¿POR QUÉ DEFENDER A LA PEQUEÑA MINERÍA EN COLOMBIA?

Mario Alejandro Valencia

Conalminercol CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA

www.confederacionminera.org

(contraportada) ¿Por qué defender a la pequeña minería en Colombia? ISBN Bogotá, marzo de 2012 Elaborado por: Mario Alejandro Valencia Analista económico, profesor universitario Twitter: @mariovalencia01 Correo: [email protected] Revisado y Corregido por: Luis Ramiro Restrepo, Presidente de Conalminercol Luz Stella Ramírez, Directora Ejecutiva Conalminercol Enrique Daza, Director de Cedetrabajo Elaborado para: Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol www.confederacionminera.org Twitter: @ConMineros Facebook:

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INTRODUCCIÓN

Durante al menos una década, la minería en Colombia ha sido eje central en el debate sobre el futuro del país. Cientos de foros, estudios, documentos y artículos han expresado posiciones diversas e incluso antagónicas sobre su conveniencia o inconveniencia, de acuerdo a los intereses nacionales o a las pretensiones extranjeras que se tengan. Las multinacionales con presencia en el país han invertido miles de millones en mercadeo y propaganda para convencer a los colombianos de los privilegios de su presencia. Por otro lado lado, está la posición de grupos sociales y personalidades académicas que se oponen a cualquier tipo de minería. Con estudios serios han defendido una posición que busca evitar la afectación definitiva del equilibrio ambiental, cada vez más evidente con el denominado “Cambio Climático”, que ya sufrimos los colombianos. No es para menos: este territorio ha sido dotado con la tercera porción de biodiversidad más grande del planeta, después de Brasil y Malasia. En una franja más amplia se encuentra la posición de quienes no se oponen a la minería por definición, ni a la inversión extranjera por principios. Sin embargo, han adoptado una postura crítica frente a la política y la legislación minera colombiana, con argumentos y hechos comprobados que revelan una actuación sesgada del Estado para favorecer casi exclusivamente a las empresas extranjeras y una negativa institucional a –siquiera– discutir una política minera alternativa que beneficie a la mayoría de nacionales. Ésta última es la posición que mejor coincide con los principios de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, porque considera como aspecto central la enorme extensión y el significado social de la actividad minera que corresponde a una realidad -nos guste o no- imposible de omitir. Durante siglos, la minería ha sido una de las principales actividades de transformación del entorno que realizan los seres humanos. Su avance ha servido para facilitar y mejorar las condiciones de vida, permitiendo la existencia de vivienda, transporte, telecomunicaciones, energía, medicina, servicios sanitarios, avance científico y tecnológico, y más productividad agrícola, de las cuales hoy se benefician las sociedades globales. Negar su importancia es desconocer el papel que juegan los seres humanos en la transformación de su entorno, como resultado del mayor conocimiento adquirido sobre el funcionamiento del universo. Sin duda, esto debe llevar también a la búsqueda de formas alternativas de producción de energía que lleguen eficientemente a las comunidades que lo deseen y que no destruyan de manera irreversible el entorno natural. Conalminercol es una organización de carácter gremial, creada en septiembre de 2010 con el propósito de congregar a mineros nacionales artesanales, pequeños y medianos, y trabajar por la defensa de actividad. Su postura es a favor del progreso nacional. Este documento está dirigido a la población colombiana, con el propósito de mostrar una posición diferente a la que gobierno y trasnacionales de la gran minería han diseñado para desacreditar la pequeña y mediana minería. En su desarrollo se intentará mostrar por qué, en las actuales circunstancias, los pequeños y medianos mineros lejos de ser enemigos del país contribuyen a la defensa del territorio y a la recuperación del control de sus recursos naturales. Además, en la lógica económica y empresarial, es un sector con todo derecho a existir y a desarrollarse, como cualquier otra rama de la economía nacional.

DEFENDER LA MINERÍA TRADICIONAL

ES SALVAR AL PAÍS DE LA GRAN MINERÍA La realidad supera la ideología Sobre cómo aportar al desarrollo del país o si es realmente eso lo que se busca, gira el debate en el que está hoy inmerso el país frente a la minería. Independiente de la doctrina que se siga existe una realidad que los responsables de las decisiones en materia minera se niegan a reconocer: el 44% de los municipios del país tienen actividad minera de pequeña y mediana escala1, entre ellas: artesanal o de barequeo en materiales de arrastre para construcción y metales preciosos; de pequeña y mediana escala en minerales energéticos como el carbón, metales preciosos y otros. En esta condición tienen su única forma de vida más de dos millones de colombianos. La existencia o desaparición de esta franja de la población no es un problema académico sino algo que afecta a una parte significativa de la sociedad. Infortunadamente no existe ninguna propuesta seria al respecto por parte del Estado, por lo tanto, la realidad los ha llevado a organizarse, unirse y luchar para proteger su producción y su trabajo. En la minería también existen grupos al margen de la ley que desarrollan ésta y muchas otras actividades económicas de tipo empresarial. Su presencia en la minería se explica, por lo lucrativo del negocio con los actuales precios internacionales del oro, por ejemplo, y también por la incapacidad estatal de desarticularlos. No obstante, de esta situación es absurdo desprender que todo minero que no tenga un pasaporte extranjero es un criminal. En Colombia, como en el mundo, la minería no es una actividad proscrita por sí misma, aunque sí regulada; por lo tanto, la obligación del Estado es perseguir a los grupos o individuos por sus actividades delictivas, no por hacer minería. Así como tampoco persigue a los contrabandistas por ser comerciantes, sino porque actúan por fuera de la legalidad. De la misma forma en que si hay un narcotraficante que posee un restaurante, la justicia no lo condena por ser dueño del mismo, sino por su actividad ilegal. Estas consideraciones que parecen obvias, son el día a día de un conflicto social de enormes proporciones que amenaza la forma de vida cientos de miles de familias honestas y laboriosas. El Estado se rehúsa a reconocer que una cosa son los mineros informales de tradición que realizan minería como forma de sustento, y otra muy diferente son los grupos ilegales que hacen minería. Por ende, como son diferentes, es injusto desde el punto de visa del Estado Social de Derecho que reciban el mismo trato. La campaña de desprestigio y la persecución oficial A través de su presencia en los medios masivos de comunicación, los últimos dos gobiernos han hecho creer a la población colombiana que no existe tal diferencia, y que todo colombiano que realice minería es un malhechor. Situación dañina para el país, porque al tiempo que esto ocurre, la locomotora minero-energética de la minería a cielo abierto avanza sobre una buena parte del territorio nacional, impulsada por empresas extranjeras que poca o ninguna ganancia le están reportando a la nación. Este capítulo se referirá a las características de la minería tradicional e informal y las diferencias que, en la actualidad, existen con la gran minería trasnacional: ¿Cómo funciona la pequeña y mediana minería? 1

Minería de hecho en Colombia. Defensoría delegada para los derechos colectivos y del medio ambiente. Diciembre de 2010.

