue, en realidad, una unilateralidad forzada por las instituciones democráticas, una decisión a la que la banda fue arrastrada en contra de su voluntad y de sus deseos originales. El fracaso de las pretensiones negociadoras y la presión policial fueron los factores determinantes en los cambios de posición de ETA. Tras el anuncio del final del terrorismo realizado por ETA el 20 de octubre de 2011, la banda envió a tres representantes —Josu Ternera, David Plá e Iratxe Sorzabal— a Oslo a la espera del inicio de una negociación con el Gobierno español, tal y como se contemplaba en la declaración de Aiete formulada por los participantes en la conferencia internacional celebrada en San Sebastián el 17 de octubre de 2011. Los meses pasaron sin que el Gobierno de Rajoy enviara a ningún delegado a sentarse con el trío de etarras. ETA comenzó entonces una escalada de presiones políticas dirigidas a los gobiernos de España y Francia. El 17 de mayo de 2012, ETA difundió un comunicado en el que anunciaba que había nombrado una delegación “para abordar el diálogo con los Gobiernos de España y Francia” en los términos establecidos en la declaración de Aiete y pedía a España y Francia que dieran respuesta a la citada declaración al tiempo que reclamaba a las instituciones europeas que apoyaran “el proceso abierto para dar una solución definitiva a este conflicto que perdura en el corazón de Europa”23. Entre los reiterados llamamientos en el mismo sentido, ese año se registraron dos pronunciamientos significativos: los dirigentes de ETA Mikel Albisu, Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto, aprovecharon un juicio que tenían ante un tribunal de París el 13 de noviembre para reclamar una negociación que debía tener como ejes el desarme, la “desmilitarización” y los presos. Hay que precisar que cuando ETA ha hablado de “desmilitarización” se refería siempre a la retirada de efectivos policiales y militares del País Vasco. Unos días más tarde, el 25 de noviembre, otro comunicado de ETA establecía la agenda que pretendía llevar a las negociaciones: Plazos y fórmulas para que regresen a casa todos los presos y exiliados políticos vascos. Plazos y fórmulas del desarme, la disolución de las estructuras armadas y desmovilización de los militantes de ETA. Pasos y plazos para la desmilitarización de Euskal Herria, adecuando al final de la confrontación armada las fuerzas armadas que están en Euskal Herria.

El documento dejaba clara la vinculación del desarme a un acuerdo que conllevara la excarcelación de los presos, la vuelta a casa de los terroristas huidos Gara, 17 de noviembre de 2012.

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y la retirada de efectivos policiales. La unilateralidad no aparece por ninguna parte. Los acontecimientos, sin embargo, hicieron inviables los planteamientos de ETA por la negativa del Gobierno español a sentarse en la mesa de negociación de Oslo. Esa situación terminó generando tensiones entre los etarras y los verificadores ya que los primeros se negaron, en enero de 2013, a flexibilizar sus posturas tal como les pedían los segundos. La rigidez de los tres representantes de la banda, que se negaban a que los verificadores intervinieran en la cuestión del desarme por ser un asunto a negociar con los gobiernos de España y Francia, provocó que el Gobierno de Noruega acabara expulsándolos del país el 18 de febrero del mismo año. Esa medida, considerada por ETA “un paso atrás”24, echó por tierra de manera definitiva el plan de Aiete al que la banda se aferraba. En el entorno de ETA percibieron de inmediato que se habían quedado sin estrategia. El abogado Iñigo Iruin25 constató que el Gobierno quería dejar claro que el diseño de la conferencia de Aiete no se pondría en marcha. El letrado y antiguo dirigente de HB reconocía, en referencia al modelo de Aiete, que “la vía técnica para trabajar las consecuencias de conflicto está colapsada, y el control del tiempo está en manos del Gobierno español”. Añadía que el Estado representaba un muro y “ese muro no lo puedes derribar colocándote frente a él y golpearle con todas tus reivindicaciones”. La conclusión a la que llegó era que se necesitaba una nueva estrategia “que tenga en cuenta las condiciones legales”. Presionada por todos los flancos, ETA trató, por un lado, de conseguir la implicación del Gobierno francés al margen del español, pero no tuvo éxito. Por otro, aceptó ampliar la función de los verificadores, cuya misión inicial sólo era acreditar que la banda mantenía el cese de la actividad terrorista, hacia el terreno del desarme, algo que había rechazado en el mes de febrero de 2013. Un año después de la crisis de Oslo, ETA aceptó atribuir a los verificadores funciones de control del sellado de los arsenales. La banda haría el sellado y entregaría los inventarios a los verificadores. “La Comisión Internacional de Verificación confirmará el proceso de sellado que llevará a cabo ETA, habiéndose fijado un método para ello —indicaba ETA en un comunicado26—. Se efectuará un inventario de las armas, explosivos y aparatos de los arsenales y éste quedará en manos de la Comisión Internacional de Verificación”. Justo un año después de la expulsión de Oslo, el 21 de febrero de 2014, ETA y los verificadores escenificaron el “sellado”, que no desarme, de un pequeño lote de armas en una operación que resultó contraproducente para sus intereses. Pre Comunicado de ETA fechado el 17 de marzo de 2013. Declaraciones efectuadas al diario Berria el 30 de junio de 2013. 26 Comunicado fechado el 24 de febrero, publicado en Gara el 2 de marzo de 2014. 24 25

