“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 CARTA COMPROMISO FEDERAL En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 3 días del mes de noviembre de 2016, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor German Carlos GARAVANO, el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Gustavo FERRARI, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Catamarca, doctor Gustavo Arturo SAADI, el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Relaciones con la Comunidad de la Provincia del Chaco, don Juan José BERGIA, el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Chubut, M.M.O. Rafael WILLIAMS, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, doctor Luis Eugenio ANGULO, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, doctor Jorge Oscar QUINTANA, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos, don Mauro Gabriel URIBARRI, el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Formosa, Doctor Jorge Abel GONZALEZ, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Jujuy, don Oscar Agustín PERASSI, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de La Pampa, doctor Daniel Pablo BENSUSAN, el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, doctor Claudio Nicolás SAUL, el señor Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza, Magister Dalmiro GARAY CUELI, el señor Ministro de Gobierno de Misiones, don Marcelo Gabriel PEREZ, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Neuquén, don mariano GAIDO, el señor Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, doctor Gastón PEREZ ESTEVAN, Ia señora Ministra de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta, doctora Pamela CALLETTI, el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de San Juan, doctor Emilio Javier BAISTROCCHI, el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte de la Provincia de San Luis, doctor Eduardo Gastón MONES RUIZ, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, doctor Ricardo SILBERSTEIN, el señor Ministro de Gobierno de la
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 Provincia de Santa Cruz, doctor Fernando Miguel BASANTA, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santiago del Estero, doctor Ricardo DAIVES, el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctor Jose Luis ALVAREZ, el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia de Tucumán, don Regino Néstor AMADO, y el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Martín OCAMPO; reunidos en el marco del CONSEJO FEDERAL DE JUSTICIA, acuerdan firmar la presente Carta Compromiso en el marco de sus respectivas competencias, a partir de los siguientes principios y objetivos; Que los firmantes son conscientes de la necesidad de posicionar y potenciar la actuación de la víctima dentro del proceso penal y así devolver su rol en el conflicto. Que ello se encuentra en línea con la normativa internacional en la materia y con las demandas que plantea actualmente nuestra sociedad, que nos exigen construir a partir del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, y con ello, los del conjunto de la comunidad. Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN ARGENTINA ha redactado un proyecto de “ESTÁNDARES DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS” con el objeto de lograr la adecuación de los marcos legislativos y reglamentarios de todas las provincias a lo allí determinado. Que los firmantes, teniendo en cuenta la importancia del proyecto de “ESTÁNDARES DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS”, resuelven declararlo de “INTERÉS PÚBLICO”. Que en este marco se comprometen a evaluar todas las acciones posibles para ADECUAR SU LEGISLACIÓN a los estándares de derechos establecidos en el proyecto.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 Que asimismo, se comprometen a elaborar aquellas políticas necesarias para que efectivamente se posicione el rol de la víctima en el proceso penal. En prueba de conformidad los firmantes suscriben la presente Carta Compromiso.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,… SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
EL CATÁLOGO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS,
TITULO I Artículo 1. Concepto de víctima Se entenderá que es víctima toda aquella persona que, individual o colectivamente,
haya
sufrido
daños,
lesiones
físicas,
psíquicas,
emocionales o cualquier menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Asimismo, víctimas serán, en su caso, los familiares o personas a cargo o dependientes que tengan una relación inmediata con la víctima, en caso de muerte o imposibilidad de ejercer sus derechos, y aquellas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Las disposiciones de la presente serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, de discapacidad o impedimento físico.
Artículo 2. Derechos de las víctimas Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y acompañamiento, así como a la participación activa en el proceso penal. Asimismo tiene derecho a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas, a lo largo de todo el proceso penal y de ejecución de la pena, por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del causante y del resultado del proceso.