En ninguna de las actividades de minería tradicional e informal existen grandes conglomerados económicos involucrados, ni poderosos empresarios nacionales. La forma más corriente de esta producción es la de pequeña y mediana escala en donde se usan maquinarias y herramientas de tipo casero o de industria nacional, e incluso de más alto nivel importadas, como retroexcavadoras de conocidas marcas: Caterpillar, John Deer, Hitachi, Case, de muy buen recibo cuando se importan, mientras no caiga en manos de un minero colombiano. En ningún caso, este tipo de minería cuenta inversiones monumentales. Las más organizadas cuentan con asociaciones de productores mineros de tipo local, que permite negociar un mejor precio del mineral con los comercializadores y acceder a otros beneficios de economías a escala, para conseguir materias primas como explosivos o gasolina. Una forma aún más avanzada de organización son las federaciones mineras regionales, que agrupan a empresas, cooperativas y asociaciones locales. Un número importante de estas organizaciones lograron que en septiembre de 2010 se constituyera la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, la única de orden nacional en defensa de los intereses de los mineros artesanales, pequeños y medianos, en 18 departamentos. Sin embargo, la minería de este tipo en Colombia se caracteriza por la desorganización e informalidad en la que ha operado desde que se tengan registros de actividades mineras en este territorio, hace unos 4.000 años. Más tarde, durante y después de la colonización española, municipios a lo largo y ancho del país continuaron esta tradición como aspecto cultural y, por supuesto, como forma de subsistencia. En la actualidad el Estado colombiano no tiene datos ciertos del tamaño de la minería informal. Se calcula que aproximadamente dos millones de personas, entre productores, sus familias, trabajadores y de manera indirecta la comunidad, tienen en la minería de este tipo su única forma de sustento. En bastas regiones del país, la minería es la más representativa fuente de ingresos de los municipios. El Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, Antioquia, Chocó, Córdoba, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Tolima, Huila, Meta, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, son departamentos con una importante tradición minera de peso en su economía. Por las características propias de la minería artesanal, pequeña y mediana minería, es una actividad que genera encadenamientos con la agricultura, el comercio, la industria y otras formas de producción. Incluso en no pocas regiones del país existen organizaciones agro-mineras, que tienen a esta última como una alternativa para mejorar los ingresos de la unidad familiar en temporadas que no son de cosecha. Otra explicación para el crecimiento de la pequeña y mediana minería en Colombia es la ruina de la agricultura tras el proceso de apertura económica de 1990, que trajo como consecuencia la pérdida de 1.000.000 de hectáreas de cosecha en cultivos transitorios desde 1990 hasta 2010, acompañado del más grande proceso de desplazamiento interno en la historia del país y el segundo más grande del planeta después de Sudán, convirtiendo a Colombia en el país con la más alta concentración de la tierra del mundo, donde el 0.43% de los propietarios es dueño del 63% de la tierra. Quienes aún logran permanecer en el campo, tienen en la minería una de las pocas fuentes de ingresos que quedan. Situación que, como está probado en decenas de estudios, se agravará con la implementación de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Corea, entre otros. ¿Cómo se desconoce legalmente a la pequeña minería?

Sólo a partir de 1993, con la Ley 99, en un periodo relativamente reciente, se impuso el requisito de contar con una licencia ambiental para realizar minería o cualquier otra actividad que impacte los recursos naturales renovables o no renovables del Estado. Las normas para cobrar, regular y controlar el pago de regalías para el Estado, dueño único del recurso, se expidieron con la Ley 141 de 1994. Antes de eso prevalecía una alta informalidad en la actividad minera de todo orden. Con la aprobación del Código Minero Ley 685 de 2001, se da un cambio radical a la política minera colombiana, acorde con las orientaciones del Banco Mundial de permitir una mayor penetración del capital extranjero en esta actividad, por el interés de las trasnacionales en las enormes riquezas naturales del país. Dicho Código de Minas define dos cuestiones que son determinantes para comprender porque hoy el Estado colombiano prefiere a las trasnacionales de la gran minería:  El Estado colombiano “desaparece del negocio minero”, y se vuelve un mero “facilitador” de la actividad minera empresarial, a través de la fiscalización y control, que como se sabe no se realiza o es insuficiente, pues la institucionalidad sólo cuenta con 174 funcionarios para supervisar 9.824 títulos mineros.  Desaparece la clasificación de pequeña, mediana y gran minería. En la práctica, esto significa que para la institucionalidad nacional es lo mismo un minero con una retroexcavadora que una multinacional minera con doscientas máquinas. En la práctica, significó dejar en manos de privados la operación minera, lo que llevó a la liquidación de la institucionalidad minera, provocando la desaparición en el 2004 de la Empresa Nacional Minera, Minercol. Antes en el 2000, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, se había privatizado Carbolcol entregando la operación del Consorcio Cerrejón en La Guajira a privados extranjeros. En el 2004 Ingeominas, un instituto de investigación e información geocientífica fue obligado a asumir funciones administrativas de control y fiscalización que terminaron en un fiasco y un desfalco del cual todavía la nación no tiene cifras. Como el Estado no puede participar del negocio, su única posibilidad de sacar provecho es a través del cobro de regalías e impuestos a los privados, de paso convirtiendo a Colombia en un “país minero”. Pero no de cualquier tipo, sino de la explotación a cielo abierto que pequeños mineros colombianos no tienen capacidad técnica, experticia y músculo financiero para realizar. Estas dos decisiones dejaron servida en bandeja de plata las riquezas de los colombianos para la explotación de trasnacionales de la gran minería. El engaño de la formalización En concordancia con lo anterior, los tres planes del gobierno nacional para formalizar la pequeña minería fracasaron estruendosamente. La Ley 141 de 1994 y su decreto reglamentario 2636, la Ley 685 de 2001 y su artículo 165 y la Ley 1382 y su decreto 2715, fueron incapaces de dar una solución a esta problemática en evolución. Falta de información por poca publicidad, desinterés de algunos mineros, ausencia de apoyo técnico y jurídico, violencia en algunas zonas mineras, pero especialmente falta de voluntad política, son la explicación para el fiasco. Para mayo de 2007 se habían presentado 3.631 solicitudes de formalización y menos del 1% terminaron en título minero, según la Defensoría del Pueblo2.

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Minería de hecho en Colombia. Defensoría delegada para los derechos colectivos y del medio ambiente. Diciembre de 2010.