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tendieron hacer un acto de propaganda y quedaron cuestionados tanto la banda terrorista como los propios verificadores por haber avalado un espectáculo en el que los etarras mostraban unas pocas armas que después se volvían a llevar. De fracaso en fracaso, en julio de 2014 fueron movilizados Jonathan Powell y Martin McGuinness en un intento de volver a organizar una nueva conferencia con personalidades internacionales para arropar el desarme de ETA, pero ante la falta de respaldo del PNV y del PSE, que se sumaba al rechazo del Gobierno central y del PP, desistieron de sus planes. ETA se quedó de nuevo sin ningún plan sólido por más que su entorno organizara numerosos actos para dar proyección internacional a la situación: los verificadores no volvieron a España después del episodio de febrero que les había llevado a declarar en la Audiencia Nacional, Powell y McGuinness se retiraron del escenario y Francia seguía haciendo oídos sordos a todos los reclamos lanzados desde las filas de ETA. La situación de la banda no mejoró en 2015. En sendas operaciones de la DGSI y la Guardia Civil fueron detenidos los presuntos responsables del control de los zulos, Ignacio Reta de Frutos y Xabier Goienetxea, y los máximos responsables de ETA, Iratxe Sorzabal y David Plá. Además, se interceptó un importante arsenal que había sido trasladado a una casona de Biarritz con el que, al parecer, intentaban hacer un acto propagandístico. Un año más tarde, el 16 de diciembre de 2016, los mismos cuerpos de seguridad frustraron otro acto propagandístico de ETA en el que varios ciudadanos franceses iban a hacer una neutralización de un lote de armas que suponía impedir que pudieran ser analizadas para determinar si habían sido utilizadas en actos terroristas. Sólo después de que la actuación policial fuera cerrando todas las puertas que ETA trataba de abrir, la banda se resignó a hacer entrega de su armamento a las autoridades francesas, algo que habían rechazado con anterioridad. El desarme, materializado el 8 de abril de 2017, fue presentado también como una decisión unilateral, pero no era más que la aceptación del último fracaso de ETA. A mediados de 2014, ETA sumaba ya varios fracasos sucesivos: había sido expulsada de Oslo, la escenificación del sellado de armas de febrero de ese mismo año había resultado contraproducente y sin credibilidad y el intento de organizar una conferencia internacional promovida por Powell y McGuinness también había entrado en vía muerta, aunque el ex jefe de gabinete de Tony Blair seguiría intentando ponerla en marcha durante unos meses más. En ese contexto, desde ETA y Sortu intentaron poner en marcha una nueva estrategia encaminada a conseguir un entendimiento con el Gobierno de Francia dejando al margen al ejecutivo español. Contaban con el apoyo del Centro Henri Dunant, que a pesar del fracaso del proceso de negociaciones 2005-2007 había seguido intentado actuar en el País Vasco. Responsables de este organismo habían 46

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viajado discretamente al País Vasco en 2013 y alguno de sus cuadros menos conocido seguía desplazándose a Euskadi para realizar contactos o tomar parte en actividades de la izquierda abertzale, como las reuniones del Foro Social. ETA y Sortu contaban también en ese esfuerzo con el respaldo de la Comisión de Verificación, que seguía manteniendo contactos con los partidos vascos, aunque desde Ámsterdam porque no querían volver a territorio español ni francés por temor a posibles actuaciones legales. Por encima del Centro Henri Dunant y de los verificadores se encontraba el Gobierno de Noruega, principal patrocinador de sus programas, a pesar de no contar con la aceptación del Gobierno español. La estrategia que se empieza a diseñar a mediados de 2014 pretende presionar al Gobierno francés mediante la actuación coordinada del Centro Henri Dunant por un lado, de la Comunidad de San Egidio por otro, y del Sinn Féin por otro lado. Los responsables de San Egidio han mantenido una permanente línea de comunicación y coordinación con ETA-Sortu al menos desde 2012, con el conocimiento y la aceptación de la jerarquía vaticana. Aprovechando la visita de Powell y McGuinness a Bilbao, el 16 de julio de 2014, responsables de Sortu mantuvieron una reunión con el dirigente del Sinn Féin al que pidieron la intervención de su partido para presionar al Gobierno francés. McGuinness informó a sus interlocutores de que tenían buenos canales para acceder al Ejecutivo galo y que estaba dispuesto a transmitir al Sinn Féin la petición de la izquierda abertzale para poner en marcha esa vía de comunicación con París. El Henri Dunant, la Comunidad de San Egidio y el Sinn Féin, cada uno por su lado, pero todos en actuación coordinada, se comprometieron a hacer gestiones ante el Gobierno de París para que éste aceptara hablar del desarme de ETA, desarme entendido en ese momento como la destrucción de los arsenales, no como su entrega a las autoridades francesas o españolas. Los implicados en esta estrategia a varias bandas eran conscientes de que se enfrentaban a un problema para tener éxito: desde el mes de marzo de 2014, al frente del Gobierno francés estaba Manuel Valls, un político con un lenguaje muy duro y contundente frente al terrorismo de ETA. Valls apoyaba sin condiciones la posición del Gobierno español para hacer frente a la banda. El intento de presionar al Gobierno francés se vio bloqueado por la actitud de Manuel Valls y por ello los participantes en la operación buscaron la forma de puentear al primer ministro y llegar al presidente de la República. Tenían acceso al ex ministro Pierre Joxe, que asistió a la conferencia de Aiete, y consiguieron algunos contactos a través de personalidades y algún miembro de los servicios secretos, pero la operación no llegó a ningún puerto mientras Valls estuvo al frente del ejecutivo. Hay que señalar que una de las decisiones que la izquierda abertzale toma al poner en marcha esta operación política es la de dejar al margen por completo al Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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Gobierno vasco y a su presidente, el lehendakari Iñigo Urkullu. Eso explica que, cuando el Ejecutivo vasco, en diciembre de 2014, presenta un plan de desarme de ETA, se encuentra con el contundente rechazo de la banda terrorista manifestado tres meses más tarde. Un segundo dato reseñable es que, en esas fechas, el desarme de ETA sigue condicionado a una negociación que incluye la excarcelación de los presos, la vuelta de los huidos y la retirada policial. Además, la tesis con la que se trabajaba era la destrucción de los arsenales de la banda, no la de su entrega a ningún gobierno. Por otra parte, otro dato que hay que destacar para completar el dibujo del escenario político es la implicación de un nutrido grupo de políticos vasco franceses de todo el arco ideológico en iniciativas relacionadas con el final de ETA. A partir de la conferencia de Aiete, se registra una notable movilización de políticos franceses en esta línea de actuación. Una expresión de esa implicación es la firma, en octubre de 2014, de un manifiesto por parte de once políticos de diferentes partidos y sindicatos franceses en el que los firmantes van mucho más lejos en sus demandas de lo que lo hacen los partidos nacionalistas vasco españoles. Entre los que suscriben la declaración está la senadora socialista Frédérique Espagnac, próxima al presidente Hollande. Los firmantes reclaman un diálogo del Gobierno francés con ETA para tratar sobre el acercamiento de los presos o su puesta en libertad, la puesta en marcha de un plan de reinserción social con ayudas públicas para acceso al empleo, vivienda, jubilaciones, etc. También incluyen en la agenda la creación de “una instancia ad hoc” para decidir sobre la libertad de presos que no puedan acceder a la libertad condicional, la suspensión de procesos jurídicos y de las investigaciones contra los miembros de ETA, la no aplicación de las órdenes de detención europeas para “asuntos ligados al conflicto vasco”, así como la elaboración de una ley de amnistía. Otra reclamación del manifiesto es un “acuerdo entre el gobierno y ETA, bajo control internacional, para definir y poner en práctica las condiciones y los procedimientos de desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia”. Durante más de dos años los intentos de buscar una vía de entendimiento con el Gobierno francés no dieron resultado, hasta que en diciembre de 2016 se produjeron dos acontecimientos que modificaron la situación. El primero fue la dimisión de Manuel Valls como primer ministro. Dejó el cargo para competir en las primarias del Partido Socialista para elegir al candidato que debía representar al PSF en las elecciones presidenciales. El segundo acontecimiento fue la operación del 16 de diciembre que impidió la destrucción de un lote de armas de ETA en la localidad de Louhossoa por parte de un grupo de ciudadanos franceses. Esta actuación policial echó por tierra definitivamente los intentos de la banda de librarse de sus armas sin entregarlas intactas a las autoridades. 48

