POLITICA

Miércoles 31 de marzo de 2010

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DERECHOS HUMANOS s INVESTIGACION POLICIAL

Breves

Conmueve a Santa Fe el crimen de una víctima de la represión

INTERNA PERONISTA

TUCUMAN

Capitanich dice que quiere la reelección

Separan a Bussi del juicio, por mala salud

RESISTENCIA.– Jorge Capitanich confirmó ayer que volverá a postularse como candidato a gobernador para los comicios del 2011, en medio de las versiones que le atribuyen aspiraciones a un cargo nacional. Incluso adelantó que tiene elegido el eslogan de campaña: “Nosotros hacemos, usted compare”. En ese sentido dijo que va a pedir que se compare su gestión con las anteriores en materia de viviendas, agua potable, cloacas, electrificación rural, empleo privado formal y de tasa de crecimiento del producto bruto. De gran cercanía con la Casa Rosada, se lo menciona como posible candidato presidencial del oficialismo en caso de que Néstor Kirchner desista de competir por ese cargo.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta provincia dispuso ayer separar al ex gobernador Antonio Domingo Bussi del juicio por la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía, entre 1976 y 1977. El motivo de la decisión fue el mal estado de salud del ex militar, ya condenado en otro proceso por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Josefina Curi, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla fundamentaron su decisión en el informe médico negativo dado por el cardiólogo del Cuerpo Forense de la Corte, Cristian Rando. El profesional confirmó que Bussi, de 84 años, padece severos problemas cardíacos y pulmonares.

Silvia Suppo había declarado en un juicio emblemático; buscan a dos sospechosos JOSE E. BORDON PARA LA NACION SANTA FE.– La policía apunta a dos jóvenes de 19 y 22 años como los principales sospechosos del asesinato de Silvia Suppo, comerciante y dirigente social, sobreviviente de hechos de tortura en esta capital, en 1977, y que, gracias a su testimonio, hizo posible las condenas de la causa que envió a la cárcel al ex juez federal Hermes Brusa y a militares acusados por la represión ilegal. El crimen, cometido en Rafaela, conmueve a la provincia desde anteayer. La policía realizó una serie de allanamientos después de que los investigadores lograran establecer el recorrido de los autores materiales, así como sus identidades, que no trascendieron. “Hemos establecido las identidades de los responsables del hecho. Además, recuperamos gran parte del botín robado del local de la señora Suppo”, explicó uno de los investigadores. El titular de la Unidad Regional V, con sede en Rafaela, Juan José Mondino, aclaró: “Primero corresponde detener a los autores, analizar móviles y causas, y, a partir de allí, dar pie a la segunda etapa, que es

ligarlo o asociarlo a alguna situación en particular”. Mondino reconoció que los investigadores intentan documentar una supuesta prueba sobre algunas declaraciones de Suppo mientras estaba en el hospital, antes de su muerte. “Allí, la mujer habría mencionado a los profesionales de la salud que la asistían que había sufrido un robo. Sin embargo, eso no está probado y el único elemento para establecer esa hipótesis es la faltante comprobada de joyas de oro y plata del local, por un total de $ 10.000, y efectos personales de la señora”, añadió el jefe policial. Para que no quedaran dudas sobre el camino de los investigadores, se admitió que el mismo lunes, en horas de la noche, los pesquisas allanaron una vivienda ubicada en las afueras de Rafaela, donde secuestraron el celular de Suppo y monedas de colección, que formaban parte de la ambientación del local donde se produjo el ataque. La actual vicegobernadora de Santa Fe y ex fiscal federal que intervino en las causas por violaciones de los derechos humanos, Griselda Tessio, no descartó que el crimen de Silvia Suppo haya sido obra de un sicario.