En el año 2010 se modificó el Código de Minas y se estableció un nuevo proceso denominado “legalización de minería de hecho”. Según Ingeominas, se presentaron 19.629 solicitudes que, frente a la incapacidad oficial, colapsaron la institución. De manera, por decir lo menos atípica, el ministro Carlos Rodado Noriega con una resolución, la número 180099 de febrero de 2011, revocó la Ley que obligaba a dar trámite a los procesos de formalización y se suspendieron por seis meses. Más tarde, con la resolución 181233 de julio de ese mismo año se amplió la suspensión por seis meses más. En febrero de 2012, otro ministro, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo lo mismo con la resolución 180128 por dos meses más. Para completar, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, define que a partir del 1 de enero del año 2012 “se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero”3, con acciones penales. Es decir, el Estado nunca asumió de manera seria un proceso de formalización minera, que aún hoy sigue suspendido, pero en cambio sí tomó determinaciones de fuerza pública para perseguir y judicializar a los actores de un problema que él mismo provocó. Éste artículo se está aplicando con todo rigor a nivel nacional, incluso realizando operativos de decomiso y destrucción de maquinaria a mineros tradicionales sin orden judicial. No obstante, no ha habido ni una sola prueba del Estado en querer aplicar el artículo que le sigue al Plan Nacional de Desarrollo, el 107, que manifiesta: “es deber del gobierno nacional implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal. Deberá, respetando el Estado Social de Derecho, construir una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna”4. Una situación oprobiosa en la que el Estado solo existe para reprimir y no para solucionar. De muchas formas los mineros tradicionales le han hecho saber al gobierno nacional de su interés por formalizar su actividad y mejorar los estándares ambientales, laborales y técnicos con la cual se desarrolla. El más reciente esfuerzo concluyó con la firma del Acuerdo de Caucasia, el 30 de noviembre de 2011, en el cual el gobierno de Santos, a través de su viceministro de minas, Henry Medina, se comprometió a crear unas mesas de trabajo para analizar el camino hacia un proceso de formalización. En la segunda reunión de dichas mesas el Ministerio de Medio Ambiente a través de su viceministra Adriana Soto, obstaculizó cualquier posibilidad de diálogo ante la negativa de tan siquiera discutir un cambio en la legislación que permitiera algo lógico: reconocer que le pequeña y mediana minería actúa y se desarrolla de forma diferente a la gran minería.

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Ley 1450 de 2011, artículo 106 Ley 1450 de 2011, artículo 107

Acuerdo de Caucasia, firmado por los viceministros Henry Medina y Javier Parga A partir de ese momento, el gobierno desconoció el acuerdo e arreció los operativos contra reconocidos mineros en proceso de formalización, pertenecientes a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol.

Foto de maquinaria destruida por la fuerza pública, en operativo sin orden judicial realizado en el municipio de Norosí, Sur de Bolívar, el 30 de enero de 2012. En un comportamiento absolutamente cuestionable, el gobierno nacional ha ordenado a la fuerza pública realizar operativos sin orden judicial, con la excusa de ser efectuados en flagrancia, en una clara violación a los derechos individuales, a la propiedad privada y al trabajo. Una especie de Ludismo al revés, donde es el propio Estado quien emprende una guerra contra la producción y las máquinas que sirven a la misma. La irresponsable actuación oficial pone en jaque la única forma de vida de más de dos millones de colombianos, trayendo como consecuencia desempleo, desplazamiento y hambre. Además, está ayudando a configurar un conflicto social sin precedentes, al insistir en resolver por la fuerza un problema cuya única solución es el reconocimiento de que la gran minería trasnacional no puede

realizarse sobre la base de eliminar a la pequeña y mediana minería. El Estado debe encontrar fórmulas para que ambas operen. No obstante, el camino que ha cogido la institucionalidad es el más difícil de recorrer: acabar con una para que sobreviva la otra, como se mostrará en la segunda parte de este documento. PARTE 2

MINERÍA EN COLOMBIA: PELEA DE DAVID CONTRA GOLIAT Luz para la calle y oscuridad en la casa Toda esta política de persecución a los pequeños y medianos mineros colombianos ha sido orquestada con mayor énfasis desde el año 2002 en coincidencia con el ‘boom’ de inversión extranjera y lo que en su momento el ex ministro Carlos Rodado Noriega llamó la “feria de títulos mineros”. En efecto, cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia habían 1.13 millones de hectáreas en concesión y cuando salió, ocho años, después dejó 8.53 millones de hectáreas concesionadas5, en su gran mayoría a empresas extranjeras o a sus calanchines locales. El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006, firmado por el entonces ministro de minas y energía Luis Ernesto Mejía, indica que para “el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá ampliado significativamente su participación en la economía nacional” Agrega que se aspira a mantener a “Colombia entre los cinco países de Latinoamérica destino de las inversiones mineras del mundo (…) duplicar la producción minera nacional [y] (…)

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El legado minero de Uribe. La Silla Vacía, 14 octubre 2010. Disponible EN: http://www.lasillavacia.com/historia/18648

garantizar la estabilidad tributaria a los inversionistas”. La apuesta es aumentar la producción de petróleo de 700 mil barriles de petróleo diarios a 1.45 millones para el 2014, la producción de carbón de 74 millones a 124 millones y la producción de oro de 53 toneladas a 72 toneladas6. No obstante, el Plan advierte que “buena parte de la actividad minera que se lleva a cabo en el territorio nacional, se desarrolla a escalas menores, definida en muchos casos por la informalidad y el carácter de subsistencia, frente a la cual se establece un gran interrogante en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad”7. Preocupación que ha estado lejos de promover esfuerzos oficiales para dar alternativas y mejorar su condición. En el año 2006, en medio de la campaña de desprestigio a la pequeña minería para prepara el terreno a la gran minería, Luis Ernesto Mejía se refería a la minería informal como el mayor problema del país pues ésta hace “uso de tecnología rudimentaria que depreda los campos y daña los depósitos mineros” tiene un “alto impacto ambiental (…) opera desconociendo obligaciones laborales y de seguridad industrial” y limitan la llegada de “proyectos de gran envergadura”. Expresa que la “función social del Estado es establecer un equilibrio que permita una explotación enmarcada por la viabilidad económica y técnica y la sostenibilidad social y ambiental”, por lo tanto “las modificaciones se encaminan a conseguir una verdadera industria minera como la que poseen otros países” permitiendo “la ejecución de los grandes proyectos estratégicos por parte de empresas sólidas y expertas”. Más claro no canta un gallo. En la actualidad, el ministro de minas y energía Mauricio Cárdenas Santamaría no desaprovecha ni un segundo en los medios de comunicación para expresar que los mineros que no tenga título deben ser “tratados como narcotraficantes” porque son “la nueva coca del país”, epítetos que son una lápida sobre cualquiera que se atreva a poner sus manos sobre la riqueza natural que el Estado ya prometió a las trasnacionales de la gran minería. A comienzos del 2012 el gobierno nacional, a través del ministro Cárdenas anunció que entregaría en subasta minera 2.9 millones de hectáreas, de las cerca de 5 millones que Ingeominas definió como de interés minero, las cuales el Estado se reservará. Un documento oficial de proyecto de reforma al Código de Minas del año 2010, que tumbó la Corte Constitucional porque no se consultó con comunidades indígenas y afros, describe que ese proceso de selección en la subasta se realizará cumpliendo con el objetivo de otorgarse a quien “ofrezca las mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para el aprovechamiento del recurso minero”. Pretensión lógica del Estado, pero que de entrada deja por fuera al pequeño minero que deba enfrentarse en la subasta a una gran empresa que cuenta con suficiente poder económico y que además tenga en su nómina a ex ministros como Hernán Martínez, hoy miembro de la junta directiva de Gran Colombia Gold, o a Edgar Castellanos González, esposo de Clemencia Forero la actual embajadora de Colombia en Canadá quien tiene intereses en trasnacionales mineras de ese país. La prueba está en que del “portafolio de oportunidades de inversión minera”, en la “promoción del país minero”, la absoluta mayoría de las empresas son extranjeras, como lo muestra la tabla X Tabla X. Grandes empresas mineras en Colombia 6

El sector minero-energético en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Jean Philippe Pening, 15 abril 2011. Disponible EN: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=_EObTmw-f6A%3d&tabid=82 7 (Subrayado del autor) Plan Nacional Desarrollo Minero Energético, 2002-2006. Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Tomado de: Anuario Estadístico Minero, Sistema de Información Minera de Colombia.