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Retirado Valls, el nuevo Gobierno accedió a permitir a ETA la escenificación de la entrega de sus armas, aunque no aceptó una negociación con la banda terrorista como planteaban los firmantes del manifiesto de octubre de 2014. ETA tuvo que asumir en abril de 2017 lo que no admitía en el mes de diciembre anterior, la entrega de sus armas sin manipular, y la única compensación que obtuvo fue la del montaje propagandístico organizado por la izquierda abertzale para tratar de enmascarar la última renuncia de la banda. Un miembro de ETA, Oier Ibarguren, durante un juicio celebrado en París el 28 de abril, reconoció que la banda había entregado las armas porque España y Francia no habían permitido la destrucción del armamento,27 extremo que al etarra le parecía “chocante” e “increíble”. La entrega de armas de ETA estuvo acompañada de otra polémica adicional. El grupo de ciudadanos franceses que hacía de intermediario puso en manos de la Comisión de Verificación y de los medios de comunicación un inventario escrito de las armas y explosivos que el grupo terrorista se disponía a entregar. Públicamente, el día 8 de abril, ese grupo de intermediarios dijo que los zulos de ETA contenían 120 armas de fuego. Los inventarios escritos, sin embargo, contabilizaban un total de 107 armas: 47 pistolas, 52 revólveres, cinco fusiles de asalto y tres subfusiles. Lo contabilizado por las autoridades francesas, sin embargo, no llegaba a las 70 armas de fuego por lo que faltaban unas 40 con respecto al inventario y muchas más con respecto a lo robado por ETA en Vauvert en 200628. Era conocido que ETA no tenía el control de todos sus zulos y que existen escondites que lo que queda de la banda no tiene capacidad de localizar, pero ese no es el caso de las armas que figuran en el inventario hecho por los propios etarras. Esas armas estaban controladas y por eso habían sido incluidas en el listado elaborado durante 2015 y 2016. No sólo figuran las cifras de pistolas, revólveres o subfusiles, sino también el modelo preciso de cada una de ellas como, por ejemplo, “pistola Smith&Wesson 1911PD ACP con dos cargadores” o “pistola Beretta 92 9mm Luger con un cargador”. Todas esas armas estaban localizadas y controladas por ETA, pero por circunstancias que no han explicado decidieron no entregarlas a las autoridades francesas. No sólo han ocultado parte de las armas de fuego, sino que han hecho lo mismo con otros efectos como el explosivo ya que la cifra entregada es inferior en más de 300 kilos a la inventariada. La conclusión final es que ETA ha ocultado una parte de su armamento por motivos que se desconocen. En medios de la lucha antiterrorista, inicialmente, se barajó la hipótesis de que el temor de los etarras a mover El Correo, 29 de abril de 2017. La fiscalía francesa estimó que, con respecto a las armas robadas en Vauvert, faltaban un centenar de pistolas que la banda terrorista no había entregado. El Correo, 7 de septiembre de 2017.

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armas cuyos escondites podían estar vigilados hubiera llevado a la banda a no entregar una parte de los arsenales. Sin embargo, poco a poco se ha ido afianzando la sospecha de que esas armas han podido ser robadas a la organización terrorista por miembros de la propia ETA afines al sector disidente. En todo caso, para ver este episodio con perspectiva histórica, es conveniente recopilar los datos de la incautación de armamento de la banda a lo largo de su historia.

Armas y explosivos incautados a ETA, 1968-1977 Año 1968 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

Armas cortas Subfusiles Escopetas 3 4 4 3 9 20 3 2 16 7 13 62 16 6 8 17 1 28 6 2 150 56 24

Granadas

1 4 5

Explosivos 100 34 2.524 104 70 400 3.232

Fuente: General Andrés Casinello29. Explosivos en kilos

Casinello Pérez, Andrés. “ETA y el problema vasco”, en Salustiano del Campo (dir.). Terrorismo Internacional. INCI. 1984. Pág. 265 y ss. El general Casinello indica que los datos anteriores a 1977, procedentes de la Guardia Civil, son incompletos y que hay que considerarlos por defecto.

