CARTA DEL MES 1 de MARZO de 2001

EFICIENCIA DIGNA DE MEJOR FINAL Durante el año 2000, el sector público ecuatoriano, incluido las tres Funciones del Estado, el Sector Descentralizado y las entidades autónomas, han promulgado en el Registro Oficial la nada despreciable cantidad de 4826 Normas Legales (abrir Indice del Fichero en SILEC PRO, activar año, y escribir 2000), entre normativa principal y secundaria y sentencias de casación. Un año laborable cuenta con 52 semanas de 40 horas semanales, o sea de 2080 horas de trabajo obligatorio. Si dividimos 4826 normas para 2080 horas anuales laborables, el sector publico ha emitido 2.32 normas legales, cada hora, en promedio, lo cual, equivalente a minutos, significa una norma cada 24 minutos 8 segundos laborables. En el mismo período ha derogado 127 normas. En buen romance el sector público ha incrementado en 4699 el número de normas al Laberinto Legal en que se desenvuelve la República del Ecuador en su ámbito jurídico. Parecería que las Autoridades Públicas tienen el convencimiento de que su imagen crece en razón directa al numero de normas que emiten cada hora; o que en el Ecuador faltan normas; o que con normas se controla la corrupción; o que otorgando más atribuciones a los funcionarios públicos la entidad que dirigen cumple mejor los propósitos; o que el sector privado está representado por una cáfila de vivos a quienes hay que regular su actividad; o, en fin, con cualquier argumento de tipo político inmediatista que cohoneste la emisión de normativa, como aquella Ley para la Transformación Económica del Ecuador. Desconocen, sin embargo, que no existe mente humana que pueda manejar semejantes variables, incluido el auxilio de programas informáticos; que casi el 100% de las 4699 normas (eliminadas las derogadas) del año 2000 han venido a superponerse a mas de 100.000 normas históricas, creando problemas de juicios de valor para las “derogatorias tácitas”; que referidas a la administración de justicia ordinaria o administrativa dejan en el aire principios tan importantes como la jurisdicción y la competencia, lo cual abochorna a los jueces que son acusados injustamente de negligencia o corrupción; que la gestión de los propios servidores públicos se ve afectada por las interpretaciones del Organo de Control Fiscal; que a las actividades productivas les es físicamente imposible desarrollar una acción conservadora producto de larga experiencia en el mercado; que los Abogados asesores públicos y privados no se animan a dar su “opinión jurídica” en casos específicos por el temor al equívoco, etc. Problemas jurídicos y actitudes humanas, del lado administrador y del administrado, que en el fondo resumen un concepto: La Inseguridad Jurídica en el Ecuador, acrecentada, año tras año, por políticas públicas de desconocimiento de los efectos que produce la normativa dictada cada 24 minutos laborables. Es lamentable evaluar la eficiencia normativa del sector público. Nada soluciona. Se trata de una eficiencia desperdiciada. Sus efectos complican el Laberinto Legal y acrecienta la Inseguridad Jurídica en el País, a la misma velocidad de la eficiencia desplegada.

Dr. Luis Hidalgo López GERENTE GENERAL LEXIS S.A.