Colombia: El único riesgo es…no aprovecharse de la confianza inversionista El territorio nacional se ha convertido en un atractivo lugar para la llegada de empresas y capitales extranjeros, por el magnífico ambiente y beneficios que otorga la “Confianza Inversionista” del actual gobierno y sus “locomotoras de crecimiento”. Los esfuerzos del Estado colombiano están volcados a atraer inversión, tanto que para el año 2011 fue el quinto país en el planeta que más recibió inversión

extranjera8, y según un escalafón del Banco Mundial (Doing Business) es el quinto mejor país del planeta para hacer inversión. Sin dudas una tarea bien hecha. Ha sido vendido al mundo como “Colombia Minera”, aún cuando es la tercera potencia en biodiversidad del planeta. El propio gobierno destaca que traer capitales es una buena decisión por:    

Mejor ambiente de negocios Recurso humano barato Plataforma exportadora Incentivos jurídicos, fiscales y tributarios

En la página Web del Ministerio de Minas y Energía se pueden leer frases como: Colombia “cuenta con el segundo régimen laboral más flexible de Latinoamérica según el Banco Mundial 2008. La mano de obra colombiana ofrece competitividad a nivel salarial. Los costos salariales asumidos por el empleador y los costos de compra y alquiler de inmuebles son unos de los menores de América Latina”. “Costo laboral Colombia hora = 1.96 dólares la hora”. En Estados Unidos, en el Estado de California, un trabajador minero se gana 19 dólares la hora, 9.7 veces más. Agrega: “somos el país con mejor entorno de negocios de Latinoamérica según el Doing Business (Banco Mundial) 2010. Entre los cuales están: Zonas Francas más competitivas de Latinoamérica que dan un 50% de descuento en el impuesto de renta permitiendo ventas en el mercado local y establecimiento en cualquier lugar del país. Contratos de estabilidad jurídica. Deducción al impuesto de renta el 30% del costo de la maquinaria comprada. Exención del impuesto de renta para proyectos en turismo, y cultivos de tardío rendimiento”. Posición bien contradictoria, pues el discurso oficial sobre las Locomotoras es que generarán empleo y traerán progreso al país, sin embargo la motivación del gobierno es que es un sector donde hay que invertir justamente porque la mano de obra y el aporte que se le hace al Estado es muy bajo. Una locomotora de empleo cuyo principal esfuerzo está en un sector cuya naturaleza es precisamente la de no generar empleo. El interés no se ha hecho esperar, atraídos por las excelentes condiciones y el jugoso aumento en los precios internacionales de los minerales. Para el año 2001, cuando se aprueba el Código de Minas, una onza de oro se cotizaba 271 dólares, que para el año 2011 se transó a un promedio de 1.572 dólares por onza, 6 veces más alto. En 1990 el precio de la tonelada de carbón térmico estaba en 25.3 dólares la tonelada; para el 2011 se había incrementado a 96.67, casi cuatro veces más. El de carbón coque valía 64.35 en 1990 y para el 2011 valía 357.63 dólares la tonelada, cinco veces y media más. Como resultado para el año 2010 el 71% de los flujos de inversión extranjera directa en Colombia, es decir, unos 5.000 millones de dólares de los 6.900 en total, se dirigieron a actividades extractivas de petróleo y minería9. En el 2002 esa inversión había sido de 915 millones de dólares, 5.4 veces menos, y representaba el 43%, incluso una cifra elevada si se compara con 1996 cuando solo significaba el 2.2% de la inversión.

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Inversión extranjera en Colombia fue la quinta del mundo. Portafolio, 24 enero 2012. Disponible EN: http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-fue-la-quinta-del-mundo 9 Flujos de inversión extranjera en Colombia según actividad económica. Balanza de Pagos. Banco de la República. Disponible EN: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#pagos

Así mismo, para el año 2011, 71 de cada 100 dólares de mercancías que se vendieron al extranjero fueron recursos naturales no renovables, cuando en 2002 habían sido 40 de cada 100 dólares. Esto refuerza la condición de Colombia como nación netamente exportador de materias primas, que para colmo se agotarán en unas cuantas décadas, mientras las exportaciones industriales pasaron de ser el 42% de las totales en 2002 al 20% en 201110. El ‘boom’ de inversión extranjera nada tiene que ver con que las trasnacionales quieran mucho a Colombia o porque el “único riesgo es que te quieras quedar”, como reza el eslogan de “Colombia es pasión”. Está relacionado con el inexistente riesgo para sacar las ganancias del país. Según la revista Dinero, “los inversionistas hacen fila para entrar al país”11, ya que para el año 2010 por cada dólar que se invirtió en Colombia salieron en forma de pagos de dividendos y remisión de utilidades 1.22 dólares. Por lo anterior la cuenta corriente de la balanza de pagos acumula un saldo negativo en los últimos quince años de 300.000 millones de dólares y la renta de los factores, la cuenta que mide las ganancias del capital un saldo negativo de 54.600 millones de dólares, lo que demuestra que la inversión extranjera no está produciendo ningún beneficio al país. Vienen porque invertir un dólar en Colombia es más rentable que invertirlo en Estados Unidos, Canadá o Inglaterra; de otra forma no lo harían. Sin embargo, el gobierno actual les genera máxima seguridad: el 22 de mayo de 2011 en una entrevista para el diario ABC de España, el presidente Juan Manuel Santos respondiendo a la pregunta de qué garantías ofrece Colombia a los inversionistas extranjeros dijo: “Todas. Somos el único país de América Latina que nunca ha renegociado su deuda externa. Es un país donde prácticamente se sienten como en su propia casa. Yo sólo pongo dos condiciones: que sean responsables social y ambientalmente”. Colombia sigue aprobando beneficios para atraer más inversión, a pesar que existen rigurosos estudios que demuestran que la nación no recibe los beneficios tributarios ni las regalías suficientes para compensar los daños ambientales, sociales y laborales que produce la gran minería12. Para colmo, los tratados de libre comercio, como el de Estados Unidos, significan “una garantía jurídica a perpetuidad – sin fecha de vencimiento – más ventajosa que cualquier disposición de la actual confianza inversionista”13. ¿Qué está generando la política pro-gran minería trasnacional? Existen marcadas diferencias entre la minería a gran escala que promueve el gobierno nacional y la pequeña minería que estorba a sus planes. Como aspecto central, el tamaño y ritmo de la explotación determina una brecha abismal en los impactos de tipo ambiental, social y económico. Es importante señalar que el Estado colombiano, bajo el modelo de la minería a gran escala, no tiene capacidad para definir la cantidad de mineral que se extrae, el tipo de operación que se realiza, la cantidad y capacidad de la maquinaria; tampoco define el precio ni el mercado hacia el cual se dirige. Este tipo de minería se realiza bajo la completa libertad de las necesidades e intereses de las trasnacionales, las cuales solo poseen la carga de la ganancia individual. Al decir de Milton Friedman: “la única responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades”. 10