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Explosivos de ETA, 1978-2016 Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Incautado 250 1.038 1.007 663 366 120 124 2.082 222 1.883 409 621 800 676 377 666 522 310 402 335 1.000 9.165 450 716 1840 748 2.480 584 890 1.189 385 1.718 1.756 1.960 0 0 0 46 100 37.900

Utilizado

200 450 500 614 930 776 1.100 310 289 194 250 400 310 36 0 841 770 644 242 623 367 961 340 926 436 0 0 0 0 0 0 0 12.509

Fuente: Comisaría General de Información del CNP para los datos de incautaciones anteriores a 1985. Elaboración propia para los datos de 1985 y posteriores. Cifras en kilos.

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Armas incautadas a ETA, 1978-2016 Año Armas cortas Subfusiles Fusiles 1978 125 29 43 1979 86 43 25 1980 88 24 32 1981 75 35 50 1982 67 15 366 1983 29 21 19 1984 69 33 12 1985 39 17 20 1986 97 33 17 1987 55 26 7 1988 23 4 1 1989 16 5 3 1990 27 11 0 1991 38 10 5 1992 38 14 6 1993 16 10 6 1994 36 17 2 1995 16 5 1 1996 27 17 8 1997 19 9 7 1998 13 3 7 1999 81 142 32 2000 31 5 2 2001 60 124 4 2002 48 56 55 2003 47 8 4 2004 169 347 95 2005 19 9 2 2006 9 2 4 2007 24 2 2 2008 24 1 0 2009 67 2 0 2010 48 0 1 2011 12 3 4 2012 29 80 0 2013 6 0 0 2014 1 0 1 2015 30 0 1 2016 92 13 9 TOTAL 1.796 1.175 853 Total armas de fuego...........................................3.824

Granadas 36 55 75 70 26 48 56 97 98 102 24 45 34 29 16 16 38 0 266 91 62 78 27 33 345 0 315 10 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2.099

Fuente: Comisaría General de Información del CNP para los datos de incautaciones anteriores a 1985. Elaboración propia para los datos de 1985 y posteriores.

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A modo de resumen se puede señalar que los cuerpos y fuerzas de seguridad se incautaron de, al menos, 4.054 armas de fuego, más de 41 toneladas de explosivo y más de dos mil granadas que estaban en poder de la banda terrorista. No se han contabilizado otros materiales intervenidos como cartuchos de munición, lanzagranadas, componentes para la fabricación de bombas, mechas, detonadores, telemandos, etc.

10. UN ENJAMBRE DE MEDIADORES Una peculiaridad de la etapa final de ETA ha sido la abundancia de mediadores, facilitadores y verificadores extranjeros que han frecuentado el País Vasco con el propósito bienintencionado de “pacificar” el último rincón europeo con un problema de terrorismo local. Ha habido tal cantidad de voluntarios de la paz que, probablemente, se supera con mucho a los que intervinieron en el caso de Irlanda del Norte o de Colombia, siendo ambos problemas mucho más complejos. Los resultados de tanta presencia internacional son discutibles porque todos los pasos dados por ETA han sido provocados por la actuación del Estado, por mucho que mediadores y similares se hayan ofrecido para decorar a posteriori esos movimientos forzados de la banda. Sin remontarse a fechas más lejanas, el proceso de diálogo con ETA desarrollado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007 provocó el primer desembarco de organizaciones y gobiernos extranjeros. El Centro Henri Dunant, con sede en Suiza, pero con un apoyo importante del Gobierno de Noruega, fue el mediador oficial entre el Ejecutivo español y ETA. El antropólogo norteamericano William A. Douglass, profesor de la Universidad de Reno y responsable del programa de estudios vascos en ese centro, fue quien consiguió poner en contacto a la banda con el Centro Henri Dunant (HD Center)30. El organismo suizo, a finales de 2003, contactó con Douglass para que actuara como asesor y, de paso, para que estableciera un contacto con ETA. Martin Griffiths y Andrew Marshall, director y adjunto al director del HDC, respectivamente, convencieron a Douglass para intervenir. El profesor de Reno logró establecer contacto con ETA y transmitirle el mensaje del centro suizo para estudiar una posible negociación con el Gobierno. La banda solicitó recibir la oferta directamente de los suizos y para ello, a principios de 2004, dos representantes etarras se trasladaron a Ginebra para reunirse con los miembros del Centro Henri Dunant. El relato de Douglass de todo este episodio aparece en el cuaderno Larrun, número 137, publicado en la revista Argia.

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Una vez establecida una vía directa con ETA, el centro suizo despidió a Douglass con la excusa falsa de que “la cuestión vasca ha dejado de estar en la agenda” del Centro. Los mediadores suizos se encargaron a partir de ese momento de hacer de puente entre el Gobierno y ETA en un proceso que se inició con una reunión en Ginebra el 21 de junio de 2005 entre Josu Ternera y Jesús Eguiguren y que terminó en mayo de 2007 después de que ETA hubiera volado el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Tras una serie de reuniones en Ginebra que finalizaron el 14 de julio de 2005, la siguiente ronda de conversaciones se abrió en Oslo en el mes de noviembre. La elección de ese escenario ponía de manifiesto el relevante papel que estaba jugando en la sombra el Gobierno de Noruega. Los primeros pasos de Noruega en relación al País Vasco se dieron en 2003 cuando el Gobierno de Oslo recibió un mensaje de ETA solicitando que actuara como intermediario ante el Gobierno español presidido entonces por José María Aznar. Los noruegos consultaron con el Gobierno español, que rechazó la mediación del país nórdico, por lo que Oslo se apartó del caso aunque derivó la solicitud de ETA hacia el Centro Henri Dunant, establecido en Suiza, y del que es uno de los financiadores principales. En 2004, meses después de que Oslo hubiera recibido la carta de ETA, la investigadora y mediadora Marianne Heiberg, vinculada el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores del país nórdico, visitó el País Vasco. La investigadora fue una de las cuatro personas —otra fue su esposo, el ex ministro de Exteriores, Johan Jorgen Holst— que hicieron posible el primer acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en 1993. En octubre de ese año, viajó al País Vasco para preparar un trabajo sobre la situación de Euskadi y mantuvo entrevistas con varias personas. Sin embargo, apenas dos meses después, el 25 de diciembre, falleció a causa de un fallo cardíaco. A partir de noviembre de 2005, la capital noruega, Oslo, fue escenario de varias de las reuniones celebradas entre representantes de la banda terrorista y del Gobierno español en las que se culminaron las “bases del alto el fuego” que dieron lugar a la tregua anunciada en marzo de 2006. Oslo fue también el lugar donde se celebraron reuniones durante una etapa crítica de la negociación: entre el 11 y el 15 de diciembre de 2006, representantes del Gobierno y de ETA mantuvieron conversaciones diarias en Oslo. Durante cinco días se confirmó la deriva del proceso que no pudo ser salvado ni por la actuación de los mediadores suizos ni por la implicación del Gobierno noruego. En esa fase crítica de diciembre de 2006, cuando todos los signos anunciaban la inminencia de la ruptura, el ministro noruego de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Store, se reunió con cada una de las delegaciones por separado, con ETA por 54