GENTILEZA EL LITORAL

El lugar del asesinato, en Rafaela “Fue un golpe muy fuerte porque su vida es una tragedia y termina como una tragedia”, en clara alusión a que, en 1976, la comerciante rafaelina fue secuestrada, luego torturada, violada y, finalmente, obligada a abortar. Suppo fue atacada en el interior de su negocio, Siempre Cuero, dedicado a la venta de ropas y artesanías. Recibió tres puñaladas, que le cau-

sarían la muerte poco después. No obstante, horas después sus familiares aclararon que ella nunca podría haber actuado de esa manera y se perfilaron hacia una investigación por su participación en la Causa Brusa, donde ante el Tribunal Oral Federal relató sus propias vivencias en la entonces Guardia de Infantería Reforzada, o del Area 212, de esta capital. “Llama poderosamente la atención el ensañamiento de los supuestos ladrones, ya que se comprobó la faltante de elementos del comercio. Sabemos que puede aparecer como robo y ser otra cosa: un sicario, alguien pago”, destacó Tessio, que también lamentó que ninguna autoridad de la provincia de Santa Fe hubiera conseguido convencer a Suppo de que se inscribiera en el programa de protección a testigos. “Si esto es un mensaje contra los testigos para acallarnos, también hay que dar un mensaje: los testigos declaramos antes, ahora y vamos a seguir declarando, a pesar de estas cosas dolorosas y terribles. La memoria de esta compañera amerita que uno siga en esta senda”, afirmó Patricia Isasa, que estuvo detenida durante la dictadura junto con Silvia Suppo.

Noble Herrera: suspenden un estudio de ADN La Cámara de Casación Penal aceptó el recurso de queja presentado por los hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y suspendió un examen genético que el juez Conrado Bergesio había ordenado realizar en el Banco Nacional de Datos Genéticos a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. El fallo lleva la firma de los camaristas Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, que aceptaron un recurso mediante el cual los abogados Jorge Anzorreguy y Alejandro Carrió, letrados de Marcela y Felipe Noble Herrera, plantearon que el procedimiento ordenado por Bergesio no respeta las garantías de la defensa en juicio

ni garantiza la transparencia de los resultados. El BNDG depende del Ejecutivo y, según Anzorreguy, no está garantizado que las pruebas vayan a arrojar resultados verdaderos. En diciembre, Marcela y Felipe se sometieron voluntariamente a un estudio de ADN en el Cuerpo Médico Forense, que depende del Poder Judicial. Ese procedimiento había sido ordenado por la Justicia y convalidado por la Corte. Pero al día siguiente de ese estudio, a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, Bergesio ordenó realizar dos allanamientos en los domicilios de Marcela y Felipe, donde secuestró cabellos y material genético. Hace dos semanas, el BNDG re-

cibió esos elementos y, por orden de Bergesio, se disponía a hacer el cruce de datos. Pero los abogados de los jóvenes, que hoy tienen 33 años, apelaron la resolución. La Cámara Federal de San Martín confirmó el fallo del juez, sin pronunciarse sobre los argumentos de los jóvenes sobre la violación de su derecho de defensa. El caso llegó así a la Cámara de Casación. Anzorreguy explicó: “El proceso podría haber finalizado hace seis años, pero ninguna demora es imputable a Marcela y Felipe, que en 2004 ofrecieron hacerse el análisis para determinar si existe o no compatibilidad con las familias querellantes, a lo que éstas se opusieron”. Y añadió:

“Sorprende que se hable de presión a la Justicia por parte de la familia Noble Herrera, cuando fueron funcionarios del Poder Ejecutivo los que se involucraron en este caso, ya sea en discursos públicos, en entrevistas o en conferencias de prensa, en la que se mencionó la posibilidad de iniciar juicios políticos a los jueces de la causa”. Recordó que, en los últimos días, referentes del Gobierno usaron expresiones como “apropiación” para referirse al caso. “Eso obedece a un profundo desconocimiento o a una evidente intencionalidad de agraviar, porque ni Ernestina Herrera de Noble ni ninguna otra persona fueron imputadas de ese delito”.

Sistema

Por NIK