Principales exportaciones y resto de exportaciones. Balanza Comercial. Banco de la República. Disponible EN: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#comercial 11 Futuro minero. Revista Dinero, 20 junio 2008. Disponible EN: http://www.dinero.com/caratula/edicionimpresa/articulo/futuro-minero/64081 12 No se abordarán en este documento. Para más información, consultar: http://www.recalca.org.co/Los-beneficios-que-nodeja-la.html y www.colombiapuntomedio.com 13 Los beneficios que no deja la inversión extranjera. Mario Valencia y Helen Orjuela. Diciembre 2011. Disponible EN: http://www.recalca.org.co/Los-beneficios-que-no-deja-la.html

De esta forma, es dudoso que Colombia esté sacando provecho de la presencia de grandes compañías mineras que operan sin ninguna responsabilidad y compromiso con el país. Este tipo de minería, además, no está generando encadenamientos con otras actividades, por ser proyectos meramente extractivos sin vinculación con la industria o el comercio local. Según un estudio de Fedesarrollo el principal encadenamiento hacia atrás que produce la minería de carbón a gran escala es con el sector financiero. “100 pesos adicionales de producción de carbón requieren un incremento de 10.8 pesos en la producción de servicios de intermediación financiera”14, reforzando su carácter especulativo sobre el cual Colombia no percibe frutos. Y los encadenamientos hacia adelante son casi inexistentes, con excepción del carbón que es usado en la industria nacional de producción de vidrio y generación de energía, que es menos del 5% del carbón que se extrae del territorio nacional y en el que hay una fuerte participación de pequeños y medianos mineros, que también le está ofreciendo a los grandes. Mientras el sector minero-energético es el 71% de la inversión extranjera directa del país, tan solo es el 2.5% del empleo nacional. Para el año 2011 el sector minero-energético, generó aproximadamente 250.00015 puestos de trabajo, mientras la industria manufacturera genera 10 veces más y la agricultura 15 veces más empleo. El propio Fedesarrollo reconoce que este sector “evidentemente es intensivo en capital” y genera “empleos para población vulnerable en zonas remotas”16, es decir, que no es empleo de alta calidad que le esté sirviendo al desarrollo de la nación. No cabe duda que la inversión extranjera en este sector no es ninguna locomotora de empleo. El reflejo de esta situación es notorio en diversos aspectos que hacen de la pequeña minería una forma de producción y empleo que contribuye más a los intereses del país que la gran minería que se intenta establecer en buena parte del territorio nacional. Resulta indignante, aunque no extraño, que las regiones de mayor producción minera a gran escala sean al mismo tiempo las más pobres y de mayores necesidades del país. Miremos los casos de La Guajira y Cesar.

Cesar, del algodón al polvillo del carbón Para el año 2010 las exportaciones tradicionales del departamento de Cesar, todas correspondientes a carbón, se incrementaron 17% mientras las no tradicionales decrecieron 83%, pasando de 47 millones a 1.9 millones de dólares al año. En total el departamento registró exportaciones por 2.816 millones de dólares. Al mismo tiempo, el 73% de las importaciones del departamento corresponden a maquinaria, equipo, caucho y plástico, por valor de 517 millones de dólares. Con exportaciones de recursos naturales no renovables se financia la compra de bienes de capital, un negocio a todas luces lesivo para el propósito de desarrollo del país, porque no se produce ningún valor agregado y para colmo se hace con recursos que indiscutiblemente se agotarán. Aún con todo esto, para el 2010 la producción de carbón se había incrementado 5.8% pero al mismo tiempo las regalías caían 18.2%. ¿Mientras más produce menos gana?

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La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal. Fedesarrollo, 8 abril 2008. Disponible EN: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/La-miner%C3%ADa-en-Colombia-Informe-de-Fedesarrollo2008.pdf 15 Población ocupada según ramas de actividad. Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. Seria trimestre móvil 20072012. 16 Impactos socioeconómicos de la minería en Colombia. Fedesarrollo, febrero 2012. Disponible EN: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-socioecon%C3%B3mico-de-la-miner%C3%ADa-enColombia-Steiner-MINER%C3%8DA_EN_COLOMBIA-2-feb.-2012.pdf

El auge minero en el departamento está acompañado del sacrificio de buena parte de su tradición agrícola. Recordemos que la gran minería en Colombia solo puede realizarse en reemplazo de producción agrícola, tal como lo ha denunciado el propio ministro del ramo del gobierno actual, Juan Camilo Restrepo: en junio de 2011 destacó que el Cesar se había convertido en “un paisaje lunar en donde se acabó la agricultura”17, por cuenta de la expansión minera que hoy abarca 87.254 hectáreas entregadas en concesión. Recientemente, en el marco del Congreso de Minería a Gran Escala, Restrepo señaló que el área entregada por el gobierno para subasta minera “equivale al 60% de lo que actualmente se tiene destinado como suelo de vocación agrícola”18. De la bonanza algodonera de la década de 1960 y 1970, que trajo prosperidad a la región. De las 230.000 hectáreas de cultivos transitorios que se cultivaban en 1990 solo quedaron 77.000 para el año 2000. Para el 2011 había 129.585 hectáreas agrícolas menos en el Cesar. De las 125.200 hectáreas de algodón en 197819 solo quedaron 1.491 hectáreas para el 201020. En contraste, las áreas sembradas con palma de aceite, cultivo que genera poco empleos, se duplicó en los últimos años.

17

Ministro de agricultura advierte conflicto entre agro y minería. El Espectador, 2 junio 2011. Disponible EN: http://www.elespectador.com/economia/articulo-274897-ministro-de-agricultura-advierte-conflicto-entre-agro-y-mineria 18 Tamaño de áreas para subastas mineras amenazarían la agricultura local. La República, 25 febrero 2012. Disponible EN: http://www.larepublica.com.co/node/2549 19 La economía del Cesar después del algodón. José Gamarra Vergara. Banco de la República, julio 2005. 20 Encuesta Nacional Agropecuaria. DANE, 2010.

Minería en el Cesar

Pero la maldición del Cesar es el carbón. En 1987 tenía reservas medidas por 140 millones de toneladas de carbón que en la actualidad se estiman en 2.035 millones de toneladas. La gran minería en el Cesar genera en promedio 4 veces menos empleo por hectárea que los cultivos transitorios, por lo tanto no es una fuente significativa de generación de trabajo. Los resultados de este cambio de vocación han sido desastrosos. Hoy el Cesar es uno de los departamentos más pobres del país: 53 de cada 100 habitantes de este departamento viven en la pobreza, mientras en Bogotá esa cifra es del 15% y en Santander del 21.5%. Cesar es el 8 departamento más pobre y muchos de sus municipios, ricos en recursos naturales pero empobrecidos por el saqueo, sufren las peores condiciones de Necesidades Básicas Insatisfechas: en La Jagua de Ibirico el 56% de su población sufre esta situación; en El Paso el 62 de cada 100 habitantes padecen de necesidades básicas insatisfechas.