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un lado y con los enviados de Zapatero por otro, para intentar evitar la ruptura. Cuando se produjo la ruptura oficial de aquel proceso y la vuelta a los atentados, a partir de junio de 2007, la banda terrorista siguió manteniendo contactos con las autoridades de Noruega. Un documento de ETA de noviembre de 2007, cuando ya se habían reanudado los atentados, mencionaba que “hace pocos días se ha celebrado una reunión con Norb. G. [Gobierno de Noruega]”31. Noruega fue también la mano en la sombra que movió gran parte de los preparativos de la conferencia internacional de Aiete, el 17 de octubre de 2011, aunque se dejara el protagonismo público en organizaciones de paja32. La implicación de Noruega se vio también a finales de 2011 cuando Oslo aceptó que una representación de la banda se instalara en el país para que pudiera mantener contactos con enviados del Gobierno de España, tal y como se había pactado en secreto antes de la celebración de la conferencia internacional de Aiete y del anuncio de abandono del terrorismo por parte de ETA. Tres representantes de ETA tuvieron abiertas las puertas de Oslo durante más de un año esperando la llegada de los representantes españoles que nunca se produjo. Sin embargo, la estancia en Noruega les facilitó los contactos con los verificadores y otros grupos interesados en hablar con los dirigentes de ETA. Esas facilidades terminaron el 18 de febrero de 2013 cuando el Gobierno noruego expulsó a los etarras por la intransigencia mostrada ante los verificadores. Además de la implicación directa del Gobierno de Noruega, hay que mencionar también la intervención de la Fundación Noref (Norwegian Peacebuilding Resource Centre/Norsk Ressurssenter for Fredsbygging), un organismo creado por el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores en junio de 2008 para agrupar buena parte de los recursos de acción exterior proporcionados por el Gobierno de Oslo. La Noref es una entidad que, en lo que concierne al País Vasco, ha operado con más discreción que otras entidades. Esta actuación en la sombra sólo la rompió en 2011 porque apareció como una de las entidades promotoras de la conferencia de Aiete a la que asistió la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland como una de las personalidades internacionales. La intervención noruega habría continuado después de 2012 patrocinando política y financieramente a la Comisión Internacional de Verificación encabezada por Ram Manikkalingam. Documento titulado 07-11 Nasa Informea (informe de Nasa, estructura dedicada a las relaciones internacionales), intervenido en Burdeos el 20 de mayo de 2008 a raíz de la captura de cinco responsables del aparato internacional de ETA. 32 Sobre el papel de Noruega véase Teresa Whitfield. Endgame for ETA. Elusive Peace in the Basque Country (Fin del juego para ETA. La esquiva paz en el País Vasco). C. Hurts & Co. Londres. 2014. 31

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La creación de la Comisión de Verificación fue una iniciativa del abogado sudafricano Brian Currin que, previamente, había constituido el Grupo Internacional de Contacto, con pretensiones de mediación, aunque su papel principal fuera de asesor de la izquierda abertzale. El propio Ram Manikkalingam confirmó también el papel que había tenido el grupo de Currin en la constitución de la comisión verificadora. En la presentación de esta comisión, realizada el 28 de septiembre de 2011 en Bilbao, Manikkalingam explicó lo siguiente: La declaración de ETA de que el alto el fuego era verificable llevó a que algunos sectores de la sociedad vasca, que querían asegurar que ETA mantuviera su compromiso, solicitaran dicha verificación e hicieran llegar dicha solicitud a distintos interlocutores internacionales, entre los cuales se encontraba el Grupo Internacional de Contacto. El Grupo Internacional de Contacto consideró que no tenía ni la capacidad ni el deseo de verificar el alto el fuego. No tenía la capacidad porque sus miembros son expertos en derechos humanos y cuestiones políticas relacionadas, y no en cuestiones militares y de seguridad. No tenían el deseo de verificarlo, porque tenían la sensación de que algunas personas los percibían como parciales. Yo personalmente no creo que sean parciales. Sin embargo, al abordar la situación del País Vasco se centraron en una de las partes con el fin de conseguir que ésta cambiara, lo que ha llevado a una percepción de parcialidad. Por estas razones, pidieron a los miembros de la Comisión que estudiaran la posibilidad de verificar el alto el fuego33.