Artículo 3. Derecho a comprender Toda víctima tiene el derecho a comprender cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde el momento previo a la presentación de la denuncia, en la denuncia, durante el proceso penal y de ejecución de la pena. Para ello: a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, deberán realizarse en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en
cuenta
sus
características
personales
y,
especialmente,
las
necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 mental o su minoría de edad. Si la víctima fuera menor o incapaz, las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista. b) Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con el centro de atención que corresponda, la atención o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas, lo que incluirá un intérprete en caso de hablar otro idioma, así como la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas. c) La víctima podrá estar acompañada por una persona de su elección, así sean familiares, amigos o profesionales de organismos especializados para tal fin, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.
Artículo 4. Derecho a recibir información previamente a efectuar la denuncia Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias, a sus condiciones personales y a la naturaleza del delito sufrido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos: a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas, sociales o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte pertinente, toda información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. c) Procedimiento para obtener asesoramiento, patrocinio y asistencia jurídicos y, en su caso, las condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente. d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, el procedimiento para hacerlo. e) Indemnizaciones y/o subsidios a los que pueda tener derecho y, en su caso, el procedimiento para reclamarlos, además del acceso a un patrocinio gratuito existente dentro de la competencia territorial de que se trate. f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. h) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos. i) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella. j) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refieren los artículos siguientes. A estos efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de correo electrónico, una dirección postal o domicilio o un número de teléfono celular, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 La víctima se debe comprometer a informar cualquier cambio de los datos suministrados. La autoridad procurará la reserva de los datos personales de las víctimas, en la medida en que ello no perjudique la investigación.
Artículo 5. Derechos de la víctima como denunciante Toda víctima tiene, al momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos: a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada. b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.
Artículo 6. Derecho a recibir información a partir de la denuncia 1. Toda víctima que así lo haya requerido, será informada sin retrasos las siguientes resoluciones: a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal. b) La sentencia que ponga fin al procedimiento u otorgue una salida alternativa al proceso. c) Las resoluciones que acuerden la prisión, el modo de ejecución de la pena y puesta en libertad del imputado, así como también se le notificará la circunstancia de su fuga.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima. e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria cuando el imputado haya sido condenado por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. f) Las resoluciones que la víctima solicite le sean notificadas. 2. Las víctimas podrán manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informadas de las resoluciones a las que se refiere este artículo, quedando sin efecto la solicitud realizada. 3. Asimismo, se le facilitará, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa, ante lo cual la decisión que deniega el acceso a la información deberá ser fundada bajo pena de nulidad.
Artículo 7. Derecho a la traducción e interpretación 1. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano deberá: a) Ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. b) Ser informada, en una lengua que comprenda, de la fecha, hora y lugar de celebración del juicio. c) Podrá solicitar la traducción gratuita de las resoluciones que le sean notificadas. La traducción incluirá un breve resumen del fundamento de la resolución adoptada, cuando la víctima así lo haya solicitado. d) Podrá solicitar la traducción gratuita de aquella información que resulte esencial para el ejercicio de los derechos aquí plasmados. 2. La asistencia de intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima. 3. Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también se garantice suficientemente la equidad del proceso.
Artículo 8. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial a los servicios de atención, acompañamiento y apoyo facilitados por las administraciones públicas y las oficinas de asistencia a la víctima, así como al patrocinio y la representación letrada gratuita en los casos y condiciones previstas por la reglamentación correspondiente.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 Este derecho podrá extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que se establezcan reglamentariamente, cuando la víctima no pudiera ejercer sus derechos por sí misma o cuando hubiera peligro cierto para sus familiares. Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las víctimas deberán derivarlas a las oficinas de asistencia a las víctimas cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite. Los hijos y los niños, niñas y/o adolescentes sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en esta Ley.
TÍTULO II Participación de la víctima en el proceso penal Artículo 9. Derecho de la víctima en la etapa de investigación Toda víctima tiene derecho: a) A ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en el ordenamiento procesal respectivo, de conformidad con las normas que regulan el proceso. b) A comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 c) A ser escuchada y a que se le reciba declaración, si así la víctima lo requiere.
Artículo 10. Derecho de la víctima en la etapa de juicio Toda víctima tiene derecho: a) A conocer con anticipación la fecha, hora y lugar del juicio. b) A comparecer en la etapa de juicio. c) A ser escuchada en el debate antes de dictarse sentencia.