Guajira: carbón para el mundo, miseria para Colombia El caso de La Guajira es más lamentable, si se puede. Representa el 56% de las reservas probadas de carbón del país, actividad que se desarrolla en 77.615 hectáreas21, a las que pronto deberá sumársele 66.225 que ha recibido en concesión la multinacional MPX del multimillonario brasilero Eike Batista, que destruirá, entre otras cosas, el manantial Cañaveral, verdadero tesoro de flora y fauna. El consorcio Cerrejón, constituido en partes iguales por las trasnacionales europeas BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, reportaron ventas anuales por 4.5 billones y una utilidad operacional por 2.65 billones, mientras a la nación le quedó 1 billón de ganancia. El avance minero en La Guajira es feroz. En 1975 la minería representaba el 1.9% del PIB y para el año 2010 era el 53%. Mientras tanto el agro, que en 1975 era el 20% de la producción total ahora solo es el 6%.22

21 22

Anuario Estadístico Minero 2010. Sistema de Información Minera Colombana Cerrejón: carbón para las potencias económicas, pobreza para Colombia. Felipe Rodríguez. Febrero 2012

En los últimos 30 años, Cerrejón solo ha ‘recuperado’ 2.700 hectáreas de las 11.500 que ha intervenido. A este ritmo, cuando se termine la concesión en el 2033 no habrá recuperado ni el 50% del área afectada. Incluso conociéndose que los 1.200.000 árboles que ha plantado son el 10% de lo que fueron bosques secos tropicales y en términos de inversión equivale a las ventas de carbón de 1 mes. Para su operación, Cerrejón utiliza 61.800 toneladas de explosivo de nitrato al año, equivalente a la energía de tres bombas atómicas sobre Hiroshima, con lo cual remueve 230 millones de metros cúbicos de tierra, una destrucción descomunal y de carácter irreparable23. Las consecuencias ambientales son aterradoras y no paran allí. En la actualidad se discute el proyecto que desviará 26 kilómetros del río Ranchería, el principal afluente del departamento, porque debajo de su lecho hay 500 millones de toneladas de carbón que Cerrejón está empeñado en sacar. Para la población guajira el carbón ha significado que desaparezcan o estén próximas a hacerlo las comunidades de Tabaco, Albania, Los Remedios, Roche, Chancleta, Patilla, Papayal, Oreganal, San Pedro, Carretalito, Quebrachal, Puntoclaro, Potrerito, Conejo, Las Casitas y Cañaverales.

Sin embargo el ‘boom’ minero está lejos de traducirse en progreso para su población. Según el Departamento Nacional de Planeación La Guajira es el departamento más pobre del país. 65 de cada 100 habitantes viven en la pobreza y el 37 de cada 100 en la pobreza extrema. Mientras Bogotá, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos menos pobres, con un promedio de 25% de su población en la pobreza24. Lejos de disminuir, por el contrario, la pobreza en 23

Cerrejón: carbón para las potencias económicas, pobreza para Colombia. Felipe Rodríguez. Febrero 2012 Departamento Nacional de Planeación. Incidencia de pobreza por ingresos y coeficiente de Gini 2002- 2010. Disponible EN: http://www.dnp.gov.co/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversal es/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx 24

La Guajira aumenta todos los años, en la medida en que también lo hace el avance de la actividad minera en la región. Para el año 2005 la pobreza era 57.1%. En el municipio de Uribia, como se muestra en la tabla X, al tiempo que es el tercer municipio de Colombia que más recibe regalías, el 96% de su población se presenta Necesidades Básicas Insatisfechas y tiene el deshonroso premio de ser el municipio de Colombia con el peor índice de calidad de vida sobre 1.098 municipios. En Becerril, otro municipio minero del departamento el índice de NBI es del 56.5%; en Albania el 60.95% de su población. No existe un solo municipio en Colombia donde se realice gran minería que tenga índices de NBI menores al 40% de su población.25 Tabla X. Porcentaje personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, municipios con Gran Minería

Departamento

Municipio

NBI

La Guajira

Uribia

96,05

Cesar

El Paso

61,82

La Guajira

Albania

60,95

La Guajira

Hatonuevo

58,69

Cesar

Becerril

56,51

Cesar

La Jagua De Ibirico

55,65

54,15 La Guajira Barrancas Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. En contraste, como se observa en la tabla X, reconocidos municipios con pequeña y mediana minería están muy por debajo de los índices de NBI que los municipios con gran minería. Vetas en Santander, por ejemplo, el 20.8% de su población presenta esta condición. Cañasgordas en Antioquia el 32.9%. Sutatausa en Cundinamarca, cuya economía depende en más del 80% de la pequeña minería, el índice de NBI es del 30%. Tabla X. Porcentaje personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, municipios con Pequeña Minería

25

Departamento Nacional de Planeación. Índice de condiciones de vida. Municipal 2005. Disponible EN: http://www.dnp.gov.co/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticas SocialesTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx

Departamento

Municipio

Santander

Vetas

NBI 20,80

Cundinamarca

Tausa

25,50

Antioquia

Angostura

25,57

Santander

California

26,64

Antioquia

Amaga

27,07

Boyaca

Socha

29,14

Cundinamarca

Sutatausa

30,00

Cundinamarca

Guacheta

32,82

Antioquia

Cañasgordas

32,97

35,99 Caldas Marmato Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Un recorrido por el Bajo Cauca antioqueño da cuenta de lo anterior. Su economía depende entre un 80 y un 90% de la pequeña y mediana minería. Los municipios con mayor actividad minera: Caucasia, Zaragoza, Nechí, Tarazá y Cañasgordas, son zonas con un activo comercio y bajas tasas de desempleo. Es notoria la dinámica económica que inyecta la minería, en donde la miseria es un factor prácticamente inexistente. Como la riqueza mineral de este territorio contrasta con la poca riqueza agroecológica, sus habitantes encuentran en la minería artesanal, pequeña y mediana una de las pocas fuentes de vida, en una perfect interrelación entre ellas. Es decir, los mineros de barequeo, aquellos que no cuentan con herramientas ni maquinarias, dependen de la operación de la minería con maquinaria. De un entable minero mediano fácilmente pueden sobrevivir más de 300 mineros con más de un salario mínimo.

Aspectos de la pequeña y mediana minería en el Bajo Cauca antioqueño Estando en la zona se puede comprobar la importancia social de la pequeña minería y los nefastos efectos que produciría su eliminación. En una jornada de 8 horas de barequeo es posible obtener un ingreso de $590.000 pesos, más que un salario mínimo. ¿A cambio de qué alternativa económicamente viable el gobierno pretende acabar esta forma de vida? Gran Minería: ni empleos, ni ganancias, pero sí destrucción ambiental La tasa de desempleo en Colombia es la más alta de América Latina después de Jamaica y el 64% de quienes tienen alguna ocupación lo hacen en la informalidad, un nombre bonito para describir al rebusque. No obstante, la locomotora de crecimiento ha escogido como motor de desarrollo y generación de empleo a un sector cuya principal característica es la poca creación de trabajo. Según cálculos internacionales, por cada millón de dólares de inversión en minería se generan 0.6 empleos. En lo que es intensiva la minería es en el uso de maquinaria, que para colmo no se produce en Colombia. Esta situación no produce ningún encadenamiento productivo, solo economías de enclave en la cual una vez se extrae el mineral ya no hay ninguna generación de riqueza adicional. En La Guajira, como en todas las zonas de gran minería, tampoco hay un aporte importante al empleo. A pesar que es más de la mitad de la producción, 53%, tan solo genera el 2.9% de la fuerza laboral. En cambio la industria, que representa el 0.9% del PIB aporta el 11% del empleo26. Situación obvia en un renglón de la producción que se destaca por ser intensivo en capital, no en generar trabajos. La explicación es bien sencilla: Cerrejón tiene 120 camiones tipo dumper, cada uno con capacidad para cargar 320 toneladas. Significa que uno solo de estos camiones reemplaza 32 camiones de 10 toneladas que usa la pequeña y mediana minería, con el mismo número de trabajos. Solo con los camiones de 26

Cerrejón: carbón para las potencias económicas, pobreza para Colombia. Felipe Rodríguez. Febrero 2012

Cerrejón, sin contar Cesar y Córdoba, se está reemplazando el trabajo de 3.840 familias, incluso el doble si se tiene en cuenta que de un camión pequeño vive su dueño y el mecánico.