La primera vez que vinieron los verificadores al País Vasco fue el 28 de septiembre de 2011. En aquella ocasión celebraron una reunión con partidos, sindicatos, representantes empresariales y de la Iglesia para presentarse. Antes del viaje se habían reunido con ETA para obtener el visto bueno de la banda a la intervención de los verificadores. El segundo viaje tuvo lugar los días 25 y 26 de enero de 2012, tres meses después de que ETA hubiera anunciado el abandono del terrorismo. También en esa ocasión se habían reunido con representantes de la banda, a los que solicitaron que sus miembros dejaran de llevar armas encima. Un poco antes habían sido detenidos en Francia varios etarras con armas y se había generado una polémica. La petición de la CIV para que los etarras fueran desarmados fue rechazada por los jefes de la banda, que alegaron que el armamento era para su defensa personal. El tercer viaje de la CIV se llevó a cabo poco tiempo después, los días 3 y 4 de mayo de 2012, y estuvo precedido por un nuevo contacto con ETA en el que la Declaración de Manikkalingam con motivo de la primera visita de los miembros de la CIV al País Vasco recogida en la web http://ivcom.org/lanzamiento-de-la-comisioninternacional-de-verificacion/

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banda comunicó a los verificadores que tenía designada una delegación para negociar con los gobiernos de España y Francia. Tras el anuncio del final del terrorismo de ETA, los contactos entre la Comisión Internacional de Verificación y la banda tuvieron lugar en Oslo. El Gobierno de Noruega, por un lado, patrocinaba a los verificadores y, por otro, permitía la estancia de los representantes de ETA que esperaban un contacto con el Gobierno español. La cuarta visita tuvo lugar entre los días 18 y 20 de febrero de 2013 y estuvo enmarcada por la crisis que se había producido en las relaciones de los verificadores con ETA. Manikkalingam y algunos miembros de su equipo se habían reunido con ETA en Oslo en el mes de noviembre de 2012 y luego en enero siguiente. El mismo día que la CIV llegaba al País Vasco, el 18 de febrero, las autoridades de Noruega expulsaban a los representantes de ETA que estaban en Oslo. El motivo era la negativa de los etarras a dar ningún paso, rechazando las peticiones que le estaban haciendo los verificadores. Ram Manikkalingam y otros miembros de su equipo habían mantenido relaciones tensas con los etarras por el inmovilismo de la representación de la banda. El resultado fue la expulsión de Noruega y la crisis estratégica de ETA. El último viaje de los verificadores se produjo el 21 de febrero de 2014 para presentar el “sellado” de un pequeño lote de armas de ETA, coincidiendo con la difusión de un vídeo sobre ese episodio enviado por la banda a la BBC. El impacto de esas imágenes fue contraproducente para la credibilidad de los verificadores y del “sellado” mismo porque generaron críticas y burlas generalizadas. Por si fuera poco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) presentó una denuncia en la Audiencia Nacional que provocó una citación de los verificadores ante el juez Ismael Moreno. La comparecencia judicial tuvo un efecto demoledor en la comisión internacional cuyos miembros no volvieron a pisar el País Vasco hasta que se produjo el desarme de ETA. El grupo de Manikkalingam contaba con el respaldo del Gobierno vasco, el PNV, el PSE y la izquierda abertzale, pero no tenía reconocimiento del Ejecutivo central ni del PP. La Comisión de Verificación estaba formada por las siguientes personas: • Ronald Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica. • Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y ex jefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte. • Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group y profesor en la Universidad de Ámsterdam y ex asesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres Tamiles. • Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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India y ex comandante y jefe de misión de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993. En la hoja de servicios de este general hindú condecorado figura su participación en las guerras de Cachemira para impedir su anexión a Pakistán y en la de Bangladesh para ayudar a la independencia de este país contra Pakistán. • Fleur Ravensbergen, coordinadora de la CIV, subdirectora del Dialogue Advisory Group • Aracelly Santana. Fue representante adjunta del secretario general de las Naciones Unidas y jefa adjunta de la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN). También ocupó el cargo de directora de la Oficina de las Américas, Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Sustituyó en la CIV a Raymond Kendall, que había compatibilizado ese puesto con el de miembro del Grupo Internacional de Contacto hasta que Manikalingam consideró que no era conveniente estar en los dos al mismo tiempo. Antes de que entraran en escena los verificadores, había aparecido el Grupo Internacional de Contacto, liderado por Brian Currin y constituido a finales de 2010. La constitución del GIC fue resultado de los lazos que Batasuna mantenía con Currin desde que dirigentes del Sinn Féin recomendaran a la izquierda abertzale fijarse en el caso sudafricano. De esta manera, a finales de 2004, se produjo el primer contacto entre Currin y un representante de Batasuna que se había desplazado a Sudáfrica. Fruto de aquel primer contacto, Currin organizó unos cursillos sobre negociación para los miembros de la izquierda abertzale. En aquellos años, el nacionalismo vasco en su conjunto, el institucional y el del entorno de ETA, se mostraron muy interesados por la experiencia de Sudáfrica y el final del apartheid. A Sudáfrica viajaron, a lo largo de los años 2006 y 2007, el dirigente de Batasuna Pernando Barrena y el abogado Urko Aiartza y, más tarde, hizo lo propio el responsable de relaciones internacionales de ese partido, Joseba Álvarez. Pero también acudieron a Sudáfrica varios miembros del Gobierno vasco, empezando por el lehendakari, siguiendo por los consejeros de Justicia, Joseba Azkarraga, y de Cultura, Miren Azkarate. El lehendakari Ibarretxe buscó la asesoría del ex ministro sudafricano Roelf Meyer, mientras que Batasuna “fichó” para los mismos menesteres a Brian Currin. Este último comenzó a dejarse ver a partir de 2009 en el País Vasco y en Madrid en viajes organizados por Lokarri y la Diputación de Guipúzcoa. En ese mismo año, Currin comenzó a prestar sus primeros servicios a Batasuna gestionando la celebración de una reunión de análisis sobre el “conflicto vasco” en el Parlamento británico, reunión que fue cancelada en el último minuto. En aquellas fechas, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, señaló que había tenido una reunión con Currin: “Lo que más me sorprendió era que creía que es58