Artículo 11. Derecho de la víctima en la etapa de ejecución penal Toda víctima tiene derecho a ser escuchada por el juez previo a resolver sobre las medidas que se adopten relativas a la libertad o detención del condenado.
Artículo 12. Comunicación La resolución de sobreseimiento deberá ser comunicada a las víctimas directas del delito que hubieran denunciado los hechos, así como al resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio se tuviera conocimiento. En los casos de muerte o imposibilidad de contactar a la víctima directa, se comunicará a las denominadas víctimas indirectas.
Artículo 13. Restitución de bienes
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 Las víctimas tendrán derecho a obtener, de conformidad con lo dispuesto en cada ley procesal, la devolución sin demora de los bienes restituibles de su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso. La devolución podrá ser denegada cuando la conservación de los efectos por la autoridad resulte imprescindible para el correcto desarrollo del proceso penal y no sea suficiente con la imposición al propietario de una obligación de conservación de los efectos a disposición del Juez o Tribunal.
TÍTULO III Protección de las víctimas Artículo 14. Derecho de las víctimas a la protección en general Las
autoridades
y
funcionarios
encargados
de
la
investigación,
persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, indemnidad y libertad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. En el caso de las víctimas menores de edad o con discapacidades mentales, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso. Las autoridades
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 procuraran reducir al mínimo indispensable la reiteración de declaraciones y evaluaciones periciales. Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas. En estos casos se asegurará la presencia de las partes para el adecuado control, evitando así la necesidad de reiterar la declaración en la etapa de juicio.
Artículo 15. Derecho de la víctima a no tener contacto con el imputado Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de denuncia e investigación, estarán dispuestas de modo que se impida el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte si así lo decidieron, y el sospechoso o imputado, de otra.
Artículo 16. Protección de la víctima durante la investigación penal Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal velarán porque, en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso: a) Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas. b) Se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, para evitar su victimización secundaria, y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal. c) Las víctimas puedan estar acompañadas, además de por su representante procesal y en su caso el representante legal, por una
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 persona de su elección, durante la práctica de aquellas diligencias en las que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario o autoridad encargado de la práctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma. d) Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se los reduzca al mínimo. Asimismo, deberán ser realizados por un profesional especialista en la materia sometida a cuestión y, dentro de las posibilidades, del mismo sexo. En todos los casos, cuando se trate de menores de edad deberán estar presentes sus familiares o representantes legales.
Artículo 17. Derecho a la protección de la intimidad Los Jueces, Tribunales, Fiscales y las demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares. La determinación de qué medidas de protección deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares, tales como si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito; víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad; la
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito. Asimismo se tendrán en cuenta las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos. A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos: delitos de terrorismo, cometidos por una organización criminal, cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, delitos contra la libertad o integridad sexual, delitos de trata de personas, delitos de desaparición forzada, delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, género, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad. A lo largo del proceso penal, la adopción de medidas de protección para víctimas menores de edad tendrá en cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, nivel de madurez, y respetará plenamente su integridad física, mental y moral.
Artículo 18. Medidas de protección 1. Durante el proceso podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las víctimas:
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda. c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal. d) Que la toma de declaración, en los casos de delitos de violencia de género, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal. e) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación. f) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de audiencias, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas. g) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 h) Celebración de la audiencia oral sin presencia de público. En estos casos, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa.
TITULO IV Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos (NNyA) Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, se tendrán particularmente en cuenta los siguientes derechos:
Artículo 19.- Principio rector. Interés superior del niño. En todo momento se deben priorizar los intereses de la NNyA, respetándose su dignidad, igualdad y libertad.
Artículo 20.- Derecho a un trato digno: Los NNyA deben ser siempre tratados con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta para cualquier tipo de intervención su situación personal, sus necesidades, su edad y grado de madurez.
Artículo 21.- Derecho a ser oído Debe garantizarse el derecho de los NNyA a ser oídos; su relato y sus opiniones deben ser debidamente tenidos en cuenta en todas las etapas
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 del proceso. Este derecho además supone que se deben crear los medios adecuados para que los NNyA puedan ser eficazmente escuchados.