Además, para transportar el carbón desde la mina hacia el puerto se usan 9 trenes, cada uno con tres locomotoras y 130 vagones, que pasan a unos cuantos centímetros de las casas. Para tener una idea de su magnitud se demora tres minutos y cuarenta segundos en pasar, cada una con capacidad para 110 toneladas de carbón. Viajan 9 veces al día desde la mina hacia Puerto Bolivar, en la costa Caribe. Eso significa que en los treinta minutos que estos 9 trenes se demoran en pasar por una casa diariamente llevan 130.000 toneladas de la riqueza de los colombianos.

En cuanto al aporte económico, como se muestra en la tabla X, los primeros 20 municipios donde más se pagan regalías por la extracción de oro corresponden a zonas donde se realiza pequeña y mediana minería. Entre los tres primeros: Sipí y Nóvita en Chocó y Tarazá en Antioquia, aportan más de 10.000 millones en regalías cada uno. Como es conocido, la mayor extracció de oro en el país es realizada por la minería tradicional, cuyo aporte total en regalías para el año 2011 fue de 157.638 millones de pesos.

Tabla X. REGALÍAS METALES PRECIOSOS 20 MUNICIPIOS, 2011

MUNICIPIO

RANKING

DEPARTAMENTO

VALOR EN PESOS

1

SIPÍ

Chocó

13.334.517.415

2

NÓVITA

Chocó

13.217.251.656

3

Antioquia

11.994.175.230

4

TARAZÁ EL CANTÓN DEL SAN PABLO

Chocó

9.368.761.950

5

ALTO BAUDÓ

Chocó

8.341.493.672

6

CONDOTO

Chocó

5.918.403.074

7

CÉRTEGUI

Chocó

5.613.095.769

8

MEDIO BAUDÓ

Chocó

5.331.131.225

9

SAN PABLO

Bolivar

4.105.805.970

10

CAÑASGORDAS

Antioquia

4.047.165.108

11

MONTECRISTO

Bolivar

3.591.221.586

12

NECHÍ

Antioquia

3.508.762.800

13

CAUCASIA

Antioquia

3.088.355.676

14

ANGOSTURA

Antioquia

2.712.898.652

15

ZARAGOZA

Antioquia

2.574.893.637

16

SANTA ROSA DEL SUR

Bolivar

2.540.730.017

17

MARMATO

Caldas

2.142.481.659

18

ISTMINA

Chocó

1.733.994.438

19

EL BAGRE

Antioquia

1.613.485.574

20

UNIÓN PANAMERICANA

Chocó

1.560.195.735

TOTAL NACIONAL 157.638.832.600 Elaboración propia. Fuente: Sistema de Información Minera de Colombia, SIMCO Por departamentos, Chocó, Antioquia y Bolívar, caracterizados por la fuerte presencia de mineros informales y de tradición, aportan el 84% de las regalías en metales preciosos, como se observa en la tabla X, lo cual refuta argumentos que dicen que ésta minería no produce ningún beneficio económico. Por el contrario, si se formalizara, su aporte sería aún mayor. Tabla X. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTOS EN REGALÍAS DE METALES PRECIOSOS, 2011

Departamento Regalías en pesos Porcentaje Chocó 77.403.000.000 49% Antioquia 40.476.000.000 26% Bolívar 14.025.000.000 9% Total 157.638.664.887 84% Elaboración propia. Fuente: Sistema de Información Minera de Colombia, SIMCO Mientras tanto, la gran minería ha recibido en los últimos años beneficios tributarios por impuesto de renta que le costaron al Estado colombiano 8.8 billones de pesos entre 2001 y 2010.

Finalmente, es evidente que todas las actividades humanas, incluida la agricultura y la ganadería, producen un impacto ambiental. Sin embargo, este debe valorarse según el ritmo de contaminación que producen. Aunque parezca evidente, no es lo mismo una contaminación que se produce en cinco siglos a una que se realiza en tan solo dos décadas. En este sentido, la pequeña minería es significativamente menos contaminante que la gran minería. Es diferente hacer minería de socavón o de veta o usar maquinarias y herramientas de menor capacidad, a realizar minería a cielo abierto con maquinarias y explosivos con mucha mayor capacidad de destrucción. Está demostrado que en las zonas donde se realiza pequeña y mediana minería la afectación ambiental es menor que en las zonas donde hay gran minería. De la misma forma, la recuperación de las zonas donde se realiza pequeña y mediana minería y de su capa vegetal es más fácil de realizar y de hecho existe más conciencia de los estos mineros nacionales en su cumplimiento. Al fin y al cabo estos mineros trabajan en la misma zona donde conviven con sus familias. A una trasnacional poco o nada le importan las condiciones en que quede un territorio una vez se ha agotado el mineral y se entra en la fase de cierre del proyecto. Lo que harán será recoger sus equipos e irse del país sin ninguna responsabilidad posterior. En la siguiente imagen se evidencia que la afectación ambiental de la pequeña minería de oro de un municipio como Marmato, realizada en 500 años es considerablemente menor al irreversible impacto ambiental de la minería de oro a cielo abierto hecha durante 20 años por la estadounidense Newmont.