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taba en Sudáfrica. Que, simplificando, nosotros éramos los blancos que teníamos oprimidos a los nacionalistas. Le tuve que decir que los nacionalistas llevaban 30 años gobernando y que quienes mueren son sindicalistas socialistas”. Eguiguren aseguró que Brian Currin “no tuvo nada que ver en el proceso de paz” en la etapa de Zapatero. “Algunos le imputan una participación destacada —añadió—. Pero no fue ni destacada ni no destacada: no tuvo ninguna. En fin, parece que todo el mundo estuvo en el proceso: los irlandeses, los americanos, los obispos, el Papa... (...) Es muy difícil que los de fuera te ayuden porque no entienden lo que ocurre. Si nosotros, que vivimos aquí, no entendemos qué cojones pasa en este país, ya me contará cómo lo va a comprender un sudafricano”34. El papel de Currin se acrecentó en 2010, año en el que promovió la Declaración de Bruselas, un manifiesto suscrito por personalidades y fundaciones internacionales pidiendo a ETA el abandono del terrorismo y al Gobierno un diálogo con la banda. En noviembre anunció la creación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para “agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política en el País Vasco”. Para ello, promovería la legalización de Batasuna y la creación de una mesa de partidos. Este grupo se presentó oficialmente en Bilbao el 15 de febrero de 2011. El GIC no logró disipar las desconfianzas de una parte de las fuerzas políticas que lo veían como un instrumento de la izquierda abertzale. Pronunciamientos de Brian Currin han dejado en evidencia su cercanía a las posiciones de la izquierda abertzale. Así, en el número 188 de Le Monde Diplomatique, escribió que “aunque la organización clandestina renuncie definitivamente a la violencia y deje las armas, puede temerse que el Gobierno español entre en un punto muerto sobre los aspectos políticos del conflicto, para proclamar su victoria en la lucha contra el “terrorismo” (sic). La constitución del GIC está dirigida, en parte, a impedirlo”. Así como se sabe que el CIV cuenta con el respaldo económico de Noruega, es un misterio saber de dónde procede la financiación del GIC. Currin, entre 2007 y 2009, obtuvo fondos de la fundación Joseph Rowntree por importe de 122.000 euros para financiar sus actividades en el País Vasco. En aquellas fechas, sin embargo, Currin actuaba en solitario y no tenía detrás un grupo como el constituido en 2010. Además de Brian Currin, el Grupo Internacional de Contacto reunido por el abogado sudafricano está formado por cinco personas: Raymond Kendall, Pierre Hazan, Nuala O’Loan, Silvia Casale y Alberto Spektorowski. Otro personaje que ha participado en diversos movimientos de “mediación” entre los años 2006 y 2014 es el británico Jonathan Powell que fue jefe de gabinete de Tony Blair y mano derecha del primer ministro británico durante el proceso El Correo, 8 de noviembre de 2011.

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de paz de Irlanda del Norte. Por esa experiencia, Tony Blair ofreció al entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el contacto con Powell para que conociera de primera mano el desarrollo del proceso de Irlanda del Norte. Por esa vía, Powell, que ha reconocido públicamente que asesoraba al Centro Henri Dunant, se involucró en las conversaciones entre ETA y el Gobierno español hasta el punto de participar en las reuniones celebradas por las dos partes entre el 14 y el 16 de mayo de 2007, cuando aquel proceso estaba en la recta del fracaso final. Cuando salió del Gobierno, en 2007, Powell constituyó una fundación, Inter Mediate. Además, el ex jefe de gabinete de Blair intervino con posterioridad en algunas iniciativas promovidas por la izquierda abertzale, como un acto celebrado en el Parlamento Europeo y otro que tuvo lugar en San Sebastián con motivo del primer aniversario de la conferencia de Aiete. Su última presencia en el País Vasco fue en julio de 2014 cuando viajó acompañado de Martin McGuinness, entonces líder del Sinn Féin y viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Powell y McGuinness venían con la intención de organizar una nueva conferencia de Aiete dedicada al desarme de ETA, pero no encontraron apoyos políticos suficientes para ponerla en marcha. Al lado de los principales figurantes, en los últimos años ha habido también actores de reparto en el teatro de la mediación, actores con un papel secundario pero que les ha permitido algunas irrupciones en el escenario. Uno de esos actores ha sido la Comunidad de San Egidio que fue utilizada por ETA a mediados de 2012 para que contactara con el Gobierno a fin de saber si el Ejecutivo tenía intención de enviar una delegación a Oslo a entrevistarse con la representación de los etarras. La respuesta que obtuvo fue negativa. Desde entonces, la Comunidad ha mantenido una línea de comunicación permanente con el entorno de la izquierda abertzale, pero sin presencia pública. La presencia de la Comunidad de San Egidio en el País Vasco se remonta a 1997, cuando representantes de esta organización actuaron por vez primera de correo entre ETA y el Gobierno del PP. La banda pensó entonces que un Gobierno de derecha estaría más predispuesto a escuchar a una organización vinculada a la Iglesia y por eso solicitó su intervención. El capítulo de mediadores que han operado en el País Vasco en torno al problema de ETA incluye también a dos fundaciones, una británica y otra alemana, que han venido actuando desde hace pocos años. La relación de estas fundaciones, Conciliation Resources y Berghof, con el País Vasco es reciente. Las dos aparecieron por primera vez en escena en octubre de 2011, aunque la segunda ya tenía al menos desde un año antes contactos con el entorno de ETA. La fundación británica Conciliation Resources, creada en 1994, es una de las entidades que se presentó públicamente como promotora de la conferencia de 60

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Aiete en octubre de 2011. Su actividad no se limitó a participar en la organización de aquel acto, sino que desde entonces ha seguido implicada en diversas actividades que se han celebrado promovidas en interés de la izquierda abertzale. Otro de los organismos que promovieron la conferencia de Aiete fue la fundación alemana Berghof, una entidad constituida en 1971, que envió a San Sebastián a Luxshi Vimalarajah como encargada del programa para la consolidación de la paz en el País Vasco de la citada fundación. La primera implicación conocida de esta fundación con el País Vasco se remonta al año 2010, en el que editó una publicación titulada The Basque Country. The Long Walk to a Democratic Scenario, obra del abogado de la izquierda abertzale Urko Aiarza y del profesor de la UPV Julen Zabalo Bilbao, que cumplió trece años de condena (entre 1987 y 2000) por su participación en ETA. El texto, aparecido en inglés, de 76 páginas, incluidos varios anexos documentales, es un documento escorado que refleja los puntos de vista del mundo de ETA y Batasuna. Incluso los dos editores tuvieron que advertir en la introducción que lo publicado no se presentaba como un comentario neutral. La fundación alemana, al igual que Conciliation Resources, ha seguido desde entonces presente en diversas iniciativas, como el Foro Social, promovidas por la izquierda abertzale. Al margen de los grupos que se han mencionado con anterioridad, hay un buen número de representantes de otras organizaciones dedicadas a labores de mediación, solución de conflictos o similares que han aparecido ocasionalmente tomando parte en actos concretos.