Artículo 22.- Intervención del Asesor Tutelar o Abogado del Niño Ante la existencia de un NNyA en el proceso, la autoridad dispondrá inmediatamente la intervención pertinente del Ministerio Público Tutelar o Abogado del Niño o entidad análoga, conforme a la normativa procesal correspondiente en cada jurisdicción.
Artículo 23.- Evitar la victimización secundaria En todo momento del proceso, incluso ante de efectuarse la denuncia: a) Los NNyA deben ser tratados con dignidad y respeto. b)
de intervenciones a la que sea expuesta, así como asegurar que no se realicen intrusiones innecesarias ni multiplicidad de relatos.
c) Debe establecerse los medios necesarios para que se realice la video-grabación de la entrevista por una profesional capacitada a tal fin, asegurando que posteriormente pueda ser utilizada en las distintas instancias y etapas del proceso judicial. d) Debe procurarse que los actos en los que los NNyA deban participar se celebren sin retrasos, otorgándole preferencia o prioridad a ellos y que sean realizados puntualmente y, en la medida de lo posible, en horarios que no se interpongan con las actividades cotidianas como el horario escolar.
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 e) Debe tenderse instancias y etapas del proceso judicial
a la
realización de un único examen pericial físico y psíquico y sólo efectuarse en aquellos casos en que sea estrictamente necesario. f)
Asimismo, esto supone que no se someta a los NNyA a la atención de diversos y variados profesionales de las mismas especialidades o afines y/o se superpongan evaluaciones similares.
g) Debe procurarse que la participación de peritos expertos en problemática infantil no sea de sexo contrario al de la víctima. h) Todos los actores que intervengan en el abordaje de los NNyA deberán estar capacitados especialmente para la atención de NNyA víctimas y testigos. i)
Deben adoptarse todas las medidas necesarias para asegurar la recuperación física y psíquica de los NNyA y su reinserción social, garantizando el acceso a servicios sociales y de salud, a la escolaridad así como también a servicios de asistencia y apoyo económico, jurídico y de asesoramiento disponibles.
j)
Los funcionarios que trabajan en el caso deberán coordinar con los múltiples organismos del Estado el resguardo y asistencia psicológica, social y económica a los NNyA y su familia acorde a las particularidades del caso.
Artículo 24. Derecho a la seguridad En orden a garantizar la seguridad de los NNyA se deberá:
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 a) Brindar la protección necesaria antes, durante y después del proceso judicial, lo que supone que se tomen medidas que tiendan a resguardar a los NNyA de la victimización secundaria, venganza, intimidación o amenazas, así como también de todo perjuicio que pueda causarle el proceso de justicia. b) Propiciar la inmediata intervención a la autoridad administrativa local competente, en caso de que el niño se encuentre en situación de vulnerabilidad de sus derechos. c) Brindar a los NNyA contención psicológica y emocional, así como evaluar el riesgo de que vuelva a sufrir una agresión y recomendar d) Otorgar
medidas
para
preservar
su
seguridad
física
y
psíquica(prohibición de acercamiento de un adulto, exclusión del hogar, necesidad de custodia, ETC)) y/o de atención médica, psicológica y/o psiquiátrica inmediata. e) Cuando los NNyA sean víctimas de delitos contra su integridad sexual, las medidas de protección, aseguramiento y resguardo deben ser conformes a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradica la Violencia contra las Mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales (art. 26 Ley 26485) y con la Ley de Protección contra la Violencia Familiar (art. 4 y 8 de la Ley 24417).
Artículo 25.- Derecho a la privacidad oda información relativa a la participación de la NNyA dentro del proceso debe ser protegida, asegurándose la confidencialidad y restringiendo la
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Consejo Federal de Justicia Ciudad de San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 2016 divulgación de cualquier información que permita su identificación o utilización para fines inapropiados.
Artículo 26.- Orden Público Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus respectivas competencias, las normas correspondientes, las que de ninguna manera pueden limitar o restringir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.
Artículo 27. Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