HACIA UNA POLÍTICA MINERA AL SERVICIO DE COLOMBIA Hace unos años habría sido impensable que variados sectores de la sociedad colombiana se pusieran de acuerdo en la crítica a la actual política minero – energética. En los últimos meses el debate sobre la conveniencia de la inversión extranjera en este sector y el impacto que tendrá para el futuro de la nación no solo se ha puesto de moda sino que ha resultado en gravísimas denuncias. Pese a esto, el gobierno de Santos se reúsa a plantear caminos diferentes y en cambio acelera su “locomotora”, que con su avance se asemeja más a una aplanadora. Aunque existen sectores que se oponen a cualquier tipo de minería, con respetables posiciones, es más aterrizado a la realidad del país –y urgente- proponer un debate franco sobre la forma como se desarrolla la minería. En opinión de Conalminercol, la discusión parte por reconocer que el capital foráneo que tiene como principal destino la minería, está en mora de mostrar los beneficios que produce para la mayoría de los colombianos, comenzando por la generación de empleo. Bien se sabe que la minería a gran escala es una actividad intensiva en maquinas, que para colmo no se producen en Colombia. De otra parte, la minería a cielo abierto es una actividad económica de costos marginales crecientes, es decir, que producir una unidad adicional de mineral es más costoso que producir la anterior. Esto ocurre en la medida en que se debe profundizar físicamente en su extracción sobre la superficie terrestre, lo que hace más costoso el proceso de extracción. Esta sola condición obligaría, en términos económicos, a que las naciones deban recibir más beneficios económicos en la medida en que avanza este tipo de proyectos, para compensar la mayor afectación ambiental. Por lo tanto no aplica para ese tipo de minería el concepto de economías a escala. En este caso, entre más se extrae mayor es el costo en términos ambientales, sociales, económicos y en términos de costo de oportunidad para la agricultura; tierra para la minería compite directamente por el agua y la superficie que se requiere para agricultura. Un interesante estudio del profesor de economía de los recursos naturales de la Universidad de Washington Greg Ellis, indica: “al final, puede que no sea económicamente viable agotar los recursos, pues puede costar más extraer las últimas unidades de recursos, que lo que alguien esté dispuesto a pagar”27. Según Ellis, así como una unidad de recurso no renovable se usa solo una vez, tampoco puede generar beneficios económicos netos en un momento posterior a su uso. Como el recurso se agota, es lógico afirmar que las grandes compañías mineras extranjeras deberían pagar más que el propio precio del recurso en el presente. Es decir, deberían pagar una prima sobre el precio, que serviría para compensar desde el punto de vista económico el futuro agotamiento del recurso. Lo anterior implica un debate sobre las regalías y los impuestos que pagan. Aún en estas condiciones, como ya se mencionó anteriormente, Conalminercol no plantea una oposición dogmática a la gran minería trasnacional, sino a las condiciones en que actúa en el país, en parte determinada por la misma política oficial que lo permite. Una verdadera política minera al servicio de las mayorías de los colombianos debe resolver varios interrogantes:

27

Natural Resouce Economics. Chapter 14. Greg Ellis.

 ¿Dónde realizar minería y dónde no hacerla?  ¿Cómo hacer minería de la forma menos agresiva ambientalmente?  ¿Cuál es la participación que debe tener el Estado? ¿un mero fiscalizador o debe participar directamente del negocio minero?  ¿Para qué se hace minería? ¿Para desarrollar científica y tecnológicamente el país o para financiar el gasto burocrático y pagar la deuda externa?  ¿Qué tipo de minería produce más beneficios económicos y sociales: la nacional o la extranjera? El debate está sobre la mesa. Como aspecto puntual para resolver la difícil problemática por la que atraviesan hoy los pequeños y medianos mineros, Conalminercol ha propuesto insistentemente avanzar hacia la creación de un marco normativo que permita la formalización de esta actividad, cumpliendo con los estándares ambientales, sociales, laborales y técnicos que defina el Estado, siempre y cuando se reconozcan las diferencias entre la pequeña y la gran minería. Un caso exitoso que demuestra que es posible llegar a un entendimiento entre los diferentes tipos de minería es el de Chile. Tras años de desorden institucional y recurrentes y crecientes conflictos sociales entre los pequeños y medianos mineros y las grandes compañías mineras extranjeras, en 1960 el Estado chileno constituyó la Empresa Nacional de Minería, Enami. Enami es una empresa estatal que tiene como objetivo “fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, corregir fallos de los mercados financieros y asistencia técnica para la operación metalúrgica, que permita alcanzar economías de escala e introducir avances tecnológicos para mejorar la competitividad. Todo lo anterior respetando el medio ambiente y a las comunidades donde se localizan sus actividades, y buscando el desarrollo permanente de sus trabajadores”. Es una empresa creada con el único propósito de ayudar a los pequeños y medianos mineros para que no salieran del negocio del cobre en Chile, y en cambio se articularan con la gran minería estatal y trasnacional de ese país. De esta forma, los beneficiarios han sido concesionarios y arrendatarios, productores de hasta 10.000 toneladas al mes de minerales. Su trabajo se realiza en tres ejes: 1. FOMENTO DE LA MINERÍA PEQUEÑA Y MEDIANA:  Financiamiento del reconocimiento de las reservas: Determinar recursos y/o reservas mineras a través de la ejecución de labores mineras y/o sondajes y a formular el diseño y la planificación del proyecto de explotación. Se apoya con montos hasta por 200.000 dólares por proyecto.  Asesoría en la preparación y evaluación de proyectos  Capacitación  Asignación de recursos crediticios: Para la operación, desarrollo y preparación de minas, inversión y emergencias.  Apoyo a equipamiento, capital de trabajo y emergencias 2. PROCESAMIENTO DE LOS MINERALES EN PLANTAS DE BENEFICIO Y FUNDICIÓN  Agregar valor al sector de la pequeña minería



Transformación de minerales

3. ACTIVIDAD COMERCIAL  Compra de minerales y productos mineros en condiciones de mercado  Venta de productos en mercados globalizados  Utilización de mecanismos de minimización de riesgo de precio al productor  Precios de sustentación La creación y el éxito de esta empresa fue posible, más que a leyes, normas y eternas discusiones, a la voluntad política del Estado chileno. Nada distinto han pedido los mineros colombianos. Tristemente el gobierno de Santos se niega a escucharlos y profundiza más una problemática que, al igual que otros conflictos que sufre el país desde hace décadas, no tendrá otra salida que el diálogo y la negociación. Lo que se demore el establecimiento en reconocer esta condición será el costo para el país hacia futuro de su irresponsable comportamiento actual.

CONCLUSIONES Se han mostrado razones de tipo social, económico y ambiental para demostrar que el Estado, con su política de locomotora minero energética, ha tomado la decisión de convertir a Colombia, que es la tercera potencia en biodiversidad, en un país minero. Pero no se trata de la minería tradicional, artesanal o de pequeña y mediana escala que históricamente se ha realizado, sino de una forma más lesiva de minería que corresponde a la que se realiza a gran escala, según la necesidad de ganancia del los capitales extranjeros y los especuladores financieros globales. En concordancia con esta orientación, el Estado inició un proceso sistemático para borrar de la realidad nacional a la pequeña y mediana minería, haciendo uso de herramientas legales, mediáticas y de fuerza pública. Una combinación poderosísima y que ha determinado el golpe de gracia para este tipo de producción. La eliminación de este sector productivo no se hace con ánimo de proteger el medio ambiente, sino, por el contrario, de allanar el camino a la actividad más destructiva y contaminante que puedan realizar los seres humanos: minería a cielo abierto, que pondrá en jaque el equilibrio ambiental del país. Adicional, este tipo de minería no genera empleos de calidad, ni estables ni bien remunerados, porque es intensiva en capital. Tampoco le está produciendo ganancias económicas al Estado por cuenta de las multimillonarias exenciones tributarias y las bajísimas regalías que se perciben. Su desarrollo también está marcado por el rápido agotamiento de los recursos, en la medida en que la producción aumenta. Semejante situación tan lesiva para los intereses de las mayorías de los colombianos ha despertado el interés de diversos sectores de la población que cada vez con más argumentos se cuestionan la actual política minera. Conalminercol coincide con esos sectores y se suma a sus acciones legítimas de rechazo y protesta, al tiempo que lucha para que sus agremiados no sean atropellados y no se les prohíba hacer lo único que saben y que permite sostener a cientos de miles de familias en el país. Por ello, Conalminercol le ha expresado al pueblo colombiano que defender a la pequeña y mediana minería es una forma de proteger al país de la más grande amenaza que se haya cernido sobre su territorio en toda su historia: la gran minería trasnacional.