11. CONCLUSIONES 1. ETA rompió la tregua de 1998-1999 con una gran ofensiva gracias a que la banda había realizado una intensa labor de reorganización interna durante el alto el fuego, pero a finales de 2001 la campaña terrorista había sido frenada por la actuación de las FSE. La banda perdió la iniciativa y ya no volvió a recuperarla. A partir de entonces, el nivel de violencia estuvo siempre por debajo de las pretensiones etarras. 2. En el periodo que va de 2000 a 2004 todos los aparatos de ETA, el militar, el logístico y el político, sufrieron un deterioro espectacular por la captura de sus líderes. Esa es la etapa en la que se sientan las bases de la derrota de la banda, aunque tarde todavía varios años en materializarse de manera clara. Además, en ese periodo se materializan tres iniciativas políticas de gran importancia a la hora de la derrota de ETA: el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la aprobación de la Ley de Partidos y la ilegalización de HB. La impotencia Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 3

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de ETA a partir de 2007 provoca que, por vez primera, miembros de la propia banda comiencen a cuestionar la continuidad del terrorismo. 3. La neutralización de la capacidad de encuadramiento de ETA por las operaciones contra sus aparatos instalados en Francia es clave para lograr la pérdida de eficacia del grupo terrorista y para evitar su recuperación. ETA vio debilitadas sus estructuras de dirección, lo que le impidió organizar y encuadrar a potenciales militantes con la eficacia que lo había hecho en el pasado. 4. La aceleración de la captura de los jefes de ETA provocó una permanente situación de provisionalidad. Una característica del periodo posterior al 2000 es la poca duración de los dirigentes de la banda al frente de sus respectivas estructuras, lo que genera un estado de interinidad, debilidad organizativa y menor capacidad para atentar y para recuperarse de las operaciones policiales. La propia ETA define la situación del aparato militar a finales de 2002 como de “provisionalidad, falta de seguridad”. Esta descripción es válida para el conjunto de la organización terrorista. 5. La destrucción paulatina de la capacidad de encuadramiento de ETA fue acompañada de la labor de contención de la actividad terrorista que protagonizaban las células que la banda tenía establecidas en territorio español. La intensa tarea de creación de células terroristas llevada a cabo por ETA durante la tregua de 1998-1999 fue neutralizada en los tres años siguientes. Un elevado porcentaje de grupos desmantelados lo fue antes de que hubieran cometido ningún atentado. 6. La incapacidad de ETA para desarrollar el nivel pretendido de violencia terrorista provocó a lo largo de una década varias crisis internas. Sectores insatisfechos con la actividad que desarrollaba la banda expresaron protestas internas que fueron sancionadas por vía disciplinaria. Las sucesivas crisis ponían de manifiesto que algunos sectores eran conscientes de la impotencia de ETA provocada por la actuación policial y que los actos terroristas que conseguían llevar a cabo no estaban a la altura de sus pretensiones ni tenían capacidad para condicionar al Estado. A la altura de 2004, la propia dirección de ETA reconocía la existencia de “una preocupación generalizada entre los militantes debido a la falta de ekintzas” (atentados). Miembros de ETA reconocen abiertamente la debilidad de la banda en el periodo 2001-2004, aunque confían en aplicar medidas de reestructuración interna para superar la crisis. 7. En el debate interno desarrollado entre 2007 y 2008, varios miembros de ETA constatan de nuevo la incapacidad de la banda y la ventaja del Estado. Comien62

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zan a aparecer voces que piden el abandono de las armas como consecuencia de esta impotencia, pese a lo cual la mayoría de los participantes en la discusión votan por continuar con el terrorismo, aunque tres años más tarde se ven obligados a renunciar a las armas. 8. La ilegalización de HB-Batasuna y el respaldo de esta decisión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2009, abrió un conflicto de intereses entre ETA y su brazo político. Por vez primera, los dirigentes del entorno político de ETA se atrevieron a defender el fin del terrorismo y a presionar a la banda en esa línea. Los dirigentes del entorno político asumieron que la derrota de ETA les podía arrastrar a ellos si no marcaban distancias a tiempo. La debilidad del grupo terrorista y el escaso peso de sus líderes a causa de la actuación policial evitó que la cúpula etarra se impusiera a los dirigentes de HB-Batasuna, que se beneficiaron políticamente de las operaciones antiterroristas de las FSE. ETA terminó renunciando a ser el líder político de la izquierda abertzale por incapacidad para ejercer esa dirección. 9. ETA y su entorno han presentado el abandono de la violencia como una decisión unilateral, pero se ha tratado de una decisión forzada por el Estado que, a través de sus herramientas judiciales y policiales, había conducido a la banda a la impotencia operativa. El anuncio oficial de renuncia al terrorismo se hizo el 20 de octubre de 2011, pero la paralización real y efectiva de las actividades violentas de ETA tuvo lugar en febrero de 2010, aunque un mes después todavía se produjo el asesinato de un policía francés. ETA no dejó el terrorismo porque hubiera evolucionado o por cambios en las circunstancias políticas, sino por incapacidad para desarrollar un nivel de violencia mínimamente eficaz para sus intereses. 10. El acto de desarme y entrega de armas escenificado el 8 de abril fue, asimismo, una actuación forzada después de que ETA hubiera fracasado en su intento de negociarlo a cambio de contrapartidas con los gobiernos de España y Francia y de que también hubiera fracasado la operación para destruir los arsenales y evitar su entrega intacta a las autoridades